Los Olvidados

Foro Jurídico 02/10/2014 Artículo, Ejemplares Anteriores, Octubre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mtro. Roberto Hernández Ruiz

Nuestro sistema de justicia penal es como una línea de transporte de pasajeros que presta servicios

con camiones viejos y disímiles. Casi todos los autobuses tienen las llantas ponchadas y gastadas; el

tanque de gasolina perforado y los asientos de los pasajeros descosidos y rotos. De lo viejos que son

no les funciona el velocímetro. Avanzan lento, desperdician combustible, pero lo peor es que ni los

choferes saben a dónde van. Con esfuerzos tremendos, los conductores se orientan a través de un

parabrisas sucio y estrellado. Cuando alguien quiere subirse al camión, con frecuencia los frenos

fallan. A veces, los operadores abandonan el vehículo de un salto, dejando a estos mastodontes

rodando, sin nadie al volante. Son frecuentes las historias de que algún camión se salió de la

carretera, derrumbó casas o atropelló a varias personas.

Así como en esta historia los camiones ruedan sin chofer, en

la mayoría de los juzgados de México hoy tenemos juicios sin juez presente. Así como estos camiones

tiran gasolina, la mayoría de los estados desperdician los recursos para la justicia penal y la seguridad,

sin rendirle cuentas al ciudadano. Así como estos camiones ruedan sin frenos, en México el sistema

judicial avanza lento, pero imparable, aun con acusaciones carentes de evidencias. Así como al hacerle

la parada a estos camiones, el pasajero se arriesga a ser atropellado. En México es peligroso activar el

sistema de justicia, llamar a la policía o acudir a un Ministerio Público. Así como estos camiones

atropellan casas y personas, nuestro sistema de justicia atropella vidas, priva a las personas de sus

propiedades, y nos atrinchera en nuestra desconfianza. Imaginemos que un día, el hijo de un

prominente empresario resulta atropellado por uno de estos camiones. Las cámaras de televisión

captan el justificado dolor de sus padres, y la ira de su reclamo ante los responsables. Por fin los

mecánicos de la flotilla deben responder públicamente ante tantos agravios. La atención del mundo

está centrada en ellos. Pero al tomar los micrófonos, éstos, como gran solución ¡proponen ponerle un

traje sastre a los choferes! Pero no llantas nuevas, ni frenos, ni parabrisas adecuados para la flotilla

camionera. “¿Trajes sastre para los choferes?” gritan agraviados los padres del niño atropellado. “¡Qué

burla! Sin duda estarán mejor vestidos ¡Pero tal solución nada tiene que ver con el problema!”.

Sin embargo, nuestros políticos están haciendo algo parecidamente absurdo, en lo que a nuestro roto

sistema de justicia penal concierne:

Se invierte en las bancas de madera de los tribunales, pero no antes en buenos salarios para los

policías. Se invierte primero en las togas de los jueces, pero no antes en un número único de

emergencia para poder llamar a la policía. Se invierte en cámaras de video en los tribunales, pero no

se colocan cámaras en los separos donde los detenidos

son interrogados y torturados. Se invierte en los martillitos de madera para los jueces, pero no en

darle a nuestros policías métodos de investigación apropiados.

Se instala mármol en las salas de audiencia, pero las estaciones de policía mexicanas siguen siendo

cubos de cemento del tamaño de un sanitario: sin teléfono, internet, cámaras de video vigilancia, y la

mayoría de las veces, sin policías. En resumen; se colocan recursos legislativos, financieros e

intelectuales en la punta de la pirámide, pero no en la base.

“Si no está usted sentado en la mesa, usted está en el menú” dice un conocido adagio en los círculos

políticos de Washington. Frase que hay que contemplar y masticar hasta entenderla. Porque una

manera de palpar quiénes estaban en la mesa de negociación de la reforma penal más importante de

las últimas décadas, es contando las veces que aparecen mencionados los operadores más relevantes

del sistema de justica: “Policía”, “Juez”, “Ministerio Público”.

En México preferimosllamar a un familiar y noa la autoridad.

En la tabla, abajo, cuento esas menciones en la ley más representativa de nuestra reforma. Me refiero

al Código Nacional de Procedimientos Penales, una ley histórica, que para el año 2016, habrá

sustituido a los 33 códigos de procedimiento que hoy rigen la investigación y enjuiciamiento de delitos

en México. Posiblemente este conteo nos dirá quiénes estaban sentados a la mesa de negociación, y

quiénes eran el menú:

Y lo que estos números indican es que en el Código Nacional, hay muchas reglas sobre los operadores

con los que usted y yo tendremos nula o muy poca interacción, y que en cambio, hay muy pocas

reglas dedicadas a nuestra policía, a pesar de que con ellos es con quienes los ciudadanos tenemos

mucha interacción. Porque en todo sistema de justicia son más frecuentes las llamadas a la policía,

que los juicios. Son más frecuentes los arrestos y las detenciones, que las audiencias en los tribunales.

Son más frecuentes los interrogatorios a cargo de la policía, que las consignaciones.

Cuantitativamente, quienes prestan el servicio y atienden el grueso de los llamados ciudadanos son

nuestros policías preventivos e investigadores. No los fiscales ni mucho menos, los jueces.

A pesar de que esto es obvio, los policías son quienes resultan menos regulados, menos delimitados,

menos organizados, por el Código Nacional. En cambio, donde está el tejido legal más fino, con más

resolución en cuanto a su poder y facultades, es en lo que concierne al Ministerio Público.

A pesar de que los policías son mejores obedeciendo reglas que creándolas, nuestros legisladores y

políticos nos reconfirman una policía libre, sin reglas, sin ataduras, sin definiciones. Y por eso la dejan

al mismo tiempo incapaz de investigar delitos. Porque así como en el mundo corporativo una

regulación delgada es a veces deseable, para los funcionarios públicos una ley flaca es tóxica. Y es

que ante una regla escueta, la mejor respuesta es la inactividad. Porque cuando el burócrata carece

de limitaciones y de claridad en sus funciones, su mejor apuesta para sobrevivir es no hacer nada. La

reforma nos deja pues con la misma policía que teníamos antes.

Una ya de por sí era considerada ocurrente en el mejor de los casos, y arbitraria en el peor. Una que

aún no puede cantar como su mantra “proteger y servir al ciudadano,” sino que en cambio tiene que

conformarse con murmurar “si quieres llegar a policía viejo, hazte pendejo”, observación clásica que

Elena Azaola recoge en su libro Imagen y Autoimagen de la Policía en México.

Mirando los números del Distrito Federal, uno puede confirmar el desacierto de los legisladores. Ahí,

por ejemplo, hay 68 juzgados de primera instancia. En contraste, hay 3 mil 700 policías investigadores

y 90 mil policías preventivos en activo. La probabilidad de una interacción ciudadano-policía es por lo

tanto miles de veces más grande que la probabilidad de una interacción ciudadano- fiscal o una

interacción ciudadano-juez.

Pero dada la ausencia de reglas prevaleciente; dados los malos salarios policiales y la ausencia de

infraestructura, la interacción ciudadano-policía sigue siendo la de más alto riesgo, tanto para el

ciudadano como para el policía. ¿Cómo fue que aquí vino a parar la gran reforma del sistema de

justicia mexicano? Tal vez la explicación es que los legisladores quedaron hechizados por la idea del

juicio penal, y dado el magnetismo que ejercen los juicios en nuestra imaginación, se centraron en

regular los juicios orales, olvidando lo demás.

O tal vez desconfían de los policías tanto como los ciudadanos. Y por lo tanto crearon un proceso de

deliberación en donde no se tomó en cuenta a los policías. Eso explicaría quizás que en esta ola de

actividad legislativa, dentro de la cual el Código Nacional es simplemente el ejemplo más prominente,

para nada se innova en el terreno policial. Simplemente se mantiene y reproduce lo que ya teníamos y

que sabemos que no ha funcionado:

Policías legalmente impedidos para recibir denuncias o investigarlas, pues la nueva ley no le

entrega a la policía ni mecanismos claros o aptos para recibir denuncias, ni los más básicos

métodos para investigarlas.

Policías obligados a guardar silencio ante gobiernos que nos dan estaciones de policía tan

escuetas que usualmente no son más que un cubo de cemento abandonado en un camellón.

Policías que no están obligados a videograbar los interrogatorios con los detenidos, ni a

documentar adecuadamente sus interacciones con víctimas y testigos.

Policías que no pueden investigar delitos de manera independiente, sino únicamente “bajo el

mando y la conducción del Ministerio Público” como si el MP y la PGR tuvieran la confianza

ciudadana de la que carecen nuestros policías-. O como si el Ministerio Público pudiera proveerles

las reglas que los legisladores no les proveyeron.

Policías que no pueden acudir a los tribunales cuando son injustamente despedidos, porque

nuestra Constitución mandata que aun cuando en un juicio se decida que el policía fue despedido

de forma injustificada, en ningún caso procederá su reincorporación al servicio.

Policías a los que uno no puede convocar ágilmente, pues en México llamar a la policía sigue

siendo un acertijo para el ciudadano.

En resumen, prevalece en México un ecosistema de infraestructuras, estatutos y normas que

multiplican una cultura policial ineficiente, arbitraria y autoritaria, que victimiza no sólo al ciudadano

sino también a nuestros policías, a los que trata como si fueren menores de edad o incapaces; que los

sanciona de maneras rigurosas y absurdas; que los expone a un trato vertical y rígido, al tiempo que

no les entrega una normatividad clara en cuanto a sus facultades y obligaciones, ni una infraestructura

funcional. Situaciones que minan la autonomía de la labor policial, y que en cambio procrean

escenarios donde al policía se les obliga a participar en la corrupción en lugar de rodearlo de reglas

que le permitan resistirla y denunciarla. “Infeliz país aquél que necesita héroes” escribió Bertolt

Brecht. Infeliz México, porque necesitamos policías y quien a pesar de estas precarias condiciones

cumpla su misión como policía, es un héroe.

¿Cómo tener policías que respeten nuestra libertad de expresiónsi a ellos les es cotidianamente

negada? ¿Cómo tener policías capaces de comportarse humanamente ante nuestras protestas y

huelgas si ellos no pueden exigir mejores salarios y equipos? ¿Cómo tener policías que honren y

respeten las decisiones de nuestros tribunales si a ellos mismos no les sirve acudir ante éstos? ¿Cómo

tener policías que cumplan con la ley durante las investigaciones criminales si la ley no les dice nada o

muy poco, acerca de cómo investigar?

Así como en el mundocorporativo una regulacióndelgada es a veces deseable,para los funcionarios públicosuna ley flaca es tóxica.

Los juzgados penales en México están a punto de ser remodelados. Pero mientras no demos a la

policía su justa prioridad dentro de la reforma del sistema de justicia, con esa remodelación no

cambiará el hecho de que vivimos en un país que, según el ranking de The World Justice Project, tiene

la justicia más ineficaz de casi todas las naciones del mundo. Peor que el de naciones como Argentina,

Colombia o Brasil. Peor aún que el de Uganda, Nigeria o Senegal: país en el que, en un caso de

emergencia, los mexicanos preferimos llamar a un familiar y no a la autoridad. Mientras no

dignifiquemos la misión de la policía, seguiremos siendo un país de muchos delitos, pocas denuncias y

pocas sentencias condenatorias.