Mapeo sobre Legislación y Políticas en países en América ...pasc-lac.org/wp-content/uploads/2019/01/Mapeo.pdf · Políticas en países de América Latina y el Caribe, referidas

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Mapeo sobre Legislación y Políticas en países en América Latina y el Caribereferidas a la participación de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones.

Mapeo sobre Legislación y Políticas en países en América Latina y el Caribe referidas a la participación de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones.

Octubre 2018

Recuadro del ISBN

Mapeo sobre Legislación y Políticasen países en América Latina y el Caribe

referidas a la participaciónde niñas, niños y adolescentes

en la toma de decisiones

Octubre 2018

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CRÉDITOS

Consultoras: María Esther Quintana y Marjorie Chica

Edición: Pedro Hurtado Vega

Portada: Mapa de América Latina y el Caribe.

Diseño al cuidado de: Roberto Alvarez Torres

Diseño: Pablo Téllez

Managua, Nicaragua

Esta es una publicación del Tema Global de CRG y del Programa de Apoyo a la Sociedad Civil de Save the Children en LAC

Se permite su reproducción parcial, citando la fuente

PROHIBIDA SU VENTA

Octubre, 2018

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GLOSARIO DE ACRÓIMOS Y SIGLAS

CDN Convención de los Derechos del Niño y la Niña

COIPRODENI Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Jóvenes Adolescentes y sus Derechos (Guatemala)

CONANDA Consejo Nacional de Niñas, niños y adolescentes de Brasil

CONANI Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (República Dominicana

CONNA Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (El Salvador)

CONAPINA Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia (Nicaragua)

DDHH Derechos Humanos

DINAF Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Honduras)

ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

IIN Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes

LPI Leyes de Protección Integral

LOPNNA Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (Venezuela)

OHCHR Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

ONG Organismos No Gubernamentales

OSC Organismos de la Sociedad Civil

PANI Patronato Nacional de la Infancia (Costa Rica)

PNA Plan Nacional de Niñez y Adolescencia (Paraguay)

POLNA Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Paraguay)

SENAME Servicio Nacional de Menores (Chile)

TICS Tecnologías de la Información y las Comunicación

UARIV Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Colombia)

UJC Unión de Jóvenes Comunistas (Cuba)

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

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ÍNDICE

PRESENTACIÓN ...............................................................................................................................

I. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................

a) Objetivo y alcances ...................................................................................................................

b) Metodología .................................................................................................................................

II. MARCO DE ANÁLISIS ..............................................................................................................

III. LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS SOBRE PARTICIPACION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES FRENTE A INSTANCIAS GUBERNAMENTALES Y EN PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES ........................................................................................................

A) Normas de alcance nacional: Códigos, leyes, decretos ejecutivos, resoluciones ministeriales.................................................................................................................................

-México, Centro América y el Caribe.....................................................................................

-América del Sur...........................................................................................................................

B) Normas de alcance nacional: Políticas, planes y programas...........................................

-México, Centro América y el Caribe.....................................................................................

-América del Sur........................................................................................................................

C) Leyes, políticas y mecanismos de alcance municipal........................................................

-México, Centro América y el Caribe....................................................................................

-América del Sur .......................................................................................................................

IV. ALGUNAS EXPERIENCIAS DE PARTICIPACION ............................................................

V. CONCLUSIONES .....................................................................................................................

VI. RECOMENDACIONES ..........................................................................................................

La institucionalización de la participación, o sea de la escucha, de que eventualmente los niños den su opinión y que tengan algún tipo de injerencia en las instancias de gobierno u otras, supone una modificación radical de muchos aparatos, a todo nivel, a nivel internacional y a nivel local.

Alejandro Cussiánovich. En: Mecanismos de participación para niños y niñas: reflexiones y experiencias. Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación. 2012

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Presentación

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La participación de niñas, niños y adolescentes es para Save the Children uno de los ele-mentos clave que le dan vida y dinamismo a la labor de promoción y cumplimiento de los Derechos de la Niñez. Sin la opinión y el aporte de quienes son sujetos de sus propios dere-chos, estos quedan vacíos, huecos, convertidos en disposiciones unilaterales de adultos para la niñez.

La participación de niñas, niños y adolescentes es multifacética, es variada y es diversa. Es un principio, es un derecho y a la vez es un medio para lograr otros fines. La niñez debe tener voz en su hogar, su escuela y su comunidad. Y también su voz debe ser escuchada por quienes toman las decisiones en nuestros países.

En 2017, cuando estábamos elaborando el plan 2018, nos percatamos que si bien sabíamos que muchos países en América Latina y el Caribe han contado y cuentan con prácticas de interacción de niñas, niños y adolescentes frente a instancias gubernamentales, también sa-bíamos que la mayoría de esos espacios de participación no estaban respaldados por leyes o políticas. Ese es el objeto de este estudio, contar con información actualizada acerca de la existencia de esas disposiciones legales. Sus resultados nos darán luces acerca del rumbo que deben llevar algunas de nuestras acciones frente a tomadores de decisión.

Octubre 2018

Pedro Hurtado Vega Ann Linarsson

Asesor CRG en LAC Directora PASC

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Introducción

La esencia de la ética de la participación es la aceptación y el respeto al otro como persona, respeto que no implica evitar la reflexión crítica sobre sus valores y experiencias pero si ahuyentar toda idea de superioridad o arbitrariedad basada en relaciones de poder.

La participación de los niños y adolescentes en las Américas. A 20 años de la Convención.

Instituto Interamericano del niño, la niña y adolescentes (IIN). Mayo 2010

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El presente documento contiene el Informe de Resultados del Mapeo sobre Legislación y Políticas en países de América Latina y el Caribe, referidas a la participación de niñas, niños y adolescentes frente a autoridades gubernamentales y en la toma de decisiones.

Uno de los principales hallazgos y a la vez limitación del estudio es la escasa y dispersa información existente sobre legislación y políticas orientadas expresamente al tema de la participación de niñas, niños y adolescentes frente a las autoridades de gobierno y en los proceso de toma de decisiones, y en particular sobre cómo funcionan y que tan efectivos son en la práctica, los mecanismos y espacios formales de participación de niñas, niños y adolescentes, en el ámbito municipal.

En el análisis de contenido de los aspectos relativos al derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes, se pone en evidencia, que en casi todos los países las leyes hay una suerte de esquizofrenia jurídica, como dijera Emilio García Méndez, ya que si bien, se obser-va la intensión de adecuarse a la consideración del niño y la niña como sujetos de derecho e incorporan textualmente los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña (en lo consecutivo, la CDN), aún están presentes, las antiguas concepciones derivadas de la doctrina de la situación irregular, expresada desde el uso del término “me-nor” hasta las disposiciones que supeditan el goce del derecho de la niñas, el niño o adoles-cente, a los intereses y derechos de las personas adultas.

Otro indicador de esto, es sin duda, los retrocesos que se han producido en algunos países, expresados por un lado en intentos de reformas que violentan derechos, como baja de la edad de imputabilidad penal o sobre la poca importancia que se le ha dado a la ejecución de las políticas de protección, que en algunos casos, ha sido asignada a instancias de menor jerarquía, encargadas de atender otros grupos de “población vulnerable”, violentando los principios de prioridad y del interés superior del niño.

Hay que destacar que pese a los vacíos legales y de políticas públicas, en la región se han desarrollado diversas experiencias de participación protagónica de niñas, niños y adoles-centes, las que principalmente han sido impulsadas por ONG nacionales con apoyo técnico y financiero de la cooperación internacional. El reto entonces, es aprender de ellas y lograr que se transformen en una práctica permanente y sostenible.

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Objetivos, alcances y ámbito del mapeo

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Objetivos

Identificar las legislaciones y politicasvigentes a marzo del 2018 en paísesde América Latina y el Caribe, referidasa la participación de niñas, niños y adolescentes frente a autoridades gubernamentales y en procesos de tomade desiciones.

Alcances

1.- En el ámbito nacional:a) Leyes, b) Políticas,c) Reglamentos de leyes,d) Decretos presidenciales,e) Disposiciones ministeriales

1.- En el ámbito municipal:a) Políticas, b)Disposiciones uordenanzas de gobiernosmunicipales

En términos de la cobertura geográfica, el estudio abarcó 20 países de la región, que para efectos de hacer más ligera la lectura, fueron agrupados en dos bloques:

Ámbito de estudio

Costa Rica

Cuba

El Salvador

Guatemala

Haití

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Ecuador

Colombia

Venezuela

Cuba

Honduras

Nicaragua

Rep. DominicanaMéxico

GuatemalaEl Salvador

Costa RicaPanamá

Perú

Bolivia

Chile

ArgentinaUruguay

Paraguay

Brasil

República Dominicana

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Perú

Venezuela

Uruguay

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Metodología

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•Organismos internacionales;•Instancias de gobierno encargadasde ejecutar las políticas dirigidas a NNA;•Instancias departamentales,provinciales o municipales•OSG (redes, coaliciones) que promueven participación de NNA

Búsquedadocumental

Ordenamientoy análisis

Contrastación con fuentes primarias

•Códigos y NNA/Leyesde Protección Integral.•Leyes ordinarias, decretos,resoluciones.•Documentos de Políticas,planes y programa

•Códigos y NNA/Leyesde Protección Integral.•Leyes ordinarias, decretos,resoluciones.•Documentos de Políticas,planes y programa

El mapeo se llevó a cabo mediante la combinación de técnicas de revisión y análisis documental y recolección de información de fuentes primarias a partir de entrevistas y cuestionario a actores clave.

En el proceso de recolección y análisis de información, se revisaron sitios web de instancias de gobierno, organismos de cooperación en temas de infancia, ONG que trabajan con la niñez, Gobiernos municipales, Ministerios, Secretarías, Consejos y otras instancias responsables de la aplicación de los derechos de la niñez. Las fuentes digitales citadas en las notas al pie fueron descargadas en el período entre julio y septiembre y verificadas el 9 de octubre 2018.

A partir de las fuentes consultadas, para los 20 países objeto de análisis se revisaron:

• Códigos y Leyes de Protección a la Niñez y Adolescencia

• Leyes, decretos y normativas relativas a la participación de niñas, niños y adolescen-tes y otras normas aplicables en los ámbitos nacional y municipal.

• Las recomendaciones más recientes (2010-2017), del Comité de los Derechos del Niño, (en adelante: el Comité) a los países de la región.

• Estudios, diagnósticos regionales, o nacionales publicados entre 2014 y 2018

• Documentos de política Públicas relativos a derechos de niñez y adolescentes.

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1 Lirio Leticia Obando, Diana Zamora Yusti y Marjorie Chica L. Consultoras de Redlamyc en el marco del proyecto Tejiendo Redes para la Infancia

(*) En los Estados Federales (Argentina, Brasil, México y Venezuela), el análisis se centró el marco legal y de política nacional/federal y se procuró la identificación de alguna buena práctica Estadual, departamental, provincial o municipal.

• Resoluciones, normativas ordenanzas departamentales, provinciales y municipales sobre participación de la niñez y adolescentes (*).

La recolección de información de fuentes primarias se hizo mediante modelo de cues-tionario auto aplicado, el que fue completado por funcionarias de Save the Children de Bo-livia, México y Perú. Se realizaron entrevistas individuales semi estructuradas a tres colegas, referentes de participación del proyecto Tejiendo Redes para la Infancia1, en las sub regiones de Mesoamérica, el cono sur y andina, así como un joven líder social nicaragüense, con vas-ta experiencia en procesos y espacios de participación, desde la pre-adolescencia

Limitaciones del estudio.

Una de las principales limitaciones que enfrentamos en el proceso de mapeo, fue que la información sobre leyes y políticas relativas a la participación frente a las autoridades gu-bernamentales y en procesos de toma de decisiones es muy escasa y está dispersa.

Un excepción a la falta de información es el estudio llamado Marcos Legales que Res-paldan la Participación adolescente, en América Latina y El Caribe, publicado por UNICEF en 2012, en el que se incluye a 10 de los 20 países objeto de este mapeo. No se encontraron más referencias de diagnósticos o análisis sobre el tema que nos ocupa.

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Marco Referencial y deAnálisis

El marco de referencia que orientó la búsqueda y análisis de información de este mapeo está inscrito en los preceptos de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, relativos al derecho a la participación, contenidos principalmente en los ar-tículos: 12, 13, 14, 15 y 17.

Se tomó en cuenta la Observación General No. 12 de El Comité (2009), que en su párrafo 48 establece que El derecho del niño a ser escuchado, le impone a los Estados Parte la obligación de re-visar o modificar la legislación, para introducir mecanismos que den acceso a los niños a información pertinente.

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En su parte conclusiva, dicha Observación General señala: El objetivo de lograr oportuni-dades de aplicar verdaderamente el artículo 12 hace necesario desmantelar las barreras jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales que actualmente inhiben la oportunidad de que los niños sean escuchados y el acceso de los niños a la participación en todos los asuntos que los afecten. Ese objetivo exige preparación para hacer frente a los prejuicios acerca de la capacidad de los niños y estimular la creación de entornos en que los niños puedan potenciar y demostrar su capacidad. Exige además un compromiso para destinar recursos e impartir capacitación.

En la revisión de los marcos jurídicos, se trató de identificar en qué medida, los Códigos de Niñez y las Leyes de Protección Integral incorporan las dimensiones de la participación emanadas de la CDN y las observaciones generales ya referidas.

En el marco de análisis, se retomó el documento “La participación de los niños en las Amé-ricas”, del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescente (IIN) publicado en mayo de 2010, en el contexto del vigésimo aniversario de la Convención, que contiene el marco de referencia consensuado regionalmente, para el análisis de las dimensiones de la partici-pación y proporciona la base para considerar la participación como un proceso con dife-rentes “momentos” o “dimensiones”: el acceso a información, la formación de la opinión y la posibilidad de expresarla, de que haya sido escuchada y tomada en cuenta en la toma de decisiones.

Referida al derecho a expresar libremente sus opiniones (Art. 12). Implicael respeto de las distintas formas de expresión, la aceptación de su lenguaje.

Relativo a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de todo tipo.(Art. 13) Es un derecho que exige al adulto proporcionar las informacionescon respeto al niño, tomando en cuenta sus capacidades.

La libertad de pensamiento, conciencia y religión (Art. 14), está asociada a lalibre expresión, y se manifiesta en el respeto a la diferencia, permite el diálogode niñas, niños y adolescentes entre sí y con las personas adultas.

Considerado como un aspecto clave del desarollo humano, la libertad de asociación y reunión (Art. 15), garantiza el derecho a la socialización, comunicación,pertenencia y abre el camino a la participación real y efectiva, además de ser elpunto de partida o germen de procesos organizativos.

Entienda como aquellos procesos en los que niñas, niños y adolescentes toman partede las desiciones de políticas públicas sobre asusntos de su ineterés, mediante mecanismos creados para tal fin, donde sus opiniones y demandas sean incluidas en las desiciones que se tomen en las instancias de poder local, provincial y nacional.

Dimensiones de la participación

Expresar Opinión

Información

Libertad depensamiento

Libre asociación y reunión

Participación frentea los gobiernos y en proceso de toma de desiciones

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La participación frente a instancias de gobierno y en la toma de decisiones está recogida en la Observación General No. 20 sobre la efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia, emitida por el Comité de los Derechos del Niño en 2016, que señala:

Los Estados deben adoptar políticas encaminadas a aumentar las oportunidades de par-ticipación política, que es fundamental para el desarrollo de una ciudadanía activa. Los adolescentes pueden establecer contactos con sus pares, participar en procesos políticos y aumentar su sentido de capacidad de acción para tomar decisiones y opciones bien funda-das y, por tanto, deben recibir apoyo para formar organizaciones mediante las que puedan participar en diversos medios, como los medios de comunicación digitales. (Párrafo 24)

La Observación General No.20 hace énfasis en el hecho de que las opiniones de niños y niñas pueden aportar perspectivas y experiencias útiles, por lo que debe tenerse en consi-deración el adoptar decisiones, formular políticas, preparar leyes o medidas, así como en su evaluación.

El enfoque de género se incluye como variable, tomando como referencia lo contenido en el párrafo 77 de la Observación general núm. 12 respecto del llamado a los Estados a prestar especial atención al derecho de la niña a ser escuchada, recibir apoyo, si lo necesita, para expresar su opinión y para que esta se tenga debidamente en cuenta, dado que los estereotipos de género y los valores patriarcales perjudican e imponen graves limitaciones a las niñas en el disfrute del derecho enunciado en el artículo 12.

De las dimensiones del derecho a la participación, la que más se estudia y difunde es sin duda, el derecho a expresar opinión, sobre el que se encontraron una diversidad de traba-jos, siendo los de más reciente publicación, los siguientes: 1) Rendición de cuentas para niños y niñas1, referido a la forma en cómo la organización asegura la participación de niñas y niños en procesos públicos de toma de decisiones; 2) Niños, Niñas y Adolescentes alzando la voz. Resumen de investigación del Centro para los Derechos de la Niñez en la Universidad Queen’s y Save the Children2, realizada mediante una consulta con más de 1,600 niñas, ni-ños y adolescentes, acerca de sus derechos civiles y políticos.

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Legislación y políticassobre participación de niñas, niños y adolescentes frente ainstancias gubernamentales y en procesos de toma de decisiones

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Normas de alcance nacional: Códigos, leyes, decretos ejecutivos, resolucio-nes ministeriales. .

Mexico, Centroamérica y el Caribe

Siete de los diez países de este grupo, cuentan con un instrumento de ley adecuados al espí-ritu de la Convención. Costa Rica, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, adoptaron la figura de Códigos de Niñez y Adolescencia; en tanto, Guatemala, El Salvador y México, cuentan con Leyes de Protección Integral.

Las excepciones son Cuba, Haití y Panamá, países que todavía en 2018 no cuentan con un marco de ley adecuado a los estándares internacionales, que regule de forma coherente y ordenada los derechos de la niñez.

Cuba tiene un Código de la Niñez y la Juventud. (Ley No. 16), que data de junio de 1978. La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) entró en vigor el 20 de septiembre de 1991, con la publicación de su texto íntegro en la Gaceta Oficial, con una declaración firmada por el Presidente del Consejo de Estado y Ministros de la República de Cuba, quedando de esta manera refrendados los derechos de niñas, niños y adolescentes, sin embargo el país no cuenta con una ley específica para operativizar los mandatos de la CDN.

Haití, no tiene todavía con una legislación que respalde el compromiso como Estado parte de la CDN. Al respecto, en su más reciente recomendación, el Comité de los Derechos del Niño3, ha reiterado al Estado haitiano, la necesidad de que acelere sin más dilación la aproba-ción del Código de Protección del Niño y de la Ley Marco de Reforma del IBESR. (L’Institut du Bien-Etre Social et de Recherches).

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En Panamá, la materia de niñez está regulada en el Código de la Familia4, (Ley no.3 de 1994). En su más reciente revisión de los informes IV y V combinados de Panamá, el Comité reiteró su anterior recomendación e insta al Estado Parte a que agilice la aprobación de una ley amplia sobre los derechos del niño que presente a este como titular de derechos y no como objeto de protección5. En 2014 se formuló una iniciativa de Ley de Juventud de Panamá6, que otorgaría derechos a todas las personas entre 12 y 29 años de edad, la que a junio 2018, no había sido aprobada.

Costa Rica aprobó su Código de la Niñez y la Adolescencia7 en 1998. Ocho años des-pués, mediante Decreto No.33028 (2006), se reglamenta el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia como instancia rectora. El Código costarricense, reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes, a expresar su opinión, particularmente en los ámbitos de la vida cotidiana, familia, la comunidad y la escuela.

Asimismo, este país promulgó en 2013, la Ley General de la persona joven8, de la cual son titulares de derecho todas las personas de entre 12 y 35 años, por lo que puede ser invocada por niñas, niños y adolescentes. Esta norma, les reconoce como actores sociales, culturales, políticos y económicos, con derecho a expresar sus opiniones, y a participar en todos los espacios ámbitos de su vida, incluido el espacio político.

En Honduras El Código de la Niñez y de la Adolescencia de Honduras9, es bastante escueto en lo que respecta al derecho a la participación, a pesar de que no la menciona como tal, en su contenido incluye derecho la libertad de expresión, de asociarse, reunirse y manifestarse públicamente.

Igualmente, en ese país, existe una Ley marco de Desarrollo Integral de la Juventud, (Decreto No. 260-2005)10, que en su artículo 2 reconoce como titulares a las personas de entre 12 y 30 años de edad, y define la participación como el derecho de opinar, deliberar y decidir sobre problemas y soluciones locales, municipales, regionales, nacionales e internacionales…

En Nicaragua, el Código de la Niñez y Adolescencia (1998)11, incluye el derecho a par-ticipar, en tanto, derecho a ser informados, a la expresión de la opinión y a la organización, y recalca el derecho a participar en la vida social y política de la Nación en la forma que la ley lo establezca. Este país tiene una la Ley de Participación Ciudadana12, que reconoce el derecho de las y los nicaragüenses (sin especificar edad), a involucrarse de forma individual o colectiva, con el objeto y finalidad, de incidir y participar en la toma de decisiones, gestión y diseño de las políticas públicas.

La República Dominicana, sancionó mediante ley 136 del 2003, El Código para la Pro-tección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes13 en el que se observa, el derecho a ser escuchado, a expresar libremente su opinión, en correspondencia a su etapa progresiva de desarrollo. A la vez, establece el derecho a participar libre, activa y plenamen-te en la vida familiar, comunitaria, social, escolar, científica, cultural, deportiva y recreativa. En su texto el Código dominicano incluye el derecho de incorporación progresiva a la ciu-dadanía activa, a la vez que manda al Estado, la familia y la sociedad a crear y fomentar oportunidades de participación de todos los niños, niñas y adolescentes y sus asociaciones.

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El Salvador posee una Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, vigente desde 201114 en la que contempla la participación de las niñas, niños y adolescentes, como una estrategia de la ley, particularmente en los procesos de construcción de políticas públi-cas a nivel local y nacional, en espacios públicos y comunitarios, para la construcción de su ciudadanía.

Además cuenta con la Ley General de Juventud El Salvador, cuyos titulares son todas las personas entre 15 y 29 años, establece el derecho a la participación política y democráti-ca, ser tomados en cuenta por parte del gobierno central y local, en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas, programas, planes, proyectos y acciones dirigidas hacia la po-blación joven. Dicha ley, establece el compromiso de promover la participación activa de la población joven en la toma de decisiones importantes del país.

En Guatemala, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia de Guate-mala15, (1990), incluye a niñas, niños y adolescentes como sujeto de derecho y de deberes, e incorpora el principio del interés superior del niño y la niña, teniendo en cuenta su opinión en función de la edad y la madurez.

México es el país de este grupo que más recientemente incorporó la CDN a la norma jurídica, por medio de la Ley General de los Derechos de Niñas, niños y adolescentes16,, aprobada en 2014 en la que se reconoce la participación como principio rector, y releva los otros principios generales de la CDN, retomando expresamente el artículo 12 de la Convención, a la vez que instaura la obligación de personas, autoridades e instituciones de hacerlo respetar.

República Dominicana cuenta con un Código para la Protección de los Derechos del Niño17 el Sistema de Protección y los Derechos fundamentales de niños, niñas y ado-lescentes, que son reconocidos como sujetos plenos de derecho. Además de incorporar el principio del Interés Superior del Niño y de la Niña, acredita los derechos a la libertad, a ser escuchado y a participar.

Entre las formas de participación incluye la participación comunitaria, según sus intereses, y define algunos mecanismos de participación, tales como clubes, círculos infantiles, instancias de participación escolar y en las estrategias de las organizaciones que desarrollan progra-mas y actividades en el ámbito comunitario, dejando abierta la posibilidad, de crear otros mecanismos de participación y exigibilidad de sus derechoss.

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Sur América

De este grupo, Brasil fue el primer país en incorporar la CDN a su ordenamiento jurídico, mediante la promulgación de su Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) en 1990, que incorpora el principio del interés superior, designándolo como deber de garantía de prioridad.

Diez años después, le siguió Perú y paulatinamente se promulgaron los Códigos de Niñez de Paraguay, Ecuador, Uruguay, Argentina. Cerca del final de esa década (2006 y 2007). Co-lombia y Venezuela promulgaron sus respectivas leyes de Protección Integral.

En casi todos los países del sur, los códigos y leyes contemplan el derecho de niñas, niños y adolescentes, a formarse un juicio y expresar su opinión en los asuntos de su interés, de acuerdo con el artículo 12 de la CDN Además incorporan dos principios claves de la Con-vención: el interés superior del niño y el principio de igualdad y no discriminación. El Código de Brasil hace referencia al deber o garantía de prioridad, que para Ecuador y Colombia son principio de prevalencia o preferencia.

En su Ley de protección Integral de niñas, niños y adolescentes, (2005), la República Argentina reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar libremente su opi-nión y que la misma sea tomada en cuenta, derecho que se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes; entre ellos, al ámbito estatal. Además reconoce los derechos a libertad de pensamiento culto, religión y el derecho a asociarse. La Ley Argentina, incorpora también la igualdad y no discriminación por razón de sexo.

Bolivia, es el país que más recientemente incorporó la Convención a su ordenamiento ju-rídico con la aprobación del Código de Niña, Niño y Adolescente18 (2015), que entre sus principios rectores incorpora la participación, la no discriminación y la equidad de género.

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Este Código dedica un capítulo al tema, reconociendo el derecho a la opinión, participación y a la incorporación progresiva a la ciudadanía activa, en reuniones y organizaciones lícitas, según su edad e intereses (…) conforme a disposición legal, en lo social y político y manda al Estado en todos los niveles a garantizar este derecho.

El Código boliviano, reconoce tácitamente el derecho a participar en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, y en la toma de decisiones en los procesos de pla-nificación, seguimiento a la ejecución y evaluación de la gestión pública en todos los niveles del Estado.

Este país además incluye el derecho de petición, mediante el que faculta a NNA a presentar peticiones o quejas, de forma directa, oral o escrita ante cualquier entidad pública o privada sin necesidad de representación, y a recibir respuesta oportuna y adecuadamente.

En Brasil, El Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 806819, incluye la parti-cipación dentro del derecho a la libertad, que abarca los derechos a opinión y expresión, creencia y culto, a participar en la vida familiar y comunitaria sin discriminación y a parti-cipar en la vida política, conforme la ley. El ECA, ha sido parcialmente reformado en 2012 y 2016, pero en ninguna de esas reformas se modificaron los artículos 15 y 16 relativos al derecho a la participación.

Chile es el único país que aún no cuenta con una norma jurídica relativa a la protección de los derechos de sus niñas, niños y adolescentes, a pesar de haber ratificado la CDN en 1990. El Comité de los Derechos del Niño, ha recomendado en sus observaciones del 2002, 2007 y 2015 que el Estado chileno apruebe una ley de protección integral de los derechos del Niño.

El proyecto de Ley de Derechos y Garantías de Niñas, Niños y Adolescentes (2015), que fue aprobado en la Cámara de Diputados en mayo 2017 y que está en el senado para su segundo trámite constitucional, tiene detractores, tanto entre diputados, como en sectores conservadores, que ven la ley como una amenaza a la autoridad familiar. Este país, tampoco ha ratificado la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud.

El Código de Infancia y Adolescencia de Colombia (Ley 1098 de 2006)20 , (Ley 1098 de 2006) incorpora de forma expresa la perspectiva de género como pauta para su aplicación en todos los ámbitos de la vida de las niñas, los niños y adolescentes. A la vez, reconoce a niñas, niños y adolescentes el derecho a participar en las actividades que se realicen en, las asociaciones, los programas estatales, departamentales, distritales y municipales que sean de su interés.

No obstante, se encuentran elementos contradictorios en el texto, ya que el derecho a asociación y reunión, se enuncia que el mismo, será ejercido sin más limitación que las que imponen la ley, las buenas costumbres, la salubridad física o mental y el bienestar del menor

En la Ley de Juventud de Colombia, reformada en marzo de 2018, que incluye a todas las personas de 14 a 28 años, reconoce diversas formas de asociación, ya sean formales como informales, e introduce el concepto de Ciudadanía Juvenil Pública, en referencia al ejercicio

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de los derechos y deberes en ámbitos de concertación y diálogo con otros actores sociales, el derecho a participar en los espacios públicos y en las instancias donde se toman decisio-nes que inciden en las realidades de los jóvenes.

El Código de Paraguay limita el derecho de opinión al ámbito judicial, específicamente en asuntos relacionados a la convivencia familiar. Este Código, no contiene en su articulado la libertad de asociación y reunión, dimensión de la participación, que sí está presente en el resto de Códigos y Leyes de Protección Integral, con algunas variantes respecto a las formas de asociación permitidas y la edad.

En el caso de Uruguay, el respeto a la opinión de niñas y niños, está reconocido más que como derecho, como un deber de las madres y los padres, y en el ámbito judicial, en asuntos de guarda, tutela, separación familiar y adopción.

Como vemos, los contenidos y alcances del derecho a la participación varían de un país a otro.

Ecuador En el artículo 59 del Código, reconoce el derecho a la libre expresión, pero a la vez determina: …con las únicas restricciones que impongan la ley, el orden público, la salud o la moral públicas para proteger la seguridad, derechos y libertades fundamentales de los demás.

En Paraguay el Código no tiene previsto en su articulado la libertad de asociación y reunión, dimensión de la participación, que sí está presente en el resto de Códigos y Leyes de Protec-ción Integral, con algunas variantes respecto a las formas de asociación permitidas y la edad.

Perú reconoce en el articulado del Código de los Niños y Adolescentes, el derecho a la libertad de expresión, estipulando que el mismo estará sujeto a las restricciones determi-nadas por ley. En lo que concierne al derecho a la libertad de culto y religión, el texto de la ley, expresa: Se respeta el derecho de los padres o responsables a orientar a la niña, niño y adolescentes en el ejercicio de este derecho…

Otro instrumento de ley relativos al tema es la Resolución Ministerial N° 355-2009-MIMDES del 9 de setiembre del 2009 que constituye el Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adoles-centes.

Cabe señalar que en 2011, en Perú fue sometido al Congreso un proyecto de reformas del Código de niños y adolescentes. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño se expresó en los siguientes términos. …preocupa el propósito del Estado parte de supeditar el dere-cho de los niños a participar en asuntos que les afecten a la autoridad de los padres en la versión revisada del Código de los Niños y Adolescentes.

La Ley Orgánica para la Protección de Niñas, niños y adolescentes de Venezuela (2007), incluye en su contenido, las dimensiones de la participación, no obstante en el mismo arti-culado pone restricciones al ejercicio de estos derechos. Por ejemplo en lo relativo a la libre expresión apunta: … sin más límites que los establecidos en la ley para la protección de sus derechos, de las demás personas y el orden público (Art 80), de manera tal, que violenta el principio de primacía de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

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Otro instrumento aplicable al derecho a la participación de adolescentes, es la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud, en vigor desde 2008, en virtud de la cual, 11 de los 20 países incluidos en este mapeo han promulgado leyes de juventud, de las cuales, las y los adolescentes son titulares en virtud de la edad que la ley determina, se es joven: México, Honduras y Costa Rica (12 años); (Guatemala y República Dominicana (13 años); Colombia (14 años); Brasil, Chile y Paraguay (15 años); y Bolivia a partir de 16 años. Las excepciones son Ecuador, Nicaragua y Venezuela donde la ley define como joven a las per-sonas a partir de los 18 años cumplidos.

Algunos países cuentan con leyes de participación ciudadana (Nicaragua), leyes de participación popular (Bolivia y Venezuela), Ley de Ciudadanía (Argentina), que otorgan derechos políticos a las y los adolescentes a partir de los 16 años, con énfasis en el derecho al voto.

B) Normas de alcance nacional- Políticas, planes y programas.

En toda la revisión documental, no se encontró referencia a políticas, planes o programas específicos orientados a la promoción de la participación. En la mayoría de los Códigos y Leyes de Protección Integral, crean por ley los respectivos sistemas de protección y definen la instancia rectora de las políticas dirigidas a la infancia y adolescencia, así como las ins-tancias ejecutoras en los ámbitos provinciales, departamentales y municipales.

México, Centroamérica y el Caribe

En Costa Rica, el Sistema de Protección Integral de los Derechos y la Adolescencia (Art. 170 del Código de Niñez), está conformado por el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, que es la instancia rectora a nivel nacional y lo integran instituciones guber-namentales y organizaciones de la sociedad civil. Está definida como espacio de deliberación, concertación y coordinación entre el Poder Ejecutivo, las instituciones descentralizadas del Estado y las organizaciones representativas de la comunidad relacionadas con la materia21.

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Este país, cuenta además con una Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica (2009 – 2021)22, que orienta la aplicación efectiva de los derechos de la niñez y la adolescencia. Dicha política tiene como eje el derecho a expresarse, con la garantía de que las opiniones de niñas, niños y adolescentes serán escuchadas, respondidas y tomadas en cuenta en todos los asuntos que se relacionen con su vida.

En Panamá, el instrumento que respalda la participación de adolescentes (15 a 18 años), es la Política Pública de la Juventud de Panamá, que tiene como finalidad la promoción de la participación de las y los jóvenes en el proceso de toma de decisiones en todos los niveles, y a lo largo del proceso desde su diseño, implementación y evaluación, así como la inclusión en todos los espacios de diálogo y participación de la sociedad. Un elemento po-sitivo de esta política, es la promoción de la activa participación de las mujeres jóvenes en los procesos de toma de decisiones, y la inclusión de la perspectiva de género en todas las acciones que éstas desarrollen.

En El Salvador, La Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (2013 – 2023)23, reconoce la importancia de la fomentar el ejercicio de la ciudadanía social, a través de la promoción del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la libertad de expresión e información, opinión y asociación, a la vez que reconoce el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes en los procesos de construcción de políticas públicas a nivel local y nacional, como el establecimiento de mecanismos institucionales que fomenten el ejercicio del derecho que tienen a participar en todos los asuntos de su interés. Entre sus líneas de acción contempla la incorporación de niñas, niños y adolescentes en espacios de participación ciudadana a nivel local

Guatemala, cuenta con la Política Pública de Protección Integral a la Niñez y la Ado-lescencia24 aprobada mediante Acuerdo Gubernativo No. 333-2004 del 19 de octubre del 2004 y el Plan de Acción Nacional en favor de la Niñez y Adolescencia (2004– 2015)25 en cuyo contenido, incluye la participación de niñas, niños y adolescentes, como principio rec-tor y como derecho para su propio desarrollo, mediante la participación en la formulación, monitoreo y evaluación de dicha política. Igualmente, reconoce los derechos a organizarse, participar, opinar y ser tomada en cuenta sus opiniones. Así como la búsqueda de soluciones, toma de decisiones, resolución de conflictos, organización, liderazgo, y comunicación.

En la revisión documental, no fue posible identificar ningún documento relativo al seguimien-to y evaluación del mencionado Plan de Acción, que cuando se formuló la instancia encarga-da de su aplicación, era la Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia, y actualmente todas las acciones relativas a la protección de la niñez y adolescentes recaen en la Secretaría de Bienestar Social.

Al respecto, un estudio realizado por UNICEF en 2012, sobre la evaluación de la aplicación de la CDN y la legislación desarrollada en Guatemala, señala que la Ley PINA no tiene una regulación específica sobre cómo deben coordinarse las instituciones responsables del sistema de protección. (MORLACHETTI- 2013).

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Honduras formuló un Plan Estratégico de la Dirección Nacional de Niñez, Adolescen-cia y Familia (DINAF 2015)26 que se encuentra en su segunda fase de implementación, se propone establecer un mecanismo de rendición de cuentas y transparencia destinado a la ciudadanía, particularmente a niñas, niños, adolescentes y sus familias, desarrollando procesos adecuados a la comprensión de niñas, niños y adolescentes, para que participen activamente, adaptándolos además, a las necesidades de la población con discapacidad y pueblos originarios.

En México, se ha formulado una propuesta de Política Nacional27, denominada 25 al 25, que resume los Objetivos Nacionales de Derechos de niñas, niños y adolescentes, para ser aplicada en el ámbito nacional, federal, estatal y municipal. Al respecto, uno de los objetivos de la Política está dirigido a: Asegurar mecanismos de participación efectiva y sistemática de ni-ñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos, para hacer efectivos sus derechos de libre expresión, asociación y reunión, con el fin de garantizar que sus opiniones y perspectiva sean incluidas en las decisiones que inciden en su bienestar y en el diseño e implementación de las políticas públicas.

Costa Rica

Cuba

El Salvador

Guatemala

Haiti

Honduras

México

Nicaragua

n/a

n/a

Ley J PNNA

PPJ

Ley J

Ley J

Ley J

Ley Jn/aPanamá

Códigos de de NNA

Leyes de Integral

Otras leyesaplicables

PoliticaNacional

Planes y Programas

Ámbito Nacional

R. Dominicana

En Nicaragua, Política de protección especial a los niños, niñas y adolescentes de Ni-caragua28 (2006), tiene por objetivo, contribuir al más alto nivel de bienestar, desarrollo y ejercicio de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, a la vez que establece el reconocimiento de derechos civiles, como libertad de expresarse, ser escuchados y que sus opiniones sean tomadas en cuenta, promoviendo la participación de niñas, niños y adoles-centes a nivel local y nacional. Esta política mandata a las autoridades que toman decisio-nes, las familias y otras instituciones, que deben escucharles y tomar en cuenta las opiniones de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a su edad y madurez.

29


El Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia (CO-NAPINA) de Nicaragua, instancia encargada de aplicar la política fue abolido mediante Acuerdo Presidencial No 157 (marzo 2007), de manera que sus funciones fueron reasig-nadas al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (MIFAM), institución responsable principalmente de ejecutar las políticas asistenciales y de protección dirigidas a grupos vulnerables.

En Panamá, mediante Resolución del Consejo de Gabinete (enero 2018), se aprobó la creación del Sistema de Garantías y Protección Integral de Niñez y Adolescencia, lo que sí bien puede considerarse un importante avance, el no estar sustentado en una ley nacional, le hace susceptible a cambios derivados de voluntades políticas.

De igual forma. En el tema de juventud no se ha dictado la ley, pero se formuló la Política Pública de Juventud de Panamá29, dirigida a todas las personas de entre 15 y 24 años de edad, en la que literalmente señala: promueve la participación de las y los jóvenes en el proceso de toma de decisiones en todos los niveles, tanto en el diseño, como en la implemen-tación y evaluación de las acciones que se dirigen hacia ellas y ellos. Promueve también su inclusión en todos los espacios de diálogo y participación de la sociedad.

En República Dominicana, El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CO-NANI) es el órgano rector del Sistema Nacional, Institución descentralizada del Estado Dominicano, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Sur América

En la región, todos los países crearon por medio de sus Códigos y Leyes, los Sistemas de Protección y las instancias encargadas de hacer cumplir las políticas de infancia.

La República Argentina creó el Sistema de Protección Integral que funciona en tres nive-les: Nacional, Provincial y Municipal. Aunque el país no cuenta con un Plan integral para la

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niñez y adolescencia, si cuenta con planes sectoriales como el Plan Nacional para la Prime-ra Infancia y el Plan para la Erradicación del Trabajo Infantil.

En Brasil, el Consejo Nacional de niñas, niños y adolescentes (CONANDA), esta-bleció por medio de la Resolución 191 (junio 2017)39, normas y criterios que deben orientar la participación de niñas, niños y adolescentes, en carácter consultivo en las actividades del Consejo. Estas normas y criterios podrán ser adoptadas por los Consejos estatales y Municipales de los Derechos de niñas, niños y adolescentes. La resolución establece que la participación se puede dar en el seno de los consejos o de forma virtual

La resolución de CONANDA se basa en la consideración que niñas, niños y adolescentes, no solamente sean escuchados, sino que también participen de forma activa en los procesos de formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas dirigidas a ellas y ellos.

El Estado Plurinacional de Bolivia, cuenta con un Plan de Desarrollo Económico y Social (2016-2020)31, que podría considerarse un ejemplo típico del divorcio entre legis-lación y políticas públicas que suele ocurrir en nuestros países. Aunque Bolivia cuenta con un Código de Niñez y Adolescentes bastante avanzado, el Plan de Desarrollo, carece de enfoque de derechos de niñez. Las niñas y los niños, se mencionan a partir de una condición de vulnerabilidad. Las únicas referencias están relacionadas a los que están “malnutridos” y a “niñas y niños en situación de calle”. En abril de 2017 se conformó el Comité Plurinacional de Niñas, Niños y Adolescentes. Una de sus atribuciones es apoyar el funcionamiento y fortalecimiento de los Comités Departa-mentales y Municipales de la Niña, Niño y Adolescente. No se cuenta con información sobre su funcionamiento en los 339 municipios.

Colombia está ejecutando su Plan Nacional para la Niñez y Adolescencia (2009-2019)32

en el que se definieron 12 objetivos generales que orientarán la política a largo plazo. El pro-pósito del plan es lograr que en 2019 Colombia garantice a los niños, niñas y adolescentes las condiciones adecuadas de existencia, protección, desarrollo y participación.

A inicios de 2018 estaba en proceso de formulación), la Política Nacional de Niñez y Ado-lescencia, según comunicado de prensa33, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para la construcción de la Política, se habían realizado 128 encuentros de diálogo y socialización en los 32 departamentos del país en los que participaron un total de 924 niños y niñas, 1.030 adolescentes.

Este país, ha diseñado además diversos lineamientos sobre participación, entre ellos: De Cero a Siempre, lineamientos de participación ciudadana en la primera infancia34. Así como linea-mientos para la participación de niñas, niños y adolescentes en el ámbito de los servicios de salud. Otro avance importante, es la inclusión de la participación de las niñas, los niños

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y adolescentes en los mecanismos judiciales y no judiciales de búsqueda de la verdad, que hacen parte del plan de acción que desarrollan conjuntamente el ICBF y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)..

Chile, muestra una situación inversa a la de Bolivia, ya que, empero el país no tiene Ley especial sobre derechos de niñez, ha formulado una Política Nacional de Niñez y Adolescen-cia (2015-2025)35, que posee enfoque de Derechos Humanos, y género. Además, favorece la participación, incluyéndola no sólo como principio rector, sino como área estratégica. De esta Política se derivó el Plan de Acción Nacional de Niñez y Adolescencia 2018-2025, que incluye como uno de los compromisos Generar los mecanismos que aseguren la participación de los NNA en los procesos de elaboración de proyectos de ley y en el diseño, implementación, monito-reo y evaluación de políticas, planes y programas a nivel nacional, regional y local.

Paraguay aprobó mediante la Resolución Nª 01/201536 su Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia (POLNA) 2014-2024 y el Plan Nacional de Niñez y Adolescencia (PNA) 2014-2018. La Política, estipula entre sus objetivos específicos: Garantizar de manera prio-ritaria la participación de niñas, niños y adolescentes, y explicita que la participación pro-tagónica pone en relieve a las niñas, los niños y adolescentes, como sujeto político y social de derechos reconociendo el protagonismo en el ejercicio de expresarse, asociarse, buscar, recibir y difundir información e ideas para la promoción, protección, exigencia y vigilancia de sus derechos. A su vez, reitera que el ejercicio de la participación protagónica de niñas, niños y adolescentes debe ser respetado, escuchado y tomado en cuenta por los adultos y las instituciones.

Perú cuenta con el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia PNAIA37 (2012-2021) definido por medio de la Ley N° 30362, en cuyo Resultado 18 señala que los niños, niñas y adolescentes participan del ciclo de políticas públicas. Desde el Minis-terio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se promueve la creación de Consejos Consulti-vos en las municipalidades provinciales y distritales en todo el país. La asistencia técnica está enfocada en promover la creación de estos espacios.

Además, el ministerio cuenta con su consejo consultivo que se reúne cada año. Si bien, este es un espacio para recoger sus voces y capacitarles, no se llegan a implementar las pro-puestas de adolescentes, representados por un o una adolescente en las reuniones de la Comisión Multisectorial del PNAIA38.

En Uruguay se formuló una Estrategia Nacional para la Infancia y la Adolescencia 2010-2030 definida como punto de partida para la confección de Planes Nacionales de In-fancia y Adolescencia. La Estrategia Nacional destaca entre sus lineamientos principales: la promoción de la participación democrática y el fortalecimiento del sistema de protección. Su implementación está a cargo del Consejo Nacional de Políticas Sociales y del Comité de Coordinación Estratégica de Infancia y Adolescencia, integrado por los ministerios del sector social y el Instituto del Niño de Uruguay. No se menciona la participación de orga-nizaciones de sociedad civil.

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En el caso de Venezuela, no se encontró información relativa a políticas, planes o progra-mas dirigidos a niñas, niños y adolescentes que aborden la temática de la participación, en su mayoría los planes y políticas están centradas en el derecho a la salud y la atención a la primera infancia.

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Perú

n/a

L Part

Ley J

Ley J

Ley J

......

......

Uruguay

Códigos de de NNA

Leyes de Integral

Otras leyesaplicables

Politicas Planes y Programas

Ámbito Nacional

Venezuela

C) Los Sistemas departamental, provincial o municipal (leyes, resoluciones, ordenanzas)

A partir de la promulgación de los Códigos y Políticas de la Niñez en la región, salvo al-gunas excepciones como Haití y Cuba, se crearon los Sistemas Nacionales de Protección Integral, en general coordinados por las instancias de gobierno que hasta el momento se encargaba del tema de niñez y adolescentes.

Un estudio sobre los Sistemas Nacionales de Protección Integral de la Infancia (Morlache-tti-2012),39 refiere que en los códigos de infancia y leyes de protección integral de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Pa-raguay, República Dominicana y Venezuela, se establecen diversos niveles de respon-sabilidad y descentralización para la institucionalidad regional, departamental o municipal. Destaca además la diversidad en las funciones, composición, independencia jerárquica y competencias de los sistemas locales.

A partir de la información recabada se observa la fragilidad de los sistemas de protección, que en muchos países han sufrido modificaciones en su mandato y estructura, así como en relación al nivel de dependencia jerárquica, marcado por constantes cambios en la institu-cionalidad, como es el caso de Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela.

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Con relación al papel de los sistemas en la promoción de la participación de niñas, niños y adolescentes, se observa que si bien hay algunas experiencias locales en cuanto a políticas y ordenanzas, estas son aún incipientes. Aún dependen en buena medida de la voluntad po-lítica de una persona o de un partido.

México, Centroamérica y el Caribe

En Costa Rica, El Patronato Nacional de la Infancia (PANI), tiene oficinas locales y Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia40, con cobertura nacional en 41 oficinas loca-les, adscritas a las 10 regiones, cubriendo a los 81 cantones. En distintos cantones, se han diseñado políticas y programas locales, como es ejemplo la Política local de infancia y adolescencia, en el Cantón de Parrita Puntarenas41, y la Política Municipal de Niñez y Adolescencia del Cantón de Belén42 (2016), instrumento para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en ambos municipios, amparados en la Política Nacional.

En distintas localidades, los Cantones Amigos de la Infancia, son espacios impulsados en el marco de alianzas entre ONG, sociedad civil, agencias del sistema de Naciones Unidas e instituciones públicas que trabajan por los derechos de la niñez, estrategia que está siendo implementada en Talamanca, Coto Brus, Turrialba, Los Chiles, Corredores, Limón, Puntare-nas, Aguirre y en el distrito de Pavas, en San José.

En Cuba, la estructura de la administración estatal está orientada a promover y apoyar las iniciativas de las organizaciones juveniles, encaminadas a incrementar la participación de los estudiantes en actividades científico-técnicas, que contribuyen a la solución de pro-

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blemas concretos del país y a la formación integral de los niños y jóvenes. No se encontró información acerca de mecanismos o espacios para la participación en el ámbito municipal.

En Honduras, en contexto del Pacto Municipal por la Infancia, 14 compromisos por la niñez y adolescencia, desde las Alcaldías, se está estimulando la generación de espacios para la participación significativa de niñas, niños y adolescentes en el diseño e implementa-ción de las políticas públicas, y establecer mecanismos de rendición de cuenta e indicadores de monitoreo de gestión municipal sobre los derechos de la niñez y adolescencia. En 2015, con participación de niñas, niños y adolescentes la municipalidad de Masaguara promulgó su Política de Niñez y Adolescencia, y en este 2018 el municipio de San Pedro Sula aprobó la suya (2018-2022). En la misma se dice que su objetivo es: Promover la participación organizada de la Niñez y adolescencia para garantizar que las instituciones de gobierno y la socie-dad civil, implementan la política escuchando y tomando en cuenta su opinión.

El Salvador creó como dependencias del Consejo Nacional de la Niñez y de la Ado-lescencia43 (CONNA), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, los Comités Locales de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, las Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia y las Asociaciones de Promoción y Asistencia, como mecanismos de coordinación y articulación del Sistema Nacional y Local de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Según se refiere en el sitio web del CONNA, hasta agosto de 2018 se habían instalado Comités Locales de la Niñez y Adolescencia en 125 de los muni-cipios del país (42%). Adolescentes participan en estos espacios.

En Guatemala, La Ley de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia44, creó la Comisión Nacional para la Niñez y Adolescencia, instancia encargada de la formulación de las políticas de protección integral de niñas, niños y adolescentes. A la vez se crearon las Co-misiones Municipales para la Niñez y Adolescencia, con la función de formular e implementar las políticas municipales de protección integral.

En el texto de la política pública guatemalteca, se enfatiza que: La niñez y adolescencia forman parte activa en la conformación de su entorno familiar, escolar y comunitario, por lo que tienen de-recho a contribuir con sus aportes, ideas y energías al desarrollo de sí mismos y de su entorno. A los adultos les corresponde respetar, fomentar, escuchar y tomar en cuenta las opiniones de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, no contamos con evidencia sobre la valoración acerca de la efectividad de la implementación de la Política Nacional y el Plan de Acción para la Niñez y la Adolescencia.

En México, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estipula que los Sistemas Locales de protección, tienen el deber de Generar los mecanismos necesarios para garantizar la participación directa y efectiva de niñas, niños y adolescentes en los procesos de elabo-ración de programas y políticas locales para la protección integral de sus derechos. En consonancia, el Estado mexicano de Baja California del Sur, sancionó en 2015 su Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, posteriormente reformada en 2018. Esta ley enfatiza en el

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derecho de niñas, niños y adolescentes a participar libre y activamente en la vida familiar, social, escolar, científica, cultural, deportiva y recreativa, conforme a su edad, desarrollo evo-lutivo, cognoscitivo y madurez. Además, mandata a las autoridades estatales y municipales, a cumplir con el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes en foros municipales, estatales, nacionales o internacionales y la creación de espacios de participación.

En Nicaragua, del 2008 al 2014, 43 de un total de 153 municipalidades promulgaron Polí-ticas Municipales de Niñez y Adolescencia, la mayoría elaboradas con amplia participación de niñas, niños y adolescentes. Actualmente no pasan de 10 las municipalidades que man-tienen vigente su Política de Niñez y que cuentan con instancias de participación, de los que llegaron a existir 61.

En República Dominicana, la Ley 136-03 define al Sistema Nacional de Protección, como el conjunto de instituciones, organismos y entidades, tanto gubernamentales como no guberna-mentales, que formulan, coordinan, integran, supervisan, ejecutan y evalúan las políticas públicas, programas y acciones en los niveles nacional, regional y municipal para la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

En el informe Alternativo al Comité, las ONG expresaron que siete años después de creada CONNANI, los Consejos Consultivos de la Niñez y Adolescencia no habían sido efectivamente implementados, ni existe una coordinación interinstitucional para que esto se logre, aun cuando existe en el país condiciones para que esto se haga efectivo45.

Costa Rica

Cuba

El Salvador

Guatemala

Haiti

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Decretos/Ordenanzas

Mecanismo/ espacios de participación

PolíticasMunicipales

Ámbito Local

R. Dominicana

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Sur América

En el caso de Brasil, una evaluación realizada en 2015, en el marco del aniversario del ECA46 destacó que 25 años después de su implementación, los Consejos Tutelares, presen-taban problemas recurrentes, dada la existencia de distorsiones en las atribuciones de los consejos y de la propia sociedad.

En 2015 existían 5.906 Consejos con distintos niveles de desarrollo. Uno de ellos, el Consejo Municipal de los Derechos de niñas, niños y adolescentes del municipio de Londrina, per-teneciente al Estado de Paraná, cuenta con un Plan Decenal47 para el período 2017-2026, el que a pesar de ser de reciente creación, mantiene un enfoque centrado en la visión del niño y la niña como objeto de protección y no contempla la participación de niñas, niños y adolescentes.

Chile creó por Decreto Ley No. 2.465 del 10 de enero de 1979, el Servicio Nacional de Menores (SENAME)48, Dependiendo de éste, se crean los Consejos Regionales de niños y niñas a fines del año 2014, con el propósito de generar una nexo de participación infantil y adolescente entre el nivel local y nacional.

En un estudio reciente (2017)49 se indica que se habrían constituido oficialmente Consejos Regionales en Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío, La Arau-canía, Los Lagos, Aysén, Magallanes, Los Ríos, Arica–Parinacota y Metropolitana, quedando pendiente sólo la Región de Antofagasta.

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En Colombia, el ICBF, tiene presencia en todas las capitales departamentales. Al respecto del Comité, manifestó su preocupación en relación a que Los departamentos y municipios no hayan hecho avances suficientes en la protección de los derechos de los niños y además, que Aún no se haya asegurado la presencia efectiva del Instituto y de las entidades de protección de la infancia en las zonas remotas, y/o a tiempo completo50.

Para la implementación de las políticas de infancia, Ecuador cuenta con la figura de Con-sejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia. En 2011 el Estado Ecuatoriano en el informe de rendición de cuenta, reportó que a nivel nacional existían 164 Consejos Cantonales, que representaban el 74% de los cantones. En cuanto a estructura, tomando como ejemplo el Consejo Cantonal de la Municipalidad de Lago Agrio51 en dicho consejo no hay participa-ción de niñas, niños y adolescentes, únicamente están representadas las instancias de go-bierno y de la sociedad civil.

En Paraguay, por resolución 839 del 2014 se estructuró el Consejo Departamental de la Niñez y la Adolescencia del Departamento de Paraguarí y la definición del Plan Estra-tégico del Departamento, que incluye entre sus tres objetivos estratégicos: Promoción del ejercicio de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y de la Mujer con énfasis a la Salud, Educación; Recreación y Participación protagónica. Se conformaron 17 Consejos Distritales de la Niñez y Adolescencia, de las que forman parte niñas, niños y adolescentes, en representación de sus pares agrupados en organizaciones infanto-juveniles.

En Perú en 2018 existen 499 Consejos Consultivos de Niños, Niñas y Adolescentes a ni-vel nacional, los mismos que se crean mediante Ordenanzas Municipales. Sin embargo, los resultados de la Encuesta Young Voice Perú (2017), indican que si bien, la mayor parte de adolescentes valoran la importancia de que las autoridades tomen en cuenta sus opiniones, sólo el 8.3% dijo haber tenido oportunidad real de dar su opinión en un espacio municipal 52.

En Perú, desde los gobiernos regionales, municipales y distritales, de conformidad con la Ley Marco de Presupuesto Participativo (Ley 28056) del año 2003, se promueve la participación de niñas, niños y adolescentes en la estrategia de Presupuesto Participativo, con resultados mostrables en las regiones Cusco, San Martín, Junín (Huancayo), Lima Metropolitana y el distrito de Jesús María53.

En Uruguay, un avance importante es la creación del Consejo Asesor Consultivo de INAU, integrado por adolescentes de 13 a 17 años de los departamentos del país que se postulan a ser elegidos por sus pares conforme su reglamento. El Consejo se elige por un plazo de dos años. Los consejeros y consejeras integran además un equipo departamental de promoción de participación, junto a sus suplentes

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En Venezuela, a partir de la reforma la Ley Orgánica de Protección a Niños, Niñas y Adolescente (LOPNNA), el 10 de Diciembre de 2007, se suprimen los Consejos Estatales de Derechos y se creó el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos del Niño, la Niña y Adolescentes (IDENNA) como el ente gestor en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presi-dencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.

El IDENNA creó 24 Direcciones Estadales en el espíritu de “centralizar la política de protección a niños, niñas y adolescentes54. En la búsqueda documental no fue posible encontrar informa-ción acerca de mecanismos y espacios de participación de niñas, niños y adolescentes en toma de decisiones en el ámbito local.

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador

Paraguay

Perú

Uruguay

Decretos/Ordenanzas

Mecanismo/ espacios de participación

PolíticasMunicipales

Ámbito Local

Venezuela

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Algunas experiencias de participación

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PAIS TITULO DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA

BOLIVIA

(Cochabam-ba)

Incidencia para la aprobación de Ley contra el bullying.

Es una iniciativa del Comité Departamen-tal de Niñas, Niños y Adolescentes, contó con apoyo técnico de Save The Children, Unicef y la directora de Igualdad de Opor-tunidades de la Go-bernación.

Comité Departamental de niñas, niños y adolescentes de Cochabamba participaron en la formulación de un ante-proyecto de ley contra el bullying o acoso es-colar, como una temática que consideran altamente importante para su desarrollo.

El ante proyecto de Ley fue presentado el 12 de di-ciembre de 2017l ante la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba y está pendiente su promulgación, compromiso asumido por la presidenta del Gobierno Departamental.

http://www.lostiempos.com/actualidad/cochabam-ba/20171212/presentan-anteproyecto-ley-contra-bull-ying-cochabamba.

BRASIL

Ciudad de Fortaleza, Es-tado de Cea-rá

Incidencia en Presu-puesto Ciudadano

Experiencia promovida por la ONG Centro de Defensa de la Ni-ñez (CEDECA–Ceará).

Desde 2003 CEDECA-Ceará promueve la participa-ción de adolescentes en el proceso de monitoreo de políticas públicas a través del proyecto de capacita-ción en presupuesto público.

Se conformó la Red de Presupuesto y Participación Ac-tiva. Cada año, a partir de la capacitación sobre presu-puesto y análisis del mismo, se elaboraban propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley Presupuestaria Anual del Municipio y / o Estado (PLOA) para la ampliación de recursos públicos para la infancia y juventud.

Fue una experiencia exitosa que duró diez años, en una acción pionera en el país. El CEDECA Ceará también replicó la experiencia de monitoreo del presupuesto público desarrollado en Fortaleza en dos otros munici-pios cearenses, Ibicuitinga y Sobral.

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COLOMBIA

Incidencia- Arte y comu-nicación

K-Pop Bogotá.

Iniciativa promovida de forma autónoma por adolescentes y jóvenes en Bogotá en torno a su interés compartido, la música

K-pop Bogotá es una iniciativa autónoma de adoles-centes y jóvenes que se auto convocaron por medio de las redes sociales a partir de su interés por el K-pop (rock coreano).

Comenzaron a congregarse en plazas y parques para bailar y luego se aproximaron a la embajada de Co-rea para gestionar apoyo para su iniciativa que iba en crecimiento de seguidores.

En octubre de 2017, la Embajada de la República de Corea en Colombia, apoyó la organización del KS-TART, un evento masivo, dedicado exclusivamente al género en la ciudad, que incluyó competencias de baile de grupos colombianos que hacen coreografías a par-tir del K-pop, logrando llenar el teatro Jorge Eliécer Gaitán.

El grupo de fans de BTS (banda de Rock coreano) en Colombia, tiene en su página de Facebook 171,423 se-guidores. De estos, 10.400 seguidores registrados han participado en sus reuniones periódicas, y tienen líde-res coordinadores en 23 ciudades.

En estos encuentros, se dedican a difundir la cultura surcoreana en Colombia. Cuenta Mota que a uno de ellos llegaron a encontrarse 500 personas, en su ma-yoría menores de edad. https://www.facebook.com/K-POP-Colombia-Oficial-144038829097641/?tn-str=k*F

CUBA

(Educatva -cultural)

Centro de Referencia de los Adolescentes en La Habana Vieja.

Experiencia ejecutada por la municipalidad de la Habana, a través de la oficina del histo-riador de la Ciudad, con apoyo UNICEF y la Unión Europea

Es un espacio para el desarrollo integral y la partici-pación creativa, de aprendizaje y experimentación de los adolescentes habaneros. Se trata de un proyecto novedoso, que favorece la participación significativa, la promoción de los derechos y la integración social de los adolescentes.

El Centro brinda talleres creativos, nuevas tecnologías y medios de difusión, laboratorio de ciencias; estudios de la radio y a la televisión, talleres de artes plásti-cas, el teatro y la danza; además de la programación de actividades culturales, un espacio de información y documentación, servicios consejería para los ado-lescentes y sus familias y espacios para disfrutar de proyecciones, exposiciones, espectáculos y conciertos, entre otras actividades.

https://www.excelenciascuba.com/noticia/abren-cen-tro-para-adolescentes-en-la-habana-vieja


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CUBA

(Educatva -cultural)

“Dialogando sobre jóvenes”

Experiencia promovida por el Ministerio de Justicia.

“Dialogando entre Jóvenes” es una iniciativa del Minis-terio de Justicia, como respuesta concreta al acuerdo del X Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), de fomentar escenarios permanentes de en-cuentro, reflexión e intercambio de ideas Es un espacio abierto de aprendizaje, capacitación e intercambio en-tre jóvenes y adolescentes.

El segundo martes de cada mes, a las dos de la tarde, el Centro abre sus puertas a quienes deseen pensar en voz alta, aportar ideas y sugerencias e incluso po-lemizar.

http://lademajagua.cu/en-dialogando-sobre-jove-nes-cuba-y-los-derechos-de-los-ninos/

CHILE

(Experiencia de capacita-ción y partici-pación)

Educación Ciudadana e Incidencia

Es una iniciativa gu-bernamental conduci-da por el Consejo Na-cional de la Infancia.

Consejos Consultivos de Niños, Niñas y Adolescentes de las comunas de Recoleta, Peñalolén y San Ber-nardo “

Niñas y adolescentes comprometidos con aportar al desarrollo y bienestar de su comunidad, practicando una ciudadanía activa.

La experiencia tiene una fase previa de formación ciu-dadana en el que niñas, niños y adolescentes aprenden herramientas de argumentación e integran nociones sobre la democracia y el funcionamiento de las institu-ciones públicas.

Los Consejos Consultivos, son un buen ejemplo de cómo es posible conectar las problemáticas y propues-tas de la ciudadanía a nivel local, con una instancia nacional que las sistematice y las traduzca en insumos para la política pública. La estructura de participación de los Consejos Consultivos, que incluye niveles comu-nales, regionales y uno nacional, representa un ejer-cicio único de participación descentralizada, donde el barrio se conecta directamente con la mirada de país.

http://observatorioninez.consejoinfancia.gob.cl/wp-content/uploads/2017/08/estudio-de-levantamien-to-de-experiencia-de-consejos-de-nna-exitosos-final.pdf


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GUATEMALA

(Incidencia para cambio legislativo)

Incidencia por cambio legislativo

Experiencia promovida por la sociedad civil con apoyo de Save the Children.

CIPRODENI en conjunto con Save the Children y otros socios invitaron a niñas y adolescentes de diferentes comunidades a eventos en donde reclamaron el fin a las excepciones en la ley de matrimonio infantil.

En agosto de 2017, el Congreso declaró ilegal el matri-monio antes de los 18 años, sin excepción alguna.

https://www.prensalibre.com/guatemala/politi-ca/congreso-prohibe-matrimonio-entre-meno-res-de-edad-sin-excepciones

HONDURAS

Municipio de MASAGUA-RA. (Inciden-cia en for-mulación de políticas públi-cas).

Iniciativa de Adoles-centes y Jóvenes con acompañamiento de Save the Children, Plan Internacional y regido-res municipales.

En el 2015 las niñas/os, y jóvenes de la Comisión Muni-cipal de Juventud y la Red Juvenil Presión, demandaron al alcalde en la construcción de una política que res-pondiera al cumplimiento de los derechos de la niñez y juventud en el municipio.

Se formó una comisión con representantes de diferen-tes sectores municipales, incluyendo a las y los jóvenes. Se definieron en conjunto, que los ejes de la política pública serían: Educación, Cultura, Recreación, Salud, Económico, Género y Participación infantil.

Posteriormente se organizó una comisión redactora con seis jóvenes y cuatro adultos. Al finalizar, el con-tenido fue socializado con otros jóvenes, incluyéndose sus opiniones y sugerencias.

Fuente: documento. Experiencias de Gobernabilidad en Derechos de la Niñez en América Latina y del Caribe. Save the Children. Managua- 2017. 28 p.


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NICARAGUA

(Incidencia en formulación de políticas públicas)

Política Municipal de Niñez y Adolescencia. Municipio de San José de los Remates, depar-tamento de Boaco.

Experiencia desarro-llada por la Alcaldía Municipal con al apo-yo de Save the Chil-dren.

Esta experiencia partió de un proceso de consulta que culminó con la formulación participativa de la Política Municipal.

A partir de las demandas de niñas, niños y adolescen-tes, se definieron 10 objetivos específicos relacionados con los derechos a la sobrevivencia, protección, garan-tías de derechos y participación.

Se aprueba y ratifica la elección y reconocimiento del Consejo infantil Municipal, conformado por 10 niñas y niños, en igual representación de género.

Las Elecciones del Consejo Infantil Municipal se reali-zan cada dos años y participan niños, niñas y adoles-centes entre los 10 y 16 años, incluyendo a la pobla-ción infantil y adolescente con discapacidad

Fuente: Versión amigable Política Municipal de la Niñez y Adolescencia de San José de los Remates. Save the Children. Managua, Nicaragua. Junio 2018

PARAGUAY

Incidencia en espacio de po-der Nacional

“Rendición de Cuen-tas” en el marco de la estrategia de 20 compromisos por la niñez”, es una iniciativa gubernamental impul-sada por la Secretaría de la Niñez y Adoles-cencia.

Esta experiencia consiste en un evento nacional, en el cual, las autoridades, presididas por el primer manda-tario presentan a niñas, niños y adolescentes su infor-me anual de gestión.

La preparación del evento a cargo de la Secretaría. Conlleva un proceso de amplia consulta con niñas, niños y adolescentes en un modelo denominado Aty-Guazú (que en guaraní significa” reunión grande),

Es un proceso inclusivo que ha incorporado a niñas, niños y adolescentes de zonas alejadas, como el Chacó, así como grupos pertenecientes a pueblos originarios.

El evento final de rendición de cuentas se realiza el 16 de agosto de cada año, en el marco de la celebración del día nacional de la niña y el niño.

https://www.ip.gov.py/ip/gobierno-presento-infor-me-de-las-acciones-realizadas-en-materia-de-ni-nez-y-adolescencia/


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PERÚ

Municipio de Miraflores

Incidencia por la mejo-ra de infraestructura

Experiencia ejecutada en 2018 con apoyo de Save the Children.

Municipio de Miraflores. Un Consejo de niños desde 8 a 11 años de edad, electos al azar, participaron en un recorrido de 200 cuadras por la ciudad, identificando lo bueno y lo malo.

A partir de lo observado, elevaron propuesta de los que la Municipalidad podía hacer para mejorar la ciu-dad. Dichas propuestas fueron presentadas al Alcalde y demás autoridades.

El consejo se reúne cada quince días y ha logrado que se tomen en cuenta 33 propuestas de los niños y niñas en el marco del Plan Urbano de Mir

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Mapeo sobre Legislación y Políticas en países en América ...pasc-lac.org/wp-content/uploads/2019/01/Mapeo.pdf · Políticas en países de América Latina y el Caribe, referidas