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MANIFIESTO POR LOS NIÑOS Y SUS DERECHOS, A PROPÓSITO DEL PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DE LOS ‘CONSEJOS DE IGUALDAD’ QUE EL EJECUTIVO SE APRESTA A ENVIAR A LA ASAMBLEA NACIONAL

Cuando hace casi 25 años se inició en el Ecuador el movimiento por los derechos de los niños y decenas de hombres y mujeres nos sentimos convocados a ser militantes de esta causa llena de grandeza y dignidad, lo hicimos convencidos de que luchar por los niños y sus derechos tenía una importancia sustancial para la democracia, para el desarrollo, los derechos humanos y la justicia. Es obvio que todos los seres humanos tenemos derecho a ser protegidos y garantizados en nuestros derechos civiles, políticos, sociales y culturales; es evidente, igualmente, que no puede existir una “guerra” entre los excluidos por los servicios estatales. Sin embargo, los niños representan para un país no solo una obligación de servicios y adecuados presupuestos, sino que constituyen la memoria de un pueblo, simbolizan la esperanza de un nuevo presente y futuro, el sentido de lo nuevo, de lo hermoso, del nacimiento de un tiempo lleno de utopías y sueños. Los niños representan la posibilidad de un proceso emancipador desprovisto de la violencia adulta, machista, patriarcal, étnica y de clase. Cada niño es un símbolo de libertad, de democracia, de humanidad. Si bien tiene una inmensa vulnerabilidad física, al mismo tiempo es una poderosa fuente de energía para aprender, conocer, sentir y crear. Garantizar el desarrollo de un niño es crear las condiciones para forjar lo nuevo y, por tanto, para propiciar la renovación constante de la sociedad. Con los niños es ahora o nunca. Miles de niños no van a tener una segunda oportunidad. No sólo pueden morir sino vivir una existencia afectada para siempre por enfermedades, violencia, humillaciones y carencia de oportunidades. Repetimos: todos tenemos derechos, pero los niños -como la base estratégica para el mundo nuevo que deseamos forjar- requieren de una consideración especial: les debemos los adultos la protección y garantía de sus derechos.

El hombre blanco, propietario, adulto ha sido el rey de la modernidad capitalista. A las mujeres, a los pobres, a los negros, a los indios se les concedió una ciudadanía de tercera categoría. Los niños fueron excluidos históricamente de la ciudadanía, no tuvieron “derecho” ni a una ciudadanía de cuarta categoría. Eran incapaces y como tales fueron condenados a la autoridad adulta, a los que había que educar con el látigo o la palabra autoritaria y dominante. Recién en el siglo XX, cuando la psicología y la pedagogía descubren poco a poco el mundo interior de los niños y su poderoso sentido emancipador y grandes pensadores fijan su mirada en ellos reconociendo su potencial humano, fue posible que del látigo se pase a la ternura, de la invisibilidad a la visibilidad, del silencio a la participación, de la vida reservada a una vida de sonrisas y griterío.

Por esto, se constitucionalizaron los derechos de los niños, se elaboró un Código de la Niñez y Adolescencia y se impulsó un Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (SNDPINA). Con todas las limitaciones posibles, se fueron construyendo instituciones especializadas, proyectos, definiendo presupuestos, modificando conductas políticas en los escenarios locales y también nacionales. Mediante un trabajo intenso, de hormiga, Ministro por Ministro, Alcalde por Alcalde, Prefecto por Prefecto, Presidente por Presidente, se fue levantando un sistema para los niños y niñas, por los niños y niñas, con los niños y niñas. Con errores y debilidades, por supuesto, pero había un rumbo lleno de compromiso, de amor, de rectitud, de decencia; fieles al mandato de la Constitución de la República, de estructurar un “sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y adolescencia”, encargado de “asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, debiendo ser “parte del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias”1. Al momento se cuenta con 217 Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia, 160 Juntas Cantonales de Protección de Derechos, 130 Consejos Consultivos de Niños, niñas y adolescentes, y unas 700 defensorías comunitarias organizadas en todo el país.

Alguna vez usted dijo, señor Presidente, y le creímos, que “nada de lo que haga la revolución ciudadana tendría sentido si eso no modifica la vida de los niños y los saca de las condiciones terribles en que viven”. Pues bien, ahora nos toca dar la voz de alarma por el contenido del mencionado proyecto de ley de creación de los “Consejos de Igualdad”, que pretendiendo acatar la disposición constitucional sobre este tema, propone la desaparición de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos (JCPD) y de los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia (CCNA), con lo cual conseguiría el efecto perverso de desmontar el modelo de institucionalidad garantista que puede servir de base a la nueva institucionalidad del régimen de igualdad, del régimen de la garantía

                                                                              1 Artículo 341, tercer inciso, de la Constitución de la República 

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de derechos. Equivocada pretensión, que desconoce la historia, las luchas, los aportes democráticos y ciudadanos que esta lucha ha legado al país. Dicen que los niños no tienen historia y que la filosofía no les ha prestado atención. Ahora se repite esta triste verdad como una tragedia que ensombrece otras importantes conquistas. Insensata postura que impulsa una metódica destrucción de lo construido en favor de los niños, para establecer una supuesta institucionalidad universal para todos, desconociendo las diferencias existentes entre el mundo adulto y el mundo de los niños.

Pero este no es un hecho aislado. Nuestra preocupación aumenta cuando vemos otras medidas, propuestas o ya realizadas, en la misma línea de desmantelamiento del sistema de protección de la niñez y adolescencia: lo que eran Juzgados de la Niñez y Adolescencia les convirtieron en Juzgados de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Lo que era la Dirección de Mujeres, Niñez y Adolescencia en la Defensoría del Pueblo, se convirtió en Dirección de Protección de Derechos. La Dirección de Policía Especializada en Niñez y Adolescencia (DINAPEN) vive momentos catastróficos, sin recursos y poco apoyo político. Al INFA se lo está convirtiendo en un instituto de protección familiar, del ciclo de vida, retrocediendo décadas, negándoles a niños, niñas y adolescentes la protección especializada dedicada a ellos. Se propone un Código del Ciclo de Vida y se pretende destruir el Código de la Niñez y Adolescencia. Se difunde una visión punitiva para los adolescentes infractores. Se dictamina que sólo los “aplicados” pueden ser dirigentes estudiantiles en los colegios y escuelas. Asuntos todos que nos han preocupado profundamente.

Reconocemos los logros que en varios temas ha conseguido la revolución ciudadana. Nos alegramos y le felicitamos por estos avances históricos. Un niño menos maltratado, un niño menos trabajando, un niño menos sin escuela, un niño neonato menos que muera, son hechos que nos emocionan y redimen permanentemente nuestras almas. Está muy bien la reducción de la pobreza, la continua baja de la mortalidad infantil, el cumplimiento de la educación básica. Pero todo eso no tiene sentido si sobre los niños se mantiene la violencia, se les restringe su condición ciudadana y se los invisibiliza.

Señor Presidente: Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, sean indios, negros, blancos, rurales o urbanos, con capacidades especiales o no, demandan una vida de oportunidades. Es evidente. Pero eso no puede significar que a los históricamente invisibles, a los históricamente tratados como incapaces, a los históricamente maltratados, a los históricamente acallados, se les despoje de un sistema de protección en construcción, lleno de virtudes y opciones políticas y técnicas que con un enérgico apoyo político pueden representar la diferencia histórica para contar con generaciones plenas de educación, salud, dignidad, libertad, que respetan la democracia y anhelen un país de justicia, desarrollo y soberanía. Por ello es urgente que del proyecto de Ley de Consejos de Igualdad se retiren todos los artículos que afectan al sistema de protección.

Son tiempos que demandan medidas más revolucionarias y coherentes. Los más de cinco millones de niños, niñas y adolescentes piden más coherencia ética, más coherencia institucional, más coherencia presupuestaría, más coherencia política. Si los niños y adultos hemos comenzado a construir una nueva historia, profundicémosla. Realicemos políticas públicas hacia los niños que superen el simple quehacer de servicios básicos y bienestar; Asumamos la especial consideración que deben tener los niños como expresión del nuevo mundo que todos queremos construir; no permitamos que el modelo económico y social genere una explosión de niños consumidores y un debilitamiento de los niños ciudadanos. Soñemos con niños ciudadanos y no con niños obedientes, meramente estudiosos y poco participativos. Promovamos el potencial liberador que estos tienen desde la primera infancia, que hasta el momento ha sido desconocido por el soberbio y arrogante mundo adulto que prefiere callar al niño, condenarlo al silencio y destinarlo a aprender las normas y los valores adultos. En estos tiempos de revolución ciudadana, tiempo de derechos y garantía, si así actuamos, viviremos el crecimiento explosivo del protagonismo ciudadano desde los más pequeños.

Ernesto Delgado Coordinador Comisión Política Movimiento Nacional por la Niñez y Adolescencia del Ecuador