Marco de Referencia para el Análisis de la Fiscalización ... · Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 1.2. Infografía de la fiscalización

Marco de Referencia para el Análisis de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

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r

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA TERCERA ENTREGA DE LOS INFORMES

INDIVIDUALES DE AUDITORÍAS Y DEL INFORME GENERAL EJECUTIVO

DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2016

Mayo 2018

CVASF

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

DOCUMENTO PARA LA COMISIÓN

DE PRESUPUESTO Y CUENTA

PÚBLICA

La versión electrónica de este documento se encuentra disponible en el sitio web de la Unidad de

Evaluación y Control <http://uec.diputados.gob.mx> o <www.diputados.gob.mx/UEC>

3

Documento para la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Conclusiones del análisis a la tercera entrega de informes Individuales de Auditoría y del Informe General Ejecutivo correspondiente a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016

CONTENIDO Presentación .............................................................................................................................................. 5 1. Datos Básicos de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 ............................................. 7

1.1. Proceso de análisis de la fiscalización superior de la Cuenta Pública. ....................................... 7 1.2. Infografía de la fiscalización superior de la Cuenta Pública ....................................................... 8

2. Marco de Referencia: Indicadores de comportamiento sectorial 2016 ........................................ 16 3. Conclusiones derivadas del trabajo de análisis al Informe General 2016 ..................................... 34

3.1. Sobre el cumplimiento del marco jurídico ............................................................................... 34 3.2. Sobre la numeralia de la fiscalización superior ........................................................................ 35 3.3. Sobre el Informe General 2016 y su consistencia con el PAAF 2016 ....................................... 42 3.4. Sobre las áreas clave de riesgo determinadas por la ASF ........................................................ 45 3.5. Sobre el enfoque de fiscalización seguido por la ASF por grupo funcional ............................. 56

4. Planteamientos, opiniones y sugerencias en torno al Informe General 2016 ............................ 132

4.1. Sobre la segunda entrega de informes individuales .............................................................. 132 4.1.1. Respuestas de la ASF a los planteamientos de los Grupos Parlamentarios que integran la

CVASF ............................................................................................................................. 132 4.1.2. Atención a las propuestas de auditorías, estudios y evaluaciones ................................ 172

4.2. Sobre la tercera entrega de informes individuales ................................................................ 191 4.2.1. Propuestas de modificación y reformas legislativas por parte de la ASF....................... 191 4.2.2. Planteamientos de los Diputados miembros de la CVAS a la ASF .................................. 198 4.2.3. Opinión de otras Comisiones Ordinarias ........................................................................ 267

5. Resultados de auditorías relevantes de la tercera entrega ......................................................... 296

5.1. Funciones de Gobierno .......................................................................................................... 296 5.1.1. Sector Hacendario .......................................................................................................... 296 5.1.2. Otras de Funciones de Gobierno .................................................................................... 310

5.2. Desarrollo Social ..................................................................................................................... 328 5.3. Desarrollo Económico ............................................................................................................ 395 5.4. Gasto Federalizado ................................................................................................................. 445

ANEXO I. Resumen de Auditorías Practicadas ...................................................................................... 466 ANEXO II. Resumen de Observaciones-Acciones ................................................................................. 471 ANEXO III. Resumen de Recuperaciones Determinadas ...................................................................... 477

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Conclusiones del Análisis a la Tercera Entrega de Informes Individuales de Auditorías y del Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016


Presentación

De conformidad con los artículos 44; 80; 81, fracción III; 103 y 104, fracción X y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF), con el apoyo de su órgano técnico, la Unidad de Evaluación y Control (UEC), preparó ex profeso para la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública (CPCP) de la H. Cámara de Diputados, el documento de Conclusiones del análisis de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, a efecto de que sea considerado su contenido como parte del proceso de dictamen de la Cuenta Pública correspondiente, según lo establecido en el artículo 46 de la Ley citada. Con base en lo anterior, la Unidad integró en el documento referido los puntos más representativos de los trabajos de análisis a la tercera entrega de los informes individuales de auditorías y del Informe General Ejecutivo correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, entregados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el 20 de febrero de 2018. Los principales documentos de análisis elaborados por la UEC considerados para la integración del presente documento, fueron: Datos Básicos de la fiscalización superior de la CP 2016; cuadernos de análisis sectorial de la fiscalización superior de la CP 2016 (Hacienda-Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Gasto Federalizado); y Conclusiones y Recomendaciones derivadas del análisis de la fiscalización superior de la CP 2016. El documento consta de cinco apartados y tres anexos. El primero ofrece una visión gráfica de conjunto sobre el proceso de análisis de la fiscalización superior de la CP y sobre la numeralia de la fiscalización superior de la CP 2016. El segundo apartado presenta un punteo de indicadores de comportamiento sectorial del país observado en el ejercicio 2016 a manera de marco de referencia. El tercer apartado refiere las conclusiones derivadas del análisis del Informe General de la fiscalización superior de la CP 2016 en lo que tiene que ver con el cumplimiento del marco jurídico de la fiscalización superior, los datos generales de la fiscalización efectuada, la comparativa de las auditorías practicadas con las programadas, las áreas clave de riesgo y el enfoque de fiscalización seguido por la ASF. El cuarto apartado, incorpora los planteamientos, opiniones y sugerencias de la ASF y la Comisión de Vigilancia respecto del Informe General 2016, en particular se incluyen, respecto de la segunda entrega de informes, la incorporación de las respuestas de la ASF a los cuestionamientos de los diputados miembros de la Comisión, así como la atención que la ASF le da a las propuestas de auditorías, estudios y evaluaciones de políticas públicas planteadas por la Comisión. Con relación a la tercera entrega de informes, se incorporan las propuestas de modificaciones y reformas legislativas por parte de la ASF, los cuestionamientos formulados por los diputados integrantes de la Comisión, incluyéndose las respuestas otorgadas por al ASF a

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dichos cuestionamientos, así como la opinión de otras comisiones ordinarias de la Cámara sobre temas específicos de su interés. En el quinto apartado, que es de la mayor importancia, se reportan los resultados relevantes de una muestra representativa de la tercera entrega de informes individuales de auditoría correspondientes a la CP 2016, organizados por grupo funcional y sectores que lo integran. Por último, se incorporan tres anexos estadísticos, uno de las auditorías practicadas, otro de las observaciones-acciones emitidas y un tercero de las recuperaciones determinadas.

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1. Datos Básicos de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016

1.1. Proceso de análisis de la fiscalización superior de la Cuenta Pública.

Documentos realizados por la UEC respecto al análisis de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016.

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1.2. Infografía de la fiscalización superior de la Cuenta Pública

En la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, la ASF practicó 1 mil 865 auditorías presentadas en tres fases: junio de 2017, octubre de 2017 y febrero de 2018.

El 72.0% de las auditorías se practicó a Gasto Federalizado y 42.8% del total fue de tipo financiera y de cumplimiento.

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AUDITORÍAS PRACTICADAS, 2001-2016

Fuente. Elaborado por la UEC con datos de la ASF.

502 informes presentados al 30 de junio de 2017 (26.9% del total)

699 informes presentados al 20 de febrero de 2018 (37.5% del total)

664 informes presentados al 31 de octubre de 2017 (35.6% del total)

1,865 auditorías practicadas en la revisiónde la Cuenta Pública 2016

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Se determinaron 8 mil 069 observaciones que dieron lugar a 10 mil 346 acciones.

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Derivado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, la ASF reporta recuperaciones operadas que ascienden a 8 mil 906.7 millones de pesos, con corte al mes de mayo del 2018.

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La ASF ha operado con corte al mes de mayo del 2018 el 7.6% de las recuperaciones determinadas.

El mayor número de irregularidades se concentró en Gasto Federalizado. Destacan, por el número de observaciones, Nayarit, Michoacán, México y Baja California Sur.

R RD PEFCF SA PRAS PO M TOTAL

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 1,390 5,271 1,760 0 151 0 1,688 2,119 0 5,718

GASTO FEDERALIZADO 1,343 4,852 1,341 0 149 0 1,630 2,097 0 5,217

Aguascalientes 36 99 34 22 49 105

Baja California 32 180 54 10 70 79 213

Baja California Sur 30 219 26 10 95 99 230

Campeche 37 119 47 6 26 51 130

Chiapas 38 135 24 10 15 103 152

Chihuahua 48 158 35 5 50 78 168

Ciudad de México 43 93 36 33 31 100

Coahuila 43 160 57 7 37 70 171

Colima 40 72 11 18 43 72

Durango 38 197 33 3 99 65 200

Guanajuato 39 81 15 37 32 84

Guerrero 39 117 41 7 1 74 123

Hidalgo 40 116 14 5 6 101 126

Jalisco 44 158 86 53 51 190

México 45 215 52 6 112 49 219

Michoacán 41 233 50 7 73 129 259

Morelos 41 125 46 2 33 45 126

Nayarit 39 259 55 6 126 89 276

Nuevo León 43 188 64 73 56 193

Oaxaca 40 141 20 10 43 81 154

Puebla 40 84 24 1 43 16 84

Querétaro 41 53 29 1 28 58

Quintana Roo 39 124 44 4 56 48 152

San Luis Potosí 39 168 34 5 84 59 182

Sinaloa 40 167 68 1 40 62 171

Sonora 43 175 34 11 55 86 186

Tabasco 40 93 30 3 26 36 95

Tamaulipas 35 120 53 5 7 63 128

Tlaxcala 39 63 21 1 1 41 64

Veracruz 44 176 43 11 33 113 200

Yucatán 41 141 58 2 45 37 142

Zacatecas 37 155 19 89 47 155

Secretarías y Entidades Federales 37 102 65 68 133

Instituciones Estatales de Educación Superior 32 166 19 10 61 86 176

OTRAS AUDITORÍAS A ENTIDADES FEDERATIVAS 47 419 419 2 58 22 501


OBSERVACIONES-ACCIONES EMITIDAS POR LA ASF A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS EN LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2016

ENTIDAD REVISIONES OBSERVACIONES

ACCIONES

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Principales irregularidades derivadas de la fiscalización, por grupo funcional.

Grupo Funcional Gobierno

13



Grupo Funcional Desarrollo Económico

Grupo Funcional Desarrollo Social

14



Grupo Funcional Gasto Federalizado

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Generadas

Atendidas por la

ASF y solventadas

por la CVASF

Pendientes de

atención al corte

del mes de mayo

de 2018

Propuestas para su

solventación1

Pendientes

derivadas de las

propuestas de

solventación

2002-2012 233 233 0 - -

2013 12 10 2 0 2

2014 13 7 6 5 1

2015 15 0 15 13 2

2016 22 0 22 8 14

1a. Entrega de IIA (Jun 2017) 7 0 7 6 1

2a. Entrega de IIA (Oct 2017) 5 0 5 2 3

3a. Entrega de IIA (Feb 2018) 10 0 10 0 10

Total Acumulado 295 250 45 26 191/ Las propuestas de solventación resultan del análisis de procedencia realizado por la UEC al mes de mayo de 2018.

Fuente: Elaborado por la UEC .

ESTATUS DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA CVASF A LA ASF CP 2002-2016

CUENTA PÚBLICA

RECOMENDACIONES

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2. Marco de Referencia: Indicadores de comportamiento sectorial 2016 A continuación se presenta, a manera de Marco de Referencia, un apretado punteo de indicadores de comportamiento sectorial del país y de su entorno internacional, así como de las finanzas públicas para el ejercicio 2016. Una versión ampliada y fundamentada con fuentes oficiales de esta síntesis se puede consultar en los cuadernos de la serie Marco de Referencia para e Análisis de a Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, elaborado por la Unidad de Evaluación y Control en diciembre de 2017, los cuales pueden consultarse en la página de internet de la Unidad. Funciones de Gobierno

— Entorno Internacional

Tendencia negativa en el crecimiento de las economías avanzadas (al pasar de un crecimiento conjunto del 1.9% en 2015 a solo 1.6% en 2016).

Posible "estancamiento secular" de la economía mundial.

Caída en los precios de commodities, por sobreproducción en los mercados.

Rezago salarial respecto de los avances de la productividad.

Limitaciones en las importaciones de materias primas por baja de precios (Escasez de demanda global).

Desaceleración en el crecimiento salarial.

"Substitución de importaciones", estrategia de fortalecimiento del mercado interno chino.

Pérdida de terreno relativo de la masa salarial, en los PIB's de la mayoría de los países.

— Panorama económico general

Alta volatilidad en los mercados financieros, asociada a fenómenos geopolíticos.

Continua disminución en la producción de petróleo.

— Principales resultados macroeconómicos

Tendencia creciente de la tasa de inflación (en 2016, pasó de una tasa anual de 3.1% enero, hasta llegar 3.4% en diciembre).

Decremento en el crecimiento del PIB, por debajo a lo mínimo proyectado.

Tendencia a la baja en los ingresos provenientes de la actividad petrolera.

— Resultados macroeconómicos del sector

Elevada volatilidad en los mercados financieros internacionales por factores geopolíticos y contracción de economías.

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— Política monetaria, cambiaria y financiera

Incremento en la tasa de interés de referencia para la estabilidad de precios, ante escenario de creciente volatilidad.

Depreciación del peso frente al dólar por tensiones geopolíticas.

— Ingresos Públicos

Ingresos del Sector Público, dependientes de los Ingresos no petroleros.

Disminución en la contribución del petróleo en los Ingresos totales (en el 2014, la contribución del petróleo en los ingresos públicos fue de 30.7% en el 2016 fue de 16.3%).

Crecimiento de los ingresos excedentes, pese al declive de los ingresos petroleros (al cierre de 2016, se obtuvieron ingresos excedentes por 690 mil 896.9 millones de pesos).

Disminución de los ingresos recaudados por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED).

Evolución positiva de los ingresos totales del IMSS e ISSSTE.

— Resultados del gasto ejercido

Tendencia creciente del presupuesto ejercido (en 2016, el gasto neto presupuestario del sector público superó al presupuesto aprobado en 12.9%).

Alto porcentaje de disponibilidades respecto al gasto neto total (al pasar de 34.5% en 2015 a 40.5% en el año 2016).

Aumento de las reasignaciones presupuestarias (a través del ramo 23, se reasignaron recursos con un aumento de 53.6% en términos reales respecto al año anterior).

Incremento en el gasto dirigido a pensiones y jubilaciones (el gasto programable corriente del sector público presupuestario experimentó un crecimiento de 4.0% en términos reales respecto a 2015).

Crecimiento en el gasto de inversión (en 2016, ascendió a 1 billón 193 mil 195.8 millones de pesos, monto superior en términos reales en 20.2% respecto al año anterior.

— Situación de la deuda pública

Continuo aumento de la deuda pública (El saldo de la deuda neta se situó en 9 billones 693 mil 217.5 millones de pesos, cifra superior en 1 billón 532.6 millones de pesos del registrado en 2015).

— Remanente de Operación del Banco de México

Posible financiamiento disfrazado (Banxico entrega pesos al gobierno y éste los destina a comprar bonos de deuda).

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— Gasto en el Sector Hacienda

Tendencia creciente en el ejercicio del gasto (este sector ejerció un presupuesto superior en 69.7% respecto al presupuesto aprobado).

Concentración del gasto en cuatro programas presupuestarios (Recaudación de las contribuciones federales, administración y enajenación de activos, control de la operación aduanera y diseño y aplicación de la política económica).

— Poder Legislativo

Sobre ejercicio del gasto en el Poder Legislativo por 292.5 millones de pesos.

Subejercicio del gasto ejercido en la Cámara de Diputados por 5.4 millones de pesos.

Modificación del Presupuesto aprobado para la Cámara de Senadores por 52.1 millones de pesos.

Sobre ejercicio del gasto en la ASF por 245.3 millones de pesos.

Tendencia creciente del gasto ejercido por el Poder Legislativo.

— Poder Judicial

Significativo subejercicio en el Poder Judicial.

Subejercicio de gasto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 619.2 millones de pesos.

Subejercicio de los recursos financieros en el Consejo de la Judicatura Federal por 4 mil 975.6 millones de pesos.

Subejercicio del presupuesto aprobado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por 39.7 millones de pesos.

Tendencia creciente en el ejercicio del gasto por el Poder Judicial.

— Presidencia de la República

Tendencia creciente del gasto ejercido.

Sobre ejercicio del gasto por 1 mil 627.8 millones de pesos.

Este sector ha experimentado variaciones significativas en los recursos ejercidos con respecto a los aprobados.

Mayor ejercicio presupuestario en Servicios Personales y Gasto de Operación.

— Gobernación

Sobre ejercicio del gasto en el sector Gobernación por 15 mil 760.0 millones de pesos.

Tendencia creciente del gasto ejercido.

Mayor ejercicio presupuestario en los rubros de Gasto de Operación y en Servicios Personales.

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Entre 2006-2015 no experimentó variaciones significativas en los recursos ejercidos con respecto a los aprobados.

— Relaciones Exteriores

Tendencia cíclica creciente del gasto ejercido.


Variaciones significativas en los recursos ejercidos con respecto a los aprobados.

Mayor ejercicio del gasto en el rubro de Gasto Corriente. — Procuración de Justicia y Seguridad Nacional (SEDENA, SEMAR Y PGR)

Tendencia creciente del gasto ejercido en la SEDENA.

Sobre ejercicio del gasto en la SEDENA por 2 mil 109.9 millones de pesos en el sector.

La SEDENA ha experimentado variaciones significativas en los recursos ejercidos con respecto a los aprobados.

Sobre ejercicio del gasto en la Secretaría de Marina por 4 mil 719.3 millones de pesos

La Secretaría de Marina ha experimentado variaciones en los recursos ejercidos con respecto a los aprobados.

Sobre ejercicio del gasto en la PGR por 139.3 millones de pesos.

La PGR se apegó a lo presupuestado, excepto en el ejercicio 2007 y 2016.

— Función Pública

Tendencia cíclica creciente del gasto ejercido en la Secretaría de la Función Pública.


La Secretaría ha experimentado variaciones significativas en los recursos ejercidos con respecto a los aprobados.

Mayor Gasto de Operación.

— Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Sobre ejercicio del gasto por 27.6 millones de pesos.

No ha experimentado variaciones significativas en los recursos ejercidos con respecto a los aprobados.

Mayor ejercicio presupuestario en Servicios Personales.

— Órganos Autónomos

El sector ejerció 31 mil 543.3 millones de pesos, lo que representó 99.6% del presupuesto ejercido en relación con el aprobado.

El 86.5% del gasto se concentra en 4 instituciones (INE, INEGI, TFJFA e IFT).

Sobre ejercicio del gasto en INEGI por 119.3 millones de pesos.

EL INE no ha experimentado variaciones significativas en los recursos ejercidos con respecto a los aprobados.

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El presupuesto ejercido por el TFJFA en 2016 superó en 0.6% al presupuesto aprobado (2 mil 447.5 millones de pesos).

El TFJFA no ha experimentado variaciones significativas en los recursos ejercidos con respecto a los aprobados en los últimos años.

El presupuesto ejercido por la CNDH en 2016 es 1.9% inferior al presupuesto aprobado para ese año (1 mil 546.9 millones de pesos).

La CNDH no ha experimentado variaciones significativas en los recursos ejercidos con respecto a los aprobados.

El presupuesto ejercido por el INEGI en 2016 es inferior en 2.3% al presupuesto aprobado (7 mil 223.5 millones de pesos).

Los recursos ejercidos por el INEGI en los últimos años han mostrado variaciones significativas con respecto al presupuesto aprobado.

El presupuesto ejercido por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) superó en 0.8% al presupuesto aprobado (3.7 millones de pesos).

La COFECE ha experimentado una tendencia creciente en el presupuesto ejercido, apegándose a lo presupuestado en el PEF.

El presupuesto ejercido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) superó en 1.1% al presupuesto aprobado (22.7 millones de pesos).

El IFT ha experimentado una tendencia creciente en el presupuesto ejercido, apegándose a lo presupuestado en el PEF.

Subejercicio del gasto en el INAI.

— Renegociación del TLCAN

El impacto de sus posibles modificaciones sería mucho mayor para la economía y sociedad mexicana.

México se encuentra más globalizado que los otros dos miembros del Tratado.

Alta concentración de las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos.

Modificar el TLCAN responde a cambios profundos del contexto mundial y norteamericano.

Es fundamental construir escenario de riesgos y opciones.

Problemas de la Economía mundial: crecimiento lento e insuficiente recuperación del dinamismo; crecimiento del comercio mundial por abajo del incremento del producto; sobreproducción generalizada; subutilización de capacidades productivas disponibles; tendencias deflacionarias y desaliento a la inversión; abundancia de capitales financieros y bajas tasas de interés; bajo incremento de la productividad; elevación de los conflictos comerciales y riesgos de guerras comerciales.

— Seguridad Pública

Reducción de los recursos ejercidos en seguridad pública en funciones de gobierno (en 2016, los recursos ejercidos fueron inferiores en 9.8% en términos reales respecto al año anterior).

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Necesidad de rediseño en la construcción de estrategias para el combate de la delincuencia.

Demanda Turística afectada por la Inseguridad.

Tendencia creciente en la percepción social de inseguridad.

Incremento en la percepción de Corrupción.

México el país más corrupto de la OCDE.

Ciudad mexicana catalogada dentro de las ciudades más violentas (Acapulco).

Altos niveles en delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa (cifra negra).

Incremento en los Indicadores de delitos del fuero común (cifra superior en 7.1% respecto al año anterior).

Disminución en el número de procesados (significó una disminución de 19.7% con respecto a 2015).

Disminución del porcentaje de internos sin condena (en 2016, fue de 65%, cifra inferior a la registrada en 2012 (66%), 2013 (68%), 2014 (73%) y 2015 (78%)).

Incremento en la tasa de homicidios (en 2014 registra 13.1 homicidios por cada 100 mil habitantes y para 2016 se eleva a 17.0).

Tendencia creciente en delitos de alto impacto (en 2016, registró un índice de 23.4 por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2015 fue de 19.3).

Mejorada percepción de efectividad del gobierno para resolver estos problemas.

— Inversión Extranjera Directa

Limitada capacidad productiva ante estancamiento de inversión extranjera directa

En 2013 se registra el nivel más alto de inversión extranjera directa (la operación de compra del grupo modelo por “Anheuser-Busch” y una empresa brasileña InBev y SABMiller).

Concentración de la Inversión Extranjera Directa en la industria manufacturera.

El 38.9% de la Inversión Extranjera Directa proviene de Estados Unidos.

Concentración del 20.7% de la Inversión Extranjera Directa en la Ciudad de México.

Disminución de Inversión Extranjera Directa como porcentaje del PIB (en 2016, representó un 2.6%, inferior a la registrada en 2015 la cual fue de 2.8%).

Incremento de la Inversión Extranjera Directa al primer semestre de 2017 (registró 15 mil 645.2 millones de dólares, cifra superior en 8.8% respecto a la presentada en el mismo periodo de 2016).

Funciones de Desarrollo Social

— Educación

En 2016 se destinaron 684 mil 156.7 millones de pesos para brindar servicios de educación a la población mexicana.

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El presupuesto asignado a la función de educación en 2016 presentó una reducción de 2.7% respecto al año anterior.

El monto anual destinado a brindar servicios educativos representó el 6.7% del PIB, cantidad menor a lo que establece la Ley General de Educación.

Seis de los veinte principales programas del sector concentraron el 71% del presupuesto asignado.

El presupuesto asignado en 2016 para la prestación de servicios de educación media superior tuvo un incremento de casi seis veces lo presupuestado en 2013.

El gasto público en educación ha crecido a una tasa media anual de 3.2% real en el periodo 2000-2016.

México es el segundo país miembro de la OCDE que más recursos destina a la educación.

Paradójicamente es el país miembro de la OCDE que menos gasto anual ejerce por alumno.

El 94.7% del total de los recursos que se destinan a educación son utilizados para pago de gasto corriente.

El 5% de la población con más de 15 años de edad en México no sabe leer ni escribir.

El puntaje de los estudiantes mexicanos obtenidos en la prueba PISA 2015 (416) se encuentra muy por debajo del promedio de los países que integran la OCDE (492).

El índice de abandono escolar en nivel medio superior es de 13.3%; en secundaria se ubica en 4.4%; y en primaria en 0.7%.

Menos de la tercera parte de los niños mexicanos que ingresan a estudiar la escuela primaria se gradúa de la universidad (27 de cada 100 estudiantes).

Solo uno de cada diez jóvenes (entre 19 y 23 años) miembros de familias en condiciones de pobreza están inscritos en alguna modalidad de educación superior; mientras que la proporción en el sector de más ingresos económicos es de seis de cada diez.

— Salud

En 2016 los recursos ejercidos por todo el sector salud ascendieron a 515 mil 678.6 millones de pesos.

La tasa media anual de crecimiento en el gasto ejercido del sector salud del periodo 2000-2016, fue de 4.3% en términos reales.

Para el ejercicio 2016, el Gobierno Federal aportó 132 mil 216.8 millones de pesos para un total de 31 Programas presupuestales del Sector Salud.

Entre los programas con mayor asignación de recursos destaca el programa Seguro Popular con 75 mil 437.1 millones de pesos, que representó el 57.1% del total de los recursos asignados al sector salud.

En el periodo 2012-2016 el gasto en el sector apenas creció 0.6% en promedio, hecho que se vincula con un decremento de 0.3% en el nivel de actividad del sector.

La inversión pública en el Sistema de Salud Mexicano ha aumentado de 2.4% a 3.2% del PIB entre 2003 y 2013.

La inversión en salud que realiza México (5.8%) es de las más bajas de los países miembros de la OCDE (promedio registrado 9.0%).

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México gasta en salud un promedio de 1 mil 080 dólares PPA[1] per cápita por año, mientras que el promedio de la OCDE es 3 mil 997 dólares PPA en 2016, nivel que ubica a México en último lugar de este indicador.

En México existen 2.2 médicos por cada mil habitantes, mientras el promedio de la OCDE es de 3.3 por cada mil habitantes.

Respecto a las enfermeras, en México se tiene un inventario de 2.8 enfermeras practicantes por cada mil habitantes, mientras que el promedio de la OCDE es de 9.5 por cada mil habitantes.

En proporción al número de camas disponibles por cada mil habitantes, México se encuentra como el más bajo de la OCDE con 1.5 camas por cada mil, mientras que el promedio es de 4.7.

En México el 86.6% de la población cuenta con algún tipo de afiliación para recibir servicios médicos.

De las personas que se encuentran afiliadas, el 50.4% pertenece al Seguro Popular; 38.1% al IMSS y el resto al ISSSTE (7.7%), ISSSTE Estatal (0.8%), Seguro Privado (0.7%), Defensa o Marina (0.5%), Pemex (0.4%), y otras instituciones (1.4%).

La proporción de personas afiliadas al Seguro Popular es más alta en los niveles socioeconómicos más bajos.

La cobertura del Sistema de Protección Social en Salud pasó de 5.3 millones de personas en 2004 a 53.3 millones de personas estimadas para 2017.

— Desarrollo Social

En 2016 el sector de Protección Social (sector Desarrollo Social) ejerció recursos por 747 mil 332.7 millones de pesos.

En el periodo 2008-2016, el gasto ejercido en Protección Social creció a una tasa media anual de 4.2%.

De los 2 billones 318 mil 038.3 millones de pesos reservados para la totalidad de funciones de Desarrollo Social, el 32.2% lo concentró el sector Protección Social.

México es de los países de América Latina que más recursos destinan a las funciones de desarrollo social (Protección Social, Educación, Salud, Actividades Recreativas, Vivienda, y Protección al Medio Ambiente): Trinidad y Tobago (16.2% de su PIB), Chile (16.0%), Uruguay (14.9%) y México (11.6%).

Los recursos asignados a Protección Social se ejercieron a través de seis Ramos del Poder Ejecutivo, siendo los más significativos, el Ramo 19 de Aportaciones a Seguridad Social (81.6%).

Los recursos ejercidos a través de los programas presupuestarios del sector sumaron 109 mil 371.9 millones de pesos, cantidad menor en 4.4% a lo ejercido el año anterior (114 mil 504.0 millones de pesos).

Los programas más importantes (en términos monetarios) del sector Protección Social fueron: Programa Desarrollo Humano Oportunidades con 46 mil 327.5 millones de pesos (42.4% del 100%); y Pensión para Adultos Mayores con 39 mil 486.5 millones de pesos (36.1%).

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En 2016 se destinaron 377 mil 550.6 millones de pesos a programas específicos para la superación de la pobreza, cantidad menor en 1.3% a lo ejercido en 2015 (equivalente a 5 mil 039 millones de pesos).

Según datos del CONEVAL para 2016, el porcentaje de población en condiciones de pobreza es de 43.6%.

El 33.8% de la población mexicana se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, ya sea por ingresos o por alguna carencia social.

Solo el 22.6% del total de la población vive en condiciones óptimas para no padecer ninguna carencia social.

El coeficiente de Gini para México (0.498) muestra que la distribución del ingreso sigue siendo desigual.

— Entidades no Coordinadas

De 2015 a 2016 la población derechohabiente del IMSS creció en 2.4% (equivalente a 1.8 millones de personas).

El presupuesto pagado al IMSS ascendió a 556 mil 372.9 millones de pesos, cifra superior en 2.0% respecto del ejercicio 2015.

El gasto corriente del IMSS sufrió un incremento del 2.3% real en relación con lo pagado y lo presupuestado.

Los ingresos del IMSS durante 2016 crecieron en 8% nominal respecto al 2015.

Los gastos del IMSS en 2016 fueron superiores a los de 2015 en 27 mil 779 millones de pesos.

El presupuesto pagado (243 mil 860.6 millones de pesos) del ISSSTE fue superior en 6.1% con relación al aprobado (229 mil 916.1 millones de pesos).

La población derechohabiente del ISSSTE incrementó en 1.1% del 2015 al 2016.

Los ingresos del ISSSTE se mantuvieron prácticamente en el mismo nivel en 2015 (102 mil 067 millones de pesos) y 2016 (102 mil 067 millones de pesos).

Los ingresos del SuperISSSTE descendieron de 2015 a 2016 en 1 mil 044 millones de pesos.

Los gastos del SuperISSSTE sumaron 1 mil 665 millones de pesos, mientras que en 2015 se registraron 2 mil 690 millones de pesos, lo que significa una disminución de 1 mil 025 millones de pesos.

En 2016 el presupuesto pagado a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) fue de 9 mil 149.7 millones de pesos, cifra inferior en 5.9% con relación al presupuesto aprobado y menor en 22.4% real respecto del ejercicio 2015.

En México existen 31.9 millones de viviendas particulares habitadas.

En el cuarto trimestre de 2016 se registró una oferta de 95 mil 500 viviendas con un promedio por mes de 31 mil 800, mientras que el promedio mensual para el mismo trimestre del año anterior fue de 16 mil 100.

En el cuarto trimestre de 2016 aumentó el precio de las viviendas con crédito hipotecario garantizado, se registró un crecimiento en términos reales de 7.4 % respecto a octubre-diciembre de 2015.

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En 2016 el presupuesto pagado por el Instituto Nacional de las Mujeres fue de 911.1 millones de pesos, cifra superior en 12.6% (102.1 millones de pesos) al aprobado.

El 51.4% de la población que viven en México son mujeres.

Del 100% de mujeres que viven en México (61.4 millones), el 45.4% equivalente a 27.9 millones, se encuentra en situación de pobreza.

Funciones de Desarrollo Económico

— Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Comportamiento mixto del gasto real ejercido (en el lapso 2012-2016).

Concentración del gasto real ejercido en pocos programas.

Reducido impacto de los recursos públicos canalizados al sector.

Reducida contribución al crecimiento económico.

Crecimiento del PIB agropecuario dependiente de la actividad agrícola.

Crecimiento del ingreso per cápita inferior al promedio de la economía.

Permanente déficit de la balanza comercial agropecuaria.

Sector altamente dependiente de las importaciones.

Retrocesos en la seguridad alimentaria.

Insuficiente generación de empleos.

Decreciente financiamiento de la banca al campo.

Posición divergente frente al TLCAN.

Tendencia creciente del presupuesto real ejercido.

Concentración del gasto real ejercido en pocos proyectos.

Reducido impacto de los recursos públicos destinados al sector.

Marginal contribución al crecimiento económico.

Crecimiento del sector dependiente de dos ramas económicas.

Comportamiento mixto en el financiamiento de la banca al sector.

Rezago en la penetración de telefonía fija en comparación a otros países.

Rezago en la penetración de banda ancha fija.

Bajo promedio de suscripciones de televisión restringida.

Último lugar en suscripciones de telefonía móvil.

Último lugar en suscripciones de banda ancha móvil.

Índice de Desempeño Logístico por debajo de sus socios comerciales.

Deterioro en el Índice de Desempeño Logístico.

Leve mejoría en la competitividad global de México.

Rezago en la construcción de red ferroviaria.

Tendencia descendente del crecimiento de la carga transportada por la red ferroviaria.

Decreciente carga transportada por vía aérea.

Rezago en la construcción de carreteras.

Predominio de carreteras de tipo rural.

Baja proporción de carreteras pavimentadas.

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— Comunicaciones y Transportes

Tendencia creciente del presupuesto real ejercido.

Concentración del gasto real ejercido en pocos proyectos.

Reducido impacto de los recursos públicos destinados al sector.

Marginal contribución al crecimiento económico.

Crecimiento del sector dependiente de dos ramas económicas.

Comportamiento mixto en el financiamiento de la banca al sector.

Rezago en la penetración de telefonía fija en comparación a otros países.

Rezago en la penetración de banda ancha fija.

Bajo promedio de suscripciones de televisión restringida.

Último lugar en suscripciones de telefonía móvil.

Último lugar en suscripciones de banda ancha móvil.

Índice de Desempeño Logístico por debajo de sus socios comerciales.

Deterioro en el Índice de Desempeño Logístico.

Leve mejoría en la competitividad global de México.

Rezago en la construcción de red ferroviaria.

Tendencia descendente del crecimiento de la carga transportada por la red ferroviaria.

Decreciente carga transportada por vía aérea.

Rezago en la construcción de carreteras.

Predominio de carreteras de tipo rural.

Baja proporción de carreteras pavimentadas.

— Economía, Trabajo y Previsión Social

Tendencia descendente del presupuesto real ejercido en el sector Economía (en el lapso 2012-2016).

Concentración del gasto real ejercido en un programa (Fondo Nacional Emprendedor).

Reducido impacto de los recursos públicos canalizados a la economía.

Lento e insuficiente crecimiento económico.

Crecimiento económico insuficiente para aumentar el ingreso per cápita.

Fuentes internas y externas del crecimiento económico.

Terciarización de la economía y pérdida de liderazgo de la manufactura.

Escasa diversificación de la industria manufacturera.

Baja tasa de acumulación de capital causa del lento crecimiento.

Baja eficiencia de la inversión.

Bajo impacto de la inversión en el crecimiento económico.

Aparato productivo dependiente de las importaciones, que contribuye a consolidar un modelo de exportaciones basado en las importaciones.

Déficit comercial permanente.

Superávit comercial de México con Estados Unidos y déficit comercial con China.

Concentración de las exportaciones e importaciones mexicanas en un país.

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Notable concentración de las exportaciones totales sin que se detecte una política económica de cambio estructural para su diversificación, tarea imprescindible para construir una industria sólida y competitiva.

Escasa diversificación de las exportaciones manufactureras.

Baja capacidad de arrastre de las exportaciones manufactureras.

Apreciación del tipo de cambio real y sus efectos negativos en el crecimiento económico.

Tendencia decreciente de la productividad del trabajo en sectores clave de la economía.

Bajo nivel de financiamiento a actividades productivas.

Descendente gasto real ejercido en el sector Trabajo y Previsión Social (en el lapso 2012-2016).


Disparidad significativa entre el comportamiento del gasto ejercido y la generación de empleos.

Aumento significativo de la población que no busca empleo.

Menor capacidad del aparato productivo para absorber la fuerza de trabajo.

Tendencia decreciente del empleo formal y creciente del desempleo disfrazado.

Industria manufacturera con poca capacidad para absorber empleos.

Empleos con bajos niveles de ingreso.

Creciente pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo.

Desigual distribución del ingreso.

Mayor penetración de exportaciones sustentada en menores costos salariales.

— Medio Ambiente y Recursos Naturales

Tendencia descendente del gasto real ejercido en el sector (en el lapso 2012-2016).


Elevados costos por el deterioro ambiental.

Descendente disponibilidad de agua.

Baja cobertura en el suministro de agua potable y alcantarillado.

Rezago en el saneamiento de aguas residuales.

Capacidad instalada subutilizada en el tratamiento de agua.

Limitada producción nacional de productos forestales.

Balanza comercial forestal deficitaria.

Disminución de la reforestación a nivel nacional.

Riesgo elevado por la expulsión de residuos al ambiente.

Deterioro de la calidad del aire.

Efectos adversos del cambio climático.

Biodiversidad en riesgo.

— Energía

Elevados recursos presupuestarios destinados al sector energía.

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Reducción del gasto de PEMEX (en 2016), en un contexto de tendencia creciente del presupuesto real.

Tendencia descendente del gasto real ejercido por la CFE (en el lapso 2012-2016).

Baja contribución de los ingresos petroleros al Estado.

Aumento en la deuda de largo plazo de PEMEX asociada fundamentalmente a los PIDIREGAS.

Resultados satisfactorios por adquisición de cobertura petrolera.

Baja producción de petróleo crudo.

Producción de petrolíferos a la baja.

Disminución en la elaboración de petroquímicos.

Creciente importación de gasolina.

Rondas de licitación petrolera: resultados inciertos a tres años de la reforma energética.

Pensiones excesivas a empleados de PEMEX.

Capacidad efectiva de los productores independientes de energía (PIE).

Se reducen los pagos de pensiones en la CFE.

Creciente deuda de Pidiregas a largo plazo de la CFE que se mantiene como pasivo contingente.

— Turismo

Significativa disminución del presupuesto real ejercido (en 2016).

Gasto ejercido concentrado en el programa Promoción de México como Destino Turístico.

Comportamiento opuesto entre el gasto público y el PIB turístico.

Reducida contribución al crecimiento económico.

Crecimiento del sector dependiente de los servicios de alojamiento temporal.

Montos crecientes de inversión privada.

Notable concentración de la inversión en la construcción.

Descenso de la inversión extranjera directa en el sector.

Inversión Extranjera Directa concentrada en un solo país; en dos entidades federativas, y en servicios de alojamiento temporal.

Concentración de establecimientos de alojamiento y cuartos en pocas entidades federativas.

Creciente oferta y ocupación hotelera en los principales destinos turísticos.

Concentración de cuartos disponibles en los Centros de Playa.

Crecimiento marginal en el porcentaje de ocupación hotelera de los Centros de Playa.

Creciente oferta de cuartos y porcentaje de ocupación en las Grandes Ciudades.

Creciente porcentaje de ocupación hotelera en las Ciudades del Interior.

Creciente porcentaje de ocupación hotelera en las Ciudades Fronterizas.

Bajo índice de marginación en los Pueblos Mágicos.

Crecimiento marginal en la llegada de turistas y modificación de la cuenta viajeros.

Llegada de turistas concentrada en dos países.

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Mayor atracción turística y derrama de divisas.

Crecientes ingresos turísticos por divisas.

Incremento en el gasto promedio por visitantes internacionales.

Concentración en la llegada de turistas en pocos destinos de sol y playa.

La inseguridad afecta negativamente la demanda turística.

Permanente superávit en el sector.

Bajo nivel de financiamiento al sector turismo.

Mejora en la posición del Índice de Competitividad de Viajes y Turismo.

Pilares de la competitividad turística rezagados.

— Ciencia y Tecnología

Tendencia creciente del gasto real ejercido (en el lapso 2012-2016).

Gasto insuficiente en investigación científica y desarrollo experimental (GIDE).

Limitaciones en el gasto nacional en ciencia, tecnología e innovación (GNCTI).

Comportamiento cíclico del gasto federal en ciencia y tecnología (GFCyT).

Desventaja en el rubro de capital humano.

Limitaciones del sistema nacional de investigadores (SNI).

Baja productividad en la publicación de artículos científicos.

Déficit crónico de la balanza de pagos tecnológica.

Balanza de pagos de bienes de alta tecnología (BAT) deficitaria.

Productividad desfavorable en el registro de patentes.

Elevada relación de dependencia con el exterior.

Limitado coeficiente de inventiva.

Reducida tasa de difusión

Baja competitividad a nivel internacional.

— Desarrollo Agrario

Tendencia creciente del gasto real ejercido (en el lapso 2012-2016).

Dilación del ordenamiento territorial.

Modernización de registros públicos de la propiedad y catastros.

Conflictos agrarios.

Moderado gasto federal destinado a programas para la superación de la pobreza.

Empobrecimiento del sector rural y urbano.

Déficit habitacional.

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Gasto Federalizado

— Fondo General de Participaciones

Representó en el 2016 un monto de recursos de 504 mil 518.7 millones de pesos, que representó el 72.7% del total de las Participaciones.

Registró un importante incremento de 14 mil 669.1 millones de pesos, siendo mayor en 3.0% con relación a lo aprobado para este periodo. Lo anterior, se debió al incremento en el RFP por concepto de Ingresos Tributarios, que fueron superiores a lo esperado en 264 mil 297.6 millones de pesos, logrando compensar la caída de los Ingresos Petroleros participables en 121 mil 488.1 millones de pesos.

A su interior, el incremento en los Ingresos Tributarios fueron consecuencia, en mayor medida, del aumento en el Impuesto sobre la Renta (ISR) y en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), al colocarse arriba de lo previsto en 149 mil 206.2 y 69 mil 553.8 millones de pesos, en ese orden. Éste último registró un incremento de 75 mil 376.1 millones de pesos en el IEPS de Gasolinas Federal.

— Fondo de Fomento Municipal

Registraron recursos mayores a lo esperado en 884.1 millones de pesos

— Participaciones para Municipios que realizan Comercio Exterior

Registraron recursos mayores a lo esperado en 120.2 millones de pesos.

— Incentivos del IEPS a la Venta Final de Diésel y Gasolina

Registraron un incremento de 1 mil 384.4 millones de pesos.

— Impuesto Especial sobre Automóviles Nuevos (ISAN)

Reportan un aumento de 1 mil 771.0 millones de pesos, monto equivalente a un crecimiento de 24.3%.

— Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE)

Creado en apoyo a las Entidades Federativas para el cumplimiento de sus funciones en materia de educación básica y normal.

Para 2016 se suministraron 391 mil 974.9 millones de pesos, monto que representó una disminución de 1 mil 266.8 millones de pesos (-0.3%), respecto a los 393 mil 241.7 millones de pesos del presupuesto aprobado.

De los recursos destinados al FONE; el 33.5% se repartió en: Estado de México, con 35 mil 290.8 millones de pesos (9.9%); Veracruz, con 26 mil 952.3 millones de pesos (7.6%);

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Oaxaca, con 21 mil 209.1 millones de pesos (6.0%); Michoacán, con 17 mil 768.0 millones de pesos (5.0%) y Jalisco, con 17 mil 748.9 millones de pesos (5.0%).

— Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

Creado para transferir a las Entidades Federativas el control sobre los recursos humanos, financieros y materiales; así como las atribuciones, decisiones y responsabilidades en materia de salud.

El monto ejercido al FASSA ascendió a 85 mil 838.8 millones de pesos, 4.1% respecto al presupuesto aprobado.

El 32.0 % del Fondo fue entregado al Estado de México, con 9 mil 155.6 millones de pesos (10.7%); Veracruz, con 5 mil 728.5 millones de pesos (6.7%); Guerrero, con 4 mil 372.4 millones de pesos (5.1%); Jalisco, con 4 mil 261.0 millones de pesos (5.0%) y la Ciudad de México (D.F.), con 3 mil 977.0 millones de pesos (4.6%).

— Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

El objetivo es financiar obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.

Su presupuesto ejercido para 2016 fue de 61 mil 419.6 millones de pesos.

Los estados más beneficiados con el 53.8% de los recursos para este Fondo fueron: Chiapas con 10 mil 522.1 millones de pesos (17.1%), Veracruz 6 mil 378.9 millones de pesos (10.4%), Oaxaca con 6 mil 011.6 millones de pesos (9.8%), Guerrero con 5 mil 196.1 millones de pesos (8.5%) y Puebla con 4 mil 908.8 millones de pesos (8.0%).

— Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)

El objetivo es satisfacer los requerimientos de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura y a la atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes.

La asignación de recursos correspondientes al Fondo fue por 62 mil 218.5 millones de pesos.

El 40.2 % del Fondo se radicó en cinco Entidades Federativas, de la siguiente manera: México, con 8 mil 587.3 millones de pesos (13.8%); Ciudad de México (D.F), con 5 mil 155.1 millones de pesos (8.3%); Veracruz, con 4 mil 092.1 millones de pesos (6.6%); Jalisco, con 4 mil 035.5 millones de pesos (6.5%) y Puebla con 3 mil 150.8 millones pesos (5.1%).

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— Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

El FAM se compone de tres vertientes o sub-fondos, con el fin de abarcar en mayor medida las necesidades en Asistencia Social, Infraestructura Educativa Básica e Infraestructura Educativa Media Superior y Superior.

La asignación de recursos correspondientes al Fondo fue por 19 mil 765.8 millones de pesos.

El 34.6% del Fondo se radicó en cinco Entidades Federativas, de la siguiente manera: México, con 1 mil 922.4 millones de pesos (9.7%); Chiapas, con 1 mil 395.7 millones de pesos (7.1%); Veracruz, con 1 mil 279.3 millones de pesos (6.5%); Puebla, con 1 mil 207.4 millones de pesos (6.1%) y Oaxaca, con 1 mil 027.9 millones de pesos (5.2%).

— Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

El monto de este fondo se determina en el PEF.

Los recursos ejercidos por el FAETA se ubicaron en el orden de los 6 mil 139.7 millones de pesos, en 2016.

El 34.4% del Fondo se radicó en cinco Entidades Federativas, de la siguiente manera: México, con 719.5 millones de pesos (11.7%); Veracruz, con 382.0 millones de pesos (6.2%); Jalisco, con 353.0 millones de pesos (5.7%); Guanajuato, con 336.7 millones de pesos (5.5%) y Chiapas, con 318.3 millones de pesos (5.2%).

— Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

(FASP)

Creado para realizar acciones y programas específicos mediante la inversión conjunta con el Gobierno Federal, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de destinar los recursos a la atención de los ejes estratégicos aprobados por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para 2016 el presupuesto ministrado al FASP se ubicó en 7 mil 000.0 millones de pesos.

Las Entidades con el mayor número de estos recursos se repartió en México, con 492.3 millones de pesos (7.0%); Ciudad de México (D.F), con 450.3 millones de pesos (6.4%), Chiapas, con 312.0 millones de pesos (4.5%); Jalisco, con 309.6 millones de pesos (4.4%) y Baja California, con 307.8 millones de pesos (4.4) %.

— Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

A través del FAFEF se entregaron en 2016, a los gobiernos locales recursos por el orden de 33 mil 995.2 millones de pesos.

Los estados con mayores recursos entregados fueron: México, con 4 mil 888.5 millones de pesos (14.4%); Veracruz, con 2 mil 257.3 millones de pesos (6.6%); Jalisco, con 2 mil 114.2 millones de pesos (6.2%); Chiapas, con 2 mil 095.6 millones de pesos (6.2%) y la Ciudad de México (D.F), con 1 mil 900.3 millones de pesos (5.6%).

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— Comportamiento y estructura de la deuda subnacional

La necesidad de recursos para el financiamiento de un mayor gasto público es el principal elemento que explica el crecimiento de la deuda estatal y municipal.

De 2008 a 2016, el endeudamiento subnacional creció a una tasa promedio real anual de 9.8%. A 2016, el saldo de la deuda pública de las Entidades Federativas y Municipios ascendió 568 mil 591.9 millones de pesos, con una variación real respecto de 2008 de 107.3%, en términos nominales esto significó un incremento de 365 mil 521.7 millones de pesos.

Las entidades federativas concentraron el 84.6% de la deuda total, lo que representa una variación de 23.1 puntos porcentuales respecto de 2008 (61.5%).

Las Entidades Federativas con mayor nivel de deuda son: la Ciudad de México, con 72 mil 911.9 millones de pesos; Nuevo León, con 66 mil 194.5 millones de pesos; Chihuahua, con 48 mil 489.7 millones de pesos; Veracruz, con 47 mil 036.6 millones de pesos; y Estado de México, con 45 mil 979.2 millones de pesos, las cuales suman 280 mil 611.9 millones de pesos, lo que representa el 49.7% del total de la deuda subnacional.

— Dependencia del crecimiento de la deuda subnacional de las garantías de las

Participaciones Federales

El porcentaje de las obligaciones financieras y las participaciones federales en el periodo 2006 a 2016 pasó de 48.6% a 82.0%, lo cual implica un aumento de 33.4 puntos porcentuales, alcanzando su mayor proporción en 2013 con 90.7%, y su menor proporción en 2008 con 48.0%.

Entre las entidades con mayores obligaciones financieras respecto a participaciones se encuentran: Quintana Roo, con 390.7%; Nuevo León, con 300.9%; Chihuahua, con 287.2%; Coahuila, con 283.3%; y Sonora, con 265.2%.

— Indicadores de la Deuda Pública Subnacional

Al primer trimestre de 2017, en los indicadores de deuda a nivel estatal destacan Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Sonora, Veracruz, Michoacán, Ciudad de México y Zacatecas con valores elevados, en Deuda/Participaciones superior al 100.0% y hasta 284.8%."

En los Municipios, sobresalieron los de Quintana Roo y Baja California, que en el indicador Deuda/Participaciones ascendieron a 125.3% y 104.6%, respectivamente, y en Deuda/PIBE a 1.0% y 0.9%, mayores que el promedio nacional de 0.3%.

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3. Conclusiones derivadas del trabajo de análisis al Informe General 2016

3.1. Sobre el cumplimiento del marco jurídico

Una vez concluido el proceso de análisis técnico y normativo a los 1 mil 865 informes individuales de auditoría (IIA), así como al Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2016 (IGECP 2016), es factible señalar que en términos generales los informes correspondientes a las auditorías practicadas por la ASF a las entidades vinculadas a los grupos funcionales de Gobierno, Gasto Federalizado, Desarrollo Social y Desarrollo Económico, atendieron las disposiciones generales establecidas en el marco legal y normativo aplicable.

Se considera que los 1 mil 865 IIA, así como el IGECP 2016 atienden las disposiciones legales que regulan la formulación, presentación y contenido de conformidad con lo establecido en los artículos 74 fracción VI y 79, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59 y 89 fracción XVI y XVII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF).

Asimismo, los informes de auditoría emitidos permiten observar de forma clara el análisis al presupuesto asignado, sus criterios de selección, el objetivo y tipo de auditoría, el alcance de cada una de ellas, el universo seleccionado y la muestra auditada.

Respecto de la inclusión de los nombres de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación a cargo de realizar la auditoría (artículo 36, fracción II de la LFRCF), de la muestra revisada por esta Unidad, solo se encontraron los nombres de los Directores Generales y Directores de Área, pero no de los auditores que realizaron la auditoría, por lo que se considera que no se está dando cumplimiento puntual a lo establecido en el artículo antes referido.

La ASF dio cuenta a la Cámara de las observaciones y acciones promovidas (preventivas y correctivas); así como de la imposición de las multas y demás acciones derivadas de los resultados de las auditorías practicadas en la revisión de la Cuenta Pública 2015; de igual forma, incluyó en los informes el dictamen de auditoría correspondiente y las justificaciones y determinaciones para los casos en los que no se emitió opinión, aunque no se emitió en todos los casos la naturaleza o sentido del dictamen.

No se reportaron denuncias de hechos (DH) correspondientes a la Cuenta Pública 2016, de conformidad con el artículo 36, fracción V, de la LFRCF.

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3.2. Sobre la numeralia de la fiscalización superior

Auditorías practicadas Derivado del reporte de la tercera entrega de informes individuales de auditorías correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, entregado por la ASF a la Comisión el pasado 20 de febrero, se constató la práctica de 699 auditorías, que, sumadas a las 502 y las 664 auditorías reportadas con anterioridad en junio y octubre, respectivamente, hacen un total de 1 mil 865 auditorías practicadas por el órgano auditor, con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, lo que significó un incremento de 13.5% respecto del número de auditorías practicadas para la revisión de la Cuenta Pública 2015 (1 mil 643 auditorías practicadas).

Con relación a la tercera entrega de auditorías, que suman 699, la ASF reporta que 655 auditorías fueron de tipo cumplimiento financiero (vs. 430 y 624 en la primera y segunda entrega, respectivamente), 38 de desempeño (vs 72 y 38) y las seis evaluaciones de políticas públicas programadas para la revisión global de la Cuenta Pública 2016. Cabe señalar que los dos estudios programados para la revisión de la Cuenta Pública 2016, fueron presentados en la segunda entrega el pasado mes de octubre.

1era entrega

502 informes de auditoría

30 junio 2017

2da entrega


31 octubre 2017

3ra entrega


20 febrero 201826.9%

35.6%

37.5%

Total

1 mil 865

auditorías

36



Considerando las 1 mil 865 auditorías de la Cuenta Pública 2016, se contabilizan 1 mil 709 auditorías de cumplimiento financiero y 148 auditorías de desempeño, dos estudios y seis evaluaciones de políticas públicas. En el Informe General 2016 también se reportaron revisiones realizadas a otras cuentas públicas: ocho que corresponden a la Cuenta Pública 2015 que fueron realizadas por mandato judicial y seis que corresponden a las cuentas públicas 2014 y 2015 que fueron realizadas al amparo del título cuarto (“De la fiscalización durante el ejercicio fiscal en curso o de ejercicios anteriores”) de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (véase pág. 205 del documento “Informe General Ejecutivo. Cuenta Pública 2016”).

Cobertura de la fiscalización La cobertura de entes públicos fiscalizados de los tres poderes de la nación (legislativo, judicial y ejecutivo) y órganos autónomos fue de 137 entes públicos (mismo número que en la revisión de la CP 2015), a los cuales se les practicaron 504 auditorías, e incluyen dos entidades auditadas del Poder Legislativo (con tres auditorías practicadas); dos del Poder Judicial (10 auditorías practicadas); 124 entidades del Poder Ejecutivo 468 auditorías practicadas); y nueve órganos autónomos que fueron objeto de 23 auditorías. Considerando adicionalmente a las 31 entidades federativas y la Ciudad de México (con 632 auditorías practicadas), los 343 municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (687 auditorías practicadas), así como 41 instituciones públicas de educación superior revisadas (objeto de 42 auditorías), la cobertura de fiscalización total fue de 553 entes fiscalizados, a quienes se les practicaron un total de 1 mil 865 auditorías.

Realizadas (%) Realizadas (%) Realizadas (%)

Total 1,659 100.0 1,643 100.0 1,865 100.0

Desempeño 149 9.0 149 9.1 148 7.9

Auditorías de Regularidad 1/ 1,497 90.2 1,471 89.5 1,709 91.6

Evaluación de Políticas Públicas 8 0.5 8 0.5 6 0.3

Estudios 5 0.3 15 0.9 2 0.1

AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA ASF EN LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2014-2016


Grupo/TipoAuditorías 2014 Auditorías 2015

1/. Incluye auditorías de cumplimiento financiero, financieras con enfoque de desempeño, de inversiones físicas, forenses, de tecnologías de la

información y comunicaciones, control interno y de situación excepcional.

Auditorías 2016

37



Por grupo funcional, se tiene que funciones de Gobierno fue objeto de 131 auditorías a 40 entidades en la revisión de la Cuenta Pública 2016 (41 auditorías practicadas en la tercera entrega) de 10 sectores y órganos autónomos. Particularmente, el sector Hacienda y Crédito Público, que forma parte del grupo funcional Gobierno, fue objeto de 68 auditorías a 14 entidades. Las 131 auditorías representaron el 7.0% de las 1 mil 865 auditorías. Por su parte, funciones de Desarrollo Económico fue objeto de 223 revisiones (84 auditorías practicadas en la tercera entrega) en la fiscalización superior de la cuenta Pública 2016 practicadas a 50 entidades agrupadas en 11 sectores. Las 223 revisiones representaron el 12.0% del total de auditorías. Funciones de Desarrollo Social fue objeto de 121 auditorías (44 auditorías practicadas en la tercera entrega) que fueron practicadas a 56 entidades de cinco sectores y entidades no coordinadas. Las 121 auditorías representan el 6.5% del total de auditorías. Gasto Federalizado, por su parte, fue objeto de 1 mil 390 revisiones (530 auditorías en la tercera entrega) en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, lo que equivale a 74.5% del total de auditorías. El total de auditorías a Gasto Federalizado incluye 1,369 auditorías que corresponden a la revisión del Gasto Federalizado (Gasto Programable y Participaciones Federales), cuatro auditorías que corresponden a las tecnologías de la información, 2 auditorías forenses de Convenios de Coordinación y Colaboración, ocho auditorías a financiamiento público y siete de temáticas diversas.

Sujetos de Auditoría Universo RevisadoAuditorías

Practicadas% de Cobertura

Total de Entidades Fiscalizadas 3,310 553 1,865 16.7

Entidades Federativas y Ciudad de México 32 32 632 100.0

Municipios y Órganos Político-Administrativos del

Distrito Federal2,462 343 687 13.9

Instituciones Públicas de Educación Superior 494 41 42 8.3

Subtotal 322 137 504 42.5

Poder Legislativo 2 2 3 100.0

Poder Judicial 3 2 10 66.7

Poder Ejecutivo: 305 124 468 40.7

Dependencias 21 20 189 95.2

Entidades Coordinadas Sectorialmente 188 72 164 38.3

Entidades No Coordinadas Sectorialmente 10 5 25 50.0

Órganos Desconcentrados 86 27 90 31.4

Órganos Autónomos 12 9 23 75.0

COBERTURA DE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016


38



Las entidades más fiscalizadas por grupo funcional fueron:

Desarrollo Social 121 (equivalente a 6.5% del

total de audiotrías)

Gobierno 131

(equivalente a 7.0% del total de auditorías)

Desarrollo Económico 223


Gasto Federalizado 1,390


Gobierno

- SHCP, 30 auditorías practicadas

- SAT, 12 auditorías practicadas

- Consejo de la Judicatura Federal, 9 auditorías practicadas

- SEGOB, 8 auditorías practicadas

Desarrollo Económico

- SCT, 35 auditorías practicadas

- CONAGUA, 29 auditorías practicadas

- SAGARPA, 18 auditorías practicadas

- Grupo Aeroportuario de la CDMX, S.A. de C.V., 15 auditorías practicadas

- Pemex, 13 auditorías practicadas

Desarrollo Social

- SEP, 23 auditorías practicadas

- IMSS, 12 auditorías practicadas

- SEDESOL, 10 auditorías practicadas

- SS, 7 auditorías practicadas

- ISSSTE, 7 auditorías practicadas

Gasto Federalizado

-Chihuahua, 48 auditorías practicadas

-México, 45 auditorías practicadas

-Jalisco, 44 auditorías practicadas

- Veracruz, 44 auditorías practicadas

CDMX, 43 auditorías practicadas

- Coahuila, 43 auditorías practicadas

-Nuevo León, 43 auditorías practicadas

-Sonora, 43 auditorías practicadas

39



Observaciones-Acciones Derivado de las auditorías practicadas con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2016 y con base en la información de la Matriz de Datos Básicos del Informe correspondiente, la ASF determinó un total de 8 mil 069 observaciones (vs. 6 mil 491 observaciones derivadas la revisión de la Cuenta Pública 2015), que dieron cauce a la promoción de 10 mil 346 acciones (vs 9 mil 472 acciones en la revisión de la Cuenta Pública 2015), de las que se cuentan 4 mil 439 acciones preventivas (42.9%) y 5 mil 907 correctivas (57.1%).

Por el lado de las acciones preventivas, con motivo de la fiscalización superior de la CP 2016 se emitieron 3 mil 264 recomendaciones (vs 2 mil 735 recomendaciones en la revisión de la CP 2015) y 1 mil 175 recomendación al desempeño (vs 1 mil 207 recomendaciones al desempeño en la revisión de la CP 2015).1 Por su parte, de las acciones correctivas, se contabilizaron 2 mil 504 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (vs 2 mil 400 PRAS en la revisión de la CP 2015); 2 mil 557 pliegos de observaciones (vs 2 mil 662 PO en la CP 2015); 643 solicitudes de aclaración (vs 377 SA en la CP 2015); 184 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal (vs. 73 PEFCF en la CP 2015); y 19 Multas (vs 18 M en la CP 2015).

1 La normativa aplicable para la fiscalización superior de la CP 2016 ya no considera a las recomendaciones al desempeño, no obstante, la ASF hace la distinción para fines comparativos.

Absolutos % Absolutos % Absolutos %

Auditorías practicadas 1,659 1,643 1,865

Observaciones 6,346 6,491 8,069

Acciones Promovidas 8,245 100.0 9,472 100.0 10,346 100.0

Preventivas 3,365 40.8 3,942 41.6 4,439 42.9

R 2,233 27.1 2,735 28.9 3,264 31.5

RD 1,132 13.7 1,207 12.7 1,175 11.4

Correctivas 4,880 59.2 5,530 58.4 5,907 57.1

SA 1,207 14.6 377 4.0 643 6.2

PEFCF 75 0.9 73 0.8 184 1.8

PRAS 1,871 22.7 2,400 25.3 2,504 24.2

PO 1,639 19.9 2,662 28.1 2,557 24.7

M 88 1.1 18 0.2 19 0.2

R. Recomendación.

RD. Recomendación al Desempeño.

SA. Solicitud de Aclaración.

PEFCF. Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal.

PRAS. Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

PO. Pliego de Observaciones.

M. Multa.


OBSERVACIONES-ACCIONES PROMOVIDAS POR LA ASF EN LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2014-2016

Concepto2014 2015 2016

40



Por grupo funcional, las entidades con mayor número de acciones emitidas fueron: Gobierno


Desarrollo Social

SHCP 184 acciones emitidas

SRE 74 acciones emitidas

SAEB 56 acciones emitidas

SEGOB 54 acciones emitidas

SAT 54 acciones emitidas

INE 43 acciones emitidas

CJF 42 acciones emitidas

SCT 404 acciones emitidas

SAGARPA 242 acciones emitidas

CONAGUA 213 acciones emitidas

Pemex 170 acciones emitidas

Pemex EyP 157 acciones emitidas

SEDATU 116 acciones emitidas

Pemex TI 108 acciones emitidas

SEP 276 acciones emitidas

SEDESOL 215 acciones emitidas

IMSS 156 acciones emitidas

ISSSTE 68 acciones emitidas

IMJUVE 50 acciones emitidas

UA Chapingo 46 acciones emitidas

INBAL 42 acciones emitidas

CNDPI 42 acciones emitidas

41



Gasto Federalizado

Con base en los datos reportados de las auditorías practicadas, la cobertura de fiscalización y las observaciones-acciones emitidas, se tiene que, en promedio, la ASF determinó 4.3 observaciones por auditoría (vs. 3.95 observaciones por auditoría en la revisión pasada) y promovió 5.5 acciones por revisión (vs. 5.8 acciones en la revisión anterior). Asimismo, la ASF determinó en promedio, 14.6 observaciones y 18.7 acciones por entidad fiscalizada. Y en promedio cada entidad fiscalizada fue sujeta de 3.4 revisiones.

Recuperaciones determinadas

Respecto de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, al mes de mayo de 2018 se reportan recuperaciones operadas por 8 mil 906.7 millones de pesos, suma que podría incrementarse por la existencia de PO pendientes de solventar. Considerando las recuperaciones operadas desde la fiscalización de la Cuenta Pública 2000 hasta la de 2016, se reporta un monto total de 128 mil 384.7 millones de pesos, cifra a incrementarse por las recuperaciones que se encuentran en proceso de resarcimiento o aclaración.

Nayarit 276 acciones emitidas

Michoacán 259 acciones emitidas

Baja California Sur 230 acciones emitidas

México 219 acciones emitidas

Baja California 213 acciones emitidas

Durango 200 acciones emitidas

Veracruz 200 acciones emitidas

Cuenta Pública Determinadas Operadas AclaradasPor recuperar o

aclarar

2016 116,977.0 8,906.7 4,693.0 103,377.3

2015 67,676.2 3,601.2 13,888.3 50,186.7

2014 60,136.7 6,415.6 16,207.7 37,513.4

2013 80,426.0 9,021.9 38,381.9 33,022.1

2012 59,524.3 17,877.6 22,289.6 19,357.0

2011 54,247.0 14,466.9 31,145.4 8,634.7

2010 56,026.5 11,504.0 38,878.0 5,644.5

2009 59,731.0 12,333.5 44,761.1 2,633.4

2008 50,668.3 8,879.9 38,863.8 2,924.7

2007 56,274.3 5,464.7 48,496.1 2,313.5

2006 32,331.0 2,914.2 28,423.7 993.1

2005 22,064.1 1,916.2 17,099.6 3,048.4

2004 29,203.8 7,087.1 21,036.0 1,080.7

2003 7,112.5 2,768.1 4,284.3 60.2

2002 73,861.4 964.5 72,848.1 48.9

2001 19,792.7 11,097.1 8,693.4 2.3

2000 5,253.4 3,165.5 2,087.9 0.0

TOTAL 851,306.2 128,384.7 452,077.9 270,840.9

Estatus de las recuperaciones 2000-2016(Millones de pesos)

Fuent e: Elabo rado por la U EC co n d at os del Sist ema Púb lico de C o nsult a de

A ud it o rí as

42



Los mayores montos de recuperaciones operadas en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, derivan de las siguientes entidades:

Solo estas siete entidades fiscalizadas concentran el 66.3% del total de las recuperaciones que han sido operadas al mes de mayo de 2018 con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016.

3.3. Sobre el Informe General 2016 y su consistencia con el PAAF 2016

De acuerdo con el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 2016 (PAAF 2016) se programaron un total general de 1 mil 865 revisiones: 1 mil 857 auditorías, 2 estudios y 6 evaluaciones, distribuidas entre Gasto Federalizado (1 mil 319), Desarrollo Económico (221), Desarrollo Social (180), y Gobierno (145).

Las tres entregas de los informes individuales de auditorías correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 sumaron un total de 1 mil 865 informes individuales, tal como se determinó en el PAAF 2016; sin embargo, por grupo funcional, se presentaron variaciones.

La variación que presenta el grupo funcional de Gobierno se debe a que en el PAAF 2016 se consideraron 145 auditorías, sin embargo, en la presentación del IGE 2016, solo se

SAGARPA 84.3 millones de pesos

Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 52. 1 millones de pesos

Pemex Exploración y Producción 4,113.2 millones de pesos

Estado de México 1,294.3 millones de pesos

Chiapas 134.8 millones de pesos

Coahuila 116.0 millones de pesos

Morelos 106.4 millones de pesos

PAAF IGE Variación PAAF IGE Variación PAAF IGE Variación PAAF IGE Variación PAAF IGE Variación

Desempeño 46 45 -1 51 51 0 51 52 1 0 0 0 148 148 0

Financiera y de

Cumplimiento*80 67 -13 112 53 -59 90 91 1 1,276 1,347 71 1,558 1,558

0

Inversiones Fisicas 13 13 0 8 8 0 74 74 0 41 41 0 136 136 0

Forenses 1 1 0 7 7 0 5 5 0 2 2 0 15 15 0

Estudios y

Evaluaciones5 5 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 8 8

0

Total 145 131 -14 180 121 -59 221 223 2 1,319 1,390 71 1,865 1,865 0

Gasto

FederalizadoTotal

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del PAAF 2016 y del Sistema Público de Consulta de Auditorías

*Incluye las auditorías financieras con enfoque de desempeño.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2016

PROGRAMADAS (PAAF 2016) VS PRACTICADAS (IGE 2016)

Gobierno Desarrollo SocialDesarrollo

Eoconómico

43



presentaron 131 auditorías, debido a que las restantes 14 auditorías se vincularon a otros grupos funcionales: 4 a Desarrollo Económico, y 10 a Gasto Federalizado. Es importante señalar que son las mismas auditorías, solo cambia el grupo funcional al que fueron asignadas.

La diferencia de 59 auditorías que se observa en el grupo funcional de Desarrollo Social se debe a que en la presentación del IGE 2016 se concentraron en Gasto Federalizado.

Por su parte la variación positiva de 2 auditorías en el grupo funcional de Desarrollo Económico se debe a dos movimientos. El primero es la disminución de 2 auditorías que en el PAAF 2016 se vincularon a Desarrollo Económico y en el IGE 2016 se vincularon a Gasto Federalizado, y la segunda es porque 4 auditorías que en el PAAF 2016 se vincularon a Gobierno, en el IGE 2016 se vincularon a Desarrollo Económico.

Consecuentemente la variación de 71 auditorías en Gasto Federalizado se explica a razón de que en la entrega del IGE 2016 se presentaron 10 auditorías que en el PAAF se vinculaban a Gobierno; 59 que se encontraban en Desarrollo Social; y 2 que se encontraban en Desarrollo Económico.

Por otro lado, destaca el hecho de que el Sistema Público de Consulta de Auditorías no diferencia entre auditorías Financieras y de Cumplimiento y las auditorías Financieras con Enfoque de Desempeño. Lo mismo sucede en el caso de los Estudios y las Evaluaciones de Políticas Públicas. En la búsqueda de las revisiones realizadas con motivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, el sistema arroja un total global de 1,865 revisiones realizadas: 148 auditorías de Desempeño; 8 Estudios; 1,558 Financieras y de Cumplimiento; 15 forenses y 36 de Inversiones Físicas. Sin especificar

PAAF 2016 IGE 2016 (a) Variación (b) Explicación de la variación Total (a+b)

4 Desarrollo Económico

10 Gasto Federalizado145

Gobierno

145

Gobierno

131

Gobierno-14

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del PAAF 2016 y del IGE 2016

PAAF 2016 IGE 2016 (a) Variación (b) Explicación de la variación Total (a+b)

Desarrollo Social

180180 121 -59


59 Gasto Federalizado

PAAF 2016

Desarrollo

Eocnómico

IGE 2016

Gasto Federalizado

PAAF 2016

Gobierno

IGE 2016

Desarrollo

Económico

Variación

positiva

221 2 219 4 223 2



- = + =

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cuántas son Financieras con Enfoque de Desempeño y cuántas Evaluaciones de Política Pública.

Es relevante señalar que el PAAF 2016 presentó en el curso del año 2017 y hasta el 2018 7 modificaciones desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de enero de 2017, situación que no se había presentado en años anteriores. Así, las fechas de modificaciones del PAAF 2016 publicadas en el DOF fueron:

Número de modificación

Fecha de publicación en el DOF

1 era 04 mayo 2017

2da 01 Junio 2017

3ra 13 julio 2017

4ta 17 agosto 2017

5ta 08 Septiembre 2017

6ta 07 Noviembre 2017

7ma 21 de Diciembre 2017

Entre las principales modificaciones que sufrió el PAAF 2016 destacan las seis auditorías forenses que fueron adicionadas:

1793-DS para la revisión de la Universidad Politécnica de Quintana Roo (primera modificación 04/05/17).

1792-DE para revisar la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (primera modificación 04/05/17).

1791-DD-GB para revisar el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (primera modificación 04/05/17).

1794-DS-GF para revisar la Televisora de Hermosillo S. A. de C.V. (primera modificación 04/05/17).

1872-DE para revisar la Agencia de Servicios de Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (tercera modificación 13/07/17)

1875-GB para revisar Prevención y Readaptación Social (cuarta modificación 17/08/17)

Los resultados de estas auditorías fueron reportados el 20 de febrero de 2018 (tercera etapa).

Se concluye que, en términos numéricos generales, no se observó variación alguna entre las auditorías programadas y las practicadas (IGE 2016). Sin embargo, como se señaló anteriormente, se presentan variaciones en el total de auditorías por grupo funcional, debido a que algunas de las auditorías que en el PAAF 2016 se encontraban vinculadas a Gobierno (14), Desarrollo Económico (2) y Desarrollo Social (59), en la presentación del IGE 2016, se agruparon en otros grupos funcionales, empero, son las mismas.

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3.4. Sobre las áreas clave de riesgo determinadas por la ASF

Áreas clave con riesgo en la gestión del sector público La ASF considera cinco áreas que estima relevantes dentro de la operación del sector gubernamental mexicano y que, desde la perspectiva institucional, constituyen temas que presentan factores, de distinta índole, que propician recurrencia de observaciones de auditoría y que tienen un impacto económico y social considerable. A continuación, se mencionan:

I. Contrataciones al amparo del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP)

Las contrataciones entre dependencias y entidades públicas suponen condiciones favorables para el Estado al no tener como objetivo la generación de utilidades ni la ganancia económica. De hecho, bajo esta lógica, el artículo 1° referido contempla una excepción para la asignación directa de este tipo de contratos. Las contrataciones que se pretendan realizar al amparo de dicho artículo están obligadas a cumplir con el artículo 134 constitucional, de manera que los recursos erogados se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Sin embargo, desde la Cuenta Pública 2012, la ASF ha señalado a estas contrataciones como un factor que pone en riesgo la adecuada utilización de los recursos públicos. Con base en la fiscalización practicada a la Cuenta Pública 2016, la ASF sigue considerando a las contrataciones realizadas entre dependencias y entidades públicas, al amparo del artículo 1º de la LAASSP, como un área que registra recurrencia de prácticas que propician desvío de recursos públicos. Este tipo de prácticas afectan la imagen de la gestión gubernamental cuando no existe evidencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante con una patente desviación de recursos y también tiene un efecto social negativo, especialmente en el caso de los recursos que fueron asignados a este tipo de contrataciones y que forman parte de programas vinculados con el desarrollo social. Un ejemplo de lo anterior, identificado por la fiscalización, se refiere a algunas de las adquisiciones —realizadas al amparo del artículo 1° de la LAASSP— correspondientes al lanzamiento de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNcH). Independientemente de que se realice una adjudicación directa con alguna entidad pública, la LAASSP señala que el proveedor debe acreditar que cuenta con la competencia técnica necesaria para cubrir directamente, por lo menos, el 51 por ciento del monto total del contrato. Es decir, este ente debe contar con los recursos materiales, humanos y técnicos antes de suscribir el contrato, con el objeto de que las subcontrataciones, en caso de existir, no sean mayores al 49 por ciento. En diversas auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2016, la ASF identificó que esta disposición legal no es observada. En estas contrataciones se genera un ambiente de discrecionalidad que, a su vez, propicia situaciones de riesgo de fraude y corrupción, ya que no se cuenta con los controles

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contemplados en los procesos de licitaciones públicas. La cadena de subcontrataciones que se ha identificado en estas operaciones complica la trazabilidad de los recursos erogados por la entidad pública contratante. Destacan los casos de la revisión a la gestión financiera del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA Rural) (auditoría 303-DE), donde se determinó que dicha Asociación Civil carece de capacidad técnica para prestar directamente los servicios requeridos por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado de Querétaro, la CONAPESCA y SAGARPA. Como consecuencia INCA Rural subcontrató a universidades públicas, personas físicas, organismos internacionales y organizaciones civiles (estas últimas fungen como beneficiarias de los programas gestionados por el instituto). Dichas instancias subcontrataron, a su vez, a proveedores dado que no contaban con la capacidad técnica para prestar los servicios requeridos a INCA Rural. Al respecto, la ASF recomienda que se revisen los objetivos y atribuciones de INCA Rural, ya que no cumple con los propósitos para los que fue establecido dicho Instituto. Esa misma problemática se detectó en la auditoría practicada al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) (auditoría 171-DS), en relación con la adquisición de materiales y suministros para planteles educativos. En este caso, el CONAFE contrató al Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México y a DICONSA quienes no contaban con las capacidades requeridas y, por lo tanto, subcontrataron el 100 por ciento de los bienes y servicios solicitados. En el contexto de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se identificaron subcontrataciones, bajo las mismas condiciones antes referidas, derivadas de adquisiciones realizadas entre la SAGARPA y la Universidad Autónoma de Chapingo (auditoría 290-DE); entre la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (auditoría 408-DE); entre la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Universidad Autónoma de Zacatecas (auditoría 259-DS); entre la Universidad Politécnica de Chiapas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (auditoría 195-DS); entre la Universidad Mexiquense del Bicentenario y la SEDATU (auditoría 193-DS); entre la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas y la CONAPESCA (auditoría 197- DS); entre la Universidad Tecnológica de Salamanca, la SAGARPA, Pronósticos para la Asistencia Pública, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, CONAGUA y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) (auditoría 199-DS); entre el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social y la SEDATU (auditoría 1791-DS-GF); entre la Universidad Politécnica de Quintana Roo y la SEDATU (auditoría 1793-DS), y entre Televisora de Hermosillo y la SEDATU (auditoría 1794-DS-GF). La ASF señala que en las auditorías forenses practicadas a las Cuentas Públicas 2012-2016, se han observado montos con posible daño al erario por 6 mil 879 millones de pesos (mdp). Se ha constatado, como parte de la fiscalización efectuada, que en este tipo de esquemas participaban, sobre todo, universidades públicas como proveedoras de bienes y servicios. No obstante, en revisiones practicadas para la Cuenta Pública 2016, se ha podido identificar la

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participación de otro tipo de entes públicos como proveedores en estos mecanismos, los cuales están constituidos como empresas paraestatales de entidades federativas (Radio y Televisión de Hidalgo, Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Televisora de Hermosillo, entre otros), y por otras empresas u órganos del Gobierno Federal (INCA Rural). Las auditorías forenses realizadas han documentado la existencia de patrones en este tipo de adquisiciones que implican la participación de varias empresas en una misma transacción, lo que origina que el esquema de subcontratación se emplee para dispersar los recursos entre varios entes. En numerosos casos, se constató la ausencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante con una patente desviación de recursos. Al respecto, la ASF recomienda:

Reglamentar el artículo 1º de la LAASSP para que cuando se contraten bienes o servicios entre entidades públicas, dado el carácter excepcional de este mecanismo, se establezca que el titular de la dependencia contratante sea quien suscriba los contratos correspondientes.

Que los titulares de las dependencias contratante y contratada sean los responsables de vigilar el cumplimiento de los términos que se formalicen al amparo de dicho artículo.

Que la información sobre este tipo de adquisiciones sea incorporada al sistema CompraNet, con objeto de reducir las condiciones de opacidad en las que se han desarrollado estas operaciones y dar pie a un entorno apropiado de transparencia y rendición de cuentas, dada la relevancia que ha adquirido este tema en distintos ámbitos.

II. Obra Pública

La ASF refiere que en México se destina alrededor del 15% del PEF para el desarrollo de proyectos de inversión física. Su importancia radica en su contribución para generar condiciones adecuadas que propicien la actividad económica, así como para proporcionar servicios básicos relacionados con salud, educación, agua potable y saneamiento, principalmente. Cuando las obras públicas no se concluyen en los plazos convenidos y acorde con los montos originalmente contratados, se generan situaciones que impactan negativamente en el mejoramiento social y económico de la población. La ASF subraya la relevancia de que las dependencias y entidades de la APF, la iniciativa privada, los organismos no gubernamentales y las demás instituciones que participan en la promoción y construcción de la infraestructura nacional, homologuen sus criterios de actuación, a fin de contar con proyectos ejecutivos oportunos y completos. La institución considera que los proyectos ejecutivos deficientes son la causa principal de las modificaciones efectuadas a los montos y plazos originales de los contratos revisados.

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Resulta conveniente enfatizar la existencia de un cambio en el modelo de ejecución de obra pública en México, debido a la incorporación de las Asociaciones Público-Privadas (APP); situación que implica retos adicionales en materia de transparencia y rendición de cuentas. En particular, la fiscalización enfrenta limitaciones respecto a la revisión integral de las etapas de los proyectos que se llevan a cabo bajo dicho esquema de financiamiento. Con base en las 136 auditorías a inversiones físicas practicadas sobre la Cuenta Pública 2016, y en línea con los hallazgos de revisiones previas, la ASF ha categorizado como causas principales que propician las deficiencias en los procesos relacionados con los proyectos de infraestructura, las siguientes: problemáticas en la planeación y programación de los trabajos; debilidades de carácter técnico; insuficiencias económicas, y fallas de ejecución. En lo que respecta a la figura de APP y con base en los resultados de la fiscalización superior efectuada a diversas Cuentas Públicas, la ASF ha identificado una serie de elementos que deben ser tomados en cuenta para asegurar la correcta operación de los proyectos gestionados bajo este mecanismo: Justificación suficiente de la factibilidad y beneficios de este modelo de contratación en comparación con otras formas de financiamiento; Mecanismos de transparencia respecto a la determinación de precios ofertados por maquinaria, mano de obra, equipo y financiamiento, con el fin de asegurar que son consistentes con los valores de mercado; Claridad en la desagregación de los elementos que integran el costo total del proyecto; Cumplimiento de la disposición legal en torno al equilibrio necesario en materia de distribución de riesgos técnicos, financieros, de ejecución de obra o eventualidades para ambas partes, y Certezas sobre los parámetros de evaluación de los proyectos, así como sobre las tareas de control y supervisión. Sobre esta área clave con riesgo la ASF recomienda:

Es recomendable que el Poder Legislativo analice la viabilidad de adecuar la legislación en materia de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, a fin de establecer la obligatoriedad de contar con la versión definitiva del proyecto ejecutivo correspondiente, antes de iniciar cualquier obra de infraestructura sin dar lugar a excepciones.

Adicionalmente, se sugiere contemplar modificaciones pertinentes a la Ley de Obras Públicas y a la Ley de Asociaciones Público-Privadas, a fin de robustecer el papel del Estado en la vigilancia de estas figuras, en línea con la visión y uno de los objetivos generales del SNA: compaginar la lucha anticorrupción y la mejora del sector público a través de un involucramiento efectivo de la esfera privada.

III. Gobernanza en la toma de decisiones de las empresas productivas del Estado

Con la promulgación de las leyes secundarias relacionadas con la Reforma Energética, Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la CFE se transformaron, de organismos públicos descentralizados, a

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empresas productivas del Estado. Este cambio de naturaleza jurídica tuvo como objetivo dotar a ambas instancias de una estructura con características eminentemente empresariales. Cabe aclarar que, en ambos casos, la meta principal es generar valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario. En este contexto, el marco legal que regula dichas empresas prevé el establecimiento de un modelo de gobierno corporativo, en el caso de PEMEX, y la instalación de un modelo operativo para la CFE. En particular, la Ley de Petróleos Mexicanos señala que la organización y estructura de dicha empresa debe atender la optimización de recursos humanos, financieros y materiales; la simplificación de procesos; la eficiencia y transparencia, así como la adopción de mejores prácticas corporativas y empresariales, a nivel nacional e internacional. No obstante, lo anterior, los resultados de la fiscalización de la ASF a la Cuenta Pública 2016, muestran importantes desafíos respecto a la gobernanza en la toma de decisiones de ambas empresas. Algunas de las revisiones practicadas por la ASF, con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, a PEMEX y a la CFE indican que los resultados de decisiones de negocios tomadas por ambas entidades no reportaron beneficios económicos, ni de otra índole al Estado mexicano. Los resultados de las revisiones de la ASF constatan que las empresas productivas del Estado han realizado operaciones que han tenido como consecuencia pérdidas en los negocios emprendidos. De manera específica, la ASF identificó que, en cuanto a la adquisición del Grupo Fertinal, por parte de PEMEX, se registró una pérdida integral neta de más de 565 mdp (auditoría 468-DE). Destaca también el caso de la reactivación de la cadena productiva del Acrilonitrilo (auditoría 470-DE) en donde el potencial del negocio está limitado, toda vez que PEMEX-Etileno no ha definido un plan de acción renovado en cuanto a la utilización de los activos y el personal del Complejo Petroquímico Morelos Unigel. En cuanto a la contratación y suministro de etano para el Complejo Petroquímico Etileno XXI (auditoría 1800-DE), la ASF identificó que PEMEX Transformación Industrial (PTI) incurrió en pérdidas por más de 1 mil 900 mdp, debido a que el precio al que vendió el etano fue menor al costo de ventas y al gasto de transportación incurridos. De la misma forma, el Consejo de Dirección de PEMEX aprobó la adjudicación directa para la contratación del servicio relacionado con el mantenimiento de la capacidad de producción y conversión de residuales en las refinerías de Salamanca y Tula (auditoría 479-DE), la cual presenta problemáticas que se han visto reflejadas en las observaciones de la fiscalización practicada, por un monto de más de 1 mil 178 mdp. En esta revisión han quedado de manifiesto los riesgos que enfrenta la empresa, toda vez que la normativa que rige a PEMEX es más laxa que la federal. Se han realizado otro tipo de negocios que han implicado la compra de activos que no se han traducido en beneficios financieros y, además, no se cuenta con evidencia de que esa decisión

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haya contribuido, en la práctica, al fortalecimiento de la posición estratégica de PEMEX, como en la compra de la Agro Nitrogenados y la consiguiente rehabilitación de las plantas de urea, ácido nítrico, nitrato de amonio en Pajaritos, Veracruz (auditoría 438-DE). En la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la ASF informó que se había estimado un costo de 223 millones de dólares por el proyecto y que la puesta en marcha se preveía para abril de 2016. No obstante, al momento de la fiscalización de dicha obra se observó que este costo se había duplicado a 443 millones de dólares, mientras que el periodo de ejecución se extendió para 2017. En lo que se refiere a la comercialización de coque (auditoría 474-DE), PTI acordó la venta de este producto a una empresa cementera a un precio fijo. La fiscalización practicada muestra que, en el 2016, dado que el precio internacional estuvo por encima del precio pactado en más de 700 por ciento, el no haber estipulado dicho valor de referencia mundial en el contrato implicó efectos de 839 mdp que se relacionan con los ingresos que PTI que dejó de percibir por haber contemplado un precio fijo desligado de las condiciones del mercado internacional. En lo que corresponde a la CFE, en la adquisición de energía eléctrica a productores externos (auditoría 486-DE), la ASF determinó que, de 2014 a 2016, dicho ente registró pérdidas por más de 2 mil 646 mdp. La causa de esta situación fue el incremento de los precios pactados con los productores externos. En lo concerniente a los pagos efectuados por la CFE respecto a los servicios de transporte de gas natural (auditoría 492-DE), la ASF identificó que el 51.2% de los pagos realizados por este concepto no generaron valor económico ni condiciones de rentabilidad para la Comisión. La ASF concluye que la autonomía que requieren las empresas productivas del Estado para operar en un entorno de competencia que, tal como está planteado en la reforma estructural en materia energética, debe ser un elemento que dé certeza de que las decisiones de negocios están orientadas a reportar beneficios a la Nación. Las determinaciones de PEMEX y la CFE, que se han presentado en este Informe General Ejecutivo, ilustran desafíos respecto a la carencia de toma de decisiones estructurales que muestren la evaluación certera de riesgos y la ponderación de la mejor información disponible. La ley correspondiente que norma a estas empresas, establece como uno de sus objetivos fundamentales, la obtención de utilidades, es decir, que verdaderamente generen resultados financieros positivos que beneficien al erario y a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, se apuntan cuestionamientos sobre la idoneidad del proceso de toma de decisiones tendientes al logro de dicho objetivo, ya que, en un conjunto de operaciones trascendentes para las empresas, se ha constatado que hubo, desafortunadamente, resultados negativos. La ASF considera que el conjunto de las decisiones de las empresas productivas del Estado ha sido ratificado en niveles de órganos de gobierno, por lo que sugiere revisar a fondo el esquema de gobernanza de ese tipo de empresas.

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IV. Finanzas Estatales

La ASF ha venido señalando a la gestión del Gasto Federalizado como un ámbito que enfrenta un entorno con riesgos de distinta índole. De manera recurrente, se han identificado condiciones que propician el desvío de recursos y la inobservancia de los objetivos de los fondos y programas, a cargo de los gobiernos estatales y municipales. La ASF ha determinado que las condiciones de la hacienda pública local repercuten, de manera estructural, en la recurrencia de observaciones determinadas con motivo de la fiscalización superior. Baste mencionar que, para la Cuenta Pública 2016, la ASF constató que un elevado número de entidades federativas enfrentan desequilibrios en el flujo de fondos económicos para poder cubrir la nómina estatal educativa. Entre los factores explicativos destaca el crecimiento en las prestaciones que desde 1993 se otorgaron, con la instauración del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), en un contexto de presión de las organizaciones sindicales. Dichas prestaciones no eran reconocidas por la Federación, por lo que su financiamiento era cubierto principalmente con las economías de dicho Fondo y, en menor medida, con recursos locales. A pesar de que el FAEB fue remplazado por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, se ha mantenido la carga financiera adquirida por los estados, desde entonces, para cubrir la nómina local. Esta circunstancia representó un alza en el gasto corriente cuya reducción no es directa e inmediata por la naturaleza de los conceptos que lo integran. Asimismo, existe una proporción importante de servidores públicos incorporados a organizaciones sindicales y en los últimos quince años, se ha registrado un crecimiento en la deuda pública de las entidades federativas y municipios. Es por ello que actualmente el financiamiento del pago del servicio de los pasivos adquiridos, es un componente importante dentro del presupuesto de egresos de dichos gobiernos. En el agregado, el endeudamiento pasó de 100 mil 700 mdp en 2001 a 568 mil 600 mdp en 2016; representaba en el primer año el 50.9 por ciento de las Participaciones Federales y en 2016 el 82 por ciento lo que se explica por: (1) la inexistencia de un marco regulatorio adecuado que permitiera conformar un ambiente de control apropiado bajo principios de racionalidad, eficiencia y transparencia; (2) la ascendencia de los ejecutivos estatales sobre los congresos locales, y (3) la amplia oferta de crédito por parte de las instituciones financieras privadas. En este contexto fue que se promulgó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; publicada en el DOF el 27 de abril de 2016. Al margen de los efectos positivos de dicha ley, se genera, de la misma forma, una reducción adicional en el margen de maniobra financiera de los estados. De acuerdo con la ASF, otros aspectos que inciden en las condiciones desfavorables de las finanzas de las entidades federativas son: (1) la utilización de fondos federales como garantía en esquemas de financiamiento diseñados por el Gobierno Federal; (2) los pari passus requeridos en los convenios suscritos con la federación; (3) la basificación de un número

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importante de personal que era financiado con el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; (4) la creciente demanda de apoyos por parte de las universidades públicas estatales, y (5) la solicitud recurrente a los gobiernos estatales de préstamos por parte de los municipios, a cuenta de sus participaciones. La ASF señala que es importante considerar esta situación en el tenor de la implementación de los Sistemas Locales Anticorrupción que forman parte del SNA. Es necesario que las medidas que se adopten se centren en el fortalecimiento de las soberanías estatales, en el marco de la política nacional anticorrupción y en un entorno de rendición de cuentas y transparencia.

V. Padrones de los programas gubernamentales que otorgan subsidios De acuerdo con la ASF, los padrones gubernamentales son el principal instrumento que busca maximizar la eficiencia y control en el otorgamiento de subsidios, con el fin de beneficiar a la población de menores ingresos y de mayores carencias sociales. Se considera necesario establecer sistemas de padrones de beneficiarios que permitan generar información estratégica y contribuyan a los procesos de planeación, coordinación, control y evaluación de los programas gubernamentales. En materia de Planeación, se requiere contar con una plataforma informática vinculada con diversas bases de datos, a fin de disponer de información estratégica que facilite la identificación de la población objetivo y el monitoreo sobre la consecución de las metas planteadas. En materia de Coordinación, se hace necesario integrar un sistema común que facilite la simplificación y consolidación de los procesos de intercambio de información entre los entes gubernamentales, así como entre los estados y municipios que operan los programas sociales. En materia de Control, se debe supervisar el ejercicio de los recursos otorgados; evitar la duplicidad en la asignación de apoyos o servicios; prevenir la discrecionalidad en la distribución de los recursos, y transparentar la operación de los programas gubernamentales. En lo que toca a la Evaluación, es menester proporcionar elementos a los tomadores de decisiones para coadyuvar a que la distribución de los recursos públicos se realice de manera eficiente, con equidad y sin discriminación. Algunos de los resultados a destacar con la fiscalización superior a esta temática, son los siguientes: Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural. En 2016, en el sector desarrollo rural, se operaron 14 programas presupuestarios con un monto de 65 mil 157.4 mdp, equivalente al 52.4% de los 124 mil 218.1 mdp ejercidos en los programas para el desarrollo económico, sin que la SAGARPA determinara ni cuantificara la población por beneficiar, lo que disminuyó el grado de certeza sobre la entrega de los recursos a la población objetivo. Ese mismo año, la dependencia inició el diseño de los manuales y lineamientos con base en los cuales se conformaría el PUOSBSR; sin embargo, las unidades responsables de los padrones individuales de los programas presupuestarios no finalizaron el proceso. La ASF puede señalar que la SAGARPA aún no ha concluido el diseño de los manuales y lineamientos del PUOSBSR, y

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tampoco se han constituido los padrones específicos de los programas presupuestarios que otorgan subsidios. Padrón Único de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social. Hasta 2016, la SEDESOL no había identificado el universo de programas de desarrollo social de la APF, ni de los gobiernos estatales y municipales que deberían estar incluidos en el PUB. Por ello, no había certeza sobre el número de beneficiarios que atienden los programas. La Secretaría se auxilió de los 152 programas de desarrollo social determinados por el CONEVAL. Con la fiscalización se ha observado que los operadores del PUB no disponen de atribuciones para consolidar la información en un sistema único, que permita analizar y evaluar los recursos otorgados a los beneficiarios. A 12 años de que la Ley General de Desarrollo Social y su reglamento ordenaran la integración del PUB, la SEDESOL registró un avance de 18.4 por ciento, equivalente a la incorporación de 28 de los 152 programas de desarrollo social señalados por el CONEVAL. El PUB no se ha convertido en una herramienta que proporcione una certeza razonable sobre la equidad y la eficacia de los programas de desarrollo social. Dicha situación incrementa el riesgo de que persista la falta de focalización de los lugares, comunidades y beneficiarios que más necesitan la atención del Estado y propicia condición de ineficiencia y falta de transparencia en la asignación y la aplicación de los recursos federales. Padrones individuales de los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal. A partir de 2011, en el PEF se señala que las dependencias y entidades que tengan a su cargo programas con beneficiarios deberán generar un listado o padrón, para conocer cómo, cuándo, dónde y a quién se le proporcionan recursos públicos, y con ello, garantizar el cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad previstos en los programas. Sin embargo, hasta 2016, aún no estaban precisadas las disposiciones específicas para homologar los procesos de recopilación de dicha información. Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales. Tiene como finalidad integrar de forma estructurada y sistematizada la información objetiva y fehaciente, respecto de los programas a cargo de las dependencias y entidades de la APF y, en su caso, la de los estados y municipios, a fin de facilitar la planeación estratégica, la ejecución eficaz y la evaluación integral de la política distributiva del país. En 2015, la información incorporada en el Sistema mostró que se incluyeron 196 programas presupuestarios de la APF y ninguno de estados y municipios. Desde la óptica de la ASF, la plataforma informática del Sistema no cuenta con los requerimientos necesarios para emitir los datos que posibiliten la evaluación de los resultados de las políticas y programas de subsidios, y se carece de mecanismos que aseguren la correcta focalización de los recursos y el cumplimiento de los criterios de elegibilidad establecidos en la normativa de cada uno de los programas. A 11 años de haberse mandatado la constitución del Sistema, aún no se dispone de un sistema informático que integre, de forma estructurada y sistematizada, información confiable de los padrones de los programas de subsidios. La ASF concluye que después de 16 años de que las leyes federales y los presupuestos de egresos establecieron la obligación de que las dependencias y entidades de la APF conformaran

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los padrones de beneficiarios y sus sistemas integradores para maximizar la eficiencia y control en el otorgamiento de subsidios, aún prevalece el problema público relativo a la falta de estructuración e integración de los mismos. Se ha observado una dispersión de información que imposibilita detectar errores, duplicidades o abusos en la canalización de recursos. Asimismo, los diagnósticos son insuficientes para evaluar la eficacia de los programas y políticas de otorgamiento de subsidios, ya que éstos no se focalizan adecuadamente a las poblaciones objetivo por lo que persisten inequidades entre los beneficiarios.

Áreas clave con riesgo en el Desarrollo Nacional

Desarrollo Social

a) Educación A cuatro años de la aprobación de la Reforma Educativa, aún no se observa su contribución en la mejora de la calidad de la educación, ya que, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones para el nivel básico, el 56.7% de los alumnos en el área de matemáticas y el 48.1% en lectura, obtuvieron el nivel de logro educativo más bajo; mientras que en media superior fueron el 49.3% en el área de matemáticas y el 45% en lenguaje y comunicación. Lo anterior se explica, en términos generales, porque los nuevos planes y programas de estudio en el nivel básico iniciaron su implementación en el ciclo escolar 2017-2018, y en el nivel medio superior se encuentran en proceso de rediseño; la política de infraestructura y equipamiento no ha logrado asegurar que las escuelas cumplan con las condiciones físicas adecuadas para el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos; no se ha consolidado un sistema de profesionalización docente que responda a las necesidades de formación y propicie la idoneidad del personal del sector educativo, y el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE) continuó en fase de implementación, lo que significa que los resultados de las evaluaciones aún no son utilizados para la toma decisiones de las autoridades educativas.

b) Salud En lo concerniente al acceso efectivo a la atención médica con calidad, en 2016, se observó un avance de 18.3 por ciento en la conformación del Sistema Universal de Salud, al adherirse el IMSS, el ISSSTE y tres entidades federativas al Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud, con 6,738 establecimientos médicos, de los 36,892 registrados ante la Secretaría de Salud. En cuanto a la infraestructura, equipamiento y disposición de recursos humanos, de 2004 a 2016, aumentó en 37.9% la cantidad de unidades médicas de consulta externa y de hospitalización, y en 59.8% la de médicos y enfermeras, enfocados a atender a los derechohabientes de las instituciones de seguridad social y a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud.

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Sin embargo, su crecimiento no fue proporcional al incremento de 97.8% de la población con acceso a servicios sanitarios en el sector público. La ASF considera indispensable realizar un diagnóstico nacional sobre la cantidad, calidad y distribución de la infraestructura, el equipamiento y el personal sanitario, que coadyuve a promover una política transversal, en la que prevalezca la sinergia de esfuerzos de las instituciones de salud. Lo anterior, deberá tomar en cuenta las necesidades médicas asociadas a las condiciones demográfica y epidemiológica del país.

c) Alimentación de Grupos vulnerables En 2016, se incrementó en 67.8% el número de beneficiarios del Programa de Comedores Comunitarios, no obstante, no hay certeza de que quienes acceden a los comedores se encuentren en pobreza, ni que la alimentación que recibieron fuera la adecuada, en términos nutrimentales. En relación con la pobreza extrema alimentaria, a cuatro años de la instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), dicha estrategia no constituyó una solución estructural y permanente para incidir en ese problema, ya que persistieron deficiencias en su implementación y en la focalización de la población objetivo, por lo que no se logró acreditar en qué medida se atendieron las carencias de las 7.1 millones de personas estimadas por el CONEVAL en esa condición.

Sostenibilidad Hídrica El Programa Nacional Hídrico 2014-2018 señala que el agua es un factor estratégico de seguridad nacional, así como de estabilidad social y política del país. En dos tercios del territorio se presenta una demanda creciente de este recurso natural, debido al desarrollo económico y a la concentración demográfica. En opinión de la ASF, la gestión gubernamental en la administración del agua no ha logrado revertir la disminución de la disponibilidad de los recursos hídricos, su deficiente aprovechamiento y el deterioro de su calidad por el incremento de la contaminación, debido a la escasez de recursos humanos y financieros de la CONAGUA. Esta situación ha propiciado fallas en el control de los títulos de concesión, rezagos en la actualización del REPDA, insuficiente inspección para verificar el volumen de agua que es extraído por los concesionarios, la ausencia de estudios para evaluar la calidad y la sobreexplotación de los cuerpos hídricos, lo cual dificulta operar las estrategias “Que el agua pague el agua” y “El que contamine pague”. De mantenerse los factores descritos, aumentará el riesgo de que en los próximos años continúe la disminución de agua por habitante.

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Sostenibilidad Forestal De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, de 2005 a 2010, la superficie forestal en México registró una reducción estimada de 155 mil hectáreas (ha) anuales, siendo el único país integrante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con un problema de deforestación. En 2016, la superficie forestal del país fue de 137,388,751.3 ha, lo que representó el 26.8 por ciento del territorio nacional. En ese mismo año, de las 182 Áreas Naturales Protegidas (ANP) decretadas en México, 152 contaron con superficie forestal equivalente a 14,821,464.5 ha. Desde la perspectiva de la ASF, la pérdida de superficie forestal es consecuencia de: la contribución marginal de las acciones en materia de regulación y fomento; la débil coordinación de las instancias reguladoras y operadoras; así como de la inspección y vigilancia en términos no significativos, ni orientada a las zonas identificadas como críticas. Prevalece, además, la falta de un diagnóstico sobre las regiones con mayores problemas de deforestación.

3.5. Sobre el enfoque de fiscalización seguido por la ASF por grupo funcional En la fiscalización superior practicada por la ASF a la Cuenta Pública 2016, destaca el incremento en su cobertura respecto a la que se registró en la revisión de 2015. Aumentó el número de auditorías practicadas, al pasar de 1,643 en la revisión 2015 a 1,865 en la fiscalización 2016, equivalente a un aumento de 222 auditorías en términos absolutos y de 13.5% en términos relativos. Del total de auditorías practicadas en 2016, 1,709 fueron de regularidad; 148 de desempeño; 6 evaluaciones de políticas públicas, y 2 estudios. De lo anterior se deriva que la ASF aplicó un enfoque basado en auditorías de regularidad, al representar 91.6% de las revisiones en 2016 (1,709 de 1,865 auditorías practicadas); es decir, 9 de cada 10 auditorías fueron de regularidad, de las cuales 759 fueron financieras con enfoque de desempeño, 799 financieras y de cumplimiento, 136 de inversiones físicas y 15 forenses. En la revisión pasada las auditorías de regularidad significaron el 89.5% de las revisiones totales a la Cuenta Pública 2015. Cabe destacar que el Gasto Federalizado concentró el 78.6% del total de auditorías de regularidad; es decir, a dicho gasto se le practicaron 1,343 revisiones (de un total de 1,709), de las cuales 757 fueron financieras con enfoque de desempeño y 586 financieras y de cumplimiento. También es importante señalar que a este gasto se le practicaron casi todas las auditorías financieras con enfoque de desempeño (757 de un total de 759 revisiones) y el 73.3% de las auditorías financieras y de cumplimiento (586 de un total de 799 revisiones). Por su parte, sólo el 7.9% de las revisiones practicadas en 2016 fueron de desempeño (148 de 1,865 auditorías), porcentaje inferior si se compara con el 9.1% que significó este tipo de auditoría en la revisión 2015 (149 de 1,643 auditorías practicadas). El grupo funcional Desarrollo

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Económico concentró el 35.1% de las auditorías de desempeño (52 revisiones); Desarrollo Social el 34.5% (51) y Gobierno el 30.4% restante (45). De las 6 Evaluaciones de Políticas Públicas (0.3%), 3 correspondieron a funciones de Gobierno (SHCP, SEGOB e IFETEL), 1 a funciones de Desarrollo Económico (SAGARPA), y 2 a Desarrollo Social (INIFED y Secretaría de Salud). En relación a los 2 Estudios (0.1%), todas fueron practicados al grupo funcional Gobierno (2 a SHCP).

Grupo Funcional de Gobierno La actividad correspondiente al sector hacendario pertenece a la Meta Nacional número cuatro: lograr un México Próspero, el PND menciona que el gobierno se enfocará a promover el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 determinó una meta nacional crear un México Próspero y sobre esta base señaló dos objetivos para conseguir esa meta nacional: Objetivo estratégico I: Política hacendaria para mantener la estabilidad macroeconómica y Objetivo II: Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial productivo

(Política hacendaria para financiar el crecimiento).

I. Política hacendaria para mantener la estabilidad macroeconómica Las estrategias para conseguir este objetivo, así como los ejes temáticos que se definieron en el PND se presentan a continuación:

EJE U OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PND 2013-2018

ESTRATEGIAS DEL OBJETIVO DE META NACIONAL Y EJES TEMÁTICOS 2

Objetivo estratégico I. Política hacendaria para mantener la estabilidad macroeconómica

Estrategia: Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico: a) Riesgo macroeconómico y equilibrio presupuestario b) Política macroeconómica de ingresos c) Gasto público federal y vinculación con el federalismo d) Deuda pública Estrategia: Fortalecer los ingresos del sector público

2 La taxonomía de esta columna fue elaborada por la UEC para facilitar el análisis de las auditorías de este eje objetivo estratégico para conseguir el propósito de la meta nacional.

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e) Administración tributaria Estrategia: Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permitan generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades f) Revelación financiera y eficiencia institucional

La fiscalización practicada por la ASF en este paquete de IIA relativa a la Cuenta Pública 2016 consideró la revisión de programas orientados a cumplir con el objetivo estratégico de impulsar la “Política hacendaria para mantener la estabilidad macroeconómica”. Para fines analíticos hemos dividido este primer objetivo estratégico en seis ejes temáticos, en el que cuatro corresponden a la estrategia de Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico: Riesgo macroeconómico y equilibrio presupuestario, Política macroeconómica de ingresos, Gasto público federal y vinculación con el federalismo, y Deuda pública. Asimismo, un eje temático corresponde a la Estrategia: Fortalecer los ingresos del sector público con el eje temático: Administración tributaria; y, finalmente otro eje temático corresponde a la Estrategia: Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permitan generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades con el eje temático: Revelación financiera y eficiencia institucional.

Enfoque de fiscalización en relación a la Estrategia “Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico”.

En el ámbito del eje temático riesgo macroeconómico y equilibrio presupuestario, la ASF realizó fiscalización a diversos programas. El tema del riesgo macroeconómico, fue abordado por la ASF en algunas revisiones, específicamente en la auditoría “Base de los Ingresos Recibidos por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED)”. Esta revisión analizó el desempeño del FMPED el nuevo instrumentó operativo y financiero del gobierno a través del cual se integrará los ingresos del gobierno provenientes del petróleo, que determinan la renta petrolera. Como se sabe en los últimos años la volatilidad del precio del petróleo, y la caída de la plataforma de producción constituyen un riesgo macroeconómico por su incidencia en las finanzas públicas. Para enfrentar este riesgo macroeconómico, el gobierno realizó coberturas petroleras para proteger los ingresos ante movimientos adversos en los precios de la mezcla mexicana de petróleo, y para mejorar la renta petrolera decidió efectuar dos reformas estructurales, una reforma fiscal y una reforma energética que permita la participación en la administración de la riqueza petrolera del sector privado. Los resultados son desalentadores. Las proyecciones de flujos de ingresos indican que hasta el 2021, los recursos generados a través del FMPED estarán por debajo del 4.7% del PIB que Pemex generó en promedio anual durante el boom de precios.

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Hay que recordar que se generaría ahorro de largo plazo si los ingresos excedentes del gobierno en el FMPED excedieran el 4.7% del PIB. Las proyecciones efectuadas por la SHCP en el cuadro de las perspectivas de finanzas públicas 2018-2022 de los CGPE de 2017, previeron un nivel de transferencias del FMPED al Gobierno Federal, para el periodo 2016 hasta el 2022, en un rango de 1.6% a 2.0% del PIB, por lo que no se cumplirá con el umbral establecido en la Reforma Energética de 4.7%, hasta el 2022 no se prevé que el aumento de la plataforma de producción petrolera generará ingresos con la participación del sector privado superiores a ese umbral antes de 2022. La ASF analizó otra vertiente del riesgo macroeconómico en la revisión “Posición Fiscal de los Gobiernos de las Entidades Federativas”. Esta vertiente de riesgo proviene de una inestabilidad de las finanzas públicas estatales. La revisión practicada fue una Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño. Aunque no se identificó riesgo sistémico, determinó que en 8 entidades federativas se registran balances financieros deficitarios, 10 entidades presentan balance deficitario considerando recursos disponibles y 15 entidades están en riesgo de no cumplir en el mediano plazo con el principio de sostenibilidad del déficit. Un riesgo macroeconómico de mediano y largo plazo, proviene de la opción de financiamiento mediante la modalidad de contratos de asociación público-privado, tema tratado en la auditoría “Opciones de Financiamiento de la Inversión Pública” en la que la ASF detectó “Limitada viabilidad económica o financiera de proyectos APP que comprometen negativamente la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo”. Está presente en esta temática el caso del esquema financiero PIDIREGAS. En este tenor destaca una revisión de la Posición financiera de Pemex, que forma parte del grupo funcional desarrollo económico, pero cuya finalidad es evaluar los riesgos para las finanzas públicas de la estructura financiera de PEMEX, en la que se subraya aportaciones del gobierno al saneamiento financiero de PEMEX, que resultan en incrementos de deuda pública. En el tema del gasto público la ASF enfatizó el ejercicio discrecional del Presupuesto de Egresos de la Federación que practica el gobierno al margen del poder legislativo, a través de las adecuaciones presupuestarias que autoriza a los entes fiscalizados. En este ámbito, destaca la revisión “Control Interno en los Procesos de Transferencia y Administración de Recursos del Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas” en el contexto en que se amplió el PEF en el 2016 en 567 mil 394.9 millones de pesos, 15.5% más que el aprobado. La ASF ha señalado que, si bien en casos de desastres naturales se requieren transferencias presupuestarias para enfrentar contingencias, las transferencias y adecuaciones presupuestarias frecuentemente encubren subejercicios presupuestarios y reasignaciones de gasto no fundamentadas por las entidades ejecutoras de gasto. Respecto a los fondos aplicados a desastres naturales no faltaron las revisiones de la ASF en donde persistieron irregularidades en la ejecución de los programas, aunque estás fueron de menor impacto que en revisiones anteriores. Para examinar de manera integral la política pública en materia de ingresos, la ASF en el Informe Individual de Auditorias del paquete anterior efectuó el estudio de la Política Pública de

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Ingresos Tributarios del gobierno mexicano desde una amplia perspectiva histórica, hasta evaluar los resultados de la reforma fiscal reciente, que han incrementado la recaudación fiscal, aunque a un ritmo insuficiente. En esa revisión, resaltó la disminución de los gastos fiscales, pero observó la concentración de dichos gastos fiscales en reducidos beneficiarios en algunos de los rubros que más pesan en los gastos fiscales. En este tercer paquete la fiscalización al SAT no se enfocó a los ingresos sino a evaluar en el contexto de una auditoria horizontal las TICs. Auditando la plataforma “Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA), programa multianual que está demandando cuantiosos recursos y cuyo avance es del 30% a terminar en el 2020. Se detectaron irregularidades con la identificación de 17 riesgos materializados (7 de alto riesgo) que pueden impactar en el funcionamiento del sistema. En el tema “Gasto público federal y vinculación con el federalismo”, la ASF practicó una revisión a la Gestión Financiera del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, recursos provenientes de la recaudación del impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos. Señaló que los recursos federales transferidos a las entidades federativas revelaron que Las entidades estatales no entregaron información de la comprobación de las transferencias realizadas de recursos a sus municipios de la región terrestre y en la región marítima. Además, en las Reglas de Operación del Fondo no se establece la vigilancia por parte de la SHCP de la comprobación de los recursos por las entidades federativas. El tema de la deuda pública fue una preocupación central de la ASF en la fiscalización, practicada en los Informes Individuales de Auditoría de los dos paquetes anteriores, particularmente del segundo paquete que contemplo auditorías a la Deuda del Sector Público Federal, a la Deuda Pública del Gobierno Federal, siendo también objeto de fiscalización de la deuda en las revisiones sobre los riesgos de las finanzas públicas aludidas anteriormente. En los informes individuales de este tercer paquete se registró sólo la fiscalización a la deuda de las entidades federativas ya referida anteriormente. En el ámbito de la deuda contingente, resalta la auditoría sobre las opciones de financiamiento concentrado en analizar los riesgos de materialización de deuda contingente en los proyectos de infraestructura de Asociación Público y Privada. Esta revisión es complementaria a la que practicó sobre el mismo tema en el paquete anterior, en la que se señaló que la escasez de financiamiento es motivo del crecimiento de esta clase de proyectos que pueden entrañar riesgos para las finanzas públicas. La ASF abordó en aquella ocasión este tema bajo un enfoque histórico, relatando las Experiencias negativas en esquemas de Asociación Público-Privadas que deben ser consideradas como lecciones importantes para evaluar la conveniencia de proyectos de APP. En lo particular, la ASF identificó las siguientes experiencias económicamente muy adversas para México:

1. Resultados negativos del Programa extenso de concesiones (una modalidad de sociedad público privada) aplicado por el gobierno mexicano en la década de los noventa (siglo XX).

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2. Resultados negativos en el caso de PEMEX de los “Proyectos de Inversión en

Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público” (PIDIREGAS), para desarrollar infraestructura energética en Petróleos Mexicanos (PEMEX) y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En el caso de PEMEX los PIDIREGAS presentaron un aumento significativo de esos pasivos, que no se reflejaban en el déficit gubernamental por 767 mil 941.0 millones de pesos, equivalentes a 6.3% del PIB de 2009.

3. Rescate financiero del programa de concesiones carreteras (esquema de Asociación

Público-Privado). La ASF estimó un monto total de los pasivos que el gobierno asumió por 58 mil 295.0 millones de pesos a precios de agosto de 1997. (Esta cantidad a precios de 2016 asciende a 186 mil 487.9 millones de pesos a precios de 2016).

En esta ocasión como se mencionó anteriormente la fiscalización incorporó un enfoque preventivo mirando las tendencias a futuro y los riesgos de esta opción de financiamiento.

II. Política hacendaria para financiar el crecimiento (Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial productivo)

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 determinó que el otro objetivo para conseguir la meta nacional de crear un México Próspero es el de “Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial productivo (Política hacendaria para financiar el crecimiento)”. El objetivo estratégico II, las estrategias para alcanzar la meta nacional y los ejes temáticos se presentan a continuación:

EJE ESTRATÉGICO DEL PND 2013-2018 EJES TEMÁTICOS 3

II. Política hacendaria para financiar el crecimiento

Estrategia: Promover el financiamiento a través de instituciones financieras y del mercado de valores con dos ejes temáticos: a) Incentivos económicos de regulación financiera b) Banca de Desarrollo Estrategia: Ampliar la cobertura del sistema financiero hacía un mayor número de personas y empresas en México, en particular para los segmentos de la población actualmente excluidos con dos ejes temáticos a) Incentivos económicos de regulación financiera b) Banca de Desarrollo Estrategia: Mantener la estabilidad que permita el desarrollo ordenado del sistema

3 Taxonomía de esta columna elaborada por la UEC para facilitar el análisis de las auditorías de este eje estratégico.

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financiero, incluyendo los sectores de aseguramiento y ahorro para el retiro con un eje temático: a) Incentivos económicos de regulación financiera Estrategia: Ampliar el acceso al crédito y a otros servicios financieros, a través de la banca de desarrollo, a actores económicos en sectores estratégicos prioritarios con dificultades para disponer de los mismos, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como la infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, además de la innovación y la creación de patentes, completando mercados y fomentando la participación del sector privado sin desplazarlo, con tres ejes temáticos: a) Incentivos económicos de regulación financiera b) Banca de desarrollo c) Eficiencia Institucional Financiera Estrategia: promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y la calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía con dos ejes temáticos: a) Incentivos económicos de regulación financiera b) Banca de desarrollo

Eje temático: Banca de Desarrollo En la gestión de la eficiencia institucional, destaca la fiscalización al desempeño de la banca de desarrollo. En la reforma financiera el gobierno sostuvo que el apoyo eficiente a la intermediación crediticia por parte de la banca de desarrollo podría contribuir al crecimiento estructural del PIB en más de un punto porcentual. Las instituciones de banca de desarrollo del gobierno tienen que ver con las cinco estrategias relacionadas con el objetivo de democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento. Con la aprobación de la reforma financiera, se generó una

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reestructuración del sistema de banca de desarrollo, y se generaron los siguientes compromisos: (1) Impulsar el crecimiento de la oferta de crédito, (2) Impulsar la inclusión financiera, (3) Impulsar a la pequeña y mediana empresa, (4) Impulsar la ampliación de infraestructura con la participación de gobiernos estatales y municipales e; (5) Impulsar el crecimiento de la oferta de crédito. La fiscalización practicada por la ASF a la banca de desarrollo, abordó esta temática como lo ejemplifica la revisión a: Evaluación de la Política Pública de la Banca de Desarrollo “Financiamiento al Sector Comercio Exterior” (Bancomext) “Financiamiento para el Sector Agropecuario, Forestal y Pesquero” (Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero) “Financiamiento para el Sector Empresarial” (Nafin). Los hallazgos principales de la ASF sobre la Política Pública de Banca de desarrollo para el periodo 2007-2016 fueron:

Se redefinió el mandato de la banca de desarrollo para ampliar el acceso al financiamiento de los sectores estratégicos, y reglas para mantener su estabilidad y sano desarrollo.

Se preservó la fortaleza financiera de la banca pública

Aunque se atendió a la falta de promoción de financiamiento y la insuficiencia de productos y servicios financieros de acuerdo con las necesidades de cada sector estratégico; sin embargo, la ASF identificó que NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, BANJERCITO, SHF y FND carecieron de indicadores para evaluar la promoción del financiamiento; BANSEFI no dispuso de mecanismos para medir el desarrollo de nuevos productos y servicios financieros, y ninguna institución evaluó los efectos de la promoción en el otorgamiento de crédito.

En lo general la banca de desarrollo cumplió con su objetivo de ampliar el crédito a los sectores estratégicos.

Fortaleza financiera de la banca pública en el 2016: índice de recuperación de la cartera de crédito de total de 90.6%; aumento de 73.0% en el capital.

Otorgamiento de crédito: la banca de desarrollo incrementó la oferta de créditos a una tasa media anual de 8.8% en términos reales en los últimos 10 años.

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Objetivos pendientes de la Banca de Desarrollo:

Índices de atención a la población objetivo, en 2016, de acuerdo con un referente establecido por la ASF, NAFIN registró una cobertura de 12.7% respecto de su población potencial; BANOBRAS del 51.9%; BANSEFI tendió al 97.3%; BANJERCITO logró una cobertura de 80.3%, SHF del 34.3%. No fue posible evaluar la cobertura de BANCOMEXT respecto de la población potencial y objetivo.

En relación con la inclusión financiera, al cierre de 2016, NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, BANJERCITO, SHF y FND no integraron dentro de sus objetivos y estrategias institucionales, programas presupuestarios e indicadores de desempeño para el fomento de la inclusión financiera para los sectores específicos que atiende cada una de ellas y se identificó que estas instituciones no definieron la manera en que coadyuvarían al logro de los ejes de la Política Nacional de Inclusión Financiera.

En lo particular las revisiones a Bancomext, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y Nafinsa, corroboraron los hallazgos de la ASF sobre el desempeño de la política pública del gobierno sobre la banca de desarrollo. En el ámbito de la eficiencia institucional llama la atención la fiscalización a los entes siguientes: Sistema de Administración y Enajenación de Bienes. La fiscalización a la gestión del SAE continuó revelando los claroscuros de la institución destacando lo siguiente:

Costo relevante para el Estado de la expropiación de los ingenios por los largos procesos de liquidación y resolución de los mismos con baja rendición de cuentas a pesar de ciertos beneficios sociales.

En la fiscalización al proceso de liquidación de Luz y Fuerza del Centro, sigue pendiente de 969 extrabajadores y la ASF emitió una Abstención de Opinión sobre la revisión.

En la fiscalización al proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México se constató que se trata de un proceso largo y costoso.

Otros Sectores de Gobierno Se realizaron 63 revisiones practicadas a 26 entes distribuidos en 10 sectores fiscalizados: Poder Legislativo, Poder Judicial, Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Presidencia de la República, Procuraduría General de la República, Función Pública y Órganos Autónomos.4

4 En órganos Autónomos, se excluye Banco de México, ya que se encuentra en la Sección de Hacienda, por la importancia de este y la naturaleza de sus funciones financieras.

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En funciones de Gobierno, el presupuesto ejercido en estas funciones de Gobierno se distribuyó como sigue: en Gobernación fue el más representativo, al significar el 22.0% del gasto, Defensa Nacional 19.7%; Poder Judicial representó 15.3%; Hacienda y Crédito Público 12.8%; Marina 8.5%; Órganos Autónomos 8.3%; Procuraduría General de la República 4.4%; Poder Legislativo 3.8%; Relaciones Exteriores 3.6%; Presidencia de la República 0.9%; Función Pública 0.6% y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal con un monto marginal de 0.04%.

Poder Legislativo.

Se practicaron tres auditorías financieras y de cumplimiento al poder legislativo, dos a la Cámara de Diputados y una a la Cámara de Senadores. En ambos casos la ASF encontró incumplimientos de disposiciones legales y normativas, así como opacidad en el uso de recursos.

En la Cámara de Diputados la ASF destaca la reincidencia en el otorgamiento de subvenciones especiales al amparo de Acuerdos emitidos en ejercicios anteriores, no obstante que éstas sólo deben ser autorizadas en situaciones excepcionales y con el carácter de únicas para atender asuntos específicos.

En la Cámara de Senadores prácticamente una tercera parte del presupuesto (22.7%) no se ve respaldada con información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto o comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos.

Lo anterior da lugar a un total de 7 observaciones y 9 acciones promovidas en el Poder Legislativo. Cabe destacar, que la mayoría de las observaciones presentadas son de carácter reincidente tanto en la Cámara de Diputados como en la Senadores.

Por otra parte, queda como tarea pendiente la evaluación del desempeño de los impactos de las reformas estructurales en los ámbitos social, económico (en particular en lo referido a producción, empleo, equidad y bienestar social) y otros relevantes en cada caso. Tal evaluación se haría desde lo referido en los respectivos objetivos declarados de cada una de las reformas estructurales.

Poder Judicial. En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se considera de gran importancia el logro de la Primera Meta Nacional, México en Paz; para alcanzar dicha meta se plantea el objetivo de Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente, y para lograrlo se planea consolidar la transición hacia un Nuevo Modelo de Justicia Penal Acusatorio. Lo anterior implica una transformación de las instituciones involucradas hacia un modelo que contribuya a abatir la impunidad, logre una procuración de justicia efectiva y combata la corrupción.

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En este contexto la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, abordó varias de las estrategias y líneas de acción para el cumplimiento de objetivos, entre las que destaca Consolidar los procesos de formación, capacitación, actualización, especialización y desarrollo de los agentes del Ministerio Público Federal, peritos profesionales y técnicos, policías federales, intérpretes, traductores, especialistas en justicia restaurativa y demás operadores del sistema; por ello la fiscalización superior contempló entre sus revisiones la auditoría de “Otras Actividades: Capacitación”. Asimismo, en aras de cumplir con la Meta Nacional destacó entre sus revisiones de auditoría:

Gestión Financiera.

Proyecto Integral para la Construcción del Anexo al Edificio Sede para la Instalación de un Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, en el Estado de Sonora.

Proyecto Integral para la Construcción del Centro de Justicia Penal Federal en Cancún, en el Estado de Quintana Roo.

Construcción de los Centros de Justicia Penal Federal en Puebla, Puebla; Guanajuato, Guanajuato; y Tapachula, Chiapas.

Contratación de la Construcción del Centro de Justicia Penal Federal El Altiplano Ubicado en el Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México; Edificio Sede de Juzgados y Sótanos de Tribunales (Primera Etapa) en Tepic, Nayarit; Edificio Sede en Colima, Colima; Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, en Apizaco, Tlaxcala; Centro de Justicia Penal Federal en Acapulco, Guerrero y Adecuación de Áreas y Construcción del Centro de Justicia Penal Federal en Tijuana, Baja California.

Proyecto Integral para la Construcción del Anexo al Edificio Sede de Juzgados para la Instalación de un Centro de Justicia Penal Federal, en Puente Grande, en el Estado de Jalisco.

Construcción del Centro de Justicia Penal Federal Definitivo y Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Torreón, Coahuila; Centro de Justicia Penal Federal en Mexicali, Baja California y Edificio Sede en Durango, Durango.

Contratación del Proyecto Integral para la Construcción del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, en el Inmueble Denominado Fracción No. 2, en el Estado de Aguascalientes.

Construcción del Nuevo Edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Ciudad de México.

Con base a lo anterior se realizaron 10 auditorías al Poder Judicial; de las cuales, una de Inversiones Físicas, fue realizada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 9 al Consejo de la Judicatura Federal de las cuales 7 fueron de Inversiones Físicas, 1 Financiera y de Cumplimiento

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y 1 de Desempeño. La distribución de la fiscalización se encamino a constatar que las obras públicas realizadas para o por las entidades fiscalizadas fueron presupuestalmente aprobadas y los recursos correctamente utilizados; se contó con los estudios y proyectos respectivos; la contratación se sujetó a las disposiciones jurídicas y técnicas aplicables; los costos se correspondieron con los bienes o servicios adquiridos, y los de la obra ejecutada con los tiempos, precios, volúmenes, especificaciones y calidad de los materiales; y que la entrega de las obras, bienes y servicios se ajustó a lo previsto en las leyes y contratos respectivos. Las auditorías realizadas al Consejo de la Judicatura Federal, arrojaron 38 observaciones (88.4% de las observaciones del sector) que dieron lugar a 42 acciones (89.4% de las acciones del sector), de las cuales 16 fueron preventivas y 26 correctivas entre las que destaca 18 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (94.7% de las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria del sector). Asimismo, se determinaron recuperaciones por 36.2 millones de pesos (75.2% de las recuperaciones totales determinadas del sector), de las cuales solo se han operado 4.9 millones de pesos (13.6%) y probables a recuperar 31.2 millones de pesos. La auditoría de Inversiones Físicas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación arrojó 5 observaciones (11.6% de las observaciones del sector) que dieron lugar a 5 acciones (10.6% de las acciones del sector), de las cuales 1 fue preventiva y 4 correctivas entre las que destacan 3 Solicitudes de Aclaración (37.5% de las Solicitudes de Aclaración del sector). Asimismo, se determinaron recuperaciones por 12 millones de pesos (24.8% de las recuperaciones totales determinadas del sector), de las cuales no se ha operado. La aplicación de las auditorías por parte de la ASF, permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes:

Irregularidades normativas.

Se avalaron y autorizaron para pago estimaciones sin contar con todos sus soportes correspondientes.

No se aplicaron a la contratista las penas convencionales.

No hay congruencia en el pago de mano obra.

No se vigiló adecuadamente el control del programa de obra para su terminación y no se realizó adecuadamente el cierre administrativo del contrato.

En la solicitud de cotización a las contratistas se les indicó el importe del presupuesto base.

Deficiencias en la planeación de la obra al omitir restricciones de altura normadas

Falta de transparencia en la formulación de actas de fallo

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Deficiencias en los procesos de licitación

Adjudicación de contratos que incumplen las bases de la licitación

Irregularidades en manejo de materiales e insumos.

Gobernación.

Este sector fue el más fiscalizado en el grupo funcional; se le practicaron 18 auditorías de las cuales 8 fueron a la Secretaría de Gobernación y las restantes 10 a los otros cinco entes que conforman el sector. Las auditorías efectuadas a este sector se distribuyeron en 2 de desempeño, 4 financieras y de cumplimiento, 1 de inversiones físicas y 1 evaluación de políticas públicas. Las otras 10 auditorías fueron 5 de desempeño, 3 financieras y cumplimiento, 1 de inversiones físicas y 1 forense.

En conjunto se manifiesta una distribución encaminada a la revisión del desempeño por un lado y por otro a lo financiero y de cumplimiento de los entes que componen este sector. En total dieron lugar a 58 observaciones y 106 acciones, de las que 61 fueron preventivas y 45 correctivas. Las recuperaciones determinadas fueron de 215.0 millones de pesos, de las cuales 317.3 mil pesos han sido operadas y 214.7 millones de pesos son probables.

Los temas revisados en términos generales a las áreas sustantivas se centraron en la evaluación del gobierno interior del país, fueron las siguientes: derechos humanos, discriminación, seguridad pública, servicios migratorios, archivos, así como la prevención y readaptación social.

Las auditorías de desempeño realizadas a la SEGOB, coinciden en señalar que las medidas instrumentadas por los entes de este sector no fueron suficientes para abatir la problemática específica de los programas que se estaban auditando.

En la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, la ASF realizó un importante esfuerzo para evaluar la política de prevención del delito y migración, fiscalizando a la SEGOB (Auditorías 1787, 16 y 18, evaluación de políticas públicas y financiera y de cumplimiento), al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Auditoría 29, de desempeño), a la Policía Federal (Auditoría 21, de desempeño) y al Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública (Auditoría 23, de desempeño).

En cuanto a los resultados de la Política Pública Migratoria, se determinó que, en el periodo 2007-2011, se vulneraron 25 derechos de los migrantes, al pasar de 12 a 13 derechos vulnerados. En contraste, durante el periodo 2012-2016, posterior a la entrada en vigor de la Ley de Migración, el número de derechos vulnerados fue de 61. De los derechos humanos de los migrantes que fueron vulnerados en el periodo 2007-2016, la mayor cantidad se registró en los derechos a la seguridad jurídica, a la legalidad y al trato digno, y se identificó

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la participación de 8 autoridades en el primero, de 7, en el segundo y de 6, en el tercero, lo que denota la necesidad de prevenir, específicamente, la comisión del delito en ese tipo de derechos. En el periodo 2007-2011 el porcentaje de dependencias involucradas en violaciones a migrantes disminuyó 8.5%, al pasar de 94 a 86, en el periodo 2012-2016 decreció en 38.5%, al pasar de 109 a 67 dependencias.

El FONDEN es un instrumento interinstitucional que permite apoyar a las entidades federativas cuando un fenómeno natural amenaza la vida y la salud de la población y supera su capacidad financiera y operativa de respuesta. Emplearlo requiere una declaratoria de emergencia. Al respecto resaltan las siguientes irregularidades:

En el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

(Cenaprece), de la Secretaría de Salud, se autorizaron 52,940 y 20,043 medicamentos de más, correspondientes a las solicitudes de 2015 y 2016, sin el cálculo que los avale.

Se entregaron 348,135 insumos a los municipios afectados de Chihuahua después del

término de las declaratorias.

Por su parte, los estados de Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, y Tamaulipas remitieron al Cenaprece los formatos de utilización de medicamentos con retardo entre 14 y 454 días después del aviso de término de la emergencia.

Relaciones Exteriores. En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se considera de gran importancia el logro y cumplimiento de la Quinta Meta Nacional, México con Responsabilidad Global; para alcanzar esta meta se plantea el objetivo “Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional”, sobre la estrategia de ofrecer asistencia y protección consular a todos aquellos mexicanos que lo requieran. Asimismo, el logro de la Meta Nacional se encuentra alineada al objetivo de “Proteger los intereses y derechos de las personas mexicanas en el extranjero, fomentando así la inclusión en el país” del Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018.

Meta Nacional

(PND)

Objetivo de la Meta

Nacional (PND)Estrategia(s) del Objetivo de la Meta Nacional (PND) Línea de Acción (PND)

Objetivos del Programa

Sectorial

5. México con

Responsabilidad

Global

5.4 Velar por los

intereses de los

mexicanos en el

extranjero y proteger

los derechos de los

extranjeros en el

territorio nacional.

5.4.1 Ofrecer asistencia y protección consular a todos

aquellos mexicanos que lo requieran.

Desarrollar proyectos a nivel comunitario en áreas

como educación, salud, cultura y negocios

5 Proteger los intereses y

derechos de las personas

mexicanas en el

extranjero, fomentando

así la inclusión en el país.

ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS SECTORIALES A LAS METAS NACIONALES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND)

Fuente: Elaborado por la UEC, con información del Programa Sectoria l de Relaciones Exteriores 2013-2018.

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Con base a lo anterior la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, en materia de desarrollar proyectos a nivel comunitario en áreas como educación, salud, cultura y negocios destacó los siguientes programas:

Erogaciones para la Atención, Protección, Servicios y Asistencia Consulares.

Promoción y Defensa de los Intereses de México en el Ámbito Multilateral: Programa Equidad de Género.

Con base a lo anterior se realizaron 2 auditorías una Financiera y de Cumplimiento y una de Desempeño a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para el análisis de este documento se consideró las “Erogaciones para la Atención, Protección, Servicios y Asistencia Consulares”, por lo que la distribución de la fiscalización se enfocó a fiscalizar la gestión financiera del Programa E002 "Atención, protección, servicios y asistencia consulares" para verificar que el presupuesto asignado a las erogaciones para la atención, protección, servicios y asistencia consulares, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. Las auditorías aplicadas a la Secretaría de Relaciones Exteriores la arrojaron 29 observaciones que dieron lugar a 74 acciones, de las cuales 53 fueron preventivas y 21 correctivas, entre las que destacan 11 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 10 Pliegos de Observación. Asimismo, se determinaron recuperaciones por 70.0 millones de pesos, de las cuales se operaron 1.6 millones de pesos, y probables de recuperar 68.3 millones de pesos. La aplicación de la auditoría revisada por la UEC, permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes:

Sin actualización del marco normativo el Servicio Profesional de Carrera de la SER, como son: los Manuales de Organización Específicos y Generales sin actualización.

Sin reglas claras de cómo se realizará el control de la asignación, erogación y comprobación de los recursos para los Procedimientos de “Radicaciones a las Representaciones de México en el Exterior”.

Sin actualización las normas presupuestarias para las Representaciones de México en el Exterior (RME).

Sin información comprobatoria de las erogaciones de las RME en USA.

Deficiencias en el programa de trabajo.

Incremento significativo en el presupuesto ejercido en el programa Atención, Protección, Servicios y Asistencia Consulares.

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Sin justificación de la No radicación de recursos al programa relativo al Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) de Becas.

Sin mecanismo de control y seguimiento de los recursos asignados a sus distintos programas, para que se ejerzan de acuerdo a su fin establecido.

Deficiencia en los mecanismos de control para determinar si la totalidad de recursos recibidos corresponden con los egresos registrados y aplicados, restando transparencia a la rendición de cuentas de los recursos del IME.

Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento en el rubro de gastos.

Deficiencias en las normas internas sin que se exista un fundamento en la mayoría de los gastos de operación y sin aplicación eficiente en las Adefas.

Deficiencia en las disposiciones normativas para fortalecer los mecanismos de control, seguimiento, unificación y homologación de los Memorándums de Entendimiento (MOU), que tienen como consecuencia la falta de transparencia de los recursos.

Carencia de mecanismos para la comprobación y aplicación de gastos con las organizaciones de la sociedad que reciban recursos de apoyo de los programas de la SER.

Sin coordinación eficiente y eficaz entre el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, las Representaciones de México en el Exterior y las organizaciones participantes.

Falta de lineamientos para un mejor control de los recursos en el Programa “Actividades Comunitarias”.

Sin lineamientos o criterios que describan los procedimientos para la asignación, operación, control, comprobación y seguimiento del denominado "Programa IME Becas".

Deficiencias en la aplicación de los recursos del programa IME-Becas

Sin evidencia documental de publicaciones efectuadas

Sin verificación del cumplimiento de las reglas de operación

Probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 946.4 millones de pesos.

Irregularidades en los procesos de control del servicio profesional de carrera

Falta de seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones

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Falta de transparencia en el control, seguimiento y aplicación de recursos asignados.

Defensa Nacional.

Por lo que hace al Sector Defensa Nacional, la Auditoria Superior de la Federación realizó 1 auditoría financiera y de cumplimiento la SEDENA de auditorías Financiera y de Cumplimiento, así como una de Inversiones Físicas al Instituto de Seguridad Social para las fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

Lo anterior dio lugar a un total de 9 observaciones con 10 acciones promovidas en el Sector Defensa Nacional. En lo que respecta al ISSFAM presenta recuperaciones probables por un monto de 4.2 millones de pesos.

Cabe mencionar, que en la auditoría 103 realizada al ISSFAM se observa una falta de control y supervisión del correcto requisitado de los oficios de instrucción de transferencia de recursos, emitiéndose un recibo por 120.3 millones de pesos; sin embargo, las transferencias recibidas de SEDENA fueron por 116.2 millones, lo que hace una diferencia de 4.1 millones pendiente de depositar.

Por otro lado, se observa que existe una falta de evidencia en la entrega oportuna de víveres por 3.5 millones de pesos.

Marina.

En este sector, la auditoría Superior de la Federación practicó al ente auditado dos revisiones, la primera fue Financiera y de Cumplimiento y la otra de Inversiones Físicas, en la primera de ellas se tuvo una observación con una acción promovida, sin que diera lugar a recuperaciones o sin que se generaran recuperaciones determinadas. En la segunda no se presentaron observaciones.

En la auditoría 1814 “Ampliación y Equipamiento de la Escuela de Aviación Naval, en el Estado de Baja California Sur, Construcción de Hospital General Naval de Segundo Nivel y del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, en la Ciudad de México” se realizaron 3 proyectos importantes: Ampliación y Equipamiento de la Escuela de Aviación Naval, en el Estado de Baja California Sur, Hospital General Naval de Segundo Nivel, en la Ciudad de México y Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, en la Ciudad de México.

El proyecto de ampliación y equipamiento de la Escuela de Aviación Naval, en el estado de Baja California Sur, tuvo como objetivo proveer de infraestructura y equipo necesarios para la formación de oficiales pilotos aviadores, así como brindar instalaciones adecuadas y suficientes para tener capacidad de alojamiento, entrenamiento a los cadetes de la escuela de aviación, mantenimiento y resguardo a las aeronaves, a fin de garantizar en tiempos

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oportunos la seguridad aérea. Este proyecto tuvo un monto de 116.4 millones de pesos y un plazo de 230 días naturales. Se realizó una verificación física y se comprobó que la obra se había concluido y se encontraba en operación.

Se observó que en la bitácora de obra no se asentaron la descripción del asunto, ubicación, causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere y fecha de atención, así como la referencia, en su caso; asimismo, no se asentaron los asuntos transcendentes derivados de la ejecución de los trabajos en cuestión, ni se registró el procedimiento constructivo, los aspectos de calidad y los programas de ejecución convenidos.

Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. C05/2016, se constató que la SEMAR en los términos de referencia no incluyó la información técnica y recursos, las especificaciones generales y particulares del proyecto, el producto o los documentos esperados y su forma de presentación, así como la metodología a emplear en la prestación del servicio.

Presidencia de la República. La Auditoría Superior de la Federación se enfocó en revisar el cumplimiento normativo y operativo relacionado con la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos aprobados por el Congreso que su manejo y registro financiero haya sido correcto; por lo que realizó una auditoría a Presidencia de la República con el objetivo de fiscalizar la gestión financiera y verificar el presupuesto ejercido. La aplicación de la auditoría por parte de la ASF, permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes:

Importante sobreejercicio en los capítulos 1000 al 5000.

Falta de Análisis y Previsión que impidieron cumplir los lineamientos del procedimiento de licitación.

Deficiencias en sus mecanismos de control, sin verificar la autenticidad y la veracidad de documentos entregados por los prestadores de servicios, presentando graves inconsistencias en los mismos.

Deficiencias en los mecanismos de control y programación para cubrir las necesidades operativas, administrativas y de protocolo de último momento.

Carencia en la verificación de la autenticidad y la veracidad de documentos entregados por los prestadores de servicios.

Deficiencia en los procesos de control para sus registros comprobatorios.

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Deficiencias en los controles de pago del programa. La auditoría aplicada a Presidencia de la República arrojó 1 observación que dio lugar a 1 acción, la cual fue una Recomendación preventiva. Asimismo, cabe destacar que en la auditoría no se determinaron recuperaciones a pesar de las múltiples irregularidades recurrentes.

Procuraduría General de la República. Para 2016, la Auditoría Superior de la Federación realizó 5 auditorías a este ente auditado de las cuales 3 fueron de Desempeño y una Financiera y de Cumplimiento fueron a la Procuraduría General de la República; una de desempeño al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia y una de Desempeño al Instituto Nacional de Ciencias Penales. Por lo que se percibe un enfoque basado principalmente en evaluar el grado de cumplimiento de metas y objetivos de los programas gubernamentales; si estos fueron realizados con eficacia, eficiencia y economía, así como determinar su impacto -social y económico- y los beneficios para la ciudadanía. La aplicación de las auditorías por parte de la ASF, permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes:

Estancamiento en la procuración de justicia en materia de recursos de procedencia ilícita.

Alto índice de averiguaciones devueltas.

Significativa reducción de la productividad en la atención de las averiguaciones previas.

Insuficiente evidencia de información de inteligencia y/o estratégica.

Fuerte impacto del lavado del dinero.

Limitada información en materia de delitos financieros. Las auditorías aplicadas a la Procuraduría General de la República arrojaron 17 observaciones (89.5% respecto al total del sector) que dieron lugar a 35 acciones (94.6% respecto al total del sector), de las cuales 22 fueron preventivas (91.7% respecto al total del sector) y 13 correctivas (100% del total del sector), entre las que destacan 11 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observación. Asimismo, se determinaron recuperaciones por 128.8 miles de pesos, las cuales no han sido operadas. La auditoría aplicada al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, arrojó 2 observaciones (10.5% del total) que dieron lugar a 2 acciones (5.4% del total), de las cuales 2 fueron preventivas (8.3% del total) entre las que destacan 2

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Recomendaciones al Desempeño. Es importante destacar que no se determinaron recuperaciones. Cabe mencionar que, con excepción de la auditoría 109 GB Investigación Académica en el Marco de las Ciencias Penales, relacionada a la investigación y difusión de conocimientos en ciencias penales, para contribuir a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente, el resto tuvieron un dictamen de No cumplió o Cumplió, excepto por; siendo la auditoría 105 GB Erogaciones para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio con más irregularidades detectadas.

Impacto limitado de las observaciones y denuncias que realiza la Auditoría Superior de la Federación ante la PGR.

Existe la percepción de que la Auditoría Superior de la Federación, a pesar de su profesionalismo y eficiencia, ha tenido un impacto limitado desde la perspectiva de un cambio extendido, profundo y permanente hacia una cultura de rechazo a la corrupción dentro del sector público. Lo anterior se refiere a dos aspectos: Uno es que las observaciones y denuncias sobre casos puntuales no tienen un impacto ejemplarizante extendido y suficiente para modificar las conductas de quienes incurren en corrupción en los programas, entidades e instituciones. Lo segundo es que las conductas irregulares observadas en situaciones y periodos específicos no dan pie a modificaciones institucionales de fondo y permanentes que eviten la repetición de acciones similares en años subsecuentes. El impacto limitado fuera de lo directamente fiscalizado se relaciona con la frecuente ineficacia de los señalamientos puntuales sobre estrategias de defraudación e incluso con la de denuncias penales concretas. Como un ejemplo reciente y relevante, la ASF en varios de sus informes de auditoría recientes se refiere a desvíos ocurridos a lo largo de cinco años, que ascienden a más de 6 mil 880 millones de pesos, que fueron “propiciados por irregularidades que han sido observadas reiteradamente”. Este esquema de operación fraudulento, prosigue la ASF, se ha hecho del conocimiento de las autoridades competentes en materia de investigación delictiva, tributaria y de prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin que se perciban avances. La Dra. Jacqueline Peschard Mariscal, que presidió en 2017 el primer Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, se refirió a la mayor relevancia pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para añadir a continuación:

“El gran problema es que parece que la relevancia pública alcanzada por la ASF está en razón directa de la soledad de su trabajo, ya que, por ejemplo, de las 848 denuncias penales que ha presentado, desde 2010 a la fecha, ante la PGR por posibles actos de

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corrupción, apenas 7 se han desahogado. Se siguen acumulando denuncias y la impunidad se mantiene incólume.” 5

Desde el mencionado Comité de Participación Ciudadana, Peschard propone que lo que hace la ASF tenga continuidad con lo que hará la Fiscalía Especial Anticorrupción. Por su parte Juan Manuel Pérez, también integrante del Comité, señaló que la ASF año con año determina irregularidades en el uso de recursos federalizados por parte de los estados. Sin embargo de las denuncias presentadas a la PGR muy pocas han prosperado.6 De acuerdo a algunos analistas las denuncias formales que ha hecho la ASF ante la PGR presentan un grado de impunidad del 100 por ciento. De 872 denuncias penales realizadas desde su creación, “la Procuraduría solo ha logrado que una decena de esos casos lleguen a juicio y en ninguno se ha dictado sentencia todavía. Los detenidos por esos casos se encuentran libres bajo fianza”.7 De lo anterior se desprende que en la perspectiva de la propia ASF, del Comité de Participación Ciudadana y del segmento de la percepción pública que sigue con interés este tema, existe un importante problema de ineficacia, que no de ineficiencia, en cuanto al impacto de la fiscalización en el combate a la corrupción dentro del sector público. Es en esta perspectiva que debe considerarse el siguiente llamado de la ASF, integrado en varias auditorías correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública de 2016:

“La sociedad espera que por la naturaleza de sus funciones y como integrante del SNA, las instituciones se asuman plenamente como vigilantes proactivos y que implementen los mecanismos y controles de prevención, detección y disuasión para inhibir o reducir conductas deshonestas, en el ejercicio, manejo y aplicación del recurso público como una de las mejores prácticas de buen gobierno.”

La UEC propone a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que se elabore un programa especial de trabajo por parte de esta instancia enfocado a emitir un diagnóstico profundo y puntual de las razones del estancamiento de las denuncias presentadas por la ASF a la PGR, emitiendo propuestas de solución puntuales en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.

Función Pública.

En la fiscalización practicada por la ASF a la Cuenta Pública 2016 al sector Función Pública, se realizó solamente una auditoría de Desempeño. Cabe destacar que el sector Función Pública no presentó ninguna observación.

5 “La soledad de la ASF: Clave de la impunidad”. http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jacqueline-peschard/la-soledad-de-la-asf-clave-de-la-impunidad. 6 http://www.nacion321.com/gobierno/el-sistema-nacional-anticorrupcion-una-lucha-que-inicio-sin-brazos. 7 https://www.animalpolitico.com/2017/11/denuncias-auditoria-desvios-recursos/

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Sin embargo, es de llamar la atención que de acuerdo con el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) 2013-2018, persiste la falta de servidores públicos profesionales, lo que limita la eficiencia y eficacia en la prestación de servicios oportunos y de calidad. Las causas de este fenómeno se deben a deficiencias normativas, insuficiente coordinación de los actores que instrumentan el Servicio Profesional de Carrera, limitada capacitación y se observa un incumplimiento de objetivos y metas.

Órganos Autónomos. La Auditoría Superior de la Federación ejecutó un total de 19 auditorías a 7 Órganos Autónomos: Instituto Nacional de Estadística y Geografía; Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Instituto Federal de Telecomunicaciones; Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Instituto Nacional Electoral; Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La aplicación de las auditorías por parte de la ASF, permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes:

Deficiente planeación del ejercicio de su presupuestario de parte del INEGI derivando en incumplimiento de funciones básicas relevantes.

Carente procedimiento en el Análisis Costo-Beneficio que permita corroborar el dictamen técnico de las contrataciones. (INEGI).

Deficiencias en el Gobierno y Administración de las TIC. (INEGI)

Normativa inconclusa. (IFT)

Falta de manuales de organización. (INAI)

Riesgos por la carencia y operación de controles de seguridad de la información. (INEGI).

No armonizaron su marco normativo con la legislación general en 11 estados de la República Mexicana, limitando la coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia (INAI).

No se cumplieron las metas de registro de información en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) (INAI).

No se tienen actualizados los Reglamentos Interiores de las dependencias de la Administración Pública Federal (INAI).

Limitaciones en la implementación del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) (INAI).

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Deficiencias en la programación y administración de los recursos presupuestarios, con lo cual se generó un déficit presupuestario. (TFJA)

Incumplimiento de las condiciones establecidas en las pólizas. (TFJA)

Contrato sin suficiencia presupuestal para su adjudicación. (INAI)

Sistemas de información con fallas en su funcionalidad. (INAI)

Es necesario fortalecer el Sistema Integral de Fiscalización para mejorar la rendición de cuentas. (INE)

Vicios en el proceso de licitación en los servicios relacionados con obra pública. (INE) Las auditorías aplicadas a los Órganos Autónomos arrojaron 71 observaciones que dieron lugar a 123 acciones, de las cuales 89 fueron preventivas y 34 correctivas, entre las que destacan 3 solicitudes de aclaración; 25 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observación. Asimismo, se determinaron recuperaciones por 21.5 millones de pesos, de las cuales se operaron 163.6 miles de pesos, por lo que existen probables de recuperar 21.3 millones de pesos. Finalmente se presenta un resumen de las irregularidades detectadas en Otras Funciones de Gobierno en el año 2016, las cuales alcanzaron la cifra global de 351.9 millones de pesos. El sector con mayor porcentaje de recuperaciones probables fue el Sector Gobernación (61.0% respecto al total de recuperaciones probables).

Grupo Funcional Sector Irregularidad Millones de pesos

TOTAL 445.9

No se aplicaron a la contratista las penas convencionales y

sanciones a la que se hizo acreedora por los atrasos

registrados.

Pagos anticipados por obra y servicios no ejecutados.

Deficiencias en la calidad de los materiales y conceptos

utilizados.

Diferencias entre los volúmenes de obra estimados, pagados,

y ejecutados.

No hay congruencia en el pago de mano obra.

Pagos en exceso de servicios no aprovechados.

Irregularidades en el proceso de contratación.

Recursos federales ejecutados sin eficiencia, eficacia,

economía, transparencia y honradez.

Deficiencias en la contratación de prestadores de servicios.

Continúa…

RECUPERACIONES PROPABLES EN OTRAS FUNCIONES DE GOBIERNO 2016

PODER JUDICIAL 43.2

214.7SECTOR GOBERNACIÓN

GOBIERNO

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Grupo Funcional de Desarrollo Económico En la fiscalización superior al grupo funcional de Desarrollo Económico, destaca el incremento en su cobertura respecto a la que se registró en la revisión de 2015. El pequeño aumento en el número de auditorías practicadas al grupo (pasaron de 217 en la revisión 2015 a 223 en la fiscalización 2016), derivó en la pérdida de importancia en el total de auditorías practicadas, pasando de representar 13.2% en la revisión 2015 a 12.0% en la revisión 2016. Por el contrario, el número de entidades auditadas en el grupo funcional descendió ligeramente al pasar de 52 en la fiscalización de 2015 a 50 en la revisión de 2016. Resalta también el mayor número de revisiones de regularidad (pasó de 153 en la revisión 2015 a 169 en la revisión 2016), dando como resultado un aumento en su importancia respecto a los tipos de auditoría practicados (pasó de significar 70.5% en la revisión 2015 a 75.8% en la revisión 2016)8. Por el contrario, la importancia de las auditorías de desempeño disminuyó al pasar de 27.2% en la revisión 2015 a 23.8% en la revisión de 2016. Al igual que en la revisión pasada, y considerando el mayor número de auditorías de regularidad, el enfoque de la fiscalización superior en el grupo funcional de Desarrollo Económico está orientado en más del 75.0% a este tipo de revisiones.

8 Se consideran como auditorías de regularidad, las financieras y de cumplimiento, inversiones físicas, forenses y financieras con enfoque de desempeño.

Grupo Funcional Sector Irregularidad Millones de pesos

TOTAL 94.0

SECTOR DEFENSA NACIONAL

Deficiencias de registro de transacciones en el Instituto de

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

(ISSFAM).

4.2

Sin reglas claras de cómo se realizara el control de la

asignación, erogación y comprobación de los recursos.

Sin información comprobatoria de las erogaciones.

Normas presupuestarias desactualizadas.

SECTOR PROCURADURÍA

GENERAL DE LA REPÚBLICA

Falta de información comprobatoria de los servicios

contratados0.1

Sistemas de información con fallas en su funcionalidad.

Contratos sin suficiencia presupuestal para su adjudicación.

Vicios en el proceso de licitación en los servicios relacionados

con obra pública.

Fuente: Elaborado por la UEC, con datos del Informe General Ejecutivo de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016.

SECTOR RELACIONES

EXTERIORES68.3

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 21.3

GOBIERNO

RECUPERACIONES PROPABLES EN OTRAS FUNCIONES DE GOBIERNO 2016

80



Es necesario destacar que en la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, el sector Energía se desagregó en tres grupos: 1) Sector Energía, integrada por la Secretaría de Energía; Centro Nacional de Control de Energía; Centro Nacional de Control del Gas Natural; Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, e Instituto Mexicano del Petróleo. 2) Empresas Productivas del Estado9, conformada por la Comisión Federal de Electricidad; Petróleos Mexicanos; Pemex-Exploración y Producción; Pemex Fertilizantes; Pemex Logística; Pemex Perforación y Servicios; Pemex Transformación Industrial, y P.M.I. Comercio Internacional, S.A de C.V. 3) Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, integrada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y la Comisión Reguladora de Energía. Cabe señalar que en la primera entrega de los Informes Individuales de Auditorías de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 se reportaron 46 revisiones al grupo funcional de Desarrollo Económico; en la segunda 93, y en la tercera 84; lo que arroja un total de 223 revisiones practicadas a la Cuenta Pública de 2016. De este total, se llevó a cabo el análisis de 205 revisiones relevantes practicadas al grupo funcional, equivalente a una muestra representativa del 91.9% (205 de 223 auditorías practicadas): Sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación: se analizaron y

resumieron 23 de 26 auditorías (88.5%). Sector Comunicaciones y Transportes: 57 de 66 auditorías (86.4%). Sector Economía: 10 de 10 auditorías (100.0%). Trabajo y Previsión Social: 3 de 3 auditorías (100.0%). Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales: 35 de 35 auditorías (100.0%). Sector Energía-Empresas Productivas del Estado-Órganos Reguladores Coordinados en

Materia Energética: 61 de 67 auditorías (91.0%). Sector Turismo: 3 de 3 auditorías (100.0%). Sector Ciencia y Tecnología: 2 de 2 auditorías (100.0%) y

9 Es una empresa cuyo dueño es el estado y participa en el mercado como el resto de las empresas privadas. Tiene como objetivo generar valor económico. Las ganancias que se obtienen de sus actividades se entregan al estado mexicano y sirven para reinvertir en la propia empresa.

81



Sector Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano: 11 de 11 auditorías (100.0%). En lo que sigue, se exponen algunos comentarios sobre el enfoque de fiscalización superior observado a nivel sectorial en el grupo funcional de Desarrollo Económico.

Sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se reconoce que el sector agroalimentario es fundamental para el logro de la Cuarta Meta Nacional, México Próspero; para alcanzar esta meta se plantea el objetivo de “construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país”, sobre la base de estrategias como impulsar la productividad, incorporar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado, incorporar mecanismos de administración de riesgos, así como aprovechar de manera sustentable los recursos naturales. También el sector agroalimentario contribuye al logro de la Segunda Meta Nacional del PND (México Incluyente), mediante la estrategia de asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los individuos en condición de extrema pobreza o con carencia alimentaria severa. Se quiere lograr un México sin hambre. La fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 en el ámbito agroalimentario, abordó varias de las estrategias antes mencionadas. En materia de impulso a la productividad mediante la inversión en desarrollo de capital físico, humano y tecnológico, destacó la fiscalización superior de varios programas y componentes relevantes, como son los siguientes: Evaluación de la Política Pública de PROAGRO Productivo. Programa de Apoyos a Pequeños Productores. Componente Fondo para el Apoyo a

Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios; Componente Incentivos Productivos; Componente Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora, y Componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café.

Programa de Fomento a la Agricultura. Componente Agroproducción; Componente

PROAGRO Productivo; Componente Modernización de Maquinaria y Equipo; Componente Tecnificación del Riego, y Componente Innovación Agroalimentaria.

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria. Componente Acceso al

Financiamiento en Apoyo a la Agricultura; Componente Acceso al Financiamiento en Apoyo Pecuario; Componente Desarrollo Productivo Sur Sureste, y Componente Productividad Agroalimentaria.

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Programa de Productividad Rural. Componente Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores; Componente Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, y Componente Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar.

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas. Tecnificación e Innovación de las Actividades Pesqueras (Instituto Nacional de Pesca y

Acuacultura). En relación a incorporar mecanismos de administración de riesgos para promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria, se fiscalizó la Administración de Riesgos de Precios (ASERCA); Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, Componente Sanidad Federalizado (SENASICA), y la Construcción de la Planta de Cría y Esterilización de Machos de la Mosca del Mediterráneo Cepa TSL y su Equipamiento en Metapa de Domínguez, Chiapas (SENASICA). En el sector Agropecuario se practicaron 26 auditorías, de las cuales 4 fueron de desempeño, 21 de regularidad y 1 Evaluación de Política Pública (PROAGRO Productivo). De lo anterior se deriva que la ASF aplicó un enfoque basado en auditorías de regularidad, al representar 80.8% de las revisiones al sector agropecuario (21 de 26 auditorías practicadas), de las cuales 16 fueron financieras y de cumplimiento, 1 de inversión física y 4 forenses. En la revisión pasada las auditorías de regularidad significaron el 75.0% de las revisiones totales a este sector. Es de destacar que sólo el 15.4% de las revisiones practicadas a este sector fueron de desempeño (4 de 26 auditorías), porcentaje inferior si se compara con el 20.8% que significó este tipo de auditoría en la revisión 2015 (5 de 24 auditorías practicadas al sector). La SAGARPA concentró el 75.0% de las auditorías de desempeño (3 revisiones de 4). Las auditorías financieras y de cumplimento se orientaron a revisar que los recursos asignados a los programas que apoyan el desarrollo agrícola, de concurrencia con las entidades federativas, de productividad rural, de la productividad y la competitividad agroalimentaria, la administración de riesgos de precios, la gestión financiera, y la prevención de riesgos sanitarios, se aplicaron en operaciones efectivamente realizadas y se utilizaron para el cumplimiento de sus objetivos. Cabe señalar, que 11 auditorías de las 16 financieras y de cumplimiento, fueron aplicadas a la SAGARPA: 3 componentes del Programa de Fomento a la Agricultura (PROAGRO Productivo,

Modernización de Maquinaria y Equipo, y Tecnificación del Riego).

Recursos ejercidos en el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas.

83



1 componente del Programa de Apoyos a Pequeños Productores (Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora).

3 componentes del Programa de Productividad Rural (Atención a Siniestros Agropecuarios

para Atender a Pequeños Productores, Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria y Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar).

3 componentes del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria (Acceso

al Financiamiento en Apoyo a la Agricultura, Acceso al Financiamiento en Apoyo Pecuario y Desarrollo Productivo Sur Sureste).

Las auditorías financieras y de cumplimiento aplicadas a la SAGARPA, arrojaron 76 observaciones (35.7% de las observaciones del sector, 213) que dieron lugar a 131 acciones (33.5% de las acciones del sector, 391), de las cuales 27 fueron preventivas y 104 correctivas, entre las que destaca 68 pliegos de observaciones (56.7% de los pliegos de observaciones del sector agropecuario, 120). Asimismo, se determinaron recuperaciones por 732.1 millones de pesos (32.1% de las recuperaciones totales determinadas del sector agropecuario, 2 mil 281.1 millones de pesos), de las cuales sólo se han operado 15.8 millones de pesos (2.2%) y se estiman como probables de recuperar 716.3 millones de pesos. La ASF también aplicó a la SAGARPA 3 auditorías forenses (que busca evidencias de actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas para promover las acciones legales procedentes), en relación a: 1 componente del Programa de Apoyos a Pequeños Productores (Componente PROCAFÉ e

Impulso Productivo al Café) 1 componente del Programa de Fomento a la Agricultura (Innovación Agroalimentaria), y 1 componente del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria

(Productividad Agroalimentaria).

84



Como resultado de estas auditorías, se emitieron 35 observaciones que dieron lugar a 57 acciones: 6 preventivas y 51 correctivas, entre las que destaca 36 pliegos de observaciones (30.0% de los pliegos de observaciones del sector, 120). Se determinaron recuperaciones por 1 mil 278.0 millones de pesos (59.5% de las recuperaciones probables del sector), en su totalidad estimadas como probables de recuperar. También la ASF aplicó un enfoque de contraste, al realizar 6 auditorías al Programa de Fomento a la Agricultura; 4 al Programa de Apoyo a Pequeños Productores; 3 al Programa de Productividad Rural, y 4 al Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria. Las 17 auditorías fueron aplicadas a la SAGARPA (que en total le practicaron 18 revisiones).

No.

Auditoría

Tipo de

AuditoríaNombre de la Auditoría

Monto

(Millones de

pesos)

Porcentaje con

respecto al

sector

Total Sector 2,146.3 100.0%

1,278.0 59.5%

•Falta de documentación comprobatoria ante las instancias ejecutoras de los recursos

otorgados

• Adquisición de insumos de proveedores que no forman parte del portafolio autorizado

• Reintegros a la TESOFE pendientes de real izar

• Falta de documentación comprobatoria de la aplicación de los recusos

• Falta de suscripción de las actas cierre-finiquito

• No se acreditan el total de recursos destinados a gastos de operación

• Realización de pagos a proyectos inconclusos

• Beneficiarios no forman parte de la población objetivo

• Aplicación de los recursos a otros fines no autorizados

• Falta de transparencia y de rendición de cuentas del ejercicio de los recursos otorgados

• Falta de supervisión a las instancias ejecutoras de los recursos otorgados

• Comprobación de la aplicación de los recursos con documentación alterada

• Falta de documentación comprobatoria y justificativa de los apoyos otorgados

Nota: Los montos se refieren a las recuperaciones probables.

Fuente: Elaborado por la UEC, con datos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, ASF.

SECTOR: AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Irregularidades

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)

283 Forense

Programa de Apoyos a Pequeños

Productores: Componente PROCAFÉ

e Impulso Productivo al Café

445.4 20.8%

296

Programa de Productividad y

Competitividad Agroalimentaria:

Componente Productividad

Agroalimentaria

Forense286

Programa de Fomento a la

Agricultura: Componente

Innovación Agroalimentaria

529.9 24.7%

302.7 14.1%Forense

85



La aplicación de auditorías financieras y de cumplimiento y forenses por parte de la ASF a los diversos programas operados por los diferentes entes del sector agropecuario, permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes: Modificaciones al presupuesto del programa sin autorización de la SHCP. Pagos improcedentes. Duplicidad en el otorgamiento de apoyos. Falta de documentación comprobatoria y justificativa ante las instancias ejecutoras de la

aplicación de los recursos. Aplicación de los recursos a otros fines no autorizados. Comprobación de la aplicación de los recursos con comprobantes fiscales cancelados y/o

alterados. Celebración de convenios de colaboración con universidades que no cuentan con la

capacidad técnica, material y humana. Celebración de convenios de colaboración no justificados. Adquisición de insumos de proveedores que no forman parte del portafolio autorizado. Reintegros a la TESOFE pendientes de realizar.

No. Auditoría Tipo de Auditoría Nombre de la Auditoría

1785 Evaluación de Políticas Públicas PROAGRO Productivo

285 Desempeño Componente Agroproducción

288 Financiera y de Cumplimiento Componente PROAGRO Productivo

287 Financiera y de Cumplimiento Componente Modernización de Maquinaria y Equipo

289 Financiera y de Cumplimiento Componente Tecnificación del Riego

331 Forense Componente Innovación Agroalimentaria

281 Desempeño Componente Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios

282 Desempeño Componente Incentivos Productivos

280 Financiera y de Cumplimiento Componente Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora

283 Forense Componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café

290 Financiera y de CumplimientoComponente Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños

Productores

292 Financiera y de Cumplimiento Componente Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria

291 Financiera y de Cumplimiento Componente Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar

293 Financiera y de Cumplimiento Componente Acceso al Financiamiento en Apoyo a la Agricultura

294 Financiera y de Cumplimiento Componente Acceso al Financiamiento en Apoyo Pecuario

295 Financiera y de Cumplimiento Componente Desarrollo Productivo Sur Sureste

296 Forense Componente Productividad Agroalimentaria


Programa de Apoyo a Pequeños Productores

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria

Programa de Fomento a la Agricultura

AUDITORÍAS DE CONTRASTE: SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)

Programa de Productividad Rural

86



Falta de suscripción de las actas de cierre-finiquito. No se acreditan el total de recursos destinados a gastos de operación. Realización de pagos a proyectos inconclusos. Beneficiarios no forman parte de la población objetivo. Falta de transparencia y de rendición de cuentas del ejercicio de los recursos otorgados. Falta de supervisión a las instancias ejecutoras de los recursos otorgados. Otorgamiento de recursos sin comprobar la ejecución de los servicios contratados. Proceso de adjudicación de los servicios fuera de la normatividad. Carencia de capacidad operativa para prestar los servicios requeridos. Otorgamiento de recursos en un porcentaje menor a lo establecido en la normatividad. Falta de rendición de cuentas de los beneficios obtenidos. Pagos realizados en exceso. Otorgamiento de apoyos a personas fallecidas, y a servidores públicos. Otorgamiento de apoyos a beneficiarios que no acreditan la vinculación con el programa. Otorgamiento de apoyos a proyectos no concluidos. No se localizan los bienes adquiridos con los apoyos otorgados. Ubicación del domicilio del proyecto diferente al consignado en la solicitud de apoyo. Falta de documentación comprobatoria del reintegro de los recursos a la TESOFE. Proveedores vinculados con ex servidores públicos. Simulación de actividades con los recursos otorgados. Proveedores seleccionados no cumplen los requisitos del catálogo de proveeduría. No se entregaron los bienes e insumos a beneficiarios de proyectos productivos. No se cuenta con las actas cierre-finiquito de los apoyos otorgados. Simulación en la comprobación de los apoyos otorgados. Reintegro inoportuno a la TESOFE. No se enteraron a la TESOFE las recuperaciones obtenidas. Deficiencias en la autorización y administración de los recursos del programa. Deficiencias en la administración, operación, comprobación y aplicación de los recursos. Las irregularidades en que incurrieron los entes del sector agropecuario en la operación de los programas, se tradujeron en 208 acciones correctivas, entre las que destacan 120 pliegos de observaciones, que presumen un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales, en cantidad líquida. Estos pliegos de observaciones representan el 51.5% del total de pliegos del grupo funcional de Desarrollo Económico (233 pliegos de observaciones). La SAGARPA registró 104 pliegos de observaciones, que significó el 86.7% del total de los pliegos del sector agropecuario. Por su parte, las revisiones de desempeño se enfocaron en revisar los programas relacionados con el apoyo a pequeños productores (apoyo a proyectos productivos en núcleos agrarios y a incentivos productivos); con el fomento a la agricultura (agroproducción), y a la tecnificación e innovación de las actividades pesqueras.

87



De las 4 auditorías de desempeño practicadas al sector agropecuario, destacan 3 a la SAGARPA: 2 al Programa de Apoyos a Pequeños Productores y 1 al Programa de Fomento a la Agricultura. Su fiscalización arrojó un total de 28 observaciones que dieron lugar a 54 recomendaciones al desempeño (66.7% de las recomendaciones totales del sector agropecuario, 81), lo que evidencia la problemática que presentan estos programas en su desempeño. La restante revisión de desempeño fue aplicada al Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Tecnificación e Innovación de las Actividades Pesqueras). La fiscalización con un enfoque de desempeño a los diversos programas del sector agropecuario, arrojó las siguientes irregularidades recurrentes: Se desconoce la contribución del programa al aumento de la productividad de los

beneficiarios. Reglas de operación no se ajustan a la normatividad en materia de subsidios. Incumplimiento de requisitos y criterios de elegibilidad de los solicitantes de los apoyos. Deficiencias en el sistema de captura de proyectos productivos. No se identifica ni cuantifica la población objetivo y el padrón de beneficiarios. Carencia de información impide medir la contribución del componente al logro del objetivo

del programa y al incremento de la productividad. Se desconoce el número de la población beneficiada con los apoyos otorgados. Deficiencias en las reglas de operación del programa. Incumplimiento de los requisitos establecidos en las reglas de operación. No se acredita que los beneficiarios de los recursos públicos lo aplicaron en los conceptos y

montos autorizados. No se cuenta con un padrón de beneficiarios ni se identifica ni cuantifica la población

potencial y objetivo. Diferencias de los recursos ejercidos entre lo reportado en los registros de la dependencia

y la cuenta pública. No se identifica ni cuantifica la población objetivo que presentó baja productividad. Incumplimiento de los requisitos establecidos en las reglas de operación para el

otorgamiento de recursos. No se cuantifica la cobertura del programa por la carencia de un padrón de beneficiarios y

falta de identificación precisa de la población objetivo. Se desconoce si los proyectos se orientaron a soluciones e innovaciones. No se acreditó el impacto para la administración sustentable de los recursos. Se desconoce la calificación de las asesorías otorgadas. Manuales de organización y procedimientos desactualizados. No se dispone del perfil de puestos. Inadecuada programación de metas. Resulta importante destacar los principales resultados de la Evaluación de PROAGRO Productivo: Deficiencias en el diseño de la política pública:

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Inadecuada definición de la población objetivo. No se señala la temporalidad, objetivos o metas de los apoyos otorgados. No se da seguimiento, ni se evaluaron los efectos de los subsidios en la productividad y

en el ingreso de los productores beneficiados. No se establecieron estrategias específicas para atender los estratos señalados en las

reglas de operación. El programa ha operado sin considerar las sugerencias de la ASF.

No existe una metodología para medir el incremento de la productividad del sector agrícola. Deficiencias en la metodología para medir el nivel de productividad del sector agrícola. Se desconoce el impacto del programa en el incremento del valor de la producción y de la

productividad. Incremento de los ingresos económicos no fue resultado de la operación del programa. Se desconoce la contribución de la actividad agrícola en el PIB sectorial.

Sector Comunicaciones y Transportes En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se reconoce que el sector de Comunicaciones y Transportes es fundamental para el logro de la Cuarta Meta Nacional, México Próspero; para alcanzar esta meta se plantean dos objetivos: 1. Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones, sobre la base de estrategias como

impulsar el desarrollo e innovación tecnológica de las telecomunicaciones que amplíe la cobertura y accesibilidad para impulsar mejores servicios y promover la competencia, buscando la reducción de costos y la eficiencia de las comunicaciones y de líneas de acción como las siguientes: Promover mayor oferta de los servicios de telecomunicaciones, así como la inversión

privada en el sector, con el que se puedan ofrecer servicios electrónicos avanzados que mejoren el valor agregado de las actividades productivas.

Crear un programa de banda ancha que establezca los sitios a conectar cada año, así

como la estrategia para conectar a las instituciones de investigación, educación, salud y gobierno que así lo requieran, en las zonas metropolitanas que cuentan con puntos de presencia del servicio de la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha (Red NIBA).

Crear un programa de trabajo para dar cabal cumplimiento a la política para la transición

a la Televisión Digital Terrestre. Aumentar el uso del Internet mediante el desarrollo de nuevas redes de fibra óptica que

permitan extender la cobertura a lo largo del territorio nacional.

89



Impulsar la adecuación del marco regulatorio del Servicio Postal Mexicano para fomentar su eficiencia y sinergias con otras dependencias.

2. Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica, a través de la estrategia que busca modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte (carretero, ferroviario, urbano masivo, marítimo-portuario y aeroportuario) así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia y de líneas de acción como las siguientes:

Fomentar que la construcción de nueva infraestructura favorezca la integración logística

y aumente la competitividad derivada de una mayor interconectividad.

Evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo para el desarrollo de la economía, considerando el desarrollo regional, las tendencias demográficas, las vocaciones económicas y la conectividad internacional, entre otros.

La fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 en el ámbito de comunicaciones y transportes, consideró varias de las estrategias antes mencionadas. En materia de impulso al desarrollo e innovación tecnológica de las telecomunicaciones, buscando la reducción de costos y la eficiencia de las comunicaciones, destacó la fiscalización a varios programas y componentes relevantes, como son los siguientes: Sistema Satelital Mexicano. Liquidación del Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre. Red Pública Compartida de Telecomunicaciones. Red Pública Compartida de Telecomunicaciones. En lo correspondiente a modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte y su conectividad estratégica y de eficiencia, la ASF evaluó las siguientes actividades: Ampliación del Paseo de la República a la Desviación a San Miguel de Allende del Km 15+000

al Km 28+000, en el Estado de Querétaro. Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche. Carretera Acayucan-La Ventosa, en el Estado de Oaxaca. Carretera Boulevard Boca del Río-Antón Lizardo del Km 6+800 al Km 15+000, en el Estado

de Veracruz. Modernización de la Carretera Federal MEX 180, Tramos San Andrés Tuxtla-Catemaco y

Cosoleacaque-Jáltipan-Acayucan (1a. Etapa), en el Estado de Veracruz. Viaducto Conexión Interlomas-Nueva Autopista Naucalpan-Toluca, en el Estado de México. Ampliación Natural del Puerto de Veracruz en la Zona Norte y Desarrollo de la Zona de

Actividades Logísticas del Puerto de Veracruz.

90



Ampliación y Modernización de la Plataforma Presidencial y de sus Instalaciones de Servicios, Resguardo y Apoyo en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

Aplicación de la Tarifa de Uso de Aeropuerto. Construcción de los Caminos Provisionales de Acceso del Nuevo Aeropuerto Internacional

de la Ciudad de México. Nivelación y Limpieza del Terreno del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de

México. Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia de Transporte. Seguridad en la Operación de los Aeropuertos. Control Interno del Programa de Caminos Rurales y Alimentadores. Controles Establecidos en la Elaboración y Operación del Programa Nacional de

Conservación de Carreteras. Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Carretera Atotonilco-Zacualtipán. Tramo: Atotonilco-Cerro Colorado, en el Estado de

Hidalgo. Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82+000 al Km 263+500, en el Estado de Coahuila de

Zaragoza. Entronque Allende-Entronque Nuevo Teapa, en el Estado de Veracruz. Libramiento Ferroviario de Celaya de 45.5 Km y Circuito de 14.0 Km de la Vía Rápida

Bicentenario Benito Juárez, en el Estado de Guanajuato. Modernización de la Carretera Palenque San Cristóbal de las Casas y de la Autopista a la

Frontera desde Comitán (1ra Etapa) en el Estado de Chiapas. Modernización y Ampliación Carretera México 002, Tramo: Cananea-Agua Prieta, en el

Estado de Sonora. Paso Express de Cuernavaca, en el Estado de Morelos. Regeneración, Conservación y Mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de

Puebla. Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y la Ciudad de México. Gestión Financiera de la Operación de la Administración Portuaria Integral de

Coatzacoalcos. “Gestión Financiera de la Operación de la Administración Portuaria Integral de Guaymas. Ingresos. Autopistas Tijuana-Ensenada y La Rumorosa-Tecate, en el Estado de Baja California. Rehabilitación Estructural del Pavimento del Km 118+000 al Km 165+000 Cuerpo B de la

Autopista La Tinaja-Cosoleacaque, Tramo Isla-Acayucan, en el Estado de Veracruz. Estudios y Proyectos Pagados por el Fondo Nacional de Infraestructura para el Nuevo

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esquema de Financiamiento para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la

Ciudad de México. Erogaciones para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Trabajos Relativos a los Pilotes para la Torre de Control, Edificio Terminal y el Centro de

Transporte Terrestre Intermodal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

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Construcción de la Losa de Cimentación del Edificio Terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Definición y Conducción de la Política de Transportes. Regulación y Supervisión del Autotransporte Federal. Títulos de Concesión de Caminos y Puentes Federales. Construcción del Libramiento Poniente de Acapulco, La Venta-Bajos del Ejido, del Km 0+000

al Km 21+000, Mediante Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimentos, Obras Complementarias, Viaductos, Entronques, Túneles, Estructuras y Señalamiento, en el Estado de Guerrero.

Estación Don-Nogales, en el Estado de Sonora. Libramiento Sur de Morelia, en el Estado de Michoacán Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas Rizo de Oro-La Concordia 2 Puentes, en el Estado de Chiapas. Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. “Desarrollo de

Infraestructura Portuaria en la Laguna de Pajaritos (2a. Etapa); y Rehabilitación del Cuerpo de las Escolleras Lado Allende y Coatzacoalcos, en el Estado de Veracruz.

Conservación y Operación de Caminos y Puentes de Cuota. Mantenimiento Mayor de la Autopista Cuernavaca-Acapulco. Mantenimiento Mayor de la Autopista Durango-Mazatlán. Mantenimiento Mayor de la Autopista México-Puebla. Administración de Recursos para los Gastos de Operación. Construcción de la Barda Perimetral para la Construcción del Nuevo Aeropuerto

Internacional de la Ciudad de México. Desarrollo de Ingeniería y Construcción de Subestaciones y Acometida Eléctrica del Nuevo

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Procesos de Contratación de la Construcción del Edificio Terminal, de la Torre de Control y

de la Losa de Cimentación del Centro de Transporte Terrestre Intermodal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Realización de Proyectos, Gerencia, Estudios, Asesorías y Consultorías para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Sistema de Precarga e Instrumentación Geotécnica, Infraestructura, Estructura de Pavimentos y Obra Civil de Ayudas Visuales y para la Navegación de las Pistas 2 y 3 y Área de Túneles del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Trabajos Preliminares consistentes en: Carga, Acarreo y Descarga Fuera del Polígono de Material Existente Producto del Depósito de Demoliciones, Desperdicios y Desazolve; Drenaje Pluvial Temporal; y la Construcción del Campamento del GACM, en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

En el sector Comunicaciones y Transportes se practicaron 66 revisiones, de las cuales 7 fueron de desempeño, 59 de regularidad. De lo anterior se deriva que la ASF aplicó un enfoque basado en auditorías de regularidad, al representar 89.3% de las revisiones al sector comunicaciones y transportes (59 de 66 auditorías practicadas), de las cuales 46 fueron de inversiones físicas y 13 financieras y de cumplimiento. En la revisión de 2015, las auditorías de regularidad representaron el 88.70% del total de las auditorías practicadas en este sector.

92



Cabe señalar la importancia de las auditorías de inversiones físicas en el total de auditorías del sector, ya que representaron el 70.0%, porcentaje ligeramente menor al registrado en la revisión 2015 (71%); esto es consistente con el alto número de proyectos y obras que se realizan en los entes vinculados al sector comunicaciones y transportes. Asimismo, sólo el 10.6% de las revisiones practicadas a este sector fueron de desempeño (7 de 66 auditorías), porcentaje menor si se compara con el 9.7% que representó este tipo de auditoría en la revisión 2015 (6 de 62 auditorías). La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) concentró el 71.4% de las auditorías de desempeño (5 revisiones); las otras 2 auditorías fueron aplicadas a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (1) y al Instituto Mexicano del Transporte (1). La ASF verificó que las entidades auditadas se apegaran a la normativa; los recursos asignados a los proyectos fueran utilizados; que existieran los estudios y proyectos respectivos y que éstos fueron autorizados; que la contratación se sujetó a la normatividad técnica y jurídica; que los costos correspondieron con los bienes, servicios o volúmenes de obra ejecutada, con el tipo y calidad de los materiales utilizados; y que la ejecución y entrega de las obras se ajustaron a las leyes y contratos respectivos. Cabe señalar que de las auditorías de inversiones físicas practicadas a este sector destacan las siguientes: Viaducto Conexión Interlomas-Nueva Autopista Naucalpan-Toluca, en el Estado de México; Ampliación y Modernización de la Plataforma Presidencial y de sus Instalaciones de Servicios, Resguardo y Apoyo en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México; Aplicación de la Tarifa de Uso de Aeropuerto; Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara; Paso Express de Cuernavaca, en el Estado de Morelos; Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y la Ciudad de México; Estudios y Proyectos Pagados por el Fondo Nacional de Infraestructura para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; Esquema de Financiamiento para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; Erogaciones para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; Procesos de Contratación de la Construcción del Edificio Terminal, de la Torre de Control y de la Losa de Cimentación del Centro de Transporte Terrestre Intermodal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las auditorías aplicadas a la Sector Comunicaciones y Transportes arrojaron 484 observaciones (31.5% de las observaciones totales del Grupo Funcional de Desarrollo Económico) las cuales dieron lugar a 621 acciones (26.7% de las acciones del Grupo Funcional de Desarrollo Económico), de las cuales 265 fueron preventivas (212 recomendaciones y 53 recomendaciones al desempeño) y 356 correctivas (2 PEFCF; 234 SA; 86 PRAS y 34 PO). Asimismo, se determinaron recuperaciones por 1 mil 549.5 millones de pesos (10.6% de las recuperaciones totales determinadas del Grupo Funcional de Desarrollo Económico), de las cuales se han operado 39.3 millones de pesos (2.5%) y se estiman como probables de recuperar 1 mil 510.2 millones de pesos (97.5%).

93



La fiscalización a los diversos programas del sector comunicaciones y transportes, arrojó las siguientes irregularidades recurrentes:

0 0 0 0 0 0

No. AuditoríaTipo de

AuditoríaNombre de la Auditoría Irregularidades

Monto

(Millones de

pesos)

Porcentaje con

respecto al

sector0 0 0 0 0 0

Total del Sector 1,510.2 100.0

Total Subsectores (1+2+3) 1,163.2 77.0

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (1) 659.8 43.7

• Falta de documentación comprobatoria del destino final de los bienes

• Inoportunidad en la reclamación de bienes siniestrados

• Bienes faltantes por entregar a beneficiarios

• Trámites sin realizar para indemnización por bienes dañados

• Pago de almacenaje de bienes que no se recibieron

•Servicios contratados no incluidos en el programa anual de adquisiciones

• Incumplimiento en el programa de trabajo

• Se realizaron compras de bienes en exceso

• Incumplimiento de metas físicas, objetivo social del proyecto

• Anticipo no amortizado sin recuperar en contrato de obra

• Pagos injustificados por diferencias de volúmenes de obra

• Pagos improcedentes por desatención de la supervisión externa

• Bienes adquiridos no instalados en la obra

• Pagos indebidos por omisiones del licitante

• Mala calidad de suministros para la obra

• Pago de servicios no ejecutados

• Errores en la integración de precios unitarios causan pagos indebidos

• Inconsistencias en volúmenes de obra pagada vs. ejecutada

• Inobservancia a especificaciones establecidas en catálogo

• Pago de servicios de obra no ejecutados

• Pagos indebidos por diferencias en volúmenes de obra pagada

• Recursos ministrados no devengados

• Pago de gastos no comprobados ni registrados.

• Pago de conceptos de obra fuera de catálogo

• Duplicidad de pagos en el control del proyecto.

• Pagos injustificados a empresas de supervisión externa

• Pagos de conceptos duplicados fuera de catá

• Pagos improcedentes a empresa proyectista

• Errores de cálculo en el costo financiero del proyecto

• Inexperiencia en materia de obra pública

• Desconocimiento de la ley de obra pública

• Pagos improcedentes

Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos (2) 99.8 6.6

• Inobservancia a lo señalado en el artículo 134 constitucional.

• Inobservancia a la ley de obras públicas

• Faltas del agente financiero y mandatario en el proyecto.

• Pagos indebidos por diferencias en volúmenes de obra pagados vs.

ejecutados

• Pagos injustificados por diferencias con volúmenes de obra

• Pagos por conceptos no devengados

• Pagos en exceso por falta de control en catálogo

• Inexacta integración de precios unitarios

• Inobservancia en los términos de referencia

• Sobreestimaciones de precios unitarios

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A.de C.V. (3) 403.6 26.7

• Falta de documentación soporte que compruebe la prestación de servicios.

• Omisiones en la entrega-recepción de bienes y servicios

• Falta de documentación soporte de los procesos de adjudicación

• Falta de garantías en la celebración de contratos

• Falta de transparencia en la documentación de contratistas

• Duplicidad en la determinación de costos indirectos de la obra

•Inobservancia de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del

sector público y su reglamento

• Pagos en exceso por inexactitud del cálculo de ajuste de costos.

•Pagos realizados sin comprobar la contraprestación de servicios

contratados.

• Omisiones en la administración de la obra

Fuente: Elaborado por la UEC, con datos del informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, ASF.

Nota: Los montos se refieren a recuperaciones probables.

358

363

Financiera y de

Cumplimiento

Erogaciones para el desarrollo del

Nuevo Aeropuerto Internacional de la

Ciudad de México

Inversiones

Físicas

Realización de Proyectos, Gerencia,

Estudios, Asesorias y Consultas para la

Construcción de Nuevo Aeropuerto

Internacional de la Ciudad de México

335Inversiones

Físicas

Tren Interurbano México-Toluca en el

estado de México y la Ciudad de México

318Inversiones

Físicas

Estación Don Nogales, en el Estado de

Sonora

338Inversiones

Físicas

Autopista Tijuana-Ensenada y la

Rumorosa-Tecate, en el Estado de Baja

California

Mantenimiento Mayor de la Autopista

México-Puebla343

Inversiones

Físicas

319Inversiones

Físicas

Libramiento Ferroviario de Celaya de

45.5 Km y Circuito de 14.0 Km de la Vía

Rápida Bicentenario Benito Juárez, En el

Estado de Guanajuato

326Inversiones

Físicas

Paso Express de Cuernavaca, en el

estado de Morelos

SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

46.6 3.1321Financiera y de

Cumplimiento

Liquidación del Programa para la

Transición a la Televisión Digital

terrestre

43.0 2.8

108.7 7.2

125.0 8.3

270.0 17.9

133.6 8.8

336.5 22.3

42.3 2.8

57.5 3.8

94



Debilidades en la planeación derivan en obstáculos para la conducción de la política pública de transportes.

Subejercicio de los recursos autorizados al programa presupuestal respectivo. Deficiencias en la formulación de la matriz de indicadores de resultados (MIR). No se constató la evidencia de haber dado seguimiento y evaluación a la política pública de

transporte. Falta de cultura vial compromete la seguridad de los usuarios de las carreteras federales. Riesgo latente ante la disminución de inspecciones y aumento de permisionarios del

autotransporte federal. Reducción en la cobertura de las revisiones de peso y dimensiones del autotransporte

federal. Carencia de un sistema de información dificulta consolidación de controles de las

condiciones físico-mecánicas del autotransporte federal. Dificultad para determinar como la regulación y la supervisión han incidido en la atención

del problema público. Deficiencias en el establecimiento de metas derivan en su incumplimiento. Sin estrategia de cobertura el 7.8% de la población objetivo. Omisiones en el proceso de licitación no afectan validez y solvencia de propuestas. Incumplimientos de la entidad encargada de la supervisión del proyecto. Trato fiscal desigual para concursantes nacionales y extranjeros. Sin conexión a red pública compartida aparatos móviles que no sean de gama alta.

Economía En el sector Economía, la Cuarta Meta Nacional del PND 2013-2018 (México Próspero) se alcanzará a través de dos objetivos:

1) Garantizar reglas claras para incentivar el desarrollo de un mercado interno competitivo,

sobre la base de apuntalar la competencia; implementar una mejora regulatoria integral; fortalecer el sistema de normalización y evaluación de conformidad con las normas; promover mayores niveles de inversión (a través de una regulación apropiada y una promoción eficiente), y proteger los derechos del consumidor, mejorar la información de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales claras y seguras).

2) Desarrollar los sectores estratégicos del país, sustentado en implementar una política de fomento económico incrementando la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales, de manera regional y sectorialmente equilibrada; promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero; orientar y hacer más eficiente el gasto público para fortalecer el mercado interno; impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, y fomentar la economía social.

Otra meta nacional del PND 2013-2018 relacionada con el sector Economía, se refiere a alcanzar un México con Responsabilidad Global, reafirmando el compromiso con el libre comercio, la

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movilidad de capitales y la integración productiva, sobre la base de impulsar y profundizar la apertura comercial para incentivar la participación de México en la economía global, y de fomentar la integración regional del país, estableciendo acuerdos económicos estratégicos y profundizando los ya existentes. En lo correspondiente a implementar una política de fomento económico, la fiscalización se centró en el tema de apoyar la innovación y desarrollo tecnológico, para lo cual evaluó el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) y la Innovación, y la producción, transportación y comercialización de sal. En lo relativo a promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero, se evaluó la gestión financiera del Fideicomiso de Fomento Minero. En relación a impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, se fiscalizó el Fondo Nacional Emprendedor. Respecto al impulso y profundización de la política de apertura comercial, la ASF evaluó las negociaciones internacionales para la integración y competitividad de México en las cadenas globales de valor, y la promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa y estratégica (ProMéxico). En lo que corresponde a la protección de los derechos del consumidor, se fiscalizó a la Procuraduría Federal del Consumidor en relación a la promoción de la cultura del consumidor y los derechos de los consumidores y el Sistema Nacional del Consumidor. En el sector Economía se practicaron 10 auditorías, de las cuales 6 fueron de desempeño y 4 de regularidad (3 financieras y de cumplimiento y 1 de inversión física). Por lo anterior, se deriva que el enfoque de la auditoría se orienta hacia el desempeño: de cada 10 auditorías practicadas a este sector, 6 fueron de este tipo, mientras que 4 fueron de regularidad. Cabe destacar que en la revisión 2015, el enfoque de fiscalización también estuvo orientado hacia las auditorías de desempeño (de cada 10 auditorías practicadas en el sector, 5.7 fueron de desempeño y 3.6 de regularidad). Las auditorías de desempeño practicadas al sector Economía se orientaron al análisis de la: Negociaciones para integración y competitividad de México a las cadenas globales de valor. Producción, transportación y comercialización de la de Sal. Promoción de la cultura del consumidor. Derechos de los consumidores y el Sistema Nacional del Consumidor. Promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa. Proyectos para la atracción de inversión extranjera estratégica. Cabe destacar, que 4 auditorías de las 6 de desempeño fueron aplicadas 2 a la Procuraduría Federal del Consumidor y 2 a ProMéxico.

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La fiscalización con un enfoque de desempeño a los diversos programas del sector economía, arrojó las siguientes irregularidades: No existe una metodología para definir la población beneficiaria. Carencia de indicadores y de información sobre los derechos y hábitos del consumidor. Inexistencia de metas e información del número de usuarios atendidos. Diseño del programa incongruente con el diagnóstico de necesidades. No existe un proceso de planeación. Descoordinación entre el sector privado y las entidades de la APF. No existen mecanismos de seguimiento y de evaluación del programa. Deficiente Sistema de Evaluación de Desempeño. No se cuenta con una metodología ni con información para cuantificar la población

potencial y objetivo. No existe evidencia documental de los servicios que otorga la PROFECO. No se acredita la instalación de módulos de información. No existe información que soporte el número de quejas y su resolución. No se acredita si se impusieron todas las sanciones y si el monto de infracciones se ajustó a

la LFPC. No existe evidencia documental de las visitas de verificación realizadas. Retrasos en la elaboración y aprobación del Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Diferencias en el marco normativo que reguló la operación del programa. No contribuyó a la atención del problema público. Sin registro una alta proporción de empresas identificadas como oportunidades de negocio. No todos los proyectos cumplieron con la totalidad de la documentación requerida. Dudas sobre si el objetivo de ESSA es prioritario o no. Objetivos desvinculados del programa sectorial. Metas por debajo de lo programado. Baja participación en el mercado interno de la sal. Disminución de indicadores financieros ponen en riesgo la generación de ganancias. Precio de la sal menor a los fijados por las calificadoras internacionales. No existe información relativa a la aprobación de los estados financieros. Las auditorías financieras y de cumplimiento se refirieron al programa para el desarrollo de la industria del software y la innovación; al reforzamiento de torre ejecutiva y adecuaciones a torre reforma, en la Ciudad de México; a la gestión financiera de del Fideicomiso de Fomento Minero, y al fondo nacional emprendedor, del Instituto Nacional Emprendedor. La aplicación de 3 auditorías financieras y de cumplimiento y 1 de inversión física, arrojaron 39 observaciones (53.4% de las observaciones del sector, 73) que dieron lugar a 73 acciones (62.9% de las acciones del sector, 116), de las cuales 34 fueron preventivas y 39 correctivas, entre las que destacan 23 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria (100.0% de las promociones del sector) y 14 pliegos de observaciones (100.0% de los pliegos de observaciones del sector). Asimismo, se determinaron recuperaciones por 237.7 millones de pesos, que

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representó el 100.0% del total de recuperaciones determinadas, que casi en su totalidad se estiman probables de recuperar. La aplicación de auditorías financieras y de cumplimiento por parte de la ASF a los diversos programas operados por los diferentes entes del sector economía, permitió detectar las siguientes irregularidades: Notificación extemporánea a los beneficiarios de la aprobación de los recursos. Uso de los recursos otorgados a otros fines no autorizados. Inoportunidad en el entero de los rendimientos financieros generados y en el registro del

informe final en el Sistema Emprendedor. No se enteró a la TESOFE de los rendimientos financieros generados. Falta de comprobación del reintegro de recursos. Falta de documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos otorgados. Otorgamiento de recursos a proyectos inconclusos. Prorroga de ejecución de los proyectos sin tener facultades, y de manera extemporánea. Deficiencias en la operación, supervisión y seguimiento de los recursos ejercidos en el

programa. Recursos no reintegrados a la TESOFE. No existe evidencia de los entregables de un proyecto. Retrasos en la transferencia de los recursos. Deficiencias en el seguimiento de la información registrada en el sistema informático del

programa. Cartera vencida por debajo de las sanas prácticas financieras. Falta de seguimiento para la recuperación de los adeudos. Desfase en el registro de los intereses moratorios. No existe una normativa para cancelar cuentas por cobrar de exempleados. Finalmente, es de resaltar la fiscalización a la que fue sometida la Procuraduría Federal del Consumidor y ProMéxico, a las cuales se le practicó 2 auditorías a cada entidad respectivamente. Las cuatro auditorias fueron de desempeño.

Trabajo y Previsión Social

En el sector Trabajo y Previsión Social el objetivo de la Cuarta Meta Nacional del PND 2013-2018 (México Próspero) consiste en promover el empleo de calidad, sobre la base de procurar el equilibrio entre los factores de producción (paz social), promover el trabajo digno o decente, promover el incremento de la productividad y fortalecer los sistemas y procedimientos de protección de los derechos del trabajador. En el sector Trabajo y Previsión Social se practicaron 3 auditorías, de las cuales 2 fueron de desempeño y 1 financiera y de cumplimiento, por lo que se deriva que el enfoque de la auditoría se orientó hacia auditorías de desempeño (66.7%).

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Las auditorías de desempeño practicadas al sector Trabajo y Previsión Social se orientaron al análisis de la inspección laboral y al crédito a trabajadores otorgados por el INFONACOT. La fiscalización con un enfoque de desempeño a los diversos programas del sector trabajo y previsión social, arrojó las siguientes irregularidades: Difusión limitada de los productos y servicios del INFONACOT. Falta de criterios para programar sus metas. Deficiencias en la promoción del ahorro. Deficiencias para definir las metas relativas a la población atendida. No existe fecha límite para que los patrones se afilien al INFONACOT. Baja cobertura de afiliación obligatoria de los centros de trabajo. Baja cobertura de los centros de trabajo inspeccionados. Deficiencias en la integración de los expedientes de inspecciones a los centros de trabajo. Se desconoce si los centros de trabajo cumplen o no con la normativa laboral. Inexistencia de indicadores y metas de la cobertura de las visitas. Incumplimiento del objetivo de profesionalizar a los servidores públicos. La única auditoría financiera y de cumplimiento se refiriere a la administración de la cartera crediticia bursatilizada del INFONACOT. La aplicación de la auditoría financiera y de cumplimiento por parte de la ASF, permitió detectar la siguiente irregularidad: Compromisos de pago no son reconocidos como deuda pública ni revelados en la cuenta pública.

Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se señala que este sector contribuye al logro de la Cuarta Meta Nacional, México Próspero; para alcanzar esta meta se plantea el objetivo de “impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. Este objetivo se logrará mediante las siguientes estrategias: Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con

costos y beneficios para la sociedad. Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos

tengan acceso a ese recurso. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para

transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono. Proteger el patrimonio natural. En materia de medio ambiente y recursos naturales, la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, mediante la revisión a diversos temar relevantes, abordó varias de las estrategias antes mencionadas.

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Por lo que se refiere a la implementación de una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad, la ASF evaluó el programa de Gestión Integral y Sustentable del Agua: Administración del Agua a cargo de la CONAGUA. En lo correspondiente a implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso, se revisaron los siguientes programas, igualmente a cargo de la CONAGUA: Apoyos Especiales y Estratégicos en Infraestructura Hidroagrícola Protección de las Aguas Subterráneas Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego Atención de Emergencias y Desastres Naturales Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Temporal Tecnificado Conducción de las Políticas Hídricas Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos: Calidad del Agua Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos: Cantidad del Agua Mandatos y Fideicomisos Relacionados con Obras Hidráulicas de Saneamiento en el Valle

de México Controles Establecidos para el Registro, Seguimiento y Recaudación de los Títulos de

Concesión, Asignación y Permisos Contratación con Terceros Construcción de la PTAR Chapultepec, del Sistema de Riego y de las Plantas de Bombeo para

Reúso de Agua Residual Tratada, en el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México Construcción de los Revestimientos de los Drenes Chimalhuacán I y II, en el Estado de

México Construcción de Una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en La Paz, en el Estado de

Baja California Sur Construcción del Canal Centenario, en el Estado de Nayarit Construcción del Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable Zapotillo para la Ciudad de

León, en el Estado de Guanajuato Proyectos Ejecutivos del Túnel Río de la Compañía-Dren General del Valle, de la

interconexión de los Ríos Teotihuacán y Papalotla y de las Lagunas de Regulación de Aguas Pluviales de la Uno a la Cinco, así como la Ingeniería Básica de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en las Cuencas de los Ríos de Oriente del Lago de Texcoco, en el Estado de México

Primera Etapa de Construcción de Túnel Emisor Poniente II y Proyecto y Rectificación del Tramo a Cielo Abierto de Emisor Poniente, en el Estado de México

Construcción del Colector de Estiaje Chimalhuacán II, Tramos 1 y 2, en el Estado de México Construcción del Túnel Canal General, en el Estado de México Construcción del Túnel Churubusco-Xochiaca, en el Estado de México Construcción de la Tercera Línea de Conducción de la Torre de Oscilación Número 5, en el

Estado de México

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Construcción del Canal Colector de los Ríos de Oriente, en el Estado de México Construcción del Embovedamiento del Río de los Remedios, Tramos Oriente y Poniente, en

el Estado de México Construcción del Túnel Chimalhuacán II, en el Estado de México Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa María, en el Estado de Sinaloa. Con relación a la estrategia para fortalecer la política nacional de cambio y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono, se fiscalizaron los siguientes programas: Regulación Forestal Derechos por Servicios, Uso, Goce o Aprovechamiento, Playas, Zona Federal Marítimo

Terrestre, Terrenos Ganados al Mar y Depósitos de Aguas Marítimas Inspección y Vigilancia Forestal. Respecto a proteger el patrimonio natural, se evaluaron los siguientes programas: Conservación de los Recursos Forestales en Áreas Naturales Protegidas. Conservación y Aprovechamiento de los Recursos Forestales. Auditoría de TIC. En el Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, se practicaron 35 auditorías, de las cuáles 15 fueron de desempeño y 20 de regularidad. De lo anterior se afirma que la ASF aplicó un enfoque basado en auditorías de regularidad (5 financieras y de cumplimiento y 15 de inversiones físicas). Con respecto a la revisión de 2015, el total de auditorías al sector aumentó 52.2% (35 vs 23); las auditorías de desempeño aumentaron 66.7% (15 vs 9); las de regularidad aumentaron 42.9% (20 vs 14). Las auditorías de desempeño se orientaron básicamente a evaluar el grado de cumplimiento de metas y objetivos en los programas que particularmente tiene que ver con infraestructura hidroagrícola, aguas subterráneas, unidades de riego, políticas hídricas, administración del agua, calidad del agua y cantidad del agua; y si estos fueron operados con eficacia, eficiencia y economía, así como su impacto, social y económico y beneficios para la población.

Es importante destacar que 11 de las 15 auditorías de desempeño fueron practicadas a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); la práctica de estas auditorías por parte de la ASF a los diversos programas operados por los diferentes entes del sector medio ambiente y recursos naturales, permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes: Carencia de instrumentos operativos para avanzar en la descentralización de la gestión

hídrica. Deficiente conducción de la Política Hídrica Nacional. Riesgo de seguridad nacional para 119.5 millones de mexicanos. Aguas Nacionales no están administradas de manera adecuada.

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Rezago en solicitudes de inscripción de movimientos en el Registro Público de Derechos del Agua.

Incumplimiento en la realización de 120,000 verificaciones programadas en campo. Incumplimiento en la publicación de 29 instrumentos normativos para el mejoramiento de

la administración del recurso hídrico. Imposibilidad para verificar el avance en la gestión integral y sustentable del agua. En riesgo el acceso de 119.5 millones de mexicanos al vital líquido. Sin mecanismos para verificar el efecto de 1,840.2 millones de pesos. Desconocimiento de los efectos de los programas públicos. Incremento en producción agrícola en distritos de riego no se relaciona con obras de la

CONAGUA. Pérdidas en la conducción del agua. Se dejó de beneficiar a Asociaciones Civiles de Usuarios y Sociedades de Responsabilidad

Limitada. Debilidades en mecanismos de control no permiten que infraestructura se utilice para fines

autorizados. CONAGUA no rindió cuentas sobre 1,165 subsidios. Inexistencia de criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad y austeridad para uso

de recursos públicos. Imposible regular la contaminación en acuíferos. Inexistencia de indicadores para evaluar integración y difusión de la información. Incumplimiento en la elaboración de instrumentos regulatorios en materia de agua Diferencias entre el diseño e implementación del Índice Global de Sustentabilidad Hídrica. Información técnica incompleta, no se usa para la toma de decisiones. Índice Global de Sustentabilidad Hídrica no es confiable. Déficit en la disponibilidad de cuencas y acuíferos. Desconocimiento del avance del problema público relativo a la situación en cuencas y

acuíferos. No se cuenta con información actualizada para realizar estudios en aguas subterráneas. Insuficientes instrumentos para regular uso, aprovechamiento y explotación de agua. En riesgo la disponibilidad del agua por no contar con datos válidos. México ya es un país de baja disponibilidad del vital líquido. Las auditorías financieras y de cumplimiento se centraron en la evaluación de la administración y ejercicio de los recursos aplicados a programas orientados a los Derechos por Servicios, Uso, Goce o Aprovechamiento Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre, Terrenos Ganados al Mar y Depósitos de Aguas Marítimas; Mandatos y Fideicomisos Relacionados con Obras Hidráulicas de Saneamiento en el Valle de México; Controles Establecidos para el Registro, Seguimiento y Recaudación de los Títulos de Concesión, Asignación y Permisos; Contratación de Terceros y TIC. La aplicación de auditorías financieras y de cumplimiento, y de inversiones físicas por parte de la ASF a los diversos programas operados por los diferentes entes del sector, permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes:

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Incumplimiento en la documentación para el Otorgamiento de Títulos de Concesión y

Permisos. Monto por pago de derechos por servicios resultó inconsistente. Información incorrecta en materia de recaudación. Sin información para determinar el monto por Derechos por uso, goce o aprovechamiento

del recurso hídrico. SEMARNAT carece de facultades para verificar que concesionarios cumplan con pagos. Únicamente 10 de 17 entidades obligadas a reportar ingresos cumplieron con esa

obligación. Deficiencia en la vigilancia por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Incumplimiento en la normatividad aplicable. Realización de pagos por duplicado. Pagos por trabajos fuera del alcance de lo contratado. Pagos indebidos por trabajos inconclusos. Inconsistencia en monto de los pagos. Realización de obras públicas inconclusas. Incumplimiento de requisitos establecidos en la convocatoria para licitación. Uso de bitácoras convencionales sin autorización de la Secretaría de la Función Pública. Realización de convenio modificatorio de manera irregular. Cambios al plazo de ejecución sin celebración de convenio modificatorio. Pagos indebidos por un monto de 377.6 millones de pesos. Pagos indebidos y por fuera del alcance del contrato por un monto de 14.5 millones de

pesos. Inconsistencias en el cumplimiento de contratos que ascienden a 8.5 millones de pesos. Por su parte, las auditorías de inversiones físicas se orientaron a la fiscalización y verificación de la gestión financiera de los recursos federales canalizados a a la construcción de infraestructura hídrica en diferentes zonas del país, si se cumplió con los estándares de calidad previstos; la razonabilidad de los montos invertidos; si se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable; y si las obras fueron entregadas en tiempo y forma. Las auditorías aplicadas a la Medio Ambiente y Recursos Naturales, arrojaron 192 observaciones (12.5% de las observaciones totales del Grupo Funcional de Desarrollo Económico) las cuales dieron lugar a 282 acciones (12.1% de las acciones del Grupo Funcional de Desarrollo Económico), de las cuales 177 fueron preventivas (42 recomendaciones y 135 recomendaciones al desempeño) y 105 correctivas (1 PEFCF; 55 SA; 35 PRAS y 14 PO). Asimismo, se determinaron recuperaciones por 442.0 millones de pesos (3.0% de las recuperaciones totales determinadas del Grupo Funcional de Desarrollo Económico), de las cuales se han operado 1.0 millones de pesos (0.2%) y se estiman como probables de recuperar 441.0 millones de pesos (99.8%).

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Sector Energía En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, reconoce que el sector energía es fundamental para el logro de la Cuarta Meta Nacional, México Próspero; para alcanzar esta meta se plantea el objetivo de “Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva”, sobre la base de dos estrategias: 1. Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el

país, a través de las siguientes líneas de acción:

Promover la modificación del marco institucional para ampliar la capacidad del Estado Mexicano en la exploración y producción de hidrocarburos, incluidos los de yacimientos no convencionales como los lutita.

Fortalecer la capacidad de ejecución de Petróleos Mexicanos. Incrementar las reservas y tasas de restitución de hidrocarburos. Elevar el índice de recuperación y la obtención de petróleo crudo y gas natural. Fortalecer el mercado de gas natural mediante el incremento de la producción y el

robustecimiento en la infraestructura de importación, transporte y distribución, para asegurar el abastecimiento de energía en óptimas condiciones de seguridad, calidad y precio.

Incrementar la capacidad y rentabilidad de las actividades de refinación, y reforzar la infraestructura para el suministro de petrolíferos en el mercado nacional.

Promover el desarrollo de una industria petroquímica rentable y eficiente. 2. Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país, mediante las siguientes líneas de acción:

Impulsar la reducción de costos en la generación de energía eléctrica para que disminuyan las tarifas que pagan las empresas y las familias mexicanas.

Homologar las condiciones de suministro de energía eléctrica en el país. Diversificar la composición del parque de generación de electricidad considerando las

expectativas de precios de los energéticos a mediano y largo plazos. Modernizar la red de transmisión y distribución de electricidad. Promover el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes

renovables, mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de mejores prácticas.

Promover la formación de nuevos recursos humanos en el sector, incluyendo los que se especialicen en la energía nuclear.

En materia de asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país, se realizaron 49 auditorías, distribuidas de la siguiente manera:

2 a la Secretaría de Energía, referida al Abasto de Gasolinas y Permisos para su Importación

y Determinación de las Compensaciones de Pemex por Inversiones Afectadas.

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2 al Centro Nacional de Control del Gas Natural, referidas a la Auditoría de TIC y a la Gestión Financiera.

13 auditorías financieras y de cumplimiento fueron practicadas a Petróleos Mexicanos. 1 a Pemex Etileno, referida a los Resultados de la Reactivación de la Cadena Productiva del

Acrilonitrilo (Morelos Unigel). 12 a Pemex Exploración y Producción, entre las que destacan Insumos para la Producción

de gasolina, Derechos de Extracción de Hidrocarburos y Utilidad Compartida y Desarrollo de Estudios de Ingeniería de Proyectos para instalaciones de Proceso, Infraestructura y Ductos; Contratos de Mantenimiento a Instalaciones Marinas y Contrato núm. 421004880 (IPC Infraestructura Submarina Campo Lakach).

2 a Pemex Fertilizantes, en relación a la Gestión Financiera y Contratos de Mantenimiento y Rehabilitación en los Activos de Pemex Fertilizantes en Lázaro Cárdenas, Michoacán y Cosoleacaque, Veracruz.

1 a Pemex Logística, referida a Ingresos por Servicio. 1 a Pemex Perforación y Servicios, en la que incluye la auditoria de Arrendamiento

Financiero de Plataformas Autoelevables. 13 a Pemex Transformación Industrial, entre las que destacan Mantenimiento de la

Capacidad de Producción en las Refinerías de Salinas Cruz y Minatitlán y Tren Energético y Mantenimiento de la Capacidad de Producción y Conversión de Producción y Conversión de Residuales en las Refinerías Salamanca y Tula.

1 a P.M.I. Comercio Internacional, referida a Rehabilitación de Plantas UREA, Ácido Nítrico, Nitrato de Amonio, así como del Área VI y SAMP de las Plantas de Nitrogenados a Agro Nitrogenados, S.A. de C.V., Subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), en el Estado de Veracruz.

1 a Proceso Licitatorio Núm. 4 de la Ronda 1 para Contratos de Licencia para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Aguas Profundas.

En relación de asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país, se realizaron 18 auditorías: 2 a la Secretaría de Energía: Conducción de la Política Energética y Operación del Mercado

Eléctrico Mayorista. 1 a los Ingresos y Egresos Relacionados con la Operación del Mercado Eléctrico del Centro

Nacional de Control de Energía. 2 a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, referidas a la Promoción del

Ahorro y Uso Eficiente de la Energía Eléctrica y Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP), en el Estado de Veracruz.

10 a la Comisión Federal de Electricidad, entre las que destaca 1 de desempeño relativo al Ahorro y Uso Eficiente de la Energía Eléctrica.

3 a la Comisión Reguladora de Energía, entre las que destaca 1 financiera y de cumplimiento relativo a la Evolución del Control Interno en la Integración, Cálculo y Registro de las Tarifas de Energía Eléctrica y el Ciclo de su Aplicación.

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Este sector se divide en tres ámbitos: 1) Energía (Secretaría de Energía; Centro Nacional de Control de Energía; Centro Nacional de Control de Gas Natural; Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, y el Instituto Mexicano del Petróleo), 2) Empresas Productivas del Estado y 3) Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. En materia de energía se practicaron 9 auditorías a 5 entes públicos (SENER, CENACE, CENAGAS, CONUEE e IMP), de las cuales 4 fueron de desempeño y 5 de regularidad (4 financieras y de cumplimiento y 1 de inversión física); esto refleja que la ASF aplicó un enfoque equilibrado, inclinándose ligeramente hacia las auditorías de regularidad, que representaron 55.6% de las revisiones al sector. El restante 44.4% de las revisiones practicadas a este sector fue de desempeño (4 de 9 auditorías), siendo la Secretaría de Energía la entidad que concentró el mayor porcentaje de este tipo de auditorías (75.0%). Los principales temas revisados en las auditorías de desempeño fueron los siguientes: el abasto de gasolina y permisos para su importación, así como la conducción de la política energética; operación del mercado eléctrico mayorista, y la promoción de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. Las auditorías de desempeño al sector arrojaron 17 observaciones (53.1% de las 32 observaciones emitidas al sector) que dieron lugar a 24 acciones (51.1% de las 47 acciones promovidas al sector), de las cuales el 100% fueron preventivas (recomendaciones al desempeño). En las auditorías de desempeño, en materia de energía, se detectaron las siguientes irregularidades recurrentes: Inexistencia de mecanismos propios para sancionar a permisionarios. Ausencia de estrategias programáticas y procedimentales en materia de garantía de

suministro y almacenamiento mínimo de petrolíferos. Deficiencias en la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Incremento del consumo de energía en relación con la producción nacional. Incremento del consumo de electricidad per cápita. Ineficiente desempeño del Programa Indicativo de Instalación y Retiro de Centrales

Eléctricas (PIIRCE) limitando la expansión del Sistema Eléctrico Nacional. Desfavorable desempeño del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Participación limitada de los privados en la generación de electricidad. Deficiencias en la programación de indicadores. Avances marginales respecto del total de la población en donde podría aplicarse la

estrategia de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica. Por su parte, las auditorías financieras y de cumplimiento se orientaron a revisar, principalmente, los siguientes temas: en la SENER se evaluaron las compensaciones a Pemex

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por inversiones afectadas; se revisaron también ingresos y egresos relacionados con la operación del mercado eléctrico al CENACE, y se evaluaron las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y el uso de los recursos asignados al CENAGAS. Por el número de irregularidades detectadas, destaca la auditoría financiera y de cumplimiento practicada al CENAGAS dirigida a la evaluación de las TIC, en la cual se promovieron 5 observaciones que dieron lugar a 12 acciones (10 recomendaciones, 1 PRAS y 1 PO), así como recuperaciones determinadas por un monto de 329.348 millones de pesos. La aplicación de las auditorías financieras y de cumplimiento permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes: Incumplimiento por Pemex Exploración y Producción (PEP) en el desahogo de los

requerimientos de información solicitada por la SENER. Inversiones efectuadas a pozos inactivos. Carencia de manuales de organización, procedimiento y operación. Inexistencia de documentación comprobatoria de reclutamiento, selección y capacitación. Pagos realizados en exceso. Resultado desfavorable en el ejercicio de CENEGAS derivado del pago por aprovechamiento. Incertidumbre en los volúmenes de gas facturados derivada de la inactividad de gasoductos

en el Centro Procesador de Gas Poza Rica (CPG Poza Rica). La única auditoría de inversión física aplicada en el sector energético se practicó al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), con el objeto de comprobar que los recursos federales en inversiones físicas canalizados al proyecto del Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP) se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. De dicha revisión derivó una acción correctiva (solicitud de aclaración), así como recuperaciones determinadas por un monto de 1.916 millones de pesos. Resulta importante destacar que en la revisión de inversiones físicas efectuada al IMP se determinó la falta de documentación justificativa del pago de costos elevados, de tal manera que no pudieron garantizar las mejores condiciones económicas, dando lugar a la emisión de una solicitud de aclaración (SA).

Empresas Productivas del Estado En la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF practicó 54 auditorías, de las cuales 10 (18.5%) corresponden al sector Eléctrico (Comisión Federal de Electricidad) y 44 (74.1% al sector Petróleo (13 a Petróleos Mexicanos, 1 Pemex Etileno, 12 a Pemex-Exploración y Producción, 2 a Pemex Fertilizantes, 1 a Pemex Logística, 1 a Pemex Perforación y Servicios, 13 a Pemex Transformación Industrial, y 1 a P.M.I. Comercio Internacional).

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Sector Eléctrico En el sector eléctrico las auditorías de regularidad predominaron en la fiscalización de la Cuenta Pública 2016. De las 10 revisiones practicadas por la ASF a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 9 corresponden a revisiones financieras y de cumplimiento (90.0% del total), en tanto que la proporción restante (10.0% del total) corresponde a 1 auditoría de desempeño. Los principales temas revisados en las auditorías financieras y de cumplimiento fueron los siguientes: la gestión financiera de las TIC, así como la gestión financiera de la construcción de los gasoductos para el servicio de transporte de Gas Natural; la adquisición de energía eléctrica a los productores externos; el suministro e instalación de medidores; y la posición financiera de la CFE. Las auditorías financieras y de cumplimiento al sector eléctrico arrojaron 35 observaciones (10.0% de las 351 observaciones determinadas a las empresas productivas del Estado) que dieron lugar a 61 acciones (10.9% de las 562 acciones promovidas a las empresas productivas del Estado), de las cuales 80.3% fueron preventivas (recomendaciones) y el restante 19.7% correctivas (10 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 1 pliego de observaciones y 1 multa). Por el número de observaciones-acciones emitidas, sobresale la revisión de la gestión financiera de las TIC, de la cual derivaron 5 observaciones que, a su vez, dieron lugar a 14 acciones (10 recomendaciones, 2 PRAS, 1 PO y 1 M), así como recuperaciones determinadas por un monto de 260.3 miles de pesos. La aplicación de las auditorías financieras y de cumplimiento permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes: Ausencia de información financiera relevante en los informes semestrales. Carencia del resultado real de la operación del Mercado Eléctrico Mayorista en los estados

consolidados condensados de resultados. Pagos sin justificar por concepto de cuotas sin acreditar. Acciones pendientes para acreditar remanentes. Diferencia en las cifras de la Cuenta Pública 2016 con las reportadas por la Subdirección de

Contabilidad. Penalizaciones no aplicadas. Inobservancia a las políticas, bases y lineamientos en Materia de adquisición. Incumplimiento de las pruebas y calibración de las estaciones de monitoreo para la

medición de las condiciones ambientales reales de las centrales de energía eólica. Inconsistencias en el registro contable y presupuestal derivadas de la ausencia de políticas

y procedimientos que lo regulen. Adquisición de energía eólica a precios superiores al costo que representa la generación de

ese tipo de energía en las centrales de la CFE. Improcedencia de pagos derivada de la omisión de información por parte de servidores

públicos. Erogaciones improductivas por servicio de transporte de gas natural.

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Disminución en los niveles de rentabilidad derivada de la subutilización de la capacidad de transporte de gas.

Incumplimiento de las condiciones contractuales en la validación de programas de entrega de Gas Natural Licuado (GNL).

Determinación de penalizaciones a proveedores por déficit de energía. Ausencia de normativa que fundamente las reclasificaciones de las operaciones efectuadas

por CFE con productores externos de energía. Falta de actualización de la normatividad de la CFE en congruencia con los cambios en su

estructura. Carencia de eficientes políticas y mecanismos que reduzcan y mitiguen los riesgos sobre los

ingresos de la CFE. Alto costo del pasivo laboral vulnerando la competitividad de la CFE en su participación en

mercados abiertos. Riesgo de incrementos de la deuda contratada en moneda extranjera por fluctuaciones

cambiarias. Aumento del saldo de la deuda pública de la CFE. Producción más barata de energía eléctrica por los Productores Independientes de Energía

(PIE). Deficiente participación de la CFE en el mercado eléctrico abierto derivada de su baja

productividad. Carencia de sustento normativo que dé certeza jurídica a la ejecución del proyecto SLT 2021

“Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución” y de “Medidores de Energía. Falta de documentación en los expedientes que soporte los procedimientos de

adjudicación. Inversiones improductivas por sobre-existencias derivadas del insuficiente control sobre las

existencias de medidores en almacenes. Por su parte, la única auditoría de desempeño aplicada a la CFE se orientó a fiscalizar el cumplimiento del objetivo de promover el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica mediante la evaluación de proyectos y tecnologías, así como la capacitación y asesorías. De dicha revisión derivaron 7 observaciones, que dieron lugar a 9 acciones preventivas (recomendaciones al desempeño). Las principales irregularidades derivadas de la auditoría de desempeño del sector eléctrico, fueron las siguientes: Carencia de un diseño normativo de planeación y legal en materia de ahorro y uso de

energía eléctrica. Insuficiencia presupuestal imposibilitando el ahorro de energía eléctrica. Inexistencia de mecanismos propios para sancionar a permisionarios. Indicadores inadecuados para evaluar el desempeño. Inadecuada integración de expedientes de capacitación y en materia de ahorro y uso

eficiente de energía eléctrica.

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Sector Petróleo En el sector petróleo se practicaron 44 auditorías, de las cuales 41 fueron de regularidad y 3 de desempeño aplicadas a Pemex Transformación Industrial (dos auditorías) y Pemex Exploración y Producción (una auditoría). De lo anterior se deriva que la ASF aplicó un enfoque basado en auditorías de regularidad, al representar 93.2% de las revisiones al sector petróleo (41 de 44 auditorías practicadas), de las cuales 32 fueron financieras y de cumplimiento y 9 de inversión física. Las auditorias de regularidad a los diferentes entes del Petróleos Mexicanos, se distribuyeron de la siguiente manera: Petróleos Mexicanos: 13 financieras y de cumplimiento. Pemex Etileno: 1 financiera y de cumplimiento. Pemex Exploración y Producción: 7 financieras y de cumplimiento y 4 de Inversiones Físicas. Pemex Fertilizantes: 1 financiera y de cumplimiento y 1 de inversiones físicas. Pemex Logística: 1 financiera y de cumplimiento. Pemex Perforación y Servicios: 1 financiera y de cumplimiento. Pemex Transformación Industrial: 8 financieras y de cumplimiento y 3 de inversiones físicas. P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V: 1 de inversiones físicas. Las auditorias financieras y de cumplimiento e inversiones físicas aplicadas al sector petróleo, arrojaron 309 observaciones (88.0% de las observaciones del total de empresas productivas del estado) que dieron lugar a 492 acciones (87.5% de las acciones del total de empresas productivas del estado), de las cuales 307 fueron preventivas y 185 correctivas, entre las que destacan 119 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), 35 Solicitudes de Aclaración (SA) y 30 Pliegos de Observación (PO). Asimismo, se determinaron recuperaciones por 6 mil 969.8 millones de pesos (99.9% de las recuperaciones totales determinadas para las empresas productivas del estado), de la cuales se han operado 4 mil 119.7 millones de pesos (59.1%) y se estiman como probables de recuperar 2 mil 850.1 millones de pesos (40.9%). La aplicación de las auditorías financieras y de cumplimiento, así como de inversiones físicas por parte de la ASF a las diversas actividades del petróleo, permitió detectar las siguientes irregularidades: Falta de evidencia documental y justificativa de la adquisición de medicamentos. Pagos injustificados de pasivos. Ineficaz seguimiento de la indemnización de siniestros de equipo automotor. Falta de evidencia documental de la indemnización y gastos por siniestros. Incumplimiento en el plazo máximo de trasferencia de personal. Diferencia en los datos de nómina de funcionarios y personal activo. No existe evidencia del reacomodo de trabajadores operativos. Falta de reacomodo de personal sin materia de trabajo.

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Plataforma sin uso por saqueo y desmantelamiento. Pago de trabajos por cancelación no justificada. Irregularidades de servidores públicos por orden de cambio. Gastos no recuperables y falta de una metodología para la determinación de su costo y

tiempo. Pagos realizados en exceso. Pagos indebidos por diferencias de volúmenes pagados. Pagos injustificados y sin documentación comprobatoria. Pagos injustificados para excavaciones con maquinaria distinta. Pagos en exceso para la formación de terraplenes. No se realizó el mercadeo de los insumos utilizados para las fases del contrato. Falta de análisis de propuestas de los contratistas. Falta de documentación comprobatoria para los estándares de aceptabilidad de las Normas

Oficiales Mexicanas. Falta de documentación comprobatoria e incumplimiento en subcontrataciones. Falta de documentación comprobatoria e incumplimiento en el desarrollo de estudios,

proyectos y programas para licitantes. Pagos indebidos por falta de soporte documental. No se generó valor económico ni rentabilidad para Pemex. Incumplimiento del suministro acordado con Pemex. Perdidas por venta de etano. Déficit en la producción promedio de etano. Falta de medición de los volúmenes de gas seco entregados. Probable daño o perjuicio a PTRI. Falta de actualización en manuales de procedimientos y guías de desarrollo. Obsolescencia en los complejos procesadores de gas. Penalizaciones no aplicadas por la importación de gas. Perdidas por el retraso en el inicio de operaciones. Compra de planta de fertilizantes inservible, falta de capacidad técnica, material y humana

y sobrecostos no justificados. Pagos en exceso para proyectos de rehabilitación. Pagos injustificados en la fase I por horas hombre por administración. Pagos injustificados por la construcción de suministro de materiales y refacciones para la

rehabilitación.

Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética En la fiscalización a los Órganos Reguladores Coordinados, las auditorías de regularidad predominaron en la revisión de la Cuenta Pública 2016. De las 4 revisiones practicadas, 3 corresponden a evaluaciones de cumplimiento financiero (75.0% del total), en tanto que la revisión restante fue de desempeño (25.0% del total). Los principales temas revisados en las auditorías financieras y de cumplimiento fueron los siguientes: el proceso licitatorio de la Ronda 1 para contratos de licencia para la exploración y

111



extracción de hidrocarburos en aguas profundas; la gestión financiera de la Comisión Reguladora de Energía, y la evaluación del control interno en la integración, cálculo y registro de las tarifas de energía eléctrica y el ciclo de su aplicación. Las auditorías financieras y de cumplimiento practicadas a los órganos reguladores arrojaron 25 observaciones (83.3% de las 30 observaciones emitidas) que dieron lugar a 53 acciones (86.9% de las 61 acciones promovidas), de las cuales 60.4% fueron preventivas (32 recomendaciones) y el restante 39.6% correctivas (21 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria). Por el número de observaciones-acciones emitidas, sobresale la evaluación a los mecanismos de control interno en la integración, cálculo y registro de las tarifas de energía eléctrica y el ciclo de su aplicación, en la que se promovieron 14 observaciones que dieron lugar a 39 acciones (22 recomendaciones y 17 PRAS). La aplicación de las auditorías financieras y de cumplimiento permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes: Riesgo de pérdida de Renta Petrolera por la asociación entre grandes jugadores que podría

implicar elevados riesgos de coordinación anticompetitiva y de colusión, que podría afectar los ingresos del Estado.

Cambio en la modalidad de licitación de Producción Compartida a Concesión. Antecedente negativo en los pagos de las licitaciones. Carencia de manuales de organización y de procedimientos. Incremento sustancial en el presupuesto ejercido de la CRE. Diferencias en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Deficiencias en las convocatorias de los procedimientos licitatorios. Deficiencias en los montos de contratos abiertos sin justificación modificatoria. Deficiencia operativa del servicio de desarrollo y mantenimiento de los sistemas de

información en la modalidad de fábrica de software. Subutilización de mobiliario de oficina arrendado. Pagos en exceso por servicios generales. Inexistencia de los informes mensuales de casos de excepción al OIC. Carencia de normativa integral para el cálculo de tarifas en la industria del gas natural, ni

para establecer los criterios y lineamientos contables actualizados y homogéneos para su determinación.

Deficiencias en su calendario de trabajo indicativo. Deficiencias en el sistema integral para generar modelos tarifarios para los servicios de

transporte, almacenamiento y distribución de gas natural, considerando tanto las inversiones, como los costos de operación, mantenimiento y administración.

Tarifas de distribución sin verificación y retrasos. Retrasos en las revisiones tarifarias. Carencia de gobernanza e incumplimiento de funciones institucionales. Incumplimiento de la normatividad en las contrataciones tercerizadas (outsourcing). Delegación a empresas extranjeras de la determinación de la tarifa de transmisión. Incompetencia del personal de la CRE en el ejercicio de sus funciones.

112



Incapacidad institucional para supervisar el desempeño regulatorio. Por su parte, la única auditoría de desempeño aplicada a los órganos reguladores se orientó a fiscalizar el cumplimiento del objetivo de contribuir a optimizar la operación y expansión de la infraestructura eléctrica nacional, mediante el otorgamiento de permisos de electricidad y la regulación de la operación del Mercado Eléctrico Mayorista. De dicha revisión derivaron 5 observaciones, que dieron lugar a 8 acciones preventivas (recomendaciones al desempeño). Entre las irregularidades derivadas de la única auditoría de desempeño aplicada a los órganos reguladores, destacan las siguientes: Cumplimiento parcial del Programa Regulatorio de Electricidad. Ineficiente planeación de proyectos de energías limpias. Deficiente regulación en el mercado eléctrico mayorista. Deficiente planeación del suministro y comercialización de la energía. Emisión incompleta de instrumentos regulatorios. Ausencia de los estudios correspondientes en la entrega de permisos de generación de

electricidad. Deficiencias en los reportes sobre temas de regulación y permisos de electricidad emitidos. Concentración de las recuperaciones probables Finalmente, cabe destacar que en 7 auditorías se concentran el 85.5% de las recuperaciones probables determinadas en las Empresas Productivas del Estado.

113



Como resultado de estas auditorías, se emitieron 80 observaciones que dieron lugar a 123 acciones: 49 preventivas y 74 correctivas, entre las que destacan 35 Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS), 21 Pliegos de Observación (PO) y 17 Solicitudes de Aclaración (SA). Se determinaron recuperaciones por 2 mil 720.6 millones de pesos (85.5% de las recuperaciones probables de la actividad energética), en su totalidad estimadas como probables de recuperar.

Sector Turismo En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, una de las metas nacionales es la de lograr un México Próspero, para lo cual, la presente Administración busca elevar la productividad del país como medio para incrementar el crecimiento potencial de la economía y así el bienestar de las familias.

No.

Auditoría

Tipo de

AuditoríaNombre de la Auditoría

Monto

(Millones de

pesos)

Porcentaje con

respecto al

sector

3,180.6 100.0%

2,720.6 85.5%

416.8 13.1%

452Financiera y de

Cumplimiento

Programa de Responsabilidades y

Desarrollo Social de Petróleos

Mexicanos

• Falta de seguimiento al destino de las donaciones. 258.0 8.1%

• Falta de transparencia en procesos de adjudicación de servicios médicos subrogados.

• Incumplimiento del contrato para el Sistema Eléctrico de Gestión Clínica y Financiera.

• Pagos injustificados.

• Procedimientos de contratación fuera de norma.

• Diferencias contables en pagos realizados.

• Incumplimiento y manipulación en los compromisos pactados en el contrato.

459.1 14.4%

• Elevados montos de contratos no ejercidos.

• Pagos en exceso en el contrato número 420904803.

• Irregularidades detectadas en el contrato número 421004880.

• Contratación de bienes y servicios mediante asignaciones directas no justificadas.

• Elevados montos de recuperaciones probables de la revisión global practicada por la ASF.

114.5 3.6%

• Importante pérdida para PLOG.

• Fuerte incremento en el concepto de “Ductos”.

• Como parte de operaciones discontinuas, se presenta una pérdida de PLOG.

•Sin actualizar los servicios de operación, mantenimiento y conservación de un sistema de

transporte de gas natural a clientes particulares.

• PLOG dejó de cobrar un monto importante por concepto de intereses moratorios.

1,730.2 54.4%

• Inexistencia de análisis, evaluación y cálculos de la razonabilidad de los precios.

• Falta de documentación comprobatoria de la supervisión y control.

• Incumplimiento en los alcances convenidos.

• Falta de documentación comprobatoria del precio unitario por hora-hombre.

• Ineficiente manejo de los recursos públicos.

• Sobrecostos por incremento de horas-hombre.

• Trabajos suspendidos sin justificación.

• Evaluación deficiente de las propuestas económicas durante las contrataciones.

• Posibles pagos injustificados.

• Diversos pagos improcedentes.

• Pagos en exceso.

14.4%

378.9 11.9%

Petróleos Mexicanos

Pemex Exploración y Producción

Pemex LogÍstica

Pemex Transformación Industrial

Inversiones

Físicas478

Mantenimiento de la Capacidad de

Producción en las Refinerías de

Salinas Cruz y Minatitlán y Tren

Energético

472

459.1

Inversiones

Físicas


Producción, Tren Energético,

Optimización de la

Reconfiguración y Contratos

ROPL08212P y PXR-OP-SCC-SPR-

GPARR-L-117-13 en las Refinerías

de Cadereyta y Madero

100.7 3.2%

EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO

158.8 5.0%

Irregularidades

Total Sector Energía

Empresas Productivas del Estado (Sector petróleo)

Financiera y de

Cumplimiento454

Servicio de Administración y

Otorgamiento de Atención Médica

a Nivel Nacional Mediante una Red

Médica de Prestadores de

Servicios, para Trabajadores,

Jubilados y Derechohabientes de

Pemex.

458Inversiones

Físicas

Desarrollo de Estudios de

Ingeniería de Proyectos para

Instalaciones de Proceso,

Infraestructura y Ductos; Contratos

de Mantenimiento a Instalaciones

Marinas y Contrato núm.

421004880 (IPC Infraestructura

Submarina Campo Lakach)


Nota: Los montos se refieren a las recuperaciones probables.

1,250.6 39.3%479Inversiones

Físicas


Producción y Conversión de

Residuales en las Refinerías

Salamanca y Tula

Financiera y de

CumplimientoIngresos por Servicios 114.5 3.6%

480

114



Para lograr lo anterior, se diseñó una estrategia de diversos ámbitos de acción, con miras a consolidar la estabilidad macroeconómica, promover el uso eficiente de los recursos productivos, fortalecer el ambiente de negocios y establecer políticas sectoriales y regionales para impulsar el desarrollo. En ese sentido, el sector turismo se plantea el objetivo de aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país sobre la base de un conjunto de estrategias, entre las cuales destacan: impulsar el ordenamiento y la transformación del sector; impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector; fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento y la promoción eficaz de los destinos turísticos; e impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados sean fuente de bienestar social. En la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 se realizaron 3 revisiones a dos entes del sector turismo (2 a la Secretaría de Turismo y 1 al Fondo Nacional de Fomento al Turismo), de las cuales 2 fueron auditorías de desempeño (66.7% del total), en tanto que la otra auditoría fue financiera y de cumplimento. Las 2 auditorías de desempeño fueron practicadas a la Secretaría de Turismo, de las cuales, una estuvo vinculada con la estrategia definida en el PND, impulsar la sustentabilidad y que los ingresos generados sean fuente de bienestar social, al concentrarse en evaluar el desarrollo sustentable de los destinos y regiones turísticas; y la otra se relaciona con la estrategia impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector, al revisar el desempeño de la SECTUR en el fortalecimiento de la competitividad del sector turismo. Derivado de las auditorías de desempeño a este sector, la ASF promovió 14 observaciones (60.7% de las 23 observaciones emitidas al sector) que dieron lugar a 30 acciones (65.2% de las 46 acciones promovidas al sector), de las cuales el 100% fueron recomendaciones al desempeño. Por el número de observaciones-acciones emitidas, sobresale la auditoría efectuada al fortalecimiento de la competitividad del sector turismo, de la cual derivaron 8 observaciones y 19 acciones promovidas. En las auditorías de desempeño realizadas al sector turismo se detectaron diversas irregularidades recurrentes, entre las cuales sobresalen las siguientes: Otorgamiento de apoyos sin respetar los requisitos y criterios establecidos en las Reglas de

Operación. Deficiencias en la definición de recursos asignados a programas. Ausencia del universo de prestadores de servicios en operación. Dudosa calidad de las certificaciones a Prestadores de Servicios Turísticos (PST). Falta de actualización en estándares de calidad para la certificación de servicios turísticos. Escasa asistencia en los destinos turísticos prioritarios.

115



Riesgo de pérdida de competitividad pese a mejora en el ranking del Foro Económico Mundial (FEM).

Por su parte, la única auditoría financiera y de cumplimento aplicada al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, está vinculada con la estrategia del PND, fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento y la promoción eficaz de los destinos turísticos, orientada a fiscalizar los recursos financieros de las cuentas por cobrar del rubro “Derechos a Recibir Efectivo, Bienes y Equivalentes”, para verificar que correspondieron a derechos reales de cobro provenientes de operaciones propias de la entidad; que se contó con las garantías suficientes y que su recuperación se gestionó oportunamente; que en el cálculo de la estimación para cuentas incobrables se cumplió con los lineamientos emitidos por la entidad; y que el registro contable se efectuó conforme a la normativa. De dicha revisión derivaron 9 observaciones que, a su vez, dieron lugar a 16 acciones promovidas (9 recomendaciones y 7 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria), así como recuperaciones operadas por un monto de 681.1 miles de pesos. Entre las principales irregularidades detectadas en la auditoría financiera y de cumplimento, se enumeran las siguientes: Deficiencias en los procesos legales para la recuperación de créditos refaccionarios. Deficiencias en las acciones de cobranza por adeudos de empresas filiales. Ausencia de mecanismos para la recuperación de recursos por venta de bienes.

Sector Ciencia y Tecnología En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se destaca el papel fundamental de la Ciencia, Tecnología e Innovación para acceder al logro de la Tercera Meta Nacional, México con Educación de Calidad; para lo cual se estableció que el objetivo a cumplir es “hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sustentable”, sobre la base de las siguientes estrategias: Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico

alcance un nivel de 1% del PIB. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de

innovación locales para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente. Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculando a las

instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado.

Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país.

116



La fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 en el campo de la ciencia y tecnología consideró dos temas que abonan al cumplimiento de la meta nacional a través de las estrategias antes mencionadas. Particularmente, en lo que se refiere a “Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente” la fiscalización se ocupó del programa relativo al Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica. Mientras que en materia de “Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país”, la ASF revisó el programa Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación. Las dos auditorías fueron practicadas a los programas responsabilidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), ambas revisiones fueron de desempeño, por lo que se afirma que la ASF aplicó un enfoque basado en auditorías de desempeño, al representar 100.0 % de las revisiones practicadas al sector ciencia y tecnología. Esto significa que las auditorías se orientaron a evaluar el grado de cumplimiento de metas y objetivos de los programas gubernamentales; si éstos fueron ejecutados con eficacia, eficiencia y economía, así como la verificación de su impacto, social y económico, y los correspondientes beneficios para la ciudadanía. Las auditorías practicadas, dieron origen a 14 observaciones que a su vez representaron el 100.0% de total del sector, las cuales dieron lugar a 22 acciones, todas de tipo preventivo (22 RD). Cabe mencionar que por ser auditorías de desempeño no aplican las recuperaciones. La aplicación de las dos auditorías de desempeño por parte de la ASF permitió detectar las siguientes irregularidades recurrentes: Subejercicio de recursos otorgados. No se dispone de un diagnóstico actual sobre el rezago de la infraestructura científica y

tecnológica. Apoyos a una población objetivo diferente a la definida en las reglas de operación. Omisión de criterios para priorizar el financiamiento de las propuestas apoyadas. Reducida cobertura de apoyos otorgados. No se realizaron auditorías ni visitas de supervisión. Deficiencias en la formulación de las reglas de operación. No se acreditan resultados de la operación del programa. Menor número de fondos apoyados por reasignaciones presupuestales. Baja en las aportaciones de recursos del CONACYT y estados, reducen el número de fondos

apoyados. Duplicidades en los registros de proyectos concluidos.

117



Sector Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se destaca el papel central del sector desarrollo agrario, territorial y urbano para el logro de Segunda Meta Nacional, México Incluyente; para alcanzar esta meta se plantea el objetivo de “proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna”, sobre la base de estrategias como: Transitar hacia un modelo de desarrollo sustentable e inteligente que procure vivienda

digna para los mexicanos.

Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva.

Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y

corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano metropolitano y de vivienda.

La fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016 consideró diversos programas que tratan aspectos relevantes e inherentes con cada una de estas estrategias. Respecto a “Transitar hacia un modelo de desarrollo sustentable e inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos” la fiscalización superior abordó los temas siguientes: Control Interno del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales. Programa de Prevención de Riesgos Atención de Conflictos Agrarios. En materia de “Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva” la ASF revisó los programas siguientes: Programa de Infraestructura: Componente Ampliación y/o Mejora de la Vivienda Programa de Infraestructura: Componente Espacios Públicos y Participación Comunitaria. Programa de Infraestructura: Componente Infraestructura para el Hábitat. Construcción de Vivienda en la Pesquería La Gloria, Municipio de Arriaga, en el Estado de

Chiapas. Ampliación de Subsidios al Programa de Apoyo a la Vivienda. Gestión Financiera y Operativa del Gasto. Mientras que para “Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano metropolitano y de vivienda” las auditorias se enfocaron a evaluar los programas siguientes:

118



Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio. Convenio de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos, Suscritos con

Universidades Públicas y Entes Públicos Estatales para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios.

Al sector Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano le fueron practicadas 11 auditorías, de las cuales 5 fueron de desempeño (45.5%) y 6 de regularidad (54.5%), financiera y de cumplimiento (4), inversiones físicas (1) y forense (1), por lo que el enfoque de la fiscalización estuvo orientado ligeramente hacia las revisiones de regularidad, es decir, a revisar que la recaudación, captación, administración ejercicio y aplicación de los recursos aprobados por el Congreso se lleven a cabo de acuerdo con la normativa correspondiente y que su manejo y registro financiero haya sido correcto. Respecto a las 5 auditorías de desempeño, éstas fueron practicadas a Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, su fiscalización arrojó un total de 45 observaciones que dieron lugar a 52 acciones (52 RD) lo que pone de manifiesto la problemática que presentan estos programas en su operación. Las auditorías de desempeño a los programas a cargo de la SEDATU arrojaron las siguientes irregularidades recurrentes: Inadecuada conducción de la política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio. Gasto ejercido superior al presupuesto autorizado y falta de documentación comprobatoria

del destino de los recursos. No se impulsó la constitución de una instancia sectorial de planeación. Falta de documentación comprobatoria de la suscripción de contratos, acuerdos y

convenios de colaboración. Carencia de elementos para evaluar los avances de la política pública. Deficiencias en el diseño de las Reglas de Operación. Se desconoce el monto de los recursos destinados a la ampliación y mejora de la vivienda. Deficiencias en las actividades de seguimiento de la ejecución de proyectos de obras. No se cuantifica la población potencial, objetivo y atendida. Irregularidades en la aprobación de los proyectos. Deficiencias en el seguimiento de proyectos y obras. No se aplicaron los recursos en los tipos y conceptos definidos en la normativa. Falta de comprobación documental de la asesoría en la elaboración y ejecución de los planes

y programas. Falta de integración y registro del padrón de beneficiarios. Entrega de recursos pese a incumplimiento de requisitos en las Reglas de Operación. Incumplimiento en los plazos establecidos para la conclusión de obras. Las auditorías financieras y de cumplimiento fueron practicadas a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2); Comisión Nacional de la Vivienda (1); y Fideicomiso Fondo

119



Nacional de Habitaciones Populares (1). Estas auditorías arrojaron un total de 38 observaciones que dieron lugar a un total de 67 acciones, de las cuales 41 fueron preventivas (41 R) y 26 correctivas (20 PRAS; 6 PO). Asimismo, se determinaron recuperaciones por 2 mil 521.0 millones de pesos, de los cuales se han operado sólo 2.0 millones de pesos, por lo que la diferencia (2 mil 519.0 millones de pesos) representan recuperaciones probables. La fiscalización a las auditorías financieras y de cumplimiento arrojaron las siguientes irregularidades recurrentes: Incumplimiento del calendario de sesiones del Comité. Asuntos pendientes de resolver debido a que el Comité no sesiona. Falta de documentación comprobatoria de la contraprestación. Irregularidades en la entrega de recursos a los beneficiarios. Falta de mecanismos para la identificación de riesgos. Desigual distribución de los subsidios. Debilidades en la gobernanza de la institución. Incumplimiento de los objetivos del programa. Ausencia de información confiable, oportuna y uniforme. Deficiencias en la ejecución de viviendas, pese a aumento en los plazos de construcción. Uso de los recursos otorgados a fines distintos a los autorizados y falta de documentación

comprobatoria de los recursos ejercidos. Incumplimientos al programa de obra. Las auditorías de inversiones físicas y las auditorías forenses fueron practicadas a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Estas auditorías arrojaron un total de 27 observaciones que dieron lugar a un total de 35 acciones, de las cuales 4 fueron preventivas (4 R) y 31 correctivas (1 PEFCF; 4 SA; 12 PRAS; 13 PO y 1 M). Asimismo, se determinaron recuperaciones por 280.0 millones de pesos, de los cuales la totalidad de los recursos representan recuperaciones probables. La fiscalización a las auditorías de inversiones físicas y forenses arrojaron las siguientes irregularidades recurrentes: Sobreprecio e irregularidades en la adquisición de un inmueble. Deficiencias en la planeación y programación de la ejecución de las obras. Omisión en la aplicación de penas convencionales por atrasos registrados. Deficiencias en las acciones de construcción de viviendas. Incumplimiento de la normatividad en materia de adquisiciones públicas. Simulación en la prestación de servicios otorgados. Pagos por servicios con sobrecosto y que incumplen los objetivos planeados. No se acredita la ejecución de los servicios y la documentación de los pagos realizados. No se acredita la ejecución de los servicios y el desarrollo de los trabajos. Pagos realizados a entes diferentes por servicios similares.

120



Pagos por servicios que no cumplen con los objetivos establecidos e inobservancia a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

Pagos improcedentes por la simulación de trabajos realizados. Pagos improcedentes por servicios duplicados.

La ASF practicó una auditoría forense de carácter especial al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, correspondiente a la Cuentas Pública 2015, denominada “Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios en el Ejercicio 2015”. Esta auditoría arrojó 2 observaciones que dieron lugar a un total de 4 acciones (1 R; 1 PEFCF; 1 PRAS; 1 PO). Asimismo, se determinaron recuperaciones por 356.5 millones de pesos, de los cuales se han operado 0.0 pesos, por lo que la totalidad de los recursos representan recuperaciones probables. La fiscalización a esta auditoría de carácter especial arrojó las siguientes irregularidades recurrentes: Incapacidad del SQCS para realizar los trabajos convenidos y subcontratación de

proveedores sin cumplir las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

Proveedores no localizados y sin capacidad para generar los entregables. Reconcentración de los recursos.

No. Auditoría Tipo de Auditoría Irregularidades

Monto

(Millones de

pesos)

Porcentaje con

respecto al

sector

Total Sector 2,800.7 100.0

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 1,006.1 35.92

• Deficiencias en los mecanismos de control y supervisión de la normativa

• Incumplimiento del calendario de sesiones del comité

• Asuntos pendientes de resolver debido a que el comité no sesiona

• Falta de documentación comprobatoria de la contraprestación

• Irregularidades en la entrega de recursos a los beneficiarios

• Sobreprecio e irregularidades en la adquisición de un inmueble

• Deficiencias en la planeación y programación de la ejecución de las obras

• Omisión en la aplicación de penas convencionales por atrasos registrados

• Deficiencias en las acciones de construcción de viviendas

•Uso de los recursos a fines distintos a los autorizados y falta de documentación

comprobatoria de los recursos ejercidos

• Incumplimiento al programa de obra

• Incumplimiento de la normatividad en materia de adquisiciones públicas

• Simulación en la prestación de servicios otorgados

• Pagos por servicios con sobrecostos y que incumplen los objetivos planeados

•No se acredita la ejecución de los servicios y la documentación de los pagos realizados

• No se acredita la ejecución de los servicios y el desarrollo de los trabajos

• Pagos realizados a entes diferentes por servicios similares

• Pagos por servicios que no cumplen con los objetivos establecidos e inobservancia a la

ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público

• Pagos improcedentes por la simulación de trabajos realizados

Pagos improcedentes por servicios duplicados

1,794.6 64.08

Incumplimiento de los objetivos del programa

Ausencia de información confiable, oportuna y uniforme

• Deficiencias en la ejecución de vviendas pese a aumentos de plazos de obra

Fuente: Elaborado por la UEC, con datos del informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, ASF.

1,794.6

9.83

64.08

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares

Forense1792

391Financiera y de

Cumplimiento

Aplicación de Subsidios al Programa

de Apoyo a la Vicienda.

275.3

724.7 25.88

382Financiera y de

CumplimientoAtención a Conflictos Agrarios

Inversiones

Físicas383

Construcción de Viviendas en la

Pesquería La Gloria, Municipio de

Arriaga, en el Estado de Chiapas.

Financiera y de

Cumplimiento1835

Gestión Financiera y Operativa del

Gasto.

Convenios de Coordinación, Colaboración y

Acuerdos específicos Suscritos con

Universidades Públicasy Entes Públicos

Estatales para el Desarrollo de Diversos

Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios.

SECTOR: DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

1.4 0.05

4.7 0.17

Nombre de la Auditoría

121



Grupo Funcional de Desarrollo Social El enfoque de la fiscalización del grupo Funcional Desarrollo Social estuvo orientado a evaluar el grado de cumplimiento de las metas y objetivos de los programas gubernamentales (47.7%), pero también para verificar su manejo y registro financiero (56.3%). Este mismo enfoque se presentó por sectores. Al respecto la ASF revisó al sector Educación en lo relacionado con la expansión de la educación en el nivel medio superior, el fortalecimiento de la calidad educativa, políticas de igualdad de género en el sector, y el diseño de la política educativa, asimismo los recursos ejercidos a través de diversos programas como el Programa Nacional de Inglés, PROSPERA, y Becas en Educación Superior. Destaca el hecho de que este sector concentró gran proporción de las auditorías forenses que la ASF programó realizar para la CP 2016 (46.6% del total). Revisiones consideradas de gran relevancia por ser análisis pormenorizados para la detección o investigación de presuntos ilícitos, con el propósito de documentar las conclusiones con pruebas válidas y suficientes para promover las acciones legales procedentes. Se realizaron 7 auditorías forenses para revisar convenios de coordinación, colaboración y acuerdos específicos suscritos entre diversas Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) con la Administración Pública Federal (APF) para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. Al respecto, la ASF ha sido puntual y ha señalado a lo largo de cinco años, que las reiteradas irregularidades que ha detectado en las adjudicaciones directas con Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) o con entes estatales, para prestación de diversos servicios al amparo del artículo 1, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 4 de su reglamento, han propiciado el desvío de recursos públicos por un monto de 4 mil 749.7 millones de pesos de la Cuenta Pública 2012 a 2015 y 2 mil 130.9 millones de pesos de la CP 2016. A través de la fiscalización superior, la ASF ha documentado que los contratos asignados bajo este esquema han otorgado remanentes en promedio del 8.0% a los entes contratados, independientemente de que el recurso recibido únicamente se transfirió y halla prevalecido la simulación de operaciones que evidencian el desvío. Por derivación, la ASF ha emitido diversas acciones, sin embargo, no han surtido los efectos buscados y, en consecuencia, se continúa con estas prácticas irregulares. Las auditorías forenses muestran el modo de operación para desviar los recursos en perjuicio del patrimonio del Estado, y como se han ido acrecentándose y evolucionando. Al respecto, se presentan algunos hallazgos de mayor relevancia10:

10 Instituciones Públicas de Educación Superior. “Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios”. Auditoría con enfoque horizontal. Siete auditorías Forenses, No. 193, 195, 196, 197, 199, 1793, y 198.

122



La Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH) suscribió diversos convenios, contratos y pedidos para la prestación de servicios con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con fundamento en el párrafo quinto del artículo 1 de la LAASSP, y 4 de su Reglamento, por los cuales percibió ingresos por un total de 255.2 millones de pesos, pese a que no contaba con la capacidad para entregar el bien o prestar el servicio requerido. Incurriendo en falsedad de declaración, dado que manifestó tenerla ante las dependencias contratantes. La universidad no llevó a cabo actividad alguna, ya que subcontrató la ejecución del 100.0% de los servicios convenidos con la SEDATU y el ISSSTE a un menor costo, por lo que obtuvo de manera indebida un beneficio económico de 156.5 millones de pesos.

La Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM) y la SEDATU suscribieron un convenio cuyo objeto fue establecer la colaboración en difusión y aplicación de los conocimientos científicos y técnicos en la implementación de proyectos y acciones en materia de ordenamiento territorial, desarrollo regional, urbano y metropolitano, equidad de género y propiedad rural y desarrollo agrario, al respecto el encargado de Rectoría de la UPFIM refirió que el contacto con la SEDATU se realizó vía telefónica, y que posteriormente remitieron el convenio para que lo firmara, dejando claro que no tuvo contacto personal con los servidores públicos de ésta. No obstante, bajo un procedimiento de contratación inusual, el Encargado de Rectoría de la UPFIM suscribió el convenio.

La Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO) firmó un convenio con la SEDATU al amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la LAASSP, presumiblemente utilizado como vía para la obtención irregular de recursos públicos por la UPQROO, ya que manifestó contar con la capacidad para entregar el bien y/o servicio solicitado, aunque en realidad no la tenía, por lo que no llevó a cabo actividad alguna y subcontrató a 8 proveedores. No obstante, durante el año 2016, la SEDATU le pagó el importe de 97.1 millones de pesos.

La Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), recibió recursos por 154.8 millones de pesos como resultado de dos convenios de colaboración suscritos con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y de dos contratos suscritos con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), para la prestación de servicios, al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un total de 154.8 millones de pesos. La UPSZ no contó con la capacidad técnica, material, humana y financiera para cumplir con los servicios convenidos y contratados con la CONAPESCA y la SAGARPA, por lo que subcontrató el 100% de los servicios pactados, los cuales ascendieron a un total de 154.8 millones de pesos, monto nueve veces superior al presupuesto de la Universidad. Se identificó un sobrecosto de 37.4 millones de pesos. Esta cantidad se determinó entre el monto de los recursos que la UPSZ cobró por sus servicios, y lo que se comprobó que pagó a los prestadores de servicios y otros gastos

123



incurridos para cumplir con los convenios y contratos suscritos con la CONAPESCA y la SAGARPA.

La Universidad Tecnológica de Salamanca (UTS) suscribió un total de 9 convenios y/o contratos con dependencias y entidades de la administración pública federal y estatal para la prestación de diversos servicios, por los cuales recibió un monto total de 639.7 millones de pesos. La ASF comprobó que la UTS para hacer frente a sus obligaciones, contrató a 17 prestadores de servicios, 7 empresas, un organismo descentralizado y a 59 becarios por un monto total de 46.7 millones de pesos, esto representó el 78.5% del monto total que recibió de 7 de los 9 contratos de las dependencias y entidades de la administración pública federal y estatal.

Estas contrataciones han sido consideradas por la ASF como generadoras de ambientes discrecionales que a su vez propician situaciones de fraude y corrupción. Asimismo, la ASF incluyó dos revisiones especiales derivadas de denuncias fundadas documentalmente, conforme a lo estipulado en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Titulo Cuarto “De la Fiscalización durante el Ejercicio Fiscal en Curso y de Ejercicios Anteriores”, para fiscalizar los recursos públicos que recibió Radio y Televisión Hidalgo en 2014 y 2015 mediante contratos que firmó con entidades y dependencias de la APF. Revisiones que muestran la misma clase de irregularidades antes señaladas. Del sector Salud revisó lo relacionado con la calidad y el fortalecimiento de la atención médica, la formación de recursos humanos, investigación y desarrollo tecnológico en salud, así como lo recursos ejercidos para la adquisición de medicamentos, equipamientos de hospitales, y gastos para la prestación de servicios de salud, entre otros. Algunos de los hallazgos de mayor relevancia observados por la ASF en el sector salud fueron:

Secretaría de Salud (SS). “Calidad en la Atención Médica”. Auditoría de Desempeño, No. 201. El objetivo de esta auditoría fue fiscalizar la calidad en la atención médica para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. La ASF determinó que la Secretaría de Salud no dispuso de la totalidad de los resultados de las encuestas de trato adecuado y digno de los establecimientos médicos que recibieron subsidios del programa Calidad en la Atención Médica en 2016 lo cual no permitió evaluar la pertinencia de implementar mecanismos, a fin de disponer de información sobre la percepción de la calidad que tienen los usuarios de los servicios médicos para la adecuada toma de decisiones.

Secretaría de Salud. “Regulación y Vigilancia en la Atención Médica”. Auditoría de Desempeño No.210, cuyo objetivo fue fiscalizar la regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. La ASF comprobó que existen deficiencias respecto al diseño normativo del programa. Identificó inconsistencias en los “Lineamientos para la Ejecución de las Líneas Estratégicas del Programa Presupuestario G005, 2016”,

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destacando la falta de establecimiento de la cobertura que tendrían los subsidios otorgados, en términos del número de establecimientos de salud que se beneficiarían con los recursos federales transferidos.

Instituto Nacional de Cancerología (INCAN). “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”. Auditoría de Desempeño, No. 225. El objetivo de esta auditoría fue fiscalizar que la investigación científica y tecnológica haya contribuido a resolver los problemas oncológicos. Al respecto, el INCAN no acreditó, que se incrementó la producción de investigaciones vinculadas con los padecimientos de cáncer prioritarios y emergentes, en 2016, debido a que, aun cuando contó con 56 investigaciones, no justificó la disminución del 26.3% respecto de las 76 realizadas en 2015, además de no contar con un indicador y meta para programar su realización.

Instituto Nacional de Geriatría (INGER). “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud”. Auditoría de Desempeño, No. 228. Su objetivo fue fiscalizar que la investigación científica y tecnológica haya contribuido a resolver los padecimientos de la población adulta mayor. La ASF determinó que para 2016, el INGER, inició 11 investigaciones, pero no acreditó con evidencia documental cómo éstas tuvieron una aplicación para la comprensión, prevención, diagnóstico, tratamiento de los padecimientos de los adultos mayores y la rehabilitación de los pacientes, ni de la promoción de medidas de salud en la materia, como se señaló en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Por ello, desconoció si los resultados de las investigaciones contribuyeron a mejorar la salud de la población y a la toma de decisiones en el sector.

Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA) Adquisición de Medicamentos para la Atención del VIH/SIDA y Otras ITS. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 211. El objetivo de la auditoría fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los recursos asignados para la adquisición de medicamentos para la atención del VIH/SIDA y otras ITS, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. Al respecto, la ASF determinó diversas irregularidades: el CENSIDA adquirió 9 claves de medicamentos antirretrovirales que no sometió a la autorización del Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud; la Coordinación Estatal de VIH/SIDA de Chiapas no demostró la entrega de 2,496 medicamentos antirretrovirales en los almacenes de los 2 CAPASITS y 10 SAIH del estado por un importe de 5,354.6 miles de pesos; 2 SAIH del estado no demostraron la entrega de 337 medicamentos a pacientes por 416.6 miles de pesos; los institutos nacionales de Pediatría (INP), de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ), y de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER) no contaron con el dictamen de acreditación en Servicios de Alta Especialidad de VIH/SIDA del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, y no aseguraron el registró oportuno y correcto en el sistema de los insumos recibidos por los proveedores y su entrega a los pacientes; por su parte, el INER no acreditó la entrega de 12,437 medicamentos a pacientes por un importe de 29,274.5 miles de pesos.

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Respecto a Desarrollo Social revisó el desempeño de diversos programas entre los que destacan Seguro de Vida para Jefas de Familia, Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), y Comedores Comunitarios, así como la gestión financiera de Pensión para Adultos Mayores, Programa de Empleo Temporal, Programa de Fomento a la Economía Social, Padrón de Beneficiarios de los Programas Sociales, y Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras, entre otros. En este sector destacan los siguientes hallazgos en las auditorías practicadas:

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). “Pensión para Adultos Mayores”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 261. El objetivo de la auditoría fue fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Programa Pensión para Adultos Mayores, para verificar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. En relación a la confronta del Padrón de Beneficiarios del Programa contra los padrones de beneficiarios de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de Petróleos Mexicanos, la ASF constató que se pagaron apoyos a 112,817 beneficiarios del Programa que también recibieron pensiones de las entidades señaladas; es importante señalar que esta irregularidad ya había sido detectada y promovida por la ASF en la auditoría 229 de la Cuenta Pública 2014, en la cual promovió de igual forma una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. Por otra parte, de la conciliación de la base de beneficiarios del Programa Pensión para Adultos Mayores del ejercicio 2016 contra el registro de fallecimientos, se constató que se otorgaron apoyos a 8,637 beneficiarios por 23.5 millones de pesos, con fechas posteriores a la de defunción según lo registrado en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal.

SEDESOL. Seguro de Vida para Jefas de Familia. Auditoría de Desempeño No. 266. El objetivo fue fiscalizar el Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia (SVJF) para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. La ASF determinó que los mecanismos de control interno de la SEDESOL fueron insuficientes para asegurar que las mujeres pre registradas en el programa se encuentren en situación de pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingreso; acreditar la verificación del bienestar de los hijos beneficiarios menores de seis años; disponer de indicadores para evaluar su eficiencia en el pre registro de las jefas de familia, el registro de los hijos beneficiarios y la entrega de los apoyos, así como para medir la contribución del programa en la permanencia escolar de los beneficiarios, por lo que la ASF concluyó que SEDESOL no contó con un proceso sistemático que le permita identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Servicios a Grupos con Necesidades Especiales. Auditoría de Desempeño No. 274. Su objetivo fue fiscalizar las acciones del

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Instituto para que las personas adultas mayores se beneficien de políticas y acciones que fomentan su desarrollo humano integral. La ASF observó que el instituto mediante la prestación de 9 servicios, atendió a 230,579 adultos mayores, cantidad superior en 14.1% a la meta de 202.1 miles de personas adultas mayores y que representaron el 1.8% de las 12,520.7 miles de personas adultas del país. En cuanto a la meta de incorporar a los adultos mayores a la vida laboral, el instituto vinculó a 11,165 personas a una actividad productiva, cifra que representó el 73.0% de los 15,287 adultos mayores comprometidos. Sin embargo, el instituto no cuantificó la cobertura de las personas adultas mayores atendidas respecto de la población potencial y objetivo del programa en las entidades federativas, situación que limitó el análisis y evaluación de las políticas de asistencia social y de vinculación productiva dirigidas a las personas adultas mayores en los estados. Además, la ASF especificó que el instituto carece de un sistema de información institucional para disponer de información confiable sobre el total de tarjetas de afiliación entregadas; además, careció de la cobertura de la población adulta mayor potencial y objetivo por afiliar.

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). “Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH)”. Auditoría de Desempeño, No. 258. Su objetivo fue fiscalizar la CNcH para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. La ASF determinó que el diseño normativo y programático de la CNcH es congruente con el problema que pretende atender, sin embargo, no existe una legislación reglamentaria del artículo 4° de la CPEUM, en materia de derecho a la alimentación, en la que se defina el problema público y la población objetivo; se mandaten y homologuen los apoyos otorgados; se precisen las responsabilidades de las dependencias y entidades participantes, y se regule la transversalidad de la política pública, a fin de coordinar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), y los gobiernos locales y municipales, estableciendo funciones y responsabilidades para cada nivel de autoridad.

Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE). “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud”. Auditoría de Desempeño, No. 273. Su objetivo fue fiscalizar la articulación de políticas públicas integrales de juventud para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. La ASF determinó que el programa presentó deficiencias toda vez que otorgó subsidios y premios, situación que no es consistente con la modalidad “E”. Ésta modalidad implica la oferta de servicios en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad y no así para otorgar apoyos. Además, el IMJUVE no contó con mecanismos para identificar y cuantificar a la población objetivo del programa, por lo que no dimensionó la magnitud y características de la población afectada por el problema que pretende atender.

La ASF determinó que los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 muestran avances en el grupo; sin embargo, es necesario fortalecer: (1) las tareas de diagnóstico para definir y dimensionar con precisión los problemas públicos; (2) la planeación, programación y presupuestación, con el fin de lograr una asignación de recursos adecuada y focalizada; (3) coordinación interinstitucional e intergubernamental, con el propósito de establecer sinergias

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entre los programas sociales, y (4) supervisión y evaluación, con el objeto de generar certeza respecto a la eficacia y eficiencia con la que se implementan los programas. De manera específica en educación concluye que, a cuatro años de la aprobación de la Reforma Educativa, aún no se observa su contribución en la mejora de la calidad de la educación, ya que, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones para el nivel básico, el 56.7% de los alumnos en el área de matemáticas y el 48.1% en lectura; mientras que en media superior el 49.3% en el área de matemáticas y el 45.0% en lenguaje y comunicación, obtuvieron el nivel de logro educativo más bajo. Respecto a Salud, la ASF considera indispensable realizar un diagnóstico nacional sobre la cantidad, calidad y distribución de la infraestructura, el equipamiento y el personal sanitario, que coadyuve a promover una política transversal, en la que prevalezca la sinergia de esfuerzos de las instituciones de salud. Finalmente, con relación a la pobreza extrema alimentaria, la ASF considera que, a cuatro años de la instrumentación de la Cruzada nacional contra el Hambre (CNcH), dicha estrategia no constituyó una solución estructural y permanente para incidir en ese problema, ya que persistieron deficiencias en su implementación y en la focalización de la población objetivo, por lo que no se logró acreditar en qué medida se atendieron las carencias de las 7.1 millones de personas estimadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en esa condición. Entre las principales irregularidades del grupo, que implican recuperaciones determinadas, destacan:

PRINCIPALES IRREGULARIDADES DETERMINADAS POR LA ASF EN LA CUENTA PÚBLICA 2016

Irregularidad Recuperaciones determinadas

(millones de pesos)

3,874.4

En el Programa Nacional de Ingles se determinó falta de comprobación de ejercicio del gasto.

605.5

La SEP realizó aportaciones al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa sin sustento legal.

96.9

No se acreditó el ejercicio de recursos por parte de la SEP en el programa de Inclusión y Equidad Educativa.

166.4

No se acreditaron recursos transferidos a 63 Instituciones Públicas de Educación Superior para la formación y desarrollo profesional del personal docente.

586.7

El CONAFE no presentó documentación comprobatoria de entrega de bienes a beneficiarios.

280.6

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa no entregó documentación comprobatoria de trabajos realizados y entregados.

782.5

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En su programa de construcciones en las unidades de Cuajimalpa, Iztapalapa y Lerma, la UAM no acreditó ejercicio de recursos.

186.8

Contrataciones al amparo del artículo 1º de la LAASSP, entre entidades públicas, generaron subcontrataciones que dieron lugar a desvíos de recursos.

903.9

Salidas de materiales de almacenes de medicamentos, combustibles y ropería, sin la documentación soporte en el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga".

142.1

Irregularidades en la entrega de apoyos del Programa de Empleo Temporal de la SEDESOL.

123.0

Fuente: Elaborado por la UEC con datos del IGE 2016

Gasto Federalizado La ASF considera prioritaria la fiscalización del Gasto Federalizado, dada su relevancia financiera y estratégica; en ese sentido sus auditorías representan una proporción destacada del total de revisiones de la Entidad de Fiscalización Superior; en 2016, significaron el 73.4% del programa de auditorías. La importancia del Gasto Federalizado en la integración del gasto público Federal no es menor, son recursos que la Federación transfiere a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; en 2016 su importe ascendió a 1.8 billones de pesos, que significaron el 33.1% del gasto neto total, en 2015 esta proporción fue del 34.9%. Su transferencia se realiza mediante dos grandes componentes: el Gasto Federalizado programable o transferencias condicionadas, los cuales deben ser aplicados en los fines establecidos en la normativa correspondiente, y las participaciones federales, cuyo uso no está condicionado y son de libre administración hacendaria, conforme a lo que establezcan los presupuestos de egresos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales. En 2016, el monto de cada componente fue: para el Gasto Federalizado programable 1.1 billones de pesos, que representaron el 61.1% del total; con respecto a 2015, registró una disminución, a precios constantes de 2015, del 4.2% y en el mismo año, 2015, representó el 63.3% del Gasto Federalizado de ese ejercicio. Por su parte, el Gasto Federalizado no programable o participaciones federales ascendieron en 2016 a 693 mil millones de pesos, valor que constituyó el 38.9% del Gasto Federalizado total de ese año, a precios constantes de 2016, las participaciones federales tuvieron un incremento del 5.4%, en relación con 2015 y en este año significaron el 36.7% del Gasto Federalizado. La estrategia de fiscalización del Gasto Federalizado de la Cuenta Pública 2016 consideró la revisión de fondos, programas y materias siguientes:

En 18 programas del Gasto Federalizado programable, la ASF fiscalizó todos los tramos de gestión de los fondos y programas, incluido el ejercicio de los recursos; se revisaron en todas las entidades federativas los fondos del Ramo General 33 de manejo estatal; el

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Programa de Escuelas de Tiempo Completo; PROSPERA Programa de Inclusión Social: Componente de Salud; el Seguro Popular y los Proyectos de Desarrollo Regional. Asimismo, a nivel municipal se verificaron el FISM-DF y el FORTAMUN-DF, así como el FORTASEG (antes SUBSEMUN), y el FORTALECE. Por otro lado, también se revisaron: El Fondo de Capitalidad y, los Apoyos a Centros de Educación y los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (Universidades).

Se verificó la transferencia de los recursos a los ejecutores para 42 programas del Gasto Federalizado.

En relación a la fiscalización de las Participaciones Federales, se revisó la distribución realizada por las entidades federativas a sus municipios (en las 32 entidades federativas y en todos los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México). Asimismo, se fiscalizó el ejercicio de los recursos de las participaciones federales en las 32 entidades federativas y 110 municipios.

o Para la fiscalización de las participaciones federales, la ASF contó con la

colaboración de las Entidades Estatales de Fiscalización (EEF) en la realización de las denominadas Auditorías Coordinadas, que fueron realizadas de manera conjunta, pero con base en el marco jurídico de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, el cual prevé que la gestión de los resultados y acciones promovidas sea responsabilidad de la ASF.

La ASF dio continuidad a la realización de auditorías al Sistema de Evaluación del Desempeño, Participación Social y Contraloría Social, dada su importancia estratégica en la mejora de la gestión del Gasto Federalizado.

En el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2016 se realizaron 1 mil 369 auditorías al Gasto Federalizado, a saber, 1 mil 021 revisiones (74.6%), al Gasto Federalizado programable; 176 revisiones (12.9%), a las participaciones federales; y 172 revisiones (12.6%), a otros procesos vinculados con la gestión del Gasto Federalizado. Adicionalmente, se llevaron a cabo 8 auditorías del ejercicio 2015, que se derivaron de mandato judicial; sus resultados no se incorporan en el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016. Por entidad federativa, se realizó un promedio de 41 auditorías; las entidades con mayor número de revisiones fueron Chihuahua con 49; el Estado de México con 48; Veracruz con 46, Jalisco y Sonora con 45 en cada caso. Las entidades con menor número de auditorías fueron Baja California Sur con 31; Baja California con 33; Tamaulipas con 37, y Aguascalientes con 38. La estrategia de fiscalización del Gasto Federalizado Programable, en la Cuenta Pública 2016, consideró el siguiente alcance:

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Se verificó la transferencia de los recursos a los ejecutores en una muestra de 1.3 billones de pesos, lo que significó el 76.4% del Gasto Federalizado y el 79.9% del monto asignado a los fondos y programas revisados, así como de las participaciones federales.

Se realizó la revisión integral de la gestión de los recursos (incluida la transferencia a los ejecutores y el ejercicio) en una muestra de 1.1 billones de pesos, lo que representó el 60.5% del Gasto Federalizado y el 75.2% del monto asignado a los fondos y programas revisados, así como de las participaciones federales.

El monto total observado en las auditorías del Gasto Federalizado ascendió a 98 mil 102.9 millones de pesos, del cual el 69.0% correspondió al Gasto Federalizado programable y el 31.0% a las participaciones federales, se integran de la siguiente manera: Se detectó subejercicio de recursos por 14 mil 997.6 millones de pesos; se tienen montos por aclarar por 4 mil 252.2 millones de pesos; y las observaciones con impacto económico suman 78 mil 853.1 millones de pesos. Las principales irregularidades determinadas en la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, fueron las siguientes:

PRINCIPALES IRREGULARIDADES DETERMINADAS POR LA ASF EN LA CUENTA PÚBLICA 2016 Millones de pesos

Irregularidad Gasto

Federalizado Programable


Total %

67,675.4 30,427.5 98,102.9 100.0

Falta de documentación comprobatoria del gasto

12,653.7 14,323.7 26,977.3 27.5

Recursos no ejercidos 25,356.0 25,356.0 25.8

Falta de acreditación del pago a terceros en las Participaciones Federales

8,687.7 8,687.7 8.9

Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias

7,411.3 278.3 7,689.6 7.8

Retenciones no enteradas a terceros institucionales

4,986.8 617.3 5,604.2 5.7

universo

Seleccionado

(B)

Muestra Auditada

( C )(C/A) (C/B)

Universo

Seleccionado

(D)

Muestra Auditada

( E )(E/A) (E/D)

Gasto Federalizable 1,781,660.8 1,704,381.6 1,361,766.9 76.4% 79.9% 1,432,989.9 1,078,322.1 60.5% 75.2%

978,669.0 895,945.9 50.3% 91.5% 820,359.2 737,532.5 41.4% 89.9%

725,712.6 465,821.0 26.1% 64.2% 612,630.7 340,789.5 19.1% 55.6%

ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO

(Millones de Pesos)

Total del

Gasto

Federalizado

(A)

Fondo o Programa

Transferencia de los Recursos Ejercicio de los Recursos% %

Fuente. Elaborado por la UEC con datos del IRFSCP 2016, ASF.

Gasto Programable


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Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal

1,987.8 2,002.2 3,990.1 4.1

Recursos no entregados a los ejecutores e irregularidades y retrasos en la ministración de recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores

3,342.4 550.1 3,892.5 4.0

Recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada Fondo o Programa

3,637.5 22.2 3,659.6 3.7

Pagos improcedentes o en exceso 1,854.1 545.1 2,399.1 2.4

Otras irregularidades 6,445.8 3,400.8 9,846.7 10.0

FUENTE: Informe de auditoría de la Cuenta Pública 2016.

Como resultado de la fiscalización al Gasto Federalizado, se determinaron 9 mil 977 observaciones, de las que 4 mil 831 fueron solventadas durante el desarrollo de las auditorías y 5 mil 146 quedaron pendientes de solventar, las cuales a su vez generaron 5 mil 438 acciones; de éstas, 1 mil 348 son recomendaciones, 149 promociones de ejercicio de la facultad de la comprobación fiscal, 232 solicitudes de aclaración, 1 mil 617 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 2 mil 092 son pliegos de observaciones. El enfoque de la fiscalización para la revisión del Gasto Federalizado en 2016, se centró en los elementos que apoyan su gestión, como son: la observancia irrestricta de las leyes y normas que regulan el dicho gasto; el arraigo de la integridad, como principio rector de la actuación de los servidores públicos que intervienen en su gestión; el abatimiento y prevención de las deficiencias recurrentes de los sistemas de control interno; el mejoramiento de la capacidad institucional de los municipios; así como, identificar las insuficiencias que aún presenta el marco normativo y los elevados subejercicios. Asimismo, respecto de las participaciones federales, además de los anteriores elementos, el trabajo de la ASF se enfocó en transparentar y difundir los procesos de distribución de los recursos de las entidades federativas a los municipios, así como las deducciones efectuadas y pagadas a los terceros por cuenta de los municipios. Finalmente, se destaca el inicio de los trabajos para la revisión del endeudamiento público local.

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4. Planteamientos, opiniones y sugerencias en torno al Informe General 2016

4.1. Sobre la segunda entrega de informes individuales

4.1.1. Respuestas de la ASF a los planteamientos de los Grupos Parlamentarios que integran la CVASF

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) A. Recuperación de créditos fiscales controvertidos con sentencia favorable al Sistema de Administración Tributaria Comentario: Me refiero a la auditoría financiera y de cumplimiento 82-GB sobre recuperación de créditos fiscales controvertidos con sentencia favorable al Sistema de Administración Tributaria. En ella encontramos que, entre 2013 y 2016, de un total de créditos fiscales con sentencia favorable al SAT por 74.5 mil millones de pesos se cobraron únicamente 2.8 mil millones; es decir el 3.8 por ciento del total. En la muestra revisada por la ASF en 2016, por 7.7 mil millones de pesos la autoridad fiscal logró cobrar 166 millones; el 2.2 por ciento. La información que nos proporciona es relevante y valiosa; las cifras son impresionantes; pero al final de cuentas nos deja con un sentimiento de gran frustración. ¿Cómo es posible que en los créditos fiscales con sentencia favorable al SAT se obtenga una recaudación proporcionalmente insignificante? Parte de la respuesta nos la da la propia auditoría: del lado del SAT existen problemas de manejo de información y de los tiempos requeridos por las distintas diligencias e investigaciones. Del lado de los contribuyentes existe una generalizada y sospechosa insolvencia; con frecuencia originada en estrategias de reducción de actividades y bienes para no pagar. No se trata de un tema menor; no cobrar más de 7 mil millones de pesos en un año y más de 70 mil millones en cuatro constituye un cuantioso despojo a la nación que obstruye el cumplimiento de las responsabilidades del Estado de promover la equidad y la justicia social proporcionando, entre otros elementos, servicios adecuados a la ciudadanía. Preguntas: Es desde esta perspectiva de indignación, que creo que compartimos, que me atrevo a mencionar lo que parecen ser insuficiencias del informe y derivarlas a preguntas.

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Le solicito atentamente que a partir de la auditoría ya realizada se nos proporcionen mayores precisiones estadísticas sobre el grado de concentración del no pago, el tipo de empresas que lo practican y la reiteración, si es que ocurre, de estas prácticas en algunas de ellas. La auditoría concluye que en términos generales, el Servicio de Administración Tributaria cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. No lo pongo en duda. Y sin embargo esta afirmación parece evadir el problema de fondo: el hecho de que se le sustraen a la nación miles de millones de pesos año con año. De la auditoría derivan básicamente tres recomendaciones orientadas a acelerar procesos administrativos y compatibilizar sistemas de manejo de información. La impresión es que abordan temas menores; mejoras poco significativas frente a la magnitud del asunto de fondo. Tal vez lo que ocurre es que en una auditoría financiera y de cumplimiento la perspectiva es muy formalista. Le solicito atentamente examine la posibilidad de que a partir de lo ya investigado se pudiera abordar un enfoque de desempeño complementario que, basado en la reconocida capacidad de la ASF, pudiera desembocar en recomendaciones substanciales, incluso relacionadas con medidas que pudiera tomar esta honorable Cámara de Diputados. Le solicito su opinión sobre lo siguiente: ¿considera Ud. viable, y cómo se haría para que aquellos que han desfalcado a la nación de la manera que se describe en la auditoría de referencia sean notificados al buró de crédito? Parece una medida moderada, sin descartar otras, que simplemente colocaría a los ciudadanos incumplidos en una circunstancia similar a las de cualquier otro ciudadano incumplido en el pago de sus obligaciones. ¿Qué medidas alternativas eficaces se pueden instrumentar que requieran más apoyo legislativo?

Respuesta ASF:

Debido a la relevancia del tema, el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) de la Cuenta Pública 2017 incluye la revisión 71-GB, “Créditos fiscales”, correspondiente al Servicio de Administración Tributaria (SAT). A partir de los hallazgos de dicha revisión, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estará en posibilidad de proporcionar mayor información sobre las causas del bajo nivel de recuperación de los créditos fiscales, así como de emitir las acciones y observaciones pertinentes. Por otro lado, respecto a las preguntas formuladas, es importante mencionar que el Buró de Crédito es una empresa privada constituida como una Sociedad de Información Crediticia, “debidamente autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con opinión del Banco de México (Banxico) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El Buró proporciona servicios sobre recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales, así como operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que dichas personas mantengan con entidades financieras (bancos, uniones de crédito, sociedades de ahorro y préstamo, etc.), así como con empresas comerciales (tiendas

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departamentales) y Sofomes, E.N.R.11”. En concordancia con lo anterior, el SAT no podría solicitar al Buró la incorporación de los contribuyentes deudores, debido a que dicha instancia no constituye una entidad financiera. Finalmente, y reiterando la disposición de la institución respecto al fortalecimiento de los vínculos con la Comisión de Vigilancia de la ASF (CVASF), con el fin de hacer más evidente el valor y el beneficio de la auditoría gubernamental en las labores legislativas, se analizará la pertinencia de incluir propuestas de modificaciones y reformas legales sobre este tema dentro del Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2017.

B. Deuda subnacional y sismo Comentario: Las afectaciones de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, detonaron necesidades financieras urgentes para hacer frente a la reconstrucción (viviendas, infraestructura pública, etc.) en las Entidades Federativas más afectadas: Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, Estado de México y Ciudad de México; para tal fin se han etiquetado recursos públicos federales y estales para la reconstrucción. Sin embargo, esos gobiernos estatales han gestionado ante sus congresos locales la adquisición de deuda pública para hacer frente a la reconstrucción. En las revisiones de la ASF a recursos destinados a reconstrucción nacional en el ámbito federal se identificaron mecanismos financieros como el bono cupón cero que potencia los recursos a utilizar, pero que la ASF determinó que es un mecanismo oneroso comparado con otras alternativas financieras. Por otro lado, la ASF en sus revisiones a ingresos excedentes ha determinado subestimación de ingresos en los proyectos aprobados de la LIF, concretamente en los ingresos proyectados en el rubro de los Aprovechamientos, que son consistentemente muy inferiores que los ingresos efectivamente recaudados. Una parte de estos ingresos por Aprovechamientos está etiquetado como los provenientes del remanente operativo de Banxico. Sin embargo, otros ingresos pueden reetiquetarse en virtud de las nuevas prioridades generadas por los sismos. Pregunta: En ese orden de ideas señor Auditor, ¿Cuál es la estrategia a seguir por la ASF para fiscalizar el endeudamiento para la reconstrucción de los daños por los sismos de septiembre en las Entidades Federativas? ¿Qué cantidad de recursos excedentes por Aprovechamientos de acuerdo a los datos históricos pueden estar disponibles en el 2018 que pudieran generarse para ser utilizados en la reconstrucción de la infraestructura dañada por los sismos de septiembre de 2017 y en el apoyo a damnificados? Cabe señalar, que el Senado incremento la bolsa de recursos por

11 Fuente: Glosario del Buró de Crédito.

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Aprovechamientos en aproximadamente 2,000 millones de pesos. ¿Cuánto más podrá asignarse de este rubro de ingresos, a estas imperiosas necesidades que demanda la sociedad para el gasto demandado por los sismos, sin los costos onerosos del financiamiento del bono cupón cero?

Respuesta ASF:

Como primer punto, cabe destacar que los recursos para la atención de la población afectada por los sismos ocurridos en septiembre de 2017, así como para la reconstrucción y rehabilitación de infraestructura, se ejercieron a través del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye las siguientes cuatro auditorías:

1. 15-GB “Subsidios y apoyos para desastres naturales”; 2. 42-GB “FONDEN, recursos autorizados para la atención de desastres naturales

(sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017)”; 3. 55-GB “Marco institucional y financiero para la prevención y atención de

fenómenos naturales perturbadores, riesgos ambientales y epidemiológicos”, y 4. 61-GB “Recursos destinados para la atención de desastres naturales”.

Por otra parte, si bien la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal 2018, contempla 117,792.3 millones de pesos (mdp) por concepto de Aprovechamientos, cabe reiterar que la canalización de los recursos para la atención de desastres naturales se realiza a través del FONDEN, cuyo monto asignado para dicho ejercicio asciende a 26,644 mdp.

C. Retenciones no enteradas a terceros institucionales Comentario: En la revisión de los recursos del Ramo General 33 de la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación detectó Entidades Federativas que no pagan las aportaciones de seguridad social y el ISR retenido a sus trabajadores, y justifican la omisión con los Convenios suscritos por el Gobierno del Estado con la SHCP y el ISSSTE, aunque en términos reales la Federación deja de captar impuestos. En ese orden de ideas: Pregunta: Una vez formalizado el convenio con la SHCP y el ISSSTE, ¿Cuál es el daño patrimonial por esta práctica detectada por la ASF, es para el trabajador o para la Hacienda Pública Federal? ¿Cuáles son los riesgos observados por la ASF en la situación fiscal del trabajador y en el futuro de su seguridad social; derivados de esta práctica cada vez más recurrente en las administraciones de los Estados?

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¿De qué manera se consideran estos ingresos federales en los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas y para que programas federales pueden ser destinados? ¿Se emitieron las acciones necesarias (PRAS) para sancionar a los servidores públicos responsables de la irregularidad? ¿Qué mecanismos de control interno impulso la ASF para evitar la recurrencia de la irregularidad y, qué área de la propia Entidad de Fiscalización Superior de la Federación es la responsable de corroborar su implementación e informar de esta?

Respuesta ASF:

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, la ASF emitió observaciones por un monto de 4,986.8 mdp, por concepto de “Retenciones no enteradas a terceros institucionales”. Dicha problemática se refiere a impuestos y aportaciones de seguridad social, tales como las vinculadas con el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), que fueron retenidos por los gobiernos locales al personal pagado con recursos federales del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Seguro Popular y subsidios a universidades, entre otros, y que no se entregaron a las instituciones correspondientes, como el SAT, el ISSSTE y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). En este sentido, es importante destacar que los efectos negativos de dicha práctica recaen en las instituciones mencionadas y no en los trabajadores, ni en los presupuestos de las entidades federativas. Respecto a las acciones emitidas por la ASF, cabe señalar que, al tratarse de retenciones de impuestos y pagos a terceros, la institución promueve el Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal ante la instancia correspondiente. Asimismo, en su caso, se emiten los Pliegos de Observaciones y se da vista a los Órganos Internos de Control (OIC) respectivos para el fincamiento de responsabilidades administrativas. Adicionalmente, es importante subrayar que, a partir de la Cuenta Pública 2016, la ASF acordó con los entes fiscalizados diversas recomendaciones y medidas de control para coadyuvar a la disminución de riesgos en la gestión de los recursos y la recurrencia de las observaciones.

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) A. Infraestructura social básica Comentario: Derivado de las reformas de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), disminuyeron las auditorías en Municipios para la fiscalización del Fondo de

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Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) de la Cuenta Pública 2016. Pregunta: ¿Cuáles son los riesgos observados por la ASF en la recurrencia de actos de corrupción en el ejercicio de los recursos del FISMDF, derivados de la disminución de auditorías practicadas a los Municipios? ¿Cuál es la estrategia que va a implementar la ASF para aumentar en el futuro la muestra de Municipios seleccionados, para fiscalizar los recursos del FISMDF?

Respuesta ASF:

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 se realizaron 186 auditorías al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), mientras que para la revisión de la Cuenta Pública 2017 están programadas, inicialmente, 150 auditorías; número que podría incrementarse. Las principales observaciones a dicho fondo determinadas en 2016 fueron subejercicios, falta de documentación comprobatoria, y la transferencia de recursos o inversiones a obras y acciones que no cumplen con los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). Estas problemáticas son recurrentes cada año como consecuencia de la modificación constante de los criterios de inversión del FISM-DF y también debido a la publicación tardía de los Lineamientos de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Finalmente, cabe subrayar que los procesos de planeación y programación de auditorías de la ASF están basados en la determinación de un índice de riesgo, a partir de la aplicación de diversos criterios de priorización y selección de los sujetos y objetos a fiscalizar. De manera particular, respecto al FISM-DF, se seleccionan las áreas de riesgo más importantes, con base en los antecedentes de las revisiones a Cuentas Públicas previas. Asimismo, durante la ejecución de las auditorías, y a partir del análisis de la información publicada sobre el Fondo, se identifican las situaciones potencialmente irregulares y se considera la factibilidad de iniciar nuevas revisiones.

B. Sistema de evaluación del desempeño del Gasto Federalizado Comentario: En la revisión de la Cuenta Pública 2016 la ASF dio continuidad a las auditorías para la revisión del “Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado”, en las que los procedimientos de auditoría que se aplicaron fueron implementados para determinar el avance y las insuficiencias en la adopción del modelo PbR-SED. Los resultados de estas auditorías sólo

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acreditan las buenas prácticas implementadas y señalan, con un ánimo constructivo, las insuficiencias encontradas, a efecto de coadyuvar al desarrollo de la evaluación en la gestión del Gasto Federalizado. Preguntas: Aprovechando la reconocida metodología de la ASF en evaluación del desempeño, ¿Cómo se puede implementar la referida metodología, en una plataforma que permita una mejor evaluación del Gasto Federalizado?

Respuesta ASF:

A partir de la Cuenta Pública 2015, la ASF ha realizado auditorías al Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del Gasto Federalizado; herramienta fundamental para apoyar la mejora continua de la gestión de este importante rubro presupuestario. De manera general, la ASF ha documentado que el SED de las entidades federativas aún no se ha consolidado como un medio para asegurar la operación eficiente de los fondos y programas, ya que persiste un cumplimiento meramente formal. De manera particular, con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se formuló un índice para conocer el avance del SED en las entidades federativas. El valor promedio nacional determinado fue de 49.9 puntos, en una escala de 0 a 100. Asimismo, se encontró que catorce entidades federativas estuvieron por debajo de este promedio. Por otra parte, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se elaboró un índice para cuantificar el avance en la operación del SED en 64 municipios. Para su determinación se consideraron los siguientes siete componentes: 1. Marco jurídico, institucional y operativo del SED. 2. Capacitación en materia del SED. 3. Formulación de un Programa Anual de Evaluación. 4. Realización y alcance de las evaluaciones. 5. Difusión de las evaluaciones. 6. Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora. 7. Utilización de los resultados de las evaluaciones en la mejora de la gestión. Únicamente 40 municipios presentaron avances en el SED. El valor promedio del índice para éstos fue de 22.8 puntos en una escala de 0 a 100 (los resultados de dicho análisis pueden consultarse en el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2016). La ASF analizará las áreas de oportunidad de estos índices, a fin de coadyuvar a la mejora integral del SED del Gasto Federalizado.

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C. Perspectiva en torno al Nuevo Modelo Educativo Comentario: Debido al evidente rezago que presentaba el esquema de enseñanza implementado durante las últimas décadas, en marzo de 2017 fue presentado, en el marco de la Reforma Educativa, el Nuevo Modelo Educativo, el cual entrará en vigor a partir del ciclo escolar 2018-2019 y cuyo fin consiste, fundamentalmente, en garantizar el acceso equitativo de niños y jóvenes mexicanos a una educación integral de calidad, así como convertir a la educación en un cimiento para edificar condiciones de justicia y prosperidad en el país. Preguntas: Partiendo de los resultados obtenidos en las diversas auditorías, evaluaciones de políticas públicas y estudios llevados a cabo en los últimos años a los entes públicos que conforman el sector educativo, ¿cuáles son los elementos del nuevo modelo con mayor alcance para corregir las principales fallas en materia educativa y de qué elementos carece? Uno de los requisitos primordiales para lograr las metas trazadas es lograr la viabilidad del modelo con el paso de los años, ¿se considera que el modelo será sustentable en la transición de la presente Administración a la siguiente?

Respuesta ASF:

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se practicaron las auditorías 158-DS “Programa de la Reforma Educativa” y 124-GB “Evaluaciones de la Calidad de la Educación Básica”, a partir de las cuales la ASF concluyó que la Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria elaborada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) no incluyó los criterios ni los procedimientos para que evaluar y acreditar los conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas adquiridos por los alumnos de educación básica. Adicionalmente, a partir del análisis comparativo entre la Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria y el plan de estudios 2011, vigente en 2016, la ASF identificó que prevalecieron propósitos similares a los establecidos en el plan de estudios anterior, relativos a la formación ciudadana, así como al desarrollo de habilidades personales, competencias y aprendizajes significativos, relevantes y útiles en los estudiantes de educación básica. Asimismo, la ASF comprobó que, a diferencia del plan de estudios 2011, la nueva Propuesta Curricular para la Educación Obligatoria tiene una mayor orientación hacia el desarrollo personal y emocional de los estudiantes, y un menor enfoque al aprendizaje de habilidades productivas, debido a que se eliminó la competencia de “aprender a hacer” y se incluyó la materia de desarrollo emocional.

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De igual forma, se incorporó el componente curricular denominado Autonomía curricular, en adición a los de Lenguaje y comunicación, Pensamiento matemático, y Exploración del mundo natural y social, que ya contenía el plan de estudios 2011. El objetivo de este nuevo componente es que cada Consejo Técnico Escolar de los planteles pueda decidir cuáles asignaturas impartirá en los tres niveles educativos, además de las previstas en la Propuesta Curricular. No obstante lo anterior, la SEP no acreditó la metodología, ni los criterios utilizados para garantizar la idoneidad de la Propuesta Curricular, a partir de la cual se definirá el nuevo plan y programas de estudio de educación básica, de acuerdo con las necesidades sociales. Respecto a la segunda pregunta, es importante señalar que la ASF no cuenta con información para evaluar la sostenibilidad de la Reforma Educativa en el largo plazo. En cambio, se puede destacar que hasta 2016, la ASF identificó que la SEP carecía de la metodología para realizar revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas del plan y los programas de estudios de educación básica.

D. Resultados de las auditorías forenses a las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) Comentario: En los últimos años se ha llevado a cabo un conjunto de auditorías forenses a distintas a las IPES con el objeto de revisar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados entre dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. Como es sabido, el objeto de las auditorías forenses consiste en revisar y analizar los procesos, hechos y evidencias derivados de la fiscalización por la presunción de un ilícito, con el propósito de documentar las conclusiones con pruebas válidas y suficientes; lo cual indica que en los últimos años la ASF ha detectado actividades ilícitas en las instituciones de educación superior fiscalizadas. Preguntas: Tomando como referencia los dictámenes negativos emitidos por la ASF en la mayoría de las auditorías en comento, ¿existe evidencia de que los daños hayan sido resarcidos?, ¿se ha modificado el fundamento legal para la celebración de contratos y convenios suscritos entre IPES y la APF?, ¿qué medidas se han tomado a partir de las irregularidades detectadas por la ASF?

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A partir de los resultados obtenidos en las auditorías efectuadas, ¿se tienen programadas alteraciones en el esquema técnico para la implementación de las auditorías que, en lo subsecuente, se realizarán a los contratos entre IPES y APF?

Respuesta ASF:

Derivado de las auditorías forenses practicadas a las Cuentas Públicas 2012 a 2016, en relación con las contrataciones entre entes públicos en las que han estado involucradas universidades, se emitieron observaciones por un monto de 6,879 mdp, mismos que podrían ser recuperados conforme se lleven a cabo los procesos de solventación correspondientes. Asimismo, es importante recordar que la ASF, de acuerdo con el marco normativo aplicable, promueve las sanciones administrativas y penales a las que haya lugar. Asimismo, y en respuesta a la pregunta sobre las modificaciones a las disposiciones legales vinculadas con el tema de las universidades, cabe mencionar que la ASF ha recomendado, de manera reiterada, lo siguiente:

1. Reglamentar el artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púbico (LAASSP) para que cuando se contraten bienes o servicios entre entidades públicas, dado el carácter excepcional de este mecanismo, se establezca que el titular de la dependencia contratante sea quien suscriba los contratos correspondientes.

2. Establecer la obligatoriedad de que los titulares de las dependencias

contratante y contratada sean los responsables de vigilar el cumplimiento de los términos que se formalicen al amparo de dicho artículo.

3. Disponer que la información sobre este tipo de adquisiciones sea incorporada

al sistema CompraNet, con objeto de reducir las condiciones de opacidad en las que se han desarrollado estas operaciones y dar pie a un entorno apropiado de transparencia y rendición de cuentas, dada la relevancia que ha adquirido este tema en distintos ámbitos.

Respecto a la última pregunta, es importante destacar que la metodología de planeación y programación de auditorías de la ASF está basada en la determinación de un índice de riesgo, a partir de la aplicación de diversos criterios de análisis, priorización y selección de los sujetos y objetos a fiscalizar, mismos que se actualizan de manera continua en función de los resultados de las revisiones anuales de la Cuenta Pública.

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E. Obligaciones constitucionales del IFAI Comentario: En el ejecutivo federal se implementaron nuevos mecanismos de control interno, de evaluación del desempeño y de rendición de cuentas. Se creó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI); con relación al informe elaborado al mes de octubre del presente año, se encontró que los estados de Michoacán y San Luis Potosí, no habían armonizado su marco normativo con la legislación general, situación que limitó la coordinación efectiva del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), al haberse determinado un retraso promedio de emisión de 3 años después de lo dispuesto. También se encontró que la Ley de Expropiación; la Ley de Seguridad Nacional; la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas; la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y la Ley Federal de Defensoría Pública no contaban con los reglamentos dispuestos en sus artículos transitorios. Adicionalmente se cuantificó en el informe que el 79.5% de las 238,090 solicitudes de acceso a la información pública a los sujetos obligados, se recibieron por medio del Programa Nacional de Transparencia (PNT). Sin embargo, se registraron limitantes para ejercer la efectiva coordinación del SNT, ya que no se armonizó la totalidad de las leyes locales en el plazo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). Preguntas: Con el debido respeto Sr. Auditor Superior, ¿Qué medidas se han implementado para que se dé cumplimiento en los objetivos y metas y el debido funcionamiento y cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Instituto? ¿Por qué no se ha realizado una revisión para la armonización de su marco normativo, cuando es una de las herramientas para desempeñar de manera eficiente el trabajo? En relación a los reglamentos dispuestos de las leyes antes citadas ¿Cuál sería el motivo por el cual, no contaban con dichos reglamentos?, ¿Qué consideraría que fuera la mejor dinámica para la armonización de las leyes de manera eficiente y oportuna en la coordinación del Sistema Nacional de Transparencia (SNT)?

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Respuesta ASF:

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se practicó la auditoría 128-GB “Acceso a la información pública”, a partir de la cual la ASF concluyó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cumplió con su mandato ya que, de cada diez solicitudes de los ciudadanos, nueve tuvieron respuesta. Asimismo, el instituto puso en operación la Plataforma Nacional de Transparencia, investigó 286 presuntas violaciones a los datos personales y resolvió el 48.1 por ciento de los 9,099 recursos de revisión a favor de los ciudadanos. Respecto a la segunda pregunta, es importante mencionar que el INAI no estaba obligado a revisar la armonización de los marcos normativos de las entidades federativas; no obstante, como ente responsable de coordinar el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), el instituto brindó acompañamiento y asesoría técnica sobre el contenido de las iniciativas de ley, dictámenes aprobados y leyes de transparencia publicadas. Asimismo, mediante notas técnicas, el INAI señaló los posibles casos de invalidez constitucional o aspectos no coincidentes con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). En cuanto a las causas por las cuales no se emitieron los reglamentos mencionados, la ASF no cuenta con información debido a que dicha temática no se encuentra dentro del alcance de la auditoría practicada. Finalmente, cabe destacar que las leyes de Michoacán y San Luis Potosí ya están armonizadas con respecto a la LGTAIP.

F. Apoyos otorgados por la SRE Comentario: Los consulados de México en Dallas, Nueva York, Laredo, Chicago y Los Ángeles entregaron 801 millones de pesos (más de 42 millones de dólares) a organizaciones no gubernamentales de apoyo a mexicanos radicados en ese país, pero sin evaluar previamente sus proyectos. Cabe destacar que desde las revisiones de la cuenta pública 2014, la ASF ha hecho un importante número de recomendaciones a la SRE, y las observaciones siguen siendo recurrentes, sería conveniente realizar un diagnóstico, para identificar si los procesos actuales requieren una modificación. Preguntas: Sr. Auditor, ¿Consideraría que las acciones emprendidas por parte de SRE han sido suficientes en la mejora continua de las normas y procedimientos que se atienden en beneficio de las comunidades mexicanas en el exterior?

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En relación a los recursos radicados a las 50 Representaciones de México en el Exterior (RME) por 48,342.2 miles de dólares equivalentes a 915.9 millones de pesos, no suscribieron los convenios de coordinación específicos con cada RME, en los que se establecieran las condiciones, requisitos, objetivos específicos y programas de trabajo. Me podría indicar ¿Cómo es que las funciones primordiales de la SRE, no se llevan a cabo de manera eficiente, cuando es el único fin de dichos programas para el bienestar de nuestro connacionales fuera de nuestro país?, ¿Qué está sugiriendo la ASF, para que estas anomalías no continúen pasando?

Respuesta ASF:

Con motivo de la fiscalización de las Cuentas Públicas 2013 y 2014 se realizaron dos auditorías a las Representaciones de México en el Exterior (RME) y a la protección y asistencia consular. A partir de dichas revisiones, la ASF determinó que las RME promovieron al país en materia económica, política, turística y cultural, por medio de la ejecución de las actividades previstas en sus programas de trabajo, los cuales estaban alineados con las prioridades de política exterior establecidas en el Programa Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. No obstante, lo anterior la ASF identificó áreas de oportunidad en relación con el fortalecimiento de los sistemas de control y seguimiento utilizados por la Secretaría de Relaciona Exteriores (SRE). Es importante destacar que las recomendaciones emitidas por la ASF ya fueron atendidas y se implementaron las medidas necesarias para mejorar el desempeño de las RME. Asimismo, la ASF, con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, practicaron las auditorías 34-GB “Atención a las comunidades mexicanas en el exterior”, correspondiente al Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y 33-GB “Protección y asistencia consular”, a la SRE. Al respecto, la ASF recomendó al IME y a la SRE que implementaran las estrategias necesarias para (1) dar seguimiento a los memorándums de entendimiento; documentos en los que se establecen las responsabilidades y compromisos entre el consulado y las instituciones educativas firmantes, así como (2) contar con una base de datos para sistematizar la información de los estudiantes beneficiados por el Programa IME-Becas de educación media y superior, y de educación para adultos. Asimismo, como parte de la segunda entrega de informes individuales (octubre de 2017) referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la auditoría 1798-GB “Erogaciones para la atención, protección, servicios y asistencia consulares”, correspondiente a la SRE. De igual forma, se entregó el Informe Específico D17001 “Erogaciones para la atención a comunidades mexicanas en el exterior y protección y asistencia consulares (Cuentas Públicas 2014 y 2015)”, de la SRE.

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Dichas revisiones se centraron en la gestión de los recursos radicados a 50 RME ubicadas en Estados Unidos de América, los cuales estaban destinados a ser entregados a diversas organizaciones, quienes en coordinación con las citadas RME, realizarían programas y actividades para la atención de migrantes mexicanos. Al respecto, la ASF determinó las siguientes deficiencias:

a. Los Memorándums de Entendimiento (MOU) formalizados entre las RME y las organizaciones que sustentaron la ministración de recursos para desarrollar las actividades de los programas IME Becas, Actividades Comunitarias y Ventanillas de Salud no fueron homogéneos por cada grupo de actividades, ni revisados y avalados por la Consultoría Jurídica de la SRE.

b. No se suscribieron convenios de coordinación específicos entre el IME y las RME, en los cuales se establecieran objetivos, planes de trabajo y criterios para el otorgamiento de recursos y su comprobación, en relación con la operación de programas o actividades en materia de salud, educación, deporte, cultura, desarrollo económico y organización comunitaria.

c. Respecto del programa Actividades Comunitarias, no se proporcionó evidencia de las evaluaciones por parte de las RME y del IME de los proyectos presentados por las organizaciones, antes de la autorización y asignación de los recursos.

d. Para la operación del Programa IME Becas, el IME utilizó el documento denominado “Reglas Generales de Operación IME BECAS 2016-2017”, el cual careció de formalidad jurídica.

Adicionalmente, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye la auditoría 33-GB “Fortalecimiento para la atención a mexicanos en el exterior”, a la SRE.

G. Robo clandestino de combustible Comentarios: De acuerdo con la ASF, en el periodo 2011-2016, el número de tomas clandestinas identificadas aumentó en 394.1%, al pasar de 1,323 a 6,537, con un total acumulado de 17,535 tomas. Asimismo, la ASF mencionó que los costos de reparación de ductos se incrementaron en 868.5%, alcanzando un costo acumulado en el periodo de referencia, de 3 mil 070.8 millones de pesos, equivalente al 88.1% del presupuesto ejercido en el programa presupuestario K027 para el mantenimiento de la infraestructura de logística en 2016, lo que repercute en la rentabilidad y sustentabilidad de la prestación del servicio de logística de gasolinas y diésel. Las auditorías practicadas por la ASF destacan un número importante de irregularidades que han derivado en observaciones y acciones preventivas y correctivas, e incluso el órgano fiscalizador las ha dictaminado con opinión negativa. No obstante, no se reportan sanciones de

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mayor alcance relacionadas con procedimientos judiciales como son las denuncias de hechos dirigidos a los responsables. Preguntas: Le pregunto señor Auditor, Debido a que es un tema de suma gravedad, ¿Qué acciones se tomarán para detener urgentemente la proliferación de tomas clandestinas? ¿Cómo contribuirá el Sistema Nacional Anticorrupción a resolver esta problemática? ¿Qué rendición de cuentas ha habido sobre esta problemática?

Respuesta ASF:

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se practicó la auditoría 475-DE “Distribución y comercialización de gasolinas”, correspondiente a Petróleos Mexicanos (Pemex), mediante la cual la ASF determinó la existencia de 6,537 tomas clandestinas, de las cuales el 57 por ciento se ubicó en los sectores de Salamanca, con 1,938 tomas (29.6 por ciento), y Mendoza con 1,791 tomas clandestinas (27.4 por ciento). Asimismo, los costos de reparación de ductos ascendieron a 1,767.7 mdp. De manera complementaria, la ASF concluyó que en 2016, Pemex Logística careció de información confiable sobre el volumen de combustibles perdido y el monto económico que esto representa; situación que impidió conocer con exactitud la magnitud del problema y, en consecuencia, limitó la capacidad de la empresa para solucionar dicho riesgo y, en última instancia, para prestar los servicios de logística de petrolíferos de manera rentable. Debido a esta situación, la ASF formuló las siguientes dos recomendaciones:

1. Que Pemex Logística, en coordinación con la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex Corporativo, expusiera a su Consejo de Administración las razones del incremento en el número de tomas clandestinas y, con base en dicha información, se previeran las medidas pertinentes, a fin de detectar oportunamente las tomas clandestinas, así como prevenir y mitigar el robo de combustibles.

2. Que Pemex Logística, en coordinación con la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex Corporativo, llevara a cabo las acciones necesarias, a fin de contar con información actualizada y precisa sobre el volumen y montos económicos perdidos de combustibles en los procesos de logística, transporte y almacenamiento.

Cabe destacar que, como parte del proceso de solventación de observaciones de auditoría, Pemex Logística presentó información a la ASF respecto a la implementación de medidas para detectar las tomas clandestinas, prevenir y mitigar el robo de

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combustibles, así como sobre el establecimiento de un grupo de Coordinación Intersecretarial. Sin embargo, la empresa no acreditó haber presentado al Consejo de Administración las razones sobre el incremento en el número de tomas clandestinas, ni presentó evidencia de las estrategias realizadas en el marco de la Coordinación Intersecretarial, conformada en enero de 2016. Respecto a la contribución del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en la solución de la problemática referida, cabe destacar que dicha instancia, a través del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador, da seguimiento a diversos temas vinculados con el combate a la corrupción para, de ser el caso, iniciar las acciones previstas en la Ley General del SNA (LGSNA). En relación con la última pregunta, cabe señalar que como resultado de la auditoría referida, se verificó que en el Informe del Director General de Pemex Logística presentado al Consejo de Administración, correspondiente al periodo enero-diciembre 2016, en el apartado denominado “Mercado ilícito de combustibles”, se incluyera el histórico de tomas clandestinas identificadas de 2014 a 2016, la incidencia por entidad federativa, los ductos con mayor número de tomas y el total de desviaciones volumétricas, concepto que abarca rubros como “volumen sustraído por tomas clandestinas”, entre otros. Adicionalmente, para ampliar la presente respuesta, la ASF consultó la página web de Pemex, en la que se informa que, en 2017, se detectaron 10,363 tomas clandestinas; el Informe Anual 2016, en el que se indican los daños ambientales causados por dicha situación, y el Quinto Informe de Gobierno, en el que se muestra que se recuperaron 786,371.7 litros de hidrocarburos y se localizaron 158 tomas clandestinas. Finalmente, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye la evaluación 1590 denominada “Reforma Energética: hidrocarburos”, cuyo objetivo es analizar la política pública de energía, a fin de determinar su pertinencia para atender el problema que le dio origen, y la efectividad de sus actividades para cumplir con los objetivos y metas comprometidos.

H. Esquema financiero para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Comentarios: En reunión celebrada el mes pasado con diputados integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del NAICM, la ASF señaló que quedó rebasado el gasto original programado para la obra, que ascendía a 13 mil millones de dólares; que existen montos irregulares que ascienden a un total de 234.722 millones de pesos, detectados durante la revisión a 88 contratos de diversas áreas y que la obra no será entregada en la fecha comprometida (20 de octubre del 2020).

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El informe de auditoría financiera y de cumplimiento “Esquema de Financiamiento para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” No. 359-DE, además de señalar que para 2017, en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP, el monto del Proyecto de Inversión del NAICM ascendió a 186 mil 092.0 millones de pesos, el cual correspondió al monto original por 169 mil 000.0 millones de pesos, (actualizado por la inflación), advierte que el esquema de financiamiento para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), si bien permite al Gobierno Federal captar recursos para atender necesidades que no pueden ser cubiertas presupuestalmente, también origina que la captación del financiamiento no se refleje como un pasivo, ni se reconozca como deuda y tampoco se registre en la finanzas públicas. Asimismo, el informe especial “Estrategia de Fiscalización del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” señala que ninguna instancia en el Gobierno Federal se hace responsable del seguimiento, consolidación, registro y revelación de las erogaciones que se realizan para la construcción del NAICM. Preguntas: Con el debido respeto Sr. Auditor Superior, En el marco de las modificaciones constitucionales que aprobaron siete paquetes de legislación

secundaria que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción, ¿qué garantía se tendrá para

considerar que esta compleja problemática no represente un riesgo latente para las finanzas

públicas del país, al margen de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que

pudieran derivarse?

¿En una actitud de autocrítica genuina considera que las acciones promovidas derivadas de la auditoría No. 359 (4 R y 1 PRAS), resolverán la opacidad y los riesgos detectados y alertarán de manera cabal el problema potencial en el que se encuentra el proyecto del NAICM?

Respuesta ASF:

Las reformas que dieron origen al SNA fortalecieron el mandato de la ASF respecto a tres aspectos fundamentales: (1) incremento del universo auditable; (2) incorporación de las facultades de investigación y substanciación de faltas administrativas graves, y (3) coordinación con instancias vinculadas con la participación ciudadana, la transparencia, el control interno y la imposición de sanciones administrativas y penales. De manera particular, el último de estos tres elementos permitirá que los hallazgos de las auditorías se conviertan en potenciales insumos de análisis para quienes integran el Comité Coordinador del SNA, lo cual podría dar como resultado la instrumentación de las acciones previstas en la LGSNA (emisión de recomendaciones y exhortos). De igual forma, la existencia de canales formales de comunicación entre la ASF y los órganos encargados del fincamiento de responsabilidades administrativas y penales,

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constituye un elemento clave para asegurar que las irregularidades detectadas a través del ejercicio de fiscalización sean sancionadas adecuadamente. Respecto a las acciones derivadas de la auditoría 359-DE, es importante mencionar que las mismas se suman a las emitidas con motivo de las siguientes 12 auditorías de la Cuenta Pública 2016:

1. 356-DE “Construcción de los caminos provisionales de acceso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)”;

2. 361-DE “Nivelación y limpieza del terreno del NAICM”;

3. 366-DE “Trabajos relativos a los pilotes para la torre de control, edificio terminal y el centro de transporte terrestre intermodal del NAICM”,

4. 355-DE “Construcción de la losa de cimentación del edificio terminal del NAICM”;

5. 358 “Erogaciones para el desarrollo del NAICM”; 6. 360 “Estudios y proyectos pagados por el Fondo Nacional de Infraestructura

para el NAICM”; 7. 354-DE “Construcción de la barda perimetral para la construcción del NAICM”; 8. 357-DE “Desarrollo de ingeniería y construcción de subestaciones y acometida

eléctrica del NAICM”; 9. 362-DE “Procesos de contratación de la construcción del edificio terminal, de la

torre de control y de la losa de cimentación del Centro de Transporte Terrestre Intermodal del NAICM”;

10. 363-DE “Realización de proyectos, gerencia, estudios, asesorías y consultorías para la construcción del NAICM”;

11. 364-DE “Sistema de precarga e instrumentación geotécnica, infraestructura, estructura de pavimentos y obra civil de ayudas visuales y para la navegación de las pistas 2 y 3 y área de túneles del NAICM”, y

12. 365-DE “Trabajos preliminares consistentes en: carga, acarreo y descarga fuera del polígono de material existente producto del depósito de demoliciones, desperdicios y desazolve, drenaje pluvial temporal, y la construcción del campamento del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), en el NAICM”.

Por último, cabe mencionar que, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye las siguientes 16 auditorías al GACM:

1. 379-DE “Conexión a desnivel de la autopista Peñón-Texcoco con la carretera libre: Texcoco-Ecatepec”;

2. 380-DE “Construcción de la barda perimetral del NAICM”; 3. 381-DE “Construcción de la losa de cimentación del edificio terminal del

NAICM”;

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4. 382-DE “Construcción del edificio terminal, de la torre de control y de la losa de cimentación del centro de transporte terrestre intermodal del NAICM”;

5. 383-DE “Desarrollo de ingeniería y construcción de subestaciones y acometida eléctrica del NAICM”;

6. 384-DE “Erogaciones del Fondo Nacional de Infraestructura para el NAICM”; 7. 385-DE “Fideicomiso para el Desarrollo del NAICM”; 8. 386-DE “Ingresos y gastos del Fideicomiso para el Desarrollo del NAICM”; 9. 387-DE “Instalación y medición de la instrumentación geotécnica en la precarga

de las pistas 2 y 3, exploración geotécnica, muestreo y sistemas de medición en las aeropistas, calles de rodaje, caminos internos, pista 6 y edificación y estudios y proyecto del sistema de drenaje pluvial para las intersecciones de la infraestructura hidráulica de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) con el proyecto del NAICM”;

10. 388-DE “Limpieza, nivelación e instrumentación geotécnica de la pista 6 y pavimentos para la conservación de caminos provisionales primarios y secundarios existentes y bordos de canales, drenes y de lagunas de regulación del NAICM”;

11. 389-DE “Nivelación y limpieza del terreno y construcción de los caminos provisionales de acceso del NAICM”;

12. 390-DE “NAICM”; 13. 391-DE “Realización de proyectos, gerencia, estudios, asesorías y consultorías

para la construcción del NAICM”; 14. 392-DE “Sistema de precarga e instrumentación geotécnica, infraestructura,

estructura de pavimentos y obra civil de ayudas visuales y para la navegación de las pistas 2 y 3 y área de túneles del NAICM”;

15. 393-DE “Trabajos preliminares consistentes en: carga, acarreo y descarga fuera del polígono de material existente producto del depósito de demoliciones, desperdicios y desazolve; y drenaje pluvial temporal en el NAICM”, y

16. 394-DE “Trabajos relativos a los pilotes para la torre de control, edificio terminal y el centro de transporte terrestre intermodal del NAICM”.

I. Política hídrica nacional Comentario: La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene a su cargo la administración del agua, la realización de estudios sobre la disponibilidad y calidad del recurso hídrico; expedición de títulos de concesión o asignación de aguas nacionales para la extracción, explotación, uso o aprovechamiento de materiales pétreos; verifica el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los títulos de concesión o asignación; recauda el pago de los derechos del agua y lleva un control sistematizado mediante el Registro Público de Derechos de Agua.

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En la revisión a la Cuenta Pública 2016, la ASF realizó diversos estudios en materia de control interno, administración de riesgos y promoción de la integridad. Los hallazgos y resultados presentados por la ASF en las auditorías practicadas a la CONAGUA, por su impacto y probabilidad de ocurrencia, ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas del ente auditado, o motivan la existencia de uno o varios eventos que causarían daño o perjuicio al erario federal. Asimismo, los mandos superiores tienen la obligación de subsanar los riesgos o debilidades identificadas en los procesos y que, en caso de no implementar los controles necesarios para su mitigación, asumen la responsabilidad de su materialización y de las consecuencias económicas, legales y administrativas. Preguntas: Con el debido respeto Sr. Auditor, ¿Cuál es el tipo de seguimiento que la Auditoría realizará para atender esta situación, con el propósito de que la CONAGUA cumpla con lo establecido en los principios de la Política Hídrica Nacional?

Respuesta ASF:

En el marco de su autonomía técnica y de gestión, la ASF analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de auditoría, en los términos planteados, para su inclusión en el PAAF de la Cuenta Pública 2018.

J. Riesgo de pérdida de competitividad y escasa asistencia en los destinos turísticos prioritarios Comentario: La ASF realizó a la SECTUR la auditoría de desempeño “Fortalecimiento de la Competitividad del Sector Turismo” con el objetivo de fiscalizar y analizar los resultados relativos al fortalecimiento de la competitividad en el periodo 2014-2016, así como evaluar los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas de la SECTUR, ICTUR y la CSTAV. La aplicación de esta auditoría permitió a la ASF detectar deficiencias en la asistencia brindada por la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes (CSTAV) a turistas nacionales y extranjeros en trayectos carreteros al concentrar la atención en entidades del centro del país y no en zonas con el mayor número de destinos turísticos; y riesgos en la pérdida de competitividad pese a mejora en el ranking del Foro Económico Mundial (FEM), No obstante este logro, no existe una relación directa con la gestión de los actores del sector, ya que se presentaron deficiencias en la conducción de la política turística. La mejoría en la posición, se explica por la diversidad cultural y natural del país y las fluctuaciones de los mercados

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financieros internacionales que ocasionaron devaluaciones de la moneda mexicana, haciendo los destinos más accesibles para los turistas respecto de otros países. Preguntas: A partir de estos resultados, le pregunto Señor Auditor, ¿Cuáles han sido las recomendaciones para que la entidad pública fiscalizada cumpla la política turística, identifique sus debilidades, las corrija y conozca el efecto de su gestión en el fortalecimiento de la competitividad del sector turismo? ¿Por qué no se han tomado medidas preventivas para que la entidad fiscalizada brinde mayor asistencia a las zonas con el mayor número de destinos turísticos prioritarios y no sólo se focalice en las entidades del centro del país?

Respuesta ASF:

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se practicó la auditoría 440-DE “Fortalecimiento de la competitividad del sector turismo”, de la cual derivaron 19 recomendaciones a la Secretaría de Turismo (SECTUR), a fin de que atendiera las siguientes prioridades:

a. Implementar programas de coordinación entre sus áreas administrativas y

organismos desconcentrados —Instituto de Competitividad Turística (ICTUR) y la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes (CSTAV)—, y

b. Diseñar indicadores para cuantificar la contribución de su gestión en el comportamiento de la competitividad del turismo mexicano.

Adicionalmente, la ASF emitió cinco recomendaciones a la CSTAV, orientadas a los siguientes objetivos:

a. Optimizar sus recursos con el objeto de incrementar la cobertura de los servicios de emergencia mecánica, auxilio y apoyo;

b. Mejorar sus trayectos carreteros para priorizar la atención en los destinos con mayor afluencia turística;

c. Fortalecer la atención a los turistas que soliciten servicios de información turística en el marco del "Programa Paisano", y

d. Aplicar encuestas de satisfacción con base en una muestra estadísticamente representativa del universo de servicios otorgados.

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K. Deficiencias en el diseño de las reglas de operación para la entrega de subsidios y desconocimiento del padrón de beneficiarios Comentario: La ASF aplicó a la SEDATU la auditoría de desempeño al “Programa de Prevención de Riesgos” con el objetivo de fiscalizar las acciones de la Secretaría para incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, a fin de disminuir la vulnerabilidad de la población por efectos de fenómenos perturbadores. La aplicación de esta auditoría permitió a la ASF detectar deficiencias en el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), situación que impidió precisar el avance en la atención del problema público que dio origen a ese programa; deficiencias en las Reglas de Operación establecidas para la entrega de subsidios; falta de integración y registro del padrón de beneficiarios al no acreditar que en los proyectos financiados se hubiesen integrado y registrado el padrón de beneficiaros en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) e incumplimiento en los plazos establecidos para la conclusión de obras al brindar mayor cantidad de recursos a proyectos en los cuales no se acreditó la conclusión de las obras, aun cuando fueron definidos como acciones urgentes e impostergables relacionadas con la prevención y reducción de riesgos. Preguntas: A partir de estos resultados, le pregunto Señor Auditor, ¿Por qué no se han tomado medidas preventivas para la integración y registro del padrón beneficiarios, a fin de medir el avance en la atención al problema público que dio origen a ese programa? ¿Cuáles han sido las recomendaciones para que la entidad fiscalizada realice un adecuado diseño de la MIR y Reglas de Operación, a fin de garantizar la entrega de subsidios a la población objetivo? En su opinión, ¿la falta de integración y registro del padrón de beneficiarios no da pie a que la dependencia incurra en la práctica de desvío de recursos?

Respuesta ASF:

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se practicó la auditoría 389-DE “Programa de prevención de riesgos” a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), mediante la cual se determinó que (1) dicha dependencia no había elaborado, administrado ni conformado el padrón de beneficiarios del programa presupuestario S254, con base en la información que los ejecutores del mismo proporcionaron a las Delegaciones Estatales; y (2) que la integración y registro de los beneficiarios en el Sistema Integral de Información de

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Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) se efectuó en los 15 días hábiles posteriores al vencimiento de cada trimestre, por lo cual la Secretaría no dispuso de un mecanismo de control para demostrar que dichos recursos efectivamente se entregaron a la población objetivo del programa. Cabe destacar que, a la fecha, la ASF está en espera de que la SEDATU informe sobre las medidas adoptadas para atender las deficiencias observadas. Adicionalmente, la ASF recomendó a la dependencia que informara las causas por las cuales el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario S254 no se ajustó a la secuencia de elaboración correspondiente, así como sobre las medidas que adoptaría para incorporar los indicadores de ocupación territorial, y del porcentaje de habitantes beneficiados. Al respecto, la dependencia presentó las modificaciones realizadas a la MIR para el ejercicio fiscal 2018, con base en los términos de la metodología establecida por la SHCP. En cuanto al diseño de las Reglas de Operación del programa, la ASF recomendó a la Secretaría que informara por qué no se observaron los criterios establecidos en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y que implementara las estrategias correspondientes para subsanar dicha problemática. Al respecto, la SEDATU demostró que inició las gestiones necesarias para atender dicha recomendación. Finalmente, sobre la última pregunta, desde la perspectiva de la ASF, la falta de integración y registro del padrón de beneficiarios propicia la dispersión de información; imposibilita detectar errores, duplicidades o abusos en la canalización de recursos, y favorece la entrega inequitativa de los apoyos. Por lo anterior, la ASF solicitó la intervención del OIC de la SEDATU para que, en el ámbito de su competencia, realizara las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, iniciara el fincamiento de responsabilidades.

L. Degradación de los recursos forestales Comentario: La Comisión Nacional Forestal otorgó apoyos para el fomento y desarrollo del manejo forestal, pero su contribución para reducir la degradación y deforestación fue marginal, este bajo desempeño afecta la conservación de los recursos forestales, ya que de 2011 a 2016, continuó registrándose la pérdida de superficie forestal, siendo durante el citado período de 1,004,335.1 hectáreas, lo que no contribuye a propiciar el desarrollo forestal sustentable en perjuicio de los 119.5 millones de mexicanos

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No obstante lo dicho anterior, en el período que se revisa, la ASF realizó sólo dos auditorías a la CONAFOR. Preguntas: Con el debido respeto Sr. Auditor Superior, ¿Cuántas auditorías se tiene programado realizar en revisiones futuras a la CONAFOR, cómo está contribuyendo la ASF para que desde una perspectiva sectorial en el ámbito de su competencia, coadyuve al desarrollo forestal sustentable?

Respuesta ASF:

a. Los procesos de planeación y programación de auditorías de la ASF están basados en la determinación de un índice de riesgo, a partir de la aplicación de diversos criterios de priorización y selección de los sujetos y objetos a fiscalizar. Por lo anterior, la ASF en el marco de su autonomía técnica y de gestión, analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de auditoría, en los términos planteados, para su inclusión en el PAAF de la Cuenta Pública 2018.

b. Ahora bien, cabe destacar que, con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se realizaron cuatro auditorías sobre las actividades en materia forestal que llevaron a cabo la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

c. Derivado de dichas revisiones, la ASF emitió 56 recomendaciones orientadas a que la política forestal atendiera las siguientes prioridades:

I. Asegurar que las autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal no

afecten la productividad y servicios ambientales de los bosques, II. Otorgar los apoyos necesarios para la conservación y aprovechamiento de

los recursos forestales; III. Disponer de los instrumentos normativos requeridos para el logro de los

objetivos previstos; IV. Establecer una instancia coordinadora del sector forestal, y V. Fortalecer la estrategia de inspección y vigilancia forestal de la PROFEPA.

M. Deficiencias en la identificación de riesgos y distribución desigual de subsidios Comentario: La ASF aplicó al Consejo Nacional de Vivienda (CONAVI) la auditoría financiera y de cumplimiento al Control Interno del “Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales”, con el objetivo de evaluar los mecanismos de control interno establecidos para coordinar la asignación del subsidio, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa en 2016.

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La aplicación de esta auditoría arrojó los siguientes resultados: ausencia de mecanismos para la identificación de riesgos, al carecer las empresas contratadas de informes de riesgo respecto al diseño de controles del trabajo que desempeñan y el cumplimiento de sus objetivos; desigual distribución de los subsidios al brindar más subsidios a los estados que contaban con menor cantidad de viviendas con rezago, y debilidades en la gobernanza de la institución debido al incumplimiento por parte del CONAVI de asistir a los Comités y Junta de Gobierno y no contar con mecanismos de control interno en materia de línea ética. Preguntas: A partir de estos resultados, le pregunto Señor Auditor, ¿Por qué no se han tomado medidas preventivas para evitar este tipo de deficiencias en la gobernanza de la entidad fiscalizada? ¿Cuáles han sido las recomendaciones, en el ámbito de su competencia, para que la entidad fiscalizada realice una adecuada distribución de los subsidios a los que realmente necesitan de ellos? ¿Por qué no se han tomado medidas preventivas para brindar una correcta distribución de los subsidios? ¿Seguirá siendo necesario que se tenga que hacer observaciones y recomendaciones por parte de la ASF, para que la entidad fiscalizada realice correctamente su labor?

Respuesta ASF:

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se llevó a cabo la auditoría 390-DE “Control interno del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales”, a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), a partir de la cual la ASF emitió 21 recomendaciones vinculadas, principalmente, con (1) el incumplimiento en la celebración de las sesiones de los Comités y de la Junta de Gobierno de dicho órgano; (2) la inexistencia de políticas de capacitación del personal en temas de control interno, integridad y prevención de la corrupción, y (3) la falta de herramientas de autoevaluación de riesgos. De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye las auditorías 416-DE “Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda”; 417-DE “Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales: adquisición de vivienda nueva o usada”; 418-DE “Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales: ampliación y/o mejoramiento”; 419-DE “Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales: lote con servicios y autoproducción de vivienda”; 420-DE “Subsidios para vivienda”, correspondientes a la CONAVI.

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Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) A. Facultades de la Auditoría Superior de la Federación Comentario: La fracción V del artículo 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece que dentro del contenido mínimo de los Informes Individuales se contendrán las observaciones, recomendaciones, acciones y, en su caso, denuncia de hechos. No obstante, ni en la primera entrega de informes individuales, ni en ésta segunda entrega de informes individuales, la Auditoría Superior de la Federación reportó las denuncias de hechos correspondientes. Preguntas: Considerando que las facultades de la Auditoría Superior de la Federación deben entenderse vinculadas al Sistema Nacional Anticorrupción y, por ende, a la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos ¿cuál considera que sean las razones principales por las cuales las auditorías llevadas a cabo no han tenido como consecuencia denuncias de hecho?

Respuesta ASF:

De conformidad con artículo 67, fracción V, de la LFRCF, la ASF presentará las denuncias de hechos cuando se cuente con los elementos que establece el marco normativo aplicable. Asimismo, de acuerdo con el artículo 38 de dicho ordenamiento, será en los informes semestrales en los que se dé a conocer la información sobre las denuncias penales que presente la ASF. Dichos informes, según lo dispone el mismo artículo, deberán ser entregados a más tardar los días primero de mayo y de noviembre de cada año con los datos disponibles al cierre del primer y tercer trimestre del año, respectivamente. Finalmente, es importante destacar que las auditorías practicadas han dado lugar a más de 900 denuncias penales. Asimismo, como una acción complementaria al marco de coordinación establecido en la LGSNA, el 25 de abril de 2017, la ASF y la Procuraduría General de la República (PGR), acordaron a través de un Convenio General de Colaboración, agilizar el intercambio de información para coadyuvar a robustecer el desahogo de las denuncias que se presentan.

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B. Entidades de fiscalización locales Comentario: La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación señala que la Auditoría Superior de la Federación podrá llevar a cabo las auditorías sobre las participaciones federales a través de los mecanismos de coordinación que implemente, en términos del artículo 79, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y; que emitirá los lineamientos técnicos que deberán estar contenidos en los mecanismos de colaboración correspondientes. Preguntas: ¿Cuál es el avance que se tiene en la implementación de los mecanismos de coordinación con las Entidad (es) de Fiscalización Local (es), para llevar a cabo la fiscalización de las participaciones federales? ¿Cuál es el avance en la elaboración de los Lineamientos que deben observar las Entidad (es) de Fiscalización Local (es), para la fiscalización de las participaciones federales? ¿Cuál es la estrategia que implementará la ASF para evaluar el desempeño de la (s) Entidad (es) de Fiscalización Local (es) que establezca (n) un mecanismo de coordinación para la fiscalización de las participaciones federales?

Respuesta ASF:

En cumplimiento del artículo 51, fracción I, de la LFRCF la ASF está en proceso de elaboración de los lineamientos técnicos correspondientes que incluirán los “indicadores que permitan evaluar el desempeño de las autoridades fiscalizadoras locales con las que se hayan implementado los mecanismos de coordinación [a los que hace mención dicho artículo], exclusivamente respecto al cumplimiento de los mismos”.

C. Fiscalización de la deuda estatal garantizada Comentario: En el Capítulo III “De la Fiscalización Superior de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios que cuenten con Garantía del Gobierno Federal” del Título Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se establece que la Auditoría Superior de la Federación deberá fiscalizar todos los instrumentos de crédito público y de financiamiento, así como las otras obligaciones contratadas por las entidades federativas, siempre que éstas cuenten con la garantía y aval de la Federación.

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De acuerdo con el reporte del tercer trimestre del 2017 del Registro Público Único previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, el saldo de la deuda subnacional como porcentaje de las Participaciones Federales representa el 75.4%. Preguntas: ¿Cuáles han sido los principales hallazgos que la Auditoría Superior de la Federación ha tenido en el ejercicio de esta facultad de fiscalización? ¿Cuáles son los mecanismos y líneas de acción que la Auditoría Superior de la Federación ha instrumentado con los gobiernos subnacionales para la debida fiscalización de la deuda estatal garantizada?

Respuesta ASF:

En el contexto de la última entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2016 (febrero 2018), la ASF presentó a la Cámara de Diputados el Informe General Ejecutivo, el cual incluye un apartado referente a la deuda pública subnacional, en donde se destaca que para lograr el manejo sostenible de las finanzas públicas de las entidades federativas, los municipios y sus entes públicos, es necesario asegurar la adecuada aplicación de las reglas de disciplina financiera, responsabilidad hacendaria y de manejo prudente de la deuda pública y del financiamiento, que establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM), y su normativa secundaria. La ley citada entró en vigor el 28 de abril de 2016 y los gobiernos locales tuvieron hasta el 25 de octubre de ese año para armonizar sus disposiciones legales. Además, las normas relacionadas con el equilibrio presupuestario y la responsabilidad hacendaria, entraron en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2017 en las entidades federativas, y de 2018 para los municipios, con algunas salvedades previstas en los transitorios de dicha ley. En razón de que el incremento en la deuda pública y de otros instrumentos de financiamiento responde al déficit presupuestario, al servicio de la deuda adquirida en el pasado o a la inversión pública productiva, es prioritario que las instancias competentes del Poder Ejecutivo y Legislativo del ámbito federal y local, participen de forma coordinada y corresponsable para el cumplimiento del objeto de la ley, que es el manejo sostenible de las finanzas públicas. En las auditorías realizadas sobre la deuda pública subnacional al cierre de 2016, se identificó que: (1) los gobiernos locales no concluyeron la armonización legal y normativa correspondiente; (2) cometieron errores en la contratación de deuda bajo las mejores condiciones de mercado; (3) tuvieron deficiencias en la información contable, financiera y presupuestaria, lo que afectó el cálculo de indicadores, la transparencia y la rendición de cuentas; (4) se pagaron comisiones no establecidas en

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los contratos de crédito con las instituciones financieras, y (5) se incurrió en probables faltas administrativas en el manejo de los recursos obtenidos mediante deuda pública y otros financiamientos. De manera complementaria, cabe destacar que, a partir del 28 de julio de 2016, el Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, estaba en condiciones de otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de deuda pública de las entidades federativas y los municipios, de acuerdo con el artículo Décimo Cuarto Transitorio de la LDFEFM. Sin embargo, durante 2016 y 2017, no se otorgó ninguna garantía respecto a la contratación de deuda local. De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017, incluye la auditoría 57-GB “Posición fiscal de los gobiernos de las entidades federativas”, a la SHCP.

D. Fiscalización del cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera Comentario: Conforme a las disposiciones previstas en el Capítulo IV “De la Fiscalización del Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios” contenidas en el Título Tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación tendrá la obligación de fiscalizar la observancia de las reglas de disciplina financiera; la contratación de los financiamientos y otras obligaciones; y, el cumplimiento de inscribir y publicar la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el Registro Público Único. De acuerdo con la fracción VIII del artículo 2º de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, por disciplina financiera debe entenderse la observancia de los principios y las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, asegurando la gestión responsable y sostenible de las finanzas públicas. Sin embargo, atendiendo a la información pública disponible al tercer trimestre de 2017 en http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx portal habilitado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se advierte que en los casos de Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo y Nuevo León, la deuda que tienen como porcentaje de sus ingresos totales es superior al promedio nacional (25.5%) en más del doble. Preguntas: ¿Qué acciones y recomendaciones ha realizado la Auditoría Superior de la Federación al respecto?

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¿Cuáles son los principales hallazgos obtenidos respecto al cumplimiento y observancia de la Ley de Disciplina Financiera por parte de los Estados y los Municipios?

Respuesta ASF:

En el contexto de la última entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2016 (febrero 2018), la ASF presentó a la Cámara de Diputados el Informe General Ejecutivo, el cual incluye un apartado referente a la posición fiscal de los gobiernos federales, en donde se destaca que al cierre de 2016, las siguientes entidades federativas no cumplieron con el principio de sostenibilidad: (Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas). Por otra parte, la ASF estimó que seis entidades se encuentran en situación de riesgo para cumplir con el principio de sostenibilidad (Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Colima, Oaxaca y Morelos), debido a que presentaron: déficit en el balance presupuestario de recursos disponibles y en el balance primario. Por último, del análisis realizado por la ASF resultaron 11 entidades que cumplieron con el principio de sostenibilidad (Baja California Sur, Puebla, Guanajuato, Chiapas, Sinaloa, San Luis Potosí, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Aguascalientes y Tlaxcala). También se destaca que algunas entidades no reformaron su Ley de Deuda Pública para armonizarla en los términos establecidos en la LDFEFM (Baja California, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa y Yucatán), y el resto lo hicieron de forma parcial, debido a que en su mayor parte no contemplaron disposiciones relacionadas con el Sistema de Alertas y el Registro Público Único (RPU). En ocho entidades federativas (Baja California, Campeche, Colima, Guanajuato, Estado de México, Nayarit, Tamaulipas y Tlaxcala) el registro de la información financiera y presupuestaria reportada en los formatos del Consejo de Armonización Contable (CONAC) cumplió con los lineamientos establecidos. En contraste, en 24 entidades se encontraron inconsistencias en la presentación de los formatos mencionados, debido a errores en el cálculo de al menos uno de los cuatro balances incluidos en el formato 4 “Balance Presupuestario”, además de que, en su mayoría, no se publicaron bajo criterios de datos abiertos. De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017, incluye la auditoría 57-GB “Posición fiscal de los gobiernos de las entidades federativas”, a la SHCP.

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E. Investigación científica y tecnológica en el sector salud Comentario: Derivado de la auditoría realizada al Instituto Nacional de Pediatría (INP) para Fiscalizar que la investigación científica y tecnológica haya contribuido a resolver los padecimientos de la población infantil (230-DS), la ASF determinó que el Instituto desarrolló 64 investigaciones en su área de conocimiento sin acreditar avances en la atención del problema público, ya que no comprobó contar con mecanismos de control para vincular las líneas de investigación utilizadas con los temas prioritarios y emergentes en materia de salud infantil, y en la publicación y difusión no demostró que estuvieran relacionadas con los temas investigados. Preguntas: En este sentido mis preguntas son: ¿Cuáles son las consecuencias sociales que esto trae consigo? ¿Cuál es el beneficio directo que la población obtiene de la realización de este tipo de investigaciones? ¿Cuál es la opinión de la ASF en términos de rentabilidad, sobre tales investigaciones llevadas a cabo por el INP?

Respuesta ASF:

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se practicó la auditoría 230 “Instituto Nacional de Pediatría (INP)”, a partir de la cual la ASF concluyó que en 2016, dicho instituto realizó investigación científica de forma inercial y sin un enfoque a resultados, ya que no identificó los padecimientos prioritarios y emergentes de salud infantil sobre los cuales debía establecer sus líneas de investigación, contrario a lo que dispone el Programa de Acción Específico de Investigación para la Salud 2013-2018. Lo anterior tiene como consecuencia que se desconozcan los beneficios de la labor del INP respecto a la comprensión, prevención, diagnóstico, tratamiento de las enfermedades y rehabilitación de los afectados. En relación con la segunda pregunta, cabe señalar que, de acuerdo con la Ley de los Institutos Nacionales de Salud (LINS), las investigaciones que se realicen deberán coadyuvar a la toma de decisiones en la mejora de la salud de la población. Finalmente, respecto a la última pregunta, es importante destacar que el objetivo de las auditorías practicadas no es evaluar la rentabilidad de las acciones gubernamentales; lo que se fiscaliza es la economía, en términos de la medición del costo para lograr los objetivos contra los resultados obtenidos. Con la revisión, se identificó que el ente careció de un registro de los recursos financieros ejercidos por cada investigación, lo que le impidió demostrar su costo-beneficio

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F. Desvío de recursos de un servidor público a sus cuentas personales Comentario: Con los resultados de la auditoria relativos al Fideicomiso del Fondo de Investigación en Salud –FIS- (249-DS), la ASF observó que un responsable administrativo presuntamente desvió recursos económicos del fondo, ya que realizó una transferencia de una cuenta del fondo por 814.0 miles de pesos a su cuenta personal, situación que claramente representa un perjuicio económico al patrimonio del fondo. Es importante señalar que este monto se totalizó ya que el responsable realizó transferencias a lo largo de 2 años. En este caso específico la Coordinación Laboral de la Dirección Jurídica del IMSS rescindió el contrato individual de trabajo de la persona. En los resultados de la auditoría, la ASF claramente señala que el Titular de Quejas del Órgano Interno de Control (TOIC) turnó el caso al Área de Responsabilidades el 8 de septiembre de 2015. Con motivo de la intervención de la ASF, el FIS solicitó al TOIC y a la Unidad de Investigaciones y Procesos Jurídicos de la Dirección Jurídica, conocer el estatus actual de dicho caso, lo que está en espera de respuesta. Pregunta: En este sentido, mi primera pregunta es ¿ya tienen conocimiento de la existencia de alguna respuesta?, de ser así, ¿en qué sentido se emitió dicha respuesta? A consideración de la ASF ¿cuál es el motivo por el que 2 años y 8 meses después de lo sucedido se está dando a conocer apenas el caso a la Procuraduría General de la República de la Ciudad de México? Finalmente, ¿ya recibió respuesta o justificación acerca de porque los estados financieros dictaminados del FIS, al 31 de diciembre de 2016, sólo refieren el desvío de recursos, por 504.1 miles de pesos, en lugar de 814.0 miles de pesos? ¿Si bien el monto monetario observado es pequeño, tiene la ASF un conocimiento de cuantos involucran casos similares en la Administración Pública Federal?

Respuesta ASF:

Con motivo de la auditoría señalada (249-DS), la ASF emitió tres Pliegos de Observación, los cuales se encuentran en seguimiento y, de conformidad con la normativa aplicable, se informará sobre los avances en la solventación de los mismos. Asimismo, es importante destacar que este tipo de insumos de información es incorporado al modelo de planeación y programación de auditorías, con el objetivo de valorar la factibilidad de elaborar propuestas de revisiones para su inclusión en el PAAF correspondiente.

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G. Sistema Automatizado de Administración de Riesgos Comentario: La ASF ha trabajado con las instituciones del sector público federal con objeto de contribuir al fortalecimiento de sus sistemas de control interno y de sus programas de promoción de la integridad. Para ello, utilizó un enfoque basado en la aplicación de evaluaciones especializadas y la difusión de mejores prácticas en la materia, así como para reducir efectivamente la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción desde un enfoque preventivo, disciplinado y sistemático. Preguntas: En este sentido Sr. Auditor Superior, ¿cuáles han sido los avances en el “Sistema Automatizado de Administración de Riesgos”?. Ya que dicha herramienta tiene como propósito que todo ente del sector público esté en posibilidad de realizar el registro de los riesgos que enfrenta, evaluarlos conforme a su impacto y probabilidad de ocurrencia, asignar responsables específicos, obtener los mapas respectivos y, en breve, hacer de la administración de riesgos una realidad funcional en la operación cotidiana de la institución. ¿Qué consideraría que se debe implementar en el “Sistema Automatizado de Administración de Riesgos”, para reducir efectivamente la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción desde un enfoque preventivo, disciplinado y sistemático?, y ¿Qué modificaciones propondría en el diseño actual de este sistema?

Respuesta ASF:

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2014, la ASF elaboró el estudio denominado “Implementación de estrategias para el fortalecimiento de los sistemas de control interno en el sector público federal”, a partir del cual se desarrolló el Sistema Automatizado para la Administración de Riesgos (SAAR), cuya finalidad es facilitar, a los titulares de las dependencias y a los responsables del control interno, la identificación y seguimiento de los riesgos institucionales. En el marco de su autonomía técnica y de gestión, la ASF analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de estudio, sobre los avances y desafíos de las instancias gubernamentales respecto a la implementación de metodologías para la evaluación de riesgos, para su inclusión en el PAAF de la Cuenta Pública 2018.

H. Instituciones y reglas fiscales para la sostenibilidad de las finanzas públicas Comentario: En lo que se refiere a la auditoria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Instituciones y Reglas Fiscales para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas”. Estudio, No. 1788, la ASF

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reiteró la insuficiente disponibilidad financiera en los fondos de estabilización y ahorro, lo que impide hacer frente a las contingencias financieras asociadas con la caída en la recaudación de ingresos. Al respecto señaló que para 2015 y 2016 las reservas acumuladas del FEIP fueron de 36 mil 729.0 millones de pesos y 98 mil 406.0 millones de pesos, respectivamente; representaron 16.9% y 42.5% del límite máximo de las reservas para esos años (217 mil 926.4 millones de pesos y 231 mil 460.2 millones de pesos, en el mismo orden). Y, en el caso del FMPED, no alcanzó la referencia del 4.7% del PIB de transferencias de ingresos petroleros al GF (en 2015 fueron de 2.2% del PIB y en 2016 de 1.6% del PIB) y tampoco ha logrado acumular recursos para el ahorro de largo plazo, de conformidad con la Ley del FMPED. Preguntas: La ASF ha fiscalizado en los últimos ejercicios al FEIP, ¿Por qué razón el impacto de estas auditorías no ha resuelto este problema, que acciones específicas de emergencia le recomienda al Congreso para mejorar sus atribuciones y poder cumplir con los objetivos del FEIP (llegar al límite de la reserva)? ¿Qué implicación tiene que las transferencias de recursos al gobierno por el Fondo Petrolero de sólo 1.6% del PIB en 2016, y las proyecciones de transferencias futuras por el gobierno para el próximo sexenio se ubiquen por debajo del 4.7% del PIB, en términos de evaluación del desempeño de la reforma petrolera que abrió a la iniciativa privada la explotación del sector petrolero?

Respuesta ASF:

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, la ASF practicó la auditoría 1788-GB “Instituciones y reglas fiscales para la sostenibilidad de las finanzas públicas”, a partir de la cual se identificaron las siguientes áreas de oportunidad en cuanto a la regulación de la sostenibilidad de las finanzas públicas:

a. Realizar proyecciones, análisis de escenarios y evaluación de riesgos en materia macroeconómica, de finanzas y deuda pública, con una perspectiva nacional e internacional sobre las fluctuaciones de los ciclos económicos.

b. Medir con objetividad y confiabilidad indicadores clave para la planeación financiera y para la programación y presupuesto de ingresos y egresos.

c. Disponer de información técnica, análisis y estudios especializados para apoyar a los poderes Legislativo y Ejecutivo, en particular respecto a la LIF y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

d. Monitorear y evaluar el cumplimiento de las reglas fiscales y los resultados de la política fiscal y deuda pública.

e. Analizar el costo y posible impacto a corto, mediano y largo plazos en el ámbito macroeconómico y de las finanzas públicas, derivado de las iniciativas legislativas de ajustes en materia tributaria, presupuesto y gasto; políticas y

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programas; sistemas pensionarios y de deuda y otro tipo de instrumentos de financiamiento.

f. Formular propuestas para fortalecer el marco institucional para el apropiado cumplimiento de las reglas fiscales, la sostenibilidad y la administración de los riesgos fiscales.

En relación con la gestión del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED), cabe mencionar que con base en la auditoría 31-GB “Base de los Ingresos Recibidos por el FMPED”, correspondiente a la Cuenta Pública 2016, la ASF concluyó que, en términos generales, la SHCP, Banxico y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) cumplieron con las disposiciones legales aplicables, toda vez que los ingresos recibidos por el Fondo fueron determinados de conformidad con la normativa; sin embargo, la SHCP no acreditó la información que soporta las acciones de control que informó llevar a cabo, a efecto de cumplir con sus atribuciones en materia de verificación de las operaciones y registros contables derivados de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos.

I. Cierre financiero del esquema PIDIREGAS PEMEX Comentario: A casi ocho años de la cancelación de los PIDIREGAS de Pemex, no se cuenta con un balance por parte de la ASF de los resultados que arrojó la instrumentación del esquema durante su vigencia (1997-2008). Se desconoce cuáles fueron sus resultados en materia de productividad y rentabilidad, cuál fue el costo financiero de su operación y cómo cerró el balance financiero en el finiquito que obtuvo Pemex con los permisionarios privados. Pregunta: Le pregunto señor Auditor, ¿Podría señalar si en el programa de actividades está contemplada una evaluación de la política financiera de la industria petrolera que revise el instrumento PIDIREGAS utilizado por PEMEX en el periodo 1997-2008; un análisis de su productividad y rentabilidad; el impacto de sus operaciones en los pasivos de PEMEX; el costo financiero de los PIDIREGAS; lo ocurrido con los fideicomisos públicos denominados vehículos financieros de PEMEX; y, el balance del cierre financiero del esquema? Esta inquietud surge en virtud del enorme monto de los pasivos de largo plazo de PEMEX asociados con los PIDIREGAS. ¿Qué lecciones nos deja este caso de asociación público-privado?

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Respuesta ASF:

La ASF, en el marco de su autonomía técnica y de gestión, analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de estudio, en los términos planteados, para considerarlo como un producto formal de la institución.

J. Graves irregularidades en el proyecto Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y la Ciudad de México Comentario: La auditoría de Inversiones Físicas No. 393 practicada a este proyecto por la ASF en la Cuenta Pública 2015, evidenció en su oportunidad que no se garantizaron las mejores condiciones de contratación para el Estado; omisiones en la ejecución de la obra; y pagos indebidos por servicios realizados en obras que se encontraban suspendidas o que aún no se habían iniciado. Irregularidades que derivaron en la reclamación de 133.0 millones de pesos por recuperar. La Cuenta Pública 2016 (segunda entrega) en la auditoría de Inversiones Físicas No. 335, consideró fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. En la revisión al citado proyecto se determinaron pagos indebidos por diferencias en volúmenes de obra pagada y cuantificada; recursos ministrados no devengados; pago de gastos no comprobados ni registrados; pago de conceptos de obra fuera de catálogo; duplicidad de pagos en el control del proyecto; pagos injustificados a empresas de supervisión externa; pagos de conceptos duplicados fuera de catálogo; pagos improcedentes a empresa proyectista; errores de cálculo en el costo financiero del proyecto; errónea consideración de pagos a personal en costos indirectos; desatención de la empresa de supervisión externa; y, derechos de vía por aclarar. Irregularidades que derivaron en la reclamación de 125.0 millones de pesos por recuperar. A poco más de un mes de que termine el plazo que el Gobierno Federal estableció para la inauguración del Tren Interurbano México-Toluca, la obra no está concluida y ya en algunos medios se habla de desvío de recursos y que el proyecto supera su precio original en más de 37 mil millones de pesos. Pregunta: Con el debido respeto Sr. Auditor Superior, ¿Cómo evitar que sea una constante que los grandes proyectos de infraestructura en la presente administración estén plagados de irregularidades en el manejo de los recursos, la asignación, fallas de las obras, retrasos, sobrecostos y demás y que no existan sanciones a los servidores públicos responsables del proyecto?

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Respuesta ASF:

En el contexto de la última entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2016 (febrero 2018), la ASF presentó a la Cámara de Diputados el Informe General Ejecutivo, el cual incluye un apartado referente a los riegos en materia de infraestructura y obra pública. Como parte de dicho análisis, la ASF subrayó la necesidad de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), la iniciativa privada, los organismos no gubernamentales y las demás instituciones que participan en la promoción y construcción de la infraestructura nacional, homologuen sus criterios de actuación, a fin de contar con proyectos ejecutivos oportunos y completos. Asimismo, la ASF considera que los proyectos ejecutivos deficientes son la causa principal de las modificaciones a los montos y plazos originales de los contratos revisados. En concordancia con lo anterior, en dicho documento la ASF recomendó al Poder Legislativo lo siguiente:

a. Analizar la viabilidad de adecuar la legislación en materia de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, a fin de establecer la obligatoriedad de contar con la versión definitiva del proyecto ejecutivo correspondiente, antes de iniciar cualquier proyecto, sin dar lugar a excepciones.

b. Contemplar modificaciones a la Ley de Obras Públicas (LOP) y a la Ley de Asociaciones Público-Privadas (LAPP), a fin de robustecer el papel del Estado en la vigilancia de estas figuras, en línea con la visión y uno de los objetivos generales del SNA: compaginar la lucha anticorrupción y la mejora del sector público a través de un involucramiento efectivo de la esfera privada.

K. Deficiencias en la validación de calidad de los prestadores de servicios turísticos y en el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) Comentario: Con el objetivo de fortalecer la competitividad del turismo en México por medio de factores de calidad, innovación, productividad y sustentabilidad, la SECTUR incluyó en su Estrategia Programática el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a fortalecer la actividad turística para promover la calidad, innovación, la atención al turista en trayectos carreteros y sustentabilidad de los servicios turísticos, mediante el apoyo a sus órganos administrativos desconcentrados: el Instituto de Competitividad Turística (ICTUR) y la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes (CSTAV). En 2016, la ASF aplicó a la SECTUR la auditoría de desempeño “Fortalecimiento de la Competitividad del Sector Turismo” con el objetivo de fiscalizar y analizar los resultados relativos al fortalecimiento de la competitividad en el periodo 2014-2016, así como evaluar los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas de la SECTUR, ICTUR y la CSTAV, lo que permitió detectar diversas irregularidades como desconocimiento del universo de

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prestadores de servicio en operación; prestadores de servicio que no actúan conforme a las normas para la seguridad de los turistas; desconocimiento de los criterios para validar la calidad de los prestadores y falta de actualización de los estándares de calidad. Preguntas: A partir de estos resultados, le pregunto Señor Auditor, ¿Cuáles han sido las recomendaciones para que la entidad pública fiscalizada verifique o en su caso realice una adecuada regulación en la validación (sellos, distintivos, reconocimientos y acreditaciones) de calidad de los prestadores de servicios y corroborar que los servicios turísticos se otorguen con base en la normativa aplicable, a fin de atender irregularidades detectadas y garantizar la calidad de los servicios que se ofertan a los turistas? ¿Por qué no se han tomado medidas preventivas para evitar que los prestadores de servicios de la actividad turística actúen con desapego a la norma aplicable, y por lo tanto no se garantice la seguridad de los turistas?

Respuesta ASF:

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se practicó la auditoría 440-DE “Fortalecimiento de la competitividad del sector turismo”, de la cual derivaron cinco recomendaciones a la SECTUR, a fin de que atienda las siguientes prioridades:

a. Elaborar un diagnóstico sobre las necesidades en materia de regulación, así como un programa de trabajo en el que se establezcan recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución para proponer y expedir normas que regulen a cada uno de los 18 tipos de servicios turísticos incluidos en su catálogo;

b. Emitir las normas en materia turística bajo las cuales se evalúe la entrega de los certificados de calidad en la prestación de los servicios;

c. Diseñar un mecanismo de evaluación que garantice que los prestadores que reciben un certificado de calidad actúen conforme a la normativa aplicable, y

d. Actualizar los estándares de calidad para certificar la totalidad de los tipos de servicios existentes.

Adicionalmente, la ASF identificó que, en 2016, la SECTUR implementó el Programa Nacional de Verificación Turística, con el propósito de supervisar que los prestadores de servicios actuaran conforme a la normativa del sector. Al respecto, cabe señalar que la Secretaría realizó 2,149 verificaciones, 7.5 por ciento más que las 2,000 programadas, mediante las cuales en 1,602 casos identificó que los prestadores atendieron la normativa; mientras que en 547 casos se les inició un procedimiento de infracción por desatender la normativa aplicable.

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En cuanto a la seguridad de los turistas, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), la seguridad de la población es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios. Por lo anterior, se considera que la seguridad es un tema transversal que no sólo compete a la SECTUR y sus organismos desconcentrados.

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano GRUPO FUNCIONAL GOBIERNO A. Estudio sobre la evolución de la deuda de las entidades federativas en el periodo 2010-2016, en particular para aquellas entidades federativas que han tenido un crecimiento exponencial, y el impacto que esta política de endeudamiento ha tenido sobre las condiciones de vida y bienestar de la población. Comentario: La recomendación del mencionado estudio es pertinente dado que la deuda pública es un esquema que complementa los ingresos públicos necesarios para el financiamiento de las actividades y la prestación de servicios por parte de los entes de Gobierno. Este esquema tiene costos asociados (pago del principal y de los intereses correspondientes) que podrían perjudicar el equilibrio presupuestal de las arcas públicas, por lo cual no es convenientes abusar de la contratación de créditos. En ocasiones anteriores, la ASF ha llevado a cabo un importante trabajo de análisis de la deuda de las entidades federativas, como lo demuestra el documento “Análisis de Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios” en sus dos versiones (agosto de 2012 y junio de 2011). Se antoja necesario un nuevo estudio de este tipo, toda vez que existen entidades federativas que, como Zacatecas, han incrementado de manera exponencial el saldo de sus obligaciones financieras, como lo muestra en el siguiente cuadro:

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Dado el alto nivel técnico y profesional del personal de la Auditoría Superior de la Federación, los resultados del Estudio propuesto seguramente serán de gran utilidad para evaluar de

Variación % del

Entidad 2010 2016 Periodo

1 Zacatecas 0.7 8.5 1,146.30

2 Campeche 0.3 1.6 386.9

3 Coahuila 8.3 36.9 346.3

4 Chihuahua 12.5 49.4 293.7

5 Morelos 1.3 4.8 278.1

6 Chiapas 8.2 21.5 161

7 Colima 1.3 3.4 160.8

8 Oaxaca 4.6 11.7 153.5

9 Veracruz 21.5 49.2 128.8

10 Quintana Roo 10 22.2 121.2

11 Baja California 9.5 20.7 118.1

12 Tabasco 2.2 4.8 114.9

13 Durango 3.7 7.8 110.9

14 Michoacán 10.1 21.2 110.5

15 Nuevo León 34 65.8 93.7

16 Nayarit 3.2 6 90.4

17 Sonora 17.3 29.2 68.9

18 Hidalgo 4 6.1 51.6

19 Sinaloa 4.9 7.3 49.6

20 Yucatán 1.8 2.7 46.4

21 Distrito Federal 52.6 73.8 40.4

22 Tamaulipas 10.1 13.4 33.1

23 Jalisco 22.1 27.3 23.4

24 Baja California Sur 2 2.5 23.1

25 Edo. de México 38.2 42.6 11.4

26 Aguascalientes 2.6 2.8 7.6

27 Guanajuato 7.6 8.1 6.1

28 San Luis Potosí 4.8 4.5 -6.7

29 Puebla 9.1 8.3 -8.8

31 Querétaro 2.2 1.5 -32.4

31 Querétaro 2.2 1.5 -32.4

32 Tlaxcala 0 0 N. A.

SUMA 314.7 568.4 80.6

Promedio 9.8 17.8 80.6

Saldo de la Deuda Pública por Entidad Federativa 2010-2016

(Miles de Millones de Pesos)

N. A. = No Aplica.

Fuente: Auditoría Superior de la Federación “Análisis de la Deuda

Pública de las Entidades Federativas y Municipios, 2000-Marzo

2011”, H. Cámara de Diputados, Cd. Mx., junio de 2011, p. 4; y Centro

de Estudios de las Finanzas Públicas “Obligaciones Financieras de

las Entidades Federativas de México, al Cuarto Trimestre de 2016”,

H. Cámara de Diputados, Cd. Mx., 28 de febrero de 2017, p. 7).

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manera imparcial los beneficios concretos que sobre el bienestar de la población ha tenido el aumento de la deuda pública en las entidades federativas, especialmente en aquellas que como Zacatecas ha visto crecer su deuda pública de manera exponencial.

Respuesta ASF:

La ASF, en el marco de su autonomía técnica y de gestión, analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de estudio, en los términos planteados, para considerarlo como un producto formal de la institución.

4.1.2. Atención a las propuestas de auditorías, estudios y evaluaciones

— AUDITORÍAS

Funciones de Gobierno

Solicitudes CVASF Respuestas ASF

Auditoría de cumplimiento financiero a la SHCP, a fin de proporcionar información sobre los movimientos detallados de las transferencias presupuestarias realizadas a través de Acuerdos de Ministración de Fondos (AMF), su integración, aplicación, y destino.

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2014, se practicó la auditoría 77-GB “Acuerdos de ministración de fondos”, correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). No obstante lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el marco de su autonomía técnica y de gestión, analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de auditoría, en los términos planteados, para su inclusión en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) de la Cuenta Pública 2018.

Auditoría de desempeño a la importante y extensa red educativa que constituye la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA).

Debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye la auditoría 164-DS “Servicios de educación media superior: reforma integral en el bachillerato tecnológico”, correspondiente a la Secretaría de Educación Pública (SEP). Por lo anterior, se considera que dicha revisión atiende la solicitud de la Comisión de Vigilancia de la ASF (CVASF).

Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la SRE, a fin de proporcionar información sobre de los nuevos centros de defensoría jurídica en relación a su desempeño y sus recursos ejercidos en ampliaciones autorizadas.

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se practicaron las auditorías 34-GB “Atención a las comunidades mexicanas en el exterior”, correspondiente al Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), y 33-GB “Protección y asistencia consular”, a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Asimismo, como parte de la segunda entrega de informes individuales (octubre de 2017) referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la auditoría 1798-GB “Erogaciones para la atención, protección, servicios y asistencia consulares”, correspondiente a la SRE. De igual forma, se entregó el Informe Específico D17001

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“Erogaciones para la atención a comunidades mexicanas en el exterior y protección y asistencia consulares (Cuentas Públicas 2014 y 2015)”, de la SRE. Cabe destacar que dicha revisión se derivó de una denuncia presentada en los términos de los artículos 59, 60 y 61 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF). Adicionalmente, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye la auditoría 33-GB “Fortalecimiento para la atención a mexicanos en el exterior”, a la SRE. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

Auditoría Financiera y de Cumplimiento. Con la finalidad de identificar elementos relevantes de los resultados del presupuesto modificado autorizado y ejercido en 2017, ya que en el ejercicio 2016 se presentó un importante incremento en relación al aprobado sin justificar dicho aumento.

En el entendido de que la recomendación se refiera al presupuesto de la SRE, se reitera la respuesta que antecede. En caso contrario, atentamente se solicita proporcionar mayor información sobre el sujeto u objeto de la auditoría requerida.

Auditoria del desempeño que contemple la evaluación del cumplimiento de los objetivos y programas de cada una de las representaciones consulares, y se realice una valoración de los perfiles de puestos en activo de acuerdo al servicio exterior de carrera y verificar el avance de las observaciones que se deriven de dicha auditoria.

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se practicaron las auditorías 34-GB “Atención a las comunidades mexicanas en el exterior”, correspondiente al IME, y 33-GB “Protección y asistencia consular”, a la SRE. Asimismo, como parte de la segunda entrega de informes individuales (octubre de 2017) referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la auditoría 1798-GB “Erogaciones para la atención, protección, servicios y asistencia consulares”, correspondiente a la SRE. De igual forma, se entregó el Informe Específico D17001 “Erogaciones para la atención a comunidades mexicanas en el exterior y protección y asistencia consulares (Cuentas Públicas 2014 y 2015)”, de la SRE. Cabe destacar que dicha revisión se derivó de una denuncia presentada en los términos de los artículos 59, 60 y 61 de la LFRCF.

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Adicionalmente, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye la auditoría 33-GB “Fortalecimiento para la atención a mexicanos en el exterior”, a la SRE. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

Auditoría de cumplimiento financiero con el objetivo de verificar que los recursos presupuestarios asignados al Programa de Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad fueron utilizados para el cumplimiento de su objetivo.

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se practicó la auditoría 271-DS “Programa de atención a personas con discapacidad”, correspondiente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). No obstante lo anterior, la ASF en el marco de su autonomía técnica y de gestión, analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de auditoría, en los términos planteados, para su inclusión en el PAAF de la Cuenta Pública 2018.

Auditoría de cumplimiento financiero a los subsidios otorgados a programas para jóvenes, para verificar que los recursos presupuestarios asignados se aplicaron conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación.

Debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye las auditorías 300-DE “Programa de Apoyo a Pequeños Productores: componente Arráigate Joven-Impulso Emprendedor”, correspondiente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y 281-DS “Desarrollo cultural: niñas, niños y adolescentes”, a la Secretaría de Cultura. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF. Auditoría horizontal

Auditoría horizontal de desempeño al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) para verificar el cumplimiento de sus metas y objetivos en lo correspondiente a la seguridad estructural de la infraestructura física de las escuelas de nivel básico y medio superior.

Respecto a la educación básica, con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se practicó la auditoría 191-DS “Infraestructura física educativa”, al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED). Adicionalmente, el pasado 20 de febrero, como parte de la tercera entrega de informes individuales referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la evaluación 1782-DS “Política pública de infraestructura y equipamiento en educación básica”, practicada al INIFED, a la SEP, al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y a la Coordinación Nacional @prende.mx. Asimismo, se presentó la auditoría 177-DS “Infraestructura para abatir el rezago de las condiciones físicas de escuelas públicas”, al INIFED.

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De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye la auditoría 148-DS “Infraestructura y equipamiento en educación básica”, correspondiente al INIFED y a la SEP. Por otro lado, respecto a la educación media superior, como parte de la primera entrega de informes individuales (junio de 2017) referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la auditoría 142-DS “Expansión de la educación media superior y superior: nivel medio superior”, practicada a la SEP. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

Auditoría de desempeño al Programa Anual de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para los Centros e Institutos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico para verificar el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Como parte de la primera entrega de informes individuales (junio de 2017), referente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la auditoría 443-DE “Fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica”, correspondiente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Por lo anterior, se considera que dicha revisión atiende la solicitud de la CVASF. Asimismo, cabe mencionar que el Programa Anual de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para los centros e institutos de investigación científica y desarrollo tecnológico es un Programa de Inversión de Adquisiciones (PIA). De acuerdo con información de las Matrices de Programación del 2014, 2015, 2016 y 2017, la única entidad que contó con PIA fue la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



Auditoría de cumplimiento financiero con el objetivo de verificar que los recursos presupuestarios asignados al Programa de Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad fueron utilizados para el cumplimiento de su objetivo.

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se practicó la auditoría 271-DS “Programa de atención a personas con discapacidad”, correspondiente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). No obstante lo anterior, la ASF en el marco de su autonomía técnica y de gestión, analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de auditoría, en los términos

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planteados, para su inclusión en el PAAF de la Cuenta Pública 2018.

Auditoría de cumplimiento financiero a los subsidios otorgados a programas para jóvenes, para verificar que los recursos presupuestarios asignados se aplicaron conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación.

Debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye las auditorías 300-DE “Programa de Apoyo a Pequeños Productores: componente Arráigate Joven-Impulso Emprendedor”, correspondiente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y 281-DS “Desarrollo cultural: niñas, niños y adolescentes”, a la Secretaría de Cultura. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF. Auditoría horizontal

Auditoría horizontal de desempeño al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) para verificar el cumplimiento de sus metas y objetivos en lo correspondiente a la seguridad estructural de la infraestructura física de las escuelas de nivel básico y medio superior.

Respecto a la educación básica, con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se practicó la auditoría 191-DS “Infraestructura física educativa”, al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED). Adicionalmente, el pasado 20 de febrero, como parte de la tercera entrega de informes individuales referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la evaluación 1782-DS “Política pública de infraestructura y equipamiento en educación básica”, practicada al INIFED, a la SEP, al Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y a la Coordinación Nacional @prende.mx. Asimismo, se presentó la auditoría 177-DS “Infraestructura para abatir el rezago de las condiciones físicas de escuelas públicas”, al INIFED. De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye la auditoría 148-DS “Infraestructura y equipamiento en educación básica”, correspondiente al INIFED y a la SEP. Por otro lado, respecto a la educación media superior, como parte de la primera entrega de informes individuales (junio de 2017) referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la auditoría 142-DS “Expansión de la educación media superior y superior: nivel medio superior”, practicada a la SEP. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

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Auditoría de desempeño al Programa Anual de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para los Centros e Institutos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico para verificar el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Como parte de la primera entrega de informes individuales (junio de 2017), referente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la auditoría 443-DE “Fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica”, correspondiente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Por lo anterior, se considera que dicha revisión atiende la solicitud de la CVASF. Asimismo, cabe mencionar que el Programa Anual de Adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública para los centros e institutos de investigación científica y desarrollo tecnológico es un Programa de Inversión de Adquisiciones (PIA). De acuerdo con información de las Matrices de Programación del 2014, 2015, 2016 y 2017, la única entidad que contó con PIA fue la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



Auditoría forense para determinar si en la asignación de contratos a Odebrecht, los funcionarios públicos responsables obtuvieron beneficios personales, ocasionando algún tipo de daño patrimonial o económico a las finanzas públicas de Pemex. Esta revisión se sustenta en las diversas irregularidades detectadas en las auditorias de contratos con dicha empresa, en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2016.

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se practicaron las auditorías 523-DE “Mantenimiento de la capacidad de producción (2013-2017) y aprovechamiento de residuales, de la Refinería de Tula”, y 525-DE “Mantenimiento de la capacidad de producción (2014-2018); y conversión de residuales y proyectos de sostenimiento de la producción en la Refinería Salamanca”, correspondientes a Pemex Transformación Industrial. Adicionalmente, como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se practicaron las auditorías 479-DE “Mantenimiento de la capacidad de producción y conversión de residuales en las refinerías Salamanca y Tula”, y 1800-DE “Contratación y suministro de etano al Complejo Petroquímico Etileno XXI”, referente a Pemex Transformación Industrial. Cabe señalar que los resultados de dichas revisiones se presentaron en el contexto de la segunda y tercera entregas de informes individuales (octubre de 2017 y febrero de 2018, respectivamente).

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No obstante lo anterior, la ASF en el marco de su autonomía técnica y de gestión, analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de auditoría, en los términos planteados, para su inclusión en el PAAF de la Cuenta Pública 2018.

Auditoría forense a la obra del “Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y la Ciudad de México”, debido al gran número de irregularidades que hacen impostergable una revisión rigurosa, pormenorizada y crítica de los procesos, hechos y evidencias para la investigación y documentación de un presunto ilícito, tomando en cuenta los resultados obtenidos en la fiscalización al proyecto en 2015 y 2016, determinándose en éste último año, pagos indebidos por un monto de 1 mil 775.3 millones de pesos y un importe por aclarar de 1 mil 102.3 millones de pesos; al margen del presunto desvío de recursos y del sobrecosto que ha tenido la obra, según lo advertido en medios.

Con motivo de la fiscalización de las Cuentas Públicas 2014 y 2015, se practicaron, respectivamente, las auditorías 406-DE y 393-DE “Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y la Ciudad de México”, correspondientes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Asimismo, como parte de la segunda entrega de informes individuales (octubre de 2017) referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la auditoría 335-DE “Tren Interurbano México-Toluca, en el Estado de México y la Ciudad de México”, a la SCT. De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye la auditoría 365-DE a dicha obra. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

Gasto Federalizado


Auditorías Financieras y de Cumplimiento para fiscalizar la deuda pública de las siguientes Entidades Federativas: Estado de Oaxaca, Estado de Chiapas, Estado de Morelos, Estado de México y Ciudad de México. En razón de que las afectaciones de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, detonaron necesidades financieras urgentes para hacer frente a la reconstrucción (viviendas, infraestructura pública, etc.).

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2014, se llevó a cabo el estudio 1651 “Sostenibilidad de la deuda pública subnacional”, correspondiente a la SHCP, y la auditoría 439-GF “Endeudamiento”, al Gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se practicó la auditoría 744-GB-GF “Endeudamiento del Distrito Federal (Ciudad de México)”. De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017, incluye la auditoría 57-GB “Posición fiscal de los gobiernos de las entidades federativas”, a la SHCP. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

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— EVALUACIONES



Evaluación de la política determinada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para la captación, registro y control de la información proveniente de las organizaciones civiles y fideicomisos que recibieron donaciones por los sismos que afectaron al país en septiembre de 2017, relativa al destino que darán a los recursos obtenidos.

Respecto a esta temática, cabe destacar que los recursos para la atención de la población afectada por los sismos ocurridos en septiembre de 2017, así como para la reconstrucción y rehabilitación de infraestructura, se ejercieron a través del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye las auditorías 15-GB “Subsidios y apoyos para desastres naturales”, correspondiente a la Secretaría de Gobernación (SEGOB); 42-GB “FONDEN, recursos autorizados para la atención de desastres naturales (sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017)”; 55-GB “Marco institucional y financiero para la prevención y atención de fenómenos naturales perturbadores, riesgos ambientales y epidemiológicos”, y 61-GB “Recursos destinados para la atención de desastres naturales”, éstas últimas a la SHCP. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

Evaluación de la política determinada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario.

Con motivo de la fiscalización de las Cuentas Públicas 2014 y 2015, se llevaron a cabo, respectivamente, las evaluaciones 1646 “Política de pesca y acuacultura”, y 1582 “Política pública ganadera”, correspondientes a la SAGARPA. Asimismo, el pasado 20 de febrero, como parte de la tercera entrega de informes individuales referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados del estudio 1785 “Política pública de PROAGRO-Productivo y su antecedente PROCAMPO”, a la SAGARPA. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

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Evaluación de la Política Social dirigida a la Población Indígena en México, en consideración a que la última evaluación realizada en la materia concluye su análisis hasta la pasada administración (2007-2012).

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2014, se practicaron las auditorías 214-DS “Planeación y articulación de la acción pública hacia los pueblos indígenas”, y 215-DS “Producción y productividad indígena”, correspondientes a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Asimismo, como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se llevaron a cabo las auditorías 277-DS “Planeación y articulación de la acción pública hacia los pueblos indígenas”, y 278-DS “Programa de apoyo a la educación indígena”, ambas a la CDI. Cabe señalar que los resultados de dichas revisiones se presentaron en el contexto de la primera y tercera entregas de informes individuales (junio de 2017 y febrero de 2018, respectivamente). No obstante lo anterior, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye las auditorías 292-DS “Educación y cultura indígena”, correspondiente al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), y 294-DS “Programa para el mejoramiento de la producción y la productividad indígena”, a la CDI. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

Evaluación de la política de impulso, promoción y fomento del arte y la cultura, con el objeto de inferir la suficiencia, perspectivas y deficiencias del enfoque, acciones y metodologías implementadas.

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se practicaron las auditorías 35-GB “Planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de programas, proyectos y acciones de cooperación internacional y de promoción económica y cultural de México”, correspondiente a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID); 177-DS “Producción y transmisión de materiales educativos y culturales”, a la Estación de Televisión XE-IPN Canal Once; 178-DS “Investigación científica y desarrollo tecnológico”, al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); 181-DS “Servicios educativos culturales”, al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA); 182-DS “Producción y transmisión de materiales educativos y culturales”, a Radio Educación; 192-DS “Producción y transmisión de materiales educativos y culturales”, al Instituto Mexicano de la Radio (IMER), y

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194-DS “Producción y transmisión de materiales educativos y culturales” a Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. Asimismo, como parte de la primera entrega de informes individuales (junio de 2017) referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de las auditorías 166-DS “Desarrollo cultural”, correspondiente a la Secretaría de Cultura; 173-DS “Producción y distribución de libros y materiales culturales”, al Fondo de Cultura Económica (FCE); 180-DS “Producción y Distribución de Libros y Materiales Culturales”, a Educal, S.A. de C.V.; 175-DS “Servicios cinematográficos”, al Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE); 179-DS “Servicios cinematográficos”, al Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. (CCC); 181-DS “Servicios cinematográficos”, a los Estudios Churubusco Azteca, S.A., y 182-DS “Servicios cinematográficos”, al Fideicomiso para la Cineteca Nacional. De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye las auditorías 281-DS “Desarrollo cultural: niñas, niños y adolescentes”, correspondiente a la Secretaría de Cultura; 282-DS “Preservación del patrimonio cultural”; 283-DS “Programa de Apoyo a la Cultura: apoyo a instituciones estatales de cultura”; 285-DS “Apoyo a festivales culturales y artísticos”; 286-DS “Apoyo a la infraestructura cultural de los estados”; 287-DS “Apoyo a las ciudades mexicanas Patrimonio Mundial”; 288-DS “Apoyo a las culturas municipales y comunitarias”, y 291-DS “Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor”, a la Secretaría de Cultura. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

Evaluación del Nuevo Modelo Educativo para determinar sus fortalezas y debilidades, así como la viabilidad del cumplimento de sus metas y su sustentabilidad en el mediano y largo plazos.

Como parte de la primera entrega de informes individuales (junio de 2017), referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de las auditorías 159-DS “Regulación de los servicios educativos en educación básica”, y 160-DS “Regulación de los servicios educativos en educación media superior”, correspondientes a la SEP.

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De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye la evaluación 1588-DS “Evaluación de la Reforma Educativa”, a la SEP. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.



Evaluación de la política pública del sector turismo, a la luz de los efectos negativos y perniciosos que han ocasionado la violencia e inseguridad en los principales destinos turísticos.

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2012, se realizó el estudio 390 “Política pública de turismo”. No obstante lo anterior, la ASF en el marco de su autonomía técnica y de gestión, analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de auditoría, en los términos planteados, para su inclusión en el PAAF de la Cuenta Pública 2018.

Evaluación de la política pública relativa a la Regulación y Supervisión de la infraestructura aeroportuaria, particularmente del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), ya que en su construcción participan empresas que han estado involucradas en otros proyectos de infraestructura, cuyos procesos constructivos han sido observados por las irregularidades y causado daños y perjuicios a terceros, lo cual constituye un alto riesgo, sobre todo, tratándose de un megaproyecto como el NAICM, donde se tiene previsto el aterrizaje y despegue de una cantidad sin precedente de aeronaves con miles de pasajeros a bordo.

Con motivo de la fiscalización de las Cuentas Públicas 2011 y 2015, se realizaron, respectivamente, las evaluaciones DE-020 “Política pública de transporte”, y 1205 “Regulación y supervisión del sistema aeroportuario”. Asimismo, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2015, se practicaron las auditorías 407-DE “Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM)”; 408-DE “Erogaciones para la construcción del NAICM, con recursos del NAICM”; 409-DE “Fideicomiso para el desarrollo del NAICM”; 411-DE “Ingresos obtenidos por el Gobierno Federal para destinarlos al NAICM”, correspondientes al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), y 464-DE “Obras hidráulicas para el NAICM” a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Por otro lado, como parte de la primera entrega de informes individuales (junio de 2017) referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de las auditorías 356-DE “Construcción de los caminos provisionales de acceso del NAICM”, y 361-DE “Nivelación y limpieza del terreno del NAICM”, practicadas al GACM. Adicionalmente, en el marco de la segunda entrega de informes individuales (octubre de 2017) correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de las

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auditorías 366-DE “Trabajos relativos a los pilotes para la torre de control, edificio terminal y el centro de transporte terrestre intermodal del NAICM”, 355-DE “Construcción de la losa de cimentación del edificio terminal del NAICM”; 358 “Erogaciones para el desarrollo del NAICM”, 359-DE “Esquema de financiamiento para la construcción del NAICM”, y 360 “Estudios y proyectos pagados por el Fondo Nacional de Infraestructura para el NAICM”, correspondientes al GACM. Finalmente, el pasado 20 de febrero, como parte de la tercera entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de las auditorías 354-DE “Construcción de la barda perimetral para la construcción del NAICM”; 357-DE “Desarrollo de ingeniería y construcción de subestaciones y acometida eléctrica del NAICM”; 362-DE “Procesos de contratación de la construcción del edificio terminal, de la torre de control y de la losa de cimentación del Centro de Transporte Terrestre Intermodal del NAICM”; 363-DE “Realización de proyectos, gerencia, estudios, asesorías y consultorías para la construcción del NAICM”; 364-DE “Sistema de precarga e instrumentación geotécnica, infraestructura, estructura de pavimentos y obra civil de ayudas visuales y para la navegación de las pistas 2 y 3 y área de túneles del NAICM”, y 365-DE “Trabajos preliminares consistentes en: carga, acarreo y descarga fuera del polígono de material existente producto del depósito de demoliciones, desperdicios y desazolve, drenaje pluvial temporal, y la construcción del campamento del GACM, en el NAICM”, al GACM. De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye las auditorías 379-DE “Conexión a desnivel de la autopista Peñón-Texcoco con la carretera libre: Texcoco-Ecatepec”; 380-DE “Construcción de la barda perimetral del NAICM”; 381-DE “Construcción de la losa de cimentación del edificio terminal del NAICM”; 382-DE “Construcción del edificio terminal, de la torre de control y de la losa de cimentación del centro de transporte terrestre intermodal del NAICM”; 383-DE “Desarrollo de ingeniería y construcción de subestaciones y acometida eléctrica del NAICM”; 384-DE “Erogaciones del Fondo Nacional de Infraestructura para el NAICM”; 385-DE “Fideicomiso para el Desarrollo del NAICM”; 386-DE

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“Ingresos y gastos del Fideicomiso para el Desarrollo del NAICM”; 387-DE “Instalación y medición de la instrumentación geotécnica en la precarga de las pistas 2 y 3, exploración geotécnica, muestreo y sistemas de medición en las aeropistas, calles de rodaje, caminos internos, pista 6 y edificación y estudios y proyecto del sistema de drenaje pluvial para las intersecciones de la infraestructura hidráulica de la CONAGUA con el proyecto del NAICM”; 388-DE “Limpieza, nivelación e instrumentación geotécnica de la pista 6 y pavimentos para la conservación de caminos provisionales primarios y secundarios existentes y bordos de canales, drenes y de lagunas de regulación del NAICM”; 389-DE “Nivelación y limpieza del terreno y construcción de los caminos provisionales de acceso del NAICM”; 390-DE “NAICM”; 391-DE “Realización de proyectos, gerencia, estudios, asesorías y consultorías para la construcción del NAICM”; 392-DE “Sistema de precarga e instrumentación geotécnica, infraestructura, estructura de pavimentos y obra civil de ayudas visuales y para la navegación de las pistas 2 y 3 y área de túneles del NAICM”; 393-DE “Trabajos preliminares consistentes en: carga, acarreo y descarga fuera del polígono de material existente producto del depósito de demoliciones, desperdicios y desazolve; y drenaje pluvial temporal en el NAICM”, y 394-DE “Trabajos relativos a los pilotes para la torre de control, edificio terminal y el centro de transporte terrestre intermodal del NAICM”, correspondientes al GACM. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

— ESTUDIOS



Estudio al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sobre los mecanismos de control existentes en la operación de contratos de servicios, que permitan identificar oportunamente las actividades con

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se practicó la auditoría 132-GB “Gestión Financiera”, correspondiente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Asimismo, como parte de la segunda entrega de informes individuales (octubre de 2017) referentes a la

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posibles fraudes e irregularidades en los procesos.

fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la auditoría 119-GB “Auditoría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones”, al INEGI. De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye la auditoría “128-GB “Gestión financiera” al INEGI. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

Elaborar un estudio sobre la evolución del comercio exterior de México en el contexto del TLCAN. Esto sin hacer a un lado la muy importante evolución del comercio exterior fuera del marco del Tratado. En particular con China, otros países del sureste asiático y Europa.

Como parte de la segunda entrega de informes individuales (octubre de 2017) referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la auditoría 368-DE “Negociaciones internacionales para la integración y competitividad de México en las cadenas globales de valor”, correspondiente a la Secretaría de Economía (SE). De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye la auditoría 398-DE “Cumplimiento de tratados internacionales en materia de comercio”, a la SE. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

Estudio panorámico de los mecanismos existentes en la Administración del Instituto Mexicanos en el Exterior.

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se practicaron las auditorías 34-GB “Atención a las comunidades mexicanas en el exterior”, correspondiente al IME, y 33-GB “Protección y asistencia consular”, a la SRE. Asimismo, como parte de la segunda entrega de informes individuales (octubre de 2017) referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la auditoría 1798-GB “Erogaciones para la atención, protección, servicios y asistencia consulares”, correspondiente a la SRE. De igual forma, se entregó el Informe Específico D17001 “Erogaciones para la atención a comunidades mexicanas en el exterior y protección y asistencia consulares (Cuentas Públicas 2014 y 2015)”, a la SRE. Cabe destacar que dicha revisión se derivó de una denuncia presentada en los términos de los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 de la LFRCF.

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Adicionalmente, debido a la relevancia del tema el PAAF de la Cuenta Pública 2017, incluye la auditoría 33-GB “Fortalecimiento para la atención a mexicanos en el exterior”, a la SRE. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.



Estudio sobre la situación de la vivienda en México 2012-2017.

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2014, se practicaron las auditorías 137-DE “Consolidación de reservas urbanas”; 138 “Definición y conducción de la política de desarrollo urbano y ordenación del territorio”, ambas correspondientes a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), así como la revisión 1666-DE “Programa de Vivienda Digna”, al Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO). Asimismo, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2015, se llevaron a cabo las auditorías 326-DS “Conducción e instrumentación de la Política Nacional de Vivienda”, y 327-DS “Programa de esquemas de financiamiento y subsidio federal para vivienda”, ambas practicadas a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI); así como las revisiones 442-DE “Estrategia interinstitucional para la ejecución de subsidios de vivienda”, y 443-DE “Programa de vivienda rural”, al FONHAPO. Igualmente, como parte de la primera entrega de informes individuales (junio de 2017) referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de las auditorías 101-GB “Financiamiento para el sector vivienda” correspondiente a la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF); 385-DE “Política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio”, y 386-DE “Programa de infraestructura: componente ampliación y/o mejora de la vivienda”, éstas últimas a la SEDATU. Igualmente, en el marco de la segunda entrega de informes individuales (octubre de 2017) de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de las auditorías 390-DE

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“Control interno del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales” a la CONAVI, y 391-DE “Aplicación de subsidios al programa de apoyo a la vivienda”, al FONHAPO. De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye las auditorías 416-DE “Conducción e instrumentación de la política nacional de vivienda”; 417-DE “Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales: adquisición de vivienda nueva o usada”; 418-DE “Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales: ampliación y/o mejoramiento”; 419-DE “Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales: lote con servicios y autoproducción de vivienda”; 420-DE “Subsidios para vivienda”, correspondientes a la CONAVI; 421-DE “Apoyos para abatir el rezago de vivienda” al FONHAPO, así como la evaluación 1591-DE “Política pública de desarrollo urbano y ordenamiento territorial”, a la SEDATU. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

Estudio sobre las condiciones de la infraestructura en los planteles educativos de educación básica y media superior, para notificar sobre el impacto de la calidad de la infraestructura física en el desempeño escolar y en el aprovechamiento de los estudiantes.

Respecto a la educación básica, con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se practicó la auditoría 191-DS “Infraestructura física educativa”, al INIFED. Adicionalmente, el pasado 20 de febrero, como parte de la tercera entrega de informes individuales referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la evaluación 1782-DS “Política pública de infraestructura y equipamiento en educación básica”, practicada al INIFED, a la SEP, al CONAFE y a la Coordinación Nacional @prende.mx. Asimismo, se presentó la auditoría 177-DS “Infraestructura para abatir el rezago de las condiciones físicas de escuelas públicas”, al INIFED. De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye la auditoría 148-DS “Infraestructura y equipamiento en educación básica”, al INIFED y a la SEP.

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Por otro lado, respecto a la educación media superior, como parte de la primera entrega de informes individuales (junio de 2017) correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la auditoría 142-DS “Expansión de la educación media superior y superior: nivel medio superior”, practicada a la SEP. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

Estudio sobre el efecto de la desigualdad social en la ejecución de los principales programas de educación básica y media superior en las comunidades con mayor índice de rezago en el país.

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2011, se llevó a cabo la evaluación 395 “Política pública de educación básica”, que comprendió el periodo 1988-2012. Asimismo, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2012, se realizó la evaluación 290 “Educación media superior”, con el objetivo de valorar el diseño y los resultados de la política pública federal para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas en el periodo 1989-2012. Adicionalmente, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2014, se practicaron las auditorías 193-DS “Programa escuelas de excelencia para abatir el rezago educativo”, y 576-GF “Recursos del programa escuelas de excelencia para abatir el rezago educativo”, a la SEP. Por su parte, en la revisión de la Cuenta Pública 2015, se practicaron las auditorías 158-DS “Programa de la Reforma Educativa”; 166-DS “Programa para la inclusión y la equidad educativa en la educación básica”, y 167-DS “Programa para la inclusión y la equidad educativa en la educación media superior”, a la SEP. Asimismo, como parte de la segunda entrega de informes individuales (octubre de 2017) correspondientes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la auditoría 174-DS “Rezago educativo” al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). De igual forma, debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye la evaluación 1588-DS “Reforma Educativa”, a la SEP. Finalmente, cabe destacar que, en términos generales, en las auditorías de desempeño a los programas de educación básica y media superior se incluye un análisis

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sobre la cobertura y las características de la población atendida en las escuelas ubicadas en las localidades, de acuerdo con su grado de rezago o marginación. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.



Estudio diagnóstico sobre la seguridad alimentaria y su relación con el ingreso de la población, es decir, con la capacidad de adquirir los alimentos. La importancia de contar con seguridad alimentaria radica en tener una producción nacional que satisfaga las necesidades alimentarias locales y la capacidad de adquirir los alimentos.

Con motivo de la fiscalización de las Cuentas Públicas 2014 y 2015 se llevaron a cabo, respectivamente, las evaluaciones 1646 “Política de pesca y acuacultura”, y 1582 “Política pública ganadera”. Asimismo, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2014, se practicaron las auditorías 221-DS “Programa de abasto rural”, correspondiente a Diconsa, S.A. de C.V.; 223-DS “Programa de abasto social de leche”, a Liconsa, S.A. de C.V.; 225-DS “Comedores comunitarios”, a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); así como las revisiones 257-DS “PROAGRO Productivo”, y 258-DE “Productividad de granos básicos”, ambas a la SAGARPA. Adicionalmente, en la fiscalización de la Cuenta Pública 2015 se llevaron a cabo las evaluaciones 1575-DS “Política pública de PROSPERA, programa de inclusión social”, correspondiente a la Coordinación Nacional de PROSPERA, y 1582-DE “Política pública ganadera”, a la SAGARPA. Por último, el pasado 20 de febrero, como parte de la tercera entrega de informes individuales referentes a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, se presentaron los resultados de la evaluación 1785 “Política pública de PROAGRO Productivo y su antecedente PROCAMPO”, practicada a la SAGARPA. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

Estudio diagnóstico de los daños y perjuicios económicos que ha causado al erario federal la contratación de empresas de supervisión externa que han sido

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se llevó a cabo la evaluación 1581-DE “Política pública de regulación y supervisión de la infraestructura carretera”, así como las auditorías 387-DE “Regulación y supervisión de la infraestructura ferroviaria”, y 390-DE “Supervisión,

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adjudicadas para la supervisión de las obras de infraestructura que se llevan a cabo a nivel federal, estatal y municipal. Los resultados de las revisiones practicadas al sector comunicaciones y transportes, dan cuenta del aumento de omisiones, negligencia, autorizaciones improcedentes, pagos injustificados y/o en exceso, volúmenes de obra que no se cuantifican adecuadamente por procedimientos constructivos apegados a los proyectos ejecutivos, entre otros; todo lo cual han generado sobrecostos en los proyectos que superan por mucho los presupuestos autorizados originales y que se constituyen en una fuerte presión al gasto público.

inspección y verificación de la infraestructura portuaria”, correspondientes a la SCT. No obstante lo anterior, la ASF en el marco de su autonomía técnica y de gestión, analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de auditoría, en los términos planteados, para su inclusión en el PAAF de la Cuenta Pública 2018.

Gasto Federalizado


Los fenómenos naturales (huracanes, tormentas tropicales, sismos, etc.) que azotaron al país en el año 2017, detonaron la participación solidaria de la iniciativa privada y la sociedad civil organizada, en beneficio de la sociedad afectada; su valiosa colaboración se realizó a través de distintos mecanismos entre los que destacan, la recepción y entrega de donativos económicos. Sobre el particular, es necesario que la ASF realice un estudio sobre el impacto de los riesgos fiscales que representa la deducibilidad de los donativos, en la captación de ingresos.

Debido a la relevancia del tema, el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye las auditorías 15-GB “Subsidios y apoyos para desastres naturales”, correspondiente a la SEGOB; 42-GB “FONDEN, recursos autorizados para la atención de desastres naturales (sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017)”; 55-GB “Marco institucional y financiero para la prevención y atención de fenómenos naturales perturbadores, riesgos ambientales y epidemiológicos”, y 61-GB “Recursos destinados para la atención de desastres naturales”, éstas últimas a la SHCP. Por lo anterior, se considera que dichas revisiones atienden la solicitud de la CVASF.

Estudio para conocer el nivel de impacto de los subejercicios a nivel municipal y estatal en la actividad económica del país.

La ASF en el marco de su autonomía técnica y de gestión, analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de auditoría, en los términos planteados, para su inclusión en el PAAF de la Cuenta Pública 2018.

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Estudios sobre dependencia financiera de las entidades federativas en el que se dé cuenta del grado de dependencia de los recursos por transferencias federales.

Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2014, se llevó a cabo el estudio 1651 “Sostenibilidad de la deuda pública subnacional”, correspondiente a la SHCP. Adicionalmente, en el contexto de la última entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2016 (febrero de 2018), la ASF presentó el Informe General Ejecutivo, el cual incluye apartados referentes al estado de las finanzas públicas estatales. Por lo anterior, se considera que dichos documentos atienden la solicitud de la CVASF.

4.2. Sobre la tercera entrega de informes individuales

4.2.1. Propuestas de modificación y reformas legislativas por parte de la ASF

La ASF presentó 74 propuestas de reformas legislativas para consideración de la Cámara de Diputados que se derivan de las observaciones emitidas en los 1 mil 865 informes individuales correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública 2016. De acuerdo con la ASF, el objetivo principal de las modificaciones legales que se proponen es mejorar el ambiente de control, reducir la discrecionalidad y reforzar las condiciones de transparencia y rendición de cuentas en el gobierno. Las 74 propuestas de modificaciones y reformas legislativas se enfocan a 30 ordenamientos legales, incluyendo el PEF. En específico, comprende 67 propuestas de modificación a 27 ordenamientos vigentes; 5 sugerencias para la integración del PEF, y la emisión de dos nuevas leyes12. Las sugerencias se refieren a las siguientes ocho temáticas.

i. Banca de desarrollo e instituciones de crédito ii. Gasto federalizado y disciplina financiera de las entidades federativas

iii. Política energética iv. Transparencia presupuestal e inteligencia fiscal y financiera v. Gestión y protección de recursos naturales

vi. Seguridad en el espacio aéreo mexicano, migración y profesionalización del sector salud

vii. Contrataciones, adquisiciones y obra pública viii. Presupuesto de Egresos de la Federación

12 Se sugiere ver a detalle el documento Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2016, págs. 147-176.

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Cabe señalar que la ASF manifiesta su voluntad para ampliar los alcances y objetivos de cada una de las sugerencias con los integrantes de la Cámara de Diputados, con el objeto de facilitar su inclusión en las iniciativas y agendas de trabajo de los integrantes del Congreso.

i. Banca de desarrollo e instituciones de crédito Son cinco las propuestas en materia de Banca de desarrollo e instituciones de crédito, cuyos objetivos son:

Mejorar los controles respecto a la comprobación del ejercicio de los recursos en los proyectos de infraestructura que financia el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos;

Establecer una fecha límite respecto de la obligatoriedad que tienen los centros de trabajo de afiliarse al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, así como las infracciones y/o sanciones a las que se harán acreedores los patrones de los centros de trabajo que no cumplan con este requisito;

Incorporar la atribución al Comisionado General de la Policía Federal para que pueda acceder a información registrada por instituciones de crédito; y

Revisar el esquema de créditos hipotecarios otorgados por el FOVISSSTE (dos propuestas).

ii. Gasto federalizado y disciplina financiera de las entidades federativas

Son 30 propuestas de modificaciones en materia de Gasto federalizado y disciplina financiera de las entidades federativas. En términos generales éstas buscan:

Mejorar el control y gestión del fondo, transparencia y rendición de cuentas del FASP, FAFEF, FAM y FONE (cinco propuestas);

Asegurar que la aplicación del FAFEF sirva para los objetivos que fue creado, sin dar lugar a ambigüedades, y Reducir la discrecionalidad en la priorización de proyectos según el impacto esperado y la trazabilidad de los recursos (siete propuestas);

Generar certidumbre en los municipios respecto al ejercicio de estos recursos, con lo que se evitará la existencia de cambios constantes respecto a los criterios de aplicación del FISM-DF;

Disponer de recursos del Programa para el Desarrollo Institucional Municipal para adquirir sistemas informáticos y equipamiento, a fin de que los municipios rurales de menos de 25 mil habitantes estén en posibilidades de cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG);

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Favorecer una mayor precisión en la distribución de los recursos del FORTAMUN-DF;

Minimizar la discrecionalidad en el ejercicio del FISE;

Garantizar una mayor incidencia de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales (CPFF) en la distribución de las Participaciones Federales que efectúan las entidades federativas a los municipios, misma que presenta espacios de discrecionalidad;

Fortalecer el cumplimiento de objetivos y metas; así como, el uso eficiente de las participaciones;

Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de las participaciones transferidas a las entidades federativas, así como la estrategia de vigilancia y seguimiento (dos propuestas);

Disminuir el riesgo de incumplimiento de objetivos del programa Escuelas al 100 por falta de recursos y/o trámite deliberativo de alguna de las instancias involucradas;

Reconocer las obligaciones de pago de largo plazo, que, aunque no se catalogan como deuda pública, implican un compromiso financiero de las entidades federativas;

Evitar contraer mayores obligaciones que ingresos, derivadas de la sobreestimación de ingresos para cubrir las obligaciones de pago a corto plazo y con proveedores y contratistas;

Evitar en la ley un posible sesgo en la sostenibilidad fiscal de los gobiernos locales en el mediano y largo plazos, ya que considera el financiamiento neto e ingresos de carácter extraordinario, y dichos recursos representan un mayor margen de gasto público y endeudamiento;

Limitar la contabilización de los ingresos destinados para un uso específico como garantía de obligaciones a corto plazo;

Generar información confiable sobre la sostenibilidad financiera de las entidades federativas y los municipios;

Establecer con claridad las responsabilidades vinculadas con la coordinación de la implementación del SED en las entidades federativas;

Fortalecer la implementación de los SED de las entidades federativas;

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Favorecer el cumplimiento de los objetivos de los fondos y programas del Gasto Federalizado;

Mayor transparencia en el uso y destino de las participaciones federales;

Lograr un mayor acercamiento entre el gobierno y los órganos de participación ciudadana sobre la calidad de los servicios educativos.

iii. Política energética

Son cuatro propuestas en materia de Política energética, con los siguientes objetivos:

Mejorar las condiciones de sostenibilidad de las finanzas de PEMEX;

Permitir a la CFE participar competitivamente en un mercado eléctrico abierto, así como racionalizar las transferencias que recibe del Gobierno Federal por insuficiencia tarifaria;

Reducir la discrecionalidad de los procesos de adquisición que lleva a cabo PEMEX;

Incrementar la capacidad del Estado para hacer frente a reducciones sostenidas en el precio del petróleo, así como la tendencia decreciente en la producción y exportación de la mezcla mexicana.

iv. Transparencia presupuestal e inteligencia fiscal y financiera

En materia de Transparencia presupuestal e inteligencia fiscal y financiera, la ASF hace 17 propuestas, cuyos objetivos son:

Mayor transparencia en la determinación de los gastos fiscales, así como Disposición de elementos suficientes para la toma de decisiones en materia de política fiscal y hacendaria, con base en estimaciones sobre la totalidad de las renuncias recaudatorias previstas;

Revelación y publicación oportuna de cifras confiables respecto a la actividad financiera del Estado, Certidumbre sobre a la operación financiera del gobierno (en el mediano y largo plazo) y Previsión de los riesgos y áreas de oportunidad para la asignación más eficiente de los recursos;

Mejorar el control en la aplicación de cierto tipo de ingresos (ingresos excedentes) que percibe el Estado mexicano;

Transparentar y acotar la discrecionalidad del destino de los recursos derivados de disponibilidades presupuestarias e ingresos excedentes (dos propuestas);

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Fortalecimiento del control de los recursos destinados a la estabilización de las finanzas públicas y transparencia respecto a su trazabilidad;

Incrementar la capacidad del Estado para hacer frente a reducciones sostenidas en el precio del petróleo, así como a la tendencia decreciente en la producción y exportación de la mezcla mexicana;

Contar con información precisa y oportuna respecto a la capacidad de financiamiento del Estado mexicano, y vincularla con la sostenibilidad de las finanzas públicas federales y Promoción de un entorno de control más efectivo para generar datos relevantes y mecanismos de seguimiento;

Contar con información precisa y oportuna respecto a la capacidad de financiamiento del Estado mexicano, y vincularla con la sostenibilidad de las finanzas públicas federales, así como Promoción de un entorno de control más efectivo para generar datos relevantes y mecanismos de seguimiento;

Mejorar el control en el otorgamiento de subsidios que realiza el Estado;

Fortalecimiento de la estrategia de prevención ante delitos vinculados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, Mayor eficacia y coordinación entre instancias de seguridad pública, procuración de justicia, así como con las autoridades reguladoras y supervisoras del Sistema Financiero Mexicano, así como Mayor disposición de información, incluyendo la recabada por instituciones de crédito;

Revelación y publicación oportuna de cifras confiables respecto a la actividad financiera del Estado, Certidumbre sobre a la operación financiera del gobierno (en el mediano y largo plazo), así como Previsión de los riesgos y áreas de oportunidad para la asignación más eficiente de los recursos;

Establecer la obligación de una declaratoria en la que se manifieste su responsabilidad acerca de la veracidad e integridad de la información que se genera para preparar y emitir los estados financieros respectivos, así como de la que se entrega para conformar los Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal que se incluyen en la Cuenta Pública;

Mejorar el control en la aplicación de cierto tipo de ingresos que percibe el Estado mexicano, Transparentar y acotar la discrecionalidad del destino de los recursos derivados de disponibilidades presupuestarias e ingresos excedentes y Fortalecimiento del control de los recursos destinados a la estabilización de las finanzas públicas y transparencia respecto a su trazabilidad;

Fortalecer las facultades del SAT; y

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Fortalecer tareas de vigilancia del Estado respecto al cumplimiento de los permisionarios y concesionarios que tienen inmuebles en las costas mexicanas.

v. Gestión y protección de recursos naturales

En materia de Gestión y protección de recursos naturales, la ASF realizó tres propuestas, buscando:

Generar información relevante para la Cámara de Diputados y la sociedad en general, respecto al cumplimiento de las normas instituidas por el Estado mexicano, para efectos de conservación de los recursos naturales;

Disminución de la degradación y deforestación de la superficie forestal del país, a efecto de propiciar un desarrollo forestal sustentable;

Asegurar la homogeneidad de la información para su incorporación al Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural, así como Facilitar la emisión de reportes, estadísticas, diagnósticos e informes necesarios para contribuir al adecuado seguimiento, monitoreo y evaluación de los resultados de los programas de subsidios.

vi. Seguridad en el espacio aéreo mexicano, migración y profesionalización del sector

salud Por lo que respecta a Seguridad en el espacio aéreo mexicano, migración y profesionalización del sector salud, la ASF hace tres propuestas, las cuales tienen por objeto:

Abatimiento de brechas en el proceso de certificación de proveedores de servicio de aviación civil, Condiciones homogéneas para todos los proveedores de servicio de aviación civil y Correcta gestión del tráfico aéreo;

Proteger los derechos humanos de los migrantes; y

Mejorar la calidad de los servicios que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, en beneficio de sus derechohabientes.

vii. Contrataciones, adquisiciones y obra pública

Las cinco propuestas de la ASF en materia de Contrataciones, adquisiciones y obra pública, tiene los siguientes objetivos:

Contribuir al establecimiento de un ambiente de control adecuado a efecto de que el titular de la dependencia contratante sea quien suscriba los contratos correspondientes y se responsabilice de la vigilancia de los mismos;

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Determinar y fijar la contraprestación que la concesionaria debe cubrir al Gobierno Federal antes de iniciar operaciones;

Revelar y presentar información financiera confiable y así disminuir el riesgo de un registro contable indebido por los pagos al desarrollador y los gastos de administración a cargo del sector público;

Dar certeza a la determinación de la viabilidad de los proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) dictaminada por la dependencia o entidad responsable de los mismos y evitar errores en los cálculos y en las estimaciones realizadas por la dependencia o entidad responsable de los proyectos; y

Rendición de cuentas clara y oportuna sobre las operaciones y estrategias financieras de largo plazo, con el fin de transparentar sus implicaciones para el Estado.

viii. Presupuesto de Egresos de la Federación

En materia de Presupuesto de Egresos de la Federación hay cinco propuestas, cuya finalidad es:

Garantizar la correcta instrumentación de las políticas que cuentan con padrones de beneficiarios;

Mejor control en la integración de los Padrones y Prevenir duplicidades en la entrega de bienes, servicios y apoyos a través de diversos programas;

Fomentar una gestión basada en riesgos, con enfoque en la prevención, detección y disuasión de actos irregulares, así como asegurar razonablemente el cumplimiento de los objetivos;

Mejorar la gestión del gasto federalizado al limitar la discrecionalidad; y

Asegurar la oportunidad del ejercicio del gasto en FONMETRO, FONREGIÓN, FORTAFIN y FORTALECE.

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4.2.2. Planteamientos de los Diputados miembros de la CVAS a la ASF

Grupo Parlamentario PRI

A. Gestión de los recursos del Gasto Federalizado

Con la inminente aprobación de la reforma en materia de justicia laboral: ¿Cómo estima la ASF que debe reorientar las auditorías al FASP y FORTALECE (antes SUBSEMUN) para vigilar su debida implementación? Lo anterior con base en la complementariedad con otros programas que estos Fondos permiten articular y dotar presupuestalmente. Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Las auditorías practicadas a dichos fondos se enfocan, principalmente, a la revisión del cumplimiento de los objetivos de formación y profesionalización de los elementos de seguridad pública a nivel estatal y municipal. En particular, se revisan los procesos vinculados con el equipamiento de los mismos; el establecimiento y operación de bases de datos criminalísticas y de personal; la instalación de redes de telecomunicaciones e informática; la asignación de recursos para la construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de infraestructura, así como el impulso de acciones conjuntas de los tres órdenes de gobierno en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). En este sentido, desde la perspectiva de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las revisiones a dichos fondos están debidamente orientadas, en la medida en que abarcan cuestiones fundamentales como el control interno; la transferencia de recursos y sus rendimientos; el registro de información financiera; el destino y ejecución de los recursos, así como el cumplimiento de metas y objetivos. En materia de concreción y desarrollo de derechos humanos destaca que durante 2017 según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el mayor número de quejas formales por violación a derechos humanos relacionados con salud se observaron en el IMSS e ISSSTE. En ese sentido: ¿Se han implementado estrategias en la fiscalización para detectar esas malas prácticas en el ejercicio de los recursos del Seguro Popular y el FASSA? Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Actualmente, las auditorías practicadas al Seguro Popular y al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), no incluyen la revisión de la temática de la pregunta. Sin embargo, es importante mencionar que la ASF fiscaliza los esquemas de participación social previstos en dichos fondos (Aval Ciudadano en el FASSA y Aval Ciudadano y Contraloría Social en el Seguro

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Popular), los cuales contemplan mecanismos para la atención de quejas de la ciudadanía en cuanto a la prestación de los servicios de salud. Asimismo, en ambos casos, la normativa aplicable dispone la aplicación de encuestas a los usuarios de dichos servicios, con el objetivo de detectar inconformidades o irregularidades; información que debe publicarse en las unidades médicas, y además debe considerarse como insumo para la mejora de las políticas de calidad correspondientes. En materia de concreción y desarrollo de derechos humanos destaca que durante 2017 según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el mayor número de quejas formales por violación a derechos humanos relacionados con seguridad pública se observaron en la Policía Federal, Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría General de la República. En ese sentido: ¿Se han implementado estrategias en la fiscalización para detectar esas malas prácticas en el ejercicio de los recursos del FASP? Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Es importante señalar que la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, respecto al ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), está delimitada por lo dispuesto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y demás disposiciones jurídicas aplicables. Sin embargo, la ASF en el marco de su autonomía técnica y de gestión, analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de estudio o evaluación sobre la temática de la pregunta, para su inclusión en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) de la Cuenta Pública 2018.

B. Importancia de la evaluación de políticas públicas

Estimado Auditor Superior David Colmenares Páramo Entre las aportaciones más valiosas de la Auditoría Superior de la Federación se encuentran las evaluaciones de políticas públicas. Son estudios de visión amplia que por lo general cubren la interacción de diversas instituciones, dependencias y programas a lo largo de un periodo de tiempo de mediana amplitud. Este año los mexicanos concurriremos a elegir a una nueva administración pública y estoy convencido de que algunas de estas evaluaciones ya realizadas constituyen insumos valiosos a las nuevas definiciones de política pública. Por ejemplo, una evaluación de la política de desarrollo rural desde la perspectiva de los objetivos institucionales planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa sexenal de desarrollo agropecuario sería particularmente útil. ¿En qué medida se avanzó en el objetivo de seguridad alimentaria? ¿Y en el de vida digna para la población rural? ¿Cómo se relaciona

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esta evolución con el cumplimiento del derecho humano a la alimentación consagrado en la Constitución? Esta y otras evaluaciones de política pública serían en este 2018 particularmente oportunas y por ello muy relevantes pues estarían disponibles cuando la nueva administración entre en funciones. Estimado Auditor Superior, ¿cómo ve la posibilidad de que en este año las evaluaciones de política pública reciban una particular atención y esfuerzo? Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: En comparación con las auditorías, las evaluaciones de política pública que lleva a cabo la ASF incluyen un mayor nivel de análisis, ya que son el resultado de la concreción de múltiples auditorías de desempeño de diversos años. Hasta la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, la ASF realizó 46 evaluaciones: 17 en Desarrollo Social; 18 en Desarrollo Económico, y 11 en la finalidad Gobierno. En cuanto al desarrollo agropecuario, con motivo de la fiscalización de las Cuentas Públicas 2013, 2014, 2015 y 2016, se realizaron las siguientes evaluaciones, respectivamente: (1) Política agraria; (2) Política de pesca y acuacultura; (3) Política ganadera, y (4) Política pública de PROAGRO Productivo y su antecedente PROCAMPO. Cada una de estas revisiones incluyó el tema de la seguridad alimentaria, el cual, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), se refiere a la disponibilidad de alimentos en el país. En dichas evaluaciones se analizó el diseño, implementación y resultados de las políticas, a efecto de determinar su pertinencia para atender el problema público relativo al estancamiento de la productividad del sector agropecuario, lo que impide elevar los ingresos de los productores. Por otra parte, es importante mencionar que el PAAF de la Cuenta Pública 2017 incluye las siguientes evaluaciones:

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Finalmente, la ASF en el marco de su autonomía técnica y de gestión, analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de evaluación integral sobre los componentes de la política agropecuaria, para su inclusión en el PAAF de la Cuenta Pública 2018.

C. Deficiencias en el proceso de contratación y ejercicio del gasto

En su labor de fiscalización superior a la Cuenta Pública 2016, la ASF realizó a Prevención y Readaptación Social la “Auditoría de TIC” número 19, de tipo financiera y de cumplimiento cuyo objetivo se enfocó a fiscalizar la gestión financiera de las TIC´s, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables. La aplicación de esta auditoría permitió a la ASF detectar diversas irregularidades como pagos en exceso por 122.6 millones de pesos por servicios no aprovechados, ya que a pesar de que se cuenta con servicios de los Sistemas Electrónicos de Seguridad, Sistemas de Telecomunicaciones e Informática y Sistemas Complementarios, éstos no se han utilizado ni aprovechado. Asimismo, destacó deficiencias en el proceso de contratación al no aplicar las evaluaciones técnicas, documentales y económicas correspondientes; y no se garantizó la continuidad de operaciones ante posibles contingencias. A partir de estos resultados, le pregunto Señor Auditor, ¿Cuáles han sido las recomendaciones para que la entidad fiscalizada, implemente estrategias y métodos de trabajo con sujeción a los lineamientos y normas establecidas para el gasto presupuestal asignado, a fin de administrar correctamente los recursos financieros, materiales e informáticos y evitar pagos excesivos por servicios que no se utilizan? ¿Cuáles han sido las recomendaciones para que la entidad fiscalizada, realice un adecuado seguimiento a los proceso de contratación, a fin de constatar la capacidad y competencia de los participantes y garantizar las mejores condiciones para el Estado? ¿Qué acciones le recomienda la ASF a la entidad fiscalizada, con el propósito de corregir las deficiencias observadas en la falta de continuidad de operaciones ante posibles contingencias? Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Como resultado de la auditoría 19-GB “Auditoría de TIC”, practicada al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, se generaron las siguientes acciones:

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a. Un Pliego de Observaciones por 122.55 millones de pesos (mdp), por servicios pagados y no utilizados.

b. Tres Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. c. Tres Recomendaciones.

Con el propósito de administrar correctamente los recursos financieros, materiales e informáticos y evitar pagos excesivos por servicios no utilizados, la ASF recomendó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), por medio de la Dirección General de Administración del Órgano Administrativo Descentralizado Prevención y Readaptación Social, lo siguiente:

a. Establecer directrices adecuadas que permitan mejorar el seguimiento y monitoreo de los proyectos, así como definir mecanismos para verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contratos celebrados y la adecuada administración de los proveedores, conforme a lo establecido en el Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información.

Por otra parte, respecto a la falta de continuidad de operaciones ante posibles contingencias, la ASF recomendó lo siguiente:

a. Elaborar un “Análisis de Impacto al Negocio” que permita definir e implementar un “Plan de Continuidad del Negocio (BCP)” y un “Plan de Recuperación ante Desastres (DRP)”, además de realizar pruebas periódicas a los mismos.

D. Contradicciones al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas

En su labor de fiscalización superior a la Cuenta Pública 2016, la Auditoría Superior de la Federación realizó al Consejo de la Judicatura la auditoría número 7 “Proyecto Integral para la Construcción del Anexo al Edificio Sede de Juzgados para la Instalación de un Centro de Justicia Penal Federal, en Puente Grande, en el Estado de Jalisco” de tipo Inversiones Físicas, en la cual se menciona en el Dictamen que el ente fiscalizado “cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”; sin embargo, se presenta una contradicción ya que en el Apéndice Disposiciones Jurídicas y Normativas se señala un incumplimiento de las mismas referentes a: Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 54,

párrafos primero y segundo; y 66, fracciones I y III. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Artículos 113, fracciones VI y IX; 115, fracciones V y X; 165; 168 y 170.

Derivado del análisis de Resultados de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2016, se observó que dichas disposiciones jurídicas y normativas no son aplicables al Consejo de la Judicatura Federal, ya que tanto el Poder Legislativo, Judicial y entes autónomos, podrán

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establecer por medio de sus respectivas unidades de administración las disposiciones generales correspondientes. A partir de estos resultados, le pregunto Señor Auditor, ¿Cuáles son las acciones que tomará la ASF para corregir la contradicción observada en el dictamen y el apéndice referente al cumplimiento de las disposiciones legales y normativas? ¿Cuáles han sido los motivos por los que la Auditoría Superior de la Federación fundamentó el incumplimiento de disposiciones jurídicas y normativas que no son aplicables al ente fiscalizado, en vez de fundamentarlo con las disposiciones generales correspondientes al Consejo de la Judicatura Federal? Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: En primer lugar, cabe destacar que el Dictamen hace referencia al apego, en términos generales, de la normativa aplicable, por lo que de su redacción se desprende que los incumplimientos señalados son excepciones a la observancia integral de la legislación, como se puede observar a continuación:

“En términos generales, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes […]”.

Asimismo, es importante aclarar que las disposiciones jurídicas invocadas son aplicables al CJF, en virtud de que tanto la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) como su reglamento, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y su reglamento, regulan el artículo 134 constitucional; por lo tanto, se trata de disposiciones obligatorias para todos los órdenes de gobierno. En este sentido, dichas leyes son aplicables en todo aquello que no contravenga, o que no se encuentre regulado por las disposiciones generales que emita el CJF en materia de ejecución de obra pública y servicios relacionados con las mismas y sobre el ejercicio del gasto público; por lo que no existe contradicción alguna en cuanto a la aplicación de las referidas leyes. Adicionalmente, es importante destacar que en el apéndice de la auditoría se encuentra citada, de manera particular, la norma que regula la actuación del CJF, en la cual están enunciados los principios de supletoriedad y complementariedad.

E. Normas y procedimientos en beneficio de las comunidades mexicanas en el exterior

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) no contó con lineamientos que precisaran y regularan los procesos a seguir para el control de los recursos asignados a las Representaciones de México en el Exterior (RME), así como para ejecutar los programas, actividades o acciones

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con cargo en el presupuesto del instituto y para garantizar el cumplimiento de los fines para los cuales se otorgaron dichos recursos. Cabe destacar que desde las revisiones de la cuenta pública 2014, la ASF ha hecho un importante número de recomendaciones y las observaciones siguen siendo igual de recurrentes, sería conveniente realizar un diagnóstico, para identificar si los procesos actuales requieren una modificación. Le pregunto señor Auditor, ¿Consideraría que las acciones realizadas por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), han sido insuficientes o nulas en la mejora continua de las normas y procedimientos que se atienden en beneficio de las comunidades mexicanas en el exterior? y ¿Cuál considera que sería el primer paso, porque hasta el momento no se ve que se haya hecho nada?, ¿Consideraría que la SRE esta excedida en sus funciones? Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se practicaron las auditorías 1798-GB y D17001 a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y al Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), las cuales abarcaron los ejercicios 2016, y 2014 y 2015, respectivamente. Dichas revisiones se centraron en las erogaciones para la atención a comunidades mexicanas en el exterior y protección y asistencia consulares. Los resultados de dichas auditorías mostraron que los procedimientos de la SRE y el IME para la operación, control, seguimiento, comprobación y rendición de cuentas de las radicaciones de recursos efectuadas a las Representaciones de México en el Exterior (RME) fueron insuficientes, toda vez que únicamente estaban regulados los procesos de solicitud, autorización y radicación a las RME para su operación (gasto corriente), lo cual no sucedió en el caso del seguimiento de la aplicación y ejercicio de los recursos en actividades en materia de salud, educación, deporte, cultura, desarrollo económico y organización comunitaria. Ambas auditorías se efectuaron en 2017 y, actualmente, las entidades fiscalizadas están en proceso de atención de las observaciones emitidas por la ASF; sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada a la fecha, la SRE y el IME están llevando a cabo una serie de acciones para mejorar la normativa que regula el manejo de los recursos y sus sistemas informáticos. Lo anterior con el propósito de tener un mayor control de la planeación, operación, supervisión y seguimiento de la aplicación de los recursos radicados a las RME para sus distintas actividades en beneficio de las comunidades mexicanas en el exterior. Por otra parte, desde la perspectiva de la ASF, y con base en los resultados de las auditorías practicadas, es posible apuntar que las problemáticas observadas en la gestión de las unidades ejecutoras del gasto, en particular las RME, no se debe a que la SRE esté excedida en sus funciones, sino a las fallas en la normativa aplicable. Adicionalmente, cabe señalar que el IME

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no cuenta con suficientes recursos humanos ni infraestructura informática para vigilar, de manera adecuada, que la administración de los recursos se realice con base en los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. F. Condicionar el otorgamiento de recursos públicos

Señor auditor, como resultado del trabajo de fiscalización que usted dirige, se han documentado un sinnúmero de debilidades en los programas y políticas de fomento agropecuario y un conjunto de irregularidades recurrentes, principalmente el ejercicio de los recursos en conceptos que no cumplen con los objetivos de los programas y proyectos. Por lo expuesto señor Auditor, ¿Qué opina usted de que ya es momento de exigir que en la asignación del presupuesto se justifique de manera detallada la totalidad de las peticiones presupuestarias, es decir, se sustente la necesidad de cada peso a gastar? Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: La labor fiscalizadora puede tener un impacto directo en la mejora del proceso de asignación presupuestaria, en la medida en que los resultados de las auditorías se conviertan en insumos para la toma de decisiones legislativas. En concordancia con dicho propósito, la ASF presentó a la Cámara de Diputados —como parte de la primera y segunda entrega de informes individuales de auditoría (junio y octubre de 2017) correspondientes a la fiscalización de la Cuenta Pública 2016— el documento denominado “Consideraciones para la Labor Legislativa” el cual incluye propuestas concretas en torno a modificaciones legales y adecuaciones presupuestarias, las cuales se sustentan en los resultados de las auditorías practicadas. De igual forma, en el contexto de la última entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2016 (febrero 2018), la ASF presentó a la Cámara de Diputados el Informe General Ejecutivo, el cual incluye un capítulo referente a las diversas áreas de la gestión gubernamental en las que se han detectado riesgos, a partir de los hallazgos de las auditorías realizadas. Dicho análisis tuvo como finalidad ubicar tendencias transversales y deficiencias de carácter estructural que se presentan en la operación del sector público. De manera complementaria, es importante destacar que hasta ahora no se han logrado vincular adecuadamente los procesos de asignación presupuestaria, con la evaluación de los resultados de los programas. Al respecto, la ASF ha identificado que, de manera general, la información derivada del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) no ha sido utilizada para la conformación anual del presupuesto, por lo que su distribución continúa siendo predominantemente inercial.

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Desde la perspectiva de la ASF, existe una importante área de oportunidad respecto al aprovechamiento de la información del SED por parte de los legisladores, lo que contribuiría a garantizar que las asignaciones presupuestarias estén sustentadas en criterios de eficiencia, eficacia, economía y transparencia. G. Deficiencias en la producción, transportación y comercialización de sal

En la fiscalización a la Cuenta Pública 2016, tercera entrega, en el sector Economía se aplicó una auditoría de desempeño a la entidad Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA), en relación a la Producción, Transportación y Comercialización de Sal. En dicha auditoría, la ASF fiscalizó el cumplimiento de los objetivos de producción, transportación y comercialización de sal marina para su aprovechamiento, y como empresa de participación estatal mayoritaria. La aplicación de esta auditoría, arrojó las siguientes irregularidades: Dudas sobre si el objetivo de la entidad paraestatal es prioritaria o no. Objetivos desvinculados del programa sectorial. Metas alcanzadas por debajo de lo programado. Baja participación en el mercado interno de la sal. Carencia de avalúo para definir el monto a cubrir por el uso de puertos e instalaciones

portuarias. Descenso de indicadores financieros ponen en riesgo la generación de ganancias. Precio de la sal menor a los fijados por las calificadoras internacionales. No existe información relativa a la aprobación de los estados financieros por parte de los

accionistas. Señor Auditor, ¿Qué acciones propone la ASF, en el ámbito de sus atribuciones, para evitar que las metas sobre la producción, transportación y comercialización de sal por debajo de lo programado, la disminución de utilidad neta y la falta de claridad en la utilización de las referencias para la determinación de sus precios de venta, tengan efectos negativos en sus ingresos y se conviertan en un riesgo para garantizar la estabilidad financiera de la empresa, la aportación de dividendos para el Estado y la seguridad laboral de los 1,061 empleados de la salinera? ¿Qué impacto tendrán los resultados de esta importante auditoría de desempeño en la determinación del presupuesto del próximo año? ¿Jugará un papel activo en su calidad de órgano técnico de la Cámara de Diputados para elevar la calidad del proceso de asignación presupuestario?

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Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Como resultado de la auditoría 374-DE “Producción, transportación y comercialización de sal”, se emitieron 14 recomendaciones: una al Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI), dos a la Secretaría de Economía (SE) y 11 a Exportadora de Sal, S.A. de C.V (ESSA). La acción correspondiente al FIFOMI estuvo orientada a que el fideicomiso, en su calidad de representante del Gobierno Federal como accionista mayoritario de la empresa, sometiera a consideración de la asamblea de accionistas de la paraestatal la definición de los plazos para el pago de dividendos al Estado, a fin de que, cuando éstos sean determinados, se liquiden los correspondientes al Gobierno Federal. Las recomendaciones emitidas a la SE tuvieron como propósito que dicha instancia, en su calidad de coordinadora del sector minero, y a la cual ESSA se encuentra sectorizada, analice los criterios para el cálculo del precio Libre a Bordo (LAB) de la sal, a fin de ajustarlos con base en las referencias de mercado final más adecuadas, y con ello generar una mayor rentabilidad. Por su parte, las acciones dirigidas a ESSA fueron en el sentido de fortalecer, en el corto y mediano plazos, sus estrategias empresariales para incrementar su participación en el mercado internacional de sal, con el objeto de mejorar su situación financiera. Respecto a la segunda pregunta, es importante subrayar que, de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (LFEP), ESSA constituye una empresa de participación estatal mayoritaria que opera con recursos propios obtenidos de la comercialización de sal marina, por medio de la exportación; y cuyo presupuesto es autorizado por la Cámara de Diputados, a partir de lo aprobado por su Órgano de Gobierno. En relación con la última pregunta, desde la perspectiva de la ASF, la atención de las recomendaciones formuladas contribuirá a que la empresa fortalezca su gestión, mantenga finanzas sanas que garanticen su rentabilidad, y alcance una mayor liquidez, lo que le permitiría definir y programar un presupuesto suficiente para cumplir con sus objetivos y metas.

Grupo Parlamentario PVEM Rubro: Datos Básicos

I. Dentro del apartado de Consideraciones para la labor legislativa, específicamente en el numeral 3.1.2 denominado “Áreas clave con riesgo en la gestión del sector público”, se ubica al tema de las Contrataciones realizadas entre dependencias y entidades públicas al amparo del artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como un área que registra recurrencia de prácticas que propician desvío de recursos públicos. Al respecto, ¿qué controles adicionales a los ya señalados

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normativamente propondría esa Auditoría para mejorar los procesos de licitaciones públicas?

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Con base en las auditorías practicadas con motivo de la fiscalización de las Cuentas Públicas de 2001 a 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha destacado, en diversas ocasiones, que la utilización del artículo 1°de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) ha propiciado que muchos de los servicios que podrían ser licitados, se adjudiquen de manera directa utilizando este mecanismo, mayormente a institutos del Gobierno Federal o universidades. Desde la perspectiva de la ASF, los costos de utilizar dicho esquema no representan ninguna ventaja y, en términos de calidad, los trabajos entregados, en su mayoría, no cumplen con lo estipulado en los contratos. Adicionalmente, se ha observado que, en muchos casos, los servicios son subcontratados por falta de capacidad técnica y humana por parte de los institutos o universidades originalmente contratados. Asimismo, en ocasiones las empresas subcontratadas, vuelve a subcontratar una o varias veces más, los servicios pactados.

Con el propósito de reducir los espacios de opacidad en este tipo de operaciones, a partir de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la ASF ha emitido diversas recomendaciones a la Cámara de Diputados, entre las que destacan las siguientes:

a. Eliminar la excepción a licitación a través del artículo 1° de la LAASSP, para

obligar a que todos los convenios, contratos o cualquier tipo de instrumento jurídico que sea celebrado entre dependencias o entidades de la Administración Pública Federal (APF), compitan bajo las mismas condiciones que los organismos privados.

b. En tanto no se modifique el artículo 1º de la LAASSP, cualquier contratación sustentada al amparo de este artículo, deberá ser suscrita por la persona de más alto rango en la entidad o dependencia, con el objeto de que sea corresponsable en el uso de los recursos para el servicio solicitado.

II. Dentro de los propios apartados de Consideraciones para la labor legislativa, numeral

3.1.2 denominado “Áreas clave con riesgo en la gestión del sector público”, al desarrollar el tema de los Padrones de los programas gubernamentales que otorgan subsidios, esa Auditoría concluye que luego del transcurso de 16 años en que las leyes federales y los presupuestos de egresos establecieron la obligación de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal conformaran los padrones de beneficiarios y sus sistemas integradores para maximizar la eficiencia y control en el otorgamiento de subsidios, aún prevalece el problema relativo a la falta de estructuración e integración de los mismos, así como el de la dispersión de información que imposibilita detectar errores, duplicidades o abusos en la canalización de recursos.

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En ese sentido, ¿qué mecanismos institucionales sería conveniente adoptar con el objeto de hacer frente a las problemáticas descritas?

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Con el objetivo de contribuir a la consolidación de la política de padrones de los programas de subsidios, la ASF ha planteado las siguientes sugerencias a la Cámara de Diputados:

a. Adicionar una fracción al artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) para que los operadores de los programas presupuestarios tengan la obligación de conformar y actualizar su padrón de beneficiarios, así como de señalar la complementariedad o exclusión entre los apoyos otorgados.

b. Disponer en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) recursos para implementar

las plataformas tecnológicas que albergarán los datos de los padrones de los programas con beneficiarios, así como de los padrones únicos. Dichas plataformas tecnológicas deberían ser homogéneas, a efecto de integrar, de forma estructurada, la información objetiva y fehaciente de los padrones. Asimismo, dichos sistemas deberían permitir la conexión de las distintas bases de datos, a fin de determinar la distribución de recursos por beneficiario, su correspondencia con la población objetivo, y el cumplimiento de los criterios conforme a lo dispuesto en las reglas y lineamientos de operación.

c. Incluir en el PEF la obligación de que los Órganos Internos de Control (OIC) en las

dependencias revisen la integración de los padrones de beneficiarios, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa.

De igual forma, la ASF ha recomendado a las dependencias integradoras de los padrones, a los operadores de los programas de subsidio y a los responsables del Sistema Nacional de Identificación Personal, lo siguiente:

a. Que la Secretaría de la Función Pública (SFP), en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), diseñe una metodología para recabar, de manera homogénea, los datos de los beneficiarios, verificar la veracidad de la información proporcionada por los mismos, y acreditar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, con el fin de contar con información comparable que facilite la emisión de reportes, estadísticas y diagnósticos.

b. Que la SFP, la SEDESOL y la SAGARPA fortalezcan los mecanismos de coordinación con las entidades y dependencias de la APF y con los estados y municipios, a efecto de que remitan sus respectivos padrones para la debida integración y actualización del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), el

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Padrón Único de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social (PUB) y el Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural (PUOSBSR).

c. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) analice la pertinencia de incluir en el PEF la obligación de que en cada una de las reglas de operación y lineamientos de los programas con beneficiarios se indique si éstos son complementarios, excluyentes, o si operan en coparticipación con otros, a efecto de determinar, en su caso, duplicidades de asignación.

d. Que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) consolide el Sistema Nacional de Identificación Personal, el cual contribuiría a generar certeza sobre la asignación de recursos a los beneficiarios de los programas presupuestarios.

III. En el aludido apartado de Consideraciones para la labor legislativa, numeral 3.1.2

denominado “Áreas clave con riesgo en la gestión del sector público”, esa entidad destaca el cambio de modelo de ejecución de obra pública en México, debido a la incorporación de las Asociaciones Público Privadas (APP), lo cual conlleva desafíos adicionales en materia de transparencia y rendición de cuentas, advirtiendo que la fiscalización enfrenta limitaciones respecto a la revisión integral de las etapas de los proyectos que se llevan a cabo bajo este esquema de financiamiento y puntualizando que esa Auditoría ha identificado una serie de elementos que deben ser tomados en cuenta para asegurar la correcta operación de este tipo de proyectos, como es la justificación suficiente de la factibilidad y beneficios de este modelo de contratación en relación con otras formas de financiamiento.

IV. En cuanto a la implementación de estas acciones fiscalizadoras, ¿qué obstáculos principales ha encontrado la Auditoría Superior para llegar a la formulación de las recomendaciones correspondientes?

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Es importante mencionar que el objetivo de plantear posibles limitaciones respecto a la fiscalización de las Asociaciones Público-Privadas (APP) era en el sentido de resaltar que éstas constituyen, relativamente, un nuevo objeto de auditoría, tanto para la ASF como para las Entidades Fiscalizadoras Locales (EFL), en el que se involucra, en la primera etapa de los proyectos, la utilización de recursos de privados. Sin embargo, desde la perspectiva del órgano fiscalizador federal, hasta ahora no se han presentado obstáculos. De manera ilustrativa, se puede mencionar la auditoría 236-DS “Construcción y operación de unidades médicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en la modalidad de APP, correspondiente a la Cuenta Pública 2016, que dio lugar a cinco recomendaciones para el ISSSTE y una para la SHCP, orientadas a las siguientes prioridades:

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a. Dotar de certeza jurídica a las funciones del área encargada de coordinar y operar los proyectos de APP dentro de la SHCP.

b. Garantizar procesos homogéneos en la evaluación de factibilidad de los proyectos e implementación de mecanismos que mejoren el flujo de la información y operación.

c. Asegurar las mejores condiciones para el Estado, a partir de una evaluación robusta, por parte de la SHCP, de las actualizaciones de costos de los componentes de la contraprestación presentados por el desarrollador.

Rubro: Hacienda y Crédito Público

I. En cuanto hace a la fiscalización de las finanzas públicas estatales, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estimó que en 2016 el endeudamiento interno alcanzó los 586 mil 600 millones de pesos, equivalentes al 82 por ciento de las Participaciones Federales. Este fenómeno lo atribuyen también a la falta de un marco regulatorio que ejerza control sobre los niveles de deuda, el poder de decisión de los Gobernadores por encima de los congresos estatales y la amplia oferta de financiamiento a los gobiernos estatales por parte de instituciones financieras. Como todos sabemos, a partir de 2016 entró en vigor la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios, en la que se solventan dichas deficiencias y otras más. A casi dos años de su entrada en vigor le pregunto: ¿Qué resultados estima la ASF ha encontrado o espera encontrar en materia de fiscalización de las finanzas públicas de las entidades federativas para la fiscalización de las cuentas públicas de 2017 y de 2018?

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: En las auditorías realizadas sobre la deuda pública subnacional al cierre de 2016, se identificaron, en general, las siguientes situaciones: (1) los gobiernos locales no concluyeron la armonización legal y normativa con las nuevas disposiciones; (2) cometieron errores en la contratación de la deuda pública bajo las mejores condiciones de mercado; (3) tuvieron deficiencias en la información contable, financiera y presupuestaria, lo que afectó el cálculo de indicadores, la transparencia y la rendición de cuentas; (4) se pagaron comisiones no establecidas en los contratos de crédito con las instituciones financieras; y (5) se incurrió en probables faltas administrativas en el manejo de los recursos obtenidos mediante deuda pública y otros financiamientos. En particular, en la auditoría 57-GB “Posición fiscal de los gobiernos de las entidades federativas” (correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública 2016) en lo que se refiere a la sostenibilidad de los balances presupuestario y presupuestario de recursos disponibles, en los términos señalados en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDFEFM) y con información de la Cuenta Pública Local 2016, se identificó lo siguiente:

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a. 24 entidades generaron balances presupuestarios sostenibles y ocho estados (Jalisco, Baja California, Chihuahua, Yucatán, Michoacán, Coahuila, Durango y Zacatecas) reportaron balances presupuestarios deficitarios.

b. 22 entidades reportaron balances presupuestarios de recursos disponibles sostenibles y en 10 entidades (Jalisco, Durango, Coahuila, Baja California, Michoacán, Chihuahua, Tabasco, Campeche, Veracruz y Nayarit) se observaron déficits.

En el análisis de la sostenibilidad realizado por la ASF, con base en los balances presupuestario, sin financiamiento neto ni Remanentes del Ejercicio Anterior (REA), y presupuestario de recursos disponibles, sin financiamiento neto ni REA de Ingresos de Libre Disposición (ILD), en relación con los indicadores de sostenibilidad, de inversión, y de capacidad de pago, se estimó la posición fiscal de las entidades en 2016:

a. 15 no fueron sostenibles (Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas); seis fueron sostenibles con perspectiva de riesgo; y 11 se consideraron como sostenibles en dichos balances.

b. De la información financiera y presupuestaria reportada en los formatos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), ocho entidades (Baja California, Campeche, Colima, Guanajuato, Estado de México, Nayarit, Tamaulipas y Tlaxcala) cumplieron con los lineamientos establecidos. En contraste, en 24 entidades se encontraron inconsistencias en la presentación de los formatos mencionados, debido a que tuvieron errores en el cálculo de, al menos, uno de los cuatro balances presentados en el formato 4 “Balance Presupuestario LDF” y, en su mayoría, no se publicaron en estándar de datos abiertos.

La ASF observó que los valores de los rangos que determinan el nivel de endeudamiento en la medición del Sistema de Alertas que opera la SHCP fueron holgados, por lo que las entidades con un nivel elevado de deuda pública y de obligaciones financieras podrían ser clasificadas en el nivel de observación o sostenible, y podrían acceder a un techo de financiamiento neto anual superior a su capacidad de pago, lo que podría implicar riesgos y presiones a la sostenibilidad de sus finanzas públicas. La ASF identificó una diferencia de 216,183.8 millones de pesos (mdp), entre el saldo de las obligaciones de las entidades federativas reportado en las estadísticas trimestrales publicadas por la SHCP (515,089.0 mdp), con el reportado en la Cuenta Pública 2016 local e información del Sistema de Alertas publicado por la SHCP (731,272.8 mdp), la cual correspondió a otras obligaciones financieras, pasivos, proveedores, contratistas y APP. Finalmente, debido a la importancia de esta temática, para la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, se llevará a cabo una auditoría sobre la posición fiscal de las 32 entidades federativas y otras específicas sobre las finanzas y la deuda pública de algunas entidades federativas y municipios. Los resultados previsibles, tomarán en cuenta elementos como los anteriormente descritos.

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II. En el Informe General de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública de 2016, la

ASF realiza 74 propuestas de reformas legislativas, derivadas de los vacíos en la ley encontrados a partir de las auditorías practicadas. En materia de Banca de Desarrollo hace cinco propuestas, de éstas hay una que nos llama la atención como grupo parlamentario, pues trata de incorporar disposiciones generales aplicables a las Instituciones de Crédito para mejorar los controles de comprobación de los recursos en los proyectos de infraestructura financiados por Banobras, con el objetivo de eliminar el desfase de los resultados esperados y los obtenidos mediante la fiscalización. Al respecto quisiéramos saber: ¿Cómo la ASF contempla mejorar los mecanismos vigentes? y si se requiere crear nuevos, ¿qué características deben tener?

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se practicó la auditoría 93-GB “Cartera de crédito vigente”, a partir de la cual la ASF concluyó que, con el fin de mejorar los mecanismos vigentes de comprobación de los recursos en los proyectos de infraestructura financiados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), es necesario que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), evalué las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito y demás normativa que regula las operaciones de la banca de desarrollo, relacionadas con la cartera de crédito. Para Banobras se emitieron dos recomendaciones consistentes en:

a. Definir en su normativa y en los contratos que celebre con los gobiernos estatales o municipales, los mecanismos de seguimiento y comprobación que, en forma directa o mediante terceros, debe aplicar en los recursos crediticios que otorga, con el fin de que, invariablemente, se destinen a los proyectos de inversión o conceptos autorizados por el banco.

b. Incluir la aplicación de penas convencionales o sanciones por el incumplimiento en el destino de los recursos autorizados por el banco, con el fin de que se apliquen las sanciones en tiempo y forma; medida que estaría a cargo de las áreas responsables de elaborar, revisar y suscribir los contratos que se formalizan para el otorgamiento de créditos a entidades gubernamentales.

III. En el mismo sentido, sobre las propuestas de reforma a distintos ordenamientos legales,

existe la propuesta de modificar el artículo 2° de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para incluir los conceptos de sostenibilidad y capacidad de financiamiento del sector público federal. Por lo anterior queremos saber: ¿Qué debemos entender por los mencionados conceptos y cómo puede influir su inclusión en la determinación de las metas anuales de requerimientos financieros del sector público?

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Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: La LFPRH y su Reglamento, no definen el concepto y el método para medir la capacidad de financiamiento del Sector Público Federal (SPF), aunque el artículo 16, fracción V de dicha ley, dispone que la meta anual de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se determinará por la capacidad de financiamiento del SPF; mientras que el artículo 11B de su Reglamento establece su congruencia en términos de la trayectoria constante o decreciente del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) en el mediano plazo. La SHCP emite la metodología de los RFSP e informa, en general, de estas obligaciones en los documentos públicos; sin embargo, no presenta los datos, las fórmulas o los cálculos realizados para estimar y proyectar cada uno de los componentes que integran los RFSP. La meta anual de los RFSP se determina, a nivel global, como porcentaje del PIB y a partir del monto estimado se distribuye entre sus principales componentes. Una vez definidos el balance público y los requerimientos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), del programa de apoyo a deudores, de Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (PIDIREGAS) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la banca de desarrollo, las

adecuaciones a los registros presupuestarios y la adquisición neta de activos se determinan por la diferencia residual. El cumplimiento de la meta anual de los RFSP no asegura que se mantenga constante o decreciente la relación del SHRFSP como proporción del PIB a mediano plazo, en los términos que establece el artículo 11B del Reglamento de la LFPRH, por lo que es un mecanismo que se puede reforzar para la sostenibilidad fiscal. Lograr dicha tendencia constante o decreciente, define para la SHCP y la normativa vigente, la condición de sostenibilidad de las finanzas públicas y también determina la capacidad de financiamiento del SPF. Debido al reducido margen de maniobra del Gobierno Federal, es prioritario el cambio de tendencia en el balance primario, para que sea superavitario y su monto sea equivalente al del costo financiero, en razón de que la deuda pública y el SHRFSP, ambos medidos como porcentaje del PIB, en 2016 alcanzaron niveles cercanos a sus límites máximos prudenciales, lo que también fue señalado por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y agencias calificadoras. La LFPRH y su Reglamento sólo consideran al SHRFSP como el indicador más amplio de las obligaciones del SPF; sin embargo, el indicador de la Posición Financiera Neta del SPF, al basarse en información de los estados financieros, es más amplio y preciso respecto de los activos y pasivos, por lo que sería el más indicado para apoyar la medición de la sostenibilidad de las finanzas públicas del SPF en el mediano plazo.

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IV. En el sector Hacienda y Crédito Público, para la fiscalización de la Cuenta Pública de 2016, se detectó que el número de auditorías practicadas disminuyó con respecto a ejercicios anteriores. En este sentido, quisiéramos conocer los motivos por los que se realizaron menos auditorías a dicho sector, así como por qué se dejó de considerar al Banco de México como parte del mismo dada la naturaleza de sus funciones.

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Con motivo de la fiscalización de las Cuentas Públicas de 2012 a 2016, la ASF realizó 25 revisiones de desempeño a la SHCP. Los temas que se abordaron fueron: (1) el Sistema de Evaluación de Desempeño (SED), (2) el Sistema Nacional de Pensiones, (3) la Administración del Patrimonio Inmobiliario, (4) el Sistema Financiero Mexicano y (5) los ingresos tributarios y la deuda pública. En dichas revisiones se analizó la contribución de la SHCP respecto a la solidez y prudencia del sector financiero en su conjunto, y al fomento al crédito por medio de la banca de desarrollo; objetivos incluidos en la Reforma Financiera del 10 de enero del 2014 y en la Política de Inclusión Financiera emitida en junio 2016. En cuanto al Banco de México (Banxico), de 2012 a 2016, se practicaron dos auditorías de desempeño y una evaluación de política pública. Las auditorías se relacionaron con la función de dicho órgano como instancia encargada de la regulación y supervisión del Sistema Financiero Mexicano. Por otra parte, la evaluación correspondiente a la política pública de la banca de desarrollo, se centró en la participación de Banxico en la emisión de circulares que regulan las operaciones de las instituciones financieras; el monitoreo de las operaciones financieras; la realización de visitas de inspección para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable, y la emisión de las observaciones y sanciones emitidas, a fin de procurar la estabilidad y el correcto funcionamiento de la banca de desarrollo. La ASF en el marco de su autonomía técnica y de gestión, analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de auditoría, para su inclusión en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) de la Cuenta Pública 2018, sobre el desempeño de Banxico respecto a la promoción del desarrollo del sistema financiero. Asimismo, se analizará la factibilidad de incluir revisiones sobre el papel de Banxico como instancia rectora de la política monetaria y de inflación del país. Rubro: Otras Funciones de Gobierno

I. Por lo que se refiere a la Evaluación de la Política Pública Migratoria, encabezada por la Secretaría de Gobernación, particularmente en la Auditoría Estudio No. 1787, se señala que los responsables de cumplir con el mandato de la Ley de Migración son: la SEGOB, para coordinar las acciones interinstitucionales; la SRE, para documentar y registrar los flujos migratorios; el INM es el ejecutor de dicha política pública, y la COMAR, como

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operadora de la ayuda humanitaria de refugio; sin embargo, no se contó con mecanismos institucionales para garantizar una participación permanente de las autoridades migratorias y auxiliares, en la atención a la problemática de los flujos migratorios; además, las estrategias y acciones instrumentadas por la SEGOB, como unidad responsable de la coordinación, fueron débiles e insuficientes para atender el fenómeno de manera integral; motivo por el cual se determinó, en cuanto a los resultados de la Política Pública Migratoria, que, del periodo 2007-2011 al 2012-2016 hubo una disminución de derechos de los migrantes vulnerados, con lo que se dictaminó que no se ha logrado revertir el incremento de la vulnerabilidad de los migrantes, ya que continúa existiendo una coordinación institucional carente de efectividad. En ese orden de ideas, ¿qué tipo de acciones tanto en el ámbito administrativo, como legislativo, se considera necesario efectuar principalmente para consolidar los instrumentos de protección de este sector vulnerable?

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Derivado del estudio 1787 “Política pública migratoria”, la ASF formuló 12 recomendaciones enfocadas a las acciones de coordinación y armonización, garantía, ordenamiento, promoción y protección13 de las autoridades migratorias: SEGOB, Instituto Nacional de Migración (INM), Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Respecto a las acciones de coordinación y armonización, ordenamiento, promoción y protección, la ASF recomendó lo siguiente:

a. Que la SEGOB, el INM, la COMAR y la SRE (1) realicen un diagnóstico integral sobre la problemática de los flujos regulares e irregulares de migrantes, en el cual se incorpore la estimación de los migrantes que se internan, transitan y salen del país en situación irregular; (2) identifiquen las necesidades de armonización del marco normativo migratorio que incluya un plan ordenado para su homologación, y (3) precisen las

13 Coordinación y armonización: consiste en la colaboración permanente de todas las instituciones del Estado mexicano para la atención del fenómeno migratorio. Garantía: es el conjunto de normas jurídicas y administrativas para dar fundamento y articulación a la política. Ordenamiento: se refiere a las funciones gubernamentales para regular el ingreso, estancia y salida de los migrantes extranjeros; en el caso de los flujos regulares, por medio de la resolución de trámites migratorios, generando registros estadísticos de su movilidad, y supervisando que cumplan con sus obligaciones o, de lo contrario, presentarlos ante el INM para la resolución de su situación migratoria o la asistencia para el retorno o deportación. En los flujos irregulares, el ordenamiento consiste en la verificación de estatus migratorio de los extranjeros en el territorio nacional. Promoción: se orienta en dar a conocer y difundir obligaciones y derechos de los migrantes. Incluye la capacitación a los servidores públicos que, por sus funciones, tienen mayor interacción con ellos. Protección: implica atender a migrantes víctimas de violaciones de derechos humanos o que requieran ayuda humanitaria, así como asistencia para resolver su situación migratoria en condiciones seguras, teniendo en cuenta su vulnerabilidad, en particular de las mujeres y de los menores de edad.

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carencias, en materia de infraestructura, para la operación de los servicios migratorios, y de capacitación del personal que tiene contacto con los migrantes.

b. Que la SEGOB genere mecanismos institucionales para garantizar una participación permanente y efectiva de las autoridades migratorias (SEGOB, COMAR, INM y SRE) y de las auxiliares: Secretaría de Turismo (SECTUR), Secretaría de Salud (SS), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Procuraduría General de la República (PGR), Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Policía Federal (PF) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

c. Que la SEGOB establezca los mecanismos para que en el Consejo Consultivo de Política Migratoria (CCPM) se incluya a representantes de la COMAR, PGR, INMUJERES, SS, SECTUR y la PF, en su carácter de autoridades establecidas por la ley para el auxilio y apoyo de los migrantes.

d. Que las autoridades migratorias implementen las medidas que consideren necesarias para que el CCPM cuente con un plan de trabajo acorde con los objetivos del Programa Especial de Migración (PEM) 2014-2018.

En materia de coordinación y armonización, la ASF recomendó lo siguiente:

a. Que las autoridades migratorias diseñen, con base en un diagnóstico, los mecanismos necesarios para armonizar el marco jurídico de la política migratoria.

En materia de coordinación y ordenamiento, la ASF recomendó lo siguiente:

a. Que el INM establezca mecanismos que permitan la adecuada integración del Registro Nacional de Extranjeros (RNE), y su reporte para la conformación del Catálogo de los Extranjeros Residentes en la República Mexicana (CERRM).

En materia de coordinación y promoción, la ASF recomendó lo siguiente:

a. Que las autoridades migratorias establezcan programas de capacitación en materia de derechos humanos y equidad de género, con base en un diagnóstico de necesidades, en el que se determine el universo del personal a capacitar y metas de avance en esta actividad. Dicho programa debería contar con la colaboración de la CNDH y el INMUJERES, a fin de profesionalizar al personal que opera en las estaciones migratorias y estancias provisionales, para que cuenten con las competencias necesarias para atender a los migrantes en situación de vulnerabilidad.

En materia de coordinación y protección, la ASF recomendó lo siguiente:

a. Que el INM realice un registro oficial sobre los migrantes reportados como desaparecidos y localizados, y del número de migrantes irregulares extranjeros que murieron en el país, y diseñe un protocolo de actuación para que los cadáveres sean devueltos a los países de origen, con el propósito de que la política migratoria cuente con mecanismos suficientes para determinar en qué medida los procesos de protección

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realizados por los grupos beta han contribuido a mitigar el problema público que le dio origen.

b. Que el INM cuente con registros sistematizados de quienes se encuentran en los lugares de resguardo de migrantes, por medio de los cuales se pueda monitorear la cantidad de personas alojadas en estaciones migratorias y estancias provisionales, así como indicadores de ocupación en dichos espacios, para prevenir el hacinamiento.

c. Que el INM establezca una metodología y sistemas para programar y registrar las visitas de supervisión, las observaciones emitidas y el avance en el cumplimiento de éstas, y diseñe instrumentos de sanción que incentiven la pronta resolución de las debilidades detectadas.

d. Que el INM implemente una metodología para identificar, en cada uno de los 58 lugares de alojamiento para migrantes irregulares, las necesidades relacionadas con personal médico, consultorios, medicamentos, psicólogos, y personal especializado en la atención de migrantes en situación de vulnerabilidad, como los menores de edad no acompañados, mujeres y víctimas del delito.

e. Que el INM lleve a cabo un registro de los migrantes que denuncian, los que no denuncian pero que fueron identificados como víctimas del delito, así como los motivos por los que prefieren no denunciar; asimismo, de aquellos que decidieron denunciar y registrar el seguimiento de su caso para conocer la conclusión del proceso de impartición de justicia.

Finalmente, la ASF ha propuesto la siguiente modificación a la Ley de Migración (LM), con el fin de atender las problemáticas antes referidas:

a. Adicionar la obligatoriedad de que los gobiernos estatales y municipales regulen, en sus marcos legales respectivos, la responsabilidad de informar a los migrantes de los flujos regulares e irregulares, sus derechos y obligaciones, a fin de que no sufran agravios en sus derechos humanos ni sean susceptibles de ser víctimas de delitos.

II. En lo tocante al Proyecto para la Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General

de la Nación y Remodelación de las Instalaciones Actuales, en la Ciudad de México Auditoría de Inversiones Físicas. No. 28., se identificó como hallazgo relevante algunas deficiencias en la publicación de la convocatoria y falta de información en la integración del contrato. En relación con la licitación pública nacional núm. LO-004EZN999-E4-2016, AGN SROP GPS 003/2016-LPN, con la que se adjudicó el contrato de servicios relacionados con la obra pública “gerencia de proyecto y supervisión de obra para la construcción del nuevo edificio del archivo general de la nación y remodelación de las instalaciones actuales, etapa 2016”, en la convocatoria no se incluyeron las especificaciones generales y particulares; y no se anexaron a dicho contrato los términos de referencia correspondientes. En ese tenor, ¿cuáles son las acciones implementadas por esa Auditoría para precisar estos aspectos?

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Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Respecto a la auditoría referida (28-GB “Proyecto para la construcción del nuevo edificio del Archivo General de la Nación y remodelación de las instalaciones actuales, en la Ciudad de México), es importante destacar que las deficiencias administrativas fueron atendidas por la entidad fiscalizada, ya que aportó evidencia documental con la que acreditó que el contrato formalizado para el desarrollo de los trabajos de gerencia de proyecto y supervisión de obra sí contaba tanto con los términos de referencia, como con las especificaciones generales y particulares. Asimismo, el ente fiscalizado instrumentó las medidas correctivas necesarias para subsanar dichas deficiencias. De manera específica, el ente emitió un oficio circular a todas sus áreas operativas, con el objeto de que, en lo subsecuente, los procedimientos de contratación de servicios relacionados con obra pública, de ser necesario, incluyan la totalidad de la documentación que, de forma potestativa, indica la legislación y normativa aplicable.

III. En el apartado de Erogaciones para la Atención a Comunidades Mexicanas en el Exterior y Protección y Asistencia Consulares, concretamente en cuanto a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento. No. D17001, esa Auditoría advirtió como hallazgo relevante un Ejercicio de recursos carente de información substantiva. Al respecto, para los ejercicios 2014 y 2015, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) contó con su programa de trabajo que, en el apartado “G. Acciones Concretas”, señaló los diferentes rubros que atiende (salud, educación, desarrollo económico, desarrollo cultural, desarrollo político y organización comunitaria). Sin embargo, no se establecieron cronogramas para la ejecución de las actividades o acciones, los responsables de la ejecución, el recurso presupuestal a asignar a cada programa o actividad, así como el seguimiento del ejercicio del recurso, entre otros aspectos; asimismo, no reflejó el área y nombre del servidor público que autorizó el citado programa de trabajo. Finalmente, en ambos ejercicios, el IME no contó con lineamientos que precisaran y regularan los procesos a seguir para el control de los recursos asignados a las Representaciones de México en el Extranjero (RME), así como para ejecutar los programas, actividades o acciones con cargo en el presupuesto del instituto y para garantizar el cumplimiento de los fines para los cuales se otorgaron dichos recursos. Las “Normas para la Ejecución de los Programas de Protección a Mexicanos en el Exterior” y el “Manual de Políticas y Normas Presupuestarias para las Representaciones de México en el Exterior” no contemplaban de forma clara los procedimientos e instrucciones específicas que deberían realizar las Unidades Responsables respecto de las radicaciones extraordinarias a las RME para el cumplimiento de sus “programas o actividades”. Sobre esta falta de claridad normativa, ¿en qué tipo de aspectos debieran centrar su atención la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en general, cualquier dependencia de la Administración Pública Federal para superar los vacíos mencionados?

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Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Desde la perspectiva de la ASF, ante la existencia de fallas de índole normativa, cualquier dependencia de la APF debe asegurarse de contar con procedimientos claros, específicos y suficientes que les permitan constatar que la administración de los recursos se realice con base en los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, y que éstos se ejerzan en los fines para los que fueron otorgados; en el caso particular de la SRE, para beneficio de las comunidades mexicanas en el exterior. Rubro: Desarrollo Económico

I. En el diagnóstico sobre el Sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la ASF detectó que existe un reducido impacto de los recursos públicos en la actividad de dicho sector, dado que existe un comportamiento en sentido inverso del multiplicador del gasto. Ustedes señalan que dicho comportamiento se explica por la existencia de un sector comercial exportador altamente competitivo. En este sentido, quisiéramos solicitar mayor amplitud en la explicación sobre la influencia del gasto agropecuario sobre la PIB agropecuario, dado que siempre existe, como Diputados, la intención de asignar mayores recursos a este sector; sin embargo, hace falta tener mayor conocimiento sobre los efectos en el PIB agropecuario del presupuesto que aprobamos para el sector primario.

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Con motivo de la fiscalización de las Cuentas Públicas 2014, 2015 y 2016 se realizaron las siguientes evaluaciones de política pública, respectivamente: 1646 “Pesca y acuacultura”, 1582 “Ganadería”, y 1785 “PROAGRO Productivo”. Una constante en las referidas evaluaciones fue la falta de sistemas de control y monitoreo que permitieran conocer los efectos de las acciones implementadas, en el PIB pesquero, ganadero y agropecuario, como se describe a continuación: - Pesca y acuacultura Durante el periodo 2001-2014, el valor de la producción del sector decreció 1.2 por ciento en promedio anual, al pasar de 24,274.9 mdp en 2001 a 20,760.8 en 2014; en tanto que, en ese mismo periodo, el gasto ejercido para la implementación de la política de pesca y acuacultura se incrementó 13.1 por ciento en promedio anual, al pasar de 687.3 a 3,400.7 mdp. Al respecto, la ASF determinó las siguientes deficiencias:

a. Los programas, componentes y subcomponentes implementados carecen de mecanismos de control y seguimiento para conocer su efecto en el incremento de la rentabilidad y el ingreso de los pescadores y acuacultores del país.

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b. Los cambios programáticos dirigidos a atender la baja rentabilidad del sector durante el periodo 2001-2014, propiciaron deficiencias en la focalización de la población objetivo, lo cual limitó conocer del número total de personas beneficiadas por esta estrategia.

c. Se carece de un sistema de información integral que articule los resultados de los distintos programas implementados, por componente, subcomponente y periodo de operación.

- Ganadería

a. Durante el periodo 2001-2015, el valor de la producción del sector ganadero se incrementó en 2.8 por ciento en promedio anual, al pasar de 260,667.5 mdp en 2001, a 381,565.1 en 2015; en tanto que, en esos mismos años, los recursos fiscales destinados a la política pecuaria se incrementaron en 13.1 por ciento en promedio anual, al pasar de 4,748.9 a 26,679.3 mdp.

b. De acuerdo con el análisis de la ASF, el diseño de la política pública no se sustentó en un ejercicio de planeación, programación y presupuestación que permitiera precisar la contribución de las acciones implementadas en materia pecuaria; situación que limitó la definición de indicadores y metas que aporten información confiable y oportuna para la adecuada toma de decisiones.

- PROAGRO Productivo y su antecedente PROCAMPO

a. Durante el periodo 1994-2016, el valor de la producción del sector agrícola se incrementó en 10.4 por ciento en promedio anual, al pasar de 98,704.8 mdp en 1994 a 872,122.8 en 2016; en tanto que los recursos públicos destinados a dicho sector decrecieron en 3.5 por ciento en promedio anual, al pasar de 23,626.8 a 10,803.9 mdp.

b. La ASF determinó que, si bien el sector ha evolucionado favorablemente, como su participación en el PIB lo muestra, la SAGARPA no cuenta con datos específicos para conocer cuáles son los componentes que han propiciado dicho progreso, además de que se desconoce el incremento en la rentabilidad y el ingreso de los productores agrícolas beneficiados.

c. En general, se observa una falta de información que permita vincular y cuantificar el efecto del gasto público respecto del crecimiento económico del sector agropecuario expresado en términos del PIB.

Finalmente, de acuerdo con el diagnóstico del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario (PSDAPA) 2013-2018 “en el campo mexicano existe un segmento comercial altamente competitivo con empresas que generan divisas por más de 20 mil millones de dólares anuales; en contraste, la gran mayoría de las Unidades Económicas Rurales son de subsistencia o autoconsumo y no necesariamente alcanzan la producción mínima para la nutrición”. En el propio programa se señala que en 2012 existían más de 5,336,000 Unidades Económicas Rurales (UER), de las cuales el 73.1 por ciento (3,900,000) se consideraban de subsistencia, ya

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que tenían ingresos anuales netos menores a 17.0 miles de pesos; el 8.3 por ciento (442.0 miles), en transición, ya que habían dejado la subsistencia para incursionar en el mercado, con ventas promedio anuales de 73.9 miles de pesos; el 9.9 por ciento, como empresas con rentabilidad frágil, con ventas promedio anuales de 152.0 miles de pesos; el 8.4 por ciento (448.0 miles), como empresas pujantes, con ingresos anuales superiores a los 562.0 miles de pesos, y el 0.3 por ciento (18.0 miles), definidas como empresas dinámicas, comparables con las de la industria o del sector servicios.

II. Como es por todos conocido, para nuestro partido es de gran importancia las regulaciones impuestas a los vehículos de carga en nuestro país. Lo anterior, debido a que los transportes de carga doblemente articulados se han visto involucrados en fuertes incidentes de tránsito que, a la fecha, han costado muchas vidas. Dicho esto, es de gran interés la postura de la ASF al indicar que la carencia de un sistema de información dificulta la consolidación de controles de las condiciones físico – mecánicas del autotransporte. Con relación a lo anterior, es nuestro interés conocer la opinión de la ASF sobre cómo podemos, desde el poder legislativo, contribuir a la instauración de un sistema de tal naturaleza.

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se practicó la auditoría 316-DE “Definición y conducción de la política de transportes”, a partir de la cual se determinó que, de las 972,804 unidades registradas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) revisó las condiciones físico-mecánicas de 27,376, lo que representa el 2.8 por ciento; carecía de información sobre los resultados de las verificaciones físico-mecánica de 26,985 vehículos revisados en los 31 Centros SCT en las entidades federativas, por lo que el control y coordinación de la información fue deficiente para verificar que las unidades de autotransporte que se revisaron estuvieran en condiciones de calidad físico-mecánica para brindar servicios con seguridad. A partir de los resultados de la auditoría se constató que la SCT no ha desarrollado un sistema de información sobre los procesos operativos de las actividades de verificación de las condiciones físico-mecánicas del autotransporte federal que se generan en los 31 centros SCT y en la Dirección General de Autotransporte Federal. En consecuencia, la ASF emitió una recomendación al desempeño, a efecto de que la secretaría fortalezca el Sistema Institucional de Autotransporte Federal, para que se obtenga y procese información de las actividades de supervisión del autotransporte federal que realizan los 31 centros SCT. En relación con el planteamientos sobre cómo desde el poder legislativo se puede contribuir a la instauración de un sistema de tal naturaleza, la ASF considera que en el ámbito de la conformación del PEF, la Cámara de Diputados podría valorar la asignación de recursos a la SCT para la implementación de una plataforma tecnológica consolidada que interconecte, coordine,

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controle, aproveche, explote e informe los resultados de los procesos operativos de las unidades de la secretaría y los 31 centros SCT responsables de supervisar el desempeño y funcionamiento del autotransporte federal. III. Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México el tratamiento de

las aguas residuales es una prioridad. Luego de la revisión del Informe General, encontramos que la ASF detectó un rezago en el tratamiento del agua, ya que sólo se ocupó el 68.4 por ciento de la capacidad instalada y 57 por ciento respecto al caudal recolectado. Dicho lo anterior, nos interesa conocer más sobre los más de 24 millones de pesos en vías de recuperación, en la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en La Paz, Baja California Sur, así como de las irregularidades encontradas por la ASF en dicho proyecto.

IV. En cuanto hace a la auditoría financiera y de cumplimiento No. 0392 cuyo objetivo era

fiscalizar la gestión financiera de la recaudación de los derechos por Servicios, Uso, Goce o Aprovechamiento de playas, Zonas Federales Marítimo Terrestres, Terrenos ganados al mar y Depósitos de aguas marinas, la ASF se abstuvo de emitir opinión, respecto a la recaudación de los derechos correspondientes. Con relación a lo anterior, quisiéramos saber las causas que motivan dicha abstención.

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se practicó la auditoría 399-DE “Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en La Paz, en el estado de Baja California Sur”, a partir de la cual se determinó un monto probable de recuperar de 24.21 mdp; por las siguientes inconsistencias:

a. Construcción de áreas sin cumplir las dimensiones establecidas en los términos de referencia del contrato de obra pública.

b. Pagos por actividades de obra no ejecutadas.

Al respecto, se emitieron cinco Solicitudes de Aclaración; que a la fecha no han sido justificadas o, en su caso, resarcido el monto observado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y consecuentemente, ya ha sido notificado el pronunciamiento de no atención y se están formulando los Pliegos de Observaciones correspondientes. Respecto a la auditoría 392-DE “Derechos por servicios, uso, goce o aprovechamiento; playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar y depósitos de aguas marítimas”, la ASF se abstuvo de emitir opinión, debido a que, derivado de lo establecido en los Anexos No. 1 de los Convenios de Colaboración suscritos entre las entidades federativas costeras y la SHCP, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) carecen de facultades de recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos en comento y, por lo tanto, el Gobierno Federal no tiene la certeza de que la recaudación de dicho concepto presentada en la Cuenta Pública sea correcta.

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Por lo anterior, para que la SEMARNAT y el SAT verifiquen los ingresos por estos conceptos, se emitieron dos sugerencias a la Cámara de Diputados:

a. Modificar el artículo 32 Bis, y demás artículos vinculados de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), para que la SEMARNAT cuente con facultades para vigilar, en coordinación con el SAT, que los permisionarios y concesionarios cumplan con sus obligaciones de pago de derechos por servicios, y por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, en las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, así como que las entidades federativas y sus municipios reporten la recaudación correspondiente en la Cuenta Pública.

b. Reformar el artículo 3 y demás artículos vinculados de la Ley Federal de Derechos (LFD), para que el SAT cuente con la facultad de verificar y supervisar la recaudación de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, en las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, estos últimos considerados ingresos federales coordinados que, mediante la suscripción de Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, estén delegados para su administración a las entidades federativas y municipios.

Rubro: Desarrollo Social

I. En el caso de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0270, relativa a la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social. “Evaluación de los Controles Establecidos en el Otorgamiento de Apoyos de PROSPERA Programa de Inclusión Social”, esa entidad fiscalizadora dictaminó que el diseño, la implementación y la eficacia operativa del sistema de control interno tiene debilidades significativas. Además de lo ya recomendado en el Informe, ¿qué otros mecanismos debería implementar la dependencia para superar estas debilidades?

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: De acuerdo con lo señalado en el informe de la auditoría 270-DS “Evaluación de los controles establecidos en el otorgamiento de apoyos de PROSPERA-Programa de Inclusión Social”—correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública 2016— si bien la Coordinación Nacional de Prospera (CNP) tiene por objeto formular, coordinar, dar seguimiento, supervisar y evaluar la ejecución de PROSPERA, en su operación también participan las siguientes instancias: (1) las delegaciones estatales del programa; (2) la SS por medio de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y los servicios estatales de salud y/o regímenes estatales de protección social en salud e IMSS-PROSPERA; (3) la Secretaría de Educación Pública (SEP) por medio de los servicios estatales de educación y secretarías estatales de educación o equivalentes y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE); (4) la Secretaría de Economía (SE); (5) la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS); (6) la SAGARPA, y (7) el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), como institución liquidadora.

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Como puede observarse, la operación de PROSPERA tiene una naturaleza intersectorial, por lo cual se considera indispensable fortalecer la gobernanza del programa, a través de las siguientes medidas:

a. Que las dependencias y entidades participantes en el programa cumplan las responsabilidades definidas en las Reglas de Operación y demás normativa aplicable.

b. Que se realice un adecuado seguimiento de las acciones a cargo de las dependencias y entidades participantes en el programa, por parte de la CNP y de su Comité Técnico.

c. Que se lleve a cabo la identificación de riesgos operativos en las delegaciones estatales de la CNP; ya que éstas son las responsables de la operación del programa a nivel nacional.

II. Por cuanto a la Auditoría de Desempeño, No. 273, efectuada al Instituto Mexicano de

la Juventud (IMJUVE), “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud”, se dictaminó que el IMJUVE no acreditó que, en 2016, mediante el programa “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud” promoviera, generara y articulara políticas públicas integrales para los jóvenes, para su incorporación en los procesos de desarrollo, mediante el fortalecimiento de su acceso a la educación, la participación social, el trabajo y la salud, como lo mandató el PEF 2016 y la propia ley del instituto, debido a las deficiencias en el diseño del programa. En ese sentido, ¿qué clase de acciones utilizó esa entidad fiscalizadora para arribar a dicha conclusión y qué procedimientos debería atender el Instituto para mejorar los aspectos en cuestión?

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Derivado de la auditoría 273 “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud”, correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, es posible destacar las siguientes problemáticas vinculadas con el diseño, cobertura y eficacia de los programas: - Diseño

a. De acuerdo con el Manual de Programación y Presupuesto 2016, de la Unidad de Política y Control Presupuestario, de la SHCP, el programa E016 “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud” se corresponde con la modalidad E “Prestación de Servicios”, mediante el cual el Gobierno Federal ofrece servicios en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad de interés general. No obstante, en 2016 el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), en lugar de brindar servicios directos a su población objetivo, otorgó subsidios, mediante las modalidades de concursos, becas y apoyo a proyectos para jóvenes; actividades que se corresponden con programas de clasificación S “Sujetos a Reglas de Operación” o U “Otros Subsidios”. Al respecto, la ASF considera que la modalidad del programa debería ser P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”, en consistencia con el mandato del instituto establecido en el PEF y en la Ley del IMJUVE.

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b. En 2016 las Políticas de Operación del programa no establecieron objetivos, metas, estrategias, ni prioridades que permitieran identificar cómo se articularían las diversas políticas públicas dirigidas a los jóvenes, que implementan las entidades de la APF, los estados o los municipios.

- Cobertura

a. Para 2016, el IMJUVE no dispuso de indicadores, metas, ni referentes para medir la cobertura del programa, respecto de los jóvenes de 12 a 29 años que presentaron falta de acceso a la educación, la participación social, el trabajo y la salud.

- Eficacia

a. En 2016, el IMJUVE no dispuso de indicadores ni metas para evaluar en qué medida el programa generó, promovió y articuló políticas públicas orientadas a fortalecer el acceso de las personas jóvenes a la educación, la participación social, el trabajo y la salud.

b. En 2016, el instituto no acreditó el diseño, implementación y ejecución, con una perspectiva de transversalidad, de programas destinados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes, ni la coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, para articular políticas públicas destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud.

Con el objetivo de contribuir a la mejora de las políticas en favor de la juventud, la ASF planteó las siguientes sugerencias al IMJUVE:

a. Evaluar la pertinencia de modificar el programa de la modalidad E "Prestación de Servicios" a la P "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas.

b. Analizar, conjuntamente con la SEDESOL, la factibilidad de reestructurar el programa "Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud" y, en su caso, promover su modificación ante la SHCP, a fin de que sea congruente con el objeto establecido en la Ley del IMJUVE.

c. Definir criterios para la priorización de los apoyos que otorga el programa a las y los jóvenes de 12 a 29 años de edad que resulten factibles de ser atendidos.

d. Realizar los ajustes necesarios al programa presupuestario, a fin de que sea un instrumento para diseñar, implementar y ejecutar programas, con perspectiva de transversalidad.

III. Por lo que hace a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI),

concretamente dentro del “Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAIE)”, esa entidad de vigilancia dictaminó que la CDI, mediante el Programa de Apoyo a la Educación Indígena, otorgó apoyos a 77,251 estudiantes indígenas de los cuales, en 2016, se logró la permanencia escolar del 78.0% (60,288 estudiantes), ya que concluyeron el ciclo escolar en el que estaban inscritos; sin embargo, no fue posible verificar la contribución del organismo auditado en la continuidad de los estudios de

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los beneficiarios, y en la titulación de quienes recibieron apoyos para tal fin; tampoco se logró valorar en qué medida el programa logró reducir las restringidas oportunidades de acceso y permanencia al sistema educativo de la población indígena, ya que la entidad fiscalizada desconoce el número total de estudiantes indígenas que sufren esta condición. ¿Cómo considera que podría superar la citada Comisión Nacional estas deficiencias en su función cotidiana?

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: En el transcurso de la auditoría 278-DS “Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI)”, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), acreditó que en 2017, realizó el “Estudio Diagnóstico de análisis para el diseño de las estrategias de focalización, cobertura y complementariedad del PAEI”, que contiene las siguientes estrategias: (1) de focalización, lo que le permitiría distribuir con mayor eficiencia los apoyos que otorga el programa a la población objetivo; (2) de cobertura, para estimar la población potencial y objetivo del programa en el mediano y largo plazos y definir las metas anuales de población atendida, y (3) de complementariedad y coordinación con otros programas federales y estatales. En cuanto a la supervisión y evaluación de las modalidades del programa, la CDI, con motivo de la intervención de la ASF, acreditó el diseño y la gestión para la aprobación del “Programa Integral de Supervisión, Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación del Funcionamiento de las Casas y Comedores del Niño Indígena; Casas y Comedores Comunitarios del Niño Indígena, y Becas de Educación Superior y Apoyo a Titulación”, el cual contiene las directrices para supervisar y evaluar la operación del PAEI. Rubro: Gasto Federalizado

I. Como bien sabemos, la fiscalización del gasto federalizado es una de las facultades conferidas a la Auditoría Superior de la Federación a partir de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción. En primer lugar, nos gustaría saber ¿Qué limitantes en la legislación encontraron al momento de realizar las auditorías a este sector?

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: En primer lugar, cabe precisar que las facultades que se asignaron a la ASF, en el marco de las modificaciones constitucionales para crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), fueron para la fiscalización de las participaciones federales, puesto que ya existían atribuciones para la revisión del gasto federalizado programable o transferencias etiquetadas. Al respecto, cabe señalar que la fiscalización a las participaciones federales no presentó, por parte de las entidades federativas y municipios auditados, alguna objeción, ni argumentaron que se trataba de recursos propios derivados de su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) y de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal

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Federal suscritos con la SHCP. En este sentido, hubo disposición para apoyar las auditorías practicadas. No obstante lo anterior, existen aspectos jurídicos que deberían precisarse en relación con el proceso de gestión de las observaciones determinadas y las acciones emitidas, como resultado de las auditorías practicadas, considerando la naturaleza de dichos recursos.

II. Debido a que, como bien mencionamos en la intervención anterior, esta es la primera ocasión en la que se auditan los recursos federales otorgados a las entidades federativas, ¿Cómo determinó la ASF el número de auditorías financieras y de desempeño a realizar?

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: De conformidad con el artículo 50 de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) la revisión de las participaciones federales incluirá:

a. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales; b. La oportunidad en la ministración de los recursos; c. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables, y el

financiamiento y otras obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales, y

d. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos, conforme a lo previsto en los presupuestos locales.

e. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales. Para atender dicho mandato, la ASF realizó las siguientes auditorías:

a. Una auditoría a la SHCP para revisar la distribución y ministración de las participaciones a las entidades federativas.

b. 32 auditorías en las que se revisó la distribución y ministración de las participaciones, por parte de las entidades federativas a los municipios.

c. 142 auditorías al ejercicio de las participaciones federales (32 a las entidades federativas, 104 a los municipios y 6 a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México).

d. Una auditoría a la SHCP para revisar el cumplimiento de las disposiciones del artículo 47, segundo párrafo, de la LFRCF.

III. En cuanto hace a la fiscalización del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y

Gasto Operativo (FONE) encontramos que se estiman recuperaciones del orden de los 4 mil 756 millones de pesos, de los cuales han sido operados sólo 32. 4 millones. Sobre lo anterior, quisiera solicitarle mayor información acerca del estado en que se encuentran dichas recuperaciones y el tiempo en el que estiman haber operado el 100 por ciento.

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IV. Como se puede apreciar, en las recomendaciones de reformas legislativas, encontramos

en este rubro una serie de consideraciones que dejan en evidencia la generalidad con que han sido elaboradas legislaciones financieras y decretos de presupuesto, por lo que entendemos que hace falta reglamentar de manera más específica el uso que debe darse a determinados fondos y la forma en que habrán de distribuirse. Acerca de lo anterior queremos consultarles ¿Cuál de las recomendaciones de reformas legislativas, desde la ASF, se considera de mayor relevancia y de cuál de ellas se tiene mayor necesidad a la brevedad?

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Derivado de las actividades de fiscalización practicadas por la ASF a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), en la Cuenta Pública 2016 se observaron 4,756.7 mdp de recuperaciones determinadas. De conformidad con el artículo 39 de la LFRCF, una vez notificado el informe individual de auditoría a la entidad fiscalizada, ésta cuenta con un plazo de 30 días hábiles para presentar información y realizar las consideraciones pertinentes. Por lo anterior, la ASF no puede proporcionar un plazo estimado para que las recuperaciones determinadas sean operadas en su totalidad. Adicionalmente, cabe señalar que el concepto de “operado” está vinculado con el reintegro de recursos como parte del proceso de solventación. Sin embargo, otra modalidad para solventar las observaciones es a través de la aclaración o justificación de lo observado, la cual no implica un reintegro de recursos. En este caso, el estatus de las observaciones solventadas es de justificado, no de operado. Asimismo, desde la perspectiva de la ASF, se considera conveniente mejorar la normativa y los mecanismos operativos, de transparencia y rendición de cuentas de los programas que transfieren subsidios a las entidades federativas mediante el Ramo General 23, así como regular que se transparente y rinda cuentas sobre la fuente de financiamiento de las ampliaciones presupuestarias a dichos programas, los criterios de asignación y distribución de los recursos, además de evaluar los resultados alcanzados de acuerdo con sus objetivos y las disposiciones aplicables. En el ejercicio presupuestario del Ramo General 23 destacó el resultado del programa Fortalecimiento Financiero, que distribuyó subsidios entre las entidades federativas por un monto de 62,258.1 mdp y se aprobó un presupuesto original de 1,481.0 mdp. El 35.3 por ciento del total de dichos recursos se concentró en 5 estados: Estado de México (7,206.0 mdp), Oaxaca (4,538.0 mdp), Puebla (4,309.7 mdp), Guerrero (3,005.0 mdp) y Ciudad de México (2,941.2 mdp). Por último, respecto a las propuestas de reformas legales que, desde la perspectiva de la ASF, contribuirían a mejorar la gestión del gasto federalizado, es posible destacar las siguientes:

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a. Emitir el Reglamento de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), con lo cual se podrían subsanar algunas áreas de oportunidad referidas a imprecisiones, generalidades e insuficiencias, que afectan el adecuado ejercicio de los recursos del Ramo General 33, así como la transparencia de su gestión. Asimismo, desde una perspectiva más amplia, podría analizarse la pertinencia de instituir una Ley General del Gasto Federalizado.

b. En relación con la gestión del Ramo 23, es pertinente que se mejore la transparencia y rendición de cuentas de los resultados y de las operaciones presupuestarias que se ejecutan mediante dicho rubro del gasto, en específico sobre el manejo de las disponibilidades al cierre del ejercicio, la identificación de su fuente de financiamiento y destino, los criterios utilizados por la SHCP para distribuirlas, y los resultados logrados con dichos recursos medidos por las metas de los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios.

c. Fortalecer la regulación de las disponibilidades al cierre del ejercicio que tienen como fuente de financiamiento los recursos no ejercidos o economías del cuarto trimestre, además de los ingresos excedentes y el traspaso de recursos entre programas y ramos, ya que cabe destacar que, en el cuarto trimestre de 2016, el Ramo General 23, concentró el 56 por ciento del total anual de las ampliaciones de recursos a las dependencias y entidades, que ascendieron a 364,841.8 mdp, y a que en diciembre se operó el 45.2 por ciento del total anual por un monto de 294,570.0 mdp.

Grupo Parlamentario MORENA Comentarios a las funciones de Gobierno, y Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Económico; Desarrollo Social; y Gasto Federalizado derivado de los Informes Individuales y del Informe General de la Cuenta Pública Tenemos muchos retos para que el ejercicio de los recursos públicos sea eficaz y cumpla con su objetivo: mejorar las condiciones de vida de las personas. De los datos que nos ha proporcionado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los Informes Individuales y del Informe General de la Cuenta Pública, se desprenden una serie de preocupaciones que alertan sobre el desvío de la función de las instituciones en la aplicación del gasto público. El principal problema es la omisión de los responsables de los tres niveles de gobierno para aplicar correctamente los recursos públicos, mediante la correcta implementación de políticas públicas sin anteponer negocios personales o en el peor de los casos, financiar intereses electorales. Ante ello, nuestras primeras preguntas: ¿Considera la ASF que uno de los principales problemas en el correcto manejo de los recursos públicos se debe a una falta de ética en la función pública? ¿Qué opinaría si, de manera

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adicional a la construcción del nuevo sistema anticorrupción, se contemplarán lineamientos éticos para las y los servidores públicos, así como esquemas de profesionalización? Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: En primer lugar, es importante mencionar que el país cuenta con un extenso marco normativo vinculado con el ejercicio de las funciones de los servidores públicos. A continuación, se destacan los elementos principales:

a. El artículo 134 constitucional establece los principios, con base en los cuales se deben administrar los recursos públicos: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

b. La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) dispone las bases de actuación de los servidores públicos: disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. Asimismo, para la efectiva aplicación de dichos preceptos, la LGRA define, en su artículo 7, las directrices que deberán observar los servidores públicos.

c. El último párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de cada ejercicio establece la obligación de que los entes que ejercen recursos deberán contar con un sistema de control interno, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. Al respecto, cabe señalar que dicho mecanismo prevé, de manera destacada, los aspectos referentes a la ética e integridad de los funcionarios públicos.

Desde la perspectiva de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), es conveniente fortalecer las estrategias de control interno, con el fin de que los principios emanados del referido marco normativo, sean incorporados como parte de la actuación cotidiana de los servidores públicos, sobre todo de quienes se desempeñan en las áreas y procesos más susceptibles de prácticas contrarias al interés público. Adicionalmente, es necesaria la implementación de mejores esquemas de profesionalización, sobre todo en el caso de los servidores públicos del ámbito municipal, en el cual son marcadas las debilidades en sus capacidades institucionales, lo que propicia gestiones públicas deficientes e ineficaces. Desde luego, un problema es la cultura institucional que aún considera normal la corrupción y la nula vocación de servicio público por parte de algunas autoridades, a ello se suma la falta de sensibilidad social de los gobiernos que impiden ver el impacto negativo que tiene un mal destino del presupuesto. Esta afirmación la baso en los datos que nos proporciona el Informe de Resultados, en específico del Gasto Federalizado, la mayor fuente de ingresos para Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.

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El incremento de las transferencias realizadas por la Federación no se ha traducido en menor desigualdad y pobreza. Por ejemplo, en proporción de su población total, Chiapas registra el índice más alto de pobreza con 76.2 por ciento y 31.8 por ciento en pobreza extrema; Oaxaca le sigue, con 66.8 y 28.3 por ciento respectivamente; Guerrero, con 65.2 y 24.5 por ciento; y Puebla, con 64.5 y 16.2 por ciento. Lo anterior se debe a que los recursos del gasto federalizado son para cumplir con obligaciones del Estado en temas fundamentales como salud, educación, seguridad, cultura, infraestructura deportiva o desarrollo regional. Sin embargo, con las irregularidades detectadas, se impide garantizar el ejercicio de dichos derechos y se limita el desarrollo de la sociedad. Por ello, ante las denuncias sobre irregularidades en el manejo de los recursos de Gasto Federalizado, ¿Cuál sería la opinión de la ASF de fincar responsabilidades contra servidores públicos por estar violentando derechos fundamentales por el mal manejo de recursos públicos? Es claro que no sólo hay un daño al erario público, sino una responsabilidad que atenta contra el desarrollo de las personas. Un elemento a destacar es que persistieron las observaciones registradas desde hace varios ejercicios fiscales por lo que hace al Gasto Federalizado, las cuales son, entre otras: las transferencias a otras cuentas bancarias sin control específico, la aplicación de recursos en fines diferentes a los de los Fondos y Programas, inadecuado control e insuficiente transparencia en el manejo de los recursos. También existió falta de documentación comprobatoria y pago de conceptos o rubros no autorizados y retraso en el ejercicio de los recursos lo que afectó significativamente el logro de los objetivos y las metas de este Gasto. Si son recurrentes las fallas, omisiones y malos manejos de este tipo de gasto, ¿Cómo se puede evitar está incidencia? ¿Considera la ASF que deben existir requisitos más rigurosos de ingreso al servicio público en el caso de aquellos encargados de manejar los recursos? ¿Ha sido suficiente con los procedimientos que la Auditoría ha ordenado iniciar para las posibles sanciones? Del Informe de Resultados se desprende que entidades federativas que tuvieron procesos electorales el año pasado y las que tendrán este año, son las que más irregularidades presentan en su Gasto Federalizado, cosa que no es casualidad ante la irresponsabilidad y conducta delictiva de destinar recursos a campañas políticas. Al respecto, ¿cuál es el papel de la Auditoría frente a las irregularidades detectadas en tiempos electorales? ¿Existe una coordinación con la FEPADE para detectar estos hechos y después

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denunciarlos? ¿Cree la ASF que es una coincidencia o una actitud irresponsable y dolosa por parte de los servidores públicos involucrados? Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: La falta o insuficiente atención de los derechos fundamentales de la población, a causa de una inadecuada gestión del gasto federalizado requiere, en primer lugar, de la implementación de una estrategia de carácter preventivo que atienda las causas de las observaciones de auditoría más recurrentes. La ASF fortalecerá la focalización de las auditorías al gasto federalizado en las áreas y etapas de los procesos de gestión de los recursos, en las que se presenta una mayor incidencia y recurrencia de observaciones, con el fin de coadyuvar a inhibir la presencia de prácticas irregulares. Igualmente, la ASF llevará a cabo acciones para fortalecer la comunicación con las dependencias federales coordinadoras de los fondos y programas, para que se subsanen las debilidades normativas que inciden en la recurrencia de las observaciones, así como para que éstas proporcionen apoyo a las entidades federativas y municipios, para asegurar que el manejo de los recursos transferidos se realice con apego a la ley. En este sentido, es importante destacar el papel que desempeñan las dependencias coordinadoras de los fondos federales, respecto al seguimiento de los recursos; actividad clave para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en la ley. De igual forma, la profesionalización y capacitación del personal responsable del manejo de los recursos, constituyen mecanismos fundamentales para apoyar una gestión transparente y eficiente. Asimismo, es conveniente revisar los requisitos y perfiles laborales previstos por la normativa para aquellos puestos en los que se ejerzan recursos públicos o se tomen decisiones claves sobre su gestión, como es el caso de las contrataciones de obra y adquisiciones, autorizaciones de pagos, entre otros. También es importante fortalecer una participación social efectiva en la vigilancia del gasto público, particularmente de los beneficiarios directos de las obras y acciones correspondientes. Finalmente, respecto a la última pregunta, es importante subrayar que, de acuerdo con la normativa que regula la labor fiscalizadora de la ASF, cuando la institución detecte alguna situación irregular, cuya atención corresponda a otra instancia, se le deberá notificar para su conocimiento e intervención. En este sentido, en el caso de hechos que presuman un posible delito electoral, se procederá a efecto de hacer del conocimiento de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) dicha situación, para coadyuvar a que los recursos públicos no se utilicen para fines distintos a los previstos en la normativa aplicable.

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Por otra parte, el trabajo que realiza la ASF es una tarea sustantiva que funciona como un control para evitar abusos en la utilización de los recursos públicos. Sin embargo, la realidad no es nada alentadora y hacen que esa labor se diluya. Veamos las cifras: En la Cuenta Pública de 2016 se practicaron casi 1 mil 700 auditorías a más de 600 entidades fiscalizadas, pero los resultados que se arrojan hablan de las mismas malas prácticas presumibles de delitos y que se han vuelto costumbre. Algo que resulta preocupante, pues de las cerca de 7 mil 346 observaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública, se emitieron más de 2 mil promociones de responsabilidad administrativa y otros tantos pliegos de observaciones que pueden derivar en responsabilidades también. Lo alarmante es que duplicaron las que se presentaron el año pasado, es decir, además de repetir las malas prácticas en el ejercicio de recursos, estas aumentaron sin ningún tipo de escarmiento. Esto no es otra cosa que impunidad y un sistema permisivo a la corrupción. En México existe un nivel de impunidad de 99.7 por ciento de los delitos que se denuncian, incluidos precisamente de corrupción y desvío de recursos, lo que alienta a un mal manejo del gasto por que no se castiga a los responsables. ¿De qué sirve entonces la facultad de fiscalización de la Cámara de Diputados, a través de la Auditoría Superior, si no existe la más mínima voluntad de castigar la corrupción? ¿Cuál es la utilidad del trabajo de la Auditoría al entregar año con año la Cuenta Pública y esta misma Cámara de Diputados se niega al análisis y aprobación de las Cuentas de 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y ahora la de 2016? ¿Cómo recobrar la confianza y legitimidad de los órganos de gobierno, cuando existen licencias de impunidad para exgobernadores, donde prolifera el compadrazgo y la protección de malos manejos de los recursos? El número de denuncias que han prosperado a partir de los actos de corrupción documentados y presentados por la ASF no corresponde con un compromiso real en contra de la impunidad y el abuso del poder. En 19 años de fiscalización, tan sólo han existido 19 consignaciones de funcionarios públicos en contraste con las 741 denuncias presentadas por un monto de casi 42 mil millones de pesos. Es decir, prácticamente una sanción por año contra servidores que no son precisamente los de más alto rango.

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Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Sin menoscabo de la trascendencia del análisis y aprobación de las Cuentas Públicas por parte de la Cámara de Diputados, desde la perspectiva de la ASF, es importante destacar que los efectos positivos de la labor fiscalizadora deben analizarse a partir de una visión amplia, centrada en la mejora de la gobernanza pública, no únicamente en el fincamiento de responsabilidades. Los beneficios derivados de la gestión de la ASF pueden dividirse en dos grandes grupos: aquéllos que se traducen en montos económicos recuperados para la hacienda pública y los que tienen que ver con la instrumentación de cambios conducentes a la mejora del uso del presupuesto. A su vez, éstos últimos pueden conceptualizarse como vinculados con el buen diseño de políticas y programas públicos, la implementación de dichos planes y la evaluación que se hace de sus resultados. Respecto al primer tipo de beneficios, cabe destacar que cuando los recursos asignados a programas presupuestarios no se utilizan para los fines previstos en la normativa aplicable, lo que ocasiona ineficiencias, daños al erario e incumplimiento de metas y objetivos, la ASF emite observaciones que deben ser solventadas por los entes auditados. Una posibilidad para solventar dichas acciones es por medio del reintegro de los recursos a los siguientes destinos:

a. La Tesorería de la Federación (TESOFE). b. Las cuentas bancarias específicas de los fondos o programas federales, cuya

recuperación efectiva es verificada por la ASF. c. El patrimonio del ente fiscalizado.

Es importante aclarar que el monto de las recuperaciones no es un fin en sí mismo, más bien es la consecuencia de un proceso de fiscalización que se lleva a cabo bajo una visión técnica y neutral, que asegura que sus resultados no tienen ningún sesgo. La existencia de mayores montos de recuperaciones en ciertas Cuentas Públicas, no es sinónimo de un mejor proceso de fiscalización. Las recuperaciones son un efecto cuantificable de las auditorías practicadas, el cual está en función, principalmente, de los riesgos y vulnerabilidades que enfrentan los objetos y sujetos que son revisados, así como de los alcances de los enfoques de auditoría aplicados. A continuación, se presenta la información sobre las recuperaciones registradas en la fiscalización de las Cuentas Públicas 2001 a 2016.

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Asimismo, respecto a los planteamientos en torno a la problemática de la impunidad, cabe destacar que la ASF ha presentado ante la Procuraduría General de la República (PGR), en los casos procedentes, las denuncias de hechos, así como los expedientes debidamente integrados que contienen los elementos necesarios para sustentar los procesos respectivos. De conformidad con la normativa aplicable, corresponde a la PGR la atención de las denuncias, por lo que la responsabilidad de la ASF, una vez presentadas las mismas, es apoyar a la dependencia con la información que se le solicite para el adecuado desarrollo del proceso, lo cual ha sido realizado plenamente por esta entidad fiscalizadora. En otro rubro, la función de desarrollo social quizá es la función gubernamental más importante en el análisis del Informe de Resultados de Auditoría, ya que la cantidad de recursos que se asignó dentro del Presupuesto de Egresos para 2016, fue por cada peso, 57 centavos; destinados a los rubros de salud, educación o desarrollo social. De las auditorías practicadas a la función de Desarrollo Social, destaca que se aumentaron las Promociones de Responsabilidad Administrativa, las Multas y los Pliegos de Observaciones por posibles daños al erario público. Ante ello, nuestras interrogantes: ¿Podría la Auditoría Superior contar con un sistema de seguimiento sobre el desempeño de las y los servidores públicos sancionados o sujetos a procedimiento, sobre todo para prevenir posibles conductas de ejercicio irregular del gasto? Desde luego, no se trata de crear estigmas en los servidores públicos; sin embargo, uno de los problemas más recurrentes en el desvío de recursos públicos es justamente la falta de profesionalización. ¿Qué opinaría la ASF de hacer más estrictos los requisitos y controles de ingreso de personal en las funciones de ejercicio de presupuesto, tomando en cuenta los resultados de la fiscalización?

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Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: De conformidad con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), la Plataforma Digital incluirá el registro de todos los servidores públicos y particulares sancionados en todo el país. En este contexto, y considerando que la ASF forma parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la institución colaborará, en el marco de sus atribuciones, en la conformación de dicho registro. Hay temas que nos preocupan del Informe: En el tema educativo las constantes son:

Rezago en la cobertura educativa; Escaso acceso para personas de bajos recursos y con mínimos niveles de educación en

sectores marginados; Precariedad en Infraestructura Educativa, y Falta de indicadores precisos de resultados.

A pesar de que existen muchos programas, la mayoría de ellos no cumplen con la expectativa para la que fueron creados derivado de las irregularidades que se presentan. Cito algunos ejemplos: las Becas contra el abandono escolar, el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital, no cuentan con indicadores correctos de medición para saber si han sido útiles para abatir el rezago educativo. Nuestra postura es que no, pues de los alumnos que concluyen la educación primaria, 51 por ciento lo hace con un nivel básico de conocimientos en matemáticas, es decir, solamente saben multiplicar o sumar con números enteros. Al respecto, ¿tiene detectada la Auditoría Superior en cuáles entidades federativas se presentaron las mayores irregularidades cuantificadas en recursos? ¿Considera la ASF que existe alguna relación con las promociones personales o fines electorales de los funcionarios de esas entidades federativas? Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: En el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 al gasto federalizado, las tres entidades federativas que presentaron un mayor monto observado como proporción de la muestra auditada fueron: Veracruz, Nuevo León y Morelos, como se muestra en la tabla siguiente; sin embargo, es importante destacar que no se cuenta con la información respecto a los montos observados en relación con el ejercicio de recursos en materia educativa. Asimismo, no se dispone de información respecto a las promociones personales o fines electorales de los funcionarios de esas entidades federativas.

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En el tema de salud, hay una situación también preocupante, sobre todo en la efectividad de las acciones y en una eficiente atención. Destaca el denominado Seguro Popular que tiene la finalidad de ofrecer una cobertura universal en salud; sin embargo, los recursos que se proporcionan a las entidades federativas por sus porcentajes de afiliación, no llegan a su destino que es fortalecer la infraestructura y proporcionar mejores servicios.

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En el Informe se menciona que 13 estados no comprobaron debidamente los recursos en obras de infraestructura, también se precisa que se ocupa este recurso para la contratación de personal y no se destina para insumos o servicios médicos. Asimismo, destaca que el 24 por ciento de los afiliados se consideró insatisfecho o muy insatisfecho respecto al surtimiento de medicamentos a nivel nacional; asimismo, respecto al financiamiento para que 57 millones 300 mil personas sin seguridad social contaran con Seguro Popular, no existió información suficiente para evaluar su efectividad. Sobre este tema y por la importancia del Seguro Popular, ¿Se podría trabajar con las autoridades de salud para establecer lineamientos específicos de fiscalización para el caso de los recursos destinados a este rubro y contemplar también a las entidades federativas? Un tema más se refiere al de los vales de medicinas, pues del Informe se desprende que el Sistema Nacional de Salud y los servicios privados de salud no cuentan con la coordinación necesaria que beneficie a la población, ya que ambos trabajan de forma segmentada, independiente y sin coordinación alguna. Sobre este punto y debido a sus resultados ¿Cuál es la opinión de la ASF en términos de fiscalización, del costo al erario público, el beneficio a la población y las irregularidades en su manejo de los recursos destinados al sector salud? Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: En relación con la primera pregunta, es importante destacar que en el marco de la autonomía técnica y de gestión de la ASF, la definición de los lineamientos de fiscalización se lleva a cabo atendiendo a la normativa aplicable, así como a las mejores prácticas internacionales, con el fin de preservar la neutralidad y objetividad de los hallazgos. Ahora bien, con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, se llevó a cabo la evaluación 1576 “Política Pública del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)”, también conocido como Seguro Popular, a partir de la cual fue posible destacar que el SPSS cumplió con el objetivo primario de atender el problema público de la falta de acceso de la población abierta a los servicios de salud, ya que logró incrementar el número de personas no aseguradas que contaron con cobertura en salud. Sin embargo, con el objetivo de mejorar la gestión de dicho programa, la ASF emitió las siguientes recomendaciones:

a. Promover la modificación del marco regulatorio para otorgar facultades a las autoridades sanitarias, tanto federales como locales, para diseñar, instrumentar y evaluar los mecanismos de control necesarios para asegurar que las entidades federativas y los prestadores de servicios cumplan con sus compromisos financieros y de desempeño.

b. Diseñar el Programa de Acción Específico del SPSS, a partir de una visión de largo plazo que establezca las estrategias necesarias para incrementar la capacidad de atención de

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la demanda esperada de servicios de salud, en función de las proyecciones del comportamiento demográfico y epidemiológico de la población objetivo del SPSS.

c. Desarrollar un mecanismo de control para el padrón de beneficiarios del SPSS, con el objeto de identificar, de manera efectiva, la condición de derechohabiencia de los usuarios, e impedir la incorporación de personas que no cumplan con los criterios de afiliación establecidos.

d. Promover la modificación del marco jurídico e institucional, para establecer la conformación de un fondo de protección contra gastos catastróficos dirigido específicamente a la población infantil, a efecto de brindar certeza jurídica, financiera y operativa al Seguro Médico Siglo XXI, e involucrar a las entidades federativas en su subsidio.

e. Elaborar un diagnóstico específico, en el marco del Sistema Nacional de Salud Universal, para determinar la suficiencia de los recursos materiales y humanos para atender las necesidades de salud de los afiliados al SPSS y el estado que guarda la infraestructura y el equipamiento, con la finalidad de planificar los requerimientos futuros en la materia.

f. Fortalecer la estrategia de prestación de los servicios de salud en el SPSS, para enfrentar la doble transición que atraviesa la población: (1) demográfica, caracterizada por el envejecimiento acelerado de la población, y (2) epidemiológica, en la que las enfermedades infecciosas y transmisibles han sido sustituidas por las crónicas no transmisibles, como las principales causas de morbilidad y mortalidad.

g. Diseñar e implementar mecanismos que respalden la exigibilidad de los derechos de los beneficiarios, en caso de que sean injustamente negados o cobrados, como estrategia indispensable para hacer efectivo el acceso a los servicios de salud.

h. Instrumentar mecanismos para asegurar un trato adecuado a los beneficiarios del SPSS, como los prolongados tiempos de espera y la falta de información sobre sus derechos y tratamientos médicos.

i. Robustecer la metodología para el diseño y aplicación de los estudios de satisfacción de los usuarios de los servicios de salud, a efecto de garantizar la comparabilidad de sus resultados a lo largo del tiempo y fomentar su utilización para la evaluación del SPSS.

j. Generar información epidemiológica específica sobre los beneficiarios del SPSS, para conocer la incidencia y prevalencia de las enfermedades que los afectan.

Finalmente, en materia de desarrollo social persisten los niveles de pobreza, desigualdad y exclusión, acentuándose en los Estados con mayores carencias y en sectores marginados. Ejemplo de ello es que nuestro país es el único de la OCDE que presenta una tendencia regresiva en materia de pobreza, es decir, cada día aumentan más, recrudecido este fenómeno en la población indígena. Preocupa que uno de los programas estrella del Gobierno Federal, el de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, no haya acreditado el cumplimiento de sus objetivos o bien no le sea posible proporcionar resultados de todos sus programas, pues, como se desprende del informe, de un total de 64, sólo de 55 se pudo comprobar la realización de acciones de gobierno, por lo que preguntamos:

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¿Considera que los programas y acciones contenidos en este rubro de desarrollo social, son más de relumbrón o con fines de posicionar un programa ideológico de gobierno? Con los resultados del Informe que presenta la Auditoría ¿Estima que el no cumplimiento de la función de los programas del rubro social se debe a la serie de irregularidades que se han detectado? ¿Qué medidas propondría para evitar esto? Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Desde la perspectiva de la ASF, a cuatro años de la implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH), se observaron las siguientes situaciones:

a. De los cinco componentes que debieron integrar el Sistema Nacional contra el Hambre (SNcH), en 2016 no operaron tres: acuerdos integrales, comités comunitarios y Consejo de Expertos, lo que limitó el cumplimiento del propósito de conjuntar esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de los sectores público, social y privado.

b. La dependencia no sustentó que los 6.1 millones de personas que identificó y registró en el Sistema de Focalización para el Desarrollo (SIFODE) hasta 2016, estuvieran en situación de pobreza extrema alimentaria; no acreditó el presupuesto que se destinó a la CNcH; no comprobó en qué medida se atendieron las carencias de cada una de las personas en pobreza extrema alimentaria, ni que su atención permitiera que abandonaran dicha situación. Por lo anterior, no fue posible sustentar el avance del objetivo establecido en el Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018: “Cero hambre a partir de una alimentación, y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación”.

La ASF, con base en los hallazgos detectados, recomendó a la SEDESOL, (1) verificar la calidad y confiabilidad de la información recopilada en el SIFODE, con el propósito de asegurar que la población registrada esté en situación de pobreza extrema alimentaria; (2) establecer que los programas presupuestarios que participen en la estrategia deberán priorizar la atención de la población objetivo; (3) definir los universos potenciales de los programas presupuestarios que participen en la CNcH, a fin de contar con información para evaluar su contribución en la atención de las carencias de la población beneficiada, y (4) disponer de un registro de las acciones y actividades de los programas presupuestarios con que es atendida cada persona en pobreza extrema alimentaria, así como la carencia social con la que se vinculan.

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Grupo Parlamentario MC

Grupo Funcional Gobierno Temática: Derechos Humanos En la Cuenta Pública 2016, se encontró un grave problema respecto de las acciones que ejerce la Comisión Nacional de Derechos Humanos para promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política de igualdad entre mujeres y hombres. En la acción fiscalizadora se encontró que no existe definición de metas e indicadores que permitieran medir el logro de objetivos para atender el problema público relativo a la existencia de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Así mismo, no fue posible determinar si fueron suficientes o necesarias el conjunto de tareas realizadas para evaluar estas acciones, y con esto cumplir con dicha atribución. Sin embargo, la ASF se abstuvo de emitir una opinión sobre los resultados obtenidos por la CNDH en la atención del problema público relativo a las brechas de desigualdad existentes entre mujeres y hombres, justificando que la Comisión operó bajo un esquema de administración tradicional, cumpliendo las disposiciones legales y normativas, sin contar con objetivos, metas e indicadores como parte de una gestión por resultados, por lo que consideró que no había elementos para evaluar.

Preguntas: Podría aclararnos, sobre todo hoy que la violencia de género y la impunidad hacia estos delitos se ha convertido en una epidemia para la sociedad mexicana ¿cómo es que la ASF ha integrado la perspectiva de género a los procesos de fiscalización, sobre todo en el caso de auditorías de desempeño?; ¿Cómo es que este enfoque transversal incide o no, en los propios actos de fiscalización de la ASF?

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: En 2017, el Gobierno Federal determinó un presupuesto de 27,400 millones de pesos (mdp) —distribuidos en 27 Ramos Presupuestarios— para el cumplimiento de los objetivos vinculados con la igualdad entre mujeres y hombres; cifra mayor en 5.8 por ciento con respecto a lo aprobado en 2016. A dicho monto se suman 17,700 mdp de recursos propios con los que participarán cinco entidades y empresas productivas del estado. Para la fiscalización de este tipo de acciones gubernamentales, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estableció la estrategia de revisar anualmente un conjunto de programas presupuestarios para emitir un pronunciamiento sobre la atención del problema público correspondiente y sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de política. Con motivo de la fiscalización de las Cuentas Públicas 2014, 2015 y 2016, la ASF realizó 11 auditorías de desempeño sobre los diversos componentes de la política de igualdad entre

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mujeres y hombres, con el fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas a partir de una visión integral; mientras que para la Cuenta Pública 2017, se tiene prevista la realización de cinco auditorías y una evaluación en la materia. Temática: Seguridad Pública En el rubro de Seguridad Pública, en programas como FASP Fondo de Aportaciones para la Seguridad Púbica de los Estados y del Distrito Federal, detectaron, con la aplicación de los procedimientos de auditoría considerados en la fiscalización de este, tan solo 335.3 millones de pesos en transferencias de recursos a cuentas de terceros.

Preguntas: ¿Esto resultará cómo en el caso de desvíos a las Universidades, como la Estafa Maestra? ¿Cuáles han sido las recomendaciones ante ello? ¿Qué podemos hacer para tener mayor transparencia en estos pagos?

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: La ASF emite Pliegos de Observaciones en los casos en los que se detectan transferencias de recursos a otras cuentas, a efecto de que los entes auditados aclaren o justifiquen lo observado, o reintegren los recursos y acrediten su aplicación en los fines del fondo respectivo. En caso contrario, de conformidad con la normativa aplicable, se presentan Denuncias de Hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR). Asimismo, es importante destacar que, en relación con la gestión del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), la ASF analiza, en el curso del ejercicio fiscal, la información sobre las operaciones y movimientos de recursos de dicho fondo, que se publica de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG). A partir de dicha revisión es posible identificar posibles irregularidades, las cuales son analizadas, de manera detallada, una vez que inician las auditorías respectivas el siguiente año. No obstante lo anterior, la ASF valorará la pertinencia de plantear, de manera conjunta con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), diversas alternativas para mejorar la transparencia en el ejercicio del FASP. Temática: Procuración de Justicia. Denuncias de la ASF ante la PGR Existe la percepción de que con los resultados de las auditorías no pasa nada que no hay sancionados. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) no ha dicho en otras ocasiones14 que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), es en los informes semestrales en los que dará a conocer la información sobre las denuncias penales. Dichos informes, según lo dispone el referido artículo,

14 Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Conclusiones del análisis de la segunda entrega de los informes individuales de Auditoría correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016. Documento para la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Enero de 2018, p. 212.

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deberán ser entregados a más tardar los días primero de mayo y de noviembre de cada año, con los datos disponibles al cierre del primer y tercer trimestre del año, respectivamente.

Sugerencia: Seria de utilidad para los integrantes de la Comisión de Vigilancia que en cada una de las entregas de los informes individuales se incluya un resumen de estado que guardan las denuncias presentadas por la ASF ante la PGR. No basta conocer la cantidad de denuncias presentadas, esa información es pública y se encuentra disponible en la página web de la ASF, lo que le interesa conocer a la sociedad mexicana son los motivos por los cuales la PGR dilata tanto tiempo en ejercer acción penal contra los responsables de los múltiples casos de desvíos de recursos públicos, los cuales han sido documentados de manera exhaustiva por la ASF.

En lo que respecta a los tiempos de resolución de las denuncias de hechos que presenta la ASF, la propia ASF no ha dicho15 que existe un Convenio General de Colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR) para agilizar el intercambio de información para coadyuvar a robustecer el desahogo de las denuncias.

Preguntas: ¿Cuál es el estado de dicho Convenio? ¿Dónde puede ser consultado por la ciudadanía? ¿Ha sido de utilidad dicho Convenio para reducir los tiempos de actuación de la PGR?

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: La firma del Convenio General de Colaboración suscrito entre la ASF y la PGR constituye una acción complementaria a la coordinación establecida en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Al respecto, es importante resaltar que dicho convenio continua vigente y su objetivo principal es agilizar el intercambio de información entre ambas instancias, para coadyuvar a robustecer el desahogo de las denuncias de hechos que presenta la ASF. Por último, el convenio puede ser consultado en el siguiente vínculo: http://www.asf.gob.mx/uploads/52_Convenios_con_otros_entes/Convenio_PGR_-_ASF_25-04-17.pdf Grupo Funcional Desarrollo Económico Temática: Contaminación en acuíferos El agua es un recurso vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad y calidad es tarea fundamental del Estado y la sociedad, por ello, se le considera como prioridad y asunto de seguridad nacional. En el árbol del problema de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 del programa presupuestario E006 “Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos”, el ente fiscalizado señaló que

15 Ídem.

http://www.asf.gob.mx/uploads/52_Convenios_con_otros_entes/Convenio_PGR_-_ASF_25-04-17.pdf

http://www.asf.gob.mx/uploads/52_Convenios_con_otros_entes/Convenio_PGR_-_ASF_25-04-17.pdf

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el problema que justificó la implementación de dicho programa fue que no se contaba con suficiente información técnica actualizada, oportuna y confiable en materia de calidad del agua en el territorio nacional para la toma de decisiones, ocasionado por la insuficiencia de estudios técnicos, monitoreo incompleto de las variables del ciclo hidrológico, así como deficiencia e insuficiencia de infraestructura y equipos de medición. La fiscalización superior 2016 determinó que la CONAGUA identificó que en 232 acuíferos realizó exámenes del líquido, sin que evaluara técnicamente con base en el monitoreo la condición hídrica de los mismos, lo que no le permitió obtener información técnica sistemática, actualizada y permanente en materia de calidad del agua subterránea, que sirviera de base para regular la contaminación en acuíferos. Por lo que incumplió con su atribución de realizar los estudios de calidad de los cuerpos de agua mandatada en la Ley de Aguas Nacionales.

Pregunta: ¿Qué recomendaciones deberá de emitir la ASF a la CONAGUA, para que la Comisión oriente la elaboración de instrumentos regulatorios para contribuir a mejorar la administración del recurso hídrico con calidad y al fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del agua?

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se practicaron las auditorías 395-DE “Conducción de las políticas hídricas” y 410-DE “Gestión integral y sustentable del agua: administración del agua”, a partir de las cuales la ASF recomendó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) atender las siguientes prioridades:

a. Utilizar la información sobre el monitoreo de la calidad del recurso en cuencas y acuíferos, de los estudios técnicos del recurso hídrico y del Sistema Nacional de Información del Agua, para la elaboración de las Declaratorias de Clasificación de los Cuerpos de Agua, en las que se determinan los parámetros que deberán cumplir las descargas, la capacidad de asimilación y dilución de los cuerpos de aguas nacionales y las cargas de contaminantes que éstos pueden recibir, así como las metas de calidad y los plazos para alcanzarlas.

b. Garantizar que las Declaratorias emitidas sean empleadas para la formulación de los instrumentos regulatorios de las fuentes de contaminación, a efecto de mejorar la calidad del recurso hídrico y contribuir al fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del mismo.

Grupo Funcional Desarrollo Social Temática: Educación Nuevamente se encuentran problemas en el caso de las Erogaciones para la Formación y el Desarrollo Profesional del Personal Docente, en dónde la ASF observó que la SEP, no acreditó que los recursos por 586.7 millones de pesos transferidos a 63 Instituciones Públicas de Educación Superior para este propósito.

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Así mismo se encontraron problemas en la Adquisición de Materiales y Suministros para Planteles Educativos, que derivaron en un probable daño 280.6 millones de pesos.

Pregunta: ¿Cuáles considera que son las áreas de este rubro en dónde la ASF debe poner especial atención para prevenir problemas en contratación, compras y adquisiciones de bienes y servicios?

Por otro lado, sabemos que una de las áreas de mayor riesgo es la obra pública, en aspectos como problemas de planeación y programación de los trabajos, debilidades técnicas, insuficiencias económicas y fallas de ejecución. En el caso concreto del Programa “Escuelas al 100” que tiene por objetivo garantizar que los planteles educativos sean de la calidad que merecen nuestras niñas y niños. El programa se implementa para atender las siguientes prioridades: seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento, servicios sanitarios, mobiliario y equipo, sistema de bebederos, accesibilidad, entre otras. De acuerdo al resultado de la labor fiscalizadora la ASF determinó que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en no presentar evidencia de la metodología utilizada para la selección de los centros de trabajo beneficiados con el Programa Escuelas al CIEN, en consideración a las necesidades de Infraestructura Física Educativa. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha insistido, desde el primer periodo ordinario del primer año de esta Legislatura, que la Secretaría de Educación Pública rindiera cuenta sobre la dotación de bebederos a las escuelas.

Preguntas: De acuerdo a lo observado por la ASF ¿cuál podría ser la conclusión de este sexenio sobre este caso en específico? ¿Cuánto gasto ha representado este programa? y ¿se han cumplido las recomendaciones hechas?

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, se practicaron las auditorías 1804-DS “Recursos del Programa Escuelas al CIEN” y 176-DS “Avance financiero de la inversión en infraestructura educativa nacional (Escuelas al CIEN)”, a partir de las cuales es posible destacar lo siguiente:

a. El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) recibió, por conducto del Fideicomiso de Distribución, un informe fiduciario mensual por parte del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras), mediante el cual se constató el estado que guarda el patrimonio del fideicomiso de los recursos derivados de la colocación de los Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN) al 31 de diciembre de 2016, por 19,214,08 mdp.

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b. El INIFED instruyó a Banobras, fiduciario del fideicomiso de distribución, para la entrega de recursos a las entidades federativas, por conducto del Organismo Responsable de la Infraestructura Física Educativa (INFE), por un monto total de 4,870,20 mdp, de los cuales, se transfirieron 4,791,85 mdp al 31 de diciembre de 2016.

c. Se ejercieron recursos del fideicomiso de distribución para el pago de proyectos del Programa Escuelas al CIEN, por 4,791 mdp en 8,020 centros de trabajo; cifra que representa el 30 por ciento de la inversión programada de 15,970.58 mdp para 11,001 centros de trabajo a beneficiar, identificándose 2,650 centros de trabajo con obras terminadas y 2,981 que no reportan ejercicio de los recursos al 31 de diciembre de 2016.

Por otra parte, las conclusiones principales de dichas revisiones fueron las siguientes:

a. El ejercicio de los recursos del Programa Escuelas al CIEN no está sujeto al principio de anualidad, por lo que resulta esencial la aplicación de los recursos dentro del periodo para el que fueron asignados, a fin de cumplir con los objetivos y metas previstas.

b. El INIFED incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente respecto a la no presentación de evidencia sobre la metodología utilizada para la selección de los centros de trabajo beneficiados con el programa, en consideración de las necesidades de infraestructura física educativa.

c. Se incumplieron las obligaciones del uso de la bitácora electrónica para cada uno de los contratos de obra y servicios de los proyectos correspondientes, de acuerdo con el programa informático establecido por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En suma, las áreas de riesgo más significativas respecto a la gestión del Programa Escuelas al CIEN son las referidas a los procesos de adquisición y contratación de bienes, así como los de su recepción y distribución, por lo cual la ASF recomienda actualizar la normativa que regula dichos procesos, así como supervisar e implementar mecanismos de control más efectivos, a fin de mejorar la transparencia y rendición de cuentas. Temática: Padrón de Beneficiarios de Programas Sociales Año con año la ASF señala dentro de sus auditorías diversas problemáticas que surgen a raíz de las deficiencias de los padrones gubernamentales que otorgan subsidios. En ocasiones pasadas, se han reiterado los graves problemas que enfrenta la SEDESOL respecto de la integración de padrones, y sin embargo a pesar de las observaciones que año con año realizan los miembros de la CVASF, encontramos que los dictámenes emitidos por la ASF a auditorías realizadas programas tan sensibles como los son el de “Empleo Temporal, aparecen en positivo, asentando que “en términos generales la Secretaría de Desarrollo Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia”. Sin embargo, encontramos en este caso de la Cuenta Pública 2016, que SEDESOL efectuó comparación con los padrones de beneficiarios de programas de las secretarías de

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Comunicaciones y Transportes, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al 30.4% del total de registros consignados en el Listado de Beneficiarios de dichas dependencias. El problema más grave, y que hoy vemos ha trascendido a través de investigaciones periodísticas es el hecho de que no existe una conciliación del listado de beneficiarios contra el registro de fallecimientos emitido por el Registro Nacional de Población e Identificación Personal, lo que derivó que se realizaron pagos de apoyos hasta a 29 beneficiarios que habían fallecido antes de la entrega de los apoyos por 79 mil pesos, aun así, el dictamen fue positivo. Lo mismo sucedió en el caso del programa “Pensión para Adultos Mayores”, en dónde hubo hasta 112,817 beneficiarios duplicados con otros programas, y nuevamente problemas tan graves como la entrega a personas fallecidas, toda vez que se constató que se otorgaron apoyos a 8,637 beneficiarios por 23.5 millones de pesos, con fechas posteriores a la de defunción según lo registrado en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal.

Preguntas: Ante esto, es menester preguntar -más allá de las recomendaciones para que los órganos internos de control revisen los padrones- ¿cómo es posible que, ante una falta tan grave y dolosa para el erario, la ASF determine en los dictámenes que emite, que pueda aprobarse una fiscalización con este tipo de problemas? ¿Cuáles son los principales resultados que se obtuvieron en la revisión de la Cuenta Pública 2016 y que recomendaciones de fondo se tendrían para resolver esta problemática?

Desde la Cuenta Pública 2013 la Auditoría Superior de la Federación presentó las primeras auditorías relacionadas con las contrataciones de dependencias con Universidades Públicas mismas que año con año se han ido informando y que ahora conocemos como la “Estafa Maestra.” Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Con base en las auditorías practicadas a los padrones gubernamentales, con motivo de la fiscalización de las Cuentas Públicas de 2001 a 2016, es posible destacar los siguientes elementos:

a. En 2001, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) mandató a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) integrar el Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural (PUOSBSR); sin embargo, hasta 2016, la dependencia aún no había desarrollado dicho instrumento, ni instituido los padrones específicos de los programas que otorgan subsidios.

b. En 2004, la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) dispuso que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) integrara el Padrón Único de Beneficiarios de Programas de Desarrollo Social (PUB). No obstante, después de 12 años, dicha instancia sólo registró un avance de 18.4 por ciento, equivalente a la incorporación de 28 de los 152 programas de desarrollo social determinados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

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c. En 2006, mediante Decreto Presidencial, se ordenó la conformación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), a cargo de la SFP; sin embargo, hasta 2016, aún no se contaba con un sistema que reuniera de forma estructurada los registros de los padrones de los programas de subsidios.

d. A partir del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011, quedó establecido que todos los programas que otorguen subsidios deberían relacionar a sus beneficiarios en un listado o padrón. Sin embargo, hasta 2016, de los 106 programas con beneficiarios identificados por la ASF, únicamente 56 (52.8 por ciento), contaban con un padrón completo al 100 por ciento; 23 (21.7 por ciento), tenía un avance de entre el 61 por ciento y el 99.9 por ciento; 15 (14.2 por ciento), lograron una integración menor al 60.9 por ciento, y 12 (11.3 por ciento) no reportaron ningún nivel de desarrollo.

En conclusión, desde la perspectiva de la ASF, después de 16 años de que las leyes federales y el PEF establecieran la obligación de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) conformaran los padrones de beneficiarios y sus sistemas integradores, aún prevalece el problema público relativo a la falta de estructuración de los mismos. De igual forma, se ha observado una dispersión de información que imposibilita detectar errores, duplicidades o abusos en la canalización de recursos.

Con el objetivo de contribuir a la consolidación de la política de padrones de los programas de subsidios, la ASF ha planteado las siguientes sugerencias a la Cámara de Diputados:

a. Adicionar una fracción al artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) para que los operadores de los programas presupuestarios tengan la obligación de conformar y actualizar su padrón de beneficiarios, así como de señalar la complementariedad o exclusión entre los apoyos otorgados.

b. Disponer en el PEF recursos para implementar las plataformas tecnológicas que albergarán los datos de los padrones de los programas con beneficiarios, así como de los padrones únicos. Dichas plataformas tecnológicas deberían ser homogéneas, a efecto de integrar de forma estructurada, la información objetiva y fehaciente de los padrones. Asimismo, dichos sistemas deberían permitir la conexión de las distintas bases de datos, a fin de determinar la distribución de recursos por beneficiario, su correspondencia con la población objetivo, y el cumplimiento de los criterios conforme a lo dispuesto en las reglas y lineamientos de operación.

c. Incluir en el PEF la obligación de que los Órganos Internos de Control (OIC) en las dependencias revisen la conformación de los padrones de beneficiarios, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa.

De igual forma, la ASF ha recomendado a las dependencias integradoras de los padrones, a los operadores de los programas de subsidio y a los responsables del Sistema Nacional de Identificación Personal, lo siguiente:

a. Que la SFP, en coordinación con la SAGARPA y la SEDESOL, diseñe una metodología para recabar, de manera homogénea, los datos de los beneficiarios, verificar la veracidad de

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la información proporcionada por los mismos, y acreditar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad, con el fin de contar con información comparable que facilite la emisión de reportes, estadísticas y diagnósticos.

b. Que la SFP, la SEDESOL y la SAGARPA fortalezcan los mecanismos de coordinación con las entidades y dependencias de la APF y con los estados y municipios, a efecto de que remitan sus respectivos padrones para la debida integración y actualización del SIIPP-G, el PUB y el PUOSBSR.

c. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) analice la pertinencia de incluir en el PEF la obligación de que en cada una de las reglas de operación y lineamientos de los programas con beneficiarios se indique si éstos son complementarios, excluyentes, o si operan en coparticipación con otros, a efecto de determinar, en su caso, duplicidades de asignación.

d. Que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) consolide el Sistema Nacional de Identificación Personal, el cual contribuiría a generar certeza sobre la asignación de recursos a los beneficiarios de los programas presupuestarios.

Ahora bien, respecto a las auditorías 261-DS “Pensión para Adultos Mayores” y 264-DS “Programa de Empleo Temporal”, correspondientes a la Cuenta Pública 2016, es importante mencionar que la determinación de emitir dictámenes con salvedad está sustentada en el hecho de que las observaciones resultantes no influyeron, de manera significativa, en el cumplimiento de los objetivos de los programas. No obstante lo anterior, se emitieron sendos Pliegos de Observaciones en razón de un posible daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal. De manera particular, a continuación se presentan los principales resultados de dichas revisiones: - Auditoría 261-DS “Pensión para Adultos Mayores”:

a. No se proporcionó la documentación que acreditara la prueba de supervivencia de 77 beneficiarios que recibieron apoyos por 758.6 miles de pesos.

b. En el Padrón Único de Beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos Mayores se constató la existencia de 112,817 coincidencias de registros que no cumplen con los criterios establecidos en las Reglas de Operación de 2016. Lo anterior se determinó con base en la comparación de dicho padrón, contra las bases de datos de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex) e Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).

c. Se comprobó el pago de apoyos a 8,637 beneficiarios fallecidos, equivalente a 23.54 mdp, a partir de la conciliación de la base de beneficiarios del Programa Pensión para Adultos Mayores del ejercicio 2016, contra el listado de fallecimientos emitido por el Registro Nacional de Población e Identificación Personal.

Por su parte, las recomendaciones emitidas a la SEDESOL con el objeto de subsanar dichas deficiencias, fueron las siguientes:

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a. Establecer un procedimiento obligatorio para que sus delegaciones estatales —instancias encargadas de confirmar la veracidad de los datos reportados en el sistema de planeación y calendarización respectivo— resguarden el formato denominado "ÉXITO, Comprobación de Supervivencia", mediante el cual se acredita la asistencia física del beneficiario para cumplir con los trámites respectivos.

b. Determinar una fecha específica para la realización de las confrontas del Padrón Activo de Beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos Mayores, contra el Padrón de Confronta integrado por los listados de jubilados y pensionados de otras instituciones federales. Asimismo, definir un plazo oportuno para atender los resultados de dichas confrontas y proceder, en su caso, a la desincorporación de los beneficiarios.

c. Realizar compulsas periódicas (por lo menos dos veces por año) entre el Padrón Activo de Beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos Mayores, contra el Registro Nacional de Población e Identificación Personal, con la finalidad de asegurar que los apoyos se otorguen a beneficiarios no fallecidos.

- Auditoría 264-DS “Programa de Empleo Temporal”:

a. El Listado de Beneficiarios del Programa no correspondió, en algunos casos, con la base de datos de obras o acciones autorizadas, ya que no contiene información sobre el pago de jornales. También se observó falta de documentación justificativa de 724 obras realizadas con cargo a los recursos del programa.

b. Únicamente se realizó la confronta del 30.4 por ciento de los registros consignados en el Listado de Beneficiarios del Programa, con respecto a los padrones a cargo de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), y del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

c. A partir de la conciliación del Listado de Beneficiarios del Programa, contra el registro de fallecimientos emitido por el Registro Nacional de Población e Identificación Personal, se constató la realización de pagos por un total de 78.6 miles de pesos, correspondientes a 29 beneficiarios fallecidos. No obstante, es importante destacar que debido a la intervención de la ASF, se reintegraron 42.9 miles de pesos.

Por su parte, las recomendaciones emitidas con el objeto de subsanar dichas deficiencias, fueron las siguientes:

a. Asegurar que los responsables de la ejecución de las obras resguarden la documentación comprobatoria de los pagos de jornales y de materiales, y que dicha información sea capturada en la base de datos de obras y/o acciones autorizadas, para verificar su correspondencia con respecto a los registros del Listado de Beneficiarios del Programa de Empleo Temporal.

b. Garantizar que los beneficiarios del Programa de Empleo Temporal no reciban apoyos simultáneos en más de un proyecto, ni de otras dependencias que ejercen recursos del programa, para lo cual se requiere que la SFP, en coordinación con la SEDESOL, la SEMARNAT y la SCT, evalúe la pertinencia de crear una base de datos única.

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c. Considerar la conveniencia de que se establezca una fecha específica para que la SCT y la SEMARNAT remitan el listado de beneficiarios del programa a la SEDESOL, como órgano que preside su Comité Técnico, con la finalidad de que se efectúen las confrontas necesarias y, en los casos procedentes, se realice la desincorporación de los beneficiarios que no cumplan con la normativa aplicable.

d. Realizar compulsas periódicas (por lo menos dos veces al año), por parte de la SEDESOL, entre el Listado de Beneficiarios del Programa y el Registro Nacional de Población e Identificación Personal, con la finalidad de asegurar que los apoyos no se otorguen a beneficiarios fallecidos.

Preguntas: ¿Qué ha pasado con este tema hay sancionados, en qué etapa se encuentran los procedimientos? ¿Por qué el mecanismo de contrataciones al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones ha propiciado esquemas de desviación de recursos que han derivado en la llamada “Estafa Maestra”? ¿Qué recomendaría la Auditoría Superior de la Federación para que las contrataciones al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones no sean un instrumento de simulación?

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Con base en las auditorías sobre dicha temática realizadas con motivo de la fiscalización de las Cuentas Públicas de 2012 a 2016, es posible destacar los siguientes elementos:

a. Las contrataciones al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) han propiciado el desvío de recursos, toda vez que, en algunos casos, se ha observado que las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) o de comunicación social, a las que se adjudican los contratos, no cuentan con la capacidad técnica necesaria para llevar a cabo los trabajos pactados y, consecuentemente, subcontratan los servicios a personas físicas y morales, quienes simulan la realización de los mismos.

b. No existen una vigilancia estricta en la aplicación de la norma, ni seguimiento al cumplimiento de los instrumentos jurídicos aplicables.

Con el propósito de reducir los espacios de opacidad en este tipo de operaciones, a partir de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la ASF ha planteado diversas recomendaciones a la Cámara de Diputados, a la SFP y a las dependencias que han celebrado contrataciones al amparo del referido artículo, mismas que a continuación se resumen: - Sugerencia a la Cámara de Diputados:

a. Reglamentar el artículo 1º de la LAASSP para que cuando se contraten bienes o servicios entre entidades públicas, dado el carácter excepcional de este mecanismo, se establezca que el titular de la dependencia contratante será quien suscriba los contratos correspondientes.

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b. Establecer la obligatoriedad de que los titulares de las dependencias contratante y contratada serán los responsables de vigilar el cumplimiento de los términos que se formalicen al amparo de dicho artículo. - Sugerencias a la Secretaría de la Función Pública:

a. Definir las sanciones que corresponderán a los servidores públicos que incumplan lo

establecido en las reformas propuestas al artículo 1° de la LAASSP. b. Establecer en su normativa la obligación de las dependencias y entidades de la APF de

incluir en sus Programas Anuales de Adquisiciones y Servicios los contratos, convenios y actos jurídicos que se pretendan efectuar al amparo del artículo 1º de la LAASSP, y que éstos se reporten y publiquen en el sistema CompraNet.

c. Instruir a los OIC de las dependencias y entidades de la APF para que en sus Programas Anuales de Auditorías se considere la fiscalización de los contratos, convenios y actos jurídicos que se efectúen al amparo del artículo 1º de la LAASSP, así como la revisión de que éstos hayan sido incluidos en los Programas Anuales de Adquisiciones, conforme a lo propuesto en el punto anterior.

− Recomendaciones a las dependencias que han celebrado contrataciones al amparo del

artículo 1° de la LAASSP:

a. Fortalecer sus mecanismos de control interno, con el propósito de vigilar que en la formalización de contratos, convenios y actos jurídicos que se efectúen al amparo del artículo 1º de la LAASSP, sean los titulares de las dependencias los únicos servidores públicos quienes los suscriban.

Gasto Federalizado De acuerdo con el Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 22016, un total de 67,675.4 millones de pesos correspondieron a gasto federalizado programable, y 30,427.5 millones a participaciones federales que se le entregaron a estados y municipios. Uno de los cambios constitucionales y legales más importantes para la ASF es la posibilidad de auditar por primera vez en la Cuenta Pública 2016 las participaciones.

Pregunta: ¿Cómo fue esta primera experiencia que tuvo la ASF en fiscalizar las participaciones, cuáles fueron sus principales resultados?

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: De conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), la ASF ahora cuenta con facultades para fiscalizar las participaciones federales. Para la Cuenta

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Pública 2016, se llevaron a cabo dos grandes grupos de auditorías a las participaciones federales:

1. A la distribución y ministración de las participaciones (de la Federación a las entidades federativas, y de éstas a sus municipios). Se practicaron 33 auditorías: una a la SHCP sobre la aplicación de las fórmulas de distribución y la ministración de las participaciones a las entidades federativas, y 32 revisiones a las entidades federativas respecto a la entrega de las mismas a los municipios.

2. El ejercicio de las participaciones por parte de las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Se realizaron 32 auditorías a las entidades federativas, 104 a municipios y seis a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Adicionalmente, se practicó una auditoría a la SHCP para atender el mandato del segundo párrafo del artículo 47 de la LFRCF, que establece que la ASF revisará el origen de los recursos con los que se pagan los sueldos y salarios del personal que preste o desempeñe un servicio subordinado a las entidades federativas o municipios, para determinar si fueron cubiertos con recursos federales o locales, en términos de lo dispuesto en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y las disposiciones aplicables. Al respecto, cabe señalar que la SHCP devuelve a las entidades federativas y municipios el Impuesto sobre la Renta (ISR) causado por los sueldos y salarios de su personal, que haya sido pagado con recursos propios o participaciones. Los principales resultados de la fiscalización de las participaciones federales fueron los siguientes: Auditorías a la distribución y ministración de las participaciones:

a. Se emitieron observaciones por un monto de 3,661 mdp. b. Las principales observaciones fueron las siguientes: (1) deducciones a las participaciones

federales de los municipios, sin la acreditación de su pago a los terceros correspondientes, las cuales significaron el 66 por ciento del monto total observado; (2) falta de pago de las participaciones a los municipios, 13 por ciento; (3) errores en la aplicación de las fórmulas de distribución, 11 por ciento; (4) deducciones a los municipios para las que no se dispone de la documentación comprobatoria, 8 por ciento; y (5) retraso en la ministración de las participaciones a los municipios, 2 por ciento.

c. Sinaloa concentró el 51 por ciento del monto observado; Durango el 10 por ciento, al igual que Coahuila; Oaxaca el 8 por ciento, y Baja California Sur el 7 por ciento.

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− Auditorías al ejercicio de las participaciones en las entidades federativas:

a. Se emitieron observaciones por un monto de 23,688 mdp. b. Las entidades que tuvieron un mayor monto observado fueron: Veracruz con el 32 por

ciento del importe total; Nuevo León, 25 por ciento; Quintana Roo 9, por ciento; y Tamaulipas, el 7 por ciento.

c. Las principales irregularidades fueron: (1) falta de documentación comprobatoria del gasto, que significó el 75 por ciento del monto total observado; (2) pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal, 8 por ciento; (3) retenciones no enteradas a terceros institucionales, 5 por ciento; (4) sueldos y compensaciones superiores a los tabuladores autorizados, 3 por ciento; (5) pagos improcedentes o en exceso, 2 por ciento; y (6) otros, 7 por ciento.

Veracruz fue la entidad con mayores observaciones en este periodo, observaciones por un monto de más de 19,700 millones, en dinero recibido por partidas federales y gasto federalizado programable.

Pregunta: Sabemos bien lo que representa para la sociedad mexicana el caso de Veracruz, por ello, preguntamos ¿Qué ha pasado con todas las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación al Gobierno del Estado de Veracruz?

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Con corte al mes de abril del año en curso, las observaciones pendientes de solventar por parte del gobierno del estado de Veracruz, de las Cuentas Públicas 2012 a 2015, totalizan 134 y significan un monto de 24,578 mdp. Además, están en desahogo de procedimiento resarcitorio 20 acciones equivalentes a 6,008 mdp. Asimismo, el importe pendiente de solventar correspondiente a la Cuenta Pública 2016, asciende a 17,746 mdp. Asimismo, se han presentado 73 Denuncias de Hechos ante la PGR. En el caso concreto del Gobierno del Estado de Zacatecas, la ASF practicó 21 auditorías en la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, las cuales arrojaron 134 observaciones de irregularidades que involucran un monto de 2,226 millones de pesos. De este modo, en el periodo 2011-2016, la ASF practicó un total de 89 auditorías al Gobierno del Estado de Zacatecas, que arrojaron 834 observaciones de irregularidades por un monto de 9,452 millones de pesos, que equivale a 10 veces todo el dinero que Zacatecas recibirá en 2018 para Fortalecimiento Municipal (FORTAMUNDF).

Pregunta: En la mayoría de los dictámenes de los casos que se documentan, la Auditoría Superior de la Federación concluye que el Gobierno del Estado de Zacatecas no cumplió una gestión eficiente y transparente de los recursos federales, lo que provocó que no se atendiera con oportunidad a la población objetivo, ni se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas. ¿Cuántas denuncias penales ha promovido la ASF ante la PGR en el caso concreto de las cuantiosas irregularidades detectadas al Gobierno del

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Estado de Zacatecas en la fiscalización de las Cuentas Públicas del periodo 2011-2016 y cuál es el estatus de dichas denuncias?

En cuanto al Gobierno del Estado de Jalisco, la Auditoría Superior de la Federación practicó en la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 un total de 45 auditorías, cuyos resultados se resumen a continuación:

Acciones (estado de trámite): 181 Recuperaciones (Millones de Pesos)

En Seguimiento 106 Determinadas 1,068.7

No Notificado 75 Operadas 34.8

Acciones (por tipo): 181 Aclaradas 0.0

Recomendaciones 71 En Proceso Resarcitorio 0.0

Solicitud de Aclaración 13 Por Recuperar o Aclarar 1,033.9

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria

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Pliegos de Observaciones 49

En particular, llama la atención que la ASF determinó en su auditoría practicada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, denominada “Posición Fiscal de los Gobiernos de las Entidades Federativas” que las finanzas públicas locales de Jalisco se encuentran en riesgo para asegurar la capacidad financiera que garantice la sostenibilidad en el corto plazo, además de que la administración de la deuda pública tendrá un rol prioritario, así como el manejo responsable del gasto público, las obligaciones financieras a corto plazo, con proveedores y contratistas, y de las no constitutivas de deuda pública, como las Asociaciones Público-Privadas (APP).

Pregunta: ¿Qué recomendaciones concretas puede hacer la ASF al gobierno del Estado de Jalisco, en particular y a los gobiernos estatales en general, para evitar que se siga poniendo en riesgo su capacidad financiera?

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Con base en las auditorías realizadas con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, sobre el marco institucional de las finanzas y de la deuda pública local, la posición fiscal de las 32 entidades federativas, y las auditorías específicas a ciertas entidades federativas, municipios y entes públicos, es posible destacar las siguientes recomendaciones:

a. Cumplir con los principios de sostenibilidad de las finanzas públicas, la disciplina financiera y la responsabilidad hacendaria establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios (LDFEFM), y en las disposiciones secundarias del Registro Público Único y el Sistema de Alertas.

b. Aplicar mecanismos institucionales adecuados y prudentes para que las finanzas públicas mantengan un “Balance Presupuestario” y “Balance Presupuestario de Recursos Disponibles” en equilibrio (sin incluir financiamiento ni disponibilidades financieras de años anteriores).

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c. Determinar, de manera confiable y transparente, la capacidad de pago de las obligaciones constitutivas de deuda pública y de las no constitutivas de deuda pública, como los proyectos de prestación de servicios, Asociaciones Público-Privadas (APP), cadenas productivas, arrendamientos financieros y proveedores y contratistas.

d. Medir y monitorear con objetividad la posición fiscal de los gobiernos locales, a corto y mediano plazos, con base en indicadores apropiados que consideren el balance primario, los plazos de vencimiento y amortización de la deuda pública, el costo financiero, y las demás obligaciones y pasivos, lo cual es indispensable para definir las medidas de consolidación fiscal (incrementar ingresos y ajustar el gasto), y las acciones requeridas de endeudamiento, reestructura y refinanciamiento.

e. Con base en la normativa y los mecanismos institucionales del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), mejorar el nivel y composición del gasto público, así como las fuentes de su financiamiento, con el fin de priorizar el gasto hacia rubros con impacto en el bienestar de la población y en la actividad productiva.

f. Aplicar sistemas de información adecuados que aseguren la calidad y congruencia entre la información contable, presupuestaria, financiera, programática, los estados financieros y la Cuenta Pública; elementos necesarios para la adecuada toma de decisiones, el control, seguimiento, evaluación y planeación de las finanzas y de la deuda pública a mediano y largo plazos.

De manera particular, en relación con las finanzas del estado de Jalisco, la ASF considera prudente que, conforme a los criterios de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria, y para cumplir con el principio de sostenibilidad, se implementen medidas para fortalecer el nivel y eficiencia de la recaudación local, así como racionalizar el gasto público. Propuesta de Estudios Funciones de Gobierno

Estudio sobre la evolución de la deuda de las entidades federativas en el periodo 2010-2016, en particular para aquellas entidades federativas que han tenido un crecimiento exponencial, y el impacto que esta política de endeudamiento ha tenido sobre las condiciones de vida y bienestar de la población.

La recomendación del mencionado estudio es pertinente dado que la deuda pública es un esquema que complementa los ingresos públicos necesarios para el financiamiento de las actividades y la prestación de servicios por parte de los entes de Gobierno. Este esquema tiene costos asociados (pago del principal y de los intereses correspondientes) que podrían perjudicar el equilibrio presupuestal de las arcas públicas, por lo cual no es convenientes abusar de la contratación de créditos.

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En ocasiones anteriores, la ASF ha llevado a cabo un importante trabajo de análisis de la deuda de las entidades federativas, como lo demuestra el documento “Análisis de Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios” en sus dos versiones (agosto de 2012 y junio de 2011). Se antoja necesario un nuevo estudio de este tipo, toda vez que existen entidades federativas que, como Zacatecas, han incrementado de manera exponencial el saldo de sus obligaciones financieras, como lo muestran los datos del cuadro adjunto. Sobre el particular, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano solicitó, en el marco de la segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2016, al entonces Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, una revisión de la contratación de deuda pública por parte del Gobierno del Estado de Zacatecas para el periodo 2010-2016, toda vez que aumentó 1,146% en dicho sexenio. La respuesta que recibimos fue que, por disposiciones legales, “nosotros” teníamos que aportar pruebas de alguna irregularidad para que la ASF procediera a revisar el periodo señalado. El sólo hecho de que la deuda pública haya aumentado de manera exponencial ya es en sí mismo, una irregularidad, aunque supusiéramos –sin conceder- que todos los contratos de deuda se apegaron a derecho. La sociedad mexicana en general, y la zacatecana en particular, merecen una explicación de las causas que motivaron tal incremento en la deuda pública de las entidades federativas, pues son las generaciones futuras quienes tendrán que hacerle frente a esas obligaciones. Se está hipotecando el futuro de los jóvenes en México. Finalmente, vale la pena señalar que en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 (PAAF 2017) sólo se contemplan 11 auditorías relativas a la deuda de entidades federativas (CD. MX., Baja California, Campeche, Estado de México, Nuevo León, Zacatecas) y municipios (Hermosillo, Morelia y Puebla). Por ello, en Movimiento Ciudadano consideramos que estas auditorías deben complementarse con estudios como el que se propone. Dado el alto nivel técnico y profesional del personal de la Auditoría Superior de la Federación, los resultados del Estudio propuesto seguramente serán de gran utilidad para evaluar de manera imparcial los beneficios concretos que sobre el bienestar de la población ha tenido el aumento de la deuda pública en las entidades federativas, especialmente en aquellas que como Zacatecas ha visto crecer su deuda pública de manera exponencial.

Saldo de la Deuda Pública por Entidad Federativa 2010-2016 (Miles de Millones de Pesos)

Entidad 2010 2016 Variación % del Periodo

1 Zacatecas 0.7 8.5 1,146.3

2 Campeche 0.3 1.6 386.9

3 Coahuila 8.3 36.9 346.3

4 Chihuahua 12.5 49.4 293.7

5 Morelos 1.3 4.8 278.1

6 Chiapas 8.2 21.5 161.0

7 Colima 1.3 3.4 160.8

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8 Oaxaca 4.6 11.7 153.5

9 Veracruz 21.5 49.2 128.8

10 Quintana Roo 10.0 22.2 121.2

11 Baja California 9.5 20.7 118.1

12 Tabasco 2.2 4.8 114.9

13 Durango 3.7 7.8 110.9

14 Michoacán 10.1 21.2 110.5

15 Nuevo León 34.0 65.8 93.7

16 Nayarit 3.2 6.0 90.4

17 Sonora 17.3 29.2 68.9

18 Hidalgo 4.0 6.1 51.6

19 Sinaloa 4.9 7.3 49.6

20 Yucatán 1.8 2.7 46.4

21 Distrito Federal 52.6 73.8 40.4

22 Tamaulipas 10.1 13.4 33.1

23 Jalisco 22.1 27.3 23.4

24 Baja California Sur 2.0 2.5 23.1

25 Edo. de México 38.2 42.6 11.4


27 Guanajuato 7.6 8.1 6.1

28 San Luis Potosí 4.8 4.5 -6.7

29 Puebla 9.1 8.3 -8.8

30 Guerrero 3.8 2.8 -26.2

31 Querétaro 2.2 1.5 -32.4

32 Tlaxcala 0.0 0.0 N. A.

Suma 314.7 568.4 80.6

Promedio 9.8 17.8 80.6

N. A. = No Aplica. Fuente: Auditoría Superior de la Federación “Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios, 2000-Marzo 2011”, H. Cámara de Diputados, Cd. Mx., junio de 2011, p. 4; y Centro de Estudios de las Finanzas Públicas “Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas de México, al Cuarto Trimestre de 2016”, H. Cámara de Diputados, Cd. Mx., 28 de febrero de 2017, p. 7).

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: A partir de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, la ASF lleva a cabo la revisión del cumplimiento de la LDFEFM, mediante auditorías sobre la posición fiscal de las entidades federativas, la cual tiene una perspectiva multianual. Dicho ejercicio sirve como referente básico para examinar la evolución y dinámica de las finanzas y de la deuda pública local, en relación con sus objetivos y proyecciones. Es de señalar que en dichas revisiones no se contempla el impacto que tiene el endeudamiento sobre el bienestar de la población.

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Si bien se considera que por medio de dichas auditorías se atienden los planteamientos del Grupo Parlamentario, la ASF, en el marco de su autonomía técnica y de gestión, analizará la pertinencia de elaborar una propuesta de estudio o evaluación, para su inclusión en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior (PAAF) de la Cuenta Pública 2018.

Grupo Parlamentario NA Comentarios correspondientes a las intervenciones del Grupo Parlamentario Nueva Alianza Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES). Contrataciones Públicas, irregularidades recurrentes y opacidad en contratos y acuerdos con la APF Federación ha efectuado auditorías forenses a distintas universidades públicas con el objeto de revisar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados entre dichas instituciones educativas y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. Además de las revisiones mencionadas, en el marco de la nueva Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de la Federación, se efectuaron tres auditorías forenses sobre ejercicios anteriores en el transcurso del ejercicio 2017 por el presunto manejo irregular de recursos públicos federales, dos a Radio y Televisión de Hidalgo y una al Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, con el fin de revisar los recursos públicos relacionados con contratos y convenios celebrados entre dichas instituciones y distintas dependencias de la Administración Pública Federal. Dichas revisiones han puesto de manifiesto anomalías diversas relacionadas, principalmente, con la inobservancia de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público; irregularidades en el proceso de subcontratación de empresas; la incapacidad para dar cumplimiento a los convenios suscritos; sobrecostos detectados en las contrataciones; y los mecanismos de simulación utilizados para la justificación de pagos; entre otras. Si bien la mecánica compuesta para la instrumentación de estos contratos, como lo señala la misma Auditoría Superior al amparo de lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ha sido observada por el ente de fiscalización superior en los ejercicios previos, existen fallas en el lineamiento normativo que siguen dando cause a este tipo de irregularidades, debido a lo cual, se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Qué impacto han tenido en los entes auditados las acciones promovidas por la Auditoria Superior en la revisión de los contratos fiscalizados?

2. ¿Se ha sancionado a los servidores públicos responsables de implementar este tipo de mecanismos ilícitos?

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3. ¿Se ha realizado alguna modificación, o existe la intención de modificar el Artículo 1o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en lo respectivo a la celebración de contratos y convenios suscritos con la APF?

4. ¿Se ha modificado el esquema técnico para la implementación de auditorías forenses a este tipo de contratos?

5. ¿Además de revisar lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, qué modificaciones normativas se consideran necesarias para evitar la incidencia de irregularidades y la comisión de actos ilícitos relacionados con este tipo de contratos?

6. ¿Qué otras medidas, además de la modificación en la legislación aplicable, son necesarias para impedir este tipo de actos?

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Derivado de las auditorías practicadas a las Cuentas Públicas 2012 a 2016, en relación con las contrataciones entre entes públicos en las que han estado involucradas universidades, se emitieron observaciones por un monto de 6,879 millones de pesos (mdp), mismos que podrían ser recuperados conforme se lleven a cabo los procesos de solventación correspondientes. Asimismo, es importante recordar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de acuerdo con el marco normativo aplicable, promueve las sanciones administrativas y penales a las que haya lugar. Asimismo, y en respuesta a la pregunta sobre las modificaciones a las disposiciones legales vinculadas con el tema de las contrataciones entre entes públicos, principalmente universidades, cabe mencionar que la ASF ha recomendado, de manera reiterada, lo siguiente:

a. Reglamentar el artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púbico (LAASSP) para que cuando se contraten bienes o servicios entre entidades públicas, dado el carácter excepcional de este mecanismo, se establezca que el titular de la dependencia contratante sea quien suscriba los contratos correspondientes.

b. Establecer la obligatoriedad de que los titulares de las dependencias contratante y contratada sean los responsables de vigilar el cumplimiento de los términos que se formalicen al amparo de dicho artículo.

c. Disponer que la información sobre este tipo de adquisiciones sea incorporada al sistema CompraNet, con objeto de reducir las condiciones de opacidad en las que se han desarrollado estas operaciones y dar pie a un entorno apropiado de transparencia y rendición de cuentas.

Sin embargo, no se tiene conocimiento sobre los avances respecto a la formalización de dichas recomendaciones. Derechos por servicios, uso, goce o aprovechamiento de playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar y depósitos de aguas marítimas

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A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponde ejercer la posesión y propiedad de la nación en las playas, la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) y terrenos ganados al mar, así como otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, asignaciones, y reconocer derechos según corresponda, en materia de aguas, forestal, ecológica, explotación de la flora y fauna silvestre, y sobre playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar (artículo 32 Bis, fracciones VIII y XXXIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal). En la presente revisión se encontraron diversas irregularidades relativas al pago de derechos, tales como; Incumplimiento en la documentación para el Otorgamiento de Títulos de Concesión y Permisos; Monto por pago de Derechos por servicios inconsistente; Información incorrecta en materia de recaudación; además de que no se cuenta con información para determinar el monto por Derechos por uso, goce o aprovechamiento. Asimismo, se encontró que sólo 10 de 17 entidades reportaron ingresos por concepto de "Derechos por el uso, goce o aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público/Otros/Concesiones y permisos para el uso o goce de inmuebles (arts. 232 al 235 de la LFD)". En este sentido, Señor Auditor Superior:

1. ¿Cuáles serán las acciones que tomará la Auditoría Superior de la Federación, en el

ámbito de su competencia, respecto a las irregularidades en las que ha incurrido la SEMARNAT en el tema de recaudación de derechos que se debió obtener por la prestación de servicios y por el uso, goce o aprovechamiento de las playas, la Zona Federal Marítimo Terrestre y los terrenos ganados al mar?

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Derivado de la auditoría 392-DE “Derechos por servicios, uso, goce o aprovechamiento; playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar y depósitos de aguas marítimas” practicada a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la ASF emitió las siguientes acciones, a las cuales se les dará seguimiento hasta su conclusión en términos de la normativa aplicable:

a. Incumplimiento de la documentación para el otorgamiento de títulos de concesión y permisos. Se emitió una recomendación a la SEMARNAT, con el objeto de que implemente los controles necesarios para garantizar que los solicitantes de títulos de concesión y permisos cumplan con los requisitos establecidos en la normativa, así como una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, a los servidores públicos de esa dependencia por otorgar títulos de concesión, sin contar con la documentación correspondiente.

b. Pago de derechos por servicios inconsistentes. Se emitió una recomendación para que la SEMARNAT gestione, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), el acceso a los módulos de consulta y reportes del sistema

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electrónico de pagos "e5cinco", con el fin de que fortalezca sus controles para validar los pagos realizados por los solicitantes, y los servicios pendientes de otorgar.

c. Información incorrecta en materia de recaudación. Se emitió una recomendación para que la SEMARNAT determine la instancia responsable de verificar que la información presentada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por las entidades federativas, en los Resúmenes de Operaciones de Caja, corresponda únicamente a los ingresos federales coordinados.

d. Inexistencia de información para determinar el monto de derechos por uso, goce o aprovechamiento. Se emitieron dos recomendaciones a la SEMARNAT: (1) incorporar en su reglamento interior la facultad para requerir a las entidades federativas y municipios información que permita verificar que los concesionarios y permisionarios cumplieran con el pago de derechos y, en su caso, identificar a quienes hayan sido omisos, con el fin de gestionar la extinción de la concesión o permiso correspondiente; y (2) fortalecer sus actuales sistemas de información, a fin de contar con datos confiables y veraces sobre el pago de derechos reportado por las entidades federativas y sus municipios.

e. Sólo 10 de 17 entidades reportaron ingresos por concepto de recaudación de derechos. Respecto a este tema, es importante aclarar que la SEMARNAT no incurrió en ninguna irregularidad, ya que no tiene atribuciones para verificar la recaudación de los derechos. Asimismo, el SAT informó que, de conformidad con la cláusula segunda de los Anexos No. 1 de los convenios de colaboración suscritos entre las entidades federativas costeras con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las facultades de recaudación, comprobación, determinación y cobro de los derechos en comento, entre otros conceptos, corresponden a las entidades federativas o a sus municipios. De manera particular, con el propósito de subsanar dicha problemática, se emitieron las siguientes dos sugerencias a la Cámara de Diputados:

I. Modificar el artículo 32 Bis, y demás artículos vinculados de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal (LOAPF), para que la SEMARNAT cuente con facultades para vigilar, en coordinación con el SAT, que los permisionarios y concesionarios cumplan con sus obligaciones de pago de derechos por servicios, y por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, en las playas, la Zona Federal Marítimo Terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, así como que las entidades federativas y sus municipios reporten la recaudación correspondiente en la Cuenta Pública.

II. Reformar el artículo 3 y demás artículos vinculados de la Ley Federal de Derechos (LFD), para que el SAT cuente con la facultad de verificar y supervisar la recaudación de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, en las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, estos últimos considerados ingresos federales coordinados que, mediante la suscripción de Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, estén delegados para su administración a las entidades federativas y municipios.

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Construcción del embovedamiento del río de los remedios, tramos oriente y poniente, en el Estado de México Como parte del entubamiento de cauces que complementarán el sistema de drenaje actual y con el propósito de mitigar el almacenamiento de aguas provenientes de los drenajes y el tiradero clandestino de residuos sólidos, así como la generación de reacciones anaerobias y de gases tóxicos, en octubre de 2015 se adjudicó la construcción del embovedamiento del río de los Remedios, ubicado en el límite de los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec, en el Estado de México, el cual se considera un conducto con la geometría y estructuras hidráulicas necesarias que eliminen los riesgos de desbordamiento, mejoren las condiciones ambientales de la zona y permitan un mejor funcionamiento del sistema de drenaje superficial mediante un entubamiento de 3.0 metros de diámetro interior con tubería basada en materiales plásticos o resinas para lograr un caudal combinado de hasta 12.5 metros cúbicos por segundo y que en época de estiaje facilite el mantenimiento del Túnel Interceptor Río de los Remedios. De fiscalización a los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2016, se revisaron dos contratos de obra pública y uno de servicios. De la revisión a dichos contratos se determinaron irregularidades que tienen que ver con el uso de bitácoras convencionales sin autorización de la Secretaría de la Función Pública; convenio modificatorio irregular; cambios en los términos de los contratos, sin la celebración del convenio modificatorio respectivo; pagos indebidos por 377.6 millones de pesos. Al respecto,

1. ¿Cuáles serían las medidas de fiscalización y verificación que instrumentaría la ASF

para asegurar que la gestión financiera de los recursos federales canalizados a la construcción del embovedamiento del río de los Remedios, se lleve a cabo de conformidad con la legislación aplicable?

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Dada la relevancia de los resultados de la auditoría 403-DE “Construcción del embovedamiento del Río de los Remedios, tramos oriente y poniente, en el Estado de México”, se decidió continuar la verificación del ejercicio del gasto de dicho proyecto, a través de la inclusión, en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización (PAAF) de la Cuenta Pública 2017, de la auditoría 434-DE, con la cual se dará seguimiento a las observaciones correspondientes a la Cuenta Pública 2016, y se revisará lo ejecutado y pagado en los trabajos durante el ejercicio de 2017. Programa de prevención de riesgos La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) definió en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del programa presupuestario S254 "Programa de prevención de riesgos" la existencia de riesgos en los asentamientos humanos por la ocupación desordenada del territorio.

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Para atender dicha problemática, en el 2016 se destinó la entrega de subsidios por parte del Pp a la ejecución de dos componentes: 1) programas de planeación, que comprende los Programas de Gestión de Riesgo y Ordenamiento Territorial en las 32 entidades federativas y los 710 municipios que pertenecen al Sistema Urbano Nacional (SUN), así como los Atlas de Riesgos en los 710 municipios pertenecientes al SUN, y 2) prevención y mitigación de riesgos, que incluye los 710 municipios pertenecientes al SUN. En la fiscalización superior 2016 se determinaron irregularidades diversas que se resumen en debilidades en la definición de objetivos y metas de la MIR; deficiencias de las Reglas de Operación establecidas; entrega de subsidios que no se ajustan a las Reglas de Operación; falta de integración y registro del padrón de beneficiarios; entrega de recursos pese a incumplimiento de requisitos en las Reglas de Operación; e, incumplimiento eh los plazos establecidos para la conclusión de obras.

1. ¿Qué acciones deberá de proponer la ASF a la SEDATU, para lograr que la totalidad de

los subsidios otorgados a los municipios para la prevención de riesgos, sean aplicados en zonas catalogadas con un índice global de muy alto riesgo y no como fue el caso en 2016, cuando sólo el 49.4% de los 81 subsidios, que ascendió a un monto de 114.1 millones de pesos, se destinó a otras entidades que no se encontraban dentro de la población objetivo del programa?

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: En el transcurso de la auditoría 389-DE “Programa de Prevención de Riesgos” y con motivo de la intervención de la ASF, la SEDATU instruyó a las unidades responsables, elaborar un plan de trabajo para la actualización de las reglas de operación de dicho programa, en el cual se propondrán indicadores para medir la gradualidad en la atención de la población objetivo de forma acumulada. De manera particular, la Dirección General de Tecnologías de la Información de dicha dependencia solicitó al titular de la dependencia que se actualizara el Sistema Integral de Información de los Programas Sociales, a efecto de disponer de un mecanismo de control para la correcta integración de los expedientes técnicos de los proyectos aprobados, cumplir con los requisitos establecidos en las reglas de operación y entregar los subsidios a la población objetivo del programa. Control Interno del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales La Comisión Nacional de Vivienda es un organismo descentralizado, de utilidad pública e interés social, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que es sujeta del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno (Acuerdo de Control Interno), documento que forma parte de las acciones instrumentadas por la Secretaría de la Función Pública para estandarizar, bajo criterios de simplificación administrativa, las disposiciones, políticas o

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estrategias, acciones o criterios y los procedimientos internos que en materia de control interno se deberán observar en el ámbito de la Administración Pública Federal (APF). En la fiscalización superior 2016, a través de la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, la ASF identificó que la CONAVI no cumple con las funciones administrativas de asistir a los Comités y a la Junta de Gobierno, no existen mecanismos de control interno en materia de línea ética; de capacitación del personal en temas de control interno, ética e integridad y prevención de la corrupción; identificación de riesgos, autoevaluaciones, segregación de funciones, así como de controles preventivos vinculados al proceso general para el otorgamiento de subsidios. Señor Auditor Superior,

1. ¿Qué acciones ha propuesto la ASF a la SEDATU ante la falta de gobernanza que se

advierte en la institución, lo cual podría de repercutir negativamente en los resultados de su gestión?

Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación: Derivado de la auditoría 390-DE “Control interno del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales”, correspondiente a la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, no se propusieron acciones de mejora a la gobernanza de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), toda vez que la revisión se practicó directamente a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), la cual se encuentra agrupada al sector coordinado por la SEDATU; instancia a la cual sólo le corresponde participar en el Órgano de Gobierno de la Comisión. Las principales recomendaciones emitidas a la CONAVI fueron las siguientes:

a. Incluir en los programas de capacitación del personal, temas asociados con la gobernanza (control interno, ética e integridad y prevención de la corrupción, entre otros).

b. Llevar a cabo la identificación de riesgos e implementar las medidas preventivas necesarias para evitar la materialización de los mismos y la recurrencia de observaciones.

c. Realizar autoevaluaciones de control, documentar la correcta segregación de funciones y establecer controles preventivos vinculados con el proceso general para el otorgamiento de subsidios.

Asimismo, se requiere compromiso y diligencia de los miembros de la Junta de Gobierno y de los comités especializados para participar en sus sesiones. Cabe señalar que entre los miembros de la Junta de Gobierno de la CONAVI se encuentra la SEDATU, quien no asistió a ninguna de las sesiones celebradas en 2016.

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4.2.3. Opinión de otras Comisiones Ordinarias

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL RESPECTO AL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA 2016

El Órgano Fiscalizador expone en su dictamen los siguientes resultados de los programas Auditados.

Primer programa denominado “ATENCIÓN DE CONFLICTOS AGRARIOS; DICTAMEN: El presente dictamen se emite el 31 de mayo de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario E002 “Programa de Atención de Conflictos Agrarios” se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: Deficiencias en el proceso de autorización y pago de los asuntos de conflictos agrarios y falta de documentación comprobatoria que ocasionaron, entre otros aspectos, los siguientes: el Comité del Programa de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural (COMAC) no sesionó para autorizar el pago con recursos del ejercicio 2016 de contraprestaciones de cuatro asuntos autorizados en las cuentas públicas 2012, 2014 y 2015 por 281.3, 40,000.0, 2,462.0 y 5,130.0 miles de pesos, respectivamente; en el caso de la CLC núm. 2155 por 8,000.0 miles de pesos, menos un reintegro enterado a la TESOFE por 132.9 miles de pesos correspondiente a la contraprestación del asunto Adolfo López Mateos, se identificó que el cheque núm. 563 que se le entregó al beneficiario en comento fue por 6,450.0 miles de pesos faltando documentación comprobatoria por 1,417.1 miles de pesos; se encontró el registro de un comprobante fiscal duplicado de un prestador de servicios profesionales por 19.1 miles de pesos; se aprobó la aplicación de los recursos del programa presupuestario E002 en tres asuntos aun cuando no se contó con los dictámenes jurídicos de procedencia, y en el caso del asunto “Casas Grandes”, no se garantizó la adecuada entrega de los recursos a los beneficiarios dentro del periodo no mayor a los seis meses.

Segundo programa denominado: Construcción de Viviendas, en la Pesquería La Gloria, Municipio de Arriaga, en el Estado de Chiapas;

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DICTAMEN: El presente dictamen se emite el 16 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto mediante el fideicomiso FONDEN, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: Se llevó a cabo la adquisición del inmueble para la construcción de las 38 viviendas sin contar con el avalúo oficial ni la escrituración del terreno por parte de la SEDATU. No se acreditó la suspensión de los trabajos y servicios en el periodo del13 de mayo de 2014 al 27 de marzo de 2015 (317 días naturales después). Incumplimiento y omisión en la aplicación de penas convencionales por los atrasos registrados en relación con el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las contratistas. En las 38 viviendas correspondientes a la localidad de la pesquería La Gloría, en el municipio de Arriaga, Chiapas, se comprobó la ejecución de trabajos de mala calidad, lo que confirma la falta de supervisión, vigilancia y control, no obstante que se pagó la totalidad del contrato adjudicado a una empresa de supervisión externa. En las 38 viviendas correspondientes a la localidad de la pesquería La Gloría, en el municipio de Arriaga, Chiapas, se comprobó que no cuentan con los servicios urbanos básicos. No se han elaborado los finiquitos, las actas de entrega-recepción y de extinción de derechos y obligaciones, ni acreditó la acción de presentar las garantías para responder por los vicios ocultos, no se han registrado las viviendas en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Chiapas y los títulos de propiedad correspondientes para los beneficiarios.

Tercer Programa denominado: Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con Universidades Públicas y Entes Públicos Estatales para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios;

DICTAMEN: El presente dictamen se emite el 9 de febrero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de

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cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar los recursos públicos erogados derivado de contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados con Universidades Públicas y Entes Públicos Estatales para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: Contrató servicios al amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, (LAASSP) con dos Entes Públicos Estatales, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. (TELEMAX), y siete Universidades Públicas: Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), Universidad Tecnológica de Campeche (UTCAM), Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB), Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM), Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO), Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC) y Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) actualmente Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (UAIS), a las que les pagó en 2016 un total de 1,899,769.0 miles de pesos; de las cuales los dos entes públicos y cinco universidades, contrataron con terceros los servicios pactados con la SEDATU, entre el 56.1% y 100.0% del total pagado en 2016, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento de la LAASSP. De ese monto, 1,517,713.7 miles de pesos, equivalentes al (79.9%), lo pagó con recursos del programa S273 “Programa de Infraestructura”, (Ver resultados de la auditoría núm. 1835-DE “Gestión Financiera y Operativa del Gasto” practicada a la SEDATU). De los servicios convenidos con el SQCS y TELEMAX en el 2016, por 450,060.7 y 271,891.7 miles de pesos, la SEDATU pagó de dos hasta cuatro veces un mismo entregable y no justificó, ni acreditó la difusión, uso, utilidad y/o acciones implementadas; además, en las auditorías forenses 1791-DS-GF y 1794-DS-GF practicadas a estos entes públicos estatales, se comprobó que ni éstos, ni las empresas y personas físicas que se vieron beneficiadas con los recursos federales, participaron en la elaboración de producto o servicio alguno en favor de la SEDATU, por lo que las irregularidades son por el total que se les pagó. Respecto de los servicios de cuatro convenios pagados en 2016 a la UPCH por 186,113.4 miles de pesos, los entregables por la presunta prestación de servicios para llevar a cabo cuatro diagnósticos, presentan inconsistencias y no cumplen con los objetivos; y en la auditoría forense 195-DS realizada a la UPCH, se constató que los servicios los subcontrató con una empresa por 81,642.8 miles de pesos, y ésta a su vez con cuatro empresas de las que no se acreditó los hayan realizado; además, transfirieron los recursos a otras 11 empresas y 9 personas físicas; y el sobrecosto pagado por la SEDATU por 104,470.6 miles de pesos, la universidad los aplicó indebidamente como beneficio propio en la adquisición de un sistema a un proveedor que no se localizó, ni a los otros dos que a su vez subcontrató, por lo cual la irregularidad es por el total de los cuatro convenios. De otro convenio pagó a la UPCH sobrecosto de 13,292.0 miles de pesos, por un sistema.

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Del convenio con la UTCAM, del cual en 2016 se pagaron 182,816.0 miles de pesos, no se acreditaron los servicios ejecutados y en la auditoría forense 198-DS que se le practicó a la UTCAM, se constató que pagó al proveedor que subcontrató 92,801.1 miles de pesos, y se quedó un remanente por 90,014.9 miles de pesos de lo cual, de manera injustificada, realizó transferencias por 79,049.7 miles de pesos a 11 empresas, sin presentar documentación alguna que acreditara estos pagos, por lo que la irregularidad es por 90,014.9 miles de pesos. De los servicios que contrató y pagó con la UMB en el ejercicio 2016 por 178,060.0, no se acreditó que se haya cumplido con los objetivos y alcances por lo que no se justifica el pago realizado a la universidad y en la auditoría forense 193-DS practicada a la universidad, se constató que subcontrató los servicios con dos proveedores y una persona física, por 82,542.6 miles de pesos, que no demostraron que desarrollaron los trabajos; y el remanente por 95,517.4 miles de pesos, la universidad indebidamente lo consideró como beneficio propio. Respecto del Convenio Específico con la UPFIM por 185,839.5 miles de pesos, no se acreditó la existencia, ni operación del sistema informático y el padrón de las usuarias de los servicios del referido Centro Ciudad de las Mujeres es coincidente en un 98.6% con el entregable presentado por el ITSC también contratado por la SEDATU en 2016, y respecto del Manual del Sistema de Gestión y Operación de los Servicios del Centro, es semejante al entregable de la UAIS, también contratada por la SEDATU en 2016. Asimismo, el servidor público de la SEDATU que suscribió el citado convenio manifestó no haberlo firmado, ni la demás documentación que acredita la ejecución, recepción y pago de los servicios, ni haber tenido relación alguna con la UPFIM; aunado a que en la auditoría forense 196-DS a la UPFIM, se constató que contrató con terceros el 98.0% de los servicios pactados con la SEDATU con dos empresas, y se concluyó que presumiblemente simuló y elaboró evidencia documental para comprobar la prestación de servicios, desde la suscripción del convenio hasta los entregables. En los dos convenios con la UPQROO, se determinó que en 2016 la SEDATU pagó 97,167.0 miles de pesos; sin embargo, se comprobó que todos los entregables presumiblemente realizados por la UPQROO presentan diversas inconsistencias en su contenido y no cumplen con lo pactado; lo anterior aunado a que en la auditoría forense 1793-DS practicada a la UPQROO, se contrató a ocho proveedores por el 100.0% que a su vez transfirieron los recursos que recibieron a diversas empresas y personas físicas, sin que existan contratos que justifiquen los pagos. De los tres convenios suscritos y pagados en 2016 con el ITSC, por 168,388.4 miles de pesos, se detectó que el entregable del primer convenio suscrito en 2015 y pagado por la SEDATU en 2016 por 25,520.0, es coincidente en su totalidad, con el financiado por el BID al amparo de la Coordinación Técnica número ME-T1259 y, se comprobó que el mismo fue pagado por la SEDATU en 2016 a la UAIM. Del segundo convenio de 2016, el entregable consistente en el Diagnóstico de la Situación Actual de la vivienda en México y sus alternativas, por 41,942.7 miles de pesos, se observó que la información fue extraída textualmente de internet, y es de 2014. Del tercer convenio suscrito en 2016 por 100,925.7 miles de pesos, el entregable pactado con

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el ITSC, es el mismo al convenido simultáneamente por la SEDATU con la UPFIM y es coincidente en un 98.6%, y ambos tienen múltiples inconsistencias. Asimismo, el Director General del ITSC manifestó a la ASF que los convenios suscritos en 2016, servidores públicos de la SEDATU se los llevaron para su firma, así como los convenios y los entregables ya elaborados. Por otra parte, el Director General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo de la SEDATU manifestó a la ASF que ni en 2015 ni en 2016, suscribió o firmó convenio alguno con el ITSC. Se comprobó del convenio específico por 106,838.9 miles de pesos suscrito con la UAIM, que la SEDATU recibió los servicios presuntamente ejecutados por la UAIS; sin embargo, se constató que los entregables fueron elaborados con anterioridad con recursos del BID al amparo de la Coordinación Técnica núm. ME-T1259, de donde la Directora General Adjunta para la Igualdad de Género de la SEDATU, participó por parte de la SEDESOL en 2014, además no contaba con atribuciones para contratar los servicios. Asimismo, se observó que los mismos entregables fueron pagados al ITSC y a la UPFIM, y derivado de la visita domiciliaria realizada a la UAIS, se constató que ni la UAIS ni las 5 empresas subcontratadas por ésta, acreditaron la ejecución de los servicios. Se concluye que se simularon diversos actos jurídicos y presuntas contrataciones con proveedores, con irregularidades por 1,747,666.4 miles de pesos.

Cuarto Programa denominado: Gestión Financiera y Operativa del Gasto; DICTAMEN: El presente se emite el 8 de febrero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera y operativa del presupuesto de egresos para la ejecución de programas a cargo de la Secretaría y de sus organismos coordinados sectorialmente, para verificar que los procesos de solicitud, recepción, dispersión, adecuaciones, ejercicio, seguimiento, comprobación y registro presupuestal y contable, se efectuaron de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: De los 6, 231,605.4 miles de pesos, reportados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016, como ejercidos en el capítulo 4000 del Programa de Infraestructura, la SEDATU ejerció 3, 855,835.3 miles de pesos, en conceptos de gastos distintos a los autorizados, los cuales corresponden al capítulo 3000 "Servicios Generales", sin contar con las adecuaciones presupuestales, ni con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dichos pagos se realizaron a: Universidades por 1,023,758.6 miles de pesos; a proveedores por 1,489,324.0 miles de pesos; Programa Hábitat "2015" por 148,499.5 miles de pesos; a los

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Programas de Vivienda Digna y Rural "2015" por 268,569.6 miles de pesos; y transferencias a cuentas bancarias por 689,220.9 miles de pesos, entre otros; cabe señalar que de los 689,220.9 miles de pesos, antes mencionados, no se identificó al beneficiario, ni se cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria de dichas transferencias. La SEDATU no cumplió con el objetivo del Programa de Infraestructura, ya que para el ejercicio 2016, se tenían registrados 102,626 proyectos autorizados en las tres vertientes, de los cuales, se reportaron como terminados 72,942 proyectos; en proceso o no iniciados 29,649, y cancelados 35.

Quinto Programa denominado: Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio;

DICTAMEN: El presente se emite el 6 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar que, mediante la planeación, coordinación, seguimiento y evaluación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) condujo la política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, de conformidad con las disposiciones legales aplicables para verificar el cumplimiento de objetivos y metas. Se utilizaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. Los documentos de la planeación nacional 2013-2018 refieren que en las ciudades el crecimiento del territorio urbano no es proporcional a la tendencia del crecimiento poblacional, ya que mientras la población urbana se duplicó durante los últimos treinta años, la superficie urbana se multiplicó por seis. En los árboles del problema y del objetivo 2016 del Programa presupuestario P005 “Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio” (Pp P005), la SEDATU reconoció que persiste una inadecuada conducción de la política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, debido al diseño inadecuado de la planeación estratégica de la política, la desactualización de la normativa en la materia, la baja coordinación con los tres órdenes de gobierno para la implementación de la política, el inadecuado seguimiento de la gestión y evaluación de los resultados de los programas del sector. Para atender esa problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se asignaron 897,924.8 miles de pesos al Pp P005, con el fin de que la SEDATU conduzca la política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, mediante la planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de la política. Los resultados mostraron que, en 2016, la SEDATU ejerció 1,802,458.4 miles de pesos en el Pp P005, lo que significó 100.7% más que los 897,924.8 miles de pesos presupuestados debido a las ampliaciones autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no acreditó que se erogaran para el cumplimiento de los objetivos y metas del programa, ni contó con

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registros auxiliares que mostraran los avances presupuestarios y contables para realizar el seguimiento y evaluación del ejercicio presupuestal. En la planeación, en 2016, la SEDATU no impulsó la constitución de una instancia sectorial ni estableció cuál es su objetivo y misión para contribuir al desarrollo urbano y el ordenamiento del territorio. Además, aun cuando la dependencia acreditó la dictaminación de siete manuales y dos lineamientos de operación, así como la actualización de siete reglas de operación y dos lineamientos, no dispuso del número total de instrumentos normativos susceptibles de dictaminar y actualizar. En la coordinación, la dependencia no comprobó que en 2016 suscribió contratos, acuerdos y convenios de colaboración, coordinación y concertación con las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, con las entidades federativas y con los municipios, para la atención y solución de problemas del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano. En el seguimiento, la SEDATU no evidenció la implementación del Tablero Maestro Agrario Territorial y Urbano (TAMATU), ya que no sustentó los resultados y avances en su operación; y en la evaluación, no demostró contar con un programa de trabajo en 2016 para planear, establecer y coordinar el Sistema Evaluación Integral de la Gestión del Sector, ni programó la realización de estudios prospectivos, a fin de anticipar escenarios y necesidades de desarrollo en materia de ordenamiento territorial. En 2016, la SEDATU careció de elementos para evaluar en qué medida avanzó en la conducción de una política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, ya que no integró, procesó, generó y analizó la información estratégica del territorio nacional que coadyuvará a la planeación territorial del desarrollo y a la toma de decisiones, para asegurar la consecución de metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales. En opinión de la ASF, en 2016, persistió el problema de la inadecuada conducción de la política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, ya que la SEDATU no estableció las bases para la conducción de la política, a fin de atender los problemas del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano como se mandató en el PEF, ya que con el ejercicio presupuestal de los 1,802,458.4 miles de pesos no fue eficiente en la atención de las causas de la inadecuada planeación, coordinación, seguimiento y evaluación de la política, ya que no evidenció la constitución de una instancia sectorial de planeación; no dispuso del universo de documentos regulatorios para dictaminar y actualizar; no estableció la coordinación de los actores, ni comprobó la suscripción de contratos, acuerdos y convenios de colaboración para la atención y solución de problemas en la materia; tampoco acreditó la evaluación y seguimiento, ya que no demostró la implementación del Tablero Maestro Agrario Territorial y Urbano ni del Sistema de Evaluación Integral de la Gestión del Sector, por lo que no registró ni obtuvo información clara y confiable que permitiera la adecuada toma de decisiones para el cumplimiento de las metas y los objetivos del Programa Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales.

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Hechos posteriores: al vincular los resultados del Pp P005 en materia de planeación, coordinación, seguimiento y evaluación detectados a 2016 con las atribuciones y facultades de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada el 28 de noviembre de 2016, se identificó que ésta retoma la necesidad de contar con figuras organizativas, instrumentos y mecanismos para la conducción de la política de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, en el marco de la participación de los tres órdenes de gobierno, pero es necesario que la SEDATU se asegure de establecer, en las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la nueva ley, las obligaciones y procedimientos específicos que concreten lo mandatado. Al cierre de la auditoría, la secretaría no había implementado un programa para dar cumplimento a los artículos transitorios de la nueva ley. Las recomendaciones emitidas por la ASF contribuirán a que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano replantee los mecanismos de operación para que el presupuesto se ejerza en el cumplimiento de los objetivos y las metas del Pp P005 “Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio”, atendiendo las nuevas disposiciones establecidas en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a fin de avanzar en la conducción de una política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio.

Sexto programa denominado: Programa de Infraestructura: Componente Ampliación y/o Mejora de la Vivienda;

DICTAMEN: El presente se emite el 5 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar que el otorgamiento de subsidios para impulsar obras, acciones y servicios de viviendas que presentan carencias de calidad y espacio contribuyó en la mejora de la ampliación y mejoramiento de viviendas, para verificar el cumplimiento de objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. El Gobierno Federal reconoció en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que, en materia de infraestructura territorial, la problemática deriva de la insuficiencia de ingresos para cubrir las necesidades básicas y, con ello, un aumento de hogares que presentan carencia por calidad y espacio en la vivienda, lo que provoca una disminución en la calidad de vida de sus habitantes. Para atender esta problemática, en 2016, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se implementó el Pp S273 “Programa de Infraestructura”, al que se le autorizaron 9, 362,582.7 miles de pesos (incluye subsidios y gastos de operación), sin identificar cuánto le correspondió a la vertiente, para apoyar la realización de obras, acciones y servicios para la ampliación y/o mejoramiento de espacios en la vivienda.

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Los resultados de la auditoría mostraron que en 2016, las reglas de operación presentaron deficiencias en el diseño, respecto de las disposiciones legales que regulan el otorgamiento de subsidios ya que no se definió de manera específica su población objetivo para la vertiente evaluada, no se establecieron los montos por porcentaje del costo total del programa, no se definió cómo evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva, ni cómo se garantizaría que los recursos se canalizaron exclusivamente a la población objetivo. En los documentos de rendición de cuentas y en sus registros, la SEDATU reportó un ejercicio del 69.5% (6, 509,211.9 miles de pesos) respecto del presupuesto aprobado (9, 362,582.7) en el Pp S273 “Programa de Infraestructura”, sin que se identificara cuánto correspondió a la vertiente de Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda ni acreditara el gasto. La SEDATU reportó en sus bases de datos, la construcción de 77,228 cuartos adicionales, 26.1% (20,132) se encontraban en ejecución y 73.9% (57,096) fueron concluidos, lo que representó un cumplimiento del 81.2% sobre la meta programada de 95,149, y el 1.8% (30,000 miles de pesos) de la dotación de 6,855 estufas ecológicas, sin que la dependencia acreditara esos resultados. La secretaría recibió 93,178 solicitudes para la construcción de un cuarto adicional, mismas que fueron autorizadas; sin embargo, el 5.6% (5,192) de ellas no acreditó contar con el CUIS, como requisito para su autorización. En el seguimiento de ejecución de proyectos de obra, la dependencia no lo realizó, por lo que carece de comprobación del avance de las obras para asegurar que los recursos se aplicaron para lo que fueron destinados y en beneficio de la población objetivo de la vertiente. En 2016, la SEDATU cuantificó a 21, 889,499 hogares como su población potencial, y a 69,681 hogares como la atendida; sin embargo, no determinó al objetivo ni identificó si la atendida se correspondió con los hogares ubicados dentro de las localidades rurales de muy alto, alto y medio rezago social o en AGEB urbanas de alto, medio y bajo rezago social, cuyos hogares se encuentren en situación de pobreza y carencia por calidad y espacios de la vivienda. En opinión de la ASF, la SEDATU no demostró haber contribuido a avanzar en la atención del problema público de la insuficiencia de ingresos para cubrir las necesidades básicas que provoca un aumento de hogares que presentan carencia por calidad y espacio en la vivienda, debido a que en la Cuenta Pública 2016 reportó una erogación de 6,509,211.9 miles de pesos en el Pp S273, sin que identificara ni acreditara el gasto de la vertiente revisada; sus reglas de operación no se ajustaron a las disposiciones que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el otorgamiento de subsidios, al no definir de manera específica su población objetivo, no establecer los montos por porcentaje del costo total del programa, no precisar el esquema para evitar la administración costosa y excesiva, ni garantizar que los recursos se canalizaron exclusivamente a la población objetivo; en los Avances Físico-Financieros registró que realizó 77,228 cuartos adicionales y dotó 6,855 estufas ecológicas, sin acreditar esos resultados, y sus bases de datos indicaron que atendió a 69,681 hogares, sin identificar si pertenecían a las zonas de atención del programa.

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Con la atención de las recomendaciones emitidas, la SEDATU estará en posibilidad de replantear el diseño y operación del Programa de Infraestructura, en la vertiente “Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda”, a fin de que fortalezca los mecanismos de control y acreditación del gasto de los proyectos; rediseñe sus reglas de operación para ajustarse a las disposiciones legales del otorgamiento de los subsidios, y se asegure de disponer de la documentación que sustente los avances físicos-financieros de los proyectos para la construcción de cuartos adicionales y la dotación de estufas ecológicas. Ello, para demostrar su contribución al mejoramiento y ampliación de las viviendas que presentan carencia de calidad y de espacio.

Séptimo Programa denominado: Programa de Infraestructura: Componente Espacios Públicos y Participación Comunitaria;

DICTAMEN: El presente se emite el 5 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar que el otorgamiento de subsidios para el rescate de espacios públicos y áreas comunes en desarrollos habitacionales en deterioro, abandono o inseguridad contribuyó a mejorar la imagen y el entorno, y a fortalecer la cohesión social, para verificar el cumplimiento de objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. El Gobierno Federal reconoció en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que, en materia de infraestructura territorial, la problemática deriva de una baja densidad poblacional y un deficiente ordenamiento territorial, la insuficiencia de ingresos para cubrir las necesidades básicas y, con ello, poca cohesión social, inseguridad, deterioro de la imagen y presencia de conductas de riesgo de zonas urbanas y rurales con hogares de alto y muy alto rezago social, que presentan condiciones físicas y sociales desfavorables para el desarrollo, lo que provoca una disminución en la calidad de vida de sus habitantes. Para atender esa problemática, en 2016, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se implementó el Pp S273 “Programa de Infraestructura”, al que se le autorizaron, 9,362,582.7 miles de pesos (incluye subsidios y gastos de operación), de los cuales se le asignaron a la Dirección General de Rescate de Espacios Públicos 750,026.8 miles de pesos (8.0%), para la recuperación de espacios públicos y realizar trabajos de mejoramiento físico en unidades habitacionales. Los resultados de la auditoría mostraron que en 2016, el ente presentó deficiencias en el diseño de las reglas de operación respecto de las disposiciones que norman el otorgamiento de subsidios, ya que no definió de manera específica su población objetivo para la vertiente evaluada, no se establecieron los montos por porcentaje del costo total del programa, no definió cómo evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva, ni cómo se garantizaría que los recursos se canalizarían exclusivamente a la población objetivo.

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En sus documentos de rendición de cuentas y en sus registros, la SEDATU reportó un ejercicio de 6, 509,211.9 miles de pesos en el Pp S273 “Programa de Infraestructura”, y para la vertiente evaluada 569,823.8 miles de pesos, de los cuales acreditó 541,148.9 miles de pesos y faltó por comprobar 28,674.9 miles de pesos. Para 2016, la dependencia apoyó a 389 espacios públicos, lo que significó el 97.3% de la meta de 400 espacios, sin acreditar los documentos jurídicos suscritos con los ejecutores para su instrumentación; así como 8 obras de mejoramiento físico en desarrollos habitacionales de los 10 programados, sin acreditar su aprobación. En el seguimiento de proyectos y obras, la SEDATU no acreditó los reportes trimestrales de los avances físico-financieros de 184 de los 389 proyectos de rescate de espacios público, ni de 8 obras de mejoramiento físico en desarrollo habitacionales ni dispuso de evidencia sobre la conformación de las contralorías sociales y los comités vecinales para la participación comunitaria y la cohesión social, tampoco acreditó el espacio público donde se realizaron 17 talleres ni los montos ejercidos en su aplicación. En 2016, la SEDATU cuantificó como población potencial a 23,058,199 hogares ubicados en 624 municipios, como población objetivo a 12,839,192 hogares que se encontraban en 320 municipios y la atendida de 9,430,763 hogares ubicados en 184 municipios; sin embargo, 59 municipios donde se asentaban hogares que forman parte de la población objetivo no se encontraban dentro de la población potencial; tampoco fue posible verificar que los 9,430,763 hogares reportados como atendidos correspondieron con la población potencial y objetivo conformada por hogares asentados en las Zonas de Actuación del Programa ni en espacios públicos en deterioro, abandono o inseguridad, tampoco en áreas y bienes de uso común deterioradas en desarrollos habitacionales, por lo que se desconoce la repercusión del Pp S273 “Programa de Infraestructura” para contribuir a mejorar la imagen y entorno de esos hogares. En opinión de la ASF, la SEDATU no demostró haber contribuido a avanzar en la atención del problema público relacionado con la poca cohesión social, inseguridad, deterioro de la imagen y presencia de conductas de riesgo de zonas urbanas y rurales con hogares de alto y muy alto rezago social, que presentan condiciones físicas y sociales desfavorables para el desarrollo, ya que sus reglas de operación no se ajustaron a las disposiciones que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el otorgamiento de subsidios, al no definir de manera específica su población objetivo, no establecer los montos por porcentaje del costo total del programa, no definir el esquema para evitar la administración costosa y excesiva, ni garantizar que los recursos se canalizaron exclusivamente a la población objetivo; no comprobó 28,674.9 miles de pesos de los 569,823.8 miles de pesos aplicados en la vertiente; en el seguimiento de los proyectos y obras, no acreditó los reportes de avances trimestrales físico-financieros de 184 de los 389 proyectos reportados como ejecutados ni de las 8 obras de mejoramiento físico en desarrollos habitacionales; respecto de los 9,430,763 hogares reportados como atendidos desconoció si correspondieron con la población potencial y objetivo conformada por hogares asentados en las Zonas de Actuación del programa, y careció

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de elementos para identificar los espacios públicos que contaron con contralorías sociales y comités vecinales, a fin de fomentar la participación comunitaria y la cohesión social. Con la atención de las recomendaciones emitidas, la SEDATU estará en posibilidad de replantear el diseño y operación del Programa de Infraestructura, en la vertiente “Espacios Públicos y Participación Comunitaria”, a fin de que rediseñe sus reglas de operación para ajustarse a las disposiciones legales del otorgamiento de los subsidios; fortalezca sus mecanismos de control para acreditar los recursos aplicados en la vertiente, así como de la aprobación de los proyectos y obras, y su seguimiento; y la conformación de contralorías sociales, comités vecinales para los espacios públicos. Lo anterior, a fin de demostrar su contribución en la mejora de la imagen y el entorno de los hogares que se encuentran asentados en las Zonas de Actuación del programa.

Octavo Programa denominado: Programa de Infraestructura: Componente Infraestructura para el Hábitat;

DICTAMEN: El presente se emitió el 5 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar que el otorgamiento de subsidios para la construcción de obras de infraestructura básica, complementaria y equipamiento contribuyó en la mejora de su imagen y entorno, para verificar el cumplimiento de objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. El Gobierno Federal reconoció en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que, en materia de infraestructura territorial, la problemática deriva de una baja densidad poblacional y un deficiente ordenamiento territorial, inseguridad, deterioro de la imagen y presencia de conductas de riesgo, de zonas urbanas y rurales con hogares de alto y muy alto rezago social, que presentan condiciones físicas y sociales desfavorables para el desarrollo, lo que provoca una disminución en la calidad de vida de sus habitantes. Para atender esta problemática, en 2016, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se implementó el Pp S273 “Programa de Infraestructura”, al que se le autorizaron 9,362,582.7 miles de pesos (incluye subsidios y gastos de operación), de los cuales se le asignaron a la Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios 8,449,351.2 miles de pesos (90.2%) para el mejoramiento del entorno (infraestructura básica, complementaria y equipamiento) para el desarrollo comunitario (cursos y talleres), así como la promoción del desarrollo urbano (planes y programas de desarrollo). Los resultados de la auditoría mostraron que en 2016, las reglas de operación del programa presentaron deficiencias en su diseño, respecto de las disposiciones legales que regulan el otorgamiento de subsidios, ya que no precisó de manera específica su población objetivo en dicha vertiente, no se establecieron los montos por porcentaje del costo total del programa, no

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definió cómo evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva, ni cómo se garantizaría que los recursos se canalizarían exclusivamente a la población objetivo. En los documentos de rendición de cuentas y en sus registros, la SEDATU reportó un ejercicio del 69.5% (6, 509,211.9 miles de pesos) respecto del presupuesto aprobado (9,362,582.7) en el Pp S273 “Programa de Infraestructura”, sin que se identificara cuánto correspondió a la vertiente de “Infraestructura para el Hábitat” ni acreditara el gasto. De las 8,146 obras registradas, 3,209, no cumplieron con al menos uno de los criterios (montos máximos y límites de aportación). La SEDATU estableció una meta de atención con infraestructura básica de 38,880 hogares de un total de 510,875 que presentaron déficit de infraestructura básica, de los cuales se beneficiaron 37,581, lo que equivale a un avance del 7.4% respecto del total, en cuanto a la meta de atender 127,313 hogares con infraestructura complementaria, de un total estimado de 4, 014,289 hogares con déficit, se comprobó un avance del 2.8% al beneficiar a 105,779. Además, se identificaron 25 adquisiciones de vehículos recolectores de basura por 23,461.1 miles de pesos, incluidos en la modalidad de “mejoramiento del entorno”, clasificados como proyectos de “saneamiento del entorno”, los cuales no corresponden a los tipos de apoyo de dicha modalidad. Respecto de los planes y programas, la SEDATU no acreditó los planes de manejo y de movilidad, los estudios hidrológicos y sobre cambio climático, ni los programas de desarrollo urbano de centros de población y parcial de centros históricos, sin explicar las causas, por lo que no fue posible verificar si la dependencia asesoró a los gobiernos estatales y municipales en la elaboración y ejecución de sus planes o programas de desarrollo urbano y la capacitación técnica de su personal. En relación con el seguimiento de proyectos y obras, la SEDATU no acreditó haberlo realizado durante la ejecución para verificar la operación de las obras de 1,749 proyectos correspondientes a la vertiente “Infraestructura para el Hábitat”. En 2016, la SEDATU definió como población potencial 21,889,499 hogares en el ámbito nacional, de los cuales 19,635,065 hogares se encontraron ubicados en 1,783 localidades urbanas y 2,254,430 hogares, en 58,459 localidades rurales. Asimismo, se verificó que la población objetivo se integró por 470,366 hogares, de los cuales se comprobó que 2,854 hogares no formaron parte de la población potencial; También se identificó que se atendieron 276,442 hogares en 342 localidades urbanas y 999 hogares en 7 localidades rurales; lo que equivale a un total de 277,441 hogares beneficiados en 349 localidades; sin embargo, al realizar la comparación de la base de datos de la población objetivo con la atendida se comprobó que la SEDATU benefició a 5,852 hogares ubicados en localidades que no formaron parte de la población objetivo.

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En consecuencia, de lo anterior, también se desconoce en qué medida, con la operación del Pp S273, la dependencia contribuyó a mejorar la infraestructura básica, complementaria y de equipamiento de los hogares que se encuentran asentados en las Zonas de Actuación del Programa. En opinión de la ASF, la SEDATU no demostró haber contribuido a avanzar en la atención del problema público de la falta de infraestructura básica, complementaria y de equipamiento, la cual deriva de una baja densidad poblacional y un deficiente ordenamiento territorial, inseguridad, deterioro de la imagen y presencia de conductas de riesgo, de zonas urbanas y rurales con hogares de alto y muy alto rezago social, que presentan condiciones físicas y sociales desfavorables para el desarrollo, lo que provoca una disminución en la calidad de vida de sus habitantes, debido a que en la Cuenta Pública reportó un ejercicio de 6,509,211.9 miles de pesos en el Pp S273, sin que se identificara cuánto correspondió a la vertiente de Infraestructura para el Hábitat revisada; sus reglas de operación no se ajustaron a las disposiciones que establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para el otorgamiento de subsidios, al no definir de manera específica su población objetivo, no establecer los montos por porcentaje del costo total del programa, no establecer los montos por porcentaje del costo total del programa, no precisar el esquema para evitar la administración costosa y excesiva, ni garantizar que los recursos se canalizaron exclusivamente a la población objetivo; no acreditó que realizó el seguimiento durante la ejecución para verificar la operación de las obras de 1,749 proyectos, y sus bases de datos indicaron que atendieron a 276,442 hogares, sin acreditar que fueran parte de su población objetivo. Asimismo, 3,209 proyectos no cumplieron con al menos uno de los criterios (montos máximos y límites de aportación); también se identificó que los proyectos de la modalidad de “saneamiento del entorno” correspondieron a la adquisición de 25 vehículos recolectores de basura por 23,461.1 miles de pesos, los cuales no pertenecen al tipo de proyectos que apoya dicha modalidad; demás de las deficiencias, omisiones e inconsistencias, de la información que sustente la economía de los recursos, la cobertura y el seguimiento de las obras ejecutadas. Con la atención de las recomendaciones emitidas, la SEDATU estará en posibilidad de replantear el diseño y operación del Programa de Infraestructura, en la vertiente “Infraestructura para el Hábitat”, a fin de que fortalezca los mecanismos de control y acreditación del gasto de los proyectos; rediseñe sus reglas de operación para ajustarse a las disposiciones legales del otorgamiento de los subsidios, y se asegure de disponer de la documentación que sustente los avances físicos-financieros de los proyectos de infraestructura básica, complementaria y de equipamiento. Ello, para demostrar su contribución a la falta de infraestructura básica, complementaria y de equipamiento.

Noveno Programa denominado: Programa de Prevención de Riesgos;

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DICTAMEN: El presente se emite el 5 de septiembre de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar las actividades de la SEDATU para incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, a fin de disminuir la vulnerabilidad de la población por efectos de fenómenos perturbadores para verificar el cumplimiento de objetivos y metas. Se aplicaron los procedimientos y pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. De acuerdo con el diagnóstico del Pp S254 “Programa de Prevención de Riesgos”, el problema que dio origen al programa presupuestario se refiere a que existen riesgos en los asentamientos humanos por la ocupación desordenada del territorio. Para atender esa problemática, en el PEF 2016 se autorizó la inclusión del programa presupuestario S254 “Programa de Prevención de Riesgos”, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, con un presupuesto autorizado de 125,709.4 miles de pesos para entregar subsidios a los tres órdenes de gobierno, a fin de incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos y, con ello, disminuir su vulnerabilidad. Los resultados de la auditoría mostraron que, en 2016, el diseño programático del programa presupuestario S254 “Programa de prevención de riesgos” mostró deficiencias en la definición de los objetivos y metas, ya que su MIR no permitió valorar el cumplimiento de los resultados de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en su contribución a incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, situación que impidió precisar el avance en la atención del problema público que dio origen a ese programa. Asimismo, el diseño e integración de las Reglas de Operación del programa, no incluyó 2 (22.2%) de los 9 criterios para la entrega de los subsidios del programa presupuestario S254 “Programa de prevención de riesgos” establecidos en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que no definió los relativos a la temporalidad en la entrega de los subsidios y para asegurar el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas. La SEDATU mediante el programa presupuestario S254 “Programa de prevención de riesgos” entregó subsidios para financiar 81 proyectos para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales; sin embargo, no acreditó que los montos entregados por las autoridades locales correspondientes se ajustaron a los previstos en las reglas de operación, por lo que no fue posible verificar si las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales beneficiadas aportaron el monto complementario correspondiente para la ejecución del proyecto. Tampoco demostró que dichos proyectos se concluyeron en el plazo previsto, ni acreditó que hubiese integrado y registrado el padrón de beneficiarios del programa presupuestario S254 “Programa de prevención de riesgos” en el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), de la Secretaría de la Función Pública, en el plazo comprometido.

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De los 81 proyectos, únicamente el 8.6% (7) cumplió los requisitos establecidos en las reglas de operación y el 91.4% (74) presentó al menos un incumplimiento de los requisitos, así como la inexistencia del expediente técnico respectivo, por lo que la dependencia entregó discrecionalmente 106,225.4 miles de pesos, que representaron el 87.0% (122,119.2 miles de pesos) del presupuesto ejercido. De los 81 proyectos financiados, el 50.6% (41 subsidios) fueron entregados a municipios identificados con un índice global de alto y muy alto riesgo y el 49.4% (40) a municipios con un índice global medio y bajo riesgo, sin que se demostrara que esto no hubiese afectado a municipios de riesgo global alto y muy alto que, en su caso, solicitaron recursos del programa, ni de qué manera ello beneficio a la población que residió en las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales apoyadas por el programa, lo cual implicó que el desembolso de los recursos del programa presupuestario S254 se realizara de manera discrecional. En 5 (6.2%) de los 81 proyectos, el Comité de Prevención de Riesgos en 2016 autorizó mayores recursos para la ejecución de esos proyectos; sin embargo, no se acreditó que las obras se concluyeron en el plazo establecido, aun cuando fueron definidas como acciones urgentes e impostergables relacionadas con la prevención y reducción de riesgos. La dependencia no documentó que dio seguimiento a los recursos ejercidos por el programa para asegurar la elaboración de programas de planeación, y la ejecución de proyectos de prevención y mitigación de riesgos, por lo que no se comprobó que los recursos entregados a los beneficiarios se destinaron a la ejecución de los proyectos. La dependencia tampoco realizó el seguimiento de los proyectos apoyados por el Pp. S254, debido a que las instancias ejecutoras no le reportaron los avances y resultados físico-financieros de los proyectos, mismos que se debían generar mediante el “Sistema de Control en Línea”, por lo que no se aseguró que los recursos entregados a los beneficiarios se destinaron a la ejecución de los proyectos. Tampoco evidenció de qué manera esos proyectos se orientaron a fortalecer e impulsar acciones de planeación, prevención y la correcta ocupación del territorio, a fin de disminuir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos en las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, ni cuantificó a la población beneficiada. En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la SEDATU financió 81 proyectos por un monto de 114,157.0 miles de pesos para obras relacionadas con la prevención de riesgos en los asentamientos humanos; sin embargo, el 8.6% (7) cumplió los requisitos establecidos en las reglas de operación y el 91.4% (74) presentó al menos un incumplimiento de los requisitos, así como la inexistencia del expediente técnico respectivo, por lo que la dependencia entregó discrecionalmente 106,225.4 miles de pesos, que representaron el 87.0% (122,119.2 miles de pesos) del presupuesto ejercido. De los proyectos financiados, el 50.6% (41 subsidios) fueron

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entregados a municipios identificados con un índice global de alto y muy alto riesgo; y el 49.4% (40) a municipios con un índice global medio y bajo riesgo, sin que se demostrara que esto no hubiese afectado a municipios de riesgo global alto y muy alto que, en su caso, solicitaron recursos del programa, ni de qué manera ello beneficio a la población que residió en las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales apoyadas por el programa. Tampoco integró y registró el padrón de beneficiarios del programa en el SIIPP-G, ni realizó el seguimiento de esos proyectos, por lo que no se aseguró que los recursos entregados a los beneficiarios se destinaron a la ejecución de los proyectos. El avance en la atención del problema para la cual fue autorizado el programa presupuestario S254, relativa a la existencia de riesgos en los asentamientos humanos por la ocupación desordenada del territorio fue limitada, ya que la dependencia careció de la información para acreditar que cumplió su mandato de contribuir a incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas, mediante el apoyo para la elaboración de programas de planeación, y la realización de acciones de prevención y mitigación de riesgos. La fiscalización superior contribuirá a que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano defina las estrategias necesarias para cumplir su mandato de incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, a efecto de disminuir su vulnerabilidad, mediante la implementación del Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO); la entrega de los recursos a la población objetivo del programa; cuantificar a la población beneficiada; asegurarse que las autoridades locales aporten la parte complementaria de los recursos monetarios previstos en las reglas de operación para financiar dichos proyectos; dar seguimiento de los recursos ejercidos para asegurar que los recursos entregados se destinaron a la ejecución de los proyectos autorizados, así como detectar y corregir deficiencias en la ejecución de esos proyectos para concluirse en los plazos previstos. La Auditoría Superior de la Federación concluye que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano deberá acatar las diversas recomendaciones, aclaraciones y que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano realice las investigaciones pertinentes, y en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades detectadas en la gestión en que hayan intervenido los servidores públicos de dicha Secretaría. Al respecto, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, coincide con el dictamen emitido por la Auditoria Superior de la Federación en el sentido de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, tomé en cuenta las recomendaciones para el fortalecimiento de los mecanismos de control y supervisión de la Secretaría, las recomendaciones de desempeño; y efectué las aclaraciones respectivas. Por otra parte, esta Comisión, de igual forma, es coincidente en que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano lleve a cabo las investigaciones necesarias para determinar si hay o no elementos para iniciar algún

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procedimiento administrativo sancionatorio contra algún Servidor Público de la Auditada que, en su gestión, por actos u omisiones hayan incurrido en alguna responsabilidad. Finalmente se anexa oficio 016/ALC/HCD/2018 de 12 de marzo del presente año, que se hizo llegar a ésta Comisión por la Diputada Federal Ana Leticia Carrera Hernández, mediante el cual remite sus consideraciones al Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y por otra parte se acompaña opinión del Diputado Federal Jonadab Martínez García a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, para los efectos conducentes. Al efecto y en los términos establecidos en el artículo 39, numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 157, numeral 1 fracción IV y 224 numeral 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, remítase la presente opinión a la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para los fines legales consiguientes. Así se acordó y votó en reunión plenaria de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial en el Palacio Legislativo de San Lázaro el día 21 del mes de marzo de 2018.

Opinión de la Diputada Ana Leticia Carrera Hernández Sobre las consideraciones de Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública se desprende una auditoria que se gestó desde años anteriores, la cual se convierte relevante y es la relacionada con la Auditoría Forense 1792 - DE, emitida por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), misma que se encuentra relacionada con los Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con Universidades Públicas y Entes Públicos Estatales para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Llama la atención que se seleccionó uno universo de $ 2, 360,873.4 millones de pesos, de los cuales se audito $2, 060,702.3 millones de pesos, lo que representa 87.3% de ese universo. Lo que encontró la Auditoria Superior de la Federación es alarmante y revelador. En ella menciona que se han estado utilizando a Universidades Públicas y Entes Públicos Estatales para contratar diversos bienes y servicios, que en algunos casos no se realizó lo que se había contratado, y en otros se contrataba a un tercero para la realización de los mismos. Además, aclara la ASF que: "se transfirió y prevaleció la simulación de operaciones que evidencia el desvío, por un lado, con empresas que facturan una presunta prestación de bienes o servicios y, contraparte, a la requirente, la cual supuestamente los recibe de conformidad. Si bien la factura cumple con todos los requisitos legales, avala una operación incierta con esquemas creados con la intención de asignar de manera directa supuestos servicios y adquisiciones con proveedores - elegidos por los mismos servidores públicos involucrados con características similares, es decir, emiten facturas que amparan operaciones inexistentes, que deriva en la triangulación de operaciones para dispersar los fondos recibidos a otras empresas relacionadas, sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad para producir, comercializar o entregar los

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bienes; en otros casos son proveedores ficticios, no localizados, inexistentes, algunos con nexos entre empresas, donde comparten mismos domicilios, apoderados y representantes legales, o se encuentran sancionados por el SAT." De lo anterior se desprende que existe una evidente complicidad en estas actividades que se presumen son ilícitas, y que lamentablemente de acuerdo al mismo informe se infiere que la Titular de la Secretaria involucrada, no ha implementado mecanismos de control y supervisión, siendo omiso y permisiva en el actuar de sus subordinados, la funcionaria no puede evadir su responsabilidad en este caso. Es importante señalar que también se hace hincapié que esta fiscalización ha revelado que se acrecentaron y evolucionaron las contrataciones para la triangulación de los recursos en perjuicio del patrimonio del Estado, lo cual se hizo del conocimiento de las autoridades competentes en materia de investigación delictiva, tributaria y prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita; de lo anterior se advierte que la Procuraduría General de la República tiene conocimiento de las conductas delictivas cometidas en agravio del Patrimonio del Estado y que hasta el momento no se ha procedido de manera frontal y directa. Nuestro país ha padecido la corrupción en gran parte de la estructura Administrativa, casos como este solo hace que siga incrementándose la desconfianza ciudadana, y la no acción por parte de las Instituciones encargadas de investigar, sancionar y aplicar la norma, permitiendo que la impunidad forme parte del actuar diario en la administración. Por otro lado, en la sección Consideraciones previas, de la Auditoría se hace una aseveración que es de suma importancia resaltar, se señala que:" con motivo del sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, las instalaciones de Reforma 99, pertenecientes a la SEDATU, donde estaba el espacio físico para desarrollar los trabajos de auditoría y la documentación que se había puesto a disposición, se vieron dañadas desde el 19 de septiembre y hasta el 13 de diciembre de 2017, fecha en que se dio a conocer el cambio de domicilio y ubicación de oficialía de partes, la dependencia no recibió documentación alguna, por lo que los trabajos de la auditoría se vieron afectados. Aunado a ello y, conforme a lo señalado por el Enlace Institucional ante la ASF, mediante oficio, recibido el 11 de enero de 2018, continua sin haber acceso a las instalaciones, por lo que no se ha entregado la información y documentación solicitada, ni la disposición de los expedientes al grupo auditor Sin embargo, otras dependencias que sufrieron daños en sus instalaciones continuaron con su actividad gubernamental en oficinas alternas, lo cual no sucedió en SEDATU...." Lo anterior, es preocupante ya que la ASF informo anteriormente de las irregularidades que venía encontrando, y que sin razón alguna la SEDATU, no ha permitido la labor de la auditoria, lo que nos hace pensar que es de manera alevosa y de mala fe, pareciendo que están ocultando información que permita saber el destino de los recursos públicos. Antes esto último es de vital importancia que la actual Titular de la Secretaria, la maestra Rosario Robles Berlanga sea separada del cargo para que la auditoria e investigaciones que se generen, no se vean entorpecidas por la omisión, acción por parte de los subordinados y de la titular. Así mismo será de suma importancia que se continúe investigando el ejercicio del Presupuesto, y que de

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lo ya auditado la Procuraduría General de la República comience las carpetas de investigación para consignar a los funcionarios que hayan cometido el ilícito en su actuar. Por tal motivo como parte integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, creo pertinente que se intervenga de manera eficiente en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para que se subsanen y se eviten caer en estas prácticas deleznables para toda institución, y aportar opiniones favorables en la implementación de reformas, en el ejercicio del Gasto Público, señaladas por la Auditoria Superior de la Federación.

Opinión del Diputado Federal Jonadab Martínez García

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Programa de Infraestructura: Componente Infraestructura para el Hábitat Auditoria de Desempeño: 16-0-15100-07-0388 388-DE Objetivo: Fiscalizar que el otorgamiento de subsidios para la construcción de obras de infraestructura básica, complementaria y equipamiento contribuyó en la mejora de su imagen y entorno. La auditoría correspondió al componente "Infraestructura para el Hábitat", a cargo de la SEDATU, en cuanto a su diseño; el otorgamiento de subsidios para la construcción de obras de infraestructura básica, complementaria y equipamiento; la realización de cursos y talleres, de planes y programas para el desarrollo urbano y parcial del centro histórico, de planes de movilidad, así como de estudios hidrológicos y de cambio climático; el seguimiento de los proyectos; la contribución en ía mejora de la imagen y entorno; la economía de los recursos; el Sistema de Evaluación del Desempeño, y la rendición de cuentas. En el documento de mérito se menciona que "se han desatendido las necesidades de movilidad y accesibilidad del sector con menor ingreso económico, por lo que la mayor parte de los usuarios del transporte público, bicicleta o que se desplazan a pie, carecen de opciones de calidad para accederá empleo, bienes y servicios". "Se desconoce en qué medida el Programa presupuestario S273 "Programa de Infraestructura" contribuyó a consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes". En 2016, la SEDATU no acreditó los planes de movilidad, sin explicar las causas, por lo que no fue posible verificar si la dependencia asesoró a los gobierno estatales y municipales en la elaboración y ejecución de sus planes o programas de desarrollo urbano y la capacitación técnica de su personal, lo que mostró que la dependencia no se aseguró de contar con

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mecanismos para el registro y generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente, que permita la rendición de cuentas de la modalidad de "Promoción del Desarrollo Urbano" de la vertiente "Infraestructura para el Hábitat". Dictamen: "La SEDATU debe replantear el diseño y operación del Programa de infraestructura, en la vertiente "Infraestructura para el Hábitat", a fin de que fortalezca los mecanismos de control y acreditación del gasto de los proyectos; rediseñe sus reglas de operación para ajustarse a las disposiciones legales del otorgamiento de los subsidios, y se asegure de disponer de la documentación que sustente los avances físicos-financieros de los provectos de infraestructura básica, complementaria y de equipamiento. Ello, para demostrar su contribución a la falta de infraestructura básica, complementaria v de equipamiento". Coincidimos con el Dictamen correspondiente, emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a fin de que las recomendaciones emitidas sean atendidas a la brevedad posible por la dependencia auditada. Solicitamos respetuosamente que la recomendación de la ASF a este caso en particular, sea incorporada en la opinión de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, en relación a la información correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016. Sin más por el momento, reciba usted la más alta de mis deferencias.

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DEPORTE RESPECTO DEL INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA PARA EL AÑO 2016, RELATIVO A LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (CONADE)

1.- La revisión practicada por la Auditoría Superior de la Federación, resultó muy amplia ya que abarcó todos los capítulos de gasto y comprendió la actividad operativa y sustantiva de la CONADE en cuanto a las vertientes de los recursos humanos, materiales y financieros, así como el programa S269 “Cultura Física y Deporte” con una muestra de 1´267.9 millones de pesos, que representan más del 45% de todos los recursos ejercidos en 2016; se destaca que del resultado de los trabajos de auditoría, ésta no dictaminó, ni cuantificó que existiera manejo indebido de recursos. 2.- Como resultado de la revisión practicada por la Auditoría Superior de la Federación, el 21 de febrero de 2018, se publicó el Informe respecto de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, donde se emitieron 11 recomendaciones y 16 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, cabe señalar que conforme a la normatividad de la ASF, las recomendaciones se consideran sugerencias para fortalecer los procesos administrativos y los sistemas de control con un carácter predominantemente preventivo y no económico; por otra parte los PRAS son de carácter correctivo, sin representar daño patrimonial.

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3.- Las 11 recomendaciones presentadas, comprenden 8 tendientes a mejorar el proceso administrativo, y 3 a fortalecer el control interno. 4.- Por cuanto a los 16 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 3 corresponden exclusivamente a temas de mejora administrativa relacionados con servicios personales, mientras los 13 restantes son acciones relacionadas con beneficiarios del Programa S269 “Cultura Física y Deporte”, respecto a la mejora en los tiempos de comprobación, así como en la forma de aperturar sus cuentas bancarias. 5.- Es importante referir que ninguno de los resultados emitidos por la Auditoría Superior de la Federación con motivo de la exhaustiva revisión practicada a la CONADE, es de carácter económico, sino que son de índole administrativo y no implican daño, perjuicio o quebranto patrimonial. 6.- Respecto de los 13 Procedimientos de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias determinados a los beneficiarios del Programa S269 “Cultura Física y Deporte”, 12 corresponden a entidades federativas (Baja California, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Yucatán) y 01 a Asociaciones Deportivas Nacionales; cabe hacer mención que con la finalidad de agilizar los mecanismos de recepción, monitoreo y seguimiento de las comprobaciones, la CONADE durante los últimos 2 años, ha implementado procedimientos y sistemas de fortalecimiento que coadyuvan con los beneficiarios, promoviendo la oportuna rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos. 7.- A partir de la fecha que se notifique oficialmente el informe por parte de la Auditoría Superior de la Federación, la CONADE cuenta con 30 días hábiles para su atención, por lo que esta Entidad deberá dar seguimiento puntual para atender las acciones determinadas. Al 31 de diciembre de 2016, se ejerció un presupuesto total de 2,811 millones de pesos, que representa un 99.9% respecto al presupuesto modificado. Del presupuesto total de la CONADE, el mayor monto del orden del 75% es para el capítulo 4000 “transferencias”, esto es para actividades sustantivas, con lo cual se atendió al fomento al deporte y a las políticas públicas en materia de cultura física y deporte; así mismo, con la auditoría practicada por la ASF, se dio cumplimiento al pacto federal y se verificó que el destino de los recursos se hayan aplicado de manera racional, eficaz y eficiente a los programas deportivos, atletas, entrenadores, metodólogos y beneficiarios, federaciones deportivas e institutos y organismos del deporte, con los resultados de los cuales dio cuenta el Órgano de Fiscalización Superior.

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Es importante señalar, que a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte le aplicaron una reducción significativa en su presupuesto, acumulada de recursos del 73% respecto al 2013.

Servicios Personales

206.5 8%

Materiales y Suministros

31.4 1%

Servicios Generales

456.0 16%

Transferencias2,118.4

75%

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2016-millones de pesos-

Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias

PRESUPUESTO CONADE PORCENTAJE DE VARIACIÓN

(Cifras en mdp)

2006 732 8.5

2007 1561 113.3

2008 1548 -0.8

2009 2691 73.8

2010 3957 47

2011 5442 37.5

2012 5372 -1.3

2013 6393 19

2014 4225 -33.9

2015 3258 -22.9

2016 2,825 -13.3

290



La tendencia decreciente acumulada, significan 3 mil 568 millones menos comparado con las cifras de 2013, por lo que la presente administración ha realizado un esfuerzo sin precedente de racionalidad del ejercicio de los recursos, “haciendo más con menos”. OPINIÓN PRIMERO. La Comisión de Deporte de la LXIII Legislatura, coincide con los resultados expuestos en el Informe de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016, y en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, expresa la necesidad de que la Auditoría Superior de la Federación continúe con los procedimientos a que haya lugar respecto al manejo de los recursos a que hace referencia. SEGUNDO. En términos generales, por el monto de los recursos revisados y el número de las operaciones auditadas, se evidencia que las recomendaciones emitidas no representan un daño al erario federal ya que no son resarcitorias o de desvío de recursos. TERCERO. Se observa que los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, generaron menos recomendaciones, únicamente 11 respecto a las emitidas en años anteriores, toda vez que para el 2014 la ASF determinó 53 y en 2015 fueron 20, por lo que se puede inferir que debido a que los controles han mejorado los resultados de la Entidad, en contraste con que las auditorías cada vez son más profundas en virtud de la nueva Ley de fiscalización. CUARTO. No obstante, la Comisión de Deporte, hacemos un pronunciamiento a la Comisión de Cultura Física y Deporte, para que se dé cumplimiento a todas y cada una de las observaciones previstas y se continué por la vía de la profesionalización, transparencia y exigencia que demanda la comunidad para fortalecer la cultura física y el deporte en todo el país.

732

1561 1548

2691

3957

5442 5372

6393

4225

32582,825

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PRESUPUESTO CONADE (Cifras en mdp)

PRESUPUESTO CONADE (Cifras en mdp)

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OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO RESPECTO AL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA 2016

En la revisión de la Cuenta Pública 2016, y de acuerdo al propio Informe, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) NO reporta Auditorías al Gasto Federalizado, por cuanto hace al Fondo Metropolitano, las cuales consisten en fiscalizar el uso de los recursos y el cumplimiento de las metas y objetivos de los fondos y programas financiados con recursos federales transferidos a estados y municipios, para renglones como educación, salud, creación de infraestructura básica, abatimiento de la pobreza y seguridad pública. A. Opinión de los integrantes de la Comisión

Dip. María Olimpia Zapata Padilla.

Acerca de los capítulos 1, 2 y 3 del Informe, que contienen el resumen de las auditorías realizadas, las áreas clave con riesgo identificadas, y el resumen de los resultados de la fiscalización del gasto federalizado, respectivamente, ningún comentario tengo por desahogar, toda vez que no se abordó en ellos de manera específica la transferencia, ejercicio, aplicación, vigilancia, u algún otro acto relacionado con los recursos del Fondo Metropolitano del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. En cuanto al capítulo 5 “Propuestas de modificaciones y reformas legislativas”, comparto, en lo general, la sugerencia de la Auditoría Superior de la Federación de formular en sede legislativa normas dirigidas a fortalecer el control de los recursos del Fondo Metropolitano, y a garantizar que se ejerzan de manera eficiente en los plazos convenidos con las entidades federativas a las que se transfieran. No obstante, difiero con lo propuesto en el Informe en que los Presupuestos de Egresos de la Federación sean los instrumentos adecuados para incorporar dichas normas. Si se pretende darles continuidad, y que rijan de manera permanente, es necesario incluirlas en una ley, la cual, por ser competencia de ambas cámaras del Congreso de la Unión y no estar limitada su vigencia en el tiempo, ofrece estabilidad. De poco serviría que se regularan en un Presupuesto determinado, pues por su carácter anual es posible que en el siguiente ejercicio ya no sean consideradas. Como es sabido, la existencia del Fondo Metropolitano ha dependido hasta ahora de los instrumentos presupuestarios federales. A diferencia de otros fondos, no está previsto en una legislación. Cualquier regla sobre el ejercicio de sus recursos que se quiera incluir en una ley, requiere entonces que antes el propio Fondo adquiera rango legal. En tal sentido, propongo que en las observaciones que enviemos a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, los diputados de la Comisión de Desarrollo Metropolitano hagamos hincapié en la necesidad de elevar a ley el Fondo Metropolitano como paso indispensable para establecer medidas permanentes básicas de control y eficiencia de sus

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recursos, las cuales hasta ahora han sido objeto de los lineamientos y reglas de operación emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cambiantes por su conexión con los Presupuestos aplicables. Si no nos es posible a los comisionados actuales por la proximidad del término de la presente legislatura llevar a cabo esa encomienda, que sirva al menos como un llamado a quienes nos sucedan en el cargo.

Dip. Ma. Idalia del Socorro Espinoza Meraz.

Desde su creación, la Auditoria Superior de la Federación se le facultó para fiscalizar la Cuenta Pública, lo cual incluye los gastos ejercidos y los ingresos obtenidos por la Federación, en un año específico. Esto abarca a los tres Poderes de la Unión, los órganos constitucionalmente autónomos, las entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a particulares. “La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión, se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales. El resultado final de la labor de la ASF son los Informes Individuales de Auditoría y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública”. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación dota a la Auditoria Superior de la Federación de distintas atribuciones que implican una ampliación considerable del universo fiscalizable, al incorporar los siguientes dos rubros: Revisión de las participaciones, que abarca los conceptos de aplicación de fórmulas de distribución, oportunidad en la ministración de los recursos, ejercicio conforme a las disposiciones locales aplicables, deudas, financiamientos y otras obligaciones e instrumentos financieros de las entidades federativas garantizados con participaciones federales, así como el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados con estos recursos. Fiscalización del cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, incluyendo la observancia de las reglas de disciplina en la materia, la contratación, inscripción y publicación de financiamientos y otras obligaciones de pago de los gobiernos locales. De lo anterior se desprende que la Auditoria Superior de la Federación deberá actuar siempre bajo los principios de fiscalización de la Cuenta Pública establecidos en el artículo 3° de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, dichos principios son:

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Legalidad.

Definitividad.

Imparcialidad.

Sin embargo, es necesario aclarar que el principio de Discrecionalidad no puede ser invocado, ya que esto estaría violentando los principios anteriores, por lo que siempre se debe actuar bajo el concepto de Potestad Reglada. Lo anterior forma parte de las observaciones que hago al Informe General del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016, derivado de que se observa el que: Debieron haberse auditado a todas las entidades federativas que fueron beneficiadas con recursos públicos a través del Fondo Metropolitano, FONMETRO. Las Muestras Auditadas y la Representatividad porcentual de la Muestra, deben ser al cien por ciento, ya que se observa una discrecionalidad para auditar a ciertas entidades al cien por ciento y a otras en porcentajes de incluso menores al setenta por ciento, lo cual claramente no es representativo y menos definitivo. Los Resultados por auditoria arrojaron en todos los casos observaciones y se desconoce si estas fueron atendidas, subsanadas o no atendidas, por lo que sería inexacto el hacer referencia a una auditoria que no tiene concluido su procedimiento. El manejo de la información, más no su disposición, deben ser tratados con responsabilidad, sobre todo si aún no se ha concluido su procedimiento para ser definitiva, buscando siempre la certeza jurídica de lo que se informa. Es necesario tener los resultados al cierre del año y por trimestre, con las auditorías al 100 por ciento, lo anterior ya que hay administraciones que inician el año y en el transcurso del año cambian y la persona que sigue es quien cierra el ejercicio, por lo que la precisión de temporalidad brindaría también para esta Cámara de Diputados datos que permitirían definir bajo qué administración fueron los hechos. Dentro del apartado de Dictamen, se aprecia que se emiten también las conclusiones, de donde en lo general primero se audita solamente un porcentaje, no es ni todo el monto ni todos los conceptos de la matriz de resultados y de gasto. Así mismo es de mencionar que en derecho procesal administrativo, se entiende por principio de Definitividad el que una resolución para ser impugnada debe haber causado estado, por lo que se debe definir por la Auditoria Superior de la Federación defina los tres principios de su actuación. Con base a los estipulado en el artículo 33, párrafo tercero, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se recomienda el que se presenten las conclusiones que a esta

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fecha se tiene de las auditorías que, sobre el Fondo Metropolitano, FONMETRO se realizaron, para así conocer la realidad sobre las referidas auditorías a las entidades federativas ejecutoras del gasto y el cumplimiento a las observaciones y recomendaciones realizadas a las mismas. Agradeciendo de antemano su valiosa atención, le reitero la seguridad de mi amistad. B. Opinión de la Comisión ÚNICO.- Toda vez que el Fondo Metropolitano pertenece al Ramo 23 y la Secretaría de Hacienda ha incumplido de manera sistemática en su momento las Reglas de Operación, y ahora los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano, toda vez que la distribución de los recursos se ha hecho a destiempo sino también, sin reglas claras para definir la autorización de los proyectos, es que esta Comisión, considera indispensable que en todas las Auditorías que practique la Auditoría Superior de la Federación (ASF)en cada Ejercicio Fiscal se contemple la fiscalización del 100 % del Ejercicio Presupuestal de este Fondo; también es importante que ASF consideré que para este Ejercicio Fiscal 2018, la distribución ha cambiado ya que a diferencia de los años anteriores, esta soberanía no distribuyó el presupuesto del citado fondo a las 47 Zonas Metropolitanas que tradicionalmente habían sido beneficiadas con este Fondo. Como parte de las facultades de esta soberanía y con base en los Informes Trimestrales que como obligación tenían que reportar las Zonas Metropolitanas beneficiadas con la asignación de recursos con cargo al Fondo Metropolitano, a esta Comisión de Desarrollo Metropolitano, es que los integrantes de esta Comisión informan a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para que a su vez notifique a la ASF del cumplimiento de las Zonas Metropolitanas respecto a las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano para el Ejercicio Fiscal 2016, como a continuación se detalla:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016

Zona Metropolitana Presupuesto Aprobado

Presupuesto Ejecutado

Informes Trimestrales Reportados

1 ZM DEL VALLE DE MEXICO 4,052,282,679 2,862,545,757 4 de 4

2 ZM DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA

1,052,624,815 707,337,204 4 de 4

3 ZM DE LA CIUDAD DE MONTERREY

906,486,719 905,580,232 0 de 4

4 ZM DE LA CIUDAD DE LEON 418,562,469 323,386,176 1 de 4

5 ZM DE PUEBLA (Puebla y Tlaxcala)

361,159,617 360,798,457 1 de 4

6 ZM DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO

238,660,095 238,421,435 4 de 4

7 ZM DE LA LAGUNA (Coahuila y Durango)

623,205,592 622,582,386 2 de 4

8 ZM DE LA CIUDAD DE ACAPULCO 109,957,327 70,274,335 0 de 4

9 ZM DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES

138,098,395 95,454,623 0 de 4

10 ZM DE LA CIUDAD DE CANCUN 116,599,545 73,825,645 0 de 4

11 ZM DE LA CIUDAD DE MÉRIDA 88,376,474 88,288,098 4 de 4

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12 ZM DE LA CIUDAD DE OAXACA 77,733,029 56,276,696 2 de 4

13 ZM DE LA CIUDAD DE TIJUANA 119,752,690 15,984,000 0 de 4

14 ZM DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ

89,871,342 89,781,471 2 de 4

15 ZM DE LA CIUDAD DE VERACRUZ 60,033,817 0 0 de 4

16 ZM DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA

119,330,047 119,210,717 3 de 4

17 ZM DE JUÁREZ 53,815,174 53,761,359 0 de 4

18 ZM DE SALTILLO 119,589,276 119,469,687 1 de 4

19 ZM DE COLIMA- VILLA ÁLVAREZ 47,835,710 47,787,874 0 de 4

20 ZM DE PACHUCA 119,330,047 253,141,032 0 de 4

21 ZM DE TULA 59,794,638 59,734,843 0 de 4

22 ZM DE PUERTO VALLARTA 49,390,370 49,340,980 4 de 4

23 ZM DE TEPIC 59,665,023 59,605,638 0 de 4

24 ZM DE SAN LUIS POTOSÍ-SOLEDAD DE G.S.

95,606,614 45,561,007 2 de 4

25 ZM DE REYNOSA-RIO BRAVO 47,835,710 47,787,874 1 de 4

26 ZM DE TLAXCALA-APIZACO 41,856,247 41,814,931 0 de 4

27 ZM DE XALAPA 23,917,854 0 0 de 4

28 ZM DE TOLUCA 418,562,469 418,143,907 0 de 4

29 ZM DE CHIHUAHUA 47,835,710 47,787,874 0 de 4

30 ZM DE MEXICALI 38,796,767 8,796,767 0 de 4

31 ZM DE CUERNAVACA 53,815,174 53,761,359 2 de 4

32 ZM DE MORELIA 41,856,246 41,814,390 0 de 4

33 ZM DE MATAMOROS 41,856,247 41,814,391 0 de 4

34 ZM DE COATZACOALCOS 47,835,710 0 0 de 4

35 ZM DE MONCLOVA FRONTERA 59,794,638 59,734,843 0 de 4

36 ZM DE TEHUACÁN 27,864,300 27,836,436 4 de 4

37 ZM DE ZACATECAS GUADALUPE 59,665,023 40,356,519 1 de 4

38 ZM DE LA PIEDAD PÉNJAMO 19,134,284 19,115,150 0 de 4

39 ZM DE OCOTLÁN 34,680,891 23,425,807 4 de 4

40 ZM DE RIO VERDE CD. FERNÁNDEZ

28,701,425 28,672,724 0 de 4

41 ZM DE PIEDRAS NEGRAS 47,835,710 47,787,874 0 de 4

42 ZM DE TECOMÁN 28,701,426 4,916,505 0 de 4

43 ZM DE MOROLEON URIANGATO 28,701,426 28,672,725 0 de 4

44 ZM DE TULANCINGO 35,799,014 35,763,215 0 de 4

45 ZM DE LA LAJA-BAJÍO 10,763,034 10,752,271 0 de 4

46 ZM DE CUAUTLA 14,350,712 14,336,361 1 de 4

47 ZM DE ACAYUCAN 22,363,194 0 0 de 4

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5. Resultados de auditorías relevantes de la tercera entrega

5.1. Funciones de Gobierno

5.1.1. Sector Hacendario Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Base de los Ingresos Recibidos por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. No. 31. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la determinación de los ingresos provenientes de los contratos derivados de las actividades de exploración y extracción, así como de los demás ingresos recibidos por el fondo, su registro contable y presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas Hallazgos relevantes: Suscripción de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos concentrados en la modalidad de licencia durante 2016. Se suscribieron 27 contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos, de los cuales 2 fueron bajo la modalidad de producción compartida y 25 bajo la modalidad de licencia. Al 31 de diciembre de 2016, se encontraban inscritos en el Registro Fiduciario, 30 contratos (27 de 2016 y 3 de 2015), para la exploración y extracción de hidrocarburos, 1 contrato de comercialización de hidrocarburos y 465 títulos de asignación, administrados por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (FMPED). Ingresos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo concentrados en el rubro de pagos de los asignatarios. En el 2016 los ingresos del FMPED ascendieron a 308 mil 050.4 millones de pesos, de los cuales el 99.86% correspondió a los pagos provenientes de los asignatarios, siendo PEMEX es el único asignatario del Gobierno Federal. De los ingresos recibidos por el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, únicamente el 0.10% provino de los pagos recibidos de los contratistas privados. Del total de ingresos que recibió el FMPED por el pago de derechos por las asignaciones fueron de 307 mil 604.3 millones de pesos, le correspondieron 264 mil 993.9 millones de pesos al rubro de utilidad compartida (86.1%); 41 mil 659.7 millones de pesos correspondieron al derecho de extracción de hidrocarburos (13.6%) y 950.6 millones de pesos por el derecho de exploración de hidrocarburos (0.3%).

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INGRESOS DEL FONDO MEXICANO DE PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO (FMPED), 2016

Concepto Importe

(millones de pesos)

Participación

Relativa Acumulada

Pagos recibidos de los asignatarios 307,604.26 99.86 99.86

Pagos recibidos de los contratistas 312.03 0.10 99.96

Ingresos por garantías de seriedad 7.02 0.00 99.96

Ingresos por penas convencionales 0.06 0.00 99.96

Rendimientos financieros 125.49 0.04 100.0

Ingresos cambiarios 1.53 0.00 100.0

Otros ingresos 0.02 0.00 100.0

Total 308,050.40 100.0 100.0 Fuente: Elaborado por la UEC con datos de la ASF.

Renta petrolera otorgada a contratistas privados. El volumen de los hidrocarburos entregados a los contratistas como contraprestación fue de 366,727 barriles de petróleo y condensados, así como 7, 441,073 millones de BTU de gas natural y el valor contractual ascendió a 29.3 millones de dólares. Asimismo, con los valores de la cuota contractual y la cantidad de kilómetros cuadrados asignados a 30 contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos que administró el FMPED durante 2016, bajo las modalidades de licencia y producción compartida, la ASF determinó que el FMPED recibió ingresos por 17.5 millones de pesos en el 2016. De los 30 contratos administrados por el FMPED, 15 tuvieron producción, por lo tanto, se aplicaron dos modelos económicos para la determinación de las contraprestaciones por regalías y contraprestaciones como porcentaje del valor contractual de los hidrocarburos. Ingresos por regalías. La ASF indicó que el FMPED recibió ingresos por regalías de 15 contratos por 1.01 millones de dólares, equivalentes a 19.3 millones de pesos. Ingresos por contraprestación. La ASF señaló que el FMPED recibió ingresos por contraprestación como porcentaje del valor contractual de 15 contratistas por 14.4 millones de dólares, equivalentes a 275.3 millones de pesos. Con base en esos modelos el FMPED determinó los ingresos a recibir, que ascendieron a 17.5 millones de pesos por la cuota contractual para la fase exploratoria, 19.3 millones de pesos por regalías y 275.3 millones de pesos por la contraprestación como porcentaje del valor contractual de los hidrocarburos, en donde la composición total de los ingresos provenientes del FMPED es de 312.1 millones de pesos.

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Comentario de la UEC. Sería conveniente que la ASF en sus evaluaciones a PEMEX, informara de la distribución de la renta petrolera entre la empresa productiva del Estado y los contratistas, separando la distribución de los campos petroleros vigentes y de la nueva producción. Auditorías del SAT en proceso. La ASF corroboró que la Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos notificó cinco oficios con fecha 26 de mayo de 2017, mediante los cuales instruyó a la Administración General de Hidrocarburos del SAT, llevar a cabo auditorías a cinco contratistas, las cuales al 1 de septiembre de 2017 se encontraban en proceso. Observación detectada por la ASF. En la obligación de la SHCP de verificar las operaciones y registros contables derivados de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, esa dependencia no sustentó la información que soporte las acciones que informó llevar a cabo a efecto de cumplir con dicha verificación. Dictamen: Cumplió, excepto por Número de Observaciones: 1, Número de Acciones 1 (1R) Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Control Interno en los Procesos de Transferencia y Administración de Recursos del Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. No. 32. Objetivo. Evaluar la eficacia y eficiencia de las políticas y procedimientos de control interno establecidos para la recepción, asignación, transferencia, administración y rendición de cuentas de los recursos del Ramo 23.

Cuota Contractual Fase Exploratoría ,

17.5

Regalias , 19.3

Contraprestación como % del Valor Contractual de los

Hidrocarburos , 275.3

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE CONTRATISTAS DEL FMPED, 2016

millones de pesos

5.6%6.2%88.2%

Fuente: Elaborado por la UEC, con datos de la ASF.

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Hallazgos relevantes: Incremento sustancial del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). El PEF aprobado para el ejercicio 2016 fue de 3 billones 660 mil 708.8 millones de pesos, y se incrementó a 4 billones 228 mil 103.7 millones de pesos, superior en 567 mil 394.9 millones de pesos, 15.5% más que el aprobado. Este aumento se integró por ingresos excedentes, reintegros presupuestarios del año en curso y de años anteriores. Los ingresos excedentes están normados en el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; sin embargo, los recursos provenientes de reintegros presupuestarios, del año en curso o anteriores, no cuentan con un encuadre normativo, por lo que se manejan con exceso de discrecionalidad. Adecuaciones presupuestarias importantes y sin aclarar fuente de financiamiento. En el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP), la SHCP registró ampliaciones presupuestarias por 1 billón 825 mil 035.6 millones de pesos y reducciones por 1 billón 719 mil 661.6 millones de pesos. Implican un incremento en el ejercicio del PEF por 105 mil 374 millones de pesos, que corresponden a apoyos financieros que la SHCP otorgó al programa de Fortalecimiento Financiero y al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios; sin embargo, no se establece la fuente de su financiamiento. Materialización del riesgo de información no entregada a tiempo. En el Estado Analítico del Ejercicio del PEF 2016, se informó que el ramo 23 ejerció un presupuesto de 247 mil 037.3 millones de pesos; monto que difiere en 102.1 millones de pesos, con respecto a las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) que fueron pagadas por medio del Sistema de Administración Financiera Federal (SIAFF) por un monto de 247 mil 139.4 millones de pesos. La Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP informó que los montos observados fueron al corte de 30 de diciembre de 2016, y no se consideró las cuentas por liquidar pagadas mediante ADEFAS, ni los reintegros registrados por las entidades federativas. Se materializó el riesgo identificado por la UPCP, que dice "Que la información que se reporta en los Informes trimestrales y de Cuenta Pública, no se entregue en tiempo y forma…”. Riesgo que no se consideró en la Matriz de Riesgos Institucional y respecto al que no se implementaron actividades de control para mitigarlo. Opacidad en el manejo de las ampliaciones y reducciones a través del Ramo 23. Al cierre del ejercicio de 2016, la SHCP autorizó incrementos y disminuciones importantes al PEF respecto de lo autorizado por la Cámara de Diputados. Ampliaciones presupuestarias relevantes: Ramo 18 "Energía". Incremento de 11,616.5%, el presupuesto aprobado del Ramo fue de 2 mil 808.0 millones de pesos, la ampliación presupuestaria fue de 326 mil 188.3 millones de pesos. Por aportaciones patrimoniales a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad por 160 mil 700 millones de pesos y 161 mil 100 millones de pesos respectivamente, para fortalecer sus posiciones financieras y apoyar sus pasivos laborales.

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Ramo 46 "Comisión Nacional de Hidrocarburos". Ampliación presupuestaria de 549 mil 154.8 millones de pesos para la promoción, regulación, estudios de evaluación y verificación de hidrocarburos. Ramo 21 "Turismo". Incremento del 76.0%, para la promoción de México como destino turístico; para mantenimiento de infraestructura; y para el fomento y promoción de la inversión en el sector turístico, por un monto de 3 mil 962.8 millones de pesos. Reducciones presupuestarias relevantes: Ramo 8 "Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación" por 5 mil 192.5 millones de pesos. Repercusión: Menores recursos para los programas: Apoyos a la Comercialización y Desarrollo de Mercados; Fomento a la Agricultura; Fomento Ganadero; y Productividad Rural. Ramo 12 "Salud" por 4 mil 331,0 millones de pesos. Repercusión: Menores erogaciones para los programas Seguro Popular; Seguro Médico Siglo XXI; y Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud. Ramo 16 "Medio Ambiente y Recursos Naturales" por 592,519.9 miles de pesos. Repercusión: menores recursos para los programas Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; Agua Potable, Drenaje y Tratamiento; Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas.

Ramo 15 "Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano" por 1 mil 939.5 millones de pesos.

Ramo 38 "Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología" por 2 mil 383.9 millones de pesos.

Ramo 25 "Previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnológica y de adultos" por 2 mil 325.6 millones de pesos.

Ramo 20 "Desarrollo Social" por 366.6 millones de pesos. Repercusión: menores asignaciones para los programas PROSPERA Programa de Inclusión Social; Comedores Comunitarios; Pensión para Adultos Mayores; y Fomento a la Economía Social.

Discrecionalidad en el manejo de recursos. El Sistema de Control Interno Institucional, en los procesos relacionados con el Ramo 23, tiene debilidades significativas y áreas de oportunidad, situación que permite el manejo discrecional de recursos. A continuación, se presenta el presupuesto autorizado al Ramo 23 de los últimos 4 años, que muestra las reasignaciones al presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados.

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Dictamen: Cumplió, excepto por Número de Observaciones: 5, Número de Acciones 8 (6R y 2 PRAS) Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero -FDN. Financiamiento para el Sector Agropecuario, Forestal y Pesquero. Auditoría de Desempeño No. 84. Objetivo. Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas relativos al otorgamiento de créditos y otros servicios financieros al medio rural, a fin de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, rurales, forestales y pesqueras, así como elevar su productividad. Antecedentes: En el Plan Nacional de Desarrollo (PND), y el Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018, se destaca el insuficiente financiamiento y reducida inclusión financiera de los productores e intermediarios financieros del sector agropecuario, rural, forestal y pesquero. FDN tiene como objetivo coadyuvar a atender esta problemática. Hallazgos relevantes: En 2016, la FND otorgó 83,846 créditos y servicios financieros a los productores e intermediarios financieros rurales con una tasa de colocación promedio ponderada de 8.8%, por la cantidad de 62 mil 973.4 millones de pesos en beneficio de 492,521 unidades económicas rurales, 111.8% más que en 2012, de los cuales el 74.5% perteneció al sector rural, que integró por las actividades comerciales, industriales, de servicios y otros; el 25.4% al sector agropecuario, que

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comprendió las actividades agrícolas, apícolas, avícolas, cunicultura, ganadería y de porcinos, y el 0.1% que constituyó a los sectores forestal y pesquero. La población acreditada fue superior en 15.9% a la meta de población objetivo y representó una cobertura de 34.3% de la población potencial. Asimismo, el 0.5% de los acreditados recibió capacitación y asistencia técnica como parte de los apoyos otorgados por la FND. En cuanto a la inclusión financiera, se determinó que la FND facilitó el acceso al crédito en mejores condiciones a los pequeños productores excluidos por el sistema financiero formal. La entidad fiscalizada mantuvo su sustentabilidad financiera mediante el seguimiento de la situación de sus recursos patrimoniales. El patrimonio prestable ha crecido en términos reales y representó, en 2016, el 111.0% respecto del original, por lo que superó su meta anual de 98.0%. Los resultados de los índices de rentabilidad reflejaron, en el caso del Rendimiento sobre capital (ROE), que por cada peso aportado al patrimonio se obtuvo un rendimiento de 4.2% y el Rendimiento sobre Activos (ROA) mostró que se obtuvo un 2.7% de utilidad por cada peso invertido en el activo total. Asimismo, registró un Índice de Morosidad (IMOR) de 3.8%, el cual indica eficiencia en autorización y recuperación crediticia en ese año, y el Índice de cobertura de cartera de crédito vencida (ICOR) fue de 130.7%, por lo que la entidad contó con las reservas suficientes para cubrir la cartera de crédito vencida. Dictamen: Cumplió Número de Observaciones: 0 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Administración y Venta de Ingenios Azucareros. Auditoría Financiera y de Cumplimiento No. 86. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de la administración y venta de ingenios azucareros, a fin de constatar que los procesos de formalización, entrega y cobro, se efectuaron conforme a los lineamientos establecidos; evaluar la eficiencia de las operaciones, y que su registro contable cumplió con la normativa. Antecedentes: El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) tiene por administrar, custodiar y enajenar los bienes a disposición y liquidar empresas improductivas del Gobierno Federal, conforme a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. En 2001 el Gobierno Federal emitió el Decreto de expropiación por causa de utilidad pública, en favor de la nación, de 27 ingenios azucareros para para garantizar la conservación de estas empresas, los empleos que generan, y en general para el beneficio de la colectividad. Entre 2001 y 2013 se regresaron 14 ingenios, cuatro se vendieron y 9 se transfirieron al SAE. De ellos siete se vendieron en 2015 y los ingenios el Potrero y San Miguelito se enajenaron en 2016, por 3 millones 398 miles de pesos.

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Hallazgos relevantes: De la relación ingreso-gasto de la administración y venta de los 13 ingenios expropiados en el 2001 y vendidos en el periodo 2006-2016, se determinó un déficit por 2 mil 60 millones de pesos. Respecto al beneficio social de los ingenios azucareros expropiados, la CONEVAL opinó que, los indicadores de rezago social disminuyeron en esas regiones entre 2010 y 2015. De la emisión de nuevos avalúos para la venta de los ingenios El Potrero y San Miguelito se realizaron ajustes a la baja, por 137.3 millones de pesos, sin que el INDAABIN proporcionara evidencia que justifique el citado ajuste a la baja. El FEESA no evidenció documentalmente 16 millones de pesos en gastos de operación de los pagos a cañeros, a asociaciones cañeras, productores agrícolas, ni a proveedores. El FEESA no documentó 4.1 millones de pesos de gastos por asesorías jurídicas y sentencias judiciales. Dictamen: Cumplieron excepto por. Número de Observaciones: 5, Número de Acciones 6 (3R, 1 PRAS y 2PO) Se determinaron recuperaciones probables por 20.2 millones de pesos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. FONDEN. Recursos Autorizados para la Atención de Desastres Naturales. Auditoría Financiera y de Cumplimiento No. 45. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de los recursos autorizados para la atención de desastres naturales mediante el Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), para comprobar que éstos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. Antecedentes: El principal componente presupuestario del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) es el programa presupuestario N001 “Fondo de Desastres Naturales”. Al finalizar un ejercicio fiscal, los recursos no utilizados del programa N001 “Fondo de Desastres Naturales” son transferidos al Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales, como reservas para ser utilizadas en años subsecuentes. Hallazgos relevantes: Deficiencias en la operación de las instancias ejecutoras. No reintegró al Fideicomiso 2003 FONDEN recursos por 961.5 miles de pesos, más intereses, por un anticipo pendiente de amortizar, así como el cobro de la penalización no aplicada por 420.0 miles de pesos por el incumplimiento de la fecha de terminación de trabajos contratados.

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No transfirió a la delegación estatal en Veracruz, ni reintegró al Fideicomiso 2003 FONDEN, los recursos por 545.5 miles de pesos con sus respectivos intereses, para solventar la evaluación de daños de un fenómeno natural perturbador. La delegación estatal de la SEDATU en Veracruz reintegró recursos por 281.1 miles de pesos, pero no los intereses generados. Se suspendieron por 150 días trabajos de un contrato por la no disposición de los inmuebles en los que se ejecutarían las obras, sin acreditar el seguimiento de la SEDATU, el aviso de terminación de obra, ni el acta de finiquito. Dos contratos por 6.9 millones de pesos con recursos de Apoyos Parciales Inmediatos (APIN) se formalizaron después del periodo de ejecución de los trabajos de obra sin justificar el desfase en los dictámenes de adjudicación directa. No se ejercieron 25.9 miles de pesos (0.4%) dentro de los 30 días naturales siguientes al evento ocurrido. No se reintegraron 271.1 miles de pesos al Fideicomiso 2003 FONDEN por parte de una empresa por ajuste de costos a favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No reportó a su Órgano Interno de Control los informes trimestrales sobre los avances físicos financieros por obra y acción del ejercicio 2016. Dictamen: Cumplieron excepto por. Número de Observaciones: 12, Número de Acciones 24 (14R, 6 PRAS y 4PO) Se determinaron recuperaciones por 2.5 millones de pesos de los que 281.1 miles de pesos fueron operados y 2.2 millones corresponden a recuperaciones probables. Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Proceso de Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. No. 89. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera del ejercicio de los recursos en el proceso de liquidación para verificar que dicho proceso cumplió con las políticas emitidas y su decreto de extinción; que la administración, operación, custodia y enajenación de los bienes se realizó conforme a los lineamientos establecidos, y que el registro contable de las operaciones cumplió con la normativa. Hallazgos relevantes: Incumplimiento en el proceso de conclusión de la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México. Al corte de 2017 se acredita un avance en las actividades, en promedio de atención de juicios laborales y no laborales, activos remanentes y remediación ambiental, de 18.2%, de acuerdo con el plan de liquidación, con fecha de término del 4 de noviembre de 2017. En 2016 no se realizó la remediación ambiental de 31 sitios con contaminación de suelos y mantos acuíferos, prevista en el plan de liquidación. Al cierre del ejercicio, la entidad reportó 1,797

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propiedades revisadas, pendientes de regularizarlas ante el registro público de la propiedad, lo que incumplió el plan de liquidación. Del universo, por 3 mil 289.3 millones de pesos. La ASF revisó un importe de 3 mil 249.2 millones de pesos (98.8%), que se correspondió con los gastos efectuados por el SAE en el proceso de liquidación por 548.8 millones de pesos, y al pago de la nómina de pensionados y jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación (FNML) por 2 mil 700.4 millones de pesos. Avance en la depuración de expedientes. La ASF Determino recomendaciones con el fin de fortalecer los mecanismos de supervisión afín de depurar los expedientes jurídicos y se cumplan con los plazos comprometidos contratos de arrendamiento, comodato, convenios de colaboración, autorizaciones de guarda y custodia, contratos de ventas directas y a plazos; al respecto, durante 2016, depuró 8,988 expedientes de contratos de arrendamiento y comodato de inmuebles, localizados en la Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, por lo que al cierre del ejercicio de 2016, reportó 13,923 expedientes depurados, lo que representó un avance del 69.0 %, respecto de los 20,172 programados para depurar. La ASF determino insuficiencias en la acreditación para regularizar y dar certeza jurídica a las propiedades de FNML, a fin de cumplir con los plazos comprometidos (con un acumulado de 1,797 títulos revisados) que aún no cuentan con registro público de la propiedad, y estén en posibilidad de darles destino, como indica el plan de liquidación de FNML. Dictamen: Cumplieron excepto por. Número de Observaciones: 4, Número de Acciones: 4 (4R) Se recuperaron recursos por 1.45 millones de pesos, con motivo de la intervención de la ASF. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. Financiamiento al Sector Comercio Exterior. Auditoría de Desempeño. No. 90. Objetivo. Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de financiamiento y promoción en el mercado internacional a empresas relacionadas con el comercio exterior para facilitar su acceso a una oferta crediticia complementaria Hallazgos relevantes: Se detecta deficiencias en el diseño de metas e indicadores. La ASF fiscalizó los resultados del otorgamiento de créditos, garantías y asistencia técnica; el acceso a los servicios financieros; los índices financieros de BANCOMEXT; la contribución del banco al PIB; el ejercicio de recursos presupuestarios; el control interno; el avance hacia el Sistema de Evaluación del Desempeño, la rendición de cuentas sobre el cumplimiento de los objetivos y metas, así como su participación en la promoción del comercio exterior, para contribuir a la estabilidad del Sistema Financiero de Fomento.

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Se cumplió la meta de financiamiento. En 2016, BANCOMEXT en lo referente al financiamiento al sector comercio exterior cumplió en 112.0% la meta establecida en el indicador de Propósito de la MIR F007 “Operación de financiamiento para la exportación”, al colocar en el sector privado 9 mil 283.4 millones de dólares (mdd) de 8 mil 289.5 mdd programados; este monto colocado se distribuyó en 8 sectores estratégicos entre los que destacan, sector transporte con el 28.5% del monto; turismo que representó el 8.5% y energía con el 8.3%, el monto restante fue destinado a los sectores automotriz, maquiladoras, eléctrico-electrónicos, minero-metalúrgico y telecomunicaciones. Financiamiento complementario al de la banca comercial. En relación con las tasas de interés y los plazos mediante los cuales BANCOMEXT otorgó los créditos en 2016, se verificó que, para complementar el crédito respecto del otorgado por la banca comercial, el banco contó con un Modelo de Precios para fijar sus tasas, asimismo, incrementó los plazos de 16 años en 2013 a 19 años para 2016, con lo que facilitó el acceso al crédito y avanzó en su propósito de ofrecer mayores plazos a empresas de comercio exterior. Programa de Asistencia Técnica Financiera. En lo que respecta a la Asistencia técnica financiera, BANCOMEXT ejecutó el Programa de Asistencia Técnica Financiera (PATF) para a las MIPYMES, compuesto por cuatro ejes: información; capacitación; herramientas de análisis y diagnóstico, y asesoría personalizada. Sin embargo, en tres, el banco no estableció metas ni indicadores que permitan disponer de un parámetro de medición de lo que se pretende lograr. Respecto del eje de capacitación, cumplió en 126.8% la meta programada (600) para el número de participantes que recibieron capacitación orientada a temas relacionados con estrategias de mercado al registrar 761 empresas. Aumento en el acceso al crédito. En lo referente a la Política Nacional de Inclusión Financiera, la SNC se alineó con el componente de acceso y el eje de mayor oferta y uso de servicios financieros para la población subatendida y excluida; cumplió con los compromisos de impulsar el acceso al crédito, ya que atendió a 4,605 empresas, de las cuales el 90.8% (4,180) correspondió a MIPYMES, lo que representó un crecimiento promedio anual de 6.4%, en el periodo 2012-2016. Índices satisfactorios en sus resultados. BANCOMEXT generó su sustentabilidad financiera, ya que reportó rendimientos sobre activos (ROA) de 0.2% y sobre capital (ROE) de 3.1%, lo que garantizó su permanencia en el mercado al ser autosuficiente y viable en términos financieros; un índice de capitalización (ICAP) de 19.0%, que representó su fortaleza para asumir posibles pérdidas no esperadas derivadas de los riesgos de crédito, mercado y operacional, y fue superior en 8.5 puntos porcentuales a los estándares nacional e internacional del 10.5%; un índice de morosidad (IMOR) de 1.0%, 1.2 puntos porcentuales por debajo del referente del 2.2% de la banca comercial, lo que reveló que el cobro y autorización de sus créditos fue eficiente; un índice de cobertura (ICOR) del 182.5%, superior al 100.0% deseable, que demostró que pudo hacer frente a sus riesgos, y un índice de liquidez de 333.7%, que significó que la institución hizo frente a las deudas de corto plazo con los activos disponibles de inmediato.

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Meta cumplida en cuanto al crédito. En opinión de la ASF, en 2016, BANCOMEXT contribuyó a atender el problema del insuficiente financiamiento a empresas en la cadena de comercio exterior. El cumplimiento en la meta programada de 223 mil 651.0 millones de pesos (mdp) en el saldo de crédito directo e impulsado al sector privado, al registrar 225 mil 437.0 mdp, que representaron el 13.8% del saldo de la Banca de Desarrollo (1 billón 627 mil 820.3 mdp), el 1.1% del PIB (20 billones 730 mil 458.0 mdp), el 3.8% respecto del PIB del sector secundario (5 billones 895 mil 701.4 mdp), el 1.2% del financiamiento nacional (19 billones 540 mil 817.0 mdp) y el 1.6% respecto del monto del comercio exterior (14 billones 236 mil 438.6 mdp). Asimismo, el monto del saldo fue superior en 19.5% respecto del registrado en 2015 (188 mil 651.0 mdp), y significó un crecimiento promedio anual de 32.2%, en relación con los 73 mil 806.0 mdp de 2012, con lo que amplió el crédito y facilitó su acceso, a fin de contribuir al crecimiento económico. Dictamen: Cumplió. Número de Observaciones: 0 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nacional Financiera, S.N.C. Financiamiento para el Sector Empresarial. Auditoría de Desempeño. No. 97. Objetivo. Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas relativos a canalizar apoyos financieros y técnicos a las pequeñas y medianas empresas, a fin de promover el ahorro, la inversión y ampliar el acceso al financiamiento. Hallazgos relevantes: Rediseño de Política Institucional de Financiamiento al Sector Empresarial. Con el fin de cumplir con la encomienda del insuficiente financiamiento y la reducida inclusión financiera, para las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES, al cumplir los objetivos de otorgar financiamiento, ampliar el acceso al crédito con mejores condiciones e incrementar la inclusión financiera, al facilitar la atención de las necesidades de capacitación y asistencia técnica, procurando la sustentabilidad al aumentar el saldo de su cartera de crédito directo e impulsado; prevista en la Reforma financiera del 10 de enero del 2014 y en la Política de Inclusión Financiera emitida en junio 2016. El objetivo se centró en focalizar la oferta de sus servicios y productos financieros para apoyar el desarrollo de proyectos de largo plazo, relacionados con la energía renovable y no renovable, la petroquímica secundaria, las telecomunicaciones, el transporte y la industria automotriz; contribuir al desarrollo de los mercados financieros, con la consolidación de estructuras para el fondeo y la colocación de certificados de depósito y valores gubernamentales, que coadyuven al ahorro y la inversión en el país. Se amplió el acceso al financiamiento. La ASF verifico que en el 2016, NAFIN amplió el acceso al financiamiento al proporcionar 1, 946,012 créditos y 113,604 garantías en beneficio de 715,741 empresas, de las cuales el 99.8% fueron MIPYMES y el 0.2%, grandes empresas, el 17.6% de las existentes en el país (4, 059,460 empresas), otorgando financiamiento por 550 mil 789.3

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millones de pesos en beneficio de 715,741 empresas, de las cuales 369,279 fueron nuevos clientes. Los resultados de sus indicadores financieros se reportaron superiores. El Rendimiento sobre capital el (ROE), significó que por cada peso que se aportó como capital, se obtuvo una rentabilidad de 5.2%; Índice de capitalización (ICAP) de 13.3% lo que representa la fortaleza financiera de una institución para soportar pérdidas no esperadas, en función de su perfil de riesgo. y un Índice de morosidad IMOR de 1.0% cumpliendo con los estándares nacionales al ser 1.2% puntos porcentuales inferior al referente 2.2% de la banca comercial, refleja un adecuado nivel de eficiencia de recuperación de los créditos otorgados; tomando en cuenta una cobertura mayor del 100% se considera un nivel favorable en el sector financiero pues se tiene asegurado, mediante reservas, el monto total de la cartera vencida; el ICAP significa una mayor fortaleza para soportar perdidas no esperadas derivadas de los riesgos de crédito, mercado y/o operacional, lo que denotó que su perfil de riesgo le permitió asumir pérdidas y obtener mayor rentabilidad. Como resultado del número y monto de los créditos otorgados por la SNC, a 2016, el saldo de la cartera de crédito directo e impulsado al sector privado fue de 373 mil 474.8 millones de pesos, que representó el 1.8% del Producto Interno Bruto (20 billones 730 mil 458.0 millones de pesos) de ese año, el 1.9% del ahorro nacional (19 billones 629 mil 015.2 millones de pesos) y el 1.9% del financiamiento (19 billones 540 mil 817.0 millones de pesos) con lo que contribuyó a mantener 1.4 millones de empleos, lo que representó el 2.7% de la Población Económicamente Activa. Dictamen: Cumplió. Número de Observaciones: 0, Número de Acciones: 0. Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Liquidación de Pasivos Laborales y Desincorporación de Bienes de la Nación Luz y Fuerza del Centro. Auditoría Financiera y de Cumplimiento No. 88. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que el proceso de liquidación, la custodia, entrega de bienes inmuebles, su desincorporación del régimen del dominio público de la Federación, su registro contable y presentación en los estados financieros y en la Cuenta Pública, se efectuaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. Hallazgos Relevantes: Sin posibilidad de determinar por parte de la ASF la liquidación de 969 ex trabajadores. Debido a que 951 contaron con fechas de ingreso contractual diferentes de las plasmadas en la base de datos para la liquidación del personal sindicalizado, proporcionada en 2009 por LyFC al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). De una muestra auditada de 539,876.8 miles de pesos corresponde a 969 expedientes de ex trabajadores liquidados, monto que representó el 10.0% del universo

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La ASF se abstiene de emitir opinión, por concepto del pago de la liquidación a ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), cumplimiento del Memorándum de Entendimiento suscrito entre el Gobierno Federal y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) el 10 de julio de 2015 y desincorporación de bienes. Lo fundamentado por parte de la SAE respecto a las secretarías de Gobernación (SEGOB), de Energía (SENER) y del Trabajo y Previsión Social (STPS), es que los montos a pagar se determinaron en un contexto de inmediatez y seguridad nacional, y con base en la información y restricciones con que se contaba al momento de la extinción de LyFC, lo cual fue aprobado por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación. Entre los aspectos revisados se encuentra la determinación y pago de la liquidación a los ex trabajadores de LyFC, se realizó de conformidad con el Laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación Arbitraje, el Contrato Colectivo de Trabajo y con la Ley Federal del Trabajo. Incumplimientos en el Memorándum de Entendimiento. Se comprobó el desistimiento de las prestaciones demandadas por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), con motivo de la liquidación, así como el estado de las que continuaron pendientes al cierre de 2016, se estableció la verificación y la transferencia en 2016 de bienes inmuebles que formaron parte del patrimonio de LyFC al SME, se identificó el estado de la regularización de la propiedad de los bienes inmuebles que formaron parte del patrimonio de LyFC, entregados a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a Generadora Fénix, S.A.P.I. de C.V., y al SME, así como los gastos incurridos, en los casos donde no se acredite su propiedad, encontrando irregularidades en el incumplimiento el memorándum de entendimiento al suscribir un contrato de adquisición de energía eléctrica por parte del Gobierno Federal a favor de la Sociedad Generadora Fénix, S.A.P.I. de C.V. (sociedad), sin embargo, al cierre de 2016 dicho contrato no se había formalizado. En lo referente a la desincorporación de bienes entregados a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al SME no ha concluido, por lo que no es posible emitir un juicio razonable, ya que 42 bienes entregados al SME al 31 de diciembre de 2016, y 395 inmuebles entregados a la CFE, que serán aportados a su patrimonio, no han sido desincorporados del régimen de dominio público de la Federación. Se advierte que al 31 de diciembre de 2016 aún no concluía el proceso de liquidación a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro; además de que a esa fecha aún no se había logrado desincorporar, del régimen de dominio público de la Federación, los bienes entregados al Sindicato Mexicano de Electricistas y a la Comisión Federal de Electricidad, para proceder a su enajenación a título gratuito Dictamen: La ASF, se abstiene de emitir opinión. Número de Observaciones: 7, Número de Acciones: 13 (12 R y 1 PEFCF)

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5.1.2. Otras de Funciones de Gobierno Poder Legislativo Cámara de Diputados. “Gestión Financiera. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. No. 01. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas. Antecedentes: Se consideró conveniente dar continuidad a los procesos de fiscalización de los recursos presupuestales que ejerce la Cámara de Diputados, ya que en las revisiones de años anteriores se detectaron áreas de opacidad en su aplicación, particularmente en las partidas 3991 "Asignaciones a los Grupos Parlamentarios" y 4390 “Otros Subsidios y Subvenciones”, ya que no se proporcionó la documentación que sustenta la aplicación de dichos recursos, y por tanto, no se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto, o bien, comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo trabajos legislativos. Hallazgos relevantes: Falta de comprobación en el rubro de Subvenciones. Al solicitar la documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de los recursos erogados por concepto de “Subvenciones” y otros relacionados con actividades legislativas por 1 mil 616.2 millones de pesos, la Cámara de Diputados proporcionó la integración de los importes que fueron transferidos por esos conceptos durante el ejercicio 2016, lo cual se revisó y cotejó contra las transferencias y los recibos emitidos por los coordinadores o directores generales administrativos de los grupos parlamentarios; sin embargo, no se proporcionó la documentación que sustenta la aplicación de los recursos otorgados y, por tanto, no se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto, o bien, comprobar que los recursos se ejercieron en trabajos legislativos; por lo anterior, persiste una limitada rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos por concepto de “Subvenciones” y otros conceptos relacionados con actividades legislativas. Falta de documentación que justifique y compruebe la aplicación de recursos transferidos a los Grupos Parlamentarios. En lo que se refiere a la partida 4390 “Otros Subsidios y Subvenciones”, en términos de la norma administrativa, la comprobación se realizó en apego al artículo 20 que regula la transferencia y control de recursos financieros asignados a los Grupos Parlamentarios, en el que señala que bastará con el comprobante del depósito de la transferencia electrónica y el acuse de recibo del Coordinador del Grupo Parlamentario o de la persona que el mismo acredite.

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Sin embargo, al no contar con la documentación que justifica y comprueba la aplicación de los recursos transferidos a los Grupos Parlamentarios, no pudo comprobarse que dichos recursos se aplicaron para los fines a los cuales fueron otorgados y si éstos están amparados con un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para ajustarse a las facilidades de comprobación establecidos en los mencionados criterios. Dictamen: No Cumplió Número de Observaciones: 3, Número de Acciones: 3 (3 R). Cámara de Senadores. Gestión Financiera. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. No. 03. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas. Hallazgos relevantes: Falta de comprobación en el rubro de Asignaciones a los Grupos Parlamentarios. La limitada transparencia de los recursos que se destinaron a conceptos relacionados con actividades legislativas propició que no se proporcionara la documentación que sustenta la aplicación de los recursos por un monto de 1 mil 016.6 millones de pesos que representó el 22.7% del presupuesto total ejercido por la Cámara de Senadores, los cuales fueron otorgados por medio de la partida 39903 "Asignaciones a los Grupos Parlamentarios" y, por tanto, no se contó con la información que permita evaluar la razonabilidad del gasto, o bien, comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos. Es importante señalar que en los recibos ya no desagregan los conceptos que integran el monto de la asignación, por lo cual no se pudo verificar que las asignaciones pagadas a los grupos parlamentarios fueron calculadas de conformidad con lo establecido en los Acuerdos de la Mesa Directiva. Al respecto, al no contar con la documentación que justifica y comprueba la aplicación de los recursos transferidos a los Grupos Parlamentarios y Senadores sin Grupo, no fue posible comprobar que dichos recursos se aplicaron en los fines para los cuales fueron otorgados y si éstos están amparados con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que se ajusten a las facilidades de comprobación establecidos en los mencionados criterios. Dictamen: No Cumplió Número de Observaciones: 3, Número de Acciones: 3 (3 R).

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Sector Marina Secretaría de Marina. Ampliación y Equipamiento de la Escuela de Aviación Naval, en el Estado de Baja California Sur, Construcción de Hospital General Naval de Segundo Nivel y del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, en la Ciudad de México. Auditoría de Inversiones Físicas. No. 1814. Objetivo. Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. Antecedentes: Hallazgos relevantes: Ampliación y Equipamiento de la Escuela de Aviación Naval, en el Estado de Baja California Sur. El proyecto tuvo como objetivos proveer de la infraestructura y equipo necesarios para la formación de oficiales pilotos aviadores, así como brindar instalaciones adecuadas y suficientes tanto para el alojamiento y entrenamiento de los cadetes de la escuela de aviación como para el mantenimiento y resguardo de las aeronaves, a fin de garantizar con oportunidad la seguridad aérea. Hospital General Naval de Segundo Nivel, en la Ciudad de México. La construcción del Hospital General Naval de segundo nivel de atención, incluye entre sus instalaciones un laboratorio de biología molecular y de bioseguridad de nivel III, con el propósito de complementar la capacidad de respuesta en los servicios médico-asistenciales navales para otorgar una atención oportuna, eficiente y de calidad con base en las demandas que generarán los pacientes de dicho hospital, del centro oncológico, de las unidades del sistema naval y de otras instituciones; debe incorporar nuevas tecnologías para realizar diagnósticos de alta complejidad, garantizar la independencia así como la seguridad de las instalaciones y del personal, y contar con infraestructura para investigación y formación de recursos humanos; asimismo, con la construcción del centro oncológico anexo al Hospital General Naval de Alta Especialidad se pretende responder a las necesidades de servicios oncológicos de la población de manera integral con alta calidad humana y tecnológica. Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud, en la Ciudad de México. La construcción de dicho Centro, tiene el propósito de aumentar tanto el número de profesionales con licenciatura y posgrado con una formación militar-naval como elevar la calidad de enseñanza para enfermeros y médicos navales especialistas, contar con un lugar exclusivamente dedicado a la enseñanza de la medicina, formar profesionales dedicados a la investigación, ofrecer cercanía a centros y unidades de salud donde el personal en formación pueda realizar sus prácticas profesionales y residencias, para lograr una instalación de formación de médicos navales reconocidos en los ámbitos nacional e internacional. Se verificó que los trabajos objeto del contrato se concluyeron en el tiempo establecido.

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No se aplicaron las penas convencionales generadas por obra pagada no terminada por 12.4 millones de pesos. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. C-03/2016, se observó que la Secretaría de Marina no aplicó las retenciones económicas durante el periodo de ejecución contractual comprendido del 1 de febrero al 15 de noviembre de 2016 correspondientes a la diferencia entre el importe de los trabajos realmente ejecutados con el de los considerados en el programa autorizado. Inadecuado uso de la bitácora. Con la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. C-03/2016, se comprobó que la residencia de obra registró en la bitácora convencional fechas de autorización de estimaciones diferentes de las fechas de conciliación y autorización registradas en la carátula de cada estimación; y omitió anotar la aprobación de ajuste de costos y de conceptos no previstos en el catálogo original. De igual forma, con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. C-01/2016 y de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. C-05-2016, se observó que en la bitácora de obra no se asentaron la descripción del asunto, ubicación, causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere y fecha de atención, así como la referencia, en su caso; asimismo, no se asentaron los asuntos transcendentes derivados de la ejecución de los trabajos en cuestión, ni se registró el procedimiento constructivo, los aspectos de calidad y los programas de ejecución convenidos. Reintegros por concepto de la pena convencional de trabajos no concluidos. La Secretaría de Marina solicitó a la empresa contratista el reintegro de 10.9 millones de pesos por concepto de la pena convencional de los trabajos no concluidos y su actualización a la fecha de conclusión. En lo referente al equipo de aire acondicionado, la Secretaria de Marina, solicitó a la empresa contratista el reintegro de 1.5 millones de pesos, por concepto de la pena convencional de los trabajos no concluidos y su actualización hasta la fecha de conclusión. Incumplimiento a los alcances del contrato, ya que se pagaron trabajos que no cumplían con las dimensiones solicitadas. Como resultado de la visita de inspección física a las obras que se ejecutaron al amparo del contrato de obra pública núm. C-03/2016, se observó que la entidad fiscalizada omitió vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos en los aspectos de costo y calidad en los conceptos de zoclo de loseta cerámica de 10 cm de altura por un monto de 231.2 miles de pesos; de zoclo con pintura de esmalte por un monto de 47.6 miles de pesos; y de falso plafón dañado por filtraciones en las estimaciones núms. 1, 3, 9, 11, 12, 18 y 19, toda vez que no exigió el cumplimiento del alcance de los conceptos en mención. Se omitió incluir información técnica y recursos, así como las especificaciones generales y particulares de cada proyecto. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. C05/2016, se constató que la SEMAR en los términos de referencia no incluyó la información técnica y recursos, las especificaciones generales y particulares del proyecto, el producto o los documentos esperados y su forma de presentación, así como la metodología a emplear en la prestación del servicio.

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Dictamen: Cumplió, excepto por Número de Observaciones: 0. Presidencia de la República Presidencia de la República. Gestión Financiera. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. No. 10. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Presidencia de la República, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, y las disposiciones legales y normativas. Hallazgos Relevantes: Importante Sobreejercicio en los capítulos 1000 al 5000. Al comparar las cifras del presupuesto original autorizado, modificado y ejercido en dichos capítulos del gasto, reportadas en la Cuenta Pública de 2016, contra las registradas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2016 y en los auxiliares presupuestales, la ASF destaca que no se determinaron diferencias. Sin embargo, es importante observar que existe una adecuación presupuestaria importante en relación al presupuesto original contra lo ejercido, con un incremento del 84.7%, situación que se ha presentado principalmente desde el año de 2013.

En la partida 27101 "Vestuario y Uniformes" se revisaron 14.6 millones de pesos (61.3%) correspondientes a la adquisición de vestuario y uniformes para el personal del Estado Mayor Presidencial (EMP); dicha adquisición se realizó mediante dos procedimientos de invitación a cuando menos tres por 1,678.4 miles de pesos y 8,821.7 miles de pesos, respectivamente, y 24 procedimientos de adjudicación directa con fundamento en el artículo 42 de la LAASSP, por 4,143.4 miles de pesos. Falta de Análisis y Previsión que impidieron cumplir los lineamientos del procedimiento de licitación. En lo que se refiere a los dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, se observó que los criterios no son aplicables con fundamento al art. 41, fracción IV,

Diferencia variacion

Absoluta %

1,922.65 3,550.46 3,550.46 1,003.68 84.7

Fuente: Elaborado por la UEC, con datos de la ASF.

1000 SERVICIOS PERSONALES, 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS, 3000 SERVICIOS GENERALES,

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Y 5000 BIENES MUEBLES,

INMUEBLES E INTANGIBLES

millones de pesos

AMPLIACIONES PRESUPUESTALES EN LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LOS CAPÍTULOS

Original modificado ejercido

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de la LAASSP, ya que la solicitud de compra no pone en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, ya que se trata de adquisiciones que corresponden a prendas de vestir, más aún, en el caso del procedimiento de invitación, en el que las prendas adquiridas no son de uso exclusivo militar, al corresponder éstas a trajes tipo sastre para caballero y para dama, su adjudicación debió haberse realizado mediante un procedimiento de licitación pública. Esta observación se solvento, en razón de que los proveedores adjudicados, durante el proceso de toma de medidas, pruebas, ajustes y entrega final del vestuario, tienen acceso a la totalidad de las áreas críticas donde labora el personal de ese organismo, incluyendo la Residencia Oficial de los Pinos, teniendo también acceso a datos personales de los elementos que integran las áreas de Seguridad Nacional de la dependencia que los hace identificables y vulnerables. Deficiencias en sus mecanismos de control, sin verificar la autenticidad y la veracidad de documentos entregados por los prestadores de servicios, presentando graves inconsistencias en los mismos. También se observó que el proveedor que resultó adjudicado, quien ofreció la propuesta más económica por 8.8 millones de pesos, era una persona moral que se constituyó el 17 de marzo de 2016, es decir, 46 días naturales antes de que se le invitara a participar al citado procedimiento (2 de mayo de 2016). Cabe destacar que en su acta constitutiva, se inscribió en el Registro Público de Comercio el 13 de junio de 2016, lo cual resulta cronológicamente incongruente en relación con la fecha en que se llevó a cabo el procedimiento para su contratación (2 de mayo de 2016). A su vez presentó un monto de ventas anuales por cien mil pesos obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos, lo cual no resulta verídico, toda vez que, como ya se mencionó, la empresa fue creada en ese mismo ejercicio. Deficiencias en sus mecanismos de control y programación para cubrir las necesidades operativas, administrativas y de protocolo de último momento. En relación los 24 procedimientos de adjudicación directa para la adquisición de vestuario y uniformes, por un monto de 4.1 millones de pesos, las adquisiciones debieron haberse realizado mediante un solo procedimiento, el cual correspondía al de una Licitación Pública Nacional. Sin embargo Carencia en la verificación de la autenticidad y la veracidad de documentos entregados por los prestadores de servicios. En la partida 35801 Servicios de lavandería, limpieza e higiene, se ejercieron recursos por 17.9 millones de pesos, de los que se revisaron 9.5 millones de pesos correspondientes al contrato número ANT-AD-SN-067-15 suscrito con una empresa para la prestación de los servicios de limpieza, el cual derivó de un procedimiento de adjudicación directa. Al analizar las facturas con las que cuenta la entidad fiscalizada presentadas por el proveedor para cumplir con el numeral 3 del apartado VI "Condiciones del Servicio" del anexo técnico del citado contrato, respecto de la obligación de presentar el equipo y maquinaria con el que prestaría los servicios, acompañado de las facturas correspondientes cuya fecha de expedición no fuera mayor a un año, se identificó que nueve de ellas contienen la misma fecha de expedición (28 de diciembre de 2015), pero diferentes números de serie y de folio. El 19 de diciembre de 2017, se hicieron del conocimiento del Órgano Interno de Control en la

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Presidencia de la República las citadas irregularidades para que, en caso de considerarlo procedente, y en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones y, de ser el caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente a la empresa prestadora de los servicios de limpieza que presentó nueve facturas presuntamente alteradas para cumplir con uno de los requisitos solicitados para su contratación. Deficiencia en los procesos de control para sus registros comprobatorios. En la partida 37504 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales", se reportó un presupuesto ejercido de 4,990.1 miles de pesos, del que revisó un monto de 1.5 millones de pesos correspondientes al pago de gastos de alimentación y hospedaje de servidores públicos. En 90 casos, no se requisitó adecuadamente el "Formato de Verificación de requisitos para el trámite de solicitud de pago de bienes y servicios", toda vez que 62 no contienen la fecha; en 6, la fecha corresponde al ejercicio 2014; en 8, existen desfases de hasta 8 meses entre la fecha del llenado del formato y la de la comisión; en 6, el número de la solicitud corresponde a una comisión diferente, y en 3, las fechas de la solicitud de pago y la de validación y de revisión son cronológicamente incongruentes. En 105 casos, por 83.3 miles de pesos, el reintegro se realizó con desfases de entre 1 y 14 meses. Deficiencias en sus controles de Pago. En la partida de gasto 53101 "Equipo médico y de laboratorio" se reportaron como ejercidos 8.2 millones de pesos, el cual derivó en tres contratos con un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas. El contrato núm. EMP-ADQ-GI-ITP33-2016/173 del 10 de noviembre de 2016, de 1.5 millones de pesos se registró en la partida 53201 "Instrumental médico y de laboratorio", y no obstante que se contaba con recursos disponibles según el oficio de Autorización de Suficiencia Presupuestal Número A093000227 del ejercicio 2016, su pago se realizó con cargo al presupuesto 2017. Dictamen: Cumplió Número de Observaciones: 1, Número de Acciones 1(1R) Se solicitó promover la intervención de la instancia de control competente con motivo de 1 irregularidad detectada. Sector Gobernación Archivo General de la Nación. Proyecto para la Construcción del Nuevo Edificio del Archivo General de la Nación y Remodelación de las Instalaciones Actuales, en la Ciudad de México Auditoría de Inversiones Físicas. No. 28. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación aplicable. Antecedentes. La construcción del nuevo edificio del Archivo General de la Nación y la remodelación de las instalaciones actuales, tiene el objetivo de preservar el patrimonio

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documental del país, así como salvaguardar, organizar y conservar los documentos y expedientes que conforman sus acervos, a fin de facilitar y promover la consulta y aprovechamientos públicos, por lo cual se revisaron 12 contratos de obras públicas y 1 de servicios relacionados con las obras públicas para este nuevo proyecto. Hallazgos Relevantes: Falta de documentación que justifique la selección del procedimiento de excepción. En la Adjudicación mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas de los 8 contratos de obras públicas

Reacondicionamiento de caseta y áreas generales para almacén de servicios generales;

Conclusión de acabados en edificio de acervos, biblioteca y albañilerías en comedor y edificio de gobierno;

Trabajos complementarios e instalaciones en área de acervo de biblioteca, mural y sala magna;

Rehabilitación y mejoramiento de impermeabilizaciones en edificios del conjunto histórico;

Actividades previas e instalación de elevadores y montacargas;

Obras exteriores y soportaría para celdas fotovoltaicas en azotea;

Puente de conexión laboratorio - depósitos;

y Prefabricados en fachadas de edificio de depósitos, etapa 2016; El Archivo General de la Nación, no tiene constancia de que haya elaborado por escrito las justificaciones de las razones para la selección del procedimiento de excepción a la licitación, en las que se sustente el ejercicio de la opción, firmada por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos; y tampoco se tiene constancia de que se envió dicho escrito a su órgano interno de control, a más tardar el día último hábil de cada mes. Deficiencias en la publicación de la convocatoria y falta de información en la integración del contrato. En relación con la licitación pública nacional núm. LO-004EZN999-E4-2016, AGN SROP GPS 003/2016-LPN, con la que se adjudicó el contrato de servicios relacionados con la obra pública “gerencia de proyecto y supervisión de obra para la construcción del nuevo edificio del archivo general de la nación y remodelación de las instalaciones actuales, etapa 2016”, en la convocatoria no se incluyeron las especificaciones generales y particulares; y no se anexaron a dicho contrato los términos de referencia correspondientes. Deficiencia en los cálculos para evaluar los presupuestos estimados de contratación y no se difundieron los proyectos de las convocatorias mediante CompraNet. En la revisión de las licitaciones públicas nacionales referentes al proyecto de la “readecuación e integración de espacios destinados a la consulta y atención al público del nuevo anexo técnico” y a la "integración de sistemas especiales de voz, datos y seguridad en edificio de acervos y laboratorios", se observó que en las convocatorias se estableció que se utilizaría el mecanismo binario para evaluar las proposiciones; sin embargo, se debió utilizar el mecanismo de puntos y

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porcentajes puesto que los montos máximos presupuestados de 43.1 y 30.2 millones de pesos para esos contratos sí exceden los diez mil días de salario mínimo general vigente de la cd. de México elevado al mes, los cuales se calcularon en 21.9 y 22.6 millones de pesos, a partir de las fechas de publicación de las convocatorias. El Archivo General de la Nación no difundió a través del sistema de CompraNet los proyectos de dichas convocatorias, ya que sus presupuestos estimados de contratación fueron superiores a diez mil veces el salario mínimo general vigente en el entonces Distrito Federal elevado al mes. Carencia de acciones en el control de la ejecución de los contratos. En los contratos de obras públicas abajo citados, el Archivo General de la Nación no aplicó a las contratistas retenciones económicas por los atrasos registrados en la ejecución de los programas de obra autorizados.

Reacondicionamiento de caseta y áreas generales para almacén de servicios generales;

Conclusión de acabados en edificio de acervos, biblioteca y albañilerías en comedor y edificio de gobierno;

Rehabilitación y mejoramiento de impermeabilizaciones en edificios del conjunto histórico;

Instalación eléctrica para ampliación de subestación norte;

Cancelerías en el edificio de acervos;

Readecuación e integración de espacios destinados a la consulta y atención al público del nuevo anexo técnico;

Integración de Sistemas Especiales de Voz, Datos y Seguridad en Edificio de Acervos y Laboratorios;

Actividades previas e instalación de elevadores y montacargas;

y “Prefabricados en fachadas de edificio de depósitos, etapa 2016 Falta de Documentación Comprobatoria. Con la revisión del contrato de obra pública "cancelerías en el edificio de acervos", se constató que con cargo en la estimación núm. 5-1E, el Archivo General de la Nación autorizó pagos por conceptos extraordinarios, sin embargo, estos trabajos se ejecutaron en el edificio de “laboratorios” del Archivo General de la Nación, el cual no se encuentra incluido dentro del objeto del contrato de obra pública referido, pues en la partida presupuestal correspondiente específicamente al mantenimiento, no existen los recursos destinados al edificio de laboratorios en 2016. Aun cuando se verificó que existían economías, y por lo cual se procedió a la ejecución de esos trabajos; no se comprobó que se emprendieran las acciones respectivas a fin de dar inicio al procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron los pagos de conceptos extraordinarios que se ejecutaron en el edificio de laboratorios. Recursos federales ejecutados sin una administraron con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. En la revisión del contrato de obra pública para la “rehabilitación y mejoramiento de impermeabilizaciones en edificios del conjunto histórico", se constató que con cargo en la estimación núm. 6-EX, el Archivo General de la Nación autorizó el pago de 4,912 piezas por un monto de 268.2 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. EXTIMP-03,

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“Suministro y sembrado de especies vegetales (plantas) en muro verde existente en edificio de laboratorio…”, sin que se acreditara su ejecución, debido a que con la visita de inspección física que personal de la Auditoría Superior de la Federación y del Archivo General de la Nación realizaron del 12 al 13 de octubre de 2017, se constató que no existen dichas especies vegetales (plantas) ni el muro verde en el edificio referido. Sin embargo dicha obra fue ejecutada, pero también se contrató para posteriormente proceder al desmontaje, mediante otro contrato número AGN OP ACSP 001 2017-AD, que fue realizado a partir del 29 mayo de 2017 y habiéndose transcurrido 373 días naturales desde su colocación hasta su retiro, por lo que los tiempos de ejecución y revisión no coinciden de conformidad con el recorrido realizado con el personal de la Auditoría Superior de la Federación. No comprobó que emprendió las acciones respectivas a fin de dar inicio al procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión autorizaron el pago de dicho concepto extraordinario (desmontaje del muro verde) por un monto de 268.2 miles de pesos, puesto que esos recursos federales no se administraron con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estuvieron destinados, debido a que un año después se retiraron las plantas y se desmontó el muro verde en los que se invirtieron dichos recursos económicos. Dictamen: Cumplió, excepto por. Número de Observaciones: 3, Número de Acciones 3(3 PRAS) Sector Gobernación. Prevención y Readaptación Social. Contratos de Servicios Suscritos con Terceros a través de los Conceptos de Gasto 3300. "Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios" y 6200 "Obra Pública en Bienes Propios". Auditoría Forense. No. 1875. Objetivo: Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los movimientos del presupuesto de los conceptos de gasto 3300 y 6200 del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, se hayan ejercido, registrado y comprobado de acuerdo a la normatividad y legislación vigente. Antecedentes: Bajo un esquema amparado en adjudicaciones directas a proveedores, la ASF ha detectado el desvío de recursos públicos propiciado por irregularidades que han sido observadas reiteradamente, por un monto de 4 mil 749.7 millones de pesos en las cuentas públicas 2012 a 2015 y 2 mil 130.99 millones de pesos de la Cuenta Pública 2016. El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) suscribió, durante el 2016, tres contratos de prestación de servicios integrales, relacionados con el procesamiento de información, generación de archivos, apoyo jurídico – administrativo, análisis de mercados, verificación y control de pagos, control presupuestal, elaboración de programas y proyectos de inversión, así como la coadyuvancia con distintas áreas internas de dicho Órgano, por 112.6 millones de pesos. Por lo que se determinó llevar a cabo la auditoría

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para conocer la posible existencia de actos u omisiones que impliquen irregularidades o conductas ilícitas. Hallazgos Relevantes: Se suscribió, durante el ejercicio 2016, tres contratos de prestación de servicios y sus respectivos anexos técnicos con la persona moral Desarrollos Jurídicos Integrados, S.A. de C.V., (DJI), el primer contrato (OADPRS/DGA/S/003/2016) por 43.2 millones de pesos, el segundo (OADPRS/DGA/S/004/2016), por 30.6 de pesos y el tercero (OADPRS/DGA/S/005/2016), por 38.8 millones de pesos, en conjunto los tres contratos suman 112.6 millones de pesos. Deficiencias en la contratación de prestadores de servicios por no contar con la especialidad requerida para lo que fueron contratados. En los oficios determinados “escrito de Justificación, se justificó la necesidad de los servicios, por la falta de personal con el expertise y capacitación en materia de archivos gubernamentales para estas tareas, sin embargo, no se cuenta validación de que las personas asignadas a la prestación de los servicios contaran con los estudios, capacitación o experiencia necesaria para calificarlos como especialistas y los coordinadores generales de los servicios de cada contrato (empleados por DJI) argumentaron no contar con estudios especializados en las materias señaladas. Aunado a esta situación no existió un análisis justificativo por parte del OADPRS que lleve a determinar el número necesario de personas que se requerían para realizar las actividades relacionadas con los tres servicios cotizados. Recursos federales ejecutados sin una administraron con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Éste contrató a la empresa DJI, no contó con el personal capacitado, por lo que se demuestra que no se contó con las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias íntegras, transparentes y con apego a la legalidad. El contrato no especifica el perfil profesional requerido para cada una las personas que ejecutarían el trabajo, ni los medios a través de los cuales el proveedor llevaría a cabo dichas actividades. Evaluación de mercado inexacta y deficiente. Con el análisis de mercado se verifico que no se cuenta con la información suficiente para determinar con exactitud que los montos propuestos por los proveedores para prestar los servicios solicitados son acordes a la cantidad de personal propuesto, a los costos adicionales por conceptos de infraestructura tecnológica e insumos, y a las actividades por desempeñar; además, no se realizó la consulta a la base de datos que administra el Comité Técnico del Consejo de Seguridad Nacional. Posible Desvió de recursos. De los tres servicios contratos, suscritos con el OADPRS, DJI se erogaron recursos por 26.3 millones de pesos. Este importe representó el 23.4% de los 112.6 millones de pesos que el OADPRS le pagó a DJI, lo que denota que la contratación de dicha empresa no estuvo motivada en las mejores condiciones para el Estado, toda vez que se pagaron tres servicios en un precio que resultó excesivo.

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Incumplimiento en las cláusulas del contrato en el punto de confidencialidad, sin que se garantizara la confidencialidad de la información. En la revisión de la documentación proporcionada, no se localizaron los convenios de confidencialidad celebrados entre el proveedor de los servicios, DJI y el personal que se asignó para su desarrollo, en los cuales se estipularan de manera clara y concreta los términos del servicio relacionado con los tres contratos, la calidad de “información sensible” que se manejaría y las sanciones en que se podría incurrir en caso de no apegarse al citado convenio. En los tres contratos, no se cumplen con las características y requisitos de un convenio de confidencialidad que estipule de manera específica los términos de los servicios por desarrollar. Los administradores responsables de estos contratos no verificaron esta situación en su calidad de servidores públicos. No generaron las condiciones propicias para garantizar bajo todas las medidas y estándares necesarios la confidencialidad de la información generada. No existen mecanismos o procedimientos que garanticen la seguridad de la información que se almacena en los equipos de cómputo utilizados por el personal de DJI. No se cuenta con un protocolo establecido para el manejo de equipos de cómputo en caso de sustitución, que lleve a asegurar que el equipo que sale de las instalaciones del OADPRS no contenga información relacionada con los servicios prestados, también los puertos USB de las computadoras utilizadas por el personal de DJI para prestar los servicios no se encontraban bloqueados porque eran una herramienta de trabajo sin aportar evidencia de alguna medida implementada para garantizar la seguridad de la información. Sin previsión de fugas de información de seguridad nacional y violación a las cláusulas del contrato. Existe una cláusula de prohibición de subcontratación establecida en la cláusula décima cuarta de cada uno de los tres contratos, sin embargo se subcontrató a la empresa Full Service de México, S.A. de C.V., la cual tiene acceso a la documentación catalogada como de seguridad nacional, sin que exista algún protocolo que inhiba el riesgo de extracción y/o divulgación no autorizada de información, vinculada a los contratos 003/2016 y 004/2016. Sin verificación de los servicios prestados. No realizaron las acciones necesarias para verificar y garantizar que los servicios se prestaran en estricto cumplimiento de las condiciones establecidas en las justificaciones de contratación, los contratos y anexos técnicos suscritos; no obstante, permitieron que se desarrollaran los servicios hasta la conclusión de la vigencia de cada contrato. En relación a la justificación para la contratación de servicios por tener una reducida disponibilidad presupuestaria para la contratación de servicios personales (sueldos y remuneraciones), se observó que no requirieron a la instancia competente, recursos para contratar personal de manera directa, ya sea de estructura u honorarios, que desarrolle las actividades contratadas con la empresa DJI, ni ha preponderado el costo que implica la contratación directa por parte del OADPRS. Deficiencia en la creación de las cotizaciones. En las cotizaciones ninguna detalla los costos específicos para prestar los servicios, ni los medios a través de los cuales llevarían a cabo dichas

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actividades, las cotizaciones no contemplan el perfil y nivel de especialización del personal que participaría en el desarrollo de las actividades descritas en la ficha técnica; aunado a ello, la empresa Full Service de México, S.A. de C.V., omitió indicar en su cotización el número de personas que participarían en los servicios. Para los servicios vinculados al contrato 004/2016, no se establece el perfil y nivel de especialización del personal a participar. Con la revisión de los contratos, se constató que no establecen los costos unitarios relacionados al personal, salarios, equipo, software y demás insumos necesarios para llevar a cabo los servicios contratados, lo que impide determinar el costo real de cada uno. Comprobación de Gastos incompleta. Con el análisis de la información y documentación relativa a la adquisición de equipos de cómputo para prestar los servicios relacionados con los tres contratos de las 32 facturas proporcionadas por la empresa DJI, sólo cuatro de ellas, por un total de 245.4 miles de pesos, fueron adquiridas durante el año 2016. Las otras fueron de años anteriores; por tanto, no se considera como parte del gasto erogado por el proveedor en la prestación de los servicios al OADPRS en el año 2016. Dictamen: No Cumplió Número de Observaciones: 2, Número de Acciones 2(1R y 1PRAS) Se determinaron recuperaciones probables por 86.2 millones de pesos. Análisis de la Fiscalización en Auditorias Horizontales del Sector Gobierno. Fiscalización horizontal. Auditorias Servicio Profesional de Carrera: Secretaría de la Función Pública (SFP) e Instituto Nacional de Estadística Geografía (INEGI). En el ámbito de las funciones de gobierno y sector hacendario la ASF practicó las auditorías horizontales No. 110 y 121. En esta sección, se analizan las auditorías relativas a las funciones de gobierno.

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Resumen de Observaciones y Acciones en las auditorias horizontales al Servicio Profesional de Carrera del Sector Gobierno:

Secretaría de la Función Pública: Dictamen: Cumplió Número de Observaciones: 0; Número de Acciones: 0.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía: Dictamen: Cumplió Número de Observaciones: 1; Número de Acciones: 1 (1 RD).

ENTIDAD FISCALIZADA RESULTADOS RELEVANTES REVISIONES HORIZONTALES

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas para la regulación,

operación y consolidación el servicio profesional de carrera en la administración

pública federal.

Deficiencias en la prestación de servicios a falta de servidores públicos profesionales.

De acuerdo con el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) 2013-

2018, persiste la falta de servidores públicos profesionales, lo que limita la eficacia

y eficiencia en la prestación de servicios oportunos y de calidad. Las causas de este

fenómeno se deben a deficiencias normativas; insuficiente coordinación de los

actores que instrumentan el SPC; deficiencias en el ingreso y ascenso; ausencia de

desarrollo profesional; limitada capacitación; falta de continuidad de las políticas

públicas ineficiencia en la prestación de bienes y servicios e incumplimiento de

objetivos y metas.

Objetivo: Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas para la regulación,

operación y consolidación del servicio profesional de carrera.

Falta de mecanismos de control y supervisión en los procesos de capacitación y

evaluación del desempeño . No se establecieron los mecanismos para realizar la

detección de necesidades de capacitación de cada año; las medidas para corregir al

personal que reprueba los cursos de capacitación y los que no cumplen las horas

establecidas para tal fin.

No se establecieron los objetivos específicos del SPC . Se observó, que en el diseño

de objetivo, no se estableció el objetivo específico; aún y cuando en los

considerandos del Acuerdo por el que se establecen las Reglas del Sistema Integral

de Profesionalización del Instituto Nacional de Estadística se identifica la

necesidad de contar con personal altamente especializado para cumplir con el

objeto del instituto y en el artículo 3 del Estatuto se define al Servicio como un

mecanismo para motivar y fomentar el desarrollo del personal e incorporar a los

mejores en el sistema.

Falta de estímulos y reconocimiento al SPC. En 2016, el INEGI ha avanzado en la

implementación de 4 de 5 procesos con los que cuenta: ingreso, capacitación,

evaluación del desempeño y separación, sin embargo la entidad fiscalizada no

otorgó estímulos. Esta problemática se observa desde la revisión de la Cuenta

Pública 2012 en la Evaluación de Política Pública, en la que tampoco otorgó ningún

reconocimiento ni retribución económica.

Instituto Nacional de Estadística

y Geografía

Servicio Profesional de Carrera

Auditoría de Desempeño

No. 121-GB

Secretaria de la Función Publica

Servicio Profesional de Carrera

Auditoría de Desempeño

No. 110-GB

Fuente: Elaborado por la UEC, con información del Informe de Resultados de la Fisca l i zación Superior de la Cuenta Públ ica 2016.

FISCALIZACION A LA CUENTA PUBLICA 2016

AUDITORIAS HORIZONTALES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA

SECTOR GOBIERNO

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Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Gestión Financiera del ISSFAM. Auditoría Financiera y de Cumplimiento No. 103. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera del ISSFAM para verificar que los ingresos y gastos correspondieron a las operaciones del periodo, fueron congruentes con su objeto y que se previeron, autorizaron, contrataron, justificaron, obtuvieron, pagaron, comprobaron y registraron contable y presupuestalmente, de conformidad con las disposiciones legales y normativas. Antecedentes: El ISSFAM es un organismo público descentralizado federal con personalidad jurídica y patrimonio propio cuyo objetivo es el bienestar de la familia militar mediante el otorgamiento de “Haber de retiro”, “Pensiones”, “Compensaciones”, “Seguro de Vida”, “Seguro Colectivo de Trabajo”, “Préstamos hipotecarios”, “Casas hogar para retirados”, “Servicio médico integral”, “Vivienda”, entre otras. Hallazgos relevantes: Deficiencias de registro de transacciones

Se emitió un recibo por 120.3 millones de pesos; sin embargo, las transferencias recibidas de SEDENA fueron por 116.2 millones, lo que hace una diferencia de 4.2 millones pendiente de depositar.

Falta de autorización de la SHCP para registrar, dentro del recibo de nómina, conceptos referentes a: cuotas por casa hogar, cementerio militar y desperfectos de unidades habitacionales, como “Concepto 66 Fondo de Vivienda Militar”.

Falta de control y supervisión del correcto requisitado de los oficios de instrucción de transferencia de recursos del Fondo de Autoaseguramiento.

Diferencias no aclaradas entre reportes internos de créditos hipotecarios y devolución del 5%, entre la Subdirección de Tesorería y la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto por 7.1 y 9.2 millones de pesos.

Falta de evidencia en la entrega oportuna de víveres por 3.5 millones de pesos.

Dictamen: cumplió excepto por. Número de Observaciones: 5, Número de Acciones 5(3R y 2PRAS) Se determinaron recuperaciones probables por 4.2 millones de pesos. Secretaría de Gobernación. Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN. Auditoría Financiera y de Cumplimiento No. 17. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Fondo para la Atención de Emergencias "Fondo de Desastres Naturales", destinado a proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y desastres por fenómenos naturales, para

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comprobar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. Antecedentes: El FONDEN es un instrumento interinstitucional que permite apoyar a las entidades federativas cuando un fenómeno natural amenaza la vida y la salud de la población y supera su capacidad financiera y operativa de respuesta. Emplearlo requiere una declaratoria de emergencia. Hallazgos relevantes:

Deficiencias de operación y supervisión. La Secretaría de Salud Estatal de Sonora no proporcionó la documentación que acredite la salida del almacén de Navojoa, y la utilización de 200 productos insecticidas por 318.8 miles de pesos.

Volumen excesivo de medicamentos. El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), de la Secretaría de Salud autorizó 52,940 y 20,043 medicamentos de más, correspondientes a las solicitudes de 2015 y 2016, sin el cálculo que los avale.

Entregas fuera de la vigencia de las declaratorias de emergencia. Se entregaron 348,135 insumos a los municipios afectados de Chihuahua después del término de las declaratorias.

Desfase al informar uso de medicamentos. Los estados de Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, y Tamaulipas remitieron al CENAPRECE los formatos de utilización de medicamentos con retardo de 14 a 454 días después del aviso de término de la emergencia.

Dictamen: Cumplieron excepto por. Número de Observaciones: 10, Número de Acciones 26(12R, 13PRAS y 1PO) Se determinaron recuperaciones probables por 318.8 miles de pesos. Análisis de la Fiscalización en Auditorías Horizontales del Sector Gobierno En el ámbito de las funciones de gobierno y sector hacendario la ASF practicó las auditorías horizontales No. 1809, 1810 ,1811 y 1812 al Consejo de la Judicatura Federal para la Construcción de Centros de Justicia Penal. En esta sección, se analizan las auditorías relativas a las funciones de gobierno. Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable.

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Deficiencias en la planeación de la obra al omitir restricciones de altura

normadas. No se elaboraron los estudios y proyectos concernientes a los

límites de altura que debería cumplir la construcción o instalación en los

terrenos adyacentes a los aeródromos civiles, para la construcción del

Edificio Sede y el Centro de Justicia Penal Federal en Torreón.

No se aplicaron penas convencionales por retrasos en los procesos de

ejecución. Durante las visitas de inspección física a las obras, se constató

que se encuentran en proceso de ejecución, a pesar de haber concluido los

plazos para hacerlo; asimismo, los montos asignados tampoco han sido

ejercidos en su totalidad.

Falta de transparencia en la formulación de actas de fallo. En la formulación

de actas de fallo para los procesos de licitación, no se indicó en su

contenido la fijación de una copia de acta en un lugar visible al que tenga

acceso el público.

Deficiencias en los procesos de licitación. No se observó un plazo entre la

presentación del dictamen de adjudicación y la emisión del fallo, toda vez

que en el contrato de construcción del Edificio Sede en Durango se emitió

el dictamen de adjudicación quince días hábiles posteriores al acto de

presentación y apertura de proposiciones, mientras que el proyecto

integral en Mexicali, se emitió trece días hábiles posteriores.

No se incluyeron cláusulas de penalización en los contratos. En el proceso de

licitación, no se incluyó en los contratos la "Pena convencional por atraso

durante el programa vigente", que consiste en retenciones aplicables del

0.5% (monto de trabajos atrasados x 0.5% x días de atraso = importe

retenido) por atraso de obra.

Incumplimiento en los plazos establecidos para la emisión de fallo. En la

licitación del "Proyecto Integral para la construcción del Centro de Justicia

Penal Federal en Mexicali, Baja California" el fallo se elaboró un día antes

de la fecha establecida en las bases del concurso.

No se contó con los equipos de calidad pactados en los contratos. Se

detectó discrepancia entre los insumos pactados con respecto a los

utilizados, en el contrato correspondiente al "Proyecto Integral para la

Construcción del Edificio Sede en Durango".

Falta de autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental. El

"Proyecto Integral para la construcción del Centro de Justicia Penal Federal

en Mexicali, Baja California", no cuenta con el sustento en la evaluación de

impacto ambiental y urbano, por lo que no se consideraron los efectos de la

ejecución de las obras en el medio ambiente.

Continúa…

AUDITORÍAS HORIZONTALES AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2016

"Construcción del Centro de Justicia Penal

Federal Definitivo y Edificio Sede del Poder

Judicial de la Federación en Torreón, Coahuila;

Centro de Justicia Penal Federal en Mexicali,

Baja California y Edificio Sede en Durango,

Durango".

Auditoría de Inversiones Físicas

No. 1809-GB.

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"Construcción de los Centros de Justicia Penal

Federal en Puebla, Puebla; Guanajuato,

Guanajuato; y Tapachula, Chiapas".


No. 1810-GB.

Adjudicación de contratos que incumplen las bases de la licitación. Se

constató, que las empresas adjudicadas no cumplían con los requisitos

solicitados en las base de licitación. Asimismo, en el proceso de

adjudicación fueron evaluadas incorrectamente las propuestas técnicas y

económicas, al existir propuestas más bajas que fueron desechadas.

Cambio en la fecha de fallo de licitación, sin el conocimiento de los

participantes. Se modificaron las condiciones y plazos establecidos en la

convocatoria sin difundirlas en el portal de internet, el Diario Oficial de la

Federación y en los periódicos en los que publicó los resumen de las

convocatorias; asimismo, no se cercioraron de que los participantes

tuvieran conocimiento de ello.

Adjudicación de contratos a empresas que no cumplen las bases de

licitación . Se adjudicó el contrato de obra por un monto de 336.2 millones

de pesos, sin que resultará solvente la propuesta de la contratista, al no

reunir las condiciones técnicas y económicas requeridas por el consejo y no

garantizar las mejores condiciones para el Estado.

Irregularidades en manejo de materiales e insumos . Se constató que la

contratista oferto colocar 1,471.96 toneladas de acero de refuerzo, pero

sólo ejecutó 235.85 toneladas, sin que se hayan aplicado las deductivas

correspondientes.

Falta de evidencia documental en pagos efectuados. Se constató, que en

"Proyecto Integral para la Adecuación de Áreas y Construcción del Centro

de Justicia Penal Federal en Tijuana, Baja California" se realizaron pagos al

concepto "Estudio de Mecánica de Suelos" y "Proyecto Estructural", sin que

contaran con evidencia documental que acredite su procedencia, por lo

cual se presume un probable daño al patrimonio al Consejo de la Judicatura

Federal por 336.4 miles de pesos.

Deficiencias en la calidad de los materiales y conceptos utilizados. En 2016,

se realizaron pagos por 5.1 millones de pesos en materiales y conceptos

que presentan humedad, así como condensación excesiva y escurrimiento

de líquido en equipos.

Nota: Dentro del Informe Genera l de Resultados de la Fisca l i zación a la Cuenta Públ ica 2016 de la ASF, se practicaron 6 auditorías

horizonta les de Construcción del Centro de Justicia Penal Federa l a l Consejo de la Judicatura Federa l ; s in embargo, en este análs is se

incluyen 4 auditorías referentes a la tercera entrega de informes individuales de resultados , ya que las 2 auditorías referentes a la

primera entrega se anal izaron con aterioridad.

Fuente: Elaborado por la UEC, con información del Informe de Resultados de la Fisca l i zación Superior de la Cuenta Públ ica 2016.

FISCALIZACIÓN A LA CUENTA PÚBLICA 2016

AUDITORÍAS HORIZONTALES AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

"Contratación de la Construcción del Centro de

Justicia Penal Federal El Altiplano Ubicado en

el Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de

México; Edificio Sede de Juzgados y Sótanos de

Tribunales (Primera Etapa) en Tepic, Nayarit;

Edificio Sede en Colima, Colima; Edificio Sede

del Poder Judicial de la Federación, en

Apizaco, Tlaxcala; Centro de Justicia Penal

Federal en Acapulco, Guerrero y Adecuación

de Áreas y Construcción del Centro de Justicia

Penal Federal en Tijuana, Baja California".


No. 1812-GB.

"Contratación del Proyecto Integral para la

Construcción del Edificio Sede del Poder

Judicial de la Federación, en el Inmueble

Denominado Fracción No. 2, en el Estado de

Aguascalientes".


No. 1811-GB.

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Resumen de Observaciones y Acciones en las auditorias horizontales del Sector Gobierno:

Consejo de la Judicatura Federal

Auditoría No. 1809-GB Dictamen: Cumplió, excepto por Número de Observaciones: 1; Número de Acciones: 1 (1 PRAS).

Auditoría No. 1810-GB Dictamen: Cumplió Número de Observaciones: 1; Número de Acciones: 1 (1 PRAS).

Auditoría No. 1811-GB Dictamen: Cumplió, excepto por Número de Observaciones: 3; Número de Acciones: 3 (2 R; 1 PRAS).

Auditoría No. 1812-GB Dictamen: Cumplió, excepto por Número de Observaciones: 4; Número de Acciones: 4 (1 SA; 1 PRAS; 2 PO). Recuperaciones Determinadas: 10.4 millones de pesos, Operadas: 4.9 millones de pesos y Probables: 5.5 millones de pesos.

5.2. Desarrollo Social Sector Educación Respecto a la tercera entrega de informes individuales correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la ASF realizó 52 auditorías a entes vinculados con el sector educativo (34 al sector educación pública, 10 a instituciones públicas de educación superior (IPES), y ocho al sector cultura), de las cuales la UEC seleccionó 14 para su análisis y síntesis (seis a la Secretaría de Educación Pública, una al Consejo Nacional de Fomento Educativo, una a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, una al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, y una revisión con enfoque horizontal que incluye cinco auditorías a IPES), lo que equivale al 26.9% del total. La determinación de la muestra consideró los siguientes criterios de selección: Universo y muestra auditada; Tipo de auditoría practicada (se privilegia, por orden de relevancia, auditorías de Desempeño, auditorías con enfoque horizontal, Financieras y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas); Número de Observaciones-Acciones; Montos de Recuperaciones

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Determinadas; Relevancia, recurrencia y actualidad del tema auditado; e Importancia de la entidad fiscalizada. A continuación, se presenta un resumen de los principales hallazgos encontrados en las auditorías seleccionadas de los sectores señalados, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016. Secretaría de Educación Pública. “Becas en Educación Superior: Becas de Manutención.” Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 135-DS. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado en el programa S243 "Programa Nacional de Becas". Deficiencias en los controles para la entrega de becas. La ASF identificó en el Estado de México un probable daño a la Hacienda Pública ya que se entregaran becas a 138 beneficiarios por 834 mil pesos que no cumplieron con el promedio mínimo de 8.0, criterio de elegibilidad que era requisito para otorgarla; se realizaran pagos en exceso por 380 mil pesos a 1,958 beneficiarios; se pagaron comisiones bancarias por 273 mil pesos con los recursos federales que debieron pagarse con recursos estatales; que se otorgaron becas de la modalidad “Apoya tu Transporte” a 112 y 41 beneficiarios por 69 mil peso sin contar con documentación soporte. Constatación de deficiencias en los controles de reintegros. La ASF observó que el Gobierno del Estado de México no reintegró a la Tesorería de la Federación los remanentes de recursos federales por 22.1 mil pesos; se pagaron comisiones bancarias por 273.3 miles de pesos con los recursos federales que debió realizarse con recursos estatales; se otorgaron becas de la modalidad “Apoya tu Transporte” a 112 y 41 beneficiarios por 69.0 miles de pesos sin contar con documentación soporte; y no se realizó el reintegro a la Tesorería de la Federación por 4.4 millones de pesos que corresponden a los rendimientos financieros generados de las aportaciones de recursos federales. Número de Observaciones: 8; Número de Acciones: 13 (4 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 5 Pliegos de Observaciones). Recuperaciones determinadas: 5.7 millones de pesos, probables. Dictamen. La Secretaría de Educación Pública, y los gobiernos del Estado de México y de Hidalgo cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados. Secretaría de Educación Pública. “Erogaciones para la Formación y el Desarrollo Profesional del Personal Docente.” Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 136-DS. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario S247 "Programa para el Desarrollo Profesional Docente", se ejerció y registró

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conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. Deficiencias de control en el seguimiento y supervisión del ejercicio y comprobación de los recursos. La ASF observó que la SEP, no acreditó que los recursos por 586.7 millones de pesos transferidos a 63 Instituciones Públicas de Educación Superior en el país se encuentran sustentados en los informes trimestrales que muestren la documentación comprobatoria, los estados de cuenta bancarios, el avance en el cumplimiento de los objetivos del programa, los ingresos, rendimientos financieros, su destino, y las disponibilidades y saldos del estado cuenta. Falta de acreditación respecto de integración de los Comités Técnicos. La ASF observó que los Comités Técnicos, no presentaron los informes semestrales de avance académico y la SEP no se acreditó que 40 de 63 Instituciones de Educación Superior cumplieran con la designación e integración de sus comités técnicos o comisiones técnicas para que vigilaran el cumplimiento de los fines del fideicomiso. Por otra parte, la ASF identificó que Los Convenios Marco de Cooperación Académica se encuentran desactualizados y no corresponden con el modelo de dicho instrumento jurídico incluido en las Reglas de Operación. Número de Observaciones: 6; Número de Acciones: 10 (4 Recomendaciones, 5 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 1 Pliegos de Observaciones). Recuperaciones determinadas: 586.7 millones de pesos, probables. Dictamen. Se concluye que, en términos generales, la Secretaría de Educación Pública no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. Secretaría de Educación Pública. “Formación y Certificación para el Trabajo”. Auditoría de Desempeño, No. 144-DS. Objetivo. Fiscalizar el programa de formación y certificación para el trabajo para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. Insuficiente determinación del problema público “formación y certificación para el trabajo”. La Secretaría de Educación Pública (SEP) realizó una definición Incompleta del problema público que se pretendió atender con el programa presupuestario E005 “Formación y Certificación para el Trabajo”. La ASF observó que, en 2016, “los servicios de formación para el trabajo no son suficientes para la atención a la demanda de personas de 15 años y más”, no fue adecuada, ya que la insuficiencia de los servicios es sólo una de las causas; por otra parte, la ASF detectó incongruencias en la lógica horizontal y vertical de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). El problema central es que las personas de 15 años y más no cuentan con las competencias que demanda el mercado laboral para participar productiva y competitivamente en este. Deficiencias en el “Modelo Educativo y Académico de la Formación para el Trabajo (MEyAC)”. La SEP no dispuso de un programa para la implantación, el seguimiento y la evaluación del MEyAC, a fin de garantizar el cumplimiento del objetivo de elevar la calidad de la formación

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para el trabajo y asegurar que las personas desarrollen competencias que les permitan cumplir con las exigencias del mercado laboral. Falta de una programación adecuada con base en indicadores y metas para implementar los estudios de marco referencial. La Secretaría de Educación Pública no estableció una programación, que permita prever el tiempo que requeriría para implementar los estudios de marco referencial; lo anterior aplica para la totalidad de las especialidades ofertadas en 2016, mediante los servicios de formación para el trabajo. En cuanto a la integración de la nueva oferta educativa de la formación para el trabajo, la SEP no acreditó la información de las necesidades locales y regionales de los sectores productivo, social, económico, cultural y tecnológico que permitan determinar el registro de nuevas especialidades. Falta de definición de indicadores y metas para evaluar la formación y desarrollo profesional del personal docente, así como su desempeño en el otorgamiento de los servicios de formación para el trabajo. En 2016, la SEP definió el “Catálogo de formación y desarrollo profesional de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo”, sin embargo, no acreditó su implementación, por lo que no es posible verificar si los 4,373 docentes/facilitadores tuvieron acceso a la formación y desarrollo profesional, a fin de contar con las competencias requeridas para cumplir con su función. Ausencia de un diagnóstico sobre las condiciones de la infraestructura y equipamiento de los 199 Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) las unidades móviles. La SEP careció de información que permitiera evaluar su aprovechamiento de la capacidad instalada, de la totalidad de los centros y las unidades móviles tanto de los CECATI como de las unidades móviles. Disminución en la demanda del Reconocimiento Oficial de la Competencia Ocupacional (ROCO). De 2012 a 2016, el número de personas inscritas para certificarse, mediante el ROCO, disminuyó en 18.4%, al pasar de 8,143 inscritas a 6,642. Al respecto, la SEP señaló que esto se debió a que la demanda del ROCO fue inferior a la esperada. De seguir con esta tendencia no se cumplirá con la línea de acción “Fortalecer y ampliar el ROCO para atender a la población que no cuenta con un reconocimiento oficial, pero sí con la experiencia en diversas ocupaciones productivas”, ni con la meta de “Incrementar la matrícula, mediante este reconocimiento. Deficiencias en el sistema de control interno institucional. La ASF observó que la SEP no dispuso de los factores internos y externos para identificar los riesgos, así como de los procedimientos para asignar las responsabilidades para la mitigación y administración de los riesgos, con el objeto de implementar un proceso sistemático que permita identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales e informar a los mandos superiores sobre los posibles riesgos en 2016. Consecuencias Sociales. Se desconoce en qué medida la población atendida logró su inserción en el mercado laboral e incrementó su nivel de vida y productividad.

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Número de Observaciones: 10; Número de Acciones: 24 (24 Recomendaciones al desempeño). Dictamen. En opinión de la ASF no es posible asegurar que la población atendida con los servicios de formación y certificación para el trabajo tuviera las competencias necesarias para cumplir con las exigencias del mercado laboral y se incorporara al mismo productiva y competitivamente. Secretaría de Educación Pública. “Políticas de Igualdad de Género en el Sector Educativo.” Auditoría de Desempeño, No. 149-DS. Objetivo. Fiscalizar las actividades implementadas por la SEP para la institucionalización de las perspectivas de género y derechos humanos en el sector educativo, a fin de erradicar la violencia de género, y lograr una mayor inclusión y equidad educativa. Deficiencias en la construcción de la MIR. La ASF identificó que la lógica horizontal de la MIR mostró deficiencias, ya que los tres indicadores a nivel de fin no son apropiados para cuantificar el cumplimiento del objetivo de institucionalizar las perspectivas de género. Por lo que la ASF recomienda que la SEP que investigue las causas que originaron las deficiencias en indicadores a nivel de fin, propósito y componente y, con base en los resultados que obtenga, implemente los mecanismos adecuados para que diseñe los indicadores necesarios para verificar los avances en la atención del problema público y su contribución al logro de los objetivos, en términos de los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública. Falta de un diagnóstico de necesidades en materia de difusión y de un programa de trabajo con estrategias y metas respecto de la población potencial y objetivo. La SEP no contó con un diagnóstico que enfocara la difusión para sensibilizar y concientizar sobre igualdad de género y disminución de la violencia; por esta razón no fue posible que la ASF determinara ni precisara los avances logrados, ni evaluara la contribución de dichas tareas en la atención el problema público relacionado con que “existe un Sistema Educativo Nacional que reproduce roles y estereotipos de género que afectan los derechos humanos, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y provoca violencia contra las mujeres, lo que impide el acceso, permanencia y eficiencia terminal oportuna de las niñas, niños, adolescentes y mujeres a los servicios que presta el sector educativo”. Esta situación implicó adicionalmente que la SEP operara bajo un esquema de gestión de procesos administrativos basado en el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, en lugar de aplicar la administración por resultados enfocado al cumplimiento de objetivos y metas. Falta de evidencia documental sobre la elaboración de estudios, investigaciones y evaluaciones en materia de perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres. En 2016, la SEP no dispuso de la evidencia documental de la elaboración de estudios de investigación y evaluaciones en

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materia de perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres, tampoco contó con un diagnóstico que sirviera de base para elaborar el programa de trabajo en el que se establecieran objetivos, metas e indicadores de desempeño relacionado con la elaboración de estudios e investigaciones en la materia. Operación de Programa Presupuestario sin información consolidada. La ASF no logró identificar de qué manera la SEP utilizó la información disponible para el diseño y operación del programa presupuestario E032 “Políticas de igualdad de género en el sector educativo. La falta de esta identificación no permite evaluar en qué medida el Programa contribuyó en la atención del problema público respecto a la atención integral de casos de violencia laboral, docente e institucional en el sector educativo. La información disponible del SIESVIM (Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres) y de la ENDIREH (Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares) 2016 reportan que, en 2016, 42.9 millones de mujeres mayores de 15 años asistieron a la escuela, de las cuales 10.8 millones de mujeres (25.3%) tuvieron algún incidente de violencia escolar de tipo físico, sexual y emocional. Falta de indicadores para evaluar resultados. La SEP no dispuso de indicadores que vinculen los resultados de los procesos sustantivos con la atención del problema público relacionado con la existencia de un Sistema Educativo Nacional que reproduce roles y estereotipos de género que afectan los derechos humanos, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y genera violencia contra las mujeres. Consecuencias Sociales. La falta de un diagnóstico sobre las necesidades de capacitación que justifique si los 1,323 servidores públicos capacitados en perspectivas de género son suficientes, y que se desconozca como es utilizada la información que proporciona el SIESVIM y la ENDIREH respecto de los casos registrados de violencia contra las mujeres en el sector educativo, limita evaluar la aportación del Pp E032 a la institucionalización de las perspectivas de igualdad género y disminución de la violencia de género, a fin de contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población. Número de Observaciones: 8; Número de Acciones: 8 (8Recomendaciones al desempeño). Dictamen. Con la información proporcionada por la SEP, no fue posible determinar ni precisar los avances logrados en el cumplimiento del objetivo de institucionalizar las perspectivas de igualdad de género y disminuir la violencia; ya que no dispuso de indicadores que vinculen los resultados de los procesos sustantivos con la atención del problema público relacionado; esta situación implicó que la SEP operara bajo un esquema de gestión de procesos administrativos basado en el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, en lugar de aplicar la administración por resultados enfocado al cumplimiento de objetivos y metas.

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Secretaría de Educación Pública. “Programa para el Desarrollo Profesional Docente en Educación Básica.” Auditoría de Desempeño, No. 153-DS. Objetivo. Fiscalizar el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (DPD) en Educación Básica para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. Falta de acreditación de las instancias interesadas en impartir el Programa para el Desarrollo Profesional Docente en el nivel básico. En septiembre de 2016, la SEP emitió la “Convocatoria Abierta de Participación a Instituciones de Educación Superior e Instituciones Formadoras Abiertas”, al respecto, la SEP proporcionó las cartas de participación de 7 (53.8%) de las 13 instancias formadoras seleccionadas en ese año para impartir la oferta académica, y no acreditó contar con las cartas de participación de 6 instancias (46.2%), ni acreditó las fichas descriptivas de los cursos o diplomados propuestos por dichas instancias; Asimismo, la dependencia no dispuso de la información sobre el total de instancias formadoras que en ese año participaron en la convocatoria, por lo que no fue posible determinar el porcentaje de instancias seleccionadas, respecto de aquéllas que presentaron propuestas en 2016. Falta de información sobre el cumplimiento de procesos para instrumentar el Portal Nacional de Formación Continua en 2016. La SEP elaboró el programa de trabajo para la operación del Portal Nacional de Formación Continua en 2016, a fin de difundir la convocatoria con la que las instancias formadoras presentaron las propuestas para integrar la oferta académica, y de impartir dicha oferta al personal educativo del nivel básico, los procesos a desarrollar son: 1) publicación de la convocatoria nacional; 2) registro del personal; 3) desarrollo de modelos de asesorías al personal y a las AEL, y 4) seguimiento al proceso de registro del personal en la oferta académica. Ausencia de criterios para definir las metas de cobertura del programa S247 de 2016. Las metas a alcanzar fueron que 1,013,539 figuras educativas del nivel básico participaran en los cursos y diplomados del PRODEP (Programa para el Desarrollo Profesional Docente) de nivel básico y que, de éstas, 304,062 figuras (30.0%) los concluyeran y acreditaran en ese año. Sin embargo, solo se impartieron cursos y diplomados a 50,225 figuras educativas del nivel básico, lo que equivalió al 5.0% de la meta establecida (1,013,539), la SEP únicamente contó con información sobre el número de figuras que concluyeron y acreditaron los cursos y diplomados impartidos, de 2 de las 32 entidades federativas participantes en el programa, por lo que no fue posible verificar el porcentaje de conclusión y acreditación de los cursos y diplomados. Las 50,225 figuras educativas de educación básica que participaron en el programa representaron el 4.8% del total de figuras de escuelas públicas que conformaron la población potencial (1,045,014). PRODEP no atendió únicamente a las figuras educativas del SPD, sino que también impartió cursos de regularización a las figuras que lo requirieron, debido a que, en su evaluación de desempeño, obtuvieron un nivel insuficiente, lo que da cuenta de que la definición de la población objetivo no es correcta, ya que la oferta académica del programa no es exclusiva para el personal que ya accedió al SPD, porque también se dirige al que pretende incorporarse a éste.

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Subejercicio presupuestal del ente auditado en ejercicio 2016. En 2016, la SEP y la CNSPD ejercieron tan solo el 4.5% (81.1 millones de pesos) en la operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente en educación básica, de 1,809.1 millones de pesos aprobados. Los recursos ejercidos por la SEP fueron de 57,394.7 miles de pesos, los cuales, originalmente, no estaban previstos en el PEF, debido a que en ese año la operación del programa dejó de estar a cargo de la coordinación y pasó a ser responsabilidad de la secretaría. Si bien la dependencia argumentó que el cambio de unidad responsable se llevó a cabo para “establecer un nuevo mecanismo de operación del programa, a fin de fortalecer los esquemas de formación continua, actualización y desarrollo profesional”, no se precisó en qué medida se logró el objetivo de dicho cambio. Deficiencias en el diseño del Sistema de Control Interno en 2016. Las deficiencias se relacionan con la falta de instrumentos para evaluar el cumplimiento de los códigos de ética y de conducta, e investigar actos contrarios a éstos; una metodología específica de administración de riesgos; mecanismos que permitan identificar y atender las causas de las observaciones de las diversas instancias de fiscalización; criterios con los que se programen las metas de los indicadores de desempeño; información específica para dar seguimiento a los objetivos y metas del Programa para el Desarrollo Profesional Docente; lineamientos y criterios sobre la elaboración de informes relativos al logro de los objetivos y metas del programa; instrumentos que permitan garantizar que la información sobre sus operaciones sea efectiva, apropiada, oportuna, actualizada, exacta y accesible. Insuficiente información sobre el Programa para el Desarrollo Profesional Docente. La información, en el nivel básico, no permitió evaluar en qué medida la oferta académica impartida por medio de este programa contribuyó en el fortalecimiento de los conocimientos, capacidades, competencias y habilidades del personal. Consecuencias Sociales. En 2016, mediante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, la SEP otorgó subsidios, con los que se impartieron cursos y diplomados a 50,225 figuras educativas de escuelas públicas del nivel básico, con el propósito de favorecer el aprendizaje de los 23 millones de alumnos que forman parte de ese nivel educativo. Sin embargo, este programa sólo operó en el último trimestre del año, por lo que la dependencia únicamente logró beneficiar al 5.0% de las 1,013,539 figuras programadas a capacitar; no elaboró el diagnóstico nacional de las necesidades de formación continua, actualización y desarrollo profesional, con base en el que se debía integrar la oferta académica, y no dispuso de información, indicadores, ni metas para evaluar en qué medida el programa contribuyó en el fortalecimiento de los conocimientos, capacidades, competencias y habilidades del personal educativo. Además, la reducción presupuestaria del 95.5% del presupuesto originalmente asignado al PRODEP provocó que no se diera atención a la totalidad de figuras educativas del nivel básico. Número de Observaciones: 9; Número de Acciones: 19 (19 Recomendaciones al desempeño).

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Dictamen. En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, las deficiencias en el diseño y la operación del PRODEP, así como la reducción presupuestal que presentó en 2016, limitaron el fortalecimiento de los conocimientos, capacidades, competencias y habilidades del personal educativo del nivel básico, ya que este programa operó únicamente durante el último trimestre del año, por lo que los subsidios otorgados a las Autoridades Educativas Locales no se entregaron con oportunidad, ni suficiencia. Secretaría de Educación Pública. “Programa para el Desarrollo Profesional Docente en Educación Media Superior.” Auditoría de Desempeño, No. 154-DS. Objetivo. Fiscalizar el Programa para el Desarrollo Profesional Docente en Educación Media Superior para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas. Deficiencias en el diseño de la estrategia para la formación continua. En 2016, la SEP diseñó una estrategia de formación continua para el personal educativo del nivel medio superior, mediante la cual ofertó cursos, la cual se conformó con base en las necesidades disciplinares y pedagógicas; la SEP no definió las etapas que debían integrar la oferta académica para cada uno de los esquemas incluidos en las reglas de operación del programa: formación, actualización, capacitación e investigación, ni los plazos correspondientes. Falta de esquemas de capacitación impartidos al personal educativo del nivel medio superior. En cuanto a las competencias contenidas en el MCC, (Marco Curricular Común), se incluyeron cursos para las 5 competencias disciplinares; sin embargo, no se diseñaron cursos para 2 de las 11 competencias genéricas, ni para las 2 competencias profesionales básicas y extendidas. Falta de suscripción de convenios de coordinación con las 32 AEL (Autoridad Educativa Local). En 2016, la SEP sostuvo un esquema de corresponsabilidad con las 32 AEL, mediante la formalización de acuerdos, derivados de reuniones realizadas con el Consejo Nacional de Autoridades Educativas. En relación con los Convenios de Colaboración firmados entre las instancias formadoras y la SEP, la dependencia formalizó 22 convenios con 14 instancias formadoras; sin embargo, no acreditó el número total de instancias formadoras, ni de convenios requeridos para impartir los 56 cursos que integraron la oferta de formación académica. Ausencia de cuantificación de la población potencial y objetivo del Programa para el Desarrollo Profesional Docente en el nivel medio superior. En 2016, 60 mil 491 figuras educativas se registraron como “aspirantes” del programa, las cuales cumplieron con los requisitos de elegibilidad; de éstas, el 98.4% (59,505 figuras educativas) participó en el PRODEP en el nivel medio superior; de las 59,505 figuras educativas participantes en el programa, el 94.7% (56,345) correspondió al personal docente; el 5.0% (2,994), al personal con funciones de dirección, y el 0.3% (166), al de supervisión; sin embargo, no se benefició al personal técnico docente, ni al de funciones de asesoría técnica pedagógica, que también formaron parte de la población objetivo del programa, por lo que no se garantizó que el PRODEP contribuyera a fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias de estas figuras. Los 56,345 docentes beneficiados

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por el programa representaron el 13.5 de los 417,745 docentes de educación media superior del Sistema Educativo Nacional. Falta de mecanismos para medir la eficiencia del Programa. La SEP no dispuso de mecanismos, indicadores, metas y resultados para medir la contribución del Programa para el Desarrollo Profesional Docente del tipo medio superior, en el fortalecimiento de las capacidades, conocimientos y competencias del personal docente y técnico docente en 2016, así como en los procesos de formación del personal con funciones de dirección. Deficiencias para evaluar e investigar actos contrarios al cumplimiento de los códigos de ética y conducta. Se detectó la falta de un plan estratégico institucional; un documento formal en el que se identificaran los riesgos y la metodología para administrarlos; políticas o procedimientos para la autorización de planes y programas para su administración; un documento formalizado para notificar periódicamente al órgano de gobierno o titular de la entidad, sobre la situación que guarda la administración de riesgos, y las estrategias para controlarlos y administrarlos en el cumplimiento de los objetivos y metas del PRODEP en el nivel medio superior; un inventario institucional de riesgos, y criterios para identificar la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización. Consecuencias Sociales. En 2016, el Programa para el Desarrollo Profesional Docente en educación media superior otorgó apoyos financieros para la capacitación de 59,505 docentes, técnicos docentes, con funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnico-pedagógica, con el propósito de impulsar el desarrollo de sus capacidades, conocimientos y competencias. Sin embargo, la SEP no dispuso de la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo del programa, por lo que no fue posible determinar la cobertura; no acreditó que la oferta educativa de formación se diseñó con base en las evaluaciones internas y externas para su conformación, por lo que no se garantizó que los cursos impartidos contribuyeran al fortalecimiento de la profesionalización docente y mejora del aprendizaje de los cuatro millones de alumnos de ese nivel educativo. Número de Observaciones: 9; Número de Acciones: 14 (14 Recomendaciones al desempeño). Dictamen. En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a 2016, la SEP avanzó en la conformación del sistema de profesionalización en el nivel medio superior; sin embargo, dicho sistema aún no garantiza la idoneidad de los docentes y directivos para asegurar el máximo logro de aprendizaje de los alumnos, ya que la oferta académica para el personal educativo de ese nivel, no consideró las evaluaciones internas y externas, y tampoco se definieron las etapas que debían cursar las figuras educativas de acuerdo con los esquemas de formación, actualización, capacitación e investigación, ni los plazos correspondientes; no se cuantificó a las poblaciones potencial y objetivo del PRODEP, y además, el 40.2% de las figuras educativas no acreditó ninguno de los cursos en los que participó, y no se dispuso de información, ni de indicadores para medir la contribución del programa en el fortalecimiento de las capacidades, conocimientos y competencias del personal docente, técnico docente, con funciones de dirección, de supervisión y de asesoría técnica pedagógica.

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Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. “Gestión Financiera de la CONADE y Subsidios para los Juegos Olímpicos”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No.170-DS. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de los recursos ejercidos por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para verificar que las erogaciones se previeron, autorizaron, contrataron, justificaron, pagaron, comprobaron y registraron, conforme a las disposiciones legales y normativas. Fallas en los controles y registros internos. La ASF constató que los beneficiarios de los apoyos administraron recursos, por 213.9 millones de pesos, en cuentas distintas de las notificadas a la CONADE; mezclaron los recursos federales de los convenios con otros recursos; mantuvieron ociosos 266.7 millones de pesos y comprobaron extemporáneamente 565.0 millones de pesos. Deficiencias detectadas en los mecanismos de control. La ASF observó la falta de comprobación de 113.8 millones de pesos, de convenios para la modernización o construcción de instalaciones deportivas. Respecto de los beneficiarios del programa S269 “Cultura Física y Deporte” la ASF constato que Los beneficiarios de 13 convenios y 2 adendas no administraron los recursos federales otorgados, por 425.2 millones de pesos, en cuentas bancarias específicas y no se comprobaron o reintegraron los rendimientos generados por las cuentas donde se administraron los recursos federales. De estos, 6 convenios y un adendum generaron rendimientos, por 3.2 millones de pesos. Los recursos de 7 convenios y un adendum, por 250.5 millones de pesos, generaron rendimientos, por 2.2 millones; no se pudo identificar el monto de los rendimientos de los recursos federales, en virtud de que los recursos se mezclaron con otros ingresos. Debilidades en las medidas de control de los beneficiarios de los programas del programa S269 “Cultura Física y Deporte. La ASF constató que de los recursos otorgados por 696.0 millones de pesos para la modernización o construcción de instalaciones deportivas, mediante 5 convenios y 1 adendum, están pendientes de ser comprobados 113.8 millones de pesos por parte de los gobiernos de los estados de Colima, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí y Yucatán, así como del Instituto Poblano del Deporte y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, ya que se carece del registro y autorización en el Sistema de Comprobaciones establecido por la CONADE; cabe señalar que la fecha límite para comprobar, o en su caso, reintegrar los recursos federales, fue el 15 de enero de 2017. Carencia de documentación administrativa relacionada con la comisión del personal de la CONADE que asistió a los XXXI Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. La ASF constató que existe documentación incompleta respecto a los viáticos otorgados, oficios de comisión e, informes de actividades respectivos. Número de Observaciones: 10; Número de Acciones: 27 (11 Recomendaciones, 16 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 1 Pliegos de Observaciones). Recuperaciones operadas: 16.6 miles de pesos.

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Dictamen. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. Consejo Nacional de Fomento Educativo. “Adquisición de Materiales y Suministros para Planteles Educativos.” Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 171-DS. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones presupuestales del capítulo 2000 "Materiales y Suministros", por la adquisición y suministro de bienes, para verificar que los procesos de adjudicación, contratación, recepción, distribución, pago, registro presupuestal y contable se realizaron conforme a la normativa. Incumplimiento de la LAASSP por adquisiciones realizadas entre FONDICT-UAEM y DICONSA. Estas entidades que no comprobaron tener la capacidad técnica, material y humana, las cuales subcontrataron con otros proveedores la adquisición de los bienes al 100.0%, aun cuando en la Cuenta Pública 2015, la ASF formuló a la entidad una recomendación para que las adquisiciones de bienes se realicen mediante Licitación Pública. Falta de comprobación en la distribución de vestuario, accesorios, útiles y diccionarios escolares a beneficiarios del Programa de Educación Inicial y Básica. La ASF comprobó que el CONAFE no acreditó con documentación comprobatoria la entrega de los bienes a los beneficiarios por los 269.8 millones de pesos. (34.4% del total adquirido). Irregularidades y falta de transparencia en la entrega a los almacenes estatales. La ASF constató que 101,083 paquetes de útiles escolares, por 8.5 millones de pesos, no acreditaron la entrega a los beneficiarios del Programa de Educación Inicial y Básica. En los almacenes del CONAFE, se identificaron existencias de vestuario, accesorios, útiles y diccionarios escolares, por 23.6 millones de pesos, que no se distribuyeron de acuerdo al programa, en perjuicio de los servicios educativos comunitarios y sus alumnos, de los apoyos a las escuelas y servicios comunitarios de educación básica y los servicios de capacitación a las figuras educativas. Número de Observaciones: 10; Número de Acciones: 18 (11 Recomendaciones, 4 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 3 Pliegos de Observaciones). Recuperaciones probables: 280.6 millones de pesos. Dictamen. El Consejo Nacional de Fomento Educativo no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. “Infraestructura para Abatir el Rezago de las Condiciones Físicas de Escuelas Públicas”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 177-DS. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de los recursos otorgados al INIFED por el FONDEN para rehabilitar escuelas afectadas por desastres naturales; así como el presupuesto asignado para

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instalar y dar mantenimiento a las escuelas públicas de educación básica; que los procesos de adquisiciones y de obra pública, pagos, registro presupuestal y contable se realizaron conforme a la normativa. Falta de normatividad en los procedimientos para regular las actividades relacionadas con el FONDEN. La ASF constató que no se encuentran normados los procedimientos para regular las actividades relacionadas con el FONDEN, en su carácter de ejecutor de los trabajos, ni para regular las actividades relacionadas con la instalación y mantenimiento de bebederos escolares, incluidos en el componente 4 del Programa de la Reforma Educativa (PRE). Recursos no utilizados por el INIFED autorizados y liberados por el comité técnico fideicomiso 2003 FONDEN. Al 31 de diciembre de 2016, el INIFED reportó en la cuenta "Adquisiciones con fondos de terceros" un saldo por 1 mil 554.5 millones de pesos, el cual incluye registros de las erogaciones realizadas con los recursos del FONDEN, derivadas de los desastres naturales, ocurridos en 2013 y 2014, que afectaron 666 escuelas públicas. De los recursos liberados al 31 de diciembre de 2016, por 1 mil 624.4 millones de pesos, el INIFED ejerció 1 mil 303.6 millones, los cuales fueron pagados a 198 contratistas; los restantes 320.8 millones de pesos no habían sido ejercidos por el INIFED. Adjudicaciones directas fuera de norma. Se rebasaron los montos máximos autorizados por el Comité de Obras Públicas del INIFED. La ASF, constató que el INIFED celebró 506 contratos, por 1 mil 571.8 millones de pesos, con empresas contratistas, de los cuales 390 contratos, por 1 mil 500.7 millones (95.5%), vigentes al 31 de diciembre de 2016, se asignaron por el procedimiento de adjudicación directa. Trabajos de rehabilitación y reconstrucción no concluidos, y mobiliario y equipo no entregado. La ASF constató que de los 506 contratos registrados en la bases de datos denominadas “Avances físicos al 31 de dic” y “Punto 32”, por 1 mil 571.8 millones de pesos celebrados con 198 empresas contratistas, para realizar trabajos de rehabilitación, reconstrucción y equipamiento de 425 escuelas, al 31 de diciembre de 2016, se tenían 329 contratos, por 1 mil 066.7 millones en los que se encontraban vencidos los plazos para su terminación, sin que el INIFED proporcionara la documentación comprobatoria en la que conste la realización de los trabajos y la entrega del mobiliario y equipo. Anticipos otorgados a contratistas, no recuperados. El INIFED celebró 202 contratos, por 652.7 millones de pesos, durante 2014, 2015 y 2016, por los que otorgó anticipos, por 199.0 millones, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016, había recuperado 97.1 millones de pesos, quedando pendiente por recuperar 101.8 millones de pesos, sin que se hicieran efectivas las fianzas de garantía, ni se realizaran acciones para su recuperación por la vía legal. Incumplimiento de los objetivos del FONDEN. El ente auditado no cumplió con los objetivos de rehabilitar, reconstruir y equipar 629 escuelas, de las 666 afectadas por los fenómenos naturales que motivaron las seis declaratorias de desastre en 81 municipios del estado de Guerrero. La ASF constató que han transcurrido cuatro años desde 2013 y tres años desde 2014,

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sin que el INIFED haya concluido los trabajos en las escuelas públicas citadas, para las cuales se cuenta con un monto disponible, por 1 mil 039.4 millones de pesos. Número de observaciones: 7; Número de Acciones: 15 (10 Recomendaciones; 3 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria; 2 Pliegos de Observaciones). Recuperaciones determinadas: Probables, 782.5 millones de pesos. Dictamen. La ASF concluye que, en términos generales, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. Instituciones Públicas de Educación Superior. “Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios”. Auditoría con enfoque horizontal. Cinco auditorías Forenses, No. 193, 195, 196, 1793, y 198. Objetivo. Fiscalizar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB). Auditoría No. 193 Quebrantamientos al convenio de colaboración firmado por la UMB y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). La UMB suscribió con SEDATU un convenio de colaboración sin número, con vigencia al 30 de noviembre de 2016, cuyo objeto fue la Asesoría, Diseño e Implementación de un Modelo Operativo de Gestión que permitiera la modernización administrativa de las Delegaciones Estatales de la SEDATU, por un monto total de 178.0 millones de pesos, los cuales fueron pagados a la UMB en tres exhibiciones16. La cláusula cuarta del convenio estableció el pago al término de cada entregable, sin embargo, no se cumplió, ya que el primer y segundo pago se realizaron casi un mes después y el tercero, tres meses después de lo convenido. Opacidad en la operación de la UMB. El Manual General de Organización de la UMB establece que se deben rendir cuentas de los convenios celebrados con la Administración Pública Federal al Consejo Directivo, no obstante, la institución no cuenta con evidencia alguna de que haya presentado dichos informes por los recursos recibidos del convenio de colaboración suscrito con la SEDATU. Recepción irregular de beneficio económico. La UMB subcontrató a 3 proveedores para realizar lo encomendado por la SEDATU, sin embargo, pagó a 4 proveedores 82.5 millones de pesos17,

16 Primer pago 22 septiembre 2016; Segundo pago 18 octubre de 2016; y Tercer pago 20 febrero 2017. 17 La diferencia entre proveedores contratados y pagados se debe a la fusión realizada entre Corporativo Comercial y de Servicios Vintash, S.A. de C.V. y Corporativo Salzburgo, S.A. de C.V.

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por lo que la UMB obtuvo un beneficio económico de 95.5 millones de pesos, el cual no estaba estipulado en el convenio, situación que evidencia un sobrecosto facturado a la SEDATU. El entonces rector de la UMB manifestó que el dinero sirvió para: equipamiento, pago de servicios, y 48.8 millones de pesos se encuentran en las cuentas bancarias de la UMB al mes de octubre de 2017. Además, la UMB está registrada en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con actividades distintas a las convenidas con SEDATU. Debido a lo anterior, se determinó que la UMB indebidamente obtuvo un beneficio económico. Deterioros al patrimonio del Estado derivados de triangulación de operaciones. La UMB pagó a 4 proveedores la realización de los trabajos encargados por SEDATU: AM Sistemas Informáticos, S.A. de C.V; Corporativo Comercial y de Servicios Vintash, S.A. de C.V; Corporativo Salzburgo, S.A. de C.V; y el responsable de supervisión y seguimiento por parte de la UMB y docente. A su vez, tres de estas empresas subcontrataron con otros proveedores los servicios encargados por la UMB, como sigue: AM Sistemas Informáticos, S.A. de C.V. contrató a: Francisco Medina de la Cruz; D&P México Servicios Digitales, S.A. de C.V.; Sistemas y Comunicaciones Computer, S.A. de C.V; IKAR Presentadora de Bienes y Servicios, S.A. de C.V.; Estrategias de Calidad Empresarial Servic, S.A. de C.V. para la realización de los trabajos, por un monto de 32.4 millones de pesos. Se reportó que los costos para la ejecución del contrato fueron de 25.3 millones de pesos, sin embargo, la facturación proporcionada suma costos por 22.1 millones de pesos, ya que 3.2 millones de pesos corresponden a otros gastos de la empresa. Por lo que la empresa obtuvo un beneficio económico de 7.1 millones de pesos. Francisco Medina de la Cruz, además de haber sido proveedor de servicios de AM Sistemas Informáticos, S.A. de C.V., es representante legal de la empresa D&P México Servicios Digitales, S.A. de C.V.; y está vinculado con la empresa Competencias y Habilidades para el Trabajo, A.C., que participó por los mismos servicios en el procedimiento de adjudicación realizado por la UMB. Asimismo, existe relación entre las empresas IKAR Presentadora de Bienes y Servicios, S.A. de C.V., y Sistemas y Comunicaciones Computer, S.A. de C.V., debido a que el administrador único de IKAR, es comisario en la empresa Sistemas y Comunicaciones Computer, S.A. de C.V. La empresa Estrategias de Calidad Empresarial Servic, S.A. de C.V., recibió 518.7 miles de pesos, sin embargo, no fue localizada en su domicilio fiscal, ni en el domicilio que señaló en el contrato de servicios. La UMB suscribió un contrato con la empresa Corporativo Comercial y de Servicios Vintash, S.A. de C.V., por 49.8 millones de pesos, de los cuales, cobró 39.8 millones de pesos, y la diferencia por 9.9 millones de pesos fue cobrada por Corporativo Salzburgo, S.A. de C.V., al amparo de la fusión.

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La empresa tuvo costos relacionados con la ejecución del contrato por 26.3 millones de pesos, de los cuales no proporcionó la evidencia del pago de 11 facturas emitidas por el C. Alfredo Samuel González Lima por un importe de 23.0 millones de pesos, ni del pago de nómina de 17 personas por 622.2 miles de pesos. Asimismo, proporcionó facturas y pagos de los CC. Paolo Landín Valtonra y Alejandro Sánchez Guzmán, por 2.6 millones de pesos y 100.0 miles de pesos, respectivamente, por lo que, del costo de los servicios reportados, únicamente se comprobaron pagos por 2.7 millones de pesos. Es decir, que del total pagado por la UMB a Corporativo Comercial y de Servicios Vintash, S.A. de C.V. y Corporativo Salzburgo, S.A. de C.V., por 49.8 millones de pesos, solo se comprobaron costos por 2.7 millones de pesos, por lo que ambas empresas obtuvieron un beneficio económico (utilidad) de 47.1 millones de pesos. El responsable de la supervisión y seguimiento del convenio suscrito entre la UMB y la SEDATU, quien a su vez presta servicios a la institución en calidad de docente, celebró el contrato con la UMB para la supervisión del proyecto, por 212.0 miles de pesos. El responsable manifestó que no era especialista en lo servicios para los que fue contratado, por lo que el trabajo realizado a la SEDATU se realizó con ayuda del personal de la propia UMB. Sobrecostos para SEDATU derivados del esquema de subcontrataciones. El costo de los servicios prestados a la SEDATU, en su conjunto fue por 12.4 millones de pesos, los cuales respecto del importe cobrado por la UMB a la SEDATU por 178.0 millones de pesos, representan un sobrecosto de 165.6 millones de pesos que se integra por: el beneficio económico de la UMB por 95.5 millones de pesos y los costos no comprobados de los proveedores pagados por 70.1 millones de pesos. Aunado a la falta de comprobación de la aplicación de recursos en la prestación de los servicios, los entregables no cumplieron con lo convenido con la SEDATU, ni se demostró que los proveedores hayan desarrollado los mismos. Dictamen. La ASF precisa que en términos generales la Universidad Mexiquense del Bicentenario no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los antes señalados. Número de observaciones: 4, Número de acciones: 10 (3 R; 2 PEFCF; 2 PRAS; y 3 PO). Recuperaciones Determinadas: Probables, 178.0 millones de pesos. Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH). Auditoría No. 195 Contratos celebrados por la UPCH y distintas entidades de la APF. La ASF revisó una muestra de 255.2 millones de pesos equivalente a tres contratos: entre la UPCH y SEDATU de fecha 20 octubre 2015 por 186.1 millones de pesos; entre la UPCH y la SEDATU de fecha 21 abril 2016 por 18.6 millones de pesos; y entre la UPCH e ISSSTE de fecha 24 noviembre 2014 por 50.2 millones de pesos. Régimen de contratación establecido en la LAASSP utilizado como vía para la obtención presuntamente irregular de recursos públicos. La UPCH suscribió diversos convenios, contratos y pedidos para la prestación de servicios con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y

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Urbano (SEDATU) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con fundamento en el párrafo quinto del artículo 1 de la LAASSP, y 4 de su Reglamento, por los cuales percibió ingresos por un total de 255.2 millones de pesos, pese a que no contaba con la capacidad para entregar el bien o prestar el servicio requerido. Incurriendo en falsedad de declaración, dado que manifestó tenerla ante las dependencias contratantes. La universidad no llevó a cabo actividad alguna, ya que subcontrató la ejecución del 100.0% de los servicios convenidos con la SEDATU y el ISSSTE a un menor costo, por lo que obtuvo de manera indebida un beneficio económico de 156.5 millones de pesos. Recursos públicos federales destinados a fines distintos a los que fueron autorizados. La universidad adquirió presumiblemente (toda vez que no se encontró el proveedor) una solución tecnológica denominada Big Data por 106.1 millones de pesos; se amplió su capacidad de análisis y procesamiento por 14.0 millones de pesos; se compraron dos camionetas por 1.6 millones de pesos; la plataforma de parametrización de indicadores de un tablero de control de la UPCH por 10.8 millones de pesos; un sistema para el aseguramiento de la calidad por 7.7 millones de pesos; se capacitó al personal en la aplicación de un software Python por 1.1 millones de pesos y se pagaron gastos diversos por 15.0 millones de pesos. SEDATU no se sujetó a la programación y presupuestación anual del gasto público. La UPCH suscribió un contrato con la SEDATU por 186.1 millones de pesos, mismos que fueron pagados por la dependencia con recursos presupuestales del ejercicio fiscal 2016, aunque el contrato fue celebrado el 20 de octubre de 2015. Realización de contrataciones irregulares. La UPCH contrató para la ejecución del 100% de los servicios solicitados por SEDATU a la empresa Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C. sin que sus actividades estuvieran relacionadas con lo solicitado. La empresa contratada tenía las solicitudes de cotización que suscribió el Director de Innovación Educativa Investigación y Postgrado de la UPCH para otras dos empresas, evidenciando la posible vinculación entre las empresas invitadas, la irregular contratación, así como la falta de imparcialidad y honradez en el proceso de adjudicación. Pago de sobrecostos de SEDATU a la UPCH. La UPCH pagó a Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C., 81.6 millones de pesos para que realizara los trabajos que SEDATU le había solicitado y por los cuales pagó 186.1 millones de pesos. Derivado de esta triangulación de operaciones la UPCH se quedó con un beneficio económico de 104.4 millones de pesos, los cuales no fueron utilizados para la ejecución de los servicios con la SEDATU, en virtud de que la universidad adquirió una solución tecnológica Big Data y 2 camionetas, lo que evidencia que los recursos públicos federales fueron destinados a fines distintos para los que fueron autorizados. Contratación de UPCH y subcontratación de proveedores sin la experiencia necesaria. El rector de la UPCH manifestó que no se habían realizado antes estudios similares a los prestados a la SEDATU, por lo que no tenían experiencia y manifestó que fueron invitados a participar en el proyecto directamente por la Titular de la SEDATU. Asimismo, el representante legal de la

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empresa contratada por la UPCH manifestó que antes del 2015 su representada no había realizado ningún contrato similar, ya que la empresa se constituyó en el ejercicio de 2014 y fue hasta el año de 2015 que hicieron con la UPCH ese tipo de servicios. Esquema de simulación entrañado por SEDATU y la UPCH. SEDATU contrató a la UPCH para realizar diversos trabajos; a su vez la UPECH contrató a la empresa Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C.; y ésta a su vez subcontrató los servicios con otras 4 empresas: Grupo Solución Mercantil de México, S.A. de C.V.; Multiservicios Integrales de la Selva, S.A. de C.V.; Promotora Comercial de Servicios Globales, S.A. de C.V.; y Compañía Integradora y Multidisciplinaria de América, S.A. de C.V., en un 98.0% (80.0 millones de pesos), con respecto al total cobrado a la UPCH (81.6 millones de pesos), lo que le redituó un beneficio de 1.6 millones de pesos. Anomalías en la realización de trabajos efectuados con recursos públicos federales. El entregable exhibido por Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C. a la UPCH presentó diversas inconsistencias con lo solicitado. Tanto las inconsistencias, como la falta de evidencia de que los proveedores subcontratados por Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C. hayan proporcionado o realizado los entregables correspondientes, permiten concluir que los trabajos por los que pagó SEDATU no fueron hechos por ningún proveedor señalado anteriormente. Entre las irregularidades detectadas de la revisión de las empresas subcontratadas por Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C., destaca lo siguiente: una no fue localizada en su domicilio fiscal por el personal auditor; otra fue desconocida en el domicilio de conformidad con lo informado por Correos de México; otras tres, fueron notificadas mediante correo certificado, sin embargo, no proporcionaron evidencia de que hayan realizado los servicios, de los pagos recibidos ni de la facturación correspondiente, por lo cual no fue posible validar los servicios que presumiblemente prestaron. Sobrecostos detectados en la contratación de la UPCH. La UPCH suscribió un contrato con la SEDATU por 18.6 millones de pesos, cuyo objeto consistió en los servicios profesionales y técnicos del Servicio Tecnológico para el sistema para el control de la Estrategia de Inclusión Nacional de la SEDATU. A su vez, la UPCH subcontrató a la empresa Innovación Integrada, S.A. de C.V a la cual le pagó 5.5 millones de pesos, por lo que, considerando el importe pagado por la SEDATU a la UPCH, se observó un sobrecosto de 13.2 millones de pesos. Falta de documentación comprobatoria por parte de la empresa subcontratada. El representante legal de la empresa contratada manifestó que los servicios se realizaron con el personal que labora en la empresa, por lo que no contrató externos; proporcionó evidencia de los trabajos que realizó, sin embargo, no acreditó los insumos que presumiblemente utilizó; y no especificó ni mostró evidencia de la integración de los costos incurridos para ejecutarlos, por tanto, no se tiene evidencia que sustente dichos costos.

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Irregularidades en la facturación de servicios. La UPCH suscribió un contrato plurianual con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por 259.4 millones de pesos de los cuales en 2016 facturó 50.2 millones de pesos, cuyo objeto consistió en el Servicio de Administración, Desarrollo, Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones (ADMA) (Unidad de Administración de Proyectos y Calidad). La universidad a su vez contrató a dos empresas: Brio Software México, S.A. de C.V. y Link Solutions, S.A. de C.V. por 7.4 y 3.9 millones de pesos respectivamente. Los servicios prestados por estas empresas duraron hasta diciembre de 2015, no obstante que se facturaron y cobraron por la UPCH al ISSSTE en el ejercicio de 2016. Aplicación de recursos públicos en objetivos distintos para los cuales fueron autorizados. Los pagos realizados por la UPCH a las empresas Brio Software México, S.A. de C.V. y Link Solutions, S.A. de C.V., fueron los únicos gastos comprobados por la universidad para la ejecución de los servicios pactados con el ISSSTE. Si bien se identificó la contratación de 19 personas por Brio Software México, S.A. de C.V. y Link Solutions, S.A. de C.V., no proporcionó evidencia de su contratación, ni de los pagos correspondientes por los servicios prestados de costo fijo y variable. Dichos pagos representan el 22.8% (11.4 millones de pesos) del total que pagó el ISSSTE a la UPCH (50.2 millones de pesos), lo que propició un sobrecosto que la UPCH le cobró por 77.2% (38.7 millones de pesos). Vinculación de empresas contratadas por la UPCH. Brio Software México, S.A. de C.V., obtuvo un beneficio directo de 822.2 miles de pesos; requirió la contratación de dos empresas para efectuar los servicios por 6.5 millones de pesos (87.8% del total cobrado a la UPCH) y asignó personal propio a quienes les pagó 95.3 miles de pesos (1.3% del total cobrado a la UPCH). Por su parte, Link Solutions, S.A. de C.V., manifestó que contrató los servicios con la empresa Brio Software México, S.A. de C.V por un costo de 3.7 millones de pesos, es decir, que contrató el 93.5% del total del pagado por la UPCH (3.9 millones de pesos), por lo que obtuvo un beneficio directo de 256.1 miles de pesos, situación que acredita el vínculo entre las empresas contratadas por la UPCH. Dictamen. La ASF concluye que, en términos generales, la Universidad Politécnica de Chiapas no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los antes señalados. Número de observaciones: 7, Número de acciones: 12 (2 R; 2 PEFCF; 4 PRAS; 3 PO; y 1 M). Recuperaciones Determinadas: Probables, 249.6 millones de pesos. Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM). Auditoría No. 196 Servicios contratados no fueron requeridos por el área presumiblemente firmante. Derivado del convenio General el 2 de febrero de 2016, firmaron el Primer Convenio Específico número SEDATU/DGAPADN-UPFIM/33901.03/2016 en el que se ejercieron 185.8 millones de pesos. El Director General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo de la SEDATU, quien aparentemente habría firmado el Primer Convenio Específico, manifestó que no reconocía como suyas las firmas que obran en el mismo, que jamás solicitó la prestación de los

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servicios, que nunca ha tenido contacto ni conoce a persona alguna de la universidad y que no solicitó al Director General de Programación y Presupuestación de la SEDATU el pago de recursos a favor de la UPFIM. Irregularidades en el proceso de contratación de la IPFIM. El encargado de Rectoría de la UPFIM refirió que el contacto con la SEDATU se realizó vía telefónica, y que posteriormente remitieron con un propio el convenio general para que lo firmara, dejando claro que no tuvo contacto personal con los servidores públicos de ésta. No obstante, bajo un procedimiento de contratación inusual. Contratación presuntamente irregular de recursos públicos en incumplimiento de la LAASSP. La SEDATU no se sujetó a las reglas de contratación establecidas en la LAASSP, que condiciona que las dependencias y entidades contratadas cuenten con la capacidad para entregar el bien o prestar el servicio requerido; situación que no ocurrió, en virtud de que la UPFIM manifestó falsamente tener la capacidad ante la dependencia contratante pues, no demostró haber llevado a cabo actividad alguna. No obstante, la SEDATU le pagó durante 2016 un monto total de 185.8 millones de pesos, cantidad que la UPFIM no reportó como ingresos en la Cuenta Pública del ejercicio 2016. Subcontratación de empresas para la realización de trabajos encargados por SEDATU. Debido a la falta de capacidad para prestar servicios la UPFIM subcontrató a dos proveedores: Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A. de C.V. (139.1 millones de pesos) y Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V. (42.8 millones de pesos), para la ejecución de los servicios convenidos con la SEDATU, por un total de 181.9 millones de pesos, que representan el 98.0% del total contratado. Irregularidades en el proceso de subcontratación de empresas. La empresa Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V., está legalmente constituida, sin embargo, en el domicilio fiscal señalado ante el SAT, en las facturas y en el contrato de prestación de servicios, desconocen su existencia, por lo que se presume que únicamente existe en papel, sin estructura ni personal. La C. Noemí Andrea Tenorio Cruz que aparece como accionista mayoritaria y administradora única de la empresa referida y firmante del contrato con la UPFIM, manifestó no fungir como representante legal ni administradora única de Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V.; negó haber tenido contacto con servidores públicos de la universidad y, por tanto, no reconoció como suyas las firmas consignadas en el contrato y rechazó haber recibido las cantidades que le fueron entregadas a la empresa. Asimismo, se remitió a la Auditoría Superior de la Federación copia de la denuncia de hechos presentada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México el 28 de septiembre de 2017, en la cual se denunciaron hechos posiblemente constitutivos de delito. Vinculación entre las empresas contratadas por las Universidades y SEDATU. La empresa Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V. realizó transferencias a siete empresas, sin acreditar el pago al personal que presumiblemente realizó los trabajos. Seis de las siete empresas a las que Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V., subcontrató aparecen como

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proveedores que presumiblemente participaron en la prestación de los servicios subcontratados por empresas contratadas por la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH)18. Esta situación evidencia una relación entre las empresas proveedoras, a fin de dominar las presuntas contrataciones que llevan a cabo los entes públicos estatales para la simulada prestación de servicios, teniendo como eje común la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Operaciones irregulares realizadas entre SEDATU, la UPFIM y empresas subcontratadas. La UPFIM simuló y elaboró información y documentación para acreditar y comprobar la presunta prestación de servicios, por lo que se determina que el pago por 42.8 millones de pesos realizado a la empresa Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V., es irregular, toda vez que la información y documentación proporcionada por la universidad a la ASF, no sustenta ni acredita el ejercicio y aplicación de los recursos públicos federales que le fueron pagados por la SEDATU en el ejercicio 2016. Empresa subcontratada presenta irregularidades ante el SAT. La UPFIM contrató a la empresa Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A. de C.V., por 139.1 millones de pesos. No obstante que la empresa expidió nueve facturas a favor de la UPFIM por los servicios pactados, la ASF constató que la referida empresa declaró en ceros ante el SAT los ingresos que percibió de la UPFIM durante el ejercicio 2016. Además, solo demostró costos por 63.1 millones de pesos por lo que se determinó una diferencia no comprobada de 75.4 millones de pesos respecto al monto total pagado por la universidad (139.1 millones de peos). Empresa contratada por la universidad subcontrató a su vez a seis empresas. La empresa Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A. de C.V contratada por la UPFIM recibió 139.1 millones de pesos; a su vez ésta subcontrató a las empresas: Servicios Myla, S.A. de C.V.; Servicios Fiscales en Administración SIC, S.A. de C.V.; Acabados Constrarq, S.A. de C.V.; Compu-Draz Comercializadora, S.A. de C.V.; Servicios Imperiales Sial, S.C; Maderas Finas del Golfo, S.A. de C.V. y les pago 122.9 millones de pesos. Pagos a servidores públicos en función para la supuesta realización de los trabajos contratados. De los costos comprobados (63.1 millones de pesos): 5.5 millones de pesos fueron pagados a 37 exfuncionarios; 10.0 millones de pesos a 69 funcionarios y exfuncionarios públicos de distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de los cuales, 4.5 millones de pesos corresponden a 32 servidores públicos en funciones, lo que hace incompatible la prestación de los servicios por los periodos, ubicación y horarios de ejecución de los trabajos a desarrollar, entre los que se encuentran. Se comprobó que de los pagos que les fueron depositados a estos funcionarios y exfuncionarios, algunos de ellos, realizaron transferencias a cuentas bancarias de otros funcionarios y exfuncionarios públicos. El monto pagado mediante SPEI por 63.1 millones de pesos a las personas físicas fue transferido por otra empresa distinta denominada Bestil, S.A. de C.V. SOFOM ENR, a la cual las seis empresas subcontratadas le transfirieron recursos.

18 Consultar auditoría 195-DS.

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Empresas subcontratadas por la UPFIM mantienen vínculo con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A. de C.V. transfirió recursos a estas mismas empresas que aparecen como proveedores de servicios subcontratados por otros proveedores del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. (TELEMAX)19. Se comprobó que el domicilio fiscal de la empresa Bestil, S.A. de C.V. SOFOM ENR es el mismo para Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A. de C.V.; Servicios Myla, S.A. de C.V.; Acabados Constrarq, S.A. de C.V.; Publicidad Natnit, S.A. de C.V.; Comercializadora Green Recyt, S.A. de C.V.; Serviunicos, S.A. de C.V. y Comercializadora DW Prisma, S.A. de C.V., quienes participaron en la presunta prestación de servicios al SQCS, TELEMAX, Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) y la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO), respectivamente. Falta de información que compruebe realización de los trabajos contratados. Ni la UPFIM, ni la SEDATU entregaron a la ASF evidencia documental que sustente los trabajos desempeñados y las acciones generadas, los entregables generados carecen de autenticidad al ser casi una copia de los trabajos que presuntamente fueron elaborados por el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco y la Universidad Autónoma Indígena de México actualmente Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. La UPFIM, simuló y elaboró información y documentación para acreditar y comprobar la presunta prestación de servicios, por lo que los pagos realizados son irregulares. Dictamen. La ASF precisa que, en términos generales, la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los anteriores. Número de observaciones: 5, Número de acciones: 8 (1 R; 3 PEFCF; 1 PRAS; y 3 PO). Recuperaciones Determinadas: Probables, 185.8 millones de pesos. Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO). Auditoría No. 1793 Desapego a las reglas de contratación establecidas por la Ley. El régimen de contratación establecido por el artículo 1, párrafo quinto, de la LAASSP fue utilizado como vía para la obtención, presuntamente irregular, de recursos públicos por la UPQROO, ya que manifestó contar con la capacidad para entregar el bien y/o servicio solicitado, aunque en realidad no la tenía, por lo que no llevó a cabo actividad alguna. No obstante, durante el año 2016, la SEDATU le pagó el importe de 97.1 millones de pesos. La UPQROO subcontrató a 8 proveedores. Por la falta de capacidad de la UPQROO, contrató a ocho proveedores para la ejecución del 100.0% de los servicios convenidos con la SEDATU: AM Sistemas Informáticos, S.A. de C.V; Comercializadora DW Prisma, S.A. de C.V.; Competencia y

19Consultar las auditorías forenses 1791-DSGF, D17011 y 1794-DS-GF, practicadas al SQCS y a TELEMAX.

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Habilidades para el Trabajo, A.C.; Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular, S.A. de C.V.; Infotecnick, S.A. de C.V.; Custom Performance, S.A. de C.V.; Integración Documental, S.A. de C.V.; Mars, Integradores en Telecomunicaciones e Informática, S.A. de C.V., a los cuales les pagó 97.2 millones de pesos, importe superior al depositado por la SEDATU, ya que considera los productos financieros por 101.3 miles de pesos generados en la cuenta bancaria de la UPQROO, donde la secretaría depositó los recursos federales. Intereses de servidores públicos para favorecer a la empresa Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular, S.A. de C.V. La representante legal de la empresa era una persona que fungía como servidora pública de la UPQROO (Jefa de Departamento de Desarrollo de Sistemas); también firmó los entregables elaborados por la empresa, como Coordinadora y Enlace por parte de la UPQROO. Además, el entonces rector de la UPQROO abrió la cuenta bancaria de la empresa donde la UPQROO le depositó los recursos públicos federales, y era la única persona que tenía la facultad del manejo de los recursos depositados en la misma. Diversas irregularidades de las empresas subcontratadas. La empresa Comercializadora DW Prisma, S.A. de C.V.se no fue localizada en el domicilio fiscal señalado; no presentó la declaración anual del impuesto sobre la renta del año 2016, no obstante haber recibido recursos federales de la UPQROO por 26.8 millones de pesos. Por su parte la empresa Infotecnick, S.A. de C.V. no presentó su declaración anual del impuesto sobre la renta, a pesar de haber recibido recursos públicos por 5.1 millones de pesos. Tampoco se localizó en su domicilio fiscal. La empresa AM Sistemas Informáticos, S.A. de C.V. subcontrató a dos empresas para la realización de diversos servicios vinculados a los encargados por la universidad, al respecto no proporcionó los entregables derivados de los contratos celebrados con estos supuestos proveedores. No presentó declaración anual del impuesto sobre la renta del año 2016, a pesar de haber recibido recursos públicos por 31.8 millones de pesos. Competencias y Habilidades para el Trabajo, A.C., y Mars Integradores en Telecomunicaciones e Informática, S.A. de C.V no fueron localizadas en su domicilio fiscal, ésta última no presentó la declaración anual del impuesto sobre la renta del año 2016, no obstante haber recibido recursos federales de la universidad por 4.6 millones pesos. Únicamente tres empresas presentaron diversa información y documentación relativa a los trabajos realizados en cumplimiento de los contratos suscritos con la UPQROO, sin proporcionar los contratos de los proveedores supuestamente contratados para la ejecución de los trabajos. Todas las empresas subcontratadas transfirieron recursos a otras personas físicas y morales, sin evidencia de contratos o constancias de servicios que los justifiquen. Al respecto, Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular, S.A. de C.V., recibió 6.8 millones de pesos y realizó transferencias por 6.5 millones de pesos a seis empresas. Con los que se adquirieron cuatro vehículos por un monto de 1.5 millones de pesos, de los cuales, tres son camionetas Mazda CX3 y una camioneta Mazda CX9, las cuales se encuentran a nombre de la empresa, cuyo apoderado

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legal es el ex rector de la UPQROO, y la representante legal era la Jefa de Departamento de Desarrollo de Sistemas de la UPQROO. Las empresas Custom Performance, S.A. de C.V., e Integración Documental, S.A. de C.V., abrieron sus cuentas bancarias en el domicilio fiscal de la empresa AM Sistemas Informáticos, S.A. de C.V., hecho que evidencia la existencia de un vínculo entre las tres empresas proveedoras, para intervenir en las supuestas contrataciones que llevan a cabo los entes públicos estatales para la presunta simulación en la prestación de servicios y que, en conjunto, recibieron un total de recursos de 38.9 millones de pesos, que representó el 40.0% de los recursos que la UPQROO entregó a los ocho proveedores. Dictamen. La ASF precisa que, en términos generales, la Universidad Politécnica de Quintana Roo no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. Número de observaciones: 2, Número de acciones: 4 (1 R; 1 PEFCF; 1 PRAS; y 1 PO). Recuperaciones Determinadas: Probables, 97.2 millones de pesos. Universidad Tecnológica de Campeche (UTCam). Auditoría No. 198 Suscripción de instrumentos jurídicos al amparo de la LAASSP. La UTCam suscribió con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), y Petróleos Mexicanos Exploración y Producción (PEMEX-PEP), diversos instrumentos jurídicos al amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), para la adquisición de diferentes bienes y prestación de servicios, los cuales suman un monto pagado de 174.7 millones de pesos. Como la universidad no contaba con la capacidad para cumplir con lo pactado en los contratos subcontrató a 14 proveedores para la ejecución de los servicios convenidos con la SER, IMCINE y SEDATU; y a personal bajo la modalidad de becarios y de sueldos y salarios, para cumplir con los servicios del TEPJF y de PEMEX-PEP. La UTCam celebró con la SEDATU un convenio de colaboración por 268.1 millones de pesos. Para cumplir con los trabajos pactados la universidad subcontrató a la empresa Integraciones Profesionales, S.A. de C.V a la cual pagó 92.8 millones de pesos. Asimismo, la universidad suscribió 11 convenios generales de colaboración, con 11 número de empresas, a las cuales pagó 79.0 millones de pesos, sin acreditar los entregables derivados de los trabajos desarrollados por estas empresas. La UTCam realizó estas supuestas operaciones con proveedores cuya actividad preponderante no corresponde a los trabajos desarrollados. El concepto facturado por las empresas subcontratadas fue derivado de una actividad distinta al objeto social de la empresa. Además, no existe evidencia de que alguna de las 11 empresas haya entregado bienes o realizado

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servicios para la universidad o la secretaría, lo que deja ver que los contratos suscritos con dichas personas morales fueron la vía para la obtención de recursos públicos, los cuales no fueron aplicados a los fines para los cuales estaban destinados. Ágora Publicity, S.A. de C.V. Esta empresa tiene una actividad preponderante de agencias de publicidad y otros servicios de publicidad, que es diferente a los servicios solicitados por la SEDATU, los cuales consistían en revisión y apoyo en materia de seguridad industrial y protección ambiental. G-Mobile Publicidad Global Inteligente, S.A. de C.V. Esta empresa tiene una actividad preponderante de agencias de publicidad, sin embargo, presto supuestamente servicios para apoyo técnico especializado en la elaboración, programación y seguimiento a proyectos. Soluciones Mixtas, S.A. de C.V. Esta empresa tiene una actividad preponderante de agencias de empleo temporal, que es diferente a los servicios solicitados por la SEDATU. Operadora Integral de Servicios N&S, S.A. de C.V. Su actividad es de servicios de consultoría en administración, no obstante, supuestamente prestó un servicio de desarrollo de proyectos. Sáenz Abastecimiento Industrial y Comercial, S.A. de C.V. esta empresa tiene una actividad preponderante de otros servicios relacionados con el trasporte aéreo, ferrocarril, comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para autos, actividad que no corresponde a los servicios solicitados por la SEDATU. Gallardo y Ejecutivos, S.A. de C.V. No se localizó a la empresa. Beltsite, S.A. de C.V. No fue localizada en su domicilio fiscal y sus actividades no coinciden con las contratadas. Almetri, S.A. de C.V esta empresa tiene una actividad preponderante de otros intermediarios de comercio al por mayor, actividad que no corresponde a los servicios solicitados. Varcom, S.A. de C.V. No proporcionó la información y documentación requerida. Corporativo Rivela, S.A. de C.V. no proporcionó la información y documentación requerida, además tiene una actividad preponderante de construcción de obras, la cual no corresponde a los servicios solicitados por la SEDATU. Servicios Integrales de Seguridad Privada Onyx, S.A. de C.V. No entregó información. Empresas subcontratadas transfirieron recursos a otras empresas. Diez de las once empresas que recibieron recursos federales de la universidad por un total de 39.5 millones de pesos, transfirieron el 99.8% a cuatro empresas: Servicios Integrales Monh, S.A. de C.V., Sindicato de Trabajadores y Empleados Especializados, Similares y Conexos de la República Mexicana, PJT

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Abastecimientos e Insumos, S.A. de C.V., y Corporativo Rivela, S.A. de C.V., sin que las empresas presentaran la información o documentación que justificara estas transferencias. Dictamen. La ASF precisa que en términos generales la Universidad Tecnológica de Campeche no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. Número de observaciones: 2, Número de acciones: 12 (1 R; 1 PEFCF; 1 PRAS; 1 PO; y 8 M). Recuperaciones Determinadas: Probables, 90.0 millones de pesos. Sector Salud Respecto a la tercera entrega de informes individuales correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la ASF realizó 5 auditorías y una Evaluación de Políticas Públicas a entes vinculados con el sector Salud, de las cuales la UEC seleccionó para esta etapa de la revisión, 5 auditorías para su análisis y síntesis, lo que equivale al 100.% del total de las auditorías. La determinación de la muestra consideró los siguientes criterios de selección: Universo y muestra auditada; Tipo de auditoría practicada (se privilegia, por orden de relevancia, auditorías de Desempeño, auditorías con enfoque horizontal, Financieras y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas); Número de Observaciones-Acciones; Montos de Recuperaciones Determinadas; Relevancia, recurrencia y actualidad del tema auditado; e Importancia de la entidad fiscalizada. A continuación, se presenta un resumen de los principales hallazgos encontrados en las auditorías seleccionadas de los sectores señalados, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016. Secretaría de Salud. “Rectoría en Salud”. Auditoría de Desempeño, No. 208 Objetivo. Fiscalizar la rectoría en salud para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. Fortalecimiento y cumplimiento dela normatividad interna. Como resultado de la revisión la ASF destacó que el programa sectorial se estableció, como prioridad, avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la SS, para lo cual en 2016 dicha dependencia ejerció 2 mil 982.4 millones de pesos en el programa P012 “Rectoría en Salud, respecto de la emisión de normativa en salud, en 2016 la SS emitió 32 nuevas guías de práctica clínica (GPC), 113.3% más que las 15 previstas, y se enfocaron en homologar la atención médica entre el personal de salud y complementar el conocimiento teórico y práctico sobre la detección y tratamiento de los padecimientos más frecuentes, y actualizó 37 guías, 7 (23.3%) más que las 30 programadas. Con ello, de las 771 guías registradas en el Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica al cierre de 2015, se actualizaron 37 en 2016, y se adicionaron 32 nuevas guías, para totalizar 801, ya que 2 fueron retiradas de dicho catálogo, con lo que la secretaría contribuyó a disponer de referentes de aplicación en las instituciones pertenecientes al Sistema Nacional de Salud, para orientar la toma de decisiones de los prestadores y usuarios de los

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servicios de salud; adicionalmente, en ese año, la SS dispuso de 140 Normas Oficiales Mexicanas, en las que se establecen las especificaciones y procedimientos en materia de salud y control y fomento sanitario, así como de 32 proyectos de normas, orientadas a la organización y funcionamiento de los servicios de salud. Cumplimiento normativo en emisión de certificados de necesidades de infraestructura. Por lo que toca a la actualización del Plan Maestro de Infraestructura (PMI), en 2016, la SS autorizó la emisión de 64 certificados de necesidad, pertenecientes a 53 (0.1%) establecimientos de salud, de los 36,892 existentes en ese año; esas unidades médicas tienen el potencial de beneficiar a 27,683,425 personas, una vez que se encuentren operando. La dependencia acreditó que los certificados autorizados cumplieron con los parámetros del Manual de Procedimientos para la Emisión del Certificado de Necesidades de Infraestructura. Incremento de la satisfacción por calidad en la atención médica. En cuanto al monitoreo de la calidad en la atención médica, durante 2016, la secretaría impulsó la participación ciudadana en los establecimientos de salud, para evaluar y mejorar la calidad de los servicios de atención médica, mediante el aval ciudadano y las cartas compromiso, y aplicó encuestas de satisfacción entre la población usuaria; así, la SS registró que 9,225 establecimientos contaron con aval ciudadano operando, el 75.9% de los 12,160 acreditados para ofrecer los servicios médicos, y el 25.0% de los 36,892 registrados ante la SS; atendió 25,674 cartas compromiso, el 61.1% de las 41,998 que habían sido firmadas y entregadas con el aval ciudadano, 7.4% menos que el 66.0% programado, y el 93.3% (827,852 usuarios) de los 887,536 entrevistados manifestó su satisfacción con el trato que recibieron, lo que representó 55.5% más que el 60.0% previsto. En los 9,225 establecimientos que contaron con aval ciudadano se brindó atención médica a 37,162.0 miles de personas, a las que se les aplicó la encuesta de satisfacción sobre el trato recibido. Cumplimiento a la Norma en materia de “Información en Salud”. Respecto de la dirección del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), la SS acreditó la elaboración de los 30 productos de información en salud programados, que consistieron principalmente en la supervisión y asesoría a las instituciones pertenecientes al SNS sobre el registro de estadísticas en salud, así como la actualización de los 40 productos de información previstos, que se refirieron a las estadísticas en salud. Para cerciorarse de que la información que capturan las instituciones públicas de salud en el SINAIS cumple con los atributos de oportunidad, cobertura, integridad, validez, veracidad y consistencia, que dispone la NOM-035-SSA-2012 en materia de información en salud, la dependencia realizó 5 visitas de inspección y orientación a igual número de entidades federativas en 2016. Programas coordinados con desempeño aceptable. En relación con la evaluación de los programas de salud, en ese año, la SS coordinó la evaluación de 12 (50.0%) de los 24 programas presupuestarios a su cargo, el 100.0% de lo programado, para contribuir a mejorar su desempeño, de la cual se emitieron 24 recomendaciones, reconocidas como Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), y se enfocaron principalmente en definir, con mayor precisión, las poblaciones potencial, objetivo y atendida de los programas; formular indicadores que den

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cuenta del desempeño de las unidades responsables; fortalecer la coordinación con las entidades federativas, y modificar los aspectos normativos incluidos en las reglas de operación de los programas que otorgan subsidios a la población. Cumplimiento de metas programadas en materia de acceso a los servicios de salud. Por lo que respecta al acceso de la población a los servicios de salud, conforme al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, en el periodo 2012-2015, el CONEVAL calculó la proporción de población sin acceso a estos servicios. Con base en los resultados dados a conocer el 30 de agosto de 2017, el porcentaje de población con esta carencia, en 2016, fue de 15.5%, equivalente a 19.1 millones de personas, lo que representó un cumplimiento del 68.5% de la meta programada para ese año, de reducirlo a 9.2%, equivalente a 11.3 millones de personas. Avance constate en la implementación del Sistema Nacional de Salud Universal (SNSU). En cuanto a la construcción del SNSU, en 2016, la SS suscribió el Acuerdo Nacional Hacia la Universalización de los Servicios de Salud, con el IMSS e ISSSTE, y con 3 de las 32 entidades federativas, para lograr gradualmente la universalización en la prestación de los servicios de salud, lo que significó que, mediante dicho acuerdo, se articulara el funcionamiento de 6,738 (18.3%) establecimientos de salud de los 36,892 registrados ante la SS. Asimismo, en marzo de 2017, la SS suscribió el Acuerdo General de Coordinación para el Intercambio de Servicios entre el IMSS y el ISSSTE, y convenios específicos de coordinación con 11 de las 32 entidades federativas, con el propósito de implementar el intercambio de servicios entre las unidades médicas, para garantizar el acceso a los servicios de salud, y avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal. Recomendaciones de la ASF para garantizar el acceso a los servicios de salud. La SS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, implementó medidas para incorporar gradualmente al Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud a todas las entidades federativas y unidades médicas, disponer de información sobre el número de personas que son atendidas por los establecimientos de salud que cuentan con aval ciudadano y que gestionaron certificados de salud, conforme a los atributos que dispone la Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012, en términos de su oportunidad, cobertura, integridad, validez, veracidad y consistencia, como insumo necesario para la toma de decisiones, lo que permitirá avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Salud Universal, que garantice el acceso efectivo a servicios de salud a la población. Dictamen. En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, en 2016, se avanzó en la articulación del SNS, al registrarse que 6,738 establecimientos (18.3%) de los 36,892 que cuentan con CLUES, se adhirieron al Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud, con el fin de garantizar a la población el acceso efectivo con calidad a los servicios de salud, independientemente de su edad, lugar de residencia o condición social o laboral y, con ello, lograr gradualmente la universalización en la prestación de los servicios de salud. Asimismo, la homologación de los modelos de atención médica que ofrecen las unidades médicas pertenecientes al sistema, alcanzó el 33.0% (12,160 unidades) de las 36,892 unidades autorizadas por la SS para ofrecer los servicios médicos, mediante su acreditación, y 25.0%

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(9,225 unidades) contó con aval ciudadano al cierre de 2016, lo que contribuyó a garantizar la mejora del trato y atención médica a la población; además, de acuerdo con las cifras del CONEVAL, el porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud se redujo en 7.8% en promedio anual, en el periodo 2012-2016, al pasar de 21.5% a 15.5% (19.1 millones de personas). Número de Observaciones: 0. Secretaría de Salud. “Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 205. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario E010 "Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud" se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. Control deficiente en el pago de nómina. De la revisión a los conceptos de pago efectuados a los residentes, la ASF observó que la Secretaría de Salud a través de la DGRH efectuó pagos en exceso por 1.2 millones de pesos sin considerar los movimientos de baja por la renuncia a la residencia médica; pagos a médicos residentes que no se encontraron activos; determinación del pago de remuneraciones con código de puesto diferente al nivel que cursaba el médico residente; consideración de la “Prima Vacacional” sin que el médico residente cumpliera con la antigüedad requerida para recibir la prestación, y los pagos por concepto de “Gratificación de fin de año” no se realizaron en función a los días laborados. Derivando de lo anterior, la ASF emitió un Pliego de Observaciones por la presunción de un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 1.2 millones de pesos por concepto del pago de remuneraciones improcedentes, sin considerar los movimientos de baja por la renuncia a la residencia médica; así como, pago de primas de riesgo a médicos residentes de especialidades y subespecialidades que no se encuentran previstas en el "Manual para el otorgamiento de la compensación por capacitación temporal en áreas de riesgo a médicos residentes", y de "Gratificaciones de fin de año" que no eran congruentes con los días laborados. Gratificaciones pagadas sin comprobar su recepción. En relación con la prestación por el concepto de “Vales de despensa de fin de año” por 27.6 millones de pesos para su entrega a los médicos residentes activos, la entidad fiscalizada no acreditó la recepción efectiva del médico beneficiario. Sobre el particular, derivado de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, la DGRH acreditó con listado de firmas la entrega de vales por 27.6 millones pesos a los médicos residentes, sin demostrar la recepción de los vales por 22 mil 600 pesos, correspondientes a 2 residentes médicos que no entraban activos al cierre del ejercicio 2016. Por lo anterior, la ASF emitió un Pliego de Observaciones por la presunción de un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 22 mil 600 pesos por concepto de "Vales de despensa de fin de año" que fueron entregados a los médicos residentes "activos", sin acreditar con evidencia documental la recepción efectiva por parte del médico beneficiario.

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Controles inadecuados y deficiencias en el manejo de expedientes del personal. Por otra parte, la entidad fiscalizada no cuenta con un control adecuado que garantice que el expediente que acredita la existencia de los médicos residentes contenga toda la documentación personal, oficial y académica que soporta su ingreso al Sistema Nacional de Residencias Médicas, ya que de los 3,367 médicos residentes pagados en el ejercicio 2016, se realizó la revisión de 1,572 expedientes proporcionados por la DGRH, en la cual se determinó que únicamente 20 expedientes cuentan con la documentación completa y 1,511 expedientes carecen de documentos personales oficiales (acta de nacimiento, CURP, credencial del IFE o INE, RFC, cédula profesional, título, comprobante de domicilio, entre otros), constancia que acredite el término de la especialidad que debió cursar antes del posgrado, así como la carta de adscripción que señale que el médico residente cuenta con el título y cédula profesional; de 41 médicos residentes no se acreditó que contaran con el expediente respectivo. Por lo anterior la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria que el OIC realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de la Dirección General de Recursos Humanos que en su gestión registraron en el Sistema Integral de Administración del Personal a 1,552 médicos residentes que no cuentan con un expediente que contenga la documentación e información que establece el procedimiento "Para la delegación funcional y operativa de los procesos de captura en el Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)" que debieron entregar las unidades médicas para acreditar a los médicos residentes adscritos a cada institución de salud. Incumplimiento de la “NOM-001-SSA3-2012, Educación en Salud”. El Hospital Juárez de México, así como los institutos nacionales de Cardiología “Ignacio Chávez”, y de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” no acreditaron contar con el convenio específico de colaboración con la institución de educación superior en el que se especifiquen las obligaciones que ambas asumen para la organización y funcionamiento de las residencias médicas, ni contaron con programas operativos de cada una de las especialidades y cursos de posgrado, en incumplimiento de lo que establece la “NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en Salud. Para la organización y funcionamiento de residencias médicas”; en consecuencia, la ASF emitió recomendaciones para que las referidas instituciones realicen las acciones necesarias para formalizar los convenios específicos de colaboración con la institución de educación superior, en el que se especifiquen las obligaciones que ambas asumen para la organización y funcionamiento de las residencias médicas que avalan los programas académicos de las especialidades y cursos de posgrado que se imparten en dicho instituto, así como para contar con los programas operativos de cada una de las especialidades y cursos de posgrado. De igual forma, la ASF emitió tres Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el OIC realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de dichas instituciones, que en su gestión no formalizaron los convenios específicos de colaboración con la institución de educación superior. Dictamen. La ASF concluyó que, en términos generales, la Secretaría de Salud, así como el Hospital Juárez de México y los institutos nacionales de Cardiología “Ignacio Chávez”, y de

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Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos antes señalados. Número de Observaciones: 4; Número de Acciones: 9 (3 R; 4 PRAS y 2 PO). Recuperaciones determinadas: 1.2 millones pesos; Operadas: 0.0; Probables: 1.2 millones de pesos. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR). “Salud Materna, Sexual y Reproductiva”. Auditoría de Desempeño. No. 212. Objetivo. Fiscalizar el diseño, promoción, supervisión y evaluación que realiza el CNEGSR, de la instrumentación de políticas y estrategias con perspectiva de género en materia de salud materna, sexual y reproductiva, a fin de reducir las inequidades de género en la salud y contribuir a cerrar las brechas existentes en salud. Indicadores de desempeño que no son congruentes al objetivo del programa. La ASF señala, que con base en el diagnóstico elaborado por el CNEGSR para diseñar la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario P020 “Salud materna, sexual y reproductiva” en 2016, la entidad fiscalizada indicó que el problema público por pendiente por atender se refiere a la alta frecuencia de problemas de salud sexual y reproductiva, así como de violencia de género que afectan a la población femenina en territorio nacional. Para dar atención a ese problema, el CNEGSR operó el Pp P020, con una erogación de 1 mil 996.5 millones de pesos para diseñar, promover, supervisar y evaluar las políticas y estrategias de equidad de género y prevenir la violencia contra la mujer, a fin de incorporar la equidad de género y la atención de la violencia contra la mujer en las instituciones de salud; sin embargo, los resultados de la auditoría mostraron que ningún objetivo guarda congruencia con las actividades de un programa presupuestario, y los indicadores hacen referencia a la prestación de servicios de salud, sin corresponderse con las atribuciones establecidas para el CNEGSR respecto del diseño, promoción, supervisión y evaluación de políticas públicas y estrategias de equidad de género, y de detección y atención de la violencia contra las mujeres. Modificaciones a las reglas de operación de programas que no benefician a la población objetivo. La ASF observó que en 2016, el CNEGSR realizó modificaciones a la NOM-046-SSA-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, así como a los criterios para la prevención y atención, y a las reglas de operación de los programas presupuestarios S201 “Seguro Médico Siglo XXI” y S200 “Fortalecimiento a la atención médica”, sin que poder identificar que dichas modificaciones se relacionan con el propósito de lograr la equidad de género en el sector salud y enfrentar la violencia contra las mujeres; además, no se fundamentaron con base en ningún diagnóstico o un referente para evaluar si fueron suficientes o faltó normativa, situación que imposibilito a la ASF para determinar ni precisar si la entidad avanzó en el cumplimiento del objetivo de diseñar, las políticas y estrategias de equidad de género, y de detección y atención de la violencia contra la mujer, y si el diseño de dicha política está completo.

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Falta de indicadores de desempeño que evalúen el cumplimiento. En cuanto a materia de difusión, capacitación, supervisión de la calidad de la prestación de los servicios de salud, y de la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas respecto de la equidad de género, y prevención y atención de la violencia contra las mujeres, la ASF señala que el CNEGSR careció de un programa de trabajo sustentado en un diagnóstico de necesidades, que incluyera la población potencial y objetivo a la que se beneficiaría con la difusión, las áreas o unidades administrativas y los temas para la capacitación, la metodología a seguir, y los objetivos y criterios de selección para elegir a los estados que supervisarían, ni contó con indicadores de desempeño para evaluar el cumplimiento de estas actividades, lo cual no permitió precisar los avances logrados en el cumplimiento del objetivo de diseñar, promover, supervisar y evaluar las políticas y estrategias de equidad de género, y de detección y atención de la violencia contra la mujer, impidiendo valorar con ello su contribución en la atención del problema público relacionado con “la alta frecuencia de problemas de salud sexual y reproductiva, así como de violencia de género que afectan a la población femenina en territorio nacional”. Operación de programas sin supervisión. En materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, el CNEGSR realizó la supervisión a 12 de los 13 Servicios Estatales de Salud programados, con lo cual identificó las áreas para que las entidades mejoren la operación del programa e informó los resultados de la supervisión realizada a la operación del “Programa de Acción Especificó de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género”, a cada uno de los Servicios Estatales de Salud; sin embargo, no acreditó el seguimiento para verificar si los servicios estatales de salud atendieron o no las recomendaciones. Sin evidencia documental que compruebe el logro de objetivos y metas. La ASF observo que el CNEGSR careció de evidencia documental sobre incorporar la perspectiva de género en la prestación de los servicios de salud de atención de la violencia de género, y de la elaboración de una evaluación para verificar el cumplimiento de los objetivos, acciones y metas establecidas en materia de igualdad de género, y prevención y atención de violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Información sesgada sobre la atención brindada a la población objetivo. De acuerdo con el cuestionario para la detección de violencia en las mujeres, diseñado por el CNEGSR, se detectaron 373,772 casos de violencia en mujeres de 15 años o más, de los cuales se atendió a 267,849 mujeres (71.7%) sin que se especificaran las causas sobre la falta de atención al 28.3% restante. De acuerdo con las proyecciones de la CONAPO, se estimó que 8,659,763 mujeres de 15 años o más acudieron a los servicios de salud durante 2016, por lo que la detección de casos de violencia representó el 4.3% respecto de las mujeres que recibieron los servicios de salud, con ese referente no se logró identificar de qué manera el CNEGSR utilizó dicha información para decidir cuántas herramientas de detección debió aplicar en el año y evaluar si fueron suficientes. Injustificado subejercicio del gasto y falta de comprobación del gasto. El CNEGSR no justificó los motivos por los cuales el presupuesto ejercido fue menor en 9.5% respecto del presupuesto original asignado al programa P020, ya que es un programa que atiende la igualdad entre

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hombres y mujeres; además, no contó con la evidencia documental que justificara el gasto de 407.3 millones de pesos, el 20.4% respecto de los 1 mil 996.5 millones de pesos reportados como ejercidos. Dictamen. La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir una opinión sobre los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, debido a que el ente fiscalizado operó bajo un esquema de administración tradicional, basado en el cumplimiento de disposiciones legales y normativas, sin contar con objetivos, metas e indicadores como parte de una gestión por resultados que permitiera evaluar la ejecución de sus labores en materia de diseño, promoción, supervisión y evaluación de la instrumentación de políticas y estrategias con perspectiva de género, lo que impidió valorar su contribución en la atención del problema público relacionado con “la alta frecuencia de problemas de salud sexual y reproductiva, así como de violencia de género que afectan a la población femenina en territorio nacional”. Número de Observaciones: 10; Número de Acciones: 17 RD. Adicionalmente, la ASF realizó 4 Pre-recomendaciones que a continuación se reproducen:

I. Pre-recomendación “Para que el CNEGSR investigue las causas por las que el monto reportado en la Cuenta Pública 2016 como ejercido del programa presupuestario P020 “Salud materna, sexual y reproductiva” al cierre de 2016, no coincide con el registro en la base de datos de las CLC, existe una diferencia entre sus registros internos; se realizó una reducción al presupuesto del programa y no contó con la evidencia documental para comprobar el ejercicio de la totalidad de los recursos del programa y, con base en los resultados que obtenga, cuente con los registros e información confiable, reporte correctamente y justifique los motivos de la reducción del presupuesto, y compruebe la totalidad de recursos ejercidos, en términos de los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 64, fracción III; 66, fracción III, y 73, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y tercero, numeral 14, fracción I. Normas Generales de Control Interno, Norma Cuarta. Información y Comunicación, de Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detecta”.

II. Pre-Recomendación

“Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas por las que no contó con un programa anual de trabajo en el que estableciera actividades relacionadas con las propuestas de modificación de

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políticas, lineamientos y estrategias con el propósito de lograr la equidad de género en los servicios del sector salud, así como enfrentar la violencia familiar, sexual y contra las mujeres como en problema de salud pública, ni estableció metas ni indicadores al respecto y, con base en los resultado que obtenga, implemente las estrategias necesarias para contar con un programa anual de trabajo que incluya dichas actividades, las lleve a cabo y establezca metas e indicadores adecuados en la materia, en términos de los artículos 27 de la Ley de Planeación; 24, fracción I, y 27 segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada”

III. Pre-recomendación

“Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas por las que no dispuso de la evidencia documental en donde se identificaran cuáles son los mecanismos que emitió para incorporar la perspectiva de género en la prestación de los servicios de salud atención de la violencia de género y no contó con metas ni indicadores al respecto y, con base en los resultados que obtenga, implementen las estrategas correspondientes para emitir dichos mecanismos, en términos de los artículos 24, fracción I y 27, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el Manual de Organización Especifico del Centro Nacionales Equidad de Género y Salud Reproductivas, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada”.

IV. Pre-recomendación

“Para que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva investigue las causas por las que su programa de difusión de equidad de género y de prevención de la violencia contra las mujeres no se realizó con base en un diagnóstico que señalara la población potencial ni objetivo que se beneficiaría, y no define qué tipo de acciones debe realizar, además de no contar con la evidencia documental que permitiera verificar que las actividades programadas se llevaron a cabo y, con base en los resultados que obtenga, implemente las estrategias correspondientes para asegurarse de elaborar un programa de difusión de acuerdo a las necesidades que detecte de la población, señalando la población objetivo y especificar qué actividades debe realizar, así como contar con la evidencia documental de todas las actividades que realiza, en los términos del artículo 40, fracción XIX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y del Manual de Organización Especifico del CNEGSR, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada”.

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Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA (CENSIDA). “Adquisición de Medicamentos para la Atención del VIH/SIDA y Otras ITS”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 211. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera para comprobar que los recursos asignados para la adquisición de medicamentos para la atención del VIH/SIDA y otras ITS, se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables. Adquisiciones sin autorización. La ASF señaló que el CENSIDA adquirió 9 claves de medicamentos antirretrovirales que no sometió a la autorización del Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud; por lo anterior, la ASF emitió una recomendación para que el CENSIDA implemente las acciones necesarias de control para que los cambios en las claves de los medicamentos antirretrovirales que adquiera el órgano desconcentrado para la atención de pacientes con tratamiento antirretroviral, sean informados y sometidos a la autorización del Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud; asimismo, emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el OIC realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión adquirieron dichas claves de medicamentos con recursos que no se destinaron en los medicamentos y documentación que fue analizada y revisada por dicho comité conforme a la información que le fue presentada para su estudio. Deficiencia en el control de recepción de inventarios. La Coordinación Estatal de VIH/SIDA de Chiapas no demostró la entrega de 2,496 medicamentos antirretrovirales en los almacenes de los 2 CAPASITS y 10 SAIH del estado por un importe de 5,354.6 miles de pesos; al respecto la ASF emitió diversas recomendaciones para que el Gobierno del Estado de Chiapas, por conducto del Instituto de Salud del Estado de Chiapas, implemente las acciones necesarias y los mecanismos de supervisión que garanticen que los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) y los Servicios de Atención Integral Hospitalaria (SAIH) ubicados en el estado de Chiapas, y que se encuentren incorporados en la red de prestadores de servicios, realicen las gestiones para contar con el dictamen de acreditación que expide la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud que garantice la calidad de los procesos para la atención de los pacientes, así como, contar con las cartas compromisos de los médicos tratantes, y que la integración de los expedientes clínicos de pacientes con tratamiento antirretroviral se realice de acuerdo con la documentación que establece la NOM-004-SSA3-2012, "Del expediente clínico" y el Manual para Operación del Programa de Acceso a los Antirretrovirales en Unidades de la Secretaría de Salud; que en las recetas médicas que acreditan la entrega de antirretrovirales a los pacientes contengan el número de salida que se genera en el Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales para una adecuada y precisa identificación en la distribución de medicamentos, las cuales deberán contar con la firma del médico tratante y del paciente por la recepción de los medicamentos; además de implementar mecanismos de control y acciones necesarias para asegurar el adecuado y oportuno registro y administración de los

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medicamentos antirretrovirales en el Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de Antirretrovirales, para lograr una adecuada toma de decisiones respecto de la determinación de necesidades de medicamentos que se requieren para cada periodo, y con base en ello, solicitar los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para brindar la atención que demandan los pacientes. Por lo anterior al ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría General realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos del Instituto de Salud del Estado de Chiapas que en su gestión no supervisaron que las recetas médicas que se expiden en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, y en los Servicios de Atención Integral Hospitalaria contengan la firma del médico tratante, incumpliendo así con el Manual para Operación del Programa de Acceso a los Antirretrovirales en Unidades de la Secretaría de Salud apartado Nivel Estatal. Además, se emitieron Pliegos de Observaciones por la presunción de un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 5.7 millones de pesos, por concepto de insumos que no acreditaron su entrega, donde no se contó con la firma de recepción por parte de pacientes y sin que el Gobierno del estado de Chiapas demostrara que dichos insumos se distribuyeron a la población objetivo que atiende el Programa Presupuestario. Deficiencia en los registros y control de insumos adquiridos. La ASF señaló que los institutos nacionales de Pediatría (INP), de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ), y de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER) no contaron con el dictamen de acreditación en Servicios de Alta Especialidad de VIH/SIDA del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, y no aseguraron el registró oportuno y correcto en el sistema de los insumos recibidos por los proveedores y su entrega a los pacientes; por su parte, el INER no acreditó la entrega de 12,437 medicamentos a pacientes por un importe de 29.2 millones de pesos. Por lo anterior la ASF emitió un Pliego de Observaciones por la presunción de un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 29.2 millones de pesos por concepto de insumos federales consistentes en antirretrovirales ministrados por el CENSIDA con recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas", que no acreditaron la entrega de 12,437 antirretrovirales a pacientes del Programa Presupuestario P016 "Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS". Dictamen. La ASF concluyó que en términos generales, el CENSIDA, así como la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, el Gobierno del estado de Chiapas y los institutos nacionales de Pediatría, de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, y de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas”, cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos señalados con anterioridad. Número de Observaciones: 9; Número de Acciones: 22 (11 R; 6 PRAS y 5 PO).

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Recuperaciones determinadas: 35.0 millones pesos; Operadas: 0.0; Probables: 35.0 millones de pesos. Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga". “Gestión Financiera de los Gastos de Funcionamiento en la Prestación de los Servicios Médicos”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 222. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados para la prestación de servicios médicos, a fin de verificar que correspondieron a erogaciones propias de la operación que se previeron, autorizaron, justificaron, pagaron y comprobaron conforme a los lineamientos en la materia; que el registro presupuestal y contable se realizó conforme a la normativa. La ASF señaló que el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” cumplió en términos generales con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, sin embargo, observó los siguientes aspectos: Falta de documentación que justifique la aplicación al gasto por consumo de medicamentos, combustible y ropería. La ASF observó que en relación a la afectación del gasto por materiales y suministros consumidos durante el ejercicio, por 510.2 millones de pesos, 368.3 millones correspondieron a las salidas de diversos insumos que contaron con el reporte de movimientos, salidas de almacén y recetas médicas; sin embargo, 141.9 millones de pesos, de salidas del almacén, no contaron con soporte documental, de los cuales 113.9 millones corresponden a medicamentos; 9.9 millones a combustibles y 18.0 millones a ropería. Derivado de lo anterior, la ASF emitió un Pliego de Observaciones, por la presunción de un probable daño o perjuicio al patrimonio del Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga", por 141.9 millones de pesos, por salidas de materiales de almacenes de medicamentos, combustibles y ropería, sin la documentación soporte. Deficiencias en los registros contables de proveedores. Asimismo, la ASF determinó diferencias por 1.0 millón de pesos, entre los registros contables, por 90.7 millones de pesos, y el resumen de movimientos de artículos, por 89.6 millones de pesos, emitidos y validados por los departamentos de los almacenes Médico y Varios, dando lugar a la recomendación para que el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" refuerce los mecanismos de control y supervisión de sus cifras y registros contables, para que estos cuenten con el soporte documental que valide las salidas de materiales del almacén y así mostrar saldos reales en los estados financieros. Adquisición de equipos que están sin operar. La ASF verificó el destino final de los bienes adquiridos, por 118.1 millones de pesos, constatando que los 176 bienes revisados se encontraron físicamente en las áreas requirentes; sin embargo, 74 de ellos, con un valor de 39.6 millones de pesos, se encontraron sin operar; por lo anterior se emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no

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evidenciaron, mediante actas de entrega y puesta en marcha, que los 74 bienes, por 39.6 millones de pesos, están operando. Deficiencias en los registros contables de la cuenta “Materiales y Suministros”. Del análisis al saldo de la cuenta 512 “Materiales y suministros”, por 700.5 millones de pesos, se observaron cargos de naturaleza contraria, por 19.0 millones de pesos, donde el saldo real de la cuenta ascendió a 719.5 millones de pesos; al respecto, la ASF determinó que la diferencia se refiere a cancelaciones y reclasificaciones; sin embargo, no se contó con el soporte documental correspondiente. Por lo anterior, la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, para que el OIC realice las investigaciones y en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión registraron un importe de naturaleza contraria, por 19.0 millones de pesos, y emitieron pólizas por diferencias y ajustes de almacén fuera del corte mensual, las cuales no contienen la documentación soporte correspondiente. Deciente registro y control de pasivos. Se observó una inconsistencia de 40.3 millones de pesos al cierre del ejercicio por adeudo a un proveedor, los registros auxiliares reportaron 15.1 millones de pesos y en la confirmación de saldos con el proveedor se reportó un adeudo por 55.5 miles de pesos, lo anterior se debió a que la entidad fiscalizada carece del control de los materiales surtidos por operación mediante prescripción en las recetas. Reportes financieros sin sustento. El HGM reportó en la Cuenta Pública 2016 una economía por 90,894.3 miles de pesos, sin contar con la documentación soporte, al respecto la ASF emitió una recomendación para que el Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" adopte las medidas de control y supervisión, a fin de que las economías obtenidas estén sustentadas y se reporten correctamente en la Cuenta Pública, de acuerdo con la normativa. Dictamen. La ASF concluyó que en términos generales, el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados antes señalados. Número de Observaciones: 7; Número de Acciones: 14 (9 R; 3 PRAS y 2 PO). Recuperaciones determinadas: 142.0 millones pesos; Operadas: 0.1 miles de pesos; Probables: 142.0 millones de pesos. Sector Desarrollo Social Respecto a la tercera entrega de informes individuales correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la ASF realizó 9 auditorías a entes vinculados con el sector Desarrollo Social, de las cuales la UEC seleccionó 5 para su análisis y síntesis, lo que equivale al 55.5% del total.

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La determinación de la muestra consideró los siguientes criterios de selección: Universo y muestra auditada; Tipo de auditoría practicada (se privilegia, por orden de relevancia, auditorías de Desempeño, auditorías con enfoque horizontal, Financieras y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas); Número de Observaciones-Acciones; Montos de Recuperaciones Determinadas; Relevancia, recurrencia y actualidad del tema auditado; e Importancia de la entidad fiscalizada. A continuación, se presenta un resumen de los principales hallazgos encontrados en las auditorías seleccionadas de los sectores señalados, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016. Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). “Cruzada Nacional contra el Hambre (CNcH)”. Auditoría de Desempeño, No. 258. Objetivo. Fiscalizar la Cruzada Nacional contra el Hambre para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. Alrededor de 7.1 millones de personas viven en pobreza extrema. SEDESOL identificó que el problema público que pretende atender con la CNcH es la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria que presentan 7.1 millones de personas, debido a la insuficiencia de ingresos económicos y a la carencia de, por lo menos, tres de los derechos sociales (educación, salud, seguridad social, vivienda y servicios básicos en la vivienda), incluido el de la alimentación. Lo anterior provoca desnutrición; vulnerabilidad a enfermedades; bajo aprovechamiento y deserción escolar; precario desempeño y rendimiento laboral, y limitado desarrollo del capital social. No existe legislación secundaria en materia de derecho a la alimentación nutritiva. El diseño normativo y programático de la CNcH es congruente con el problema que pretende atender, sin embargo, no existe una legislación reglamentaria del artículo 4° de la CPEUM, en materia de derecho a la alimentación, en la que se defina el problema público y la población objetivo; se mandaten y homologuen los apoyos otorgados; se precisen las responsabilidades de las dependencias y entidades participantes, y se regule la transversalidad de la política pública, a fin de coordinar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), y los gobiernos locales y municipales, estableciendo funciones y responsabilidades para cada nivel de autoridad. SEDESOL no acreditó el cumplimiento del 100% de los acuerdos suscritos en 2016. Solo ha cumplido el 66.7% de los acuerdos firmados, para el restante 33.3%, no acreditó el cumplimiento en lo referente a: a asumir las sesiones de la Estrategia de Inclusión Social como reuniones del Comité Estatal Intersecretarial de la CNcH; instalar un grupo de trabajo para optimizar la cobertura a los niños de 0 a 5 años; exponer los aprendizajes del proyecto piloto “Al Rescate” de la Secretaría de Turismo, para replicarlo en más entidades; las gestiones de la iniciativa privada para la sustitución del uso de leña como combustible.

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La CNcH presenta una disminución de programas del 47.1% respecto al 2013. En 2016 participaron 33 programas en la CNcH para atender a la población en pobreza extrema alimentaria, sin embargo, 3 no constituyeron programas presupuestarios con recursos en el PEF. La ASF identificó que los 30 programas presupuestarios equivaldrían a 37, debido a la fusión de programas presupuestarios efectuada por la SHCP, lo que significó una disminución del 47.1% (33 programas), respecto de los 70 que participaron en 2013, año de implementación de la estrategia. No existen mecanismos para la evaluación de la CNcH. La información contenida en el Sistema de Focalización para el Desarrollo (SIFODE) no permite identificar los programas presupuestarios con que es atendida cada carencia social, ya que la SEDESOL no reporta el programa específico, ni la carencia con la que se vincula, por lo que no es posible valorar el cumplimiento del objetivo de la CNcH de “Cero hambre a partir de una alimentación, y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación”. Consecuencias Sociales. La SEDESOL, en su carácter de Presidente de la Comisión Intersecretarial para la Cruzada contra el Hambre, no acreditó el avance, a 2016, de la meta establecida en el Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018 de “Cero hambre a partir de una alimentación, y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación” para 2018, ya que no sustentó la condición socioeconómica registrada en el SIFODE de los 6,062.6 miles de pobres extremos alimentarios, ni la atención que brindaron los 30 programas presupuestarios que participaron en la estrategia a las 3.5 millones de personas registradas como beneficiarias. Dictamen. En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a cuatro años de la instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la SEDESOL, en su carácter de Presidente de la Comisión Intersecretarial para la Cruzada contra el Hambre, no acreditó que dicha estrategia constituyó una solución estructural y permanente para atender el problema de la prevalencia de la pobreza extrema alimentaria. Número de observaciones: 11, Número de acciones: 17 RD. Sugerencias a la Cámara de Diputados: 1. Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). “Calidad de Datos de los Programas de Pensión para Adultos Mayores, Empleo Temporal y Empleo Temporal Inmediato”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 1877. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de las TIC, su adecuado uso, operación, administración de riesgos y aprovechamiento, así como evaluar la eficacia y eficiencia de los recursos asignados en procesos y funciones. Asimismo, verificar que las erogaciones, los procesos de adjudicación, contratación, servicios, recepción, pago, distribución, registro presupuestal y contable, entre otros, se realizaron conforme a las disposiciones jurídicas y normativas aplicables.

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Inconsistencias en el Padrón de Beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos Mayores. Se consideró la información del total del Padrón de 5 millones 882 mil 473 beneficiarios del PPAM adscritos durante el ejercicio 2016 y se obtuvieron ,los siguiente resultados: se detectaron 62 beneficiarios de los cuales se desconocía su edad y en su caso cumplir con el requisito de contar con al menos 65 años para poder recibir el apoyo, a quienes se pagaron 370.0 miles de pesos; se pagó a 16 mil 733 beneficiarios mayores de 100 años un monto de 87.8 millones de pesos; 3 personas sin dato en el campo sexo, recibieron pagos por 13.9 miles de pesos; 1 millón 369 mil 944 beneficiarios sin registro en el campo CURP, a los cuales se les pagó un monto de 8 mil 012.3 millones de pesos; 1 mil 095 beneficiarios carecen de registro en el campo RFC, a los cuales se les pagó un monto de 7.1 millones de pesos; 571 beneficiarios no tienen registro ni en el campo de la CURP ni del RFC, los cuales totalizan cobros por 3.5 millones de pesos; y no se identificó el estatus de Situación de Pago de 106 mil 125 registros (1.8% del total de beneficiarios), con cobros por 59.2 miles de pesos. Se realizaron pagos a personas cuya edad rebasa la esperanza de vida señalada por el INEGI. Derivado del análisis de la información del padrón de beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos Mayores y considerando los indicadores del INEGI respecto a la esperanza de vida, se determinó que 995 mil 564 de beneficiarias de sexo femenino (16.9% del total) se encuentran en un rango de edad de 80 a 116 años y cuentan con pagos por 6 mil 693.0 millones de pesos; 1 millón 344 mil 712 de beneficiarios de sexo masculino (22.9% del total) se entran en un rango de edad de 74 a 116 años y cuentan con pagos por un monto de 9 mil 135.7 millones de pesos. Es decir, que el 39.8% del pago a beneficiarios se realizó a personas cuya edad rebasa la esperanza de vida señalada por el INEGI; a los cuales se les pagó un total de 15 mil 828.7 millones de pesos, equivalente al 42.6% de los pagos totales. SEDESOL realizó pagos a personas fallecidas. Derivado de la revisión del padrón de beneficiarios del programa se solicitó al Registro Nacional de Población (RENAPO), corroborar la localización de beneficiarios y el estado de defunción. Al respecto el RENAPO manifestó lo siguiente: existen 556 mil 548 beneficiarios no localizados, con pagos de 3 mil 110.1 millones de pesos; pagos duplicados a 49 mil 196 beneficiarios, por 289.6 millones de pesos; pagos a 16 mil 997 personas fallecidas con pagos de 64.1 millones de pesos. Irregularidades en pagos del Programa de Empleo temporal. Se detectaron 3 mil 542 beneficiarios no localizados por 17.1 millones de pesos; pagos duplicados a 102 beneficiarios, por 443.4 miles de pesos; así como pagos a beneficiarios fallecidos, de los 806 beneficiarios identificados, se observa que a 393 de ellos la SEDESOL les proporcionó apoyos por un monto de 1.2 millones de pesos, al respecto la SEDESOL confirmó que 24 de ellos en efecto causaron baja por defunción, de los cuales realizó reintegros por 67.0 miles de pesos. Anomalías detectadas en pagos a beneficiarios del Programa de Empleo Temporal Inmediato. Se erogaron apoyos por 25.3 millones de pesos a 14 mil 804 beneficiarios no localizados; pagos duplicados a 418 beneficiarios por 691.7 miles de pesos; así como pagos a 515, de los cuales a

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284 se pagó 520.0 miles de pesos. Al respecto SEDESOL confirmó que 7 de ellos en efecto causaron baja por defunción, de los cuales realizó el reintegro por 14.8 miles de pesos. Dictamen. La ASF precisa que en términos generales SEDESOL no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, debido a los resultados descritos anteriormente. Número de observaciones: 1, Número de acciones: 7 (5 R; y 2 PO). Recuperaciones Determinadas: 65.9 millones de pesos (Probables, 65.8 millones de pesos; y Operadas: 0.09 millones de pesos). Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). “Programa de Empleo Temporal”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0264. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera del presupuesto asignado al Programa de Empleo Temporal, para comprobar que los recursos se ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. Deficiencias en las adecuaciones presupuestarias del ejercicio 2016. La entidad fiscalizada efectuó reintegros extemporáneos de recursos por un importe de 13.5 millones de pesos sin realizar el pago de las cargas financieras correspondientes; no se contó con la documentación comprobatoria del presupuesto reportado como pendiente de pago al cierre del ejercicio, el cual fue cubierto posteriormente por un importe de 50.1 millones de pesos; y no se registró como Adeudo de Ejercicio Fiscal Anterior, ni se gestionó el oficio de adecuación presupuestaria externa ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la autorización del traspaso de recursos entre programas por un importe de 16.7 millones de pesos. Los Lineamientos Operativos del programa no son específicos. Se observó que no se detalla la estrategia para la difusión del programa, ni los requisitos que la misma debía contener. Por otra parte, se constató que el Comité Técnico del programa y el Grupo Permanente de Trabajo no se constituyeron de forma oportuna, y en el caso del Comité Estatal en el estado de Puebla, no sesionó de manera ordinaria al menos bimestralmente. Irregularidades en la entrega de apoyos del programa. Se identificó a una Organización de la Sociedad Civil que recibió apoyos por 2.0 millones de pesos para ejecutar “proyectos de mejoramiento del entorno físico e infraestructura comunitaria”, por lo que rebasó en 73.4 miles de pesos el límite establecido en las Reglas de Operación; en 22 obras o acciones no se contó con la totalidad de la documentación que genera el proceso de otorgamiento del apoyo; se constató la falta de documentación justificativa y comprobatoria por 72.4 millones de pesos de 724 obras realizadas con cargo a los recursos del programa; y en el caso de cinco obras o acciones por 5.2 millones de pesos, las instancias ejecutoras no contaron con la documentación técnica, justificativa y comprobatoria.

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Deficiencias en la integración del Padrón de Beneficiarios del Programa. SEDESOL únicamente efectuó una confronta entre los padrones de beneficiarios de otros programas; además, se constató que de la confronta realizada con los padrones de beneficiarios de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, únicamente se efectuó con el 30.4% del total de registros consignados en el Listado de Beneficiarios de dichas dependencias; asimismo, respecto de la conciliación del listado de beneficiarios contra el registro de fallecimientos emitido por el Registro Nacional de Población e Identificación Personal, se constató que se realizaron pagos de apoyos a 29 beneficiarios que habían fallecido antes de la entrega de los apoyos por 78.6 miles de pesos, de los cuales por intervención de la ASF se reintegraron 42.9 miles de pesos. Dictamen. La ASF precisa que en términos generales la Secretaría de Desarrollo Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos señalados anteriormente. Número de observaciones: 16, Número de acciones: 34 (18 R; 9PRAS; y 7 PO). Recuperaciones Determinadas: 122.9 millones de pesos (Probables, 122.7 millones de pesos; y Operadas, 0.19 millones de pesos) Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social. “Evaluación de los Controles Establecidos en el Otorgamiento de Apoyos de PROSPERA Programa de Inclusión Social”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0270. Objetivo. Evaluar la eficiencia y eficacia de los controles establecidos, en los procesos de identificación, incorporación, registro, y entrega de apoyos del programa, de conformidad con las disposiciones legales y el marco normativo en materia de control interno y, en su caso, sugerir estrategias de mejora para su fortalecimiento. El componente alimentario concentró la mayor cantidad de recursos ejercidos. En 2016 el presupuesto ejercido en el Programa Presupuestario S072 “PROSPERA Programa de Inclusión Social” fue de 82 mil 354.4 millones de pesos, los cuales se ejercieron en los componentes: alimentario, con 44 mil 274.0 millones de pesos (53.8%); educativo, 31 mil 890.5 millones de pesos (38.7%); y salud, 6 mil 189.8 millones de pesos (7.5%). El pago de servicios personales superó el porcentaje máximo establecido. Los gastos de operación de PROSPERA, en 2016, por concepto de servicios generales y personales, por 4 mil 178.5 millones de pesos, que representaron el 5.1% del presupuesto total asignado al programa, superaron el porcentaje máximo establecido en sus Reglas de Operación, correspondiente al 4.61% (3 mil 796.5 millones de pesos). Ineficiente coordinación entre entidades que participan en PROSPERA Programa de Inclusión Social. La Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social (CNP), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) no

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tienen un método para medir y evaluar anualmente el conocimiento, cumplimiento y aplicación del código de Conducta. El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la CNP, no participa con las distintas instancias que atienden las quejas y denuncias relacionadas con la operación del Programa. Baja vigilancia en la administración de riesgos. La CNP, la SEP y CNPSS no cuentan con una Metodología de Administración de Riesgos específica. La SEP no incluyó en su Matriz de Administración de Riesgos Institucional, Mapa de Riesgos y Programa de Administración de Riesgos, los riesgos en la operación del componente educativo de PROSPERA, no obstante que tuvo a su cargo 31 mil 890.5 millones de pesos, monto que representó el 38.7% del total de los recursos asignados a PROSPERA en 2016. Las Reglas de Operación del programa en 2016, no fueron específicas. No señalan los criterios para priorizar la atención de localidades en función a los índices de rezago social y de marginación. No se define la periodicidad con que se ejecuta la verificación permanente de condiciones socioeconómicas, ni los criterios con los que se determina o considera que una familia ya no cumple con las condiciones para continuar en el programa. Las entidades participantes en la implementación del programa poseen escasos mecanismos de supervisión. La SEP no definió mecanismos de supervisión respecto de la certificación del cumplimiento de corresponsabilidades, del componente educativo. La CNPSS no tiene el registro de las intervenciones ni el tipo de suplementos que fueron otorgadas a nivel de integrante o familia beneficiara; no acreditó la programación de talleres comunitarios para el auto cuidado de la salud, el número de beneficiarios registrados en cada taller, ni los temas impartidos en éstos conceptos; asimismo, se comprobó que no hay supervisión del proceso de certificación de las corresponsabilidades en el componente de salud. Además, los responsables de los procesos no realizaron autoevaluaciones de control interno relacionadas con la identificación de beneficiarios y de registro en los padrones correspondientes. Dictamen. La ASF precisa que, el diseño, la implementación y la eficacia operativa del sistema de control interno tiene debilidades significativas. Número de observaciones: 22, Número de acciones: 60 (54 R; y 6 PRAS). Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE). “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud”. Auditoría de Desempeño, No. 273. Objetivo. Fiscalizar la articulación de políticas públicas integrales de juventud para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. El diseño del programa E016 “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud” es deficiente. El programa presentó deficiencias toda vez que otorgó subsidios y premios, situación que no es consistente con la modalidad “E”. Ésta modalidad implica la oferta de servicios en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad y no así para otorgar

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apoyos. Además, el IMJUVE no contó con mecanismos para identificar y cuantificar a la población objetivo del programa, por lo que no dimensionó la magnitud y características de la población afectada por el problema que pretende atender. El IMJUVE no cuenta con indicadores suficientes para evaluar el programa. El IMJUVE cuenta con 20 indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos: 5 (25.0%) son estratégicos, y miden los objetivos de fin y de propósito, y 15 (75.0%), de gestión, elaborados para evaluar las principales actividades del programa. Sin embargo, el indicador de nivel fin no permite verificar la contribución del programa en la consecución de un objetivo de orden superior; los indicadores de nivel propósito no permiten medir el resultado esperado en la población atendida y, los indicadores de nivel actividad no permiten cuantificar la gestión de los procesos o insumos necesarios para producir dichos bienes y servicios. Existe baja cobertura del programa. En 2016, el IMJUVE otorgó apoyos directos a 858 jóvenes en concursos, becas y apoyo para proyectos, cifra poco representativa, respecto de los 37 millones 504 mil 392 jóvenes de 12 a 29 años cuantificados en 2015. IMJUVE no dispuso de indicadores ni metas para evaluar en qué medida el programa cumple con sus objetivos. El instituto no acreditó que para 2016 diseñó, implementó y ejecutó, con una perspectiva de transversalidad, programas destinados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes, ni que se coordinó con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, para articular políticas públicas destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud y sus expectativas sociales, económicas y culturales, y garantizar el ejercicio de sus derechos, particularmente en materia de educación, salud, empleo y participación social. Asimismo, no dispuso de indicadores ni metas para evaluar en qué medida el programa generó, promovió y articuló políticas públicas, orientadas a fortalecer el acceso de las personas jóvenes a la educación, la participación social, el trabajo y la salud. IMJUVE no reporto información respecto al cumplimiento de sus objetivos. La información reportada por el IMJUVE en la Cuenta Pública 2016 no da cuenta del cumplimiento de los objetivos del programa, de “contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas mediante acciones para fortalecer el acceso de las personas jóvenes a la educación, participación social, trabajo y salud” y de “fortalecer el acceso de los jóvenes a la educación, participación social, trabajo y salud que les permiten consolidar su incorporación equitativa en los procesos de desarrollo”. Tampoco, se presenta información del mandato de “promover, generar y articular políticas públicas integrales de juventud que surjan del reconocimiento de las y los jóvenes en toda su diversidad, como sujetos y actores de su propio destino que respondan a sus necesidades, como educación, salud, empleo y participación social, propiciando el mejoramiento de su calidad de vida y su participación plena y desarrollo nacional”.

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Consecuencias Sociales. El IMJUVE reportó que, en 2016, mediante el programa presupuestario E016 “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud”, otorgó apoyos directos a 858 jóvenes en las modalidades de “Concursos”, “Becas” y “Apoyo a proyectos y acciones para jóvenes”, cifra no significativa, respecto de los 37 millones 504 mil 392 jóvenes de 12 a 29 años cuantificados a 2015, y que subsidió proyectos a cargo de 12 actores sociales, en los que no identificó el número de beneficiarios indirectos. Al respecto, con los apoyos otorgados, el instituto no acreditó que mediante el programa promoviera, generara, ni articulara políticas públicas integrales para la incorporación de los jóvenes en los procesos de desarrollo, mediante el fortalecimiento de su acceso a la educación, la participación social, el trabajo y la salud, como lo mandató el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 y la ley del propio instituto. Dictamen. En opinión de la ASF, el IMJUVE no acreditó que, en 2016, mediante el programa “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud” promoviera, generara y articulara políticas públicas integrales para los jóvenes, para su incorporación en los procesos de desarrollo, mediante el fortalecimiento de su acceso a la educación, la participación social, el trabajo y la salud, como lo mandató el PEF 2016 y la propia ley del instituto, debido a las deficiencias en el diseño del programa, relacionadas con la falta de vinculación entre los apoyos otorgados y el mandato establecido. Número de observaciones: 12, Número de acciones: 50 RD. Entidades No coordinadas Respecto a la tercera entrega de informes individuales correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la ASF realizó 11 auditorías a entes vinculados con Entidades No Coordinadas (Seguridad Social), de las cuales la UEC seleccionó 8 para su análisis y síntesis, lo que equivale al 72.7% del total. La determinación de la muestra consideró los siguientes criterios de selección: Universo y muestra auditada; Tipo de auditoría practicada (se privilegia, por orden de relevancia, auditorías de Desempeño, auditorías con enfoque horizontal, Financieras y de Cumplimiento y de Inversiones Físicas); Número de Observaciones-Acciones; Montos de Recuperaciones Determinadas; Relevancia, recurrencia y actualidad del tema auditado; e Importancia de la entidad fiscalizada. A continuación, se presenta un resumen de los principales hallazgos encontrados en las auditorías seleccionadas de los sectores señalados, como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2016.

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Instituto Mexicano del Seguro Social. “Aplicación de Subsidios para Estimular y Promover la Incorporación a la Seguridad Social”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 240. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera, administrativa y operativa de las cuentas por cobrar, por las cuotas obrero patronales, así como de las subsidiadas para estimular y promover la incorporación a la seguridad social, para constatar que su emisión, control, seguimiento, recuperación y registro contable fue oportuno, y en su caso, la aplicación de subsidios a dichas cuotas, de conformidad con las disposiciones legales y normativas. Inconsistencias y falta de control en el registro de créditos fiscales. La ASF señaló que en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia; sin embargo, Con la revisión de 500 créditos, por 413.9 millones de pesos, registrados en la cartera total, se constató que 377, por 327.6 millones de pesos (79.1%), se gestionaron, registraron y recuperaron en tiempo y forma, excepto por los 123 restantes, por 86.3 millones de pesos (20.9%) que presentaron inconsistencias en su operación; asimismo, se observó que en 49 créditos fiscales derivados de cuentas por cobrar por cuotas obrero patronales, por 24.8 millones de pesos, no presentaron evidencia suficiente ni competente que justifique las acciones de recuperación; en 13 créditos fiscales, por 7.4 millones de pesos, correspondientes a multas fueron condonados; sin embargo, el registro de la condonación se realizó con desfase de hasta tres meses en el sistema de cobranza; en otros tres créditos por 5.4 millones de pesos, resultaron improcedentes por la falta de conciliación oportuna de pagos espontáneos por parte del área de cobranza. De forma particular se observó lo siguiente: Créditos fiscales derivados de cuotas obrero-patronales de la Delegación Estatal en Coahuila. Con la revisión de 373 créditos, por 804,739.2 miles de pesos, registrados en la cartera total, se constató que 339, por 792,034.1 miles de pesos (98.4%), se gestionaron, registraron y recuperaron en tiempo y forma; los 34 restantes, por 12,705.1 miles de pesos, (1.6%) presentaron inconsistencias en su operación. En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada proporcionó información con la que aclaró en 2017, los 31 créditos observados, por 12,705.1 miles de pesos, con los pagos realizados por los patrones, los cuales se hicieron antes de la notificación del instituto. Derivado de lo anterior la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el OIC realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de la Delegación Estatal de Coahuila, que en su gestión no vigilaron los procedimientos de emisión, notificación, control, administración, cobro, recuperación y registro de las cuotas obrero patronales, por lo que se observaron deficiencias de control, supervisión y seguimiento en sus operaciones. Créditos fiscales derivados de cuotas obrero-patronales de la Delegación Estatal en Sonora. Con la revisión de 500 créditos, por 413.9 millones de pesos, registrados en la cartera total, se constató que 377, por 327.6 millones de pesos (79.1%), se gestionaron, registraron y recuperaron en tiempo y forma, excepto por los 123 restantes, por 86.3 millones de pesos (20.9%) que presentaron inconsistencias en su operación y otros 66, por 40.9 millones de pesos,

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que presentaron diversos tipos de inconsistencias. Posteriormente la Entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó información con la que aclaró en diversos créditos observados; sin embargo, se persistieron debilidades de control, supervisión y seguimiento en sus operaciones, por lo que la observación se atendió parcialmente. Por lo antes señalado la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el OIC realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de la Delegación Estatal de Sonora, que en su gestión no vigilaron los procedimientos de emisión, notificación, control, administración, cobro, recuperación y registro de las cuotas obrero patronales, por lo que se observaron deficiencias de control, supervisión y seguimiento en sus operaciones. Deficiencias en la fundamentación y motivación de los juicios fiscales. De la revisión a los Juicios concluidos en 2016 a 18 créditos, por 13.2 millones de pesos, con observación por juicios concluidos en 2016, la ASF constató que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) detecto créditos que no se recuperaron por haber caducado las facultades del Instituto por causas imputables a los patrones, al proporcionar información imprecisa; créditos por capitales constitutivos, que no se recuperaron por haberse declarado improcedentes por el TFJFA; créditos, que presentaron deficiencias en la fundamentación y motivación, sin evidenciar su reposición; créditos que tuvieron deficiencias en la notificación del crédito; créditos que a la fecha de la revisión (julio 2017), no se contó con evidencia de las gestiones, ni del estatus que guarda; un crédito que presentó suspensión del embargo, del que no se evidenció que el personal del instituto realizara los procesos correspondientes, en incumplimiento de su normativa. Derivado de lo anterior la ASF emitió Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el OIC realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de la Delegación Estatal en Sonora, que en su gestión presentaron deficiencias en la fundamentación y motivación de los juicios fiscales ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, situación que repercutió en la recuperación de los créditos. Falta de controles en los créditos de inventarios físicos. En lo que respecta al “Suspenso de cartera” la ASF señaló que la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2016, reportó que las delegaciones estatales en Coahuila y Sonora tuvieron un saldo acreedor, por 45.5 miles de pesos y 2.2 millones de pesos, respectivamente, observándose que las 6 subdelegaciones que componen la Delegación Coahuila contaron con todos sus créditos en los inventarios realizados a su cartera y el saldo acreedor, por 45.5 miles de pesos, corresponde a un “Suspenso Contable”, el cual se generó por movimientos de cargo y abono en cuentas por cobrar contra cuentas de suspenso, determinado por las claves de ajuste o reclasificación no compensadas en 2016 y en 3 de las 8 subdelegaciones que componen la Delegación Sonora, se presentaron faltantes de créditos por cobrar al momento de llevar a cabo el inventario físico de los créditos fiscales; de forma posterior en el transcurso de la auditoría, la entidad fiscalizada con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó información del suspenso de cartera y refiere que las observaciones corresponden al corte de abril 2017, por lo que en el informe del inventario físico que se instruye en el Manual de Procedimiento para la Administración de la Cartera y su

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Afectación en el Sistema de Cobranza, se elaboró el día último de junio 2017, y presenta la inclusión de todos los créditos al último día de mayo; sin embargo, la falta de entrega de los documentos por cobrar, por parte del área emisora, se considera una desviación de control normativa, por lo que la observación se solventa parcialmente. Por lo anterior, la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el OIC realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos de la Delegación Estatal de Sonora que en su gestión no contaron con 811 créditos, por 2.2 millones de pesos, que estuvieron a su cargo, en los procesos del inventario físico. Dictamen. La ASF concluyó que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los resultados que se señalaron anteriormente. Número de Observaciones: 4; Número de Acciones: 7 (3 R y 4 PRAS). Recuperaciones determinadas: 0.0 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). “Equipamiento y Sustitución de Equipo e Instrumental Médico”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 245. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados a la sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención del IMSS, para comprobar su adjudicación en las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, que estuvieron debidamente autorizados; se previeron, justificaron y contrataron, conforme a la normativa y a las necesidades de sus unidades médicas, que el equipo médico se recibió de conformidad con las condiciones contractuales, que se registró y está en uso, de acuerdo a la normativa. Ausencia fisca de equipamiento adquirido. De la auditoría practicada, la ASF señaló que el IMSS cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, sin embargo durante la verificación física del equipo e instrumental médico recibido en las delegaciones y las UMAE revisadas, se constató que de 892 equipos médicos no se evidenció la existencia de 3 equipos médicos, con valor de 1.1 millones de pesos, en el Hospital General de Zona Núm. 33 y en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria núm. 65, correspondientes a una lavadora ultrasónica, un sistema de monitoreo y una unidad de facoemulsión. Por lo anterior la ASF emitió un Pliego de Observaciones por la presunción un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del Instituto Mexicano del Seguro Social, por un monto de 1.1 millones de pesos, por no evidenciar la existencia de 3 equipos, unidades adscritas a la Delegación Regional Nuevo León. Ausencia fisca de instrumental médico adquirido. Respecto a la Verificación física de kits para médicos, se observó que la Delegación Jalisco no proporcionó evidencia física de la existencia de 54 kit médicos, por 250.3 miles de pesos y la Delegación Norte del D.F. no proporcionó documentación alguna respecto de 42 kit médicos por 194.7 miles de pesos. Derivado de lo anterior, la ASF emitió un Pliego de Observaciones por la presunción de un probable daño o

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perjuicio o ambos al patrimonio del IMSS, por un monto de 445.0 miles de pesos, por no evidenciar la existencia física de 96 kits para médicos, pertenecientes a unidades adscritas a las Delegaciones Estatal Jalisco y Norte del Distrito Federal. Asimismo, la ASF señaló que en ambas Delegaciones se detectó la falta de aplicación de penas convencionales, por 55.1 miles de pesos (15.3 miles de pesos de la Delegación Estatal Jalisco y 39.8 miles de pesos de la Delegación Norte del Distrito Federal); en consecuencia la ASF emitió un Pliego de Observaciones por la presunción de un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del IMSS, por un monto de 55.1 miles de pesos, por penas convencionales no aplicadas por atraso en la entrega de equipos médicos por parte la proveeduría. Falta de transparencia en la entrega de dos garantías de cumplimiento. La ASF observo la emisión de garantías con fecha anterior a la formalización de los contratos y otra con fecha posterior a la emisión de la fianza. Al respecto la ASF emitió, recomendaciones para que el IMSS, mediante la Delegación Estatal Jalisco y la Unidad Médica de Alta Especialidad "Dr. Victorio de la Fuente Narváez" en la Ciudad de México, fortalezcan sus mecanismos de control y supervisión a fin de que, en lo sucesivo, constate que las garantías de cumplimiento se entreguen oportunamente por el proveedor en los plazos establecidos y que sus fechas de expedición sean acordes con las fechas en que se formalizan los contratos, para darle transparencia a la operación. Dictamen. La ASF concluyó que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos antes señalados. Número de Observaciones: 6; Número de Acciones: 23 (18 R y 5 PO). Recuperaciones determinadas: 2.7 millones pesos; Operadas: 1.0 millones de pesos; Probables: 1.6 millones de pesos. Instituto Mexicano del Seguro Social. “Evaluación del Control Interno a la Operación de Adquisición de Medicamentos”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, 246. Objetivo. Evaluar el sistema de control interno establecido en los procesos de adquisición, distribución y control de medicamentos, material de curación y vacunas, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables. Debilidades en los controles internos para la adquisición de medicamentos. La ASF señaló que el sistema de control interno establecido tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social, como en la Secretaría de la Defensa Nacional y en la Secretaría de Marina, apoya de manera adecuada la consecución de los objetivos y metas relacionados con los procesos de adquisición, distribución y control de medicamentos, material de curación y vacunas; sin embargo, observo algunas debilidades dentro del IMSS, entre las que se destacan por su importancia las siguientes:

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Fortalecimiento de objetivos en los procesos de adquisición. La ASF observó que el IMSS incorporó objetivos, líneas de acción, indicadores y metas en su Programa Anual de Trabajo de 2016, por lo que respecta al proceso de adquisición de medicamentos; sin embargo, no se establecieron los objetivos específicos para cada subproceso y actividades en dicho programa; lo anterior puede afectar el desempeño de las actividades del proceso, toda vez que el no establecer y comunicar los objetivos de los subprocesos para la adquisición de medicamentos imposibilita la identificación, evaluación e implementación de estrategias para la administración de sus riesgos. Al respecto la ASF emitió una recomendación al IMSS para que establezca, formalice y comunique el objetivo de sus procesos sustantivos, incluido el correspondiente al proceso de adquisición de medicamentos y se asignen dichos objetivos a los responsables de su cumplimiento, para que estén en posibilidad de identificar, evaluar e implementar las estrategias para la administración de sus riesgos, a fin de fortalecer el sistema de control interno del Instituto. Falta de metodologías para la administración de riesgos en procesos de administración. Con la revisión se constató que el IMSS, para la determinación de sus riesgos, se basó en las etapas mínimas que se establecen en el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, en el cual se estipula la obligatoriedad de implementar un proceso sistémico que permita establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, atender, monitorear y comunicar los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. No obstante, el IMSS no contó con una metodología propia para llevar a cabo el proceso de administración de riesgos en 2016. Además, no se llevó a cabo el proceso general de administración de riesgos en la adquisición de medicamentos, que permita a los servidores públicos responsables de estas actividades aplicar un enfoque sistematizado para la identificación, evaluación, análisis, respuesta y control de los riesgos asociados con los objetivos de las mismas, cuyo presupuesto ejercido en 2016 fue por 30 mil 332.6 millones de pesos, importe que representó el 11.7% del presupuesto total erogado por el IMSS en ese ejercicio que fue de 258 mil 786.6 millones de pesos. Documentos normativos de operación en materia de tecnología de información y comunicación desactualizados. Por lo que respecta a la normativa que rige el proceso de adquisición de medicamentos en el IMSS, se verificó que estuviera actualizada por las instancias correspondientes; no obstante, se constataron deficiencias en cuanto a la normativa que regula las funciones del Instituto (Manual de Organización) y algunos documentos que rigen el proceso de adquisición de medicamentos (en materia de TICS), ya que se encuentran desactualizados y su última actualización fue en 2010 y 2005, respectivamente. Otras debilidades observadas. Dentro del ambiente de control consisten en: acciones limitadas en cuanto a la prevención de posibles actos de corrupción en los procesos y programas del IMSS; se carece de un procedimiento para evaluar el apego y cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta y no se ha considerado la obligatoriedad de suscribir un compromiso, por escrito, por parte del personal respecto del cumplimiento de dichos códigos; falta de actualización de manuales de organización conforme a las modificaciones de la estructura orgánica autorizada al Instituto, y cobertura limitada del programa de capacitación y carencia

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de un plan de desarrollo de capacidades del personal en materia de control interno, administración de riesgos, integridad y prevención de la corrupción. Deficiencias en los programas de capacitación. La ASF señala que no se cuenta con la evidencia de las actividades impartidas en el programa de capacitación 2016 al personal adscrito a las áreas que participan en los procesos revisados. En dicho programa no se incluyeron cursos en materia de control interno, evaluación de riesgos, promoción de la integridad y temas afines a las actividades sustantivas a los procesos evaluados. Lo anterior, por sus posibles impactos y probabilidad de ocurrencia, podría poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas del proceso de adquisición de medicamentos o motivar la existencia de riesgos que, de materializarse, causarían un daño o perjuicio al erario público federal. Al respecto, la ASF destaca que los mandos superiores tienen la obligación de subsanar los riesgos o debilidades identificadas en el sistema de control interno institucional del proceso sujeto a fiscalización y, en caso de no implementar los controles necesarios para su mitigación, asumen la responsabilidad de su materialización y de las consecuencias económicas, legales y administrativas a que haya lugar. Dictamen. En opinión de la ASF el sistema de control interno establecido tanto en el IMSS, como en la SEDENA y en la SEMAR, apoya de manera adecuada la consecución de los objetivos y metas relacionados con los procesos de adquisición, distribución y control de medicamentos, material de curación y vacunas, excepto por algunas debilidades que presentó el IMSS, mismas que fueron señaladas con anterioridad. Número de Observaciones: 6; Número de Acciones: 7 R. Recuperaciones determinadas: 0.0. Instituto Mexicano del Seguro Social. “Inventario de Equipo Médico y de Laboratorio” Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 248. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de los inventarios de equipo médico y de laboratorio para verificar la propiedad de los bienes, que en su control de existencias, valuación, registro presupuestal y contable y presentación de la información financiera, se observaron las disposiciones legales y normativas. Deficiente control de equipos en resguardo. La ASF señalo que en términos generales, el IMSS cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; sin embargo, observó falta de control en la custodia de diversos bienes, debido a que 95 equipos médicos y de laboratorio no fueron localizados, dichos equipos tienen un valor de 36.7 millones de pesos. En consecuencia, la ASF emitió una recomendación para que el IMSS implemente mecanismos de control y supervisión del equipo médico y de laboratorio y lleve a cabo acciones para la localización de los equipos faltantes, a fin de validar las cifras reportadas en los Estados Financieros. Asimismo, emitió tres Pliegos de Observaciones por la presunción de un probable daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio del IMSS, por un monto de 36.7 millones de pesos, por 95 equipos médicos y de laboratorio (Delegación Veracruz Sur, 37 equipos; Delegación Veracruz

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Norte, 3 equipos; Delegación D.F. Sur (Suroeste), 39 equipos y Delegación D.F. Sur (Sureste), 16 equipos), que no fueron localizados y que tampoco contaron con la documentación que justifique su ausencia. Traspasos de equipo médico entre unidades no regularizados. En 68 (de los 261) equipos médicos y de laboratorio revisados de las delegaciones D.F. Sur (Suroeste), Veracruz Norte y Veracruz Sur, se evidenciaron deficiencias en el traspaso de algunos bienes, así como la falta de actualización del registro en el Departamento de Conservación y Servicios; pese a la intervención de la ASF para regularizar las deficiencias, las delegaciones Veracruz Norte y Sur, no evidenciaron el traspaso, la actualización de registro en el Departamento de Conservación y Servicios Generales, y la elaboraron de algunos dictámenes técnicos de no utilidad de 47 equipos. Asimismo, se observaron inconsistencias en el registro contable de los equipos médicos y de laboratorio, y falta de supervisión en el control de bienes por la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones en delegaciones. También la ASF señaló que la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones de Nivel Central no reportó supervisiones en el inventario de las delegaciones y UMAE en el ejercicio 2016 y se detectaron inconsistencias en el registro de los inventarios por Unidad Médica de las delegaciones D.F. Sur (Sureste y Suroeste) y Veracruz (Norte y Sur). Al respecto al ASF emitió una recomendación ara que el IMSS implemente mecanismos de control y supervisión, a fin de que sus unidades médicas de las delegaciones Veracruz Norte y Veracruz Sur, concluyan la regularización de los traspasos de bienes y dictámenes, conforme lo establecido en la normativa institucional, a fin de que los inventarios concuerden con el registro contable, en cumplimiento de la normativa. Dictamen. La ASF concluyó que, en términos generales, el Instituto Mexicano del Seguro Social cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos antes señalados. Número de Observaciones: 10; Número de Acciones: 20 (11 R; 5 PRAS y 4 PO). Recuperaciones determinadas: 36.7 millones pesos; Operadas: 0.0; Probables: 36.7 millones de pesos. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. “Adquisición, Suministro y Servicios de Osteosíntesis y Oxígeno Medicinal”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 234. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera de la adquisición, contratación, suministro y servicios de osteosíntesis y de oxígeno medicinal, para constatar que correspondieron a necesidades de las unidades médicas; que se obtuvieron las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad; que se recibieron de acuerdo a lo contratado, y que el registro contable y presupuestal se efectuó conforme a las disposiciones legales y normativas. Contrataciones carentes de garantías de cumplimiento. La ASF señaló que en términos generales, el ISSSTE cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia; sin embargo, se constató que del proceso de la licitación para la contratación del

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servicio integral de osteosíntesis y endoprótesis, el instituto carece de las fianzas de cumplimiento de los contratos, del ejercicio 2016, por un total de 51.2 millones de pesos, de los cuales corresponden con el 10.0% del monto máximo total de los contratos un monto de 512.1 miles de pesos. Al respecto, la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el OIC en ISSSTE realice las investigaciones y, en su caso inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de los servidores públicos de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, que en su gestión no solicitaron a los prestadores de los servicios, las garantías de cumplimiento de los contratos, por un total de 51.2 millones de pesos, correspondientes al ejercicio 2016. Deficiencia en el registro de los servicios otorgados y de los insumos utilizados en cirugias. La ASF realizó revisiones a la “Recepción y pago de los Servicios” relacionados con los servicios integrales de osteosíntesis y endoprótesis, se comprobó que los prestadores del servicio remitieron a la Subdirección de Infraestructura los "Reportes mensuales" con el total de los servicios integrales aplicados a los pacientes, así como diversos registros para el mismo fin. Con la revisión de las bases de datos de los procedimientos efectuados por cada unidad médica; las hojas de operaciones capturadas en el Sistema Médico Financiero (SIMEF), en las que constan las intervenciones quirúrgicas realizadas; las hojas de egreso hospitalario; los formatos de los servicios, denominados "Evaluación por Evento y Reporte de Cirugías"; las actas administrativas circunstanciadas de auditoría y las confirmaciones del material utilizado del personal médico responsable de las unidades médicas, se determinaron 51 servicios de osteosíntesis y endoprotésis (procedimientos) no realizados, por 2.0 millones de pesos, por material médico que no utilizaron los cirujanos responsables. Al respecto la ASF emitió un Pliego de Observaciones por la presunción de un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio del ISSSTE, por un monto de 2.0 millones de pesos, por los pagos de 51 procedimientos del servicio integral de osteosíntesis y endoprótesis por material médico que no utilizaron los cirujanos responsables de realizar los procedimientos, en los hospitales regionales Dr. Valentín Gómez Farías, Monterrey, Centenario de la Revolución Mexicana, 1º de Octubre, Lic. Adolfo López Mateos y Gral. Ignacio Zaragoza, así como, el Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal. Adjudicaciones directas justificadas con argumentos insuficientes. De la revisión a los “Procedimientos de Adjudicación” se constató que para el ejercicio 2016, se realizaron pagos, por 229.7 millones de pesos, por el servicio de oxígeno medicinal para entrega domiciliaria en 189 unidades médicas del ISSSTE; en cuanto a la revisión de los procesos de adjudicación, se seleccionaron 32 contratos, por 19.6 millones de pesos, 9 como resultado de licitaciones públicas nacionales y 23 por adjudicación directa, de dicho análisis, en el caso de las licitaciones públicas, éstas contaron con toda su documentación soporte e instrumentos jurídicos correspondientes; en relación con las cuatro adjudicaciones directas, de los hospitales regionales "Centenario de la Revolución Mexicana", "Dr. Valentín Gómez Farías, Zapopan", el H. G. "Dr. Santiago Ramón y Cajal" y la C.H. "Gómez Palacio", fundamentaron la excepción a la licitación pública, "al tratarse de un solo oferente y por no obtener los servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad y por tratarse de un servicio que pone en riesgo la salud de los derechohabientes, no podían dejar de brindar el servicio de oxígeno medicinal domiciliario", sobre dicha fundamentación, la ASF

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señaló que dicha justificación es contradictoria respecto de las 9 licitaciones públicas realizadas; además, observó que no se realizaron investigaciones de mercado, por lo que no se cuenta con una referencia sobre si los precios ofertados garantizaron las mejores condiciones para el instituto, finamente la ASF precisó que, de acuerdo con los montos de los contratos, estas se debieron realizarse a través de procedimientos de licitación públicas. Por lo anterior, la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el OIC en el ISSSTE realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión adjudicaron de manera directa contratos de servicios de oxígeno sin que dichos pagos se realizaran por el procedimiento de licitación pública. Contratación de servicios sin sustento jurídico. En cuanto al H.R. "Monterrey", se observó que en enero, febrero, marzo, mayo, junio, septiembre y noviembre de 2016, mediante 7 cuentas por liquidar certificadas (CLC), pagó pasivos de 2014 y 2015 por 1.1 millones de pesos, con recursos presupuestales de 2016, de la partida 25301-0005 "Oxígeno Medicinal Domiciliario"; cabe señalar que la unidad médica solicitó a la Dirección de Administración (área central) en tiempo y forma, los recursos para cubrir dichos pasivos, así como la suficiencia presupuestal de 2016, sin respuesta favorable; como resultado de la reunión de resultados finales, el ISSSTE informó que al no concluirse a tiempo la licitación y no poder suspender el servicio de oxígeno domiciliario, se continuó con el suministro para no poner en riesgo la salud de los derechohabientes; sin embargo, no acreditó haber formalizado los servicios mediante un contrato. Dictamen. La ASF concluyó que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos antes señalados. Número de Observaciones: 4; Número de Acciones: 11 (8 R; 2 PRAS; 1PO). Recuperaciones determinadas: 2.0 millones pesos; Operadas: 0.0; Probables: 2.0 millones de pesos. Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió un oficio para solicitar o promover la intervención de la instancia de control competente con motivo de 1 irregularidad detectada. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). “Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAIE)” Auditoría de Desempeño, No. 278. Objetivo. Fiscalizar el Programa de Apoyo a la Educación Indígena para verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas. Programa con deficiencias en la delimitación de su cobertura. De la revisión al PAIE en cuanto al diseño del programa, la ASF señaló que en las reglas de operación no se delimitó correctamente su cobertura, ya que en las reglas de operación se estableció como los estados, municipios y localidades donde se ubican las casas, comedores o las instituciones públicas de

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educación superior; no obstante, la población objetivo del PAIE, son los niños y jóvenes de 5 a 29 años que se encuentren inscritos en escuelas públicas y los jóvenes indígenas de 17 a 29 años de edad que cursan sus estudios en educación superior. sin embargo, la CDI en el transcurso de la auditoría, acreditó que realizó el “Estudio Diagnóstico de análisis para el diseño de las estrategias de focalización, cobertura y complementariedad del PAEI”, que contiene la estrategia de cobertura para definir las metas anuales de población atendida y estimar la población potencial y objetivo del PAEI, en el mediano y largo plazos, con lo que se solventó lo observado. Deficiencias en la validación de beneficiaros del programa. La CDI, como unidad responsable del PAEI, no acreditó que contó con mecanismos para vigilar que sus delegaciones estatales y los Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena (CCDI) revisaron y validaron que los beneficiarios que fueron atendidos en 2016 en las casas y comedores del niño indígena, así como las instancias ejecutoras comunitarias y municipales, organizaciones de la sociedad civil y grupos sociales, y los jóvenes indígenas de 17 a 29 años de edad, inscritos en instituciones públicas de educación superior, o egresados de ellas, quienes recibieron apoyos del programa, cumplieron con los criterios y requisitos de elegibilidad y con los criterios de selección. Sin embargo, en el transcurso de la auditoría, la CDI acreditó que en 2017 instrumentó el “Sistema de Control del Programa de Apoyo a la Educación Indígena” (SCPAEI), en el cual las delegaciones estatales y los CCDI registran la información básica de los beneficiarios y validan que cumplan. Aplicación de programas sin diagnóstico de necesidades. Por lo que se refiere a la Cobertura del programa de apoyo a la educación indígena, específicamente a los servicios y apoyos que otorgó el PAEI en 2016, se dio acceso a la alimentación a 75,390 estudiantes indígenas en 1,322 casas y comedores; se brindó hospedaje a 53,494 estudiantes indígenas que no contaron con servicios educativos en su localidad, mediante 921 casas del niño indígena, y entregó 2,592 becas a 2,578 estudiantes indígenas de educación superior. Sin embargo, la CDI no dispuso de un diagnóstico en el que identificara y cuantificara a la población que padecía la problemática en la que pretendía incidir con el PAEI, referente a estudiantes indígenas de 5 a 29 años con restringidas oportunidades para el acceso y permanencia al sistema de educación pública, por lo que no fue posible evaluar la cobertura del programa, ni en qué medida incidió en la solución del problema descrito. Falta de seguimiento a los resultados obtenidos en programas. La CDI no contó con un programa integral de supervisión, mediante el cual diera seguimiento a los resultados obtenidos por las instancias responsables y ejecutoras de las “Casas y comedores del niño indígena”, “Casas o comedores comunitarios del niño indígena”, que garantizara la correcta operación y ejercicio de los recursos otorgados a los beneficiarios de las “Becas de educación superior y apoyo a titulación”. Dictamen. En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, mediante el Programa de Apoyo a la educación Indígena, otorgó apoyos a 77,251 estudiantes indígenas de los cuales, en 2016, se logró la permanencia escolar del 78.0% (60,288 estudiantes), ya que concluyeron el ciclo escolar en el que estaban

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inscritos; sin embargo, no fue posible verificar la contribución de la entidad fiscalizada en la continuidad de los estudios de los beneficiarios, y en la titulación de quienes recibieron apoyos para tal fin; tampoco se logró valorar en qué medida el programa logró reducir las restringidas oportunidades de acceso y permanencia al sistema educativo de la población indígena, ya que la entidad fiscalizada desconoce el número total de estudiantes indígenas que sufren esta condición. Consecuencias Sociales. Mediante los apoyos del programa, en 2016, la CDI brindó servicios de alimentación a 75,390 estudiantes indígenas; a 53,494, también dio servicios de hospedaje, y a 2,578 jóvenes indígenas, los apoyó para continuar y concluir la educación superior y para su titulación. Asimismo, de acuerdo con la CDI, 60,288 estudiantes indígenas beneficiarios del programa concluyeron el ciclo escolar 2015-2016, lo que representó el 78.0%, respecto de los 77,251 inscritos al inicio del ciclo. Sin embargo, debido a la falta un diagnóstico que cuantifique la población susceptible de ser atendida; la deficiente supervisión para verificar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y selección de los beneficiarios del programa, y la ausencia de mecanismos para medir la cobertura de la población que presenta la problemática que atiende el programa, no es posible determinar en qué medida la CDI logró contribuir en garantizar el ejercicio del derecho a la educación de la población indígena. Número de Observaciones: 7; Número de Acciones: 10 RD. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. “Arrendamiento de Ambulancias”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 1797. Objetivo. Fiscalizar la gestión financiera del arrendamiento de ambulancias para verificar que se sustentó en estudios de costo beneficio; que los procesos de adjudicación se realizaron conforme a la normativa; que los precios, montos y condiciones contractuales representaron las mejores condiciones para la entidad; que los servicios se proporcionaron de conformidad con lo pactado y que el registro contable y presupuestal se realizó de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. Omisión en el cobro de penas convencionales por servicios no recibidos. La ASF señala que el ISSSTE cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia; sin embargo, se observó en 100 bitácoras del servicio de ambulancias 59 ambulancias con saltos o retrocesos en el registro del kilometraje recorrido entre un mes y otro; 22 unidades con bitácoras incompletas, 3 sin bitácoras, 4 unidades en taller mecánico y sin evidencia de ambulancias sustitutas y el cobro de penas convencionales, y deductivas por 198.3 miles de pesos; por lo anterior la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el OIC realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no vigilaron que el personal operativo de las ambulancias registrara el kilometraje recorrido, que las unidades contaran con bitácoras debidamente formalizadas y por no operar las ambulancias que estuvieron disponibles. Asimismo, se emitieron Pliegos de Observaciones por la presunción de un probable daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio del ISSSTE por un

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monto de 761.1 millones pesos, por cuatro ambulancias que permanecieron en el taller mecánico por 10, 34, 52 y 74 días respectivamente y no se solicitó ni evidenció la sustitución ante el proveedor, por la que se pagó el servicio de arrendamiento y no se aplicaron penas convencionales. Pagos a proveedores en exceso injustificados. De la revisión al concepto “Pagos por servicios” realizados a los proveedores del arrendamiento de ambulancias, se constató que se emitieron dos notas de crédito en favor del ISSSTE, por 1.5 millones de pesos, situación que se generó por el pago en exceso de 103 servicios de ambulancia; al respecto, la ASF preciso que el costo por ambulancia arrendada y sobre la que el proveedor emitió las notas de crédito, no corresponde con el estipulado en el contrato y no se tuvo evidencia que justifique las causas que generaron el pago en exceso al proveedor; de tal forma que de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, donde se establece en su artículo 51, párrafo segundo, que tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, determinados conforme a dicho artículo, con base en la tasa ponderada de fondeo bancario y de los que no se obtuvo evidencia por parte del ISSSTE, y que la ASF los estima en 551.5 miles de pesos. Por lo anterior, la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el OIC realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión realizaron pagos en exceso de 103 servicios de ambulancias; asimismo, la ASF emitió un Pliego de Observaciones por la presunción de un probable daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio del ISSSTE, por un monto de 551.4 miles pesos, por los intereses generados no cobrados por pagos en exceso al proveedor. Pagos indebidos a proveedores. Respecto al “Seguimiento de las operaciones de ambulancias”, del análisis al padrón de las ambulancias que prestaron el servicio de arrendamiento, se detectó una ambulancia modelo 2008 que superó la vida útil estimada, que tuvo operaciones de enero a febrero de 2016 y se pagaron al proveedor los servicios de siete meses, de los que se determinaron pagos indebidos por 276.5 miles de pesos (IVA incluido), y por los que no se obtuvo justificación. Al respecto, la ASF emitió un Pliego de Observaciones por la presunción de un probable daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio del ISSSTE, por un monto de 276.5 miles de pesos, por el pago de servicios, de una ambulancia de traslado no identificada de enero a julio de 2016. Omisión en el cobro de penas convencionales. La ASF señaló que derivado de la contratación de 465 ambulancias, se constató que 380 se acordaron en una primera entrega para el 7 de agosto de 2016, de las que 25 fueron de urgencias avanzadas y se entregaron en tiempo y forma; de las 355 ambulancias de traslado pactadas, sólo 322 unidades se entregaron en tiempo y las 33 restantes después de esta fecha, sin tener evidencia de que se hayan aplicado penas convencionales, por 41.3 miles de pesos (con IVA incluido), por el incumplimiento. Cabe precisar que el proveedor entregó en forma anticipada 35 unidades de urgencias avanzadas, por lo que en la segunda entrega, del 17 de septiembre de 2016, se proporcionaron las 83 ambulancias restantes (82 de traslado y 1 de urgencias avanzadas), lo que dejó sin efectos la tercera entrega.

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En consecuencia, la ASF emitió un Pliego de Observaciones por la presunción de un probable daño o perjuicio, o ambos, al patrimonio del ISSSTE, por un monto de 41.3 miles de pesos, por la falta de aplicación de penas convencionales debido al incumplimiento en la entrega de las ambulancias, conforme a las fechas programadas. Deficiente control en la recepción a satisfacción de vehículos arredrados. Sobre la revisión a la “entrega recepción de ambulancias conforme a las condiciones contractuales”, de 465 ambulancias arrendadas se detectaron diversas Deficiencias de control y operación en las ambulancias de traslado y de urgencias avanzadas, como vicios ocultos, falta de mantenimiento, en taller mecánico y sin evidencia de ambulancias sustitutas, ambulancias recibidas con un kilometraje superior del pactado contractualmente y bitácoras de servicio con deficiencias en el requisitado. En consecuencia la ASF recomendó al ISSSTE fortalecer sus mecanismos de control en la elaboración de los contratos, a fin de que su contenido sea claro, preciso y congruente con los procesos del arrendamiento de ambulancias. Además, emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el OIC realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no vigilaron ni reportaron que las ambulancias se recibieron con un kilometraje superior del establecido, que se duplicó la referencia de entrega de dos unidades en dos lugares diferentes, que su operación se desfasó con su recepción, que las bitácoras y actas de entrega recepción no fueron validadas con oportunidad, así como por el resto de las deficiencias que se presentaron en la formalidad de la entrega recepción de los vehículos. Dictamen. La ASF concluyó que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los resultados antes señalados. Número de Observaciones: 8; Número de Acciones: 17 (6 R; 5 PRAS y 6 PO). Recuperaciones determinadas: 1.6 millones pesos; Operadas: 0.0; Probables: 1.6 millones de pesos. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. “Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas, y del Hospital Regional en Mérida, en el Estado de Yucatán”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 235. Objetivo. Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos, a fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. Autorización injustificada de pagos en demasía. La ASF señala que el ISSSTE cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia; sin embargo, de la revisión practica a la construcción del Hospital General de Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas, se determinó que el ISSSTE, por conducto de su residencia de obra, autorizó pagos en demasía por un monto de 109.7 miles de pesos, del concepto "Suministro y colocación de adopasto, de

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espesor 0.08 m...", debido a que se detectaron diferencias por un volumen entre la cantidad pagada, por la entidad fiscalizada y lo cuantificado por la ASF, de acuerdo con los planos del proyecto proporcionados por la entidad fiscalizada. Por lo cual la ASF emitió una Solicitud de Aclaración para que el ISSSTE proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 109,7 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, por la diferencia de volumen pagado y el cuantificado en el proyecto, con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. Modificación de proyectos sin autorización o justificación previa. Derivado del contrato de obra pública para la construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas, se observó que se modificaron diversos conceptos del catálogo original, sin que la entidad fiscalizada acreditara los beneficios por las modificaciones realizadas, ya que los conceptos del catálogo original cumplían con las necesidades del proyecto según consta en minuta de trabajo celebrada por las partes involucradas del 27 de diciembre de 2014, lo que motivó que se incrementara el costo en 469.7 miles de pesos. al respecto, la ASF emitió una Solicitud de Aclaración para que el ISSSTE proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 469.6 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta su recuperación, o en su caso ya que la entidad fiscalizada modificó cinco conceptos del catálogo original por dos conceptos extraordinarios sin que acreditara los beneficios por las modificaciones realizadas, o en su caso, presente las fichas técnicas de los equipos por parte del proveedor de la propuesta original y la nueva propuesta para corroborar dichos beneficios y ventas de la modificación, ya que los conceptos del catálogo original cumplían con las necesidades del proyecto, con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. Deficiente control en la recepción de obra terminada. Con la visita de inspección física a los trabajos de la obra de Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas, la ASF constató físicamente que las cantidades de luminarias instaladas de los conceptos “Suministro e instalación de unidad fluorescentes…” son de 302, 79 y 32 piezas respectivamente; sin embargo, se pagaron cantidades de 379, 101 y 35 piezas, por lo que existe una diferencia de 77, 22 y 3 piezas equivalente a un importe de 225.8 miles de pesos. Por lo anterior, la ASF emitió una Solicitud de Aclaración para que el ISSSTE proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 225.8 miles de pesos, más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, porque la diferencia que existe entre las piezas instaladas de luminarias y las pagadas por la entidad fiscalizada, con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. Omisión en la aplicación de penas convencionales. De la revisión al programa físico financiero de la obra del contrato de obra correspondiente a la construcción del Hospital General de Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas, se observó que las residencias de obra y de supervisión externa omitieron aplicar una sanción por un importe de 21.0 miles de pesos, debido a un atraso en la conclusión de la obra, misma que a la fecha de la visita en septiembre de 2017, solo presentaba un avance físico financiero del 85% y 71.8%, respectivamente. De tal forma, que a ASF emitió una Solicitud de Aclaración Para que el ISSSTE proporcione la

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documentación justificativa o comprobatoria de 21.0 miles de pesos, en virtud de que la residencia de obra omitió aplicar una sanción por incumplimiento de la terminación de obra, con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. Falta de supervisión a las obras contratadas. Con la visita de inspección física a los trabajos de la obra de Construcción del Hospital General Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas, se constató que la entidad fiscalizada pagó 1,689.2 miles de pesos en la actividad “verificación de cumplimiento de calidad” a la supervisión externa; sin embargo, no existe evidencia documental que compruebe que se realizó la actividad, observándose que algunos trabajos de la obra presentan deficiencias de calidad, como son muros divisorios de madera y marcos de aluminio, sellos en puertas en mal estado, vidrios rotos en fachadas, puertas de quirófanos, ensambles de las piezas en los muros de los mismos, plafones con deterioro y escalones despostillados; además, la ASF pudo comprobar que sólo se había efectuado el suministro e instalación de equipos, sin que se hubieran realizado pruebas y puesta en marcha de dichos equipos. Al respecto, la ASF emitió una Solicitud de Aclaración para que el ISSSTE proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 1.3 millones de pesos, más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación, en virtud que la entidad fiscalizada informó que aplicará la deductiva de dicho monto en las estimaciones núms. 9-Ad2-Ad-1, 10-Ad2-Ad-1 y 11-Ad2-Ad-1, y que a la fecha del presente dictamen no acreditó el reintegro a la TESOFE del importe observado por la ASF, la cual será cubierta al concluirse el proceso de pago de dichas estimaciones, con cargo en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado. Dictamen. La ASF concluyó que, en términos generales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cumplió las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos antes señalados. Número de Observaciones: 5; Número de Acciones: 5 SA. Recuperaciones determinadas: 10.5 millones pesos; Operadas: 0.0; Probables: 10.5 millones de pesos. Revisiones realizadas a otras Cuentas Públicas En la tercera entrega de informes individuales correspondientes a la Cuenta Pública 2016, la ASF realizó 2 auditorías derivadas de denuncias fundadas documentalmente, de conformidad con lo establecido en el Titulo Cuarto “De la Fiscalización durante el Ejercicio Fiscal en Curso o de Ejercicios Anteriores”, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Con dictamen de procedencia de fecha 14 de marzo de 2017 la ASF autorizó la realización de dichas auditorías a Radio y Televisión Hidalgo, para la revisión de las Cuentas Públicas 2014 y 2015 respecto a los Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios.

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A continuación, se presenta un resumen de los principales hallazgos encontrados en las auditorías. Radio y Televisión de Hidalgo. “Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios en el Ejercicio 2014”. Auditoría Forense, No. D17012 Criterio de Selección. La selección se sustentó en las evidencias de una denuncia fundada documentalmente, así como entre otros elementos y factores los montos y variaciones de recursos presupuestales ejercidos por el ente a fiscalizar y la relevancia de su operación programática e institucional. Objetivo. Fiscalizar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. Alcance. El monto de 353.5 millones de pesos que corresponden a 3 convenios específicos y sus anexos de ejecución del convenio general suscrito por Radio Televisión de Hidalgo con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Antecedentes Durante cinco años consecutivos se han desviado recursos públicos por un monto de 4 mil 749.7 millones de pesos de la Cuenta Pública de los años 2012 a 2015 y 2 mil 131 millones de pesos de la CP 2016. Esta situación se asocia a irregularidades observadas de manera recurrente al realizar adjudicaciones directas con universidades públicas, otros institutos de educación superior o con dependencias y entidades de gobiernos estatales para adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, estudios técnicos y supervisión; programas de desarrollo social, agrario o territorial, sin cumplir con los requisitos mínimos de control requeridos. La ASF ha emitido diversas acciones preventivas y correctivas que no han surtido los efectos buscados. Se continúa con prácticas irregulares en las que prevalece la simulación de operaciones con empresas subcontratadas que no cuentan con las capacidades para producir los bienes. En otros casos son proveedores ficticios que con frecuencia comparten los mismos domicilios, apoderados y representantes legales. El esquema fraudulento se amplió en años recientes, lo cual se ha hecho del conocimiento de las autoridades competentes en materia de investigación delictiva, tributaria y prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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Resultados Pagos a proveedores pre determinados por SEDESOL por entregables realizados por la propia contratante. Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) suscribieron en 2014 convenios por un total de 353.6 millones de pesos al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y de su Reglamento que condiciona que las entidades contratadas cuenten con la capacidad de entregar el bien o prestar el servicio requerido. Situación que no ocurrió pues RTH no llevó a cabo de manera directa actividad alguna. RTH subcontrató a 34 proveedores para la ejecución de los servicios convenidos con la Secretaría, a los que les pagó 334.3 millones de pesos. La diferencia se quedó como utilidad de RTH, un concepto de gasto no considerado en los convenios. Los proveedores fueron contratados sin atender las disposiciones establecidas en la LAASSP. El entonces Subdirector de jurídico y apoderado legal, el ex Director Jurídico, y el Subdirector de Contenidos, todos de RTH, manifestaron que acudieron el 1 de abril de 2015 a las oficinas de la SEDESOL en la Ciudad de México para reunirse con la entonces Directora de Área en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales adscrita a la SEDESOL, para firmar un convenio general y su anexo técnico, y tres convenios específicos y sus respectivos anexos técnicos de ejecución, los cuales se detallaron en párrafos anteriores. En dicha reunión se firmaron 48 contratos relacionados con los 34 proveedores que supuestamente prestaron los servicios a Radio y Televisión de Hidalgo. Estos contratos les fueron proporcionados en ese momento por la ya mencionada Directora de Área de SEDESOL. Dicha servidora pública ordenó al entonces Subdirector de Contenidos que recibiera las cajas que contenían los entregables ya elaborados (evidencia documental de la ejecución de un trabajo o servicio) que supuestamente debían ser generados por las personas morales y físicas contratadas. Se desprende que la secretaría ya contaba con los trabajos a que aludían los tres convenios, que la contratación fue una simulación y que los trabajos no fueron realizados por los proveedores. No obstante que el convenio general y los específicos están fechados en 2014 no fue sino hasta el 1 de abril de 2015 cuando se materializaron las firmas de los documentos por parte de los funcionarios de RTH; esto es concluida la vigencia de los mismos. Dispersión de recursos hacia empresas irregulares. De las visitas domiciliarias y solicitudes de información a los 34 proveedores, se desprende lo siguiente: 12 personas morales y una persona física no fueron localizadas en los domicilios tanto fiscal como en los que se consignan en sus facturas emitidas a favor de RTH, por un importe de 171 millones de pesos; cinco personas morales no proporcionaron la información y documentación solicitada por un importe de 79.3 millones de pesos; cinco personas morales y una persona física no proporcionaron la

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información relativa a los entregables y el detalle de los costos incurridos para la ejecución de los contratos por un importe de 26.2 millones de pesos. Nueve personas morales transfirieron los recursos a otras empresas ajenas a los trabajos encomendados por un importe de 54.3 millones de pesos y una persona moral no fue visitada por un importe de 3.5 millones de pesos. La mayoría de estas empresas emitieron comprobantes fiscales que ampararon operaciones para los cuales no contaban con los activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios contratados. Se puede concluir que los convenios suscritos entre la SEDESOL y RTH, así como entre ésta y los proveedores, únicamente fueron el mecanismo para justificar los pagos con cargo al erario federal, en razón de que ni RTH ni la mayor parte de las empresas y personas físicas que se vieron beneficiadas con los recursos federales participaron en la elaboración de producto o servicio alguno en favor de la SEDESOL. Refuerza lo anterior el hecho de que no existe documentación que contenga, con las formalidades requeridas, la entrega de los trabajos por parte de los proveedores a RTH.

Posterior re concentración de recursos a 10 empresas principales. De los 334.3 millones de pesos que RTH depositó a los 34 proveedores, 210.7 millones fueron a su vez transferidos principalmente a las 10 empresas siguientes: Recuperaciones Probables: 353.6 millones de pesos. Resumen de Observaciones y Acciones: Se determinaron 2 observaciones que generaron 1 Recomendación, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones. Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió oficio para solicitar o promover la intervención de la instancia de control competente con motivo de 1 irregularidad detectada.

DE PROVEEDORES CONTRATADOS POR RTH (Miles de pesos)

Empresas Importe

Comercializadora Devolviendo Confianza, S.A. de C.V. 64,407.1 Servicio Panamericano de Protección, S.A. de C.V. 37,788.0 Servicios Arroba.com, S.A. de C.V. 25,509.8 Harmeless Invention México, S.A. de C.V. Sofom E.N.R.L. 19,886.0 Banco Monex, S.A. 16,493.4 Publicidad Royalti, S.A. de C.V. 14,182.4 Icreando, S.A. de C.V. 9,645.1 CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple. 9,022.2 F&F Commercial Services, S.A. de C.V. 8,379.5 MYM Logística, S.A. de C.V. 5,367.0

Suma 210,680.5

FUENTE: Del análisis de información proporcionada por una autoridad gubernamental.

RELACIÓN DE EMPRESAS QUE RECIBIERON RECURSOS

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Dictamen. Radio y Televisión de Hidalgo no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; suscribió contratos que sirvieron para la distribución irregular de recursos públicos. No existe evidencia de que las empresas vinculadas hayan realizado trabajo o servicio alguno a favor de RTH o de SEDESOL. Radio y Televisión de Hidalgo. “Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios”. Auditoría Forense. No. D17002 Criterios de Selección. La selección se sustentó en las evidencias de una denuncia fundada documentalmente, así como entre otros elementos y factores los montos y variaciones de recursos presupuestales ejercidos por el ente a fiscalizar y la relevancia de su operación programática e institucional. Objetivo. Fiscalizar los recursos públicos recibidos mediante contratos, convenios y anexos técnicos, celebrados con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo de diversos proyectos, adquisiciones y otros servicios. Alcance. El monto de un convenio general de colaboración y tres convenios específicos suscritos entre Radio y Televisión de Hidalgo –RTH-, y la Secretaría de Desarrollo Social –SEDESOL-, en el ejercicio 2015 por 601.7 millones de pesos. Antecedentes Durante cinco años consecutivos se han desviado recursos públicos por un monto de 4 mil 749.7 millones de pesos de la Cuenta Pública de los años 2012 a 2015 y 2 mil 131 millones de pesos de la CP 2016. Esta situación se asocia a irregularidades observadas de manera recurrente de realizar adjudicaciones directas con universidades públicas, otros institutos de educación superior o con dependencias y entidades de gobiernos estatales para las adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, estudios técnicos y supervisión; programas de desarrollo social, agrario o territorial, sin cumplir con los requisitos mínimos de control requeridos. La ASF ha emitido diversas acciones preventivas y correctivas que no han surtido los efectos buscados. Se continúa con prácticas irregulares en las que prevalece la simulación de operaciones con empresas subcontratadas que facturan una presunta prestación de servicios y la entidad pública local que supuestamente los recibe de conformidad. Los proveedores subcontratados no cuentan con las capacidades para producir los bienes. En otros casos son proveedores ficticios que con frecuencia comparten los mismos domicilios, apoderados y representantes legales.

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El esquema fraudulento se amplió en años recientes, lo cual se ha hecho del conocimiento de las autoridades competentes en materia de investigación delictiva, tributaria y prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Resultados Pagos a proveedores pre determinados por SEDESOL por entregables realizados por la propia contratante. Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) suscribieron en 2015 convenios por 601.7 millones de pesos mediante el régimen de contratación establecido por el artículo 1, párrafo quinto, de la LAASSP. Conforme a lo establecido en la Ley, RTH manifestó contar con la capacidad para entregar el bien o servicio requerido; situación que no ocurrió pues en los hechos no llevó a cabo actividad alguna. No obstante, la SEDESOL le pago en 2015 el monto arriba mencionado. RTH subcontrató, sin sujetarse a las disposiciones normativas, a 27 proveedores para la supuesta ejecución de los servicios convenidos a los que les pagó 567.6 millones de pesos, el 94.3% del importe pagado por la SEDESOL. La diferencia de 34.1 millones de pesos la retuvo como utilidad, concepto no considerado en los convenios suscritos. Los entonces Subdirector Jurídico y actual Director Jurídico, y al Subdirector de Contenido en RTH manifestaron que el 27 de mayo de 2015 acudieron a las oficinas de la SEDESOL en la Ciudad de México para reunirse con la entonces Directora de Área en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, para llevar a cabo la firma de los convenios referidos. En esa ocasión se firmaron contratos que se encontraban ya elaborados en esas oficinas, con 27 proveedores pre determinados por SEDESOL. En esa reunión, la señalada servidora pública de la SEDESOL instruyó al entonces Subdirector de Contenidos de RTH para que firmara en calidad de testigo los contratos de los 27 proveedores; así mismo, ordenó que recibiera dos cajas que contenían los entregables ya elaborados, que supuestamente debía generar RTH, a través de los proveedores. Con lo que se acredita que la contratación se basó en una simulación para la prestación de servicios, así como que los trabajos no fueron realizados por los proveedores. El Ex Director de Coordinación Financiera y Planeación en RTH manifestó que, una vez que la entonces Directora de Área en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales adscrita a la SEDESOL le informaba vía telefónica que ya habían sido depositados a la cuenta de RTH y, como ya contaba con las facturas de las personas morales y físicas que previamente le mandaba, él realizaba los pagos vía transferencia a cada una de ellas. Con este modus operandi 27 proveedores recibieron recursos públicos por servicios que no realizaron.

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Proveedores inexistentes y/o que no cumplen obligaciones fiscales. De las visitas domiciliarias, solicitudes de información y la situación ante el SAT de los 27 proveedores se desprende lo siguiente: 5 personas morales y una persona física no fueron localizadas en los domicilios fiscales correspondientes y que se consignan en sus facturas emitidas a favor de RTH por 334.5 millones de pesos; 3 personas morales no proporcionaron la información y documentación solicitada por un importe de 15.8 millones de pesos; 8 personas morales y 1 persona física no proporcionaron la información relativa a los entregables y el detalle de los costos incurridos para la ejecución de los contratos por un importe de 108.8 millones de pesos y 9 empresas no obstante que cumplieron en su totalidad con la entrega de la información transfirieron los recursos a otras empresas ajenas a los trabajos encomendados por 108.4 millones de pesos. Ninguno de los 27 proveedores demostró haber realizado los servicios contratados mediante la entrega de los testigos físicos y no existe documentación que contenga, con las formalidades requeridas, la entrega de los trabajos por parte de los proveedores a RTH. Los proveedores contratados por RTH retransfirieron el grueso de los recursos a doce empresas principales. RTH depositó a los 27 proveedores un total de 567.6 millones de pesos. De los cuales 368.8 millones de pesos fueron retransferidos por diversos proveedores a las siguientes 12 empresas principales:

RELACIÓN DE EMPRESAS QUE RECIBIERON RECURSOS DE LOS PROVEEDORES CONTRATADOS POR RTH EN EL 015.

(Miles de pesos)

NOMBRE IMPORTE

Comercializadora Devolviendo Confianza, S.A. de C.V. 90,691.6 Cometra Servicios Integrales, S.A. de C.V. 85,370.4 Comercializadora Telaraña, S.A. de C.V. 47,578.2 Fundidora Maya, S.A. de C.V. 21,244.0 Banco Monex, S.A. 20,693.1 CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple. 19,952.9 Helger Mercadotecnia y Publicidad, S.A. 15,950.0 Servicios Corpufalicite, S.A. de C.V. 15,150.0 Derclip, S.A. de C.V. 14,253.6 Plott Company, S.A. de C.V. 14,195.4 Comercializadora Minisol, S.A. 13,733.6 Overjob, S.A. de C.V. 9,970.6

IMPORTE 368,783.4 FUENTE: De la información y documentación proporcionada por la instancia gubernamental.

Recuperaciones Probables: 601.6 millones de pesos. Resumen de Observaciones y Acciones: Se determinaron 2 observaciones que generaron 1 Recomendación, 1 Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones.

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Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitieron oficio para solicitar o promover la intervención de la instancia de control competente con motivo de 2 irregularidades detectadas. Dictamen. Radio y Televisión de Hidalgo no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; suscribió contratos por el 100.0% de los servicios convenidos con la SEDESOL por 567.5 millones de pesos que sirvieron como vía para la distribución irregular de los referidos recursos.

5.3. Desarrollo Económico Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación SAGARPA. “Evaluación de la Política Pública de PROAGRO Productivo”. Evaluación de Política Pública, Auditoría Estudio, No. 1785. Deficiencias en el diseño de la política pública. Inadecuada definición de la población objetivo en las Reglas de Operación, dado que en las

leyes y reglamentos analizados no se señalan las Unidades Económicas Rurales Agrícolas (UERA) como beneficiarios, sino los productores agrícolas.

No se señala la temporalidad, objetivos o metas de los apoyos otorgados, lo que no permite

definir objetivos adecuados para la atención del problema público, aunado a la carencia de un diagnóstico.

No se da seguimiento, ni se evaluaron los efectos que los subsidios propiciaron en la

productividad de la superficie apoyada, y por tanto, en los ingresos de los productores beneficiados.

No se establecieron estrategias específicas para atender cada uno de los estratos señalados

en las reglas de operación, lo cual resulta una necesidad, ya que el problema que presentan los productores de autoconsumo, no es el mismo que el de transición o comercial.

En relación con las auditorías y evaluaciones realizadas tanto a PROAGRO Productivo, como

a su antecedente PROCAMPO, se determinó que han operado sin considerar las sugerencias y recomendaciones señaladas por la ASF en esos documentos para mejorar su desempeño y transparentar su operación, todo lo cual ha comprometido la implementación de la política.

No existe una metodología para medir el incremento de la productividad del sector agrícola. Desde la implementación de la política en 1994 hasta 2016, no se contó con una metodología que permita medir y conocer el nivel de productividad del sector, y en qué medida fue imputable al PROAGRO Productivo, y a su antecedente PROCAMPO.

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Deficiencias en la metodología que mide el nivel de productividad del sector agrícola. En 2017, la SAGARPA remitió la “Metodología de Evaluación de Resultados de Impacto. Proyecto de Acompañamiento Técnico a los productores de PROAGRO Productivo”. Sin embargo, con base en la información proporcionada y los indicadores señalados, no fue posible determinar los efectos de la política en las UERA beneficiadas (productores), puesto que no se estableció en los indicadores ni en su método de cálculo los parámetros que serían utilizados para evaluar que los avances detectados corresponden específicamente a la política de PROAGRO Productivo; además, señala la ASF, la SAGARPA no estableció la fecha de inicio de implementación de dicha metodología. Se desconoce el impacto del programa en el incremento del valor de la producción y de la productividad. Debido a la carencia de una metodología que permita medir el nivel de cumplimiento de la política, no fue posible determinar de manera precisa el incremento en el valor de la producción que representó la política pública, ni en qué medida se incrementó la productividad del sector. Incremento de los ingresos económicos de los productores no fue resultado del programa. El programa PROAGRO Productivo no contribuyó a elevar el nivel de ingresos de los productores, ya que éstos disminuyeron año con año; el aumento en el ingreso de los hogares rurales, obedece a otras variables macroeconómicas y no a la implementación del PROAGRO Productivo. Se desconoce la contribución de la actividad agrícola en el PIB sectorial. No fue posible determinar en qué medida el otorgamiento de incentivos se vinculó con el incremento de la productividad del sector, ni su contribución al desarrollo económico del país. Aun cuando el sector ha evolucionado favorablemente (su producto interno bruto así lo demuestra), la SAGARPA no cuenta con datos específicos para conocer cuáles son los estratos que han propiciado dicho comportamiento; además se desconoce el avance que han presentado los productores agrícolas beneficiados. SAGARPA. “Programa de Fomento a la Agricultura. Componente Tecnificación de Riego”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0289. Modificaciones al presupuesto del programa sin autorización de la SHCP. La ASF constato que la dependencia no contó con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para las modificaciones que se efectuaron al presupuesto original. Duplicidad en el otorgamiento de apoyos. La ASF comprobó que se otorgaron apoyos duplicados a tres proyectos por los mismos conceptos por 311.1 miles de pesos. Pagos improcedentes. Se efectuaron pagos improcedentes a beneficiarios por 7.899 millones de pesos por no ser elegibles, o bien, por tratarse de apoyos superiores que los establecidos.

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Títulos de Concesión no registrados en el Registro Público de Derechos de Agua. La ASF detectó que 134 beneficiarios presentaron "Títulos de Concesión" para acreditar la autorización de uso de agua, los cuales no se encuentran registrados en la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua. Falta de documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos. Los beneficiarios de 163 proyectos no presentaron la documentación comprobatoria que compruebe la aplicación de recursos por 87.246 millones de pesos. No se aplicaron los recursos conforme a lo autorizado. Se otorgaron recursos que no se aplicaron de conformidad con lo autorizado por 3.964 millones de pesos. Comprobación de la aplicación de los recursos con comprobantes fiscales cancelados. Para acreditar la aplicación de los recursos recibidos, los beneficiarios presentaron comprobantes fiscales cancelados y, en otros casos, se emitieron comprobantes fiscales de egresos (notas de crédito) que anularon o disminuyeron el importe de los comprobantes presentados en los proyectos por un monto de 44.999 millones de pesos. Celebración de convenios de colaboración con universidades que no cuenta con la capacidad técnica, material y humana. La SAGARPA celebró un Convenio de Colaboración con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México (FONDICT-UAEM), que no cuenta con la capacidad técnica, material y humana necesaria, ya que subcontrató todos los servicios para cumplir con las obligaciones pactadas; además, no proporcionó la documentación comprobatoria que acreditara el ejercicio de recursos por 7.798 millones de pesos, aunado a que fue la misma SAGARPA quien le indicó a la universidad las partidas de gasto en las que debía ejercer los recursos, las características de los bienes y servicios por arrendar o adquirir, así como las personas que consideró idóneas como prestadores de servicios profesionales, por lo que le especificó el nombre, periodo de servicio, nivel y percepción mensual. Número de observaciones: 9; Número de acciones: 20 (3 R; 6 PRAS; 11 PO) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 152.2, Operadas: 0.0, Probables: 152.2 SAGARPA. “Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria: Componente Desarrollo Productivo Sur Sureste”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0295. Falta de documentación justificativa y comprobatoria de los apoyos otorgados. No se cuenta con el soporte documental de la aplicación de 216.951 millones de pesos que fueron reportados como ejercidos. Pagos improcedentes. Se realizaron pagos improcedentes por 17.096 millones de pesos a beneficiarios que no eran elegibles por tratarse de apoyos mayores que los establecidos, o bien, por no encontrarse sustentados en los expedientes que acrediten su elegibilidad.

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No se aplicaron los recursos conforme a lo autorizado. Se otorgaron recursos que no se aplicaron de conformidad con lo autorizado por 40.360 millones de pesos. Celebración de convenios de colaboración no justificados. Se celebró un Convenio de Colaboración con la Universidad Tecnológica de Salamanca con el fin de conjuntar trabajos y recursos para ejecutar las acciones de dispersión de incentivos del componente "Desarrollo Productivo Sur Sureste" sin acreditar los criterios o bases en los que se justificó la necesidad de celebrar dicho convenio. Número de observaciones: 5; Número de acciones: 18 (5 R; 4 PRAS; 9 PO) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 274.4, Operadas: 0.0, Probables: 274.4 SAGARPA. “Programa de Apoyos a Pequeños Productores: Componente PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café”. Auditoría Forense, No. 0283. Falta de comprobación ante las instancias ejecutoras de los recursos otorgados. La ASF constató que organizaciones y proveedores recibieron en forma directa recursos del subsidio, que no comprobaron a través de las instancias ejecutoras Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C. (AMECAFÉ), Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la propia unidad responsable por medio de las delegaciones estatales, el importe de 325.859 millones de pesos. Adquisición de insumos de proveedores que no forman parte del portafolio autorizado. La ASF constató que se adquirieron insumos por 82.810 millones de pesos, con empresas que no están en el portafolio de proveedores autorizados por la SAGARPA, el cual fue publicado en el portal de la secretaría. No se tiene la certeza de que los bienes se entregaron a los productores. Reintegros a la TESOFE pendientes de realizar. La ASF constató que existen reintegros pendientes de realizar a la Tesorería de la Federación por la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C. y el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA) por 13.760 millones de pesos. Número de observaciones: 15; Número de acciones: 21 (2 R; 4 PEFCF; 1 PRAS; 14 PO) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 445.4, Operadas: 0.0, Probables: 445.4 SAGARPA. “Programa de Fomento a la Agricultura: Componente Innovación Agroalimentaria”. Auditoría Forense, No. 0286. Falta de documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos. La ASF constató que la Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico de la SAGARPA (DGPDT) no comprobó ni justificó la aplicación de los recursos por 82.624 millones de pesos, del Componente que le fueron asignados directamente, así como de los recursos no ministrados a los beneficiaros del Componente, ni de los productos financieros que se generaron.

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Falta de suscripción de las actas de cierre-finiquito. La ASF constató que la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C. (COFUPRO) no ha suscrito las respectivas actas de cierre finiquito con 17 beneficiarios del Componente de Innovación Agroalimentaria 2016, por un monto de 67.348 millones de pesos. No se acreditan el total de recursos destinados a gastos de operación. La ASF comprobó que ni la COFUPRO ni la Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C. (CCRC), acreditaron el total de los recursos que les fueron asignados para gastos de operación, para la unidad técnica operativa y la supervisión, respectivamente, por un total de 43.296 millones de pesos. Realización de pagos a proyectos inconclusos. En las visitas domiciliarias que realizó la ASF a 32 beneficiarios con 35 proyectos en siete estados, se constató que los beneficiarios no cumplieron en tiempo y forma con la ejecución de los proyectos que les fueron autorizados, por lo que la mayoría de los proyectos no están concluidos: 3 de Yucatán por 45.268 millones de pesos; 5 beneficiarios con 6 proyectos en Querétaro por 50.381 millones de pesos; 3 beneficiarios con 5 proyectos en Chihuahua por 21.118 millones de pesos; 2 de Nayarit por 23.150 millones de pesos, 6 de Jalisco por 47.744 millones de pesos, 9 de CDMX por 108.107 millones de pesos; y 3 de Chiapas por 31.600 millones de pesos. Beneficiarios no forman parte de la población objetivo. La ASF detectó que algunos beneficiarios no forman parte de la población objetivo del Componente, y ninguno generó beneficios en las unidades económicas rurales agrícolas a las que pretendía apoyar el Programa. Uso de los recursos otorgados a otros fines. La ASF comprobó que un beneficiario de CDMX, al cual se le ministraron recursos por 9.230 millones de pesos, los utilizó para fines distintos de los establecidos en el Componente, con la participación de la Instancia Ejecutora COFUPRO con quien suscribió un Programa Operativo de Cooperación Técnica, con la anuencia de la SAGARPA. Falta de transparencia y de rendición de cuentas de los recursos otorgados. La ASF comprobó que ni la COFUPRO, ni la CCRC, que fungieron como Instancia Ejecutora y Unidad Técnica Operativa y Supervisora, respectivamente, del Componente de Innovación Agroalimentaria 2016, realizaron una correcta rendición de cuentas, ni transparentaron la aplicación de los recursos que les fueron transferidos por la SAGARPA, del Componente. Falta de supervisión de la SAGARPA a las instancias ejecutoras. La ASF comprobó que la Unidad Responsable no supervisó los trabajos prestados por la COFUPRO y por la CCRC, ya que en ambos casos se comprobaron incumplimientos sistemáticos en relación con las disposiciones de fondo y forma con respecto al ACUERDO por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA para el ejercicio 2016, así como de los respectivos Convenios de Concertación que suscribieron con la secretaría. Número de observaciones: 11; Número de acciones: 19 (2 R; 4 PRAS; 13 PO) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 596.7, Operadas: 66.8, Probables: 529.9

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SAGARPA. “Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria: Componente Productividad Agroalimentaria”. Auditoría Forense, No. 0296. Comprobación de la aplicación de los recursos con documentación alterada. La ASF constató que los beneficiarios del programa presentaron documentación presuntamente alterada para acreditar su aportación o comprobar la aplicación de los recursos, tanto del subsidio como de su propia aportación por 128.421 millones de pesos. Se utilizó un presunto esquema de simulación de operaciones bancarias para acreditar su aportación o aplicación de los recursos del subsidio. Falta de documentación comprobatoria y justificativa de los apoyos otorgados. La ASF comprobó que los beneficiarios del programa no presentaron la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación de los recursos y, en algunos casos, se constató que no se han concluido las obras o las acciones de los proyectos por un monto de 174.310 millones de pesos. Número de observaciones: 9; Número de acciones: 17 (2 R; 4 PEFCF; 9 PO; 2 M) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 302.7, Operadas: 0.0, Probables: 302.7 Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA). “Contratos de Servicios Suscritos con Terceros a través de los Conceptos Presupuestales 3200 Servicios de Arrendamiento y 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios". Auditoría Forense, No. 1872. Otorgamiento de recursos sin comprobar la ejecución de los servicios contratados. La ASF constató que la dependencia no comprobó fehacientemente la ejecución de los servicios contratados por 2.552 millones de pesos, consistente en la elaboración de un diagnóstico operativo de los procesos en las Direcciones Regionales Noroeste, Centro Sur e Istmo; aunado a que la mayor parte del diagnóstico (entregable) consta de transcripciones y citas textuales de diferentes fuentes de información, por lo que se concluye que no es de la autoría del proveedor contratado. Falta de documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación de los recursos. La ASF comprobó que la dependencia erogó recursos por 60.9 millones de pesos por concepto de procesamiento analítico de información, generación y administración de archivos y verificación documental, sin exigir al proveedor del servicio evidencia justificativa y comprobatoria de la ejecución de dichos servicios. Los recursos públicos fueron erogados sin obtener el aprovechamiento y los beneficios esperados. Asimismo, el proveedor contratado no demostró haber realizado los servicios solicitados. Proceso de adjudicación de los servicios fuera de norma. El proceso de adjudicación de los servicios no fue evaluado por el Comité de Adquisiciones de ASERCA, lo que no permitió la correcta adquisición de servicios, control, vigilancia, fiscalización y evaluación de sus recursos materiales y financieros; esto provocó pagos y cobros injustificados, así como incapacidad para

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presentar la evidencia documental de la aplicación total de los recursos ministrados derivados de los contratos celebrados. Número de observaciones: 3; Número de acciones: 5 (1 R; 1 PEFCF; 1 PRAS; 2 PO) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 63.5, Operadas: 0.0, Probables: 63.5 Comunicaciones y Transportes SCT. “Construcción del Libramiento Poniente de Acapulco, La Venta-Bajos del Ejido, del Km 0+000 al Km 21+000, Mediante Terracerías, Obras de Drenaje, Pavimentos, Obras Complementarias, Viaductos, Entronques, Túneles, Estructuras y Señalamiento, en el Estado de Guerrero”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 1806. Mala calidad en los trabajos de obra. Trabajos ejecutados de mala calidad, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014. Pagos injustificados por diferencias con volúmenes de obra cuantificados. Diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto por 34.8 millones de pesos en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2014-12-CE-O-175-W-00-2014. Pagos en exceso por diferencias de volúmenes de obra cuantificados. Diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo cuantificado en el proyecto por 21.3 millones de pesos en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 2015-12-CE-O-126-W-00-2015. Pago de contratos de servicios no atienden términos de referencia comprometidos. Pago de servicios relacionados con la obra pública por 243.0 miles de pesos que no cumplieron con lo solicitado en los términos de referencia y especificaciones de los contratos de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 14-L-CF-A-017-Y-0-14 y 14-L-CF-A-018-Y-0-14. Número Observaciones: 19; Número Acciones: 19 (19 SA) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 52.3, Operadas: 0.0, Probables: 52.3 SCT.” Estación Don-Nogales, en el Estado de Sonora”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0318. Inexperiencia en materia de obra pública. Deficiente planeación y programación de los proyectos y programas de obras; deficientes estudios técnicos para conocer las condiciones existentes del terreno; inadecuada formalización de contratos y convenios; deficiente evaluación en propuestas económicas; no se puso a disposición de las empresas el sitio de los trabajos. Desconocimiento de la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma. Se omitió notificar a la Secretaría de la Función Pública, para que ésta aplicara sanciones e inhabilitaciones

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a empresas por no firmar el contrato respectivo; no se adjudicó un contrato de obra a la segunda propuesta declarada como solvente por lo que se realizó una nueva licitación. Deficiente administración de la obra. No se elaboraron programas de materiales, mano de obra maquinaria y equipo para soportar los convenios de diferimiento; falta de cancelación de propuesta por una deficiente evaluación económica por no ajustarse a los términos de referencia; deficiente uso y registro de los eventos importantes en la Bitácora Electrónica de obra; subcontratación de trabajos no permitidos en la convocatoria; mala calidad en la ejecución de conceptos de trabajos; Pagos improcedentes. La ASF detectó pagos improcedentes por un monto de 121.1 millones por pago de conceptos fuera de catálogo, entre otros. Número Observaciones: 30; Número Acciones: 41 (15 R; 20 SA; 6 PRAS) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 336.5, Operadas: 0.0, Probables: 336.5 CAPUFE. “Mantenimiento Mayor de la Autopista México-Puebla”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0343. Pagos injustificados por diferencias con volúmenes de obra cuantificados. Diferencia de volúmenes de obra por 15.6 millones de pesos. Pagos por conceptos no devengados. Por omisiones de la supervisión externa de la obra, no se acreditó la ejecución de las actividades incluidas en sus gastos indirectos por 2.6 millones de pesos, ya que se omitió incluir reporte fotográfico, actividades en banco de desperdicio y del equipo de seguridad vial. Pagos en exceso por falta de control en catálogo de conceptos. Pago de 809.5 miles de pesos, adicional al lote pagado y presupuestado en el catálogo, sin justificar su adquisición, ya que se había pagado la totalidad de dispositivos de señalamientos de protección de obra. Inexacta integración de precios unitarios en conceptos extraordinarios. Pago de 32.3 millones de pesos por la incorrecta integración de precios unitarios extraordinarios. Inobservancia en los términos de referencia de obra contratados. No se acreditó el cumplimiento de los términos de referencia y especificaciones particulares en los servicios de obra por 5.9 millones de pesos. Sobreestimaciones de precios unitarios. No se justificó el alcance de lo ofertado en los precios unitarios por 0.2 miles de pesos. Número Observaciones: 12; Número Acciones: 12 (2 SA; 10 PO) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 57.6, Operadas: 0.0, Probables: 57.6

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GACM. “Administración de Recursos para los Gastos de Operación”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0352. Omisiones en la regularización de la tierra para el nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México. No se evidenció el seguimiento de la adquisición de parcelas, pago de avalúos, gastos y honorarios notariales, ni el reintegro en tiempo y forma de los recursos transferidos a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Comisión Nacional de Agua mediante acuerdos, por 88.0 millones de pesos y 122.0 miles de pesos, respectivamente. Deficiente manejo en la estructura del personal. Se liquidó a un trabajador de estructura, lo recontrataron al día siguiente, como eventual con un puesto menor, y lo volvieron a liquidar 44 días después, por un importe neto de 237.3 miles de pesos. Omisiones a la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma. Se careció de una fianza de cumplimiento por 191.5 miles de pesos y una de vicios ocultos; además, el importe de una fianza fue menor en 12.3 miles de pesos a lo establecido en el contrato. Falta de documentación comprobatoria de la recuperación realizada. Falta de evidencia de la recuperación en 2017 de 186.6 miles de pesos por pagos al INDAABIN en 2016, por servicios valuatorios cancelados de cinco parcelas. Número de Observaciones: 10; Número Acciones: 14 (10 R; 4 PRAS) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0 GACM. “Construcción de la Barda Perimetral para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0354. Deficiencias operativas en la administración de la obra. No se cuenta con los soportes de las aportaciones a la SEDENA efectuadas en las cuatro etapas, con cargo al convenio núm. 3; no se verificó que en el análisis, cálculo e integración de los costos indirectos de la SEDENA se incluya el 16.0% del IVA en la administración central, aun cuando dicho impuesto sólo procede en la compra de materiales; se detectaron errores aritméticos en la determinación del 16.0% del IVA de algunos materiales. Omisiones de la residencia de obra y de la empresa de supervisión externa. Se autorizó el depósito por la totalidad de los incrementos pactados en el convenio modificatorio núm. 3, sin verificar que sólo se debió asignar el 50.0% y que a reserva de acreditar el 40.0% de dicha asignación se aportaría el complemento de los recursos autorizados por etapa; la residencia de servicios formalizó el acta de extinción de derechos y obligaciones en el contrato de servicios núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-063/15 sin estar facultada; en el contrato de servicios núm. ITP-SRO-DCAGI-SC-063/15 se formalizó el tercer convenio modificatorio 200 días posteriores al plazo establecido. Número Observaciones: 5; Número Acciones: 5 (3 SA; 2 PRAS)

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Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0 Montos por aclarar (millones de pesos): 389.7 GACM. “Desarrollo de Ingeniería y Construcción de Subestaciones y Acometida Eléctrica del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0357. Deficiencias en la administración del proyecto. No se cumplió con el plazo señalado en el fallo para la firma del contrato, ya que se firmó hasta el 7 de octubre de 2016, 24 días naturales después de la fecha establecida; no se verificó que se acreditara en la propuesta de la contratista el cumplimiento del 50.0% de contenido nacional en materiales, mano de obra y equipo; no se cumplió con el plazo para la entrega del seguro de responsabilidad civil por el 3.0% del monto de la propuesta; no se puso a disposición de la contratista el anticipo pactado para el inicio de los trabajos, no obstante que la contratista garantizó los trabajos mediante las fianzas correspondientes. Atrasos en el proyecto por omisiones en el programa de obra. No se ha definido la ingeniería de detalle para la construcción de la cimentación de la galería de cables de potencia y dichos trabajos llevan un atraso del 49.0%, respecto al programa vigente. Número Observaciones: 2; Número Acciones: 2 (1 R; 1 SA) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0 Montos por aclarar (miles de pesos): Se determinaron 0.1. GACM. “Procesos de Contratación de la Construcción del Edificio Terminal, de la Torre de Control y de la Losa de Cimentación del Centro de Transporte Terrestre Intermodal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0362. Deficiencias en la administración del proyecto. Los dictámenes que sirvieron para el fallo no fueron firmados por los servidores públicos facultados para dicha actividad. Inexactitud en la determinación de costos indirectos de la obra. Se incluyó en los costos indirectos el rubro "construcción y conservación de caminos de acceso", no obstante que ya se habían considerado cargos por trabajos relacionados con caminos provisionales de acceso tanto para la losa del edificio terminal como para el contrato de pilotes; en la integración de los costos indirectos se consideró la prima por seguro todo riesgo, la cual sólo se acredita parcialmente; se consideró en los costos indirectos el rubro "Comunicación Social" el cual no corresponde a un gasto general necesario para la ejecución de los trabajos, no fue solicitado en la convocatoria ni en el formato entregado por la entidad fiscalizada. Omisiones en el proceso de adjudicación de servicios complementarios al proyecto. No se verificó que el licitante ganador incluyera en su proposición la partida sistemas especiales de telecomunicación de acuerdo con lo señalado en el catálogo de conceptos proporcionado en la página de compranet y en una junta de aclaraciones.

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Descoordinación entre los compromisos señalados en contratos con el programa de obra. No se verificó que en los contratos referentes a la construcción de losa de cimentación y de la construcción del edificio terminal, se considerara que el avance del primero condicionó el inicio de los trabajos del segundo; asimismo, para el contrato de hincado de pilotes para la torre de control, edificio terminal y el centro de transporte terrestre intermodal, los contratos para construcción de la losa de cimentación del centro de transporte terrestre y del edificio de la torre de control de tráfico aéreo, tampoco se consideró que el avance del primero condicionó el inicio de los trabajos de los otros dos, por ser actividades subsecuentes. Desatención de las empresas de supervisión externa de la obra. En la determinación de la cantidad de concreto no se descontó el volumen que ocupa el acero de refuerzo. Número Observaciones: 3; Número Acciones: 3 (1 R; 2 PRAS) Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0 GACM. “Realización de Proyectos, Gerencia, Estudios, Asesorías y Consultorías para la Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0363. Duplicidad en la determinación de costos indirectos de la obra. Se consideró un monto de 147.0 millones de pesos por diversos conceptos en la integración de los costos indirectos de dos contratos de servicios, sin verificar que éstos se incluyeron también como insumos en la integración de los precios unitarios de concurso. Inobservancia de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y su reglamento. No se aplicaron retenciones por un monto de 7.6 millones de pesos por atraso en la ejecución de los trabajos. Pagos en exceso por inexactitud del cálculo de ajuste de costos. Se pagó un monto de 59.0 millones de pesos por concepto de ajuste de costos, sin considerar que el cálculo es a partir del incremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de ejecución pactado; que se aplicará a los costos directos conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo por utilidad originales durante el ejercicio del contrato, conforme a la normativa. Pagos realizados sin comprobar la contraprestación de servicios contratados. Se pagaron 11.0 millones de pesos en servicios, sin considerar que con la documentación presentada no se comprobó la realización de éstos ni la participación del personal señalado en la integración del precio. Omisiones en la administración de la obra. Se autorizaron pagos por 809.9 miles de pesos sin verificar que el contratista consideró el día domingo tanto en el mes de trabajo de cada precio unitario como en el cálculo del factor del salario real; en un contrato de servicios se autorizaron

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pagos por 39.2 millones de pesos por concepto de acompañamiento durante el proceso de obra, sin considerar que la obra aún no comenzaba. Número Observaciones: 9; Número Acciones: 9 (1 R; 7 SA; 1 PO). Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 133.6, Operadas: 0.0, Probables: 133.6. GACM. “Sistema de Precarga e Instrumentación Geotécnica, Infraestructura, Estructura de Pavimentos y Obra Civil de Ayudas Visuales y para la Navegación de las Pistas 2 y 3 y Área de Túneles del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0364. Deficiencias en la gerencia del proyecto. Se detectó una interferencia en los alcances de los contratos de obra en la colocación de la segunda y tercera capas de tezontle y de la precarga. Inobservancia de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y su reglamento. No se pagaron los anticipos de los contratos de obra en los plazos establecidos. Duplicidad en los costos indirectos. En un contrato de servicios se consideró en la integración de su propuesta el concepto “Construcción de oficinas temporales destinadas al uso del personal de la residencia y la supervisión”, un rubro que también se incluyó en el costo indirecto. Pagos en exceso por considerar precios fuera de mercado. En el contrato de prueba al vacío se pagaron 1.3 millones de pesos en 3 conceptos referentes a la conformación de tezontle con precios fuera de mercado. Omisiones en la administración de la obra. Los contratos de obra se firmaron de manera extemporánea. Simulación de trabajos realizados. Se elaboraron los dictámenes técnicos para sustentar los convenios modificatorios, sin justificar las causas que les dieron origen. Omisiones en la administración de la obra. Se incluyeron dos costos diferentes para el mismo insumo en el precio unitario núm. 3.01 “Tezontle para la segunda capa”. Deficiencias en el cálculo de costos indirectos que elevan el precio total de la obra. En la integración de los costos indirectos de la pista 3 se incluyó el rubro de caminos de acceso, aun cuando ya se había considerado en los costos indirectos en el contrato de obra de la pista 2. Número Observaciones: 6; Número Acciones: 6 (3 R; 1 SA; 2 PRAS). Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 133.6, Operadas: 0.0, Probables: 133.6. Montos por aclarar determinados (millones de pesos): 1.3.

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GACM. “Trabajos Preliminares consistentes en: Carga, Acarreo y Descarga Fuera del Polígono de Material Existente Producto del Depósito de Demoliciones, Desperdicios y Desazolve; Drenaje Pluvial Temporal; y la Construcción del Campamento del GACM, en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0365. Incongruencia entre los compromisos señalados en contratos con el programa de obra. No existió congruencia entre los términos de referencia de los contratos de servicios y los periodos de ejecución de las obras que se supervisarían. Omisiones en la administración de la obra. Se realizaron pagos por un monto de 459.7 miles de pesos, sin verificar que el contratista consideró el día domingo tanto en el mes de trabajo de cada precio unitario como en el cálculo del factor del salario real. Deficiente supervisión externa de la obra. Se realizaron pagos por un monto de 3.5 millones de pesos, sin verificar que los trabajos ejecutados correspondieran a las especificaciones del proyecto ejecutivo; se realizaron pagos por un monto de 91.4 miles de pesos, sin verificar que los trabajos se correspondieran con lo indicado en el proyecto; se realizaron pagos por un monto de 206.0 millones de pesos, sin verificar que los volúmenes pagados coincidieran con las secciones de proyecto. Número de observaciones: 5; Número de acciones: 5 (1 R; 4 SA). Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 4.0, Operadas: 0.0, Probables: 4.0. Adicionalmente, existen 205.7 millones de pesos por aclarar. Economía Exportadora de Sal, S.A. de C.V. (ESSA) “Producción, Transportación y Comercialización de Sal”. Auditoría de Desempeño, No. 0374. Dudas sobre si la actividad de ESSA es prioritaria o no. En los términos de los artículos 25, 26 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es suficientemente claro si el objeto de creación de ESSA se corresponde con una actividad prioritaria; no obstante, las actividades de la empresa se asocian con la satisfacción de los intereses nacionales, tales como la exportación. Además, mediante su operación se conservan plazas de trabajo en la región de Guerrero Negro, Baja California Sur, y por medio de la comercialización de sal se generan ingresos para el país y, en particular, para esa región. Objetivos desvinculados del programa sectorial. La ASF constató que la paraestatal no vinculó sus objetivos con el PRODEMIN 2013-2018, formulado por la Secretaría de Economía como coordinadora del sector minería, en el que se establecen las directrices para el desarrollo de dicho sector.

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Metas por debajo de lo programado. En 2016, la atención de sus metas sobre la producción, transportación y comercialización de sal no se realizaron conforme a lo programado, ya que produjo el 88.8% (7,329.9 miles de toneladas métricas) de lo previsto y vendió el 82.6% de lo comprometido en ventas (8,500.0 miles de toneladas métricas); asimismo, las ventas representaron el 12.5% en el mercado internacional de exportación de sal, 2.7 puntos porcentuales por debajo de la meta de 15.2%. Baja participación en el mercado interno de la sal. En 2016, la paraestatal vendió en el mercado nacional 14.3 miles de toneladas métricas de sal, que representaron 0.4% de la atención de la demanda de ese mineral en México, estimada en 3,444.0 miles de toneladas métricas; el restante 99.6% fue cubierto por otras salineras del país. Carencia de avalúo para definir el monto a cubrir por el uso de puertos e instalaciones portuarias. En 2016, la paraestatal cubrió ante el Servicio de Administración Tributaria 14,094.2 miles de pesos por el uso de cuatro lotes mineros para la explotación de sal; pagó 479.9 miles de pesos por el aprovechamiento de dos áreas de la zona federal marítimo terrestre conforme a su obligación de pago; y sufragó 6,351.4 miles de pesos por el uso de puertos e instalaciones portuarias; sin embargo, para este último, careció del avalúo del Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para fijar adecuadamente el monto por cubrir. Disminución de indicadores financieros ponen en riesgo la generación de ganancias. En 2016, ESSA fue una empresa rentable, ya que su margen de utilidad neta fue de 11.2% al generar utilidades por 294,220.0 miles de pesos respecto de los 2,637,358.4 miles de pesos de ventas netas; el rendimiento sobre los activos fue de 6.9% al comparar los 294,220.0 miles de pesos de utilidad con los 4,249,816.0 miles de pesos de activo; y el rendimiento del patrimonio fue de 8.9%, toda vez que los 3,300,816.3 miles de pesos de los inversionistas generaron una utilidad neta de 294,220.0 miles de pesos. Sin embargo, en el periodo 2010-2016, se identificó que dichos indicadores financieros disminuyeron 4.8, 2.3 y 1.5 puntos porcentuales, respectivamente, por lo que de no tomar las medidas necesarias podría presentarse un riesgo en la generación de ganancias de la empresa. Precio de la sal menor a los fijados por las calificadoras internacionales. En 2016, ESSA utilizó como referencia los precios de venta final en los países a los que se exporta su producto, que oscilaron entre 34.2 y 42.4 dólares por tonelada; sin embargo, sus precios fueron entre 13.1 y 21.6 dólares menores a los determinados por una calificadora internacional, que los ubicó entre 47.3 y 64.0 dólares por tonelada, situación que pudiera afectar la competitividad de sus precios y tener efectos negativos en sus ingresos. No existe información relativa a la aprobación de los estados financieros. En 2016, no se identificó información relacionada con la aprobación de los estados financieros por parte de la asamblea de accionistas, y por tanto del decreto y pago de dividendos de ese año. En el periodo 2010-2015, no se identificaron acuerdos de la asamblea para el pago de los dividendos correspondientes a los ejercicios 2010, 2011 y 2015; los determinados como parte de los ejercicios 2012 y 2014 se pagaron, en tanto que al cierre del ejercicio 2016 permanecía un

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adeudo de 7,500.0 miles de pesos respecto de los de 2013, sin que la entidad indicara la fecha para saldar el pago. Debido a que ni la Asamblea de accionistas ni el Consejo de Administración fijaron en sus acuerdos una fecha para entregar los dividendos a los accionistas, no fue posible verificar la oportunidad de los pagos. Número de observaciones: 11; Número de acciones: 14 (14 RD). Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). “Fondo Nacional Emprendedor”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0371. Notificación extemporánea a los beneficiarios de la aprobación de los recursos. La ASF constató que en 54 proyectos, la notificación de aprobación a los beneficiarios y organismos intermedios se efectuó después de la fecha en que se suscribieron los convenios y de la fecha en que se les ministraron los recursos del apoyo. Uso de los recursos otorgados a otros fines. No se cancelaron 12 proyectos apoyados, ya que en 5 que recibieron recursos por 26.672 millones de pesos, los beneficiarios no utilizaron las cuentas bancarias de forma exclusiva para los recursos federales, y en 7 proyectos, por 54.142 millones de pesos, los beneficiarios realizaron transferencias de recursos a instrumentos de inversión. Además, no se justificó que durante el desarrollo de un proyecto se utilizaran recursos para la renta de vehículos para servidores públicos adscritos al INADEM. Inoportunidad en el entero de los rendimientos financieros generados y en el registro del informe final en el Sistema Emprendedor. El Instituto no requirió a un beneficiario el entero de los rendimientos financieros generados no obstante que contó con los recursos durante ocho meses y, posteriormente, desistió ejecutar su proyecto por 7.308 millones de pesos, y también de 36 proyectos, respecto de los cuales concluyó su periodo de ejecución el 30 de junio de 2017, y no le requirió de manera oportuna el cumplimiento de la obligación de registrar su informe final en el Sistema Emprendedor. No se enteró a la TESOFE de los rendimientos financieros generados. La ASF constató que el Instituto no enteró a la Tesorería de la Federación 1.335 millones de pesos de rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de 29 proyectos. Falta de comprobación del reintegro de recursos. No se acreditó que el beneficiario del proyecto realizó el reintegro por 7.752 millones de pesos solicitado por el INADEM. Falta de documentación comprobatoria de los recursos otorgados. No se proporcionó la documentación que sustente la utilización de los recursos por 52.599 millones de pesos de siete beneficiarios. Falta de documentación comprobatoria de la entrega de los recursos a los beneficiarios. Las entidades federativas de Baja California Sur y Durango no acreditaron la entrega de recursos a los beneficiarios de MIPYMES siniestradas por desastres naturales por 4.700 millones de pesos,

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y los estados de Campeche y Tabasco tampoco acreditaron la entrega de recursos a por 30.000 millones de pesos a MIPYMES afectadas por la situación petrolera que impactó de manera negativa en la actividad económica en esas dos entidades federativas. Falta de documentación comprobatoria de la aplicación de los recursos. El organismo intermedio Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua, responsable de la ejecución de 4 proyectos, al mes de septiembre de 2017 no acreditó la aplicación de 18.334 millones de pesos, ya que a octubre de 2017 sólo había reportado la atención a 164 microempresas de las 2,000 proyectadas. Otorgamiento de recursos a proyectos inconclusos. El organismo intermedio Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua no ha desarrollado seis proyectos mediante los cuales entregaría 2,551 equipos a microempresas por un monto de 25.439 millones de pesos; Falta de documentación comprobatoria de la entrega de apoyos. El organismo intermedio Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua, no acreditó la entrega de apoyos a 133 beneficiarios de 12 proyectos por 8.312 millones de pesos. No se enteró a la TESOFE de los rendimientos financieros generados. El organismo intermedio Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua no enteró a la Tesorería de la Federación de los rendimientos financieros generados por 187.7 miles de pesos. Falta de comprobación de la entrega de los servicios contratados. La ASF constató que en cuatro proyectos, no se acreditó la entrega de soluciones tecnológicas a beneficiarios por un monto de 13.521 millones de pesos, no obstante que los organismos intermedios habían cubierto pagos a los proveedores de más del 50.0% entre 10 y 5 meses antes, por lo que no hay congruencia entre el avance físico del proyecto reportado, con el pago a los proveedores que ejecutan los proyectos. Prórroga de ejecución de los proyectos sin tener facultades y de manera extemporánea. La ASF detectó que los servidores públicos integrantes del Comité de Seguimiento autorizaron la prórroga de 18 proyectos sin tener facultades para ello; asimismo, se recibió y autorizó una solicitud de prórroga 97 días después de haber concluido el periodo de ejecución del proyecto. Número de observaciones: 19; Número de acciones: 39 (19 R; 11 PRAS; 9 PO). Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 162.3, Operadas: 0.1, Probables: 162.2.

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Trabajo y Previsión Social Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT). “Crédito a Trabajadores”. Auditoría de Desempeño, No. 0381. Difusión limitada de los productos y servicios del INFONACOT. Existe una insuficiente capacidad adquisitiva de los trabajadores para obtener bienes y pagar servicios, debido entre otras causas, a que no conocen sus derechos laborales, entre ellos, el de la obtención de créditos accesibles; los trabajadores se limitan a solicitar información sobre los créditos; y existe una difusión limitada de los productos y servicios del crédito FONACOT. Falta de criterios para programar sus metas. De acuerdo con el indicador de cobertura “Trabajadores con un crédito”, se apoyó a 1,017,330 trabajadores, lo que representó el 101.7%, de la meta programada de 1,000,050 trabajadores acreditados y una cobertura del 5.5% respecto de la población objetivo de 18,582,543 trabajadores. En el indicador “Número de centros de trabajo acreditados” se registró a 7,174 centros de trabajo acreditados en el año, respecto de los 6,000 programados, lo que significó un avance del 119.6%; la cobertura en función de los centros de trabajo acreditados fue de 56,390, lo que representó el 19.0% respecto de los 296,644 centros de trabajo afiliados; sin embargo, el Instituto careció de criterios para programar sus metas respecto de la población atendida de número de trabajadores y centros de trabajo. Deficiencias en la promoción del ahorro. El INFONACOT utilizó medios como la difusión del cuadernillo “Acciones para cuidar el dinero” y folletos con temáticas de educación financiera y sobreendeudamiento, con el propósito de propiciar en el trabajador una cultura de ahorro mediante consejos prácticos para cuidar el dinero familiar; no obstante, no estableció metas, no acreditó contar con criterios para determinar las necesidades de información y temas que deben contener los medios utilizados, el número de publicaciones que se requieren, ni con un indicador para medir y conocer el efecto de dichas publicaciones en la población objetivo. Deficiencias para definir las metas relativas a la población atendida. De los 21,900.0 millones de pesos (mdp), el INFONACOT utilizó 8,448.9 mdp (38.6%), ubicándose dentro del límite de endeudamiento de 16,084.1 mdp autorizado por la SHCP, y mantuvo un crédito disponible al cierre del año por 13,451.1 mdp (61.4%), lo que evidenció que contó con liquidez para garantizar el acceso al crédito a 1,017,330 trabajadores; sin embargo, de la disponibilidad de la línea de crédito presentada en 2016 y del número de trabajadores apoyados (el 5.5% de la población objetivo) se considera que podría beneficiar con un crédito FONACOT a un mayor número de trabajadores, de contar con criterios para definir sus metas de población atendida. No existe fecha límite para que los patrones se afilien al INFONACOT. Respecto de la obligatoriedad de afiliación de los centros de trabajo, se constató que ésta se incrementó en un 49.2% promedio anual, al pasar de 59,864 centros de trabajo afiliados en 2012 a un total de 296,644 en 2016; no obstante, el instituto no implementó mecanismos de coordinación,

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supervisión y verificación en materia de afiliación de los centros de trabajo; no se establece en la Ley Federal del Trabajo (LFT) una fecha límite para que los patrones de los centros de trabajo cumplan con la obligación de afiliarse, y no se dispone de la aplicación de sanciones para los patrones que no cumplan con dicha obligación. Baja cobertura de afiliación obligatoria de los centros de trabajo. En 2016, el INFONACOT favoreció la capacidad adquisitiva de 1,017,330 trabajadores formales de 296,644 centros de trabajo afiliados, por un monto de 15,447.3 mdp; se otorgaron créditos al 5.5% de los trabajadores identificados como población objetivo; la cobertura de afiliación obligatoria de los centros de trabajo fue limitada, ya que en 2016, 56,390 centros de trabajo contaron con al menos un trabajador con un crédito, lo que representó el 19.0% de los centros de trabajo afiliados. Número de observaciones: 7; Número de acciones: 12 (12 RD). Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT). “Administración de la Cartera Crediticia Bursatilizada”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0380. Compromisos de pago no son reconocidos como deuda pública ni revelados en la Cuenta Pública. Por determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autoridad facultada para interpretar administrativamente la Ley Federal de Deuda Pública, los compromisos de pago correspondientes a este tipo de financiamiento no son reconocidos como deuda pública ni revelados en la Cuenta Pública, ya que al haber sido emitidos los certificados bursátiles por un banco comercial que actúa como fiduciario del fideicomiso privado, las obligaciones de pago no son responsabilidad del instituto sino del fideicomiso emisor de los títulos y por ello éstos no constituyen una deuda. Recomendación de la ASF. Se recomienda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, en su carácter de dependencia responsable de normar y administrar la información relativa a la deuda pública federal, evaluar la conveniencia de incorporar a esta última, las obligaciones de pago que se generen por organismos públicos descentralizados que obtengan recursos del público, mediante la utilización de vehículos financieros, como es el caso de fideicomisos privados, a los cuales se les asigne la responsabilidad de emitir títulos de deuda en el mercado, a cubrirse con el flujo de efectivo que generen los derechos de cobro cedidos sobre los activos fideicomitidos o bursatilizados de dichas entidades, ya que, se considera que se tienen las características y obligaciones de una deuda directa derivada de un crédito público. Número de observaciones: 1; Número de acciones: 1 (1 R). Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0.

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Medio Ambiente y Recursos Naturales Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). “Conducción de las Políticas Hídricas”. Auditoría de Desempeño, No. 0395. No existen instrumentos operativos para avanzar en la descentralización de la gestión hídrica. La CONAGUA signó convenios de concertación con el Colegio Mexicano de Especialistas en Recursos Naturales, A.C.; la Federación Nacional de Municipios, A.C., y la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, A.C., para favorecer la descentralización de la gestión de los recursos hídricos. Sin embargo, no acreditó que para 2016, suscribió convenios de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para favorecer, en el ámbito de su competencia, en forma sistemática y con medidas específicas, la descentralización de la gestión de los recursos hídricos. Deficiente conducción de la política hídrica nacional. La CONAGUA no documentó la coordinación con las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal para conducir la política hídrica nacional definida en el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018; la CONAGUA dispuso de la política hídrica nacional, la cual se sustentó en los 22 principios y los 8 instrumentos básicos definidos en la Ley de Aguas Nacionales, con objeto de fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, a fin de avanzar en la seguridad y sustentabilidad hídrica, mediante el ordenamiento y regulación en el uso del agua en cuencas y acuíferos. Carencia de estrategias sistémicas en la planeación e integración de la política hídrica. Debido a que el agua es un asunto de seguridad nacional, en la programación de la política hídrica nacional se definieron seis objetivos nacionales, los cuales se vincularon con la operación de 21 programas presupuestarios; sin embargo, la CONAGUA no contribuyó a eliminar el problema público por lo que persiste la carencia de estrategias sistémicas en la planeación e integración de la política hídrica que impide una gestión coordinada y efectiva del agua. Lo anterior, pone en riesgo el abasto para 119, 530,753 mexicanos en el país. Número de observaciones: 4; Número de acciones: 4 (4 RD). Comisión Nacional del Agua. “Gestión Integral y Sustentable del Agua: Administración del Agua”. Auditoría de Desempeño. No. 0410. Deficiente administración de las aguas nacionales. En el otorgamiento e inscripción de los títulos de concesión y asignación en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), la CONAGUA notificó 148,353 resoluciones de trámites y títulos inscritos, lo que significó un avance del 99% respecto de la meta de realizar (149,778 trámites); recibió 19,640 solicitudes para el otorgamiento de títulos de concesión y asignación, de las cuales atendió 15.7% (3,089) dentro del plazo de sesenta días hábiles, el 22.2% (4,358) fueron atendidas después del plazo, y el 62.1% (12,193) aún se encuentra en espera de resolución. Después de la intervención de la ASF, la CONAGUA elaboró un programa de trabajo a fin de dar atención a este rezago.

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Rezago en las solicitudes de inscripción de movimientos en el registro público de derechos de agua. En 2016, la comisión atendió 23,596 (52.8%) solicitudes de inscripción de movimientos en el REPDA de las 44,675 recibidas, por lo cual se registró un atraso de 47.2% (21,079), debido a que 13,716 (65.1%) se encontraban en proceso de resolución y 7,363 (34.9%) fueron reasignadas. Limitaciones presupuestales rezagan las verificaciones programadas. En materia de supervisión, en 2016, la CONAGUA realizó 6,732 (91%) visitas de inspección de las 7,400 programadas y la medición en las 1,169 (100%) estaciones instaladas en aprovechamientos de aguas subterráneas; sin embargo, no acreditó los criterios para la selección de usuarios a fin de realizar las mediciones en 1,169 estaciones ni sus resultados; asimismo, careció de recursos para realizar las 120,000 visitas de verificación programadas, lo que limitó los actos de autoridad que llevó a cabo la CONAGUA. Incumplimiento en la publicación de decretos de reserva de agua. En lo que respecta a la aplicación de instrumentos normativos para el mejoramiento de la administración del recurso hídrico, la CONAGUA publicó dos decretos en los cuales se identificaron las seis cuencas reportadas en la Cuenta Pública 2016 para el indicador “Decretos de reserva de agua para uso ambiental formulados”; precisando que el indicador se refiere al número de cuencas con decreto y no al número de decretos publicados, con lo que registró un avance del 19.4% respecto de la meta de publicar 31 de dichos instrumentos. Dificultad para verificar el avance en la gestión integral y sustentable del agua. En cuanto a la contribución para la gestión integral y sustentable del recurso hídrico, en 2016, la CONAGUA reportó un alcance de 0.582 en el Índice Global de Sustentabilidad Hídrica (IGSH), con lo que registró un avance de 90.9% respecto de la meta de 0.640 para 2016; sin embargo, presentó diferencias entre su diseño e implementación, al incluir dos variables más que las definidas en su metodología, lo que impidió comprobar la contribución en la administración del recurso al cumplimiento del objetivo superior de fortalecer la gestión integral y sustentable del agua. En riesgo el acceso de los mexicanos al líquido. La falta de medidas de control para disponer de la documentación que compruebe las irregularidades en las que incurrieron los usuarios del agua, y la incorrecta integración del método de cálculo y variables de los indicadores “Decretos de reserva de agua para uso ambiental”, “Verificación del cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales”, así como del Índice Global de Sustentabilidad Hídrica, impidió precisar el avance en la atención del problema público relativo a que las aguas nacionales y sus bienes púbicos inherentes no están administradas de manera adecuada por la falta de aplicación de instrumentos normativos y su contribución al cumplimiento del objetivo superior de fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, lo que pone en riesgo el acceso de los 119.5 millones de mexicanos al vital líquido. Número de observaciones: 5; Número de acciones: 6 (6 RD).

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Comisión Nacional del Agua. “Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego”. Auditoría de Desempeño. No. 0418. Ausencia de mecanismos para verificar el efecto de los subsidios en materia hidroagrícola. La CONAGUA entregó por medio del Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego, 1,165 subsidios, a 413 usuarios hidroagrícolas, equivalentes a 1,840.2 millones de pesos, no obstante, no contó con información para determinar si dichos subsidios contribuyeron al logro del objetivo del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola. Desconocimiento de los efectos de los programas públicos respecto al uso del agua. La CONAGUA no contó con información de la programación por concepto de obras realizadas, por medio del Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego, lo que dificultó conocer si dichas obras fueron pertinentes y suficientes para atender el deterioro y la falta de infraestructura hidroagrícola en los distritos de riego. Careció de mecanismos para el registro y generación de información que permita verificar el efecto del subprograma en los usuarios hidroagrícolas apoyados en 2016, respecto del uso eficiente del agua, la producción y la productividad de la agricultura. Incremento en la producción agrícola en distritos de riego no se relaciona con obras de la CONAGUA. En cuanto de la producción agrícola, se identificó que ésta se incrementó 4.1% en promedio anual, al pasar de 42.5 millones de toneladas en 2010, a 54.1 millones en 2016, mientras que la productividad creció 6.1% en promedio anual, al pasar de 12.4 toneladas de producción agrícola por habitante a 17.7 toneladas en el periodo referido; sin embargo, la CONAGUA no acreditó que dichos aumentos se relacionaran con las obras que realizó en 2016. Pérdidas de agua a través de su conducción. Se comprobó que se registró una pérdida promedio de 7.1% en la conducción del agua de la fuente de abastecimiento al punto de control, mientras que dicho punto a la parcela fue del 28.1% lo que difiere el Plan Nacional Hídrico 2013-2018, respecto de reducir las pérdidas de agua y del Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018, de promover el manejo eficiente del agua. Pérdida de beneficiarios de las asociaciones civiles de usuarios y sociedades de responsabilidad limitada. La CONAGUA apoyó a 306 Asociaciones Civiles de Usuarios (ACU) y Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) con el componente de Rehabilitación y Modernización, lo que representó el 105.5% de la población objetivo; con el componente de Equipamiento registró un porcentaje de atención de 73.2%, ya que atendió a 93 ACU y SRL; con el componente Devolución de Pago por Suministro de Agua en Bloque atendió a 298 ACU y SRL, el 85.3%, y con el componente de Riesgo por Gravedad Tecnificado alcanzó el 97.1%, al beneficiar a 69 ACU y SRL; lo que significó que en estos 3 últimos componentes, dejó de beneficiar al 26.8%, 14.7% y 2.9%, respectivamente. Debilidades en mecanismos de control no permiten que la infraestructura se utilice para fines autorizados. En cuanto a los requisitos y obligaciones generales establecidos en las reglas de

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operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola de 2016, se determinó que entre el 95% y el 100% de los 413 beneficiarios apoyados en 2016 no cumplieron con al menos uno de los requisitos y obligaciones generales establecidas en las reglas de operación del programa, por lo que evidenció debilidades en sus mecanismos de control para asegurar que la infraestructura concesionada y apoyada con subsidios económicos se utilizó para los fines autorizados. La CONAGUA omitió la rendición de cuentas referente a subsidios del componente de infraestructura hidroagrícola. Se constató que los 1,165 subsidios otorgados por la CONAGUA, equivalentes a 3.2 millones de pesos, del componente Equipamiento, rebasaron el monto establecido en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola y que la entidad fiscalizada no rindió cuentas sobre el grado de atención al fenómeno problemático que originó la intervención del Estado, mediante la entrega de subsidios para la rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de la infraestructura hidroagrícola, ni sobre el objetivo del programa, referente a promover el uso eficiente del agua y el aumento de la producción y productividad en la agricultura en los distritos de riego. Ausencia de criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad y austeridad para usar recursos púbicos. No contó con un sistema de control para promover que la presupuestación se realice con criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad y austeridad, lo que limitó conocer cuánto del problema público se pretendía o se podía resolver con los recursos asignados al subprograma y la relación costo-eficiencia, costo-eficacia y costo-beneficio de la implementación del subprograma. Número de observaciones: 10; Número de acciones: 23 (23 RD). Comisión Nacional del Agua. “Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos: Calidad del Agua”. Auditoría de Desempeño. No. 0421. Dificultades para regular la contaminación en acuíferos. La CONAGUA identificó que en 232 acuíferos debía realizar exámenes del agua, sin que evaluara técnicamente con base en el monitoreo la condición hídrica de los mismos, lo que no le permitió obtener información técnica sistemática, actualizada y permanente en materia de calidad del agua subterránea, que sirviera de base para regular la contaminación en acuíferos. Por lo que incumplió con su atribución de realizar los estudios de calidad de los cuerpos de agua mandatada en la Ley de Aguas Nacionales. Inexistencia de indicadores para evaluar la integración y difusión de la información. La CONAGUA integró la información estadística disponible de la calidad del agua en el Sistema Nacional de Información del Agua, para mantener actualizado y difundir el inventario de la condición del agua superficial y subterránea en cuencas y acuíferos sin que diseñara los indicadores para evaluar el proceso de integración y difusión de la información.

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Incumplimiento en la elaboración de instrumentos regulatorios en materia de agua. La CONAGUA no acreditó la elaboración de instrumentos regulatorios en 2016, como las Declaratorias de Clasificación de los Cuerpos de Agua, para contribuir a mejorar la administración del recursos hídrico, lo que implicó que no utilizó la información sistemática, actualizada y permanente del monitoreo, los estudios técnicos y el Sistema Nacional de Información del Agua para regular los cuerpos de agua contaminados del país, por lo que no avanzó en la atención del problema público que justificó la implementación del programa presupuestario E006 “Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos”. Diferencias entre el diseño e implementación del índice global de sustentabilidad hídrica. Se constató que la CONAGUA reportó un alcance de la meta establecida en el Índice Global de Sustentabilidad Hídrica (IGSH) de 0.582, cono que registró un avance de 90.9% respecto de la meta de 0.640 para 2016; sin embargo, el IGSH presentó diferencias entre su diseño e implementación, al incluir dos variables más que las definidas en su metodología, lo que impidió comprobar la contribución de la calidad del recurso al cumplimiento del objetivo superior de fortalecer la gestión integral y sustentable del agua. Información técnica incompleta, dificulta la toma de decisiones. La comisión no utilizó la información técnica con la que cuenta para formular y aplicar instrumentos normativos que regulen la contaminación de las 757 cuencas y de los 653 acuíferos de nuestro país, por lo que se desconoce si mejoró su administración y en qué medida contribuyó con el fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del vital líquido a fin de garantizar que los 119,530,753 mexicanos tengan acceso a este con las características y particularidades necesarias para su consumo. Número de observaciones: 5; Número de acciones: 6 (6 RD). Comisión Nacional del Agua. “Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos: Cantidad de Agua”. Auditoría de Desempeño. No. 0422. Diferencias en el diseño e implementación de índice global de sustentabilidad hídrica. El Índice Global de Sustentabilidad Hídrica de la CONAGUA reportó un alcance de 0.582, con lo que se registró un avance de 90.9% respecto de la meta de 0.640 para 2016; sin embargo, presentó diferencias entre su diseño e implementación, al incluir dos variables más que las definidas en su metodología, lo que impidió comprobar la contribución de la disponibilidad del recurso al cumplimiento del objetivo superior de fortalecer la gestión integral y sustentable del agua. Déficit en la disponibilidad de agua en cuencas y acuíferos. La CONAGUA publicó la disponibilidad del recurso hídrico de las 757 cuencas y de los 653 acuíferos, de las cuales 14.3% (108) de las cuencas y 31.4% (205) de los acuíferos, presentaron déficit del líquido. Con base en la disponibilidad natural de aguas superficiales y subterráneas correspondiente a 449,964.5 millones de metros cúbicos y el número de habitantes del país publicado en la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, la ASF precisó que, para 2016, la disponibilidad natural media per cápita de agua fue de 3,765.4 metros cúbicos por habitante por año, cifra inferior en 24.7% de

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los 5000 metros cúbicos por habitante por año recomendados como mínimo por la FAO, mientras que en 2000, fue de 4,841.0 metros cúbicos por habitante por año, lo que representa un riesgo en el acceso y la disponibilidad del agua en forma suficiente para las generaciones presentes y futuras. Desconocimiento del avance del problema público relativo a la situación en cuencas y acuíferos. Respecto del monitoreo sistemático y permanente de los volúmenes de agua en cuencas y acuíferos, la revisión mostró que, e 2016, la CONAGUA operó 3,882 estaciones en cuencas y 112 redes de monitoreo piezométrico en acuíferos; no obstante, al carecer de un diagnóstico actualizado del número de estaciones y redes que se requieren para que el monitoreo sea completo, no es posible determinar si la información es suficiente para apoyar la toma de decisiones sobre la situación de cuencas y acuíferos. No se cuenta con información actualizada para realizar estudios en aguas subterráneas. La CONAGUA realizó 30 estudios programados en acuíferos, considerando los datos obtenidos del monitoreo y priorizando los acuíferos que se encontraron con mayor necesidad, con lo que se cumplió la meta al 100% del indicador “Porcentaje de acuíferos con estudios de disponibilidad elaborados en el año”. El organismo incorporó los datos del monitoreo en el Sistema Automático de Estimación de la Disponibilidad de Aguas Superficiales para actualizar la disponibilidad media en cuencas. Sin embargo, no contó con el diagnóstico actualizado de las redes de monitoreo necesarias para recopilar datos técnicos de la cantidad del recurso hídrico, aunado a que, para 2016, no realizó estudios en aguas subterráneas, por lo que persiste el desconocimiento del deterioro de los acuíferos no estudiados. Insuficientes instrumentos para regular uso, aprovechamiento y explotación del agua. El Sistema Nacional de Información del Agua incorporó los datos técnicos en materia de cantidad del agua superficial y subterránea, sin que acreditara que toda la información derivada del monitoreo se incluyera en este Sistema ni contó con un manual de procedimientos para realizar dicha labor, lo que limita evaluar si los datos contenidos en dicho sistema son suficientes para atender la atribución de la CONAGUA en materia de difusión de la información respecto de la cantidad, calidad, usos y conservación del agua. En riesgo la disponibilidad del agua ante la ausencia de datos fidedignos para controlar la explotación del recurso. La CONAGUA determinó que 108 cuencas y 205 acuíferos se encontraron en déficit, por lo que, en 2016 acreditó la expedición de reglamentación para la suspensión o limitación provisional de la libre extracción del agua en cuencas y acuíferos, pero, debido a que no se cuenta con la certeza que los datos del monitoreo son los requeridos, los instrumentos regulatorios son insuficientes para controlar la explotación del recurso hídrico, constituyendo un riesgo para la disponibilidad del agua. México un país de baja disponibilidad del vital líquido. La contribución de la CONAGUA al fortalecimiento de la gestión integral y sustentable del vital líquido fue limitada, ya que la disponibilidad natural media per cápita del agua continuó disminuyendo, lo que representa un riego en el acceso en forma suficiente para las generaciones presentes y futuras, de 2000 a 2016

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la disponibilidad per cápita se redujo 22.2%,lo cual califica al país como de baja disponibilidad y desconoció el avance en la atención del problema público relativo a la falta de información técnica actualizada en materia de disponibilidad del agua para la toma de decisiones. Número de observaciones: 4; Número de acciones: 4 (4 RD). Energía Secretaría de Energía (SENER). “Conducción de la Política Energética”. Auditoría de Desempeño, No. 0430. Indicadores positivos en la conducción de la política energética para el desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional. En materia de electricidad, la SENER abasteció al 98.6% de la población e incidió en la disminución del precio medio del servicio eléctrico en 2.3%; en lo referente a la eficiencia eléctrica, en general se incrementó en 1.3% la capacidad efectiva de generación y, en lo que respecta a infraestructura y energías limpias, la producción de electricidad a partir de fuentes limpias aumentó en 3.8% respecto del ejercicio 2015. Incremento del consumo de energía en relación con la producción nacional. El índice de independencia energética muestra la relación entre la producción y el consumo nacional de energía, en 2015, fue equivalente a 0.97 petajoules (PJ). En el transcurso de los últimos 10 años, este indicador disminuyó a una tasa promedio anual de 3.2%, lo que refleja que hay un mayor consumo de energía en relación con la producción nacional. Incremento del consumo de electricidad per cápita. El consumo de electricidad per cápita aumentó 2.0% respecto del año anterior, esto fue resultado de un mayor incremento del consumo de electricidad (3.1%), comparado con el crecimiento poblacional (1.1%). Cumplimiento de la normatividad por parte de la SENER. La SENER cumplió con la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y su Reglamento Interior, al evaluar la planeación de la política energética en materia de electricidad, mediante la elaboración y publicación del Informe Pormenorizado 2016, en el que analizó y reportó los resultados y las tendencias de la industria eléctrica nacional, así como realizar las prospectivas del sector 2016-2030 que contienen la reseña del comportamiento y las tendencias energéticas durante los últimos 10 años. Número de observaciones: 0; Número de acciones: 0. Secretaría de Energía (SENER). “Operación del Mercado Eléctrico Mayorista”. Auditoría de Desempeño, No. 0432. Ineficiente desempeño del Programa Indicativo de Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas (PIIRCE) limitando la expansión del Sistema Eléctrico Nacional. En 2016, de las 80 unidades

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eléctricas programadas en la categoría firme20 del PIIRCE, únicamente se instalaron 32 (40.0%), 37 (46.2%) se reprogramaron en el PIIRCE y 11 (13.8%) no se reprogramaron porque, de acuerdo con la SENER, las unidades eléctricas no cumplieron con los criterios de firmeza para dicho programa. En cuanto al retiro de unidades eléctricas, se verificó que de las 46 unidades eléctricas programadas, se retiraron 4 (8.7%), correspondientes a combustibles fósiles; reprogramando 91.3% de las unidades eléctricas en el PIIRCE. Desfavorable desempeño del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). A 2016, se crearon las condiciones para implementar el Mercado Eléctrico Mayorista, sin embargo, éste se encontró en una etapa incipiente, debido a que en el Mercado de Energía de Corto Plazo los 3 participantes privados ofertaron 0.7% (1,935.870 GWh) y la Comisión Federal de Electricidad 99.3% del total de la energía vendida en ese año; asimismo, no se aseguró el cumplimiento de obligaciones del 50.0% (4) de los 8 participantes del mercado que operaron en el Mercado de Energía de Corto Plazo, debido a que no atendieron al menos uno de los requisitos de registro y acreditación ante el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). Baja participación de los privados en la generación de electricidad. Los resultados de las subastas de largo plazo 2015 y 2016, en materia de energía eléctrica acumulable (EEA), representaron, en su conjunto, el 4.9% respecto de lo generado en 2016 (289,999.858 GWh); asimismo, los certificados de energías limpias (CEL´s) asignados en los dos años de subasta representaron 5.1% del total generado, lo que denota una baja participación de los privados en la generación de electricidad. Deficiencias en la programación de metas de los indicadores. Del total de indicadores programados por el CENACE en materia de control operativo en el periodo 2013-2015, cinco no se programaron con base en las metas y avances de los ejercicios previos:

En 2016, el indicador de Margen de Reserva del Sistema Interconectado Nacional fijó una meta de 16.3%, sin embargo, en el periodo referido osciló entre el 19.2% y 22.5%.

El indicador de Tiempo de Interrupción por Usuario estableció una meta límite de 0.27 minutos por usuario; en el periodo fue entre 0.0 y 0.17 minutos por usuario sin el servicio.

El Índice de Calidad de Frecuencia señaló una meta límite de 0.04 horas, lo cual no fue congruente con los resultados reportados en el periodo, fluctuando en un rango de entre 0 y 0.01 horas con la frecuencia fuera de la banda de control establecida.

El Índice de Calidad de Voltaje asignó la meta límite de 0.03 horas en que el voltaje de los nodos podía estar fuera de las bandas de control establecidas; sin embargo, no se sustentó en lo realizado en el periodo con un rango entre 0 y 0.01 horas, razón por la cual su cumplimiento fue de 166.6%.

20 Son unidades que se instalarán en la fecha indicada por los generadores, siempre y cuando cumplan con los criterios siguientes: a) contar

con un contrato de interconexión legado; b) realizar el pago de estudio eléctrico de impacto del sistema; c) realizar el pago de la garantía financiera; y d) ser asignado en la Subasta de Largo Plazo SLP-01-2015.

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El indicador de Desempeño Operativo fijó un límite de 36 maniobras indebidas que pudieran ocasionar un riesgo en la operación del sistema, aun cuando en el periodo se registraron entre 9 y 29 maniobras indebidas.

Número de observaciones: 5; Número de acciones: 9 (9 RD). Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENEGAS). “Gestión Financiera”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0436. Cumplimiento de la normatividad en la suscripción del contrato efectuado por el CENAGAS con Pemex y sus Empresas Productivas del Estado subsidiarias. Para la operación y mantenimiento de la infraestructura para el transporte por ducto y almacenamiento de gas natural, el CENAGAS formalizó ocho contratos de servicios con Pemex y sus Empresas Productivas del Estado subsidiarias; durante 2016 pagó 2 mil 409.0 millones de pesos por los servicios prestados. Previo al pago de los servicios, los contratistas verificaron los trabajos realizados y se comprobó que el registro de los gastos se realizó de conformidad con el instructivo para el manejo de cuentas pertenecientes al manual de contabilidad gubernamental para el sector paraestatal federal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Resultado desfavorable en el ejercicio de CENEGAS derivado del pago por aprovechamiento. En 2016, CENAGAS reportó 19 mil 588.3 millones de pesos de ingresos y 20 mil 105.2 millones de pesos de egresos, por lo que obtuvo un resultado desfavorable por 516.921 millones de pesos, debido a que la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público impuso al CENAGAS el pago de un aprovechamiento por 2 mil 565.0 millones de pesos. Incertidumbre en los volúmenes de gas facturados derivada de la inactividad de gasoductos en el Centro Procesador de Gas Poza Rica (CPG Poza Rica). Los equipos de medición y demás infraestructura instalada en el CPG Poza Rica que Pemex Logística le transfirió a CENAGAS para la operación del Sistema Nacional de Gasoductos, están fuera de operación desde 2013. La cuantificación del volumen del gas se determina por el método de balances, lo que resta certidumbre a los volúmenes facturados. Número de observaciones: 1; Número de acciones: 1 (1 R). Comisión Federal de Electricidad. “Adquisición de Energía Eléctrica a los Productores Externos”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0486. Suscripción de contratos para la adquisición de energía eólica en apego a los procedimientos establecidos. Los pagos por la adquisición de energía eólica por 3 mil 108.1 millones de pesos realizados a los productores externos, se determinaron de conformidad con las fórmulas establecidas en los contratos, los precios contractuales unitarios de cada uno de los seis contratos, los porcentajes de los precios correspondientes a operación, mantenimiento y otros componentes, así como con los índices de precios de productores de los Estados Unidos de

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América, tomados como referencia de los periodos de valoración, en cumplimiento del anexo 2 “Pagos mensuales” de los contratos de compra venta de energía. Incumplimiento de las pruebas y calibración de las estaciones de monitoreo para la medición de las condiciones ambientales reales de las centrales de energía eólica. Los productores externos de energía no calibraron los equipos de monitoreo para la medición de las condiciones ambientales, en incumplimiento de la cláusula 9.11 de los contratos formalizados. Inconsistencias en el registro contable y presupuestal derivadas de la ausencia de políticas y procedimientos que lo regulen. La información presentada en los Estados Financieros de la Cuenta Pública no reflejó el importe de los pagos realizados a los productores externos de energía eólica, debido a la omisión en cuentas de resultados del registro de pagos realizados a los productores externos de energía eólica durante el periodo de 2011 a 2015, por 7 mil 546.4 millones de pesos, monto que se registró de manera extemporánea en 2016. Lo anterior es reflejo de que la CFE no cuenta con normativa contable para el control y registro de los pagos a productores externos de energía eólica. Adquisición de energía eólica a precios superiores al costo que representa la generación de ese tipo de energía en las centrales de la CFE. La energía eólica producida por la CFE tuvo un costo promedio de 386.2 pesos por MWh, en tanto que la energía eólica adquirida con los productores externos tuvo un precio promedio de 1 mil 440.2 pesos por MWh, superior en 1 mil 054.0 pesos al costo de la energía generada por la CFE en sus centrales eólicas. El diferencial existente entre el costo de generación de energía eólica producida por la CFE es inferior al precio pactado con los productores externos; de no disminuir el diferencial entre el costo de este tipo de energía adquirida con los productores externos y el precio al que es vendida por la entidad a los usuarios, podría generar a la CFE pérdidas en los próximos 16 años, al no estar vinculado el precio de adquisición de este tipo de energía pactado en los contratos, con el precio de mercado. Número de observaciones: 3; Número de acciones: 7 (5 R, 2 PRAS). Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0. Adicionalmente, se emitió un oficio para solicitar o promover la intervención de la instancia de control competente con motivo de 1 irregularidad detectada. Comisión Federal de Electricidad. “Gasoductos para el Servicio de Transporte de Gas Natural”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 492. Improcedencia de pagos derivada de la omisión de información por parte de servidores públicos. En 2012, la CFE formalizó un contrato con un transportista para la prestación del servicio de transporte de Gas Natural, por un periodo de 25 años, con fecha de inicio de servicio en 2016. Se constató que a pesar de que la demanda de juicio de amparo promovido por la Comunidad de Repechique resultó en un acto de autoridad gubernamental (Caso Fortuito o Fuerza Mayor), tuvo su origen en un evento que era previsible y revisable. Aunado a lo anterior, la CFE no

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documentó la notificación de los eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor por el transportista, ni las gestiones que el transportista realizó para mitigarlos conforme a la norma. A pesar de lo anterior, en 2016 la CFE pagó 1 mil 070.1 millones de pesos al transportista, sin haber iniciado el servicio de transporte de Gas Natural (GN). Disminución en los niveles de rentabilidad derivada de la subutilización de la capacidad de transporte de gas. Conforme a lo establecido en el contrato celebrado entre la CFE y un transportista, el gasoducto Sábase-Guaymas debía iniciar el servicio en 2014; sin embargo, debido a retrasos en la obtención de permisos ambientales, adquisición de derechos de vía y eventos climáticos, el transporte de gas natural se inició hasta 2015. Al respecto, la CFE no solicitó el reconocimiento del Caso Fortuito o Fuerza Mayor, y realizó pagos por concepto de Cargo Fijo por Capacidad (CFC) de 2014, por 206.664 millones de pesos. Asimismo, se comprobó que la CFE no cuenta con las centrales a las que se les prestará el servicio de transporte de gas, por lo que está subutilizando la capacidad de transporte reservada del ducto. A pesar de que sigue transcurriendo la vigencia del contrato (25 años), la CFE continuará con el pago del CFC, el cual no le generará valor económico ni rentabilidad. Erogaciones improductivas por servicio de transporte de gas natural. En 2016, el 78.1% de los pagos efectuados por servicio de transporte a través de gasoducto (4 mil 560.6 millones de pesos), no le generaron valor económico ni rentabilidad a la CFE, ya que no se utilizó la capacidad de transporte de gas natural reservada en cuatro gasoductos, y no se ha concluido la construcción de otros dos. Las erogaciones se reportaron bajo el concepto de “Costo Hundido”, que corresponde al costo no distribuible a distintas áreas que utilizan el servicio. Número de observaciones: 10; Número de acciones: 11 (10 R, 1 PRAS). Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0. Adicionalmente, se emitió oficio para solicitar o promover la intervención de la instancia de control competente con motivo de 2 irregularidades detectadas. Comisión Federal de Electricidad. “Importaciones de Gas Natural”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0494. Contratos de adquisiciones de gas natural efectuados en acato de los requerimientos establecidos. La CFE suscribió contratos con tres proveedores por los conceptos de “Suministro de Gas Natural Licuado de Importación”, “Venta y Compra de Gas Natural” y “Recepción, Almacenamiento y Regasificación de Gas Natural Licuado y entrega de Gas Natural”, que en conjunto suman un importe de 9 mil 475.7 millones de pesos. Las operaciones de pago con las solicitudes de pago, las facturas de 2016 y las transferencias bancarias, se efectuaron en cumplimiento de los requisitos establecidos en los contratos. Incumplimiento de las condiciones contractuales en la validación de programas de entrega de Gas Natural Licuado (GNL). La CFE no cuenta con la actualización de los programas de entrega de gas, referidos en el contrato del proveedor “A”, debido a que no se detallaron, de forma

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razonable, las modificaciones de las cantidades y las cancelaciones de los cargamentos, los cuales se deben ajustar cada mes, infringiendo lo establecido en el contrato. Determinación de penalizaciones a proveedor por déficit de energía. El proveedor “A” incurrió en incumplimiento por la falta de suministro de Gas Natural Licuado (GNL), y la CFE calculó las penalizaciones por la energía declarada como déficit, por un total de 33 mil 209.1 miles de dólares, equivalentes a 625.155 millones de pesos. Ausencia de normativa que fundamente las reclasificaciones de las operaciones efectuadas por CFE con productores externos de energía. Al verificar la integración de las operaciones efectuadas de “Gas de importación otros proveedores” y “Almacenamiento y regasificación”, se constató que en la información proporcionada por la CFE, ascendió a 22 mil 920.3 millones de pesos, importe que difirió en 2 mil 629.8 millones de pesos, con respecto a los 20 mil 290.5 millones pesos registrados contablemente. La variación correspondió a operaciones de reclasificación y traspasos a otras posiciones presupuestales o áreas diferentes al registro original; sin embargo, la CFE no proporcionó la normativa que justifique las reclasificaciones efectuadas con los productores externos, en contravención a la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Número de observaciones: 3; Número de acciones: 4 (4 R). Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0. Comisión Federal de Electricidad. “Posición Financiera de la Comisión Federal de Electricidad”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 1790. Falta de actualización de la normatividad de la CFE en congruencia con los cambios en su estructura. El Manual Institucional de Contabilidad de la CFE, los “Lineamientos para la Consolidación Contable de Las Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales de la Comisión Federal de Electricidad” y la “Normatividad Interna para la Cancelación de Cuentas Incobrables”, no se han actualizado en congruencia con los cambios en su estructura de paraestatal a Empresa Productiva del Estado. Carencia de eficientes políticas y mecanismos que reduzcan y mitiguen los riesgos sobre los ingresos de la CFE. La venta de servicios, principal fuente de ingresos de la CFE, fue inferior en 3.9% real en comparación con 2015 y en 1.6% respecto de lo programado, por un menor precio promedio en las tarifas eléctricas de 3.2% respecto de lo programado en el periodo, siendo insuficientes para cubrir los costos de producción, principalmente por su dependencia de los combustibles fósiles. Asimismo, en el Plan de Negocios se planteó como un "riesgo estratégico" la pérdida de “clientes calificados” que requieren más megawatts de potencia a precios competitivos, por lo que competidores con mejores tarifas podrían ganarle contratos a la CFE. Se estima que para 2021 los clientes industriales serán más rentables, en contraste con los residenciales que tendrán pérdidas por cada Kwh (kilowatts hora) vendido.

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Deficiente participación de la CFE en el mercado eléctrico abierto derivada de su baja productividad. En 2016, la CFE recibió un subsidio por 30 mil 000.0 millones de pesos para cubrir la insuficiencia tarifaria de 52 mil 056.0 millones de pesos, y los 22 mil 056.0 millones de pesos restantes fueron asumidos por la CFE como parte de sus pérdidas. Para el ejercicio fiscal 2017, el monto para compensar la insuficiencia tarifaria fue de 43 mil 114.0 millones de pesos, y el aprobado para 2018 de 50 mil 179.0 millones de pesos. Al respecto, se observó la necesidad de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de fortalecer su esquema para la determinación de tarifas eléctricas para el suministro básico, que permita que la CFE participe competitivamente en un mercado eléctrico abierto con menores transferencias por parte del Gobierno Federal (GF). Alto costo del pasivo laboral vulnerando la competitividad de la CFE en su participación en mercados abiertos. La CFE recibe por parte de la SHCP un beneficio de un peso por cada peso de pasivo laboral reducido, lo cual representa un beneficio único de 161 mil 000.0 millones de pesos, lo que impactó directamente al pasivo laboral y redujo los costos no monetarios asociados a este pasivo. Los costos monetarios representan entre el 50.0% y 60.0% del costo anual del pasivo laboral, y para 2016 se estima que este costo sea de 31 mil 000.0 millones de pesos, equivalente a 11.0% de los ingresos de la CFE. Esto representa un gran costo en las operaciones, volviendo menos competitiva a la CFE en comparación con sus pares en mercados abiertos. Riesgo de incrementos de la deuda contratada en moneda extranjera por fluctuaciones cambiarias. Al cierre de 2016, la deuda externa de la CFE alcanzó un total de 354 mil 051.2 millones de pesos que representa el 38.0% del total de su pasivo, por lo que la depreciación del peso es un factor importante en el crecimiento de la deuda de la CFE. Considerando pertinente la implementación de una eficiente metodología para la colocación de deuda, sobre todo en los mercados internacionales. Aumento del saldo de la deuda pública de la CFE. En 2016, el saldo de la deuda pública bruta de CFE fue de 223 mil 721.1 millones de pesos, mayor en 8.0% real respecto de 2015, y como proporción del PIB fue equivalente a 1.1%, que representó un incremento anual de 0.1 puntos porcentuales. En 2010, el saldo total de la deuda fue de 82 mil 894.6 millones de pesos. Producción más barata de energía eléctrica por los Productores Independientes de Energía (PIE). Entre 2011 y 2016, el indicador de generación neta de energía (GNE) se redujo de 257,883.0 GWh a 255,720.8 GWh; en ese periodo, la participación de la CFE disminuyó de 67.3% a 65.4%, mientras que la de los Productores Independientes de Energía (PIE) se incrementó de 32.7% a 34.6%. Esto se debió a que los PIE aseguraron una producción de energía eléctrica más barata que la CFE, el costo por kilowatt fue de 0.39 pesos mediante la generación por ciclo combinado, mientras que el costo de la CFE fue de 0.45 pesos por kilowatt.21

21 Sólo se consideran costos unitarios variables.

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Sugerencias a la Cámara de Diputados Para que la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Energía, y de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de su competencia respectiva, considere analizar la conveniencia de reformar el Título Cuarto, Capítulo VI, de la Ley de la Industria Eléctrica, para que en la determinación de las tarifas eléctricas, a cargo de la Comisión Reguladora de Energía, se consideren adecuadamente las mejoras en la eficiencia operativa y la productividad de la Comisión Federal de Electricidad en la generación, transmisión y distribución de energía, lo que permitiría a esta Empresa Productiva del Estado participar competitivamente en un mercado eléctrico abierto, así como racionalizar las transferencias que recibe del Gobierno Federal por insuficiencia tarifaria. Número de observaciones: 4; Número de acciones: 6 (6 R). Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0. Comisión Federal de Electricidad. “Suministro e Instalación de Medidores Tipo AMI y Adquisición de Medidores Electrónicos”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0495. Carencia de sustento normativo que dé certeza jurídica a la ejecución del proyecto SLT 2021 “Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución” y de “Medidores de Energía Eléctrica”. La normativa que regula las actividades relacionadas con la operación, adquisición, distribución, instalación, control, pago y registro de las erogaciones del Proyecto SLT 2021 “Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución” y de “Medidores de Energía Eléctrica”, no se encuentra actualizada, autorizada, ni difundida, lo que ocasiona que no se tenga certeza jurídica en el desempeño de las funciones de los servidores públicos responsables. Falta de documentación en los expedientes que soporte los procedimientos de adjudicación. En el análisis de la documentación de nueve expedientes técnicos de las licitaciones de los proyectos SLT 2021 “Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución” y “Adquisición de Medidores Electrónicos de Autogestión”, se identificó documentación faltante en los expedientes técnicos de los procesos de adjudicación, tanto del proyecto SLT 2021 "Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución", como de la Adquisición de Medidores Electrónicos. Inversiones improductivas por sobre-existencias derivadas del insuficiente control sobre las existencias de medidores en almacenes. Se observó que en 14 divisiones de distribución no se contó con mecanismos de control respecto de los niveles máximos, mínimos y puntos de reorden de medidores de autogestión, modelos F122 (monofásico), F622 (bifásico) y FD2H (trifásico) en los almacenes, para que se eviten inversiones improductivas por sobre-existencias o se ponga en peligro la continuidad del servicio por la carencia de bienes, como lo establece su norma. Número de observaciones: 3; Número de acciones: 4 (2 R, 2 PRAS). Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0.

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Petróleos Mexicanos. “Pagos a Proveedores”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0450. Falta de evidencia documental y justificativa de la adquisición de medicamentos. De la revisión del análisis a las órdenes de servicio y surtimiento, remisiones de entrega, reportes de conformidad, y certificados de entrega por 3 mil 799.9 millones de pesos, se constató, que de las adquisiciones de medicamentos con 2 proveedores, por 10.7 millones de pesos, la Gerencia de Servicios Médicos no proporcionó evidencia documental que acreditara y justificara su recepción. Falta de evidencia documental en el proceso de facturación. La ASF constató, que la entidad fiscalizada no justifico documentalmente 72.8 millones de pesos, correspondientes a bienes y servicios recibidos en proceso de facturación. Pagos injustificados de pasivos. Petróleos Mexicanos no acreditó que 23.4 millones de pesos, correspondieran a pasivos circulantes de 2013 considerados para su pago en 2016; ni la autorización por instancia competente para realizar su pago con afectación al presupuesto de 2016; tampoco acreditó la formalización de un instrumento Jurídico que regulara los servicios recibidos por el prestador de servicios médicos. Asimismo, respecto a los saldos de las cuentas “Proveedores Nacionales”, “Proveedores Extranjeros” y “Contratistas” de Pemex corporativo, se observó, que el saldo de las cuentas de Proveedores Nacionales y Contratistas incluye operaciones por 5.0 millones de pesos, que Pemex no acreditó que correspondieran a una obligación de pago ni que se consideraron como pasivo circulante, así como 6.3 millones de pesos de movimientos de naturaleza contraria a las cuentas, que no han sido aplicados ni recuperados por Pemex a noviembre de 2017. Número de observaciones: 6; Número de acciones: 11 (6 R; 4 PRAS; 1 PO). Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 10.7, Operadas: 0.0, Probables: 10.7. Petróleos Mexicanos. “Recuperación de Siniestros de Petróleos Mexicanos”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0453. Ineficaz seguimiento de la indemnización de siniestros de equipo automotor. Del seguimiento de siniestros de equipos automotores reclamados, la ASF observó, que Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) no han obtenido la indemnización correspondiente a 7 siniestros de equipo automotor, por un monto de 2.3 millones de pesos, debido a que no han presentado a la aseguradora los requisitos fiscales ni facturas de transmisión de propiedad de los bienes siniestrados con dictamen de pérdida total. Falta de evidencia documental de la indemnización y gastos por siniestros. La ASF identificó que en la recuperación de indemnización y gastos por siniestros ocurridos en Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), no existe una conciliación ni rastreabilidad de la información generada en la Gerencia de Seguros y Fianzas (GSF) con los registros contables, lo que originó las siguientes irregularidades:

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De los 157 siniestros, con la restitución de los bienes, realizada por Pemex y sus EPS, se llevó a cabo la determinación de montos por indemnizar con las aseguradoras por 514.0 millones de pesos; no obstante, Pemex no proporcionó los registros contables que realizó al respecto; tampoco existió un elemento de rastreabilidad entre la base de siniestralidad de la GSF y los registros contables, lo que impidió determinar si dichos ingresos fueron contabilizados.

La Gerencia de Seguros y Fianzas no reportó en la base de siniestralidad, los registros contables de ingresos por indemnizaciones, de 402.7 millones de pesos, y gastos por restitución de bienes por 187.8 millones de pesos.

De los registros de ingresos, por 333.0 millones de pesos, las áreas contables de Pemex y sus EPS no documentaron que dicho importe correspondieran a ingresos percibidos.

De los registros de gastos por siniestros, la ASF observó, que Pemex no proporcionó evidencia documental que acredite que el registro corresponde a un gasto realizado por Pemex y sus EPS por 20.3 millones de pesos.

Número de observaciones: 6; Número de acciones: 10 (8 R; 1 PRAS; 1 PO). Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 2.4, Operadas: 0.0, Probables: 2.4. Pemex Exploración y Producción. “Movimientos de Personal por Suspensión o Cancelación de Proyectos”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0464. Incumplimiento en el plazo máximo de trasferencia de personal. La ASF observó que la entidad fiscalizada formalizó cuatro actas de trasferencia de personal, con un desfase de 2 a 186 días naturales, incumpliendo con el plazo máximo establecido en su normativa y no evidenció la causa que justifique el incumplimiento para realizar la trasferencia de recursos humanos, materiales y financieros, mediante actas de entrega-recepción. Diferencia en los datos de nómina de funcionarios y personal activo. El presupuesto ejercido por movilizaciones y gastos de transporte-menaje de casa por 24.5 millones de pesos, no correspondió con los datos de la nómina anualizada de funcionarios y personal activo de Pemex Exploración y Producción (PEP) de movilizaciones y gastos de transporte-menaje de casa, por 13.9 millones de pesos, al existir una diferencia de 10.5 millones de pesos. No existe evidencia del reacomodo de trabajadores operativos. La falta de programa operativo de los equipos de perforación y de presupuesto ocasionó que 343 trabajadores operativos asignados a ocho equipos estuviera sin actividad, de 385 a 2,831 días; no fue sino hasta junio de 2016 cuando se definió la situación laboral de 228 plazas vacantes y en el caso de 115 plazas, con un costo anual de nómina por 59.8 millones de pesos, de las cuales no se proporcionó evidencia de su reacomodo.

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Falta de reacomodo de personal sin materia de trabajo. De 172 plazas sindicalizadas asignadas a dos brigadas de exploración, sin materia de trabajo desde 2014 y 2015, con un costo de nómina durante 2016 por 80.9 millones de pesos. A diciembre de 2017, se definió la situación laboral de 143 personas y se encuentra pendiente el reacomodo de 29 trabajadores. Número de observaciones: 7; Número de acciones: 11 (8 R; 3 PRAS). Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0. Pemex Exploración y Producción. “Transporte e Instalación de Plataformas de Perforación”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0467. Plataforma sin uso por saqueo y desmantelamiento. Pemex Exploración y Producción cuenta con la plataforma de perforación PP-Balam-A, capitalizada en 1 mil 798.4 millones de pesos, inutilizada con motivo de saqueo y desmantelamiento, sin operación durante 541 días a partir de su entrega (28 abril de 2016), sin que se evidencie las acciones para su reparación y puesta en operación, la valuación de los costos, el registro contable de las afectaciones, ni la aplicación de los seguros, lo que ocasionó que se encuentre improductiva y sin operaciones. Pago de trabajos por cancelación no justificada. Al amparo del contrato 420833835 se instruyó el transporte e instalación de la plataforma de perforación Xanab-B por 31.0 millones de dólares, importe superior del que disponía el activo de producción Litoral de Tabasco de 16.0 millones de dólares, por lo que se efectuó la cancelación del transporte e instalación de dicha plataforma, debido a la falta de planeación presupuestaria, lo que ocasionó pagos de 1.2 millones de dólares (equivalente 24.8 millones de pesos). Irregularidades de servidores públicos por orden de cambio. PEMEX Exploración y Producción (PEP) suscribió la orden de cambio del contrato "número 04 (Cuatro) Finiquito", con el objetivo de reconocer variaciones de obra, suspender hechos, prorrogar 12 días naturales la terminación total de los trabajos, e incrementar el monto en 68.4 millones de pesos y 19.3 millones de dólares; sin que dichos cambios se realizaran mediante un convenio modificatorio, como lo especifica su normativa interna; no se justificó la falta de formalización del instrumento jurídico que correspondía. En consecuencia de lo anterior, la ASF emitió una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión, y respecto de sus funciones, formalizaron una orden de cambio en lugar de un convenio modificatorio para reconocer una prórroga de 12 días naturales, y el incremento por 68.4 millones de pesos y 19.3 millones de dólares del contrato 420833835. Gastos no recuperables y falta de una metodología para la determinación de su costo y tiempo. La ASF constató que 1 mil 973.2 millones de pesos corresponden al pago de obligaciones reportadas como gastos no recuperables en que incurrió el contratista con la suspensión de los trabajos por causas atribuibles a PEP y por caso fortuito o de fuerza, en donde se determinó lo siguiente:

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La entidad fiscalizada careció de un lineamiento, política o criterio para las suspensiones de embarcaciones secundarias, para determinar los días por ser reconocidos como "Gastos no recuperables".

Careció de un lineamiento, política o criterio, que incluya los elementos y la metodología para determinar los costos de los "Gastos no recuperables"; en su lugar, se utilizaron las tarifas diarias establecidas en los catálogos, o en su caso, la instrucción para la desmovilización y movilización.

Para acreditar la procedencia de los costos generados de los "Gastos no recuperables", se realizaron los estudios de "Análisis de Gastos no Recuperables por Suspensiones"; no se contó con un lineamiento, política o criterio que describiera la metodología para su elaboración, ya que dichos documentos fueron suscritos hasta 172 días después de la solicitud del área requirente para su autorización.

Número de observaciones: 10; Número de acciones: 14 (9 R; 5 PRAS). Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0. Pemex Exploración y Producción. “Aseguramiento de la Integridad y Confiabilidad de los Sistemas de Transporte de Hidrocarburos por Ductos de los Sistemas 1 y 3”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0456. Pagos realizados en exceso. Del contrato de obra pública correspondiente a la "Embarcación de posicionamiento dinámico para trabajos de inspección y mantenimiento a ductos", la ASF determinó pagos en exceso por 418.8 miles de dólares (equivalentes a 7.8 millones de pesos), debido a la duplicidad de 4.7222 días considerados para pago de la embarcación “Boa Canopus”, en donde existe una diferencia a favor de la entidad fiscalizada por 23.7 miles de dólares (equivalente a 442.4 miles de pesos), ya que en el reporte de actividades, solamente justifican 1.3194 en lugar de 1.5868 días pagados. Por lo antes señalado, la ASF emitió una Solicitud de Aclaración para que Pemex Exploración y Producción aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 442.4 miles de pesos más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación y el ajuste costos, por las diferencias entre los días pagados y los verificados en números generadores y el reporte de actividades de la embarcación de 0.2674 días. Pagos indebidos por diferencias de volúmenes pagados. Del contrato de obra pública correspondiente al “Suministro y dosificación de inhibidor de corrosión interior de ductos" debido a la diferencia de volumen de 10,375 litros estimados y pagados por la entidad fiscalizada, la ASF determinó que PEP autorizó a la contratista un pago de 97.3 miles de dólares (equivalente a 1.8 millones de pesos). Toda vez que la entidad fiscalizada comprobó documentalmente la procedencia de pago de 85.4 miles de dólares (equivalente a 1.5 millones de pesos), correspondientes a 9,103 de los 10,375 litros; sin embargo, existe una diferencia a favor de la entidad fiscalizada de 1,272 litros con importe de 11.9 miles de dólares (equivalente a 222.6 miles de pesos). Por lo antes señalado, la ASF emitió una Solicitud de Aclaración para

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que Pemex Exploración y Producción aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 222.6 miles de pesos más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación y el ajuste de costos, debido a que se detectaron diferencias de volúmenes entre lo pagado y lo verificado en números generadores y reportes de suministro y dosificación de inhibidor de corrosión interior de ductos, de 1,272 litros. Pagos injustificados y sin documentación comprobatoria. Del contrato de obra pública correspondiente al “Despalme en material tipo "A" con maquinaria (con espesor hasta 0.30 m.)”, debido a la diferencia en el alcance del precio unitario pagado, la ASF determinó que PEP autorizó a la contratista pagos por 67.5 miles de dólares (equivalente a 1.2 millones de pesos). Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF emitió una Solicitud de Aclaración para que Pemex Logística aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 1.2 millones de pesos más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación y el ajuste de costos, debido a que se utilizó en los trabajos de despalme una maquinaria distinta de la considerada en el costo básico de rentas horarias. Pagos en exceso para la formación de terraplenes. La entidad fiscalizada autorizó a la contratista pagos en exceso por 2.3 miles de dólares (equivalente a 42.8 miles de pesos), para la “Formación de terraplenes adicionados con sus cuñas de sobre ancho, con pendientes del 2% incluye, extracción, carga, acarreo, descarga, tendido y compactado por bandeo sin control de laboratorio”, debido a que se detectaron diferencias entre el volumen autorizado y pagado por Pemex y el verificado por la ASF en los números generadores de 269.37 m3. La ASF, señaló que falta comprobar 2.2 miles de dólares (equivalentes 40.8 miles de pesos), ya que no acreditó documentalmente el volumen de 256.65 m3 mediante las secciones topográficas de la formación de los terraplenes que sirvieron como bordos ni presentó la ubicación del banco de extracción de arcilla. Por lo antes señalado, la ASF emitió una Solicitud de Aclaración para que Pemex Logística, aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 40.8 millones de pesos, más los rendimientos financieros generados desde la fecha de pago hasta la de su recuperación y el ajuste costos. Pagos injustificados para excavaciones con maquinaria distinta. La entidad fiscalizada, autorizó a la contratista pagos por 44.3 miles de dólares (equivalente a 825.9 miles de pesos), para las "Excavaciones con maquinaria para estructuras, tuberías de proceso, zanjas, cimentaciones, ductos eléctricos, en material tipo "B", de 2.01 a 4.00 metros de profundidad”, debido a la diferencia en el alcance del precio unitario pagado. Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF emitió una Solicitud de Aclaración para que Pemex Logística aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 825.8 miles de pesos más los rendimientos financieros generados y el ajuste de costos, debido a que en los trabajos de excavación se utilizó una maquinaria distinta de la considerada en el costo básico de rentas horarias. Número Observaciones: 5; Número Acciones: 5 (5 SA).

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Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 2.8, Operadas: 0.0, Probables: 2.8. Pemex Exploración y Producción. “Diseño, Ingeniería, Procura, Construcción, Transporte, Instalación, Pruebas y Puesta en Operación de la Plataforma de Producción Abkatun-A2 y Contratos de Mantenimiento para Rehabilitación de la Plataforma Abkatun "A" Permanente”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0459. No se realizó el mercadeo de los insumos utilizados para las fases del contrato. De la revisión de los contratos correspondientes al “Mantenimiento a las instalaciones y plataformas marinas”, “Obras para la instalación, rehabilitación, desmantelamiento de infraestructuras e interconexiones de equipos en las instalaciones de Pemex Exploración y Producción”, “Mantenimiento y Apoyo a Perforación en las Regiones Marinas”, “Mantenimiento y Adecuaciones a Instalaciones Marinas (Plataformas y Complejos) ubicadas en el Golfo de México” y “Servicio de transporte de materiales y equipos diversos”, la ASF observó que la entidad fiscalizada no realizó el mercadeo de los insumos utilizados en las propuestas de los contratistas o prestadoras de servicios, así como la razonabilidad técnica y económica de las propuestas de los licitantes detallando el plazo y el tipo de trabajos para todas las fases del contrato. Falta de análisis de propuestas de los contratistas. De la revisión del contrato correspondiente al “Servicio de Transporte de Materiales y Equipo Ligero en el Golfo de México con 01 (un) abastecedor rápido”, la ASF observó que omitieron realizar el análisis de las propuestas de los contratistas que garanticen el mercadeo y justificación de los precios, así como, la razonabilidad técnica y económica de las propuestas de los licitantes detallando el plazo y el tipo de trabajos para todas las fases del contrato. Falta de documentación comprobatoria para los estándares de aceptabilidad de las Normas Oficiales Mexicanas. Del contrato de obra a precio correspondiente del “Diseño, ingeniería, procura, construcción, transporte, instalación, pruebas y puesta en operación de la plataforma de producción Abkatún-A2 (PB-ABK-A2)”, la entidad fiscalizada autorizó el uso de recubrimiento anticorrosivo a base de cadmio que se debe cumplir para la adquisición de espárragos, tuercas y tornillos para servicio de alta y baja temperatura. La ASF determinó que no se comprobó documentalmente que el recubrimiento de cadmio empleado para eficientar la durabilidad de los elementos de sujeción y soporte de la infraestructura marina de producción Abkatún-A2, se encuentra bajo estándares de aceptabilidad de las Normas Oficiales Mexicanas. Falta de documentación comprobatoria e incumplimiento en subcontrataciones. Del contrato de obra a precio mixto correspondiente al “Diseño, ingeniería, procura, construcción, transporte, instalación, pruebas y puesta en operación de la plataforma de producción Abkatún-A2 (PB-ABK-A2)”, la ASF observó las siguientes irregularidades:

Sin información que justifique, previo al pago de la compensación, el análisis y argumento técnico, económico y jurídico de los criterios utilizados para considerar que el contratista obtenga beneficios adicionales por hacer bien el trabajo, en tiempo y

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forma por el cual está contratado y además es especialista; no justificó que esta compensación no es congruente con las disposiciones de austeridad en el gasto y uso de recursos de la entidad fiscalizada.

Incumplió el procedimiento establecido para la autorización de la subcontratación, ya que autorizó la subcontratación de los trabajos de ingeniería fuera del plazo establecido en el contrato y sus anexos, incurriendo en una deficiente administración y supervisión de los trabajos.

No proporcionó información adicional que aclare y justifique la autorización de las subcontrataciones fuera del plazo establecido en el contrato y su periodo de ejecución, por la subcontratación del “Sistema Estructural de Trípodes” y “Sistema Estructural de Puentes”.

No proporcionó evidencia documental que justifique la ejecución de trabajos de Estudio Geofísico Superficial Somero y Profundo, y Estudio Geotécnico pertenecientes al concepto de Ingeniería Básica, por una compañía diferente a la autorizada para desarrollar dichos conceptos y sin la documentación que permitiera evaluar y autorizar a la subcontratista.

La entidad fiscalizada no proporcionó información adicional que aclare y justifique la ejecución del servicio de la supervisión de segundo nivel, el procedimiento de contratación utilizado y establecido en la legislación vigente; no aclara por qué el contratista es responsable de pagar el reconocimiento de dichos servicios a terceros, que los trabajos de supervisión no estén establecidos en el objeto y alcance del contrato, y no se justifica la inclusión de un contrato de servicios dentro de un contrato de obra pública.

Información incompleta e insuficiente que soporte el análisis económico, la evaluación comercial y el estudio de mercado que soporte la razonabilidad de los precios contratados correspondientes.

Sin evidencia documental adicional que justifique el análisis y mercadeo de costos asociados a la obra, la razonabilidad económica de la propuesta del contratista, análisis de los costos de equipos, maquinaria, materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de los trabajos, la aceptabilidad de los precios, precios máximos de referencia y la determinación del presupuesto.

La entidad fiscalizada evaluó y autorizó el finamiento de las órdenes de compra, sin contar con la información completa y suficiente que justifique las ofertas comerciales y el cuadro comparativo de ofertas.

Se realizó una deficiente supervisión, evaluación, autorización y control del fincamiento de equipos de Instalación Permanente y Largo Proceso de Fabricación, debido a que la

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contratista incumplió con el plazo establecido para la entrega y fincamiento de órdenes de compra.

Se incumplió con la entrega en tiempo y forma del Estudio de Riesgo.

No demostró documentalmente como se llevó a cabo las evaluaciones técnicas y económicas para cada una de las cotizaciones de los equipos y/o materiales.

Falta de documentación comprobatoria e incumplimiento en el desarrollo de estudios, proyectos y programas para licitantes. De los contratos de obra pública correspondientes al “Mantenimiento a las instalaciones y plataformas marinas de la Región Marina Nor-Este, con apoyo de una embarcación” y “Obras para la instalación, rehabilitación, desmantelamiento de infraestructuras e interconexiones de equipos en las instalaciones de Pemex Exploración y Producción con apoyo de un barco grúa DP II y equipos diversos”, la ASF observó las siguientes irregularidades:

La entidad fiscalizada no proporcionó evidencia documental que justifique la falta de los análisis de mercado para ambos procedimientos licitatorios, con los que se determinarían los precios prevalecientes en el mercado para llevar a cabo las licitaciones públicas y las condiciones económicas que imperaban en el mercado al momento de iniciar los procedimientos licitatorios.

Se incumplió con el desarrollo de estudios, proyectos y programa general de ejecución de las obras que permitieran a los licitantes preparar una proposición solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión ininterrumpida.

Pagos indebidos por falta de soporte documental. Del contrato de obra pública correspondiente a “Obras para la instalación, rehabilitación, desmantelamiento de infraestructuras e interconexiones de equipos en las instalaciones de Pemex Exploración y Producción con apoyo de un barco Grúa DP II y equipos diversos”, la ASF observó pagos indebidos por 33.7 millones de pesos, por la falta de soporte documental que avale las actividades que realizó cada personal durante cada jornada pagada. Número de observaciones: 21; Número de acciones: 31 (15 R; 5 SA; 11 PRAS). Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 30.9, Operadas: 0.0, Probables: 30.9. Pemex Transformación Industrial (PTRI). “Contratación y Suministro de Etano al Complejo Petroquímico Etileno XXI”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 1800. No se generó valor económico ni rentabilidad para Pemex. La operación derivada del "Contrato de Suministro de Etano" al "Complejo Etileno XXI", no generó valor económico ni rentabilidad para PTRI en 2016, en incumplimiento de lo establecido en la Ley de Petróleos Mexicanos, artículo 4, y el Estatuto Orgánico de PTRI, artículo 2.

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Incumplimiento del suministro acordado con Pemex. La ASF identificó que Pemex Transformación Industrial, no cumplió con el suministro de etano requerido por "el comprador", ya que los volúmenes suministrados fueron menores de lo establecido contractualmente, lo que generó penalizaciones por 283.0 millones de pesos. Perdidas por venta de etano. El costo estimado de producción de las ventas de etano realizadas al grupo de inversionistas del "Proyecto Etileno XXI" (el "comprador") durante 10 meses, en 2016, fue de 1 mil 736.2 millones de pesos, que sumados a los 1 mil 387.2 millones de pesos, del servicio de transportación de etano a las instalaciones de dicho proyecto durante 12 meses, resultó un costo de ventas por 3 mil 123.4 millones de pesos, que comparado con las ventas de etano realizadas al "comprador", por 1 mil 188.3 millones de pesos, arrojan una pérdida de 1 mil 935.0 millones de pesos. Déficit en la producción promedio de etano. Conforme a lo estipulado en el contrato, Pemex Transformación Industrial debe suministrar un total de 132.9 miles de barriles diarios para 2016, mientras que la producción promedio de etano fue de 106.4 miles de barriles diarios, por lo que tuvo un déficit de 26.5 miles de barriles diarios. De lo anterior, la ASF determinó que la entidad fiscalizada no contó con los elementos que le permitieran asegurar la producción de etano requerida y generó compromisos basados en proyecciones inciertas. Número Observaciones: 2; Número Acciones: 4 (4 R). Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 6.1, Operadas: 6.1, Probables: 0.0. Pemex Transformación Industrial. “Ingresos por Ventas de Gas Seco”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento. No. 0477. Falta de medición de los volúmenes de gas seco entregados. Se constató, que Pemex Transformación Industrial (PTRI) no puede corroborar los reportes emitidos en el Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS); sólo confirma los volúmenes cuando se inconforma el cliente. Probable daño o perjuicio a PTRI. Se constató que PTRI omitió el cobro de intereses por 24.7 millones de pesos derivado de ventas de gas seco a interempresas por atrasos de 2 a 86 días en 54 facturas por 5,152.6 millones de pesos. Número de observaciones: 1, Número de acciones: 5 (2 R; 2 PRAS; 1 PO). Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 24.7; Operadas: 0.0; Probables: 24.7. Pemex Transformación Industrial. “Revisión a la Capacidad, Producción, Almacenamiento, Transporte e Importación de Gas Natural”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0483. Falta de actualización en manuales de procedimientos y guías de desarrollo. Para el desarrollo de las actividades sustantivas en materia de producción e importación de Gas Natural, la ASF constató que no se encontraron actualizados los manuales de procedimientos y guías del

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desarrollo de las actividades sustantivas de PEMEX Transformación Industrial, ya que aún se refieren a las operaciones de la entonces PEMEX Gas y Petroquímica Básica. Obsolescencia en los complejos procesadores de gas. Los complejos procesadores de gas de PEMEX Transformación Industrial, operaron al 49.2% (2,909.3 Millones de pies cúbicos diarios) de su capacidad instalada. La ASF observó que se encuentran en vías de obsolescencia, lo que da como resultado menor eficiencia, rentabilidad y confiabilidad. Penalizaciones no aplicadas por la importación de gas. Derivado de la entrega faltante de los volúmenes de gas natural solicitados a Mex Gas Supply, S.L., PEMEX Transformación Industrial no evidenció la aplicación de penalizaciones a Mex Gas Supply, S.L., por 1.0 millones de pesos. Asimismo, la ASF observó que la entidad fiscalizada no mostró la documentación justificativa que acredite la solicitud a Mex Gas Supply, S.L., del gas entregado en exceso de 32 casos por 3,704,926 millones de pies cúbicos diarios. Perdidas por el retraso en el inicio de operaciones. Por el desfase de tres meses en el inicio de operaciones del gasoducto “Los Ramones Fase I”, Pemex tuvo una pérdida neta de 452.6 millones de pesos, derivado del pago de 686.1 millones de pesos, así como un cobro de penalizaciones por 233.4 millones de pesos, debido al aplazamiento en la construcción del gasoducto “Los Ramones Fase II”. La ASF determinó que el Centro Nacional de Control del Gas Natural no contó con una estricta separación operativa, funcional y contable de sus actividades como gestor del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural, del Sistema Nacional de Gasoductos, y del Sistema Naco Hermosillo. Número de observaciones: 6; Número de acciones: 8 (6 R; 1 PRAS; 1 PO). Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 1.0, Operadas: 0.0, Probables: 1.0. P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. “Rehabilitación de las Plantas de UREA, Ácido Nítrico, Nitrato de Amonio, así como del Área VI y SAMP de las Plantas de Nitrogenados a Agro Nitrogenados, S.A. de C.V., Subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), en el Estado de Veracruz”. Auditoría de Inversiones Físicas, No. 0438. Compra de planta de fertilizantes inservible, falta de capacidad técnica, material y humana y sobrecostos no justificados. Del contrato correspondiente a la “Ingeniería, Procura y Construcción para el Desarrollo del Proyecto de Rehabilitación de Plantas de Urea y otras Instalaciones Auxiliares”, la ASF observó las siguientes irregularidades:

La entidad fiscalizada formalizó una compra de la planta de fertilizantes con equipo incompleto, en mal estado y no utilizable, con 30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación. Asimismo, la ASF detectó que P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. careció de estudios y análisis competentes para garantizar su rentabilidad y determinar adecuadamente los costos de mantenimiento desde el proceso de su adquisición.

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No cumplió con verificar que el contratista demostrara su capacidad técnica, material y humana conforme a lo pactado en el contrato, se subcontrataron trabajos por 145.2 millones de dólares y 224.3 millones de pesos lo que representa el 95.0% más del monto contratado.

Los criterios de adjudicación no son claros, homogéneos ni se encuentran definidos, ya que se aplicaron criterios diferentes para adjudicar los subcontratos a las empresas.

En el análisis de las órdenes de cambio, la ASF observó que la contratista no acreditó tener la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del contrato.

No se justificó el sobrecosto por 206.7 miles de dólares (equivalentes a 4.2 millones de pesos a un tipo de cambio correspondiente de 20.6194 pesos), para la adquisición de los equipos de la planta urea 1 y 2. Por lo antes señalado, la ASF emitió una Solicitud de Aclaración.

No se justificó el sobrecosto de suministro y mantenimiento para los trabajos de rehabilitación, comisionamiento y arranque de 2 strippers y 4 condensadores de carbamato por 1.1 millones de dólares (equivalente a 22.8 millones de pesos a un tipo de cambio correspondiente de 20.6194 pesos). Por lo antes señalado, la ASF emitió una Solicitud de Aclaración.

Pagos en exceso para proyectos de rehabilitación. De la revisión del contrato fase I correspondiente a “Ingeniería, Procura y Construcción para el Desarrollo del Proyecto de Rehabilitación de Plantas de Urea y otras Instalaciones Auxiliares”, la ASF observó una diferencia de 129.6 millones de dólares (equivalentes a 2 mil 672.3 millones de pesos, con un tipo de cambio correspondiente a 20.6194 pesos), entre lo pagado a la contratista por 209.6 millones de dólares, en la cual se estipuló que el cliente pagaría una cantidad estimada de 80.0 millones de dólares. Pagos injustificados en la fase II. Durante el contrato “Ingeniería, Procura y Construcción para el Desarrollo del Proyecto de Rehabilitación de las Plantas de Urea y otras Instalaciones Auxiliares”, la ASF constató que la entidad fiscalizada no justificó qué trabajos relativos a la rehabilitación de los tanques tipo esfera para almacenamiento de amoniaco sí estaban considerados dentro del alcance para la Rehabilitación de las Plantas de Urea, tampoco justificó el monto observado de 12.7 millones de pesos asentado en el concentrado de estimaciones correspondiente a la Fase II. Pagos injustificados en la fase I por horas hombre por administración. En la revisión a la documentación correspondiente a la fase 1, la ASF observó que la entidad fiscalizada realizó pagos injustificados por 284.7 millones de pesos por concepto de “horas hombre por administración”.

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Pagos injustificados por la construcción de suministro de materiales y refacciones para la rehabilitación. Del contrato de Ingeniería, procura y construcción correspondiente del “Suministro de materiales y refacciones para la rehabilitación, comisionamiento y arranque de (2) strippers y (4) condensadores de carbamato”, la ASF determinó que la entidad fiscalizada no justificó una diferencia por 555.3 y 905.9 miles de dólares. Por lo antes señalado, la ASF emitió una Solicitud de Aclaración, para que Pemex, por conducto de Pro Agroindustria, S.A. de C.V., aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 30.1 millones de pesos, ya que no justificó las diferencias entre el costo autorizado. Número de observaciones: 16; Número de acciones: 21 (6 R; 8 SA: 7 PRAS). Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 0.0, Operadas: 0.0, Probables: 0.0. Comisión Reguladora de Energía (CRE). “Evaluación del Control Interno en la Integración, Cálculo y Registro de las Tarifas de Energía Eléctrica y el Ciclo de su Aplicación”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 0491. Carencia de gobernanza e incumplimiento de funciones institucionales. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) no cuenta con un programa estratégico de actividades, no se cumplen las funciones de asistir a las reuniones del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y de sesionar en el Comité de Evaluación del Desempeño Regulatorio (CEDR). El Comité de Ética y en el Consejo Consultivo no han establecido mecanismos de control interno en materia de integridad y prevención de la corrupción; no han definido los perfiles de puestos para la cobertura de su estructura de organización; tienen una alta rotación de personal; no han establecido un plan de sucesión y contingencias para el personal en puestos clave; carecen de un plan de recuperación de desastres en el ámbito de tecnologías de información; no han elaborado manuales de procedimientos, y no han establecido controles preventivos vinculados al proceso general para la integración, cálculo y registro de las tarifas de energía eléctrica. Incumplimiento de la normatividad en las contrataciones terciarizadas (outsourcing). La CRE negó haber realizado contrataciones terciarizadas; sin embargo, se identificó, al consultar la página de transparencia, un monto por 56.506 millones de pesos correspondientes a contrataciones terciarizadas por la CRE. Al respecto, las áreas administrativas de la CRE que requirieron la contratación de servicios terciarizados, no solicitaron a los prestadores de servicios, la identificación de riesgos y el diseño de controles respecto de los trabajos desempeñados, por lo que la Comisión no estuvo en posibilidades de realizar un análisis sobre la implementación y operación de dichos controles, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Control Interno de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Delegación a empresas extranjeras la determinación de la tarifa de transmisión. La CRE se basó en 10 documentos para la determinación de la tarifa de transmisión, preparados por la consultora Grupo Mercados Energéticos Consultores (MEC), contratada por un monto de 26.880 millones de pesos. Se constató que fueron delegadas funciones sustantivas, como la determinación de la tarifa eléctrica de distribución, toda vez que carece de un dictamen emitido por el área que solicitó el servicio de consultoría en el que se establezca que el personal no se

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encontraba capacitado para llevar a cabo sus funciones22 de expedición y aplicación de la regulación tarifaria, definidas en la Ley de la Industria Eléctrica. Incumpliendo la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Incompetencia del personal de la CRE en el ejercicio de sus funciones. En 2015 la CRE contrató a una empresa extranjera de consultoría para impartir el curso “Metodologías, criterios y fundamentos para la determinación de tarifas para la distribución y el suministro de energía eléctrica”, por un total de 355.4 miles de dólares. Actualmente, no permanece ninguno de los 20 empleados en la Unidad de Electricidad que tomó el curso de capacitación. La determinación de las tarifas eléctricas se realizó sin participación directa del área responsable de la CRE, tomando directamente la información que le proporcionó el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). Incapacidad institucional para supervisar el desempeño regulatorio. En el Programa Regulatorio 2016 de la CRE, se programó la emisión de 65 regulaciones divididas en materia de Hidrocarburos (30) y Electricidad (35), de los compromisos regulatorios en materia energética asociados a electricidad, se observó que sólo se ha cumplido con la publicación de 7 de los 35 compromisos regulatorios, lo que representa un cumplimiento del 20.0% del rubro de electricidad. Comprometiendo los objetivos de la CRE en atención a la normativa que la rige, situación que reduce la capacidad institucional para cumplir su función de conformidad con la normativa aplicable. Número de observaciones: 14; Número de acciones: 39; (22 R, 17 PRAS). Ciencia y Tecnología CONACYT. “Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación”. Auditoría de Desempeño, No. 0442. Deficiencias en la formulación de las reglas de operación del programa. El programa de Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación tuvo deficiencias, ya que el CONACYT no definió los montos máximos por beneficiario, no se aseguró que el proceso de operación y administración facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación, no previó la temporalidad del apoyo, ni del programa y no estableció la obligación de elaborar informes trimestrales sobre los elementos del diseño del programa. No se acreditaron resultados por la operación del programa. No se acreditó con documentación que el resultado de los proyectos de los Fondos Mixtos (FOMIX) y del Fondo Regional para el Desarrollo Científico y Tecnológico y de Innovación (FORDECYT) incidió en la atención de las demandas, ni que éstas contribuyeron al fortalecimiento de las capacidades científicas,

22 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 19, cuarto párrafo.

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tecnológicas y de innovación de los 32 Sistemas Locales y Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación (SLyRCTI), ni el efecto en el desarrollo regional sustentable e incluyente. Menor número de fondos apoyados por reducciones a los recursos presupuestales. El CONACYT ejerció 1,069.6 millones de pesos en el programa Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación, inferior en 580.0 (35.2%) millones de pesos, respecto del presupuesto original de 1,649.6 millones de pesos aprobados en el PEF, debido a reasignaciones presupuestarias se observó un menor número de Fondos Mixtos, apoyados con recursos concurrentes. Afectaciones en el número de fondos apoyados debido a reducciones presupuestales. El CONACYT suscribió convenios de colaboración con 28 de los 35 FOMIX constituidos, se estableció la aportación de 1,869.7 millones de pesos; a cargo del CONACYT 1,228.7 millones de pesos y de las entidades federativas 641.0 millones de pesos. Sin embargo, la aportación de recursos se realizó para 8 de los 28 FOMIX por un monto de 505.6 millones de pesos, 69.1% del CONACYT y 30.9%. La aportación de recursos del CONACYT fue inferior en 71.5% (879.1 millones de pesos) respecto al monto convenido, debido a adecuaciones presupuestarias, en tanto que las entidades federativas en conjunto dejaron de aportar el 47.6% (305.3 millones de pesos). Duplicidades en los registros de proyectos concluidos. En 2016, fueron publicadas 69 convocatorias; se recibieron 151 propuestas de proyectos, de las cuales 100 cumplieron los criterios de selección. La ASF constató, que mediante los Convenios de Asignación de Recursos (CAR) se formalizaron 94, de los cuales 92 se apoyaron económicamente, con un monto total de 1,911.8 millones de pesos, 37 proyectos con recursos de los FOMIX (883.8 millones de pesos) y 55 proyectos con recursos del FORDECYT por 1,028.0 millones de pesos. Sin embargo, se identificaron duplicidades en los registros internos en materia de proyectos concluidos, por lo que no se dispuso de información confiable para la adecuada rendición de cuentas. Deficiencias en el proceso de operación del programa limitaron evaluar la atención del problema público. En 2016, el CONACYT apoyó económicamente 92 proyectos mediante los FOMIX y el FORDECYT, sin embargo, en su diseño no definió los montos máximos por beneficiario; no previó la temporalidad del apoyo, ni del programa; no estableció la obligación de reportar trimestralmente sobre la operación del programa, y no se aseguró de que el proceso de operación y administración facilitara la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación. Las deficiencias en el proceso de operación del programa, no permitieron disponer de información para evaluar la atención del problema referido a las débiles capacidades científicas, tecnológicas y de innovación de los 32 Sistemas Locales y Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación (SLyRCTI), ni sobre la contribución al desarrollo regional sustentable e incluyente. Número de observaciones: 6; Número de acciones: 11(11 RD).

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Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDATU. “Gestión Financiera y Operativa del Gasto”. Auditoría Financiera y de Cumplimiento, No. 1835. Quebranto a las disposiciones vigentes en materia presupuestal. En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016, se reportó un presupuesto ejercicio de 6,231.6 millones de pesos en el capítulo de gasto 4000 del Programa de Infraestructura de la SEDATU. La dependencia ejerció 3,855.8 (61.8%) millones de pesos, en conceptos de gastos distintos a los autorizados en el capítulo 3000 "Servicios Generales", sin contar con la autorización de la SHCP; de los recursos ejercidos, existen transferencias a cuentas bancarias por 689.2 millones de pesos, entre otros, de los cuales no se identificó al beneficiario, ni se cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria de dichas transferencias. Incumplimientos al programa de obra de la dependencia. La SEDATU no cumplió con el objetivo del Programa de Infraestructura, ya que para el ejercicio 2016, se tenían registrados 102,626 proyectos autorizados en las tres vertientes, de los cuales, se reportaron como terminados 72,942 proyectos; en proceso o no iniciados 29,649, y cancelados 35. Número de observaciones: 8; Número de acciones: 19 (10 R; 6 PRAS; 3 PO). Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 724.7, Operadas: 0.0, Probables: 724.7. SEDATU. “Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con Universidades Públicas y Entes Públicos Estatales para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios”. Auditoría Forense, No. 1792. Contravención a la normatividad en materia de adquisiciones públicas. La SEDATU contrató servicios al amparo del artículo 1, párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, (LAASSP) con dos Entes Públicos Estatales, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. (TELEMAX), y siete Universidades Públicas, pagando en 2016 por dichos servicios un total de 1,899.8 millones de pesos; los dos entes públicos y cinco universidades, contrataron con terceros entre el 56.1% y 100.0% del monto total pagado por los servicios pactados. De ese monto, 1,517.7 (79.9%) millones de pesos, lo pagó con recursos del programa S273 “Programa de Infraestructura”. Simulación en la prestación de servicios otorgados. De los servicios convenidos en 2016 con el SQCS y TELEMAX, por 450.1 y 272.0 millones de pesos, la SEDATU pagó dos y hasta cuatro veces un mismo entregable y no justificó, ni acreditó la difusión, uso, utilidad y/o acciones implementadas; además, se comprobó que los dos Entes Públicos Estatales, las empresas y personas físicas que se vieron beneficiadas con los recursos federales, no participaron en la elaboración de producto o servicio alguno en favor de la SEDATU, las irregularidades son por el total que se les pagó.

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Pagos por servicios con sobrecosto y que no cumplen con los objetivos planeados. Los entregables de cuatro convenios pagados en 2016 a la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), por 186.1 millones de pesos, presentan inconsistencias y no cumplieron con los objetivos; se constató que los servicios fueron subcontratados con una empresa por 81.6 millones de pesos, y ésta a su vez los subcontrató con otras cuatro, no acreditando los hayan realizado; los recursos se transfirieron a otras 11 empresas y 9 personas físicas; el sobrecosto por 104.5 millones de pesos, pagado por la SEDATU a la UPCH, la universidad los aplicó indebidamente como beneficio propio en la adquisición de un sistema a un proveedor no localizado, ni a otros dos que subcontrató, ascendiendo la irregularidad a un total de 186.1 millones de pesos por los cuatro convenios. De otro convenio la UPCH pagó un sobrecosto de 13.3 millones de pesos, por un sistema. Malversación de recursos en la celebración de contratos de servicios. Del convenio celebrado con la Universidad Autónoma de Campeche (UTCAM), pagado en 2016 por un monto de 182.8 millones de pesos, no se acreditó la ejecución de los servicios y se constató la subcontratación del servicio a un proveedor al que se le pagaron 92.8 millones de pesos, quedando un remanente de 90.0 millones de pesos, realizando de manera injustificada, transferencias por 79.0 millones de pesos a 11 empresas, sin presentar documentación alguna que acreditara estos pagos, por lo que la irregularidad es por 90.0 millones de pesos. Desfalco en la celebración de contratos de servicios. Los servicios contratados y pagados en 2016 por la SEDATU con la Universidad Mexiquense del Bicentenario (UMB), por 178.1 millones de pesos, no fueron acreditados con los objetivos y alcances establecidos, no así el pago fue realizado a la universidad; se constató que la universidad subcontrató los servicios con dos proveedores y una persona física, por 82.5 millones de pesos, que tampoco demostraron haber desarrollado los trabajos; y el remanente de recursos (95.5 millones de pesos) fueron indebidamente considerados como beneficio propio por la universidad. Pagos realizados por servicios similares con entes diferentes. El Convenio Específico con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) por 185.8 millones de pesos, no acreditó la existencia, operación del sistema informático y el padrón de las usuarias de los servicios del Centro Ciudad de las Mujeres y coincide en un 98.6% con el entregable presentado por el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC), también contratado en 2016; respecto del Manual del Sistema de Gestión y Operación de los Servicios del Centro, éste es semejante al entregable de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (UAIS), también contratada en 2016. Asimismo, quien suscribió el citado convenio por parte de la SEDATU, manifestó no haber firmado el convenio, la documentación que acredita la ejecución, recepción y pago de los servicios, y haber tenido relación alguna con la UPFIM; no obstante, se comprobó que contrató con terceros el 98.0% de los servicios pactados entre la SEDATU y dos empresas, con las que presumiblemente simuló y elaboró evidencia documental para comprobar la prestación de servicios, desde la suscripción del convenio hasta los entregables. Pagos por servicios que no cumplen con los objetivos establecidos e inobservancia a la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. En los dos convenios con la

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Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO), se determinó que en 2016 la SEDATU pagó 97.2 millones de pesos; sin embargo, se comprobó que todos los entregables presumiblemente realizados por la UPQROO presentan diversas inconsistencias en su contenido y no cumplen con lo pactado; adicionalmente, en la auditoría forense No. 1793-DS practicada a la UPQROO, se constató la subcontratación de ocho proveedores por el 100.0%, mismos que transfirieron los recursos que recibieron a diversas empresas y personas físicas, sin que existan contratos que justifiquen los pagos. Pagos improcedentes por la simulación de trabajos realizados. En los tres convenios suscritos y pagados en 2016 con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC), por 168.4 millones de pesos, se detectó que el entregable del convenio suscrito en 2015 y pagado en 2016 por 25.5 millones de pesos, es coincidente en su totalidad, con el financiado por el BID al amparo de la Coordinación Técnica número ME-T1259 y, se comprobó que el mismo entregable fue pagado por la SEDATU en 2016 a la Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM). Del segundo convenio de 2016, el entregable consistente en el Diagnóstico de la Situación Actual de la Vivienda en México y sus alternativas, por 41.9 millones de pesos, se observó que la información fue extraída textualmente de internet, y es de 2014. Del tercer convenio suscrito en 2016 por 101.0 millones de pesos, el entregable pactado con el ITSC, es el mismo al convenido simultáneamente por la SEDATU con la UPFIM y es coincidente en un 98.6%, y ambos tienen múltiples inconsistencias. Asimismo, el Director General del ITSC manifestó a la ASF que los convenios suscritos en 2016, servidores públicos de la SEDATU se los llevaron para su firma, así como los entregables, ya elaborados. Por otra parte, el Director General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo de la SEDATU manifestó a la ASF que ni en 2015 ni en 2016, suscribió o firmó convenio alguno con el ITSC. Pagos improcedentes por servicios duplicados. Del convenio específico por 106.8 millones de pesos suscrito con la UAIM, se comprobó que la SEDATU recibió los servicios presuntamente ejecutados por la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (UAIS), antes UAIM; sin embargo, se constató que los entregables fueron elaborados con anterioridad con recursos del BID al amparo de la Coordinación Técnica núm. ME-T1259, de donde la Directora General Adjunta para la Igualdad de Género de la SEDATU, participó por parte de la SEDESOL en 2014, además, no contaba con atribuciones para contratar los servicios. Asimismo, se observó que los mismos entregables fueron pagados al ITSC y a la UPFIM, y derivado de la visita domiciliaria realizada a la UAIS, se constató que ni la UAIS ni las 5 empresas subcontratadas por ésta, acreditaron la ejecución de los servicios. Se concluye que se simularon diversos actos jurídicos y presuntas contrataciones con proveedores, con irregularidades por 1,747.7 millones de pesos. Número de observaciones: 15; Número de acciones: 21 (2 R; 1 PEFCF; 5 PRAS; 12 PO; 1 M). Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 275.2, Operadas: 0.0, Probables: 275.2.

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Revisiones realizadas a otras Cuentas Públicas Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. “Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios en el Ejercicio 2015”. Auditoría Forense, No. 17011 Incapacidad del SQCS para realizar los trabajos convenidos y subcontratación de proveedores sin cumplir las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) El SQCS y la SEDATU suscribieron, el 17 de septiembre de 2015, un convenio general de colaboración del que más adelante derivaron tres convenios específicos. Estos sustentaron pagos de la SEDATU por 356.6 millones de pesos. En el convenio general se estableció que el SQCS contaba con la capacidad ejecutar los trabajos encomendados; no obstante, esta entidad contrató a 23 proveedores por un total de 323.1 millones de pesos, 90.6%, del total pagado por la SEDATU, para cumplir con los servicios pactados. Los proveedores fueron contratados sin sujetarse a las disposiciones normativas establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y su Reglamento. Del 15 al 23 de mayo de 2017, se visitó al SQCS y se levantaron dos actas administrativas circunstanciadas de auditoría. En ellas el Director de Contabilidad y Auditoría en el SQCS manifestó desconocer los trabajos realizados porque fueron realizados por la administración anterior. Señaló que la información de los entregables presentados por los proveedores fue sustraída por el Ex Director Jurídico del SQCS y que ningún contrato suscrito con los proveedores cuenta con el acta constitutiva de las empresas, ni la acreditación de la personalidad de los representantes legales de las empresas contratadas. No se encontraron los testigos físicos de los trabajos realizados por el SQCS, ni por los proveedores de bienes o servicios contratados por el mismo, ni de los procedimientos de adjudicación de los trabajos encomendados a los proveedores. Por lo que se reitera que el SQCS no proporcionó los entregables comprometidos en los contratos y, en consecuencia, no se cuenta con evidencia de los trabajos realizados por parte de los proveedores. El personal del SQCS proporcionó 37 órdenes de trabajo y 37 actas de recepción de servicio, trabajo y material, suscritas unilateralmente por la Directora General de Comunicación Social de la SEDATU y 15 oficios mediante los cuales supuestamente el entonces Director General del SQCS presentó a la secretaría los citados entregables; sin embargo, no proporcionó evidencia de los testigos físicos que acreditan el cumplimiento de los trabajos solicitados, por lo cual no existe certeza de que los trabajos pagados por la SEDATU hayan sido realizados por el SQCS o alguno de los proveedores que contrató.

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Proveedores no localizados y sin capacidad para generar los entregables De los 23 proveedores, cinco personas morales y una persona física no fueron localizadas en sus domicilios fiscales, por un importe de 128.2 millones de pesos; cuatro personas morales y una persona física no proporcionaron la información y documentación solicitada por un importe de 112.7 millones de pesos; siete personas morales no proporcionaron la información relativa a los entregables y el detalle de los costos incurridos para la ejecución de los contratos por un importe de 57.5 millones de pesos y cinco personas morales, no obstante que cumplieron en su totalidad con la entrega de la información, transfirieron los recursos a otras empresas ajenas a los trabajos encomendados por un importe de 24.7 millones de pesos. La mayoría de estas empresas emitieron comprobantes fiscales que amparan operaciones para las cuales no contaban con los activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirecta para prestar los servicios. Se puede concluir que los convenios suscritos entre la SEDATU y el SQCS, así como entre ésta y los proveedores, únicamente fueron el mecanismo para justificar los pagos con cargo al erario federal, debido a que ni el SQCS ni la mayor parte de las empresas y personas físicas que se vieron beneficiadas con los recursos federales participaron en la elaboración de producto o servicio alguno en favor de la SEDATU. Reconcentración de los recursos De los recursos que el SQCS depositó a los 23 proveedores, por un total de 323,155.2 miles de pesos, 255.7 millones de pesos fueron transferidos principalmente a las siguientes siete empresas y tres personas físicas. Número de observaciones: 2; Número de acciones: 4 (1 R; 1 PEFCF; 1 PRAS; 1 PO). Recuperaciones determinadas (millones de pesos): 356.5, Operadas: 0.0, Probables: 356.5.

5.4. Gasto Federalizado RAMO GENERAL 33 EDUCACIÓN Y CULTURA En materia de educación y cultura, como parte de la tercera entrega de informes individuales, la ASF reportó resultados de los siguientes Fondos: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA). Asimismo, en ésta entrega reporto resultados de la fiscalización a los recursos federales de los Convenios de Descentralización, como sigue: Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC);

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Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006); Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080); Programa Desayunos Escolares y; Programa de Escuelas al Cien. FONE De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF en la tercera entrega de informes individuales, los principales resultados del FONE se presentan a continuación:

— Se determinaron recursos no devengados o no ejercidos por 1 mil 294.2 millones de pesos que representaron el 21.5% del monto total observado; por esta irregularidad sobresalen por su monto los Estados de Nuevo León con el 41.6%; Jalisco representó el 17.3%; México con el 15.1%; Veracruz con un 10.4%; Tamaulipas el 4.6%; Sonora representó el 3.2%; Chiapas el 2.8%; Nayarit el 1.8% y Sinaloa con el 1.6%.

— Se ejercieron recursos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos del Fondo o Programa por 1 mil 123.3 millones de pesos, que representaron el 18.7% del monto total observado; por su importancia en este concepto sobresalen el Estado de México con el 41.7%del monto de la irregularidad; Baja California con el 28.7%; Colima con un 8.2% y Chiapas el 7.8%.

— Se realizaron pagos a centros de trabajo bolsa o de personal por reubicar por 862.8 millones de pesos, que representaron el 14.4% del monto total observado; por esta irregularidad sobresalen los Estados de Guerrero con el 20.9%; Oaxaca el 18.6%; Michoacán con un 18.2%; Tamaulipas el 15.5% y Tlaxcala con el 10.0%.

— Se efectuaron pagos a trabajadores no identificados en los centros de trabajo por 813.0 millones de pesos, que representaron el 13.5% del monto total observado; por su importancia en el monto de la irregularidad sobresalen los Estados de Guerrero con el 18.3%; Tamaulipas representó el 15.1%; Sinaloa con un 13.2%; Oaxaca el 10.4%; Chihuahua con el 6.3%; Morelos con un 5.8%; Chiapas representó el 5.1%; Veracruz el 3.6% y Nuevo León con el 3.0%.

— Se detectó la falta de documentación comprobatoria del gasto por 665.9 millones de pesos, que representaron el 11.1% del monto total observado; por su importancia en la integración del monto de la irregularidad sobresalen los Estados de Veracruz con un 42.1%; Sonora el 13.0% y Jalisco con el 10.4%.

— Se detectaron centros de trabajo no financiables con recursos del fondo por 310.0 millones de pesos, los cuales significaron el 5.2% del monto total observado; por esta irregularidad sobresalen por su monto los Estados de Michoacán con un 24.9%; Tamaulipas con el 18.6%; Oaxaca representó el 18.3%; Hidalgo el 8.9%; Yucatán el 5.9%; México el 4.5% y Chihuahua con un 4.5%.

— Se realizaron pagos improcedentes o en exceso por 247.7 millones de pesos, que significaron el 4.1% del total observado; por esta irregularidad sobresalen los Estados de Nayarit con el 56.1% del monto de la irregularidad y Michoacán de Ocampo con el 39.9%.

— Se detectaron pagos a trabajadores adscritos a centros AGS, personal comisionado o con licencias por 185.9 millones de pesos, los cuales representaron el 3.1% del monto total

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observado; por esta irregularidad sobresalen por su monto los Estados Veracruz con un 17.7%; Colima con el 11.8%; Durango representó el 8.6%; Chihuahua el 7.3%; Tlaxcala el 6.1%; Sinaloa representó el 5.1%; Nuevo León con un 4.6%; Morelos con el 4.3%; Jalisco con un 4.3%; Aguascalientes con el 3.5%; Hidalgo representó el 3.4% y Coahuila de Zaragoza el 3.1%.

— Se observaron otros conceptos de irregularidad con un monto de 507.0 millones de pesos, que significaron el 8.4% del monto observado; con la siguiente integración de irregularidades: Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal por 160.5 millones de pesos; irregularidades o retrasos en la ministración de recursos o de rendimientos financieros por parte del Gobierno Federal a las Entidades Federativas por 112.5 millones de pesos; transferencia de recursos a otras cuentas bancarias por 61.1 millones de pesos; otras (No darse las facilidades para llevar a cabo la verificación física) por 53.2 millones de pesos; centros de trabajo AGD y FGD (Personal comisionado a otras dependencias) por 48.1 millones de pesos; pago a trabajadores que tuvieron un cargo de Elección Popular durante 2016 por 22.6 millones de pesos; falta de enteros a terceros institucionales por 21.5 millones de pesos; centros de trabajo no financiables con recursos del fondo (CT) (Nomina Estatal y cargo de Elección Popular durante 2016) por 19.1 millones de pesos; personal adscrito a centros de trabajo que no son compatibles geográficamente por 5.8 millones de pesos y; el pago de pasivos de ejercicios anteriores por 1.6 millones de pesos.

FAETA De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF en la tercera entrega de informes individuales, los principales resultados del FAETA se presentan a continuación:

— Se detectaron recursos no ejercidos por 80.2 millones de pesos que significaron el 38.4% del monto total observado. ; la Entidad Federativa con mayor monto de los recursos en este concepto fue Guanajuato con el 36.5%.

— Se identificaron retenciones por concepto de FOVISSSTE, SAR e ISR por 55.6 millones de pesos que significaron el 26.6% del monto total observado; los Estados con mayor monto de los recursos en este concepto fueron Quintana Roo con el 44.8% y Sonora con el 19.8%.

— Se detectó la falta de documentación comprobatoria del gasto por 32.3 millones de pesos, que significaron el 15.5% del monto total observado; las Entidades Federativas con mayor monto de los recursos en este concepto fueron Durango con el 57.4% y Sonora con el 35.9%

— Se observaron irregularidades que en conjunto suman 40.4 millones de pesos y que significaron 19.4% del importe total observado, con la siguiente integración: Sueldos y compensaciones superiores a los tabuladores autorizados por 12.2 millones de pesos; Transferencia de recursos a otras cuentas bancarias por 5.0 millones de pesos; recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos del fondo por 3.5 millones de pesos; planteles de nueva creación por 1.8 millones de pesos y; otros por 1.7 millones de pesos.

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FAM De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF en la tercera entrega de informes individuales, los principales resultados del FAM se presentan a continuación:

— No se ejercieron recursos por 3 mil 052.9 millones de pesos que significaron el 62.8% del monto total observado; los Estados en los cuales se presentó en mayor medida esta irregularidad fueron: Estado de México con el 19.4% del total observado; Jalisco con el 11.7% y Guerrero con el 6.7%. Es importante señalar que en 31 entidades federativas se registró esta irregularidad.

— Recursos e intereses no entregados a los ejecutores por 1 mil 375.2 millones de pesos que significaron el 28.3% del monto total observado; los Estados en los cuales se presentó este concepto de irregularidad en mayor proporción son: Veracruz con el 87.0% y la Ciudad de México con el 11.0%

— Se detectó la falta de documentación comprobatoria del gasto por 179.3 millones de pesos, que significaron el 3.7% del monto total observado; las Entidades Federativas con mayor monto de los recursos en este concepto fueron Sinaloa con el 48.0%, Nuevo León con el 22.7% e Hidalgo con el 21.4%

— Se realizaron transferencias de recursos del Fondo a otras cuentas bancarias por 137.0 millones de pesos que significaron el 2.8% del monto total observado; los Estados en los cuales se presentó en mayor medida esta irregularidad fueron: Coahuila de Zaragoza con el 54.7% y Morelos con el 44.8% del monto de la irregularidad.

— Otras observaciones de obras públicas y servicios por 72.7 millones de pesos que significaron el 1.5% del monto total observado; los Estados en los cuales se presentó en mayor medida esta irregularidad fueron: Nuevo León con el 56.0%; Guerrero el 17.6% y Colima con el 11.7% del monto de la irregularidad.

Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF en la tercera entrega de informes individuales, los principales resultados del PETC se presentan a continuación:

— Se realizaron pagos improcedentes o en exceso por 143.5 millones de pesos, que representaron el 28.1% del monto total observado. Los Estados con mayor monto observado fueron: Baja California Sur con el 44.4% y Chiapas con el 42.1% del importe total.

— Se detectó la falta de documentación comprobatoria por 117.1 millones de pesos, que representaron al 22.9% del monto total observado; Los Estados con mayor monto observado fueron: Chihuahua con el 35.4% y Durango con el 34.4%.

— No se ejercieron recursos al 31 de diciembre de 2016 por 93.4 millones de pesos, que representaron el 18.3 % del monto total observado; los Estados que tuvieron una mayor importancia en este concepto fueron Chihuahua con el 55.8% y San Luis Potosí con el 8.7%.

— Se pagaron multas y recargos por el entero extemporáneo a terceros institucionales por 58.4 millones de pesos que significaron el 11.4% del monto observado; los Estados con mayor

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monto observado fueron: San Luis Potosí con el 35.6%; Veracruz el 14.4% y Querétaro con el 16.6% del monto de la irregularidad.

— En el Estado de Hidalgo se realizaron transferencias de recursos del Programa a otras cuentas bancarias por 41.0millones de pesos que representaron el 8.0% del monto observado.

— Se observaron otros conceptos de irregularidad con un monto de 57.0 millones de pesos, que significaron el 11.2% del monto observado.

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006) De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF en la tercera entrega de informes individuales, los principales resultados del Programa U006 se presentan a continuación:

— Se constató la falta de enteros a terceros institucionales por 1 mil 077.5 millones de pesos, en la Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Veracruzana lo que representa el 25.0% del monto total observado.

— Se realizaron pagos en exceso a lo autorizado (se rebasó el monto máximo autorizado en el Tabulador General de Puestos y Salarios; y prestaciones No Ligadas al Salario no autorizadas en el Contrato Colectivo de Trabajo, entre otros) por 1 mil 071.1 millones de pesos, en la Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca y en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, lo que representa el 24.8% del monto total observado.

— Se detectó la falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto por 618.6 millones de pesos, en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma de Chihuahua, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Autónoma de Nuevo León y en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, lo que representa el 14.4% del monto total observado.

— Se realizó la transferencia de recursos a otra cuenta bancaria en la que se administran otro tipo de recursos por 466.6 millones de pesos, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad de Colima y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, lo que representa el 10.8% del monto total observado.

— No se devengaron recursos (Subejercicios) por 424.8 millones de pesos, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Juárez del Estado de Durango y en la Universidad de Guadalajara, lo que representa el 9.9% del monto total observado (Anexo 4).

— Se realizaron pagos no procedentes y conceptos no autorizados por la SEP (jubilaciones, comisionados sindicales, honorarios asimilables a salarios, servicios profesionales, alimentos, apoyo a sindicatos, donativos) por 244.3 millones de pesos, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de Campeche, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Juárez del Estado de Durango, Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Autónoma de Nuevo

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León, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Universidad Autónoma de Tlaxcala, lo que representa el 5.7% del monto total observado.

— Se comprobó la omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o cualquier otra obligación fiscal por 243.6 millones de pesos, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, lo que representa el 5.6% del monto total observado.

— Se detectaron recursos no comprometidos y no reintegrados a la TESOFE (no cuentan con la autorización correspondiente) por 108.4 millones de pesos, en la Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de Campeche, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma de Nayarit y Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, Universidad de Quintana Roo y la Universidad Veracruzana, lo que representa el 2.5% del monto total observado.

— Otros conceptos de irregularidades por 56.8 millones de pesos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de Baja California Sur, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma de Coahuila, Universidad Juárez del Estado de Durango, Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Autónoma de Sinaloa , Universidad de Sonora, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y Universidad Veracruzana, lo que representa el 1.3% del monto total observado.

Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación (U080) De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF en la tercera entrega de informes individuales, los principales resultados del Programa U080 se presentan a continuación:

— Se comprobó la falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto (que evidencie el destino, ejecución y aplicación de los recursos del programa) por 1 mil 845.1 millones de pesos, en los estados de Baja California Sur, Guerrero, México, Michoacán, Morelos y Zacatecas, lo que representa el 91.9% del monto total observado.

— Se realizaron pagos superiores a los establecidos en el tabulador por 54.9 millones de pesos, que corresponden a los Estados de Baja California Sur, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, lo que representa el 2.7% del monto total observado.

— No se localizó a personal en los centros de trabajo por 35.1 millones de pesos, en el Estado de Nayarit y Veracruz, lo que representa el 1.7% del monto total observado.

— No se formalizó la prestación de servicios con trabajadores eventuales, por medio de los contratos respectivos, por 21.7 millones de pesos, en el Estado de Tamaulipas, lo que representa el 1.1% del monto total observado.

— Otros conceptos de irregularidades por 51.2 millones de pesos, en los Estados de Baja California Sur, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca,

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Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, lo que representa el 2.6% del monto total observado.

FONDOS DE SALUD En materia de Salud, como parte de la tercera entrega de informes individuales, la ASF reportó resultados de los siguientes Fondos: Fideicomiso – Sistema de Protección Social en Salud y; Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación. Fideicomiso: Sistema de Protección Social en Salud De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF en la tercera entrega de informes individuales, los principales resultados del Fideicomiso se presentan a continuación:

— Se identificaron pagos improcedentes o en exceso por 4.3 millones de pesos.

— Se comprobó la existencia de obra pagada no ejecutada o de mala calidad por 6.9 millones de pesos.

— No se aplicaron penas convencionales por 17.4 millones de pesos.

Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF en la tercera entrega de informes individuales, los principales resultados del Fondo se presentan a continuación:


— Se identificaron otras observaciones de obra pública o adquisiciones por 166.5 millones de pesos.

SEGURIDAD PÚBLICA En materia de Seguridad Pública, como parte de la tercera entrega de informes individuales, la ASF reportó resultados de los siguientes Fondos: El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) y, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). FASP De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF en la tercera entrega de informes individuales, los principales resultados del FASP se presentan a continuación:

— No se ejercieron recursos por 1 mil 305.6 millones de pesos, que representan el 71.2% del monto total observado; de dicho monto sobresalen los Estados de Nuevo León con el 12.9%;

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Chihuahua el 11.5%; Tamaulipas con el 7.3%; y la Ciudad de México represento el 5.4% del monto de la irregularidad.

— Se realizaron transferencias de recursos del Fondo a otras cuentas bancarias por 335.3 millones de pesos, que representaron el 18.3% del monto observado; en su integración se destaca el Estado de Veracruz con el 76.3% del monto observado en éste concepto de irregularidad.

— Se detectó la falta de documentación comprobatoria del gasto por 90.0 millones de pesos, el cual representó el 4.9% del monto total observado; los Estados que presentaron un mayor monto observado en este concepto son Baja California Sur con el 43.1% y Tamaulipas con el 31.2%.

— Se ejercieron recursos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos del Fondo por 28.9 millones de pesos, que significaron el 1.6% del monto total observado; los Estados que tuvieron mayor impacto en este concepto fueron Baja California Sur con el 79.6% y San Luis Potosí con el 13.9%.

— Se observaron otros conceptos de irregularidad por un monto de 74.4 millones de pesos, que significaron el 4.1% del monto total observado; su integración es la siguiente: Bienes pagados y no localizados, o servicios pagados no recibidos o no cumple con las especificaciones contratadas por 24.1 millones de pesos que representan el 1.3% del monto total observado; obra pagada con recursos del FASP 2016 que no se encuentra operando por 12.1 millones de pesos que representan el 0.7% del monto total observado; falta de amortización de los anticipos por 9.9 millones de pesos que representan el 0.5% del monto total observado; obra pagada no ejecutada o de mala calidad por 8.4millones de pesos que representa el 0.5% del total del monto observado; se aplicaron recursos en conceptos que no cuentan con la validación del SESNSP o en su caso la autorización de la reprogramación por 7.7 millones de pesos que representan el 0.4% del monto total observado; penas convencionales no aplicadas por 4.1 millones de pesos que representan el 0.2% del monto total observado; la Secretaría de Finanzas o si equivalente no ministro la totalidad de los recursos al ejecutor por 3.2 millones de pesos que representan el 0.2% del monto total observado; pago con recursos del FASP 2016 debiendo ser con recursos de otros ejercicios, o con otra fuente de financiamiento por 2.0 millones de pesos que representan el 0.1% del monto observado y; otras irregularidades relacionadas con obras por 1.6 millones de pesos que representan el 0.1% del monto observado.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF en la tercera entrega de informes individuales, los principales resultados del PFORTAMUN-DF se presentan a continuación:

— En el Municipio de Puerto Vallarta, en el Estado de Jalisco, se detectaron recursos reintegrados pendientes de aplicar a los fines del FORTAMUN-DF, por 10.8 millones de pesos.

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— El Municipio de Tepoztlán en el Estado de Morelos, no ejerció recursos del Fondo durante el ejercicio fiscal 2016 por 0.3 millones de pesos.

INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA En materia de infraestructura social básica, como parte de la tercera entrega de informes individuales, la ASF reportó resultados de los siguientes Fondos: El Fondo de Infraestructura Social Estatal y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. FISE De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF en la terc3era entrega de informes individuales, los principales resultados del FISE se presentan a continuación:

— Se realizaron traspasos de recursos del fondo a otras cuentas que no fueron reintegrados o se reintegraron de forma parcial por 811.4 millones de pesos, que corresponden al 73.1% de las recuperaciones totales; esta irregularidad se identificó en los Estados de Coahuila, Chiapas, Estado de México y Veracruz. Donde destacan este último Estado con 775.1 millones de pesos observados, y el Estado de Coahuila con 32.5 millones de pesos.

— Se detectó la falta de documentación comprobatoria y justificativa de la aplicación de los recursos del fondo por 155.2 millones de pesos en los Estados de Chiapas, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, lo que representa el 14.0% de las recuperaciones totales; se destacan los Estados de San Luis Potosí con 71.9 millones de pesos observados en esta irregularidad, y Chiapas con 53.7 millones de pesos.

— Se detectaron obras y acciones que no benefician directamente a sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema por 51.4 millones de pesos, esto es, el 4.6% de las recuperaciones totales; la irregularidad que se presentó en los Estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Zacatecas. Donde destaca el Estado de Durango con 35.5 millones de pesos observados en esta irregularidad.

— En los Estados Hidalgo, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí y Tabasco se detectaron obras terminadas y pagadas que no se encontraban en operación por 44.1 millones de pesos, esto es, el 4.0% de las recuperaciones totales, sobresalen los dos últimos Estados con 12.5 millones de pesos y 12.1 millones de pesos, respectivamente.

— Se pagaron conceptos de obra no ejecutados o ejecutados con mala calidad, en los Estados de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Durango, Jalisco, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, por un importe de 22.9 millones de pesos que corresponden al 2.1% de las recuperaciones totales: Se destaca al Estado de Chiapas con 10.1 millones de pesos.

— En el Estado de Michoacán se encontraron obras o acciones financiadas con el Fondo que no se corresponden con el catálogo de los lineamientos generales del FAIS por 11.9 millones de pesos, que representan el 1.1% de las recuperaciones totales.

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— en el Estado de San Luis Potosí se detectaron pagos por concepto de Gastos Indirectos por 5.8 millones de pesos para personal, sin acreditarse la realización de las funciones de Agentes para el Desarrollo Local y, no se contó con el convenio firmado con la SEDESOL.

— En los Estados de Chiapas, Hidalgo y Jalisco, se presentaron atrasos injustificados en la ejecución de las obras imputables a los contratistas sin que se hayan aplicado penas convencionales por un importe total de 1.6 millones de pesos, que corresponden al 0.1% de las recuperaciones totales.

— En el Estado de Michoacán no se transfirieron recursos a los ejecutores por 3.1 millones de pesos y no se enteraron retenciones a terceros institucionales por 1.0 millones de pesos.

FISMDF De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF en la tercera entrega de informes individuales, los principales resultados del FISMDF se presentan a continuación:

— En el Municipio de San Martín Itunyoso, Oaxaca se observó la falta de documentación comprobatoria de las erogaciones por 0.2 millones de pesos y conceptos no autorizados en gastos indirectos por 0.2 millones de pesos.

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES En materia de medio ambiente y recursos naturales se canalizaron recursos federales para la “Construcción de la Prensa Bicentenario en el Sitio los Pilares (Ampliación”, los principales resultados se presentan a continuación:


— Se detectó Obra pagada no ejecutada o de mala calidad por 12.6 millones de pesos. COMUNICACIONES Y TRANSPORTES En materia de comunicaciones y transportes se canalizaron recursos federales mediante el “Programa de Infraestructura Carretera” y la “Ampliación Línea 12 Mixcoac – Observatorio, en la Ciudad de México”. Programa de Infraestructura Carretera De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF en la tercera entrega de informes individuales, los principales resultados del Programa se presentan a continuación:

— Se detectaron Pagos improcedentes o en exceso por 2.4 millones de pesos.

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PROGRAMAS DEL RAMO GENERAL 23 Se transfirieron recursos federales del Ramo General 33 mediante las siguientes figuras: Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), Fondo de Capitalidad, Programas y Fondos Federales, Contingencias Económicas y Otros. Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF en la tercera entrega de informes individuales, los principales resultados del PDR se presentan a continuación:

— Se detectaron recursos no devengados o no ejercidos por 305.1 millones de pesos, en los Estados de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y la Universidad Autónoma de Campeche, lo que representa el 29.0% del monto total observado.

— Se transfirieron recursos s a otros fondos o programas por 263.0 millones de pesos, en los Estados de Chiapas, Coahuila y México, lo que representa el 25.0% del monto total observado.

— Se detectó la falta de documentación comprobatoria por 137.7 millones de pesos, en la Ciudad de México, y los Estados de Michoacán, Nayarit, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, lo que representa el 13.1% del monto total observado.

— Se observaron recursos comprometidos no ejecutados en el plazo establecido por 136.7 millones de pesos, en el Municipio de San José de Gracia, Aguascalientes, la Ciudad de México y los Estados de Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo y Tamaulipas, lo que representa el 13.0% del monto total observado.

— Se observaron recursos no comprometidos al término del ejercicio por 84.6 millones de pesos, en los Estados de Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, lo que representa el 8.1% del monto total observado.

— Se identificó obra pagada no ejecutada o de mala calidad por 38.8 millones de pesos, en los Estados de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Sonora, Tabasco, Veracruz y la Universidad Autónoma de Campeche, lo que representa el 3.7% del monto total observado.

— Se observaron otros conceptos como son recursos o rendimientos financieros no transferidos a los ejecutores, rendimientos financieros no comprometidos y no reintegrados a la TESOFE, falta de amortización de anticipos, pago de proyectos sin autorización, construcciones en propiedad privada, penas convencionales no aplicadas, pagos improcedentes o en exceso, retenciones no enteradas a terceros institucionales, pago de conceptos no relacionados con el objetivo y bienes adquiridos no localizados por 85.2 millones de pesos en el municipio de San José de Gracia, Aguascalientes, en los Estados de Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas,

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Veracruz y en la Universidad Autónoma de Campeche, lo que representa el 8.1% del monto total observado.

Fondo de Capitalidad De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF en la tercera entrega de informes individuales, los principales resultados del Fondo de Capitalidad se presentan a continuación:

— Se detectaron recursos no ejercidos (subejercicio) por 0.6 millones de pesos

Entrega de Recursos del Gasto Federalizado En materia de “Entrega de los Recursos del Gasto Federalizado a los Entes Ejecutores de la Entidad Federativa y sus Municipios”, los principales resultados se presentan a continuación:

— Se realizaron transferencias de recursos a otras cuentas bancarias en los Estados de Coahuila, Oaxaca y Veracruz por un monto conjunto de 2 mil 163.9 millones de pesos; de este monto, 1 mil 549.8 millones de pesos correspondieron al Estado de Veracruz.

— Existen irregularidades en la ministración de 1 mil 421.1 millones de pesos en los que no se cuenta con evidencia de su transferencia a los ejecutores, principalmente en los Estados de Baja California Sur por 585.5 millones de pesos y Michoacán por 471.5 millones de pesos.

— Se detectaron 404.5 millones de pesos de recursos en el Estado de Veracruz, que no fueron ministrados ni reintegrados a la Tesorería de la Federación.

— Las cuentas bancarias en las que se depositaron los recursos generaron intereses de los cuales se identificaron 54.4 millones que no fueron transferidos a los ejecutores ni enterados a la TESOFE.

RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES Participaciones Federales en Entidades Federativas De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF: los principales resultados de las Participaciones Federales en Entidades Federativas, se presentan a continuación:

— Falta de documentación comprobatoria del gasto.- Esta irregularidad tuvo un importe observado de 17 mil 775.6 millones de pesos, el cual representó el 75.0% del monto total que se observó, lo que la ubica como la principal observación del ejercicio de las participaciones federales. Se presentó en 18 entidades federativas.

— Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal.- Se observó un importe por este concepto, de 1 mil 826.9 millones de pesos, que significó el 7.7% del monto total observado; 18 entidades federativas presentaron esta irregularidad. Las entidades

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federativas con mayor monto observado fueron: Tamaulipas, con el 34.2% de este concepto; Nuevo León, con el 29.5%, y Chihuahua, con el 18.3%.

— Retenciones no enteradas a terceros institucionales.- En este rubro se observó un monto de 1 mil 250.5 millones de pesos, que significó el 5.3% del monto total que se observó. Esta irregularidad se manifestó en 7 entidades federativas. Las entidades con el mayor importe fueron: Veracruz, con el 67.1% del monto total observado en este concepto; Nayarit, con el 23.0%, y Chiapas, con el 4.2%.

— Sueldos y compensaciones superiores a los tabuladores autorizados.- Esta irregularidad tuvo un importe observado de 799.9 millones de pesos, el cual representó el 3.4% del monto total; se manifestó en 8 entidades federativas. Los mayores importes se presentaron en las siguientes entidades federativas: Tamaulipas, con el 43.5% del monto total observado en este concepto; Tlaxcala, con el 19.7%, y Quintana Roo, con el 18.2%.

— Pagos improcedentes o en exceso.- Se observó por este concepto un importe de 521.6 millones de pesos, que representó el 2.2% del monto total; se presentó en 13 entidades federativas. Las entidades con mayores importes observados por esta irregularidad fueron: Nuevo León, con el 28.8% del monto total; Estado de México, con el 23.9%, y Oaxaca, con el 21.4%.

— Se observó en otros conceptos un importe de 1 mil 513.3 millones de pesos, que representó el 6.4% del monto total; se presentó en 15 entidades federativas.

Participaciones Federales en los Municipios De una muestra de las auditorías reportadas por la ASF: los principales resultados de las Participaciones Federales en los Municipios, se presentan a continuación:

— Falta de documentación comprobatoria del gasto.- Esta irregularidad tuvo un importe observado de 2 mil 189.9 millones de pesos, el cual significó el 71.1% del monto total que se observó; se manifestó en 24 municipios.

— Retenciones no enteradas a terceros institucionales.- Esta irregularidad tuvo un importe observado de 241.0 millones de pesos, el cual representó el 7.8% del monto total que se observó; se presentó en 15 municipios.

— Pagos improcedentes o en exceso.- Se observó en este rubro un importe de 155.7 millones de pesos, que significó el 5.1% del monto total observado; en 17 municipios se registró esta irregularidad.

— Sueldos y compensaciones superiores a los tabuladores autorizados.- Este concepto significó el 4.8% del monto total observado; con un importe de 146.3 millones de pesos, y esta irregularidad estuvo presente en 17 municipios.

— Pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal.- Este rubro se identificó en 27 municipios, y presentó un monto observado de 137.5 millones de pesos, que significó el 4.5% del monto total observado.

— Se observó por otros conceptos diversos un monto de 208.4 millones de pesos, que significó el 6.7% del monto total observado; se presentó en 30 municipios.

458



DEUDA SUBNACIONAL En apego a la nueva atribución establecida en la LFRCF, la ASF reporto en la tercera entrega de informes individuales los resultados del proceso de contratación de financiamiento y la gestión de los recursos obtenidos, así como la sostenibilidad de las finanzas y de la deuda pública subnacional; de los que sobresalen los siguientes: Financiamiento Público Local del Gobierno del Estado Chihuahua

— Los recursos de un crédito a largo plazo por 2 mil 723.0 millones de pesos, contratado para refinanciamiento e inversiones públicas productivas se destinaron a fines distintos al solicitado.

— No se identificó el destino y aplicación de 7 mil 713.9 millones de pesos derivados de créditos a corto plazo.

— La información revelada en la Cuenta Pública 2016 no es consistente con los formatos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Financiamiento Público Local del Gobierno de la Ciudad de México

— Inconsistencias en los registros contables sobre la aplicación y destino de los créditos a largo plazo contratados en diciembre de 2016 por 7 mil 000.0 millones de pesos, de los que no se identificó contablemente su correspondencia directa con las obras respectivas, como lo establecen la LDFEFM y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Asimismo, los recursos se utilizaron para reembolsar los pagos realizados con recursos propios.

— No se reveló información del contrato de un crédito a corto plazo por 7 mil 000.0 millones de pesos con BBVA Bancomer en febrero de 2016, el cual fue informado a la ASF por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. No se reportó en la Cuenta Pública, ni se realizó el registro contable conforme a la normativa aplicable.

Financiamiento Público Local del Gobierno del Estado de Quintana Roo

— De 2011 a 2014, el Gobierno del Estado suscribió 144 contratos con instituciones financieras de deuda quirografaria por 38 mil 811.3 millones de pesos a plazo no mayor a 180 días, lo que originó un remanente de 13 mil 277.5 millones de pesos que se refinanció a largo plazo e impactó negativamente las finanzas públicas.

— El Gobierno del Estado pagó 1 millón de pesos de intereses moratorios por el incumplimiento en el pago de capital; no liquidó obligaciones a corto plazo a más tardar tres meses antes de que concluyera el periodo de gobierno y no solicitó la devolución del fondo de reserva por 5.5 millones de pesos una vez liquidadas las obligaciones. Este monto se recuperó el 31 de julio de 2017 por efecto de la práctica de la auditoría correspondiente.

— De la revisión del destino de los recursos obtenidos en 2016 mediante la contratación de créditos a corto plazo por 506.3 millones de pesos, se identificaron faltas administrativas

459



graves de ex servidores públicos de la administración anterior que desviaron recursos públicos por 2 mil 428.4 millones de pesos.

— El Gobierno del Estado firmó contratos de Gestión Interna y Mantenimiento con una institución financiera por créditos a corto y largo plazos, suscritos desde 2011 a 2016, y se aceptaron condiciones distintas a las ofrecidas por otras instituciones financieras, lo que afectó su patrimonio en 961.0 millones de pesos. Como resultado de la práctica de la auditoría, se recuperaron 38.6 millones de pesos relacionados con los incrementos de dicha comisión que la institución financiera debió reembolsar como resultado del refinanciamiento de la deuda.

— El Gobierno del Estado requirió servicios de asesoría financiera para la reestructuración y refinanciamiento de su deuda pública en 2016 por los que pagó 103.6 millones de pesos.

Financiamiento Público Local del Gobierno del Estado de Sonora

— Inadecuada supervisión del pago de intereses ordinarios por 5.8 millones de pesos de los créditos que se administran mediante fideicomisos

Financiamiento Público Local del Gobierno del Estado de Veracruz

— Se acreditaron diferencias por 0.7 millones de pesos en los saldos al 31 de diciembre de 2016 en 24 cuentas bancarias y falta conciliación entre la información de los bancos y la contabilidad.

— Probable desvío de recursos por 30 mil 765.8 millones de pesos derivados de 15 créditos contratados de 2006 a 2015, de los cuales no se acreditó el destino de los recursos.

— Probable desvío de recursos por 11 mil 607.3 millones de pesos relacionados con movimientos operados entre diciembre de 2015 y de marzo a junio de 2016. La cuenta bancaria mediante la que se ejecutaron las operaciones no existe en el catálogo contable, ni en el listado de cuentas bancarias informadas en la Cuenta Pública 2016.

— Probable desvío de recursos por 2 mil 400.0 millones de pesos de un crédito contratado a corto plazo en diciembre de 2015, y no se acreditó el destino de los recursos.

Financiamiento Público Local del Gobierno Municipal de Guadalajara

— No vigiló que la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del gobierno del Estado de Jalisco afectara las participaciones del Fondo General de Participaciones conforme a su instrucción irrevocable, lo que ocasionó una disminución temporal de 48.1 millones de pesos, recursos que posteriormente fueron reintegrados por la institución financiera.

— No registró de forma oportuna el pago de los honorarios fiduciarios por 0.44 millones de pesos de dos fideicomisos, ni los intereses obtenidos por 0.24 millones de pesos derivados de la inversión del patrimonio de un fideicomiso.

— No gestionó que dos fiduciarios devolvieran los intereses generados por 0.84 millones de pesos en 2016 por la inversión del patrimonio de dos fideicomisos, ni tampoco la devolución

460



de la utilidad de ejercicios anteriores por 3.3 millones de pesos conforme al contrato del fideicomiso.

— En 2017, se reestructuró el crédito a largo plazo vigente en 2016 con BBVA Bancomer y se observó que éste condicionó la reestructuración al establecimiento de acuerdos para la prestación de servicios bancarios que eran independientes al contrato original de reestructuración.

Financiamiento Público Local del Gobierno Municipal de Monterrey

— Se contrató un financiamiento que, de acuerdo con los lineamientos de la licitación pública debió ser desechado, y se contrató con una sobretasa mayor a la incluida en el Acta de Fallo.

Financiamiento Público Local del Gobierno Municipal de Tijuana

— De 2013 a 2016, en un fideicomiso se administraron recursos de distintas fuentes de financiamiento que no se han registrado en la contabilidad del gobierno municipal por 182.9 millones de pesos.

— En 2016 se contrataron financiamientos a corto plazo por 450.0 millones de pesos, de los cuales se destinaron 250.0 millones de pesos a gasto corriente, aunque en los contratos se estableció como destino inversión pública productiva.

— No se vigiló que un fiduciario devolviera 1.7 millones de pesos de la plusvalía por valuación de títulos del patrimonio al 31 de diciembre de 2016.

— No acreditó, con documentación soporte, el pago por 0.3 millones de pesos registrado como gasto relacionado con el servicio de la deuda pública en 2016.

OTRAS AUDITORÍAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Gobierno de la Ciudad de México.- Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal de 2016.

— Se detectaron pagos injustificados del Servicio de Enlace Satelital 16 MBPS por 2.2 millones de pesos.

Gobierno del Estado de México.- Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal de 2016.

— Se identificaron penalizaciones no aplicadas por retrasos en el suministro e implementación de los entregables de la primera entrega del proyecto por 1.3 millones de pesos.

Gobierno del Estado de Quintana Roo.- Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en el ejercicio fiscal de 2016.

— Se detectaron contratos pagados no formalizados por 1.2 millones de pesos.

461



— Se realizaron pagos de trabajos no realizados por 2.7 millones de pesos.

— Se identificaron penalizaciones no aplicadas por 3.9 millones de pesos.

Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.- Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios.

— Se detectaron actos u omisiones atribuibles a funcionarios que en su gestión suscribieron el convenio general de colaboración y los convenios específicos y pagaron a 25 proveedores por la supuesta prestación de los servicios vinculados a los dos convenios específicos de fecha 18 de enero y 2 de marzo, ambos del 2016, y sus anexos de ejecución suscritos con la SEDATU por 450.1 millones de pesos; de los cuales no se tiene evidencia de la realización por parte de los proveedores, y omitieron vigilar y supervisar el cumplimento de lo contratado, con lo que causaron un daño al erario.

Televisora de Hermosillo, S. A. de C. V.- Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios.

— Se detectaron actos u omisiones atribuibles a los funcionarios que en su gestión pagaron al amparo de supuestas contrataciones por el 100.0% de la prestación del servicio que derivó del primer convenio específico y su anexo de ejecución del 3 de mayo de 2016, suscrito con la SEDATU por 271.9 millones de pesos; con nueve proveedores sin la capacidad técnica y económica, de los cuales no se tiene evidencia que hayan realizado bien o servicio alguno en favor de la televisora; y omitieron vigilar y supervisar el cumplimento de lo contratado, con lo que causaron un daño al erario.

Gobierno de la Ciudad de México.- Ampliación Línea 12 Mixcoac-Observatorio, en la Ciudad de México.

— Se detectaron recursos no ejercidos (subejercicio) por 255.9 millones de pesos.

— Se observó que existen trabajos por 1.1 millones de pesos, que no cuentan con los dictámenes técnicos y se carece de los soportes documentales que acrediten su ejecución.

Gobierno del Estado de Zacatecas.- Centro Cultural Toma de Zacatecas (2a. Etapa) y Teleférico, en el Estado de Zacatecas.

— Se determinaron pagos improcedentes o en exceso por 3.0 millones de pesos.

Gobierno del Estado de Zacatecas.- Construcción de Centro de Servicios de Atención a la Ciudadanía (Edificio Municipal) en Fresnillo, en el Estado de Zacatecas.

— Se detectaron pagos realizados no justificados por 8.7 millones de pesos.

462



Gobierno del Estado de Puebla.- Construcción del Segundo Piso de la Autopista México-Puebla, en el Estado de Puebla.

— Se pagaron sobrecostos en la construcción del segundo piso de la autopista México-Puebla por 311.3 millones de pesos, sin justificar en la integración de los precios extraordinarios los rendimientos de mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta e insumos.

— Se otorgó a la concesionaria un monto de 2.8 millones de pesos por concepto de anticipo sin que éste estuviera establecido en el título de concesión.

Gobierno del Estado de Baja California.- Programas y Fondos Federales.

— Recursos ministrados del FONMETRO 2016 por 0.5 millones de pesos, del FORTALECE 2016 por 38.7 millones de pesos, y del FORTAFIN 2016 por 446.4 millones de pesos, que no fueron vinculados por el Gobierno del Estado de Baja California con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2016.

— Se determinaron recursos comprometidos no ejercidos del FONMETRO 2016 por 18.1 millones de pesos, del FORTALECE 2016 por 17.3 millones de pesos, y del FORTAFIN 2016 por 233.8 millones de pesos.

Gobierno del Estado de Chiapas.- Programas y Fondos Federales.

— Al 31 de diciembre de 2016 no se comprometieron recursos del programa Fortalecimiento Financiero y de los fondos Regional, Metropolitano y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal por un importe total de 82.3 millones de pesos, que no se han reintegrado a la Tesorería de la Federación.

— Recursos no ejercidos del programa Fortalecimiento Financiero y de los fondos Regional, Metropolitano y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal por un importe total de 103.3 millones de pesos, que deberán ejercerse a más tardar a diciembre de 2017, o en caso de no ser así, deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación.

— Pagos improcedentes de precios unitarios extraordinarios y anticipos por un importe total de 68.3 millones.

— Inadecuada planeación de las obras por un monto de 4.1 millones de pesos.

Gobierno del Estado de Durango.- Programas y Fondos Federales.

— No se comprobó la vinculación de compromisos y obligaciones formales de pago por un importe de 23.7 millones de pesos de recursos del Programa de Fortalecimiento Financiero 2016, y los Fondos Metropolitano y Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.

— No se comprobó el ejercicio de recursos comprometidos del Programa de Fortalecimiento Financiero para la Inversión 2016 y el fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal por 10.0 millones de pesos.

463



Gobierno del Estado de Hidalgo.- Programas y Fondos Federales.

— Se observó que con cargo en los fondos Metropolitano, Regional, del Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, y para el programa de Fortalecimiento Financiero, al último día hábil de diciembre de 2016: No se erogaron o vincularon con compromisos y obligaciones formales de pago 83.8 millones de pesos. Se encontró que a la conclusión de estos fondos no se ejercieron 335.1 millones de pesos. En un contrato se comprobó que se pagaron 9.6 millones de pesos sin haberse iniciado los trabajos. En un contrato se pagó un importe de 9.0 millones de pesos sin que se ejecutaran los mismos.

Gobierno del Estado de Jalisco.- Programas y Fondos Federales.

— Se observó que con cargo en los Fondos Metropolitano, para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y al programa de Fortalecimiento Financiero en el ejercicio de 2016, se determinaron observaciones por: 129.8 millones de pesos de recursos que no se vincularon con compromisos y obligaciones formales de pago; 391.0 millones de pesos de recursos de los que no se acreditó su ejercicio con la documentación comprobatoria correspondiente; 100.4 millones de pesos de recursos ejercidos en forma indebida; 29.9 millones de pesos de obra pagada y no ejecutada; y 8.6 millones de pesos por el pago de conceptos extraordinarios sin la documentación de soporte correspondiente.

Gobierno del Estado de México.- Programas y Fondos Federales.

— Se observó que con cargo a los fondos Metropolitano, y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, y al programa de Fortalecimiento Financiero, al último día hábil de diciembre de 2016, se determinaron observaciones por: En tres contratos revisados no se aplicaron penas convencionales por 31.7 millones de pesos por no concluir los trabajos en los plazos establecidos, y un contrato por un monto de 149.6 millones de pesos más IVA, que a la fecha de la revisión (noviembre de 2016) no se había iniciado.

Gobierno del Estado de Oaxaca.- Programas y Fondos Federales.

— Al 31 de diciembre de 2016 no se comprometieron recursos del programa Fortalecimiento Financiero y de los fondos Regional, Metropolitano y para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal por un importe total de 7.5 millones de pesos, que no se han reintegrado a la Tesorería de la Federación.

— Recursos de contratos de obra del FONREGION no ejercidos por 25.7 millones de pesos.

Gobierno del Estado de Puebla.- Programas y Fondos Federales.

— Se comprobó la mala calidad en los trabajos ejecutados por 19.0 millones de pesos y pagos improcedentes por 3.1 millones de pesos.

464



— Se observaron 36.9 millones de pesos por recursos federales del programa de Fortalecimiento Financiero que a la fecha de la revisión (octubre de 2017) no se ejercieron, ni se acreditó su reintegro a la TESOFE.

— Se observaron 30.5 millones de pesos del programa Fortalecimiento Financiero 2016 que al último día hábil de diciembre de 2016 no se erogaron o vincularon con compromisos formales de pago, ni se acreditó su reintegro a la TESOFE.

Gobierno del Estado de Quintana Roo.- Programas y Fondos Federales.

— Se observaron 5.3 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) de 2016, que no fueron ejercidos al 30 de junio de 2017.

Gobierno del Estado de Sonora.- Programas y Fondos Federales.

— Recursos ministrados del FORTAFIN 2016 por 23.2 millones de pesos y del FORTALECE 2016 por 1.4 millones de pesos que no fueron vinculados por el Gobierno del Estado de Sonora con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2016.

— Se determinaron recursos comprometidos no ejercidos del FORTAFIN 2016 por 3.9 millones de pesos, y del FORTALECE 2016 por 86.0 millones de pesos y del Fondo Minero 2016 por 7.6 millones de pesos; y por lo que se refiere Gobierno del Municipio de Puerto Peñasco, un monto de 1.0 millones de pesos del FORTAFIN 2016.

Gobierno del Estado de Tamaulipas.- Programas y Fondos Federales.

— Recursos ministrados del FORTAFIN por 4.0 millones de pesos, y del PROAGUA por 30.5 millones de pesos, que no fueron vinculados por el Gobierno del Estado de Tamaulipas con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2016.

— Se determinaron recursos comprometidos no ejercidos del FONMETRO 2016 por 9.2 millones de pesos, del FORTAFIN por 115.3 millones de pesos, del FORTALECE por 82.7 millones de pesos, y del PROAGUA por 128.4 millones de pesos.

Gobierno de la Ciudad de México.- Programas y Fondos Federales.

— No se han ejercido 298.4 millones de pesos de los fondos de Capitalidad, Metropolitano, para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y el programa de Fortalecimiento Financiero, cuyos calendarios de ejecución ya concluyeron.

466



ANEXO I. Resumen de Auditorías Practicadas

467



Continúa…

N° SECTOR / ENTE DESEMPEÑO

FINANCIERA

CON ENFOQUE

DE DESEMPEÑO

EVALUACIÓN

DE POLÍTICAS

PÚBLICAS

ESTUDIO

FINANCIERAS Y

DE

CUMPLIMIENTO

INVERSIONES

FÍSICASFORENSES TOTAL

148 759 6 2 799 136 15 1,865

45 2 3 2 65 13 1 131

SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 18 2 1 2 44 1 0 68

1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 4 2 1 2 21 30

2 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 1 1 2

3 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 1 1 2

4 Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 1 1 2

5 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 2 1 3

6 Comisión Nacional Bancaria y de Valores 4 4

7 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 2 2

8Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y

Pesquero1 1

9Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes

Nacionales1 1

10 Instituto para la Protección del Ahorro Bancario 1 1

11 Nacional Financiera, S.N.C. 1 1 2

12 Servicio de Administración Tributaria 1 11 12

13 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 4 4

14 Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 1 1 2

PODER LEGISLATIVO 0 0 0 0 3 0 0 3

15 Cámara de Diputados 2 2

16 Cámara de Senadores 1 1

PODER JUDICIAL 1 0 0 0 1 8 0 10

17 Suprema Corte de Justicia de la Nación 1 1

18 Consejo de la Judicatura Federal 1 1 7 9

SECTOR GOBERNACIÓN 7 0 1 0 7 2 1 18

19 Secretaría de Gobernación 2 1 4 1 8

20 Archivo General de la Nación 1 1 2

21 Consejo para Prevenir la Discriminación 1 1

22 Policía Federal 1 2 3

23 Prevención y Readaptación Social 1 1 1 3

24 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 1 1

SECTOR DEFENSA NACIONAL 0 0 0 0 2 0 0 2

25 Secretaría de la Defensa Nacional 1 1

26 Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 1 1

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 0 0 0 0 1 0 0 1

27 Presidencia de la República 1 1

SECTOR RELACIONES EXTERIORES 1 0 0 0 1 0 0 2

28 Secretaría de Relaciones Exteriores 1 1 2

SECTOR PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 4 0 0 0 1 0 0 5

30 Procuraduría General de la República 2 1 3

31Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el

Combate a la Delincuencia1 1

32 Instituto Nacional de Ciencias Penales 1 1

SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA 1 0 0 0 0 0 0 1

33 Secretaría de la Función Pública 1 1

SECTOR MARINA 0 0 0 0 1 1 0 2

34 Secretaría de Marina 1 1 2

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 13 0 1 0 4 1 0 19

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2 2

36 Instituto Federal de Telecomunicaciones 2 1 3

37Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales1 1 2

38 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 3 1 4

39 Instituto Nacional Electoral 2 1 1 4

40 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 3 3

41 Tribunal Federal de Justicia Administrativa 1 1

AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LA ASF EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016

TOTAL

FUNCIONES DE GOBIERNO

468



Continúa…


FINANCIERA

CON ENFOQUE

DE DESEMPEÑO

EVALUACIÓN

DE POLÍTICAS

PÚBLICAS

ESTUDIO

FINANCIERAS Y

DE

CUMPLIMIENTO

INVERSIONES


0 0 0 0 7 1 0 8

52 0 1 0 91 74 5 223

SECTOR AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y

ALIMENTACIÓN4 0 1 0 16 1 4 26

42Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación3 1 11 3 18

43Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de

Mercados Agropecuarios1 1 2

44 Instituto Nacional de Acuacultura y Pesca 1 1

45Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector

Rural, A.C.1 1

46 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 3 1 4

SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 7 0 0 0 13 46 0 66

47 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 5 5 25 35

48 Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 1 1 2

49 Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. 1 1

50 Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 1 1

51 Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. 1 1

52 Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 1 1

53 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 1 1

54 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 1 1 6 8

55 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 5 10 15

56 Instituto Mexicano del Transporte 1 1

SECTOR ECONOMÍA 6 0 0 0 3 1 0 10

57 Secretaría de Economía 1 1 1 3

58 Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 1 1

59 Fideicomiso de Fomento Minero 1 1

60 Instituto Nacional del Emprendedor 1 1

61 Procuraduría Federal del Consumidor 2 2

62 ProMéxico 2 2

SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 2 0 0 0 1 0 0 3

63 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 1 1

64 Instituto Nacional para el Consumo de los Trabajadores 1 1 2

SECTOR DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 5 0 0 0 4 1 1 11

65 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 5 2 1 1 9

66 Comisión Nacional de Vivienda 1 1

67 Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 1 1

SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 15 0 0 0 5 15 0 35

68 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 1 1 2

69 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 1 1

70 Comisión Nacional del Agua 11 3 15 29

71 Comisión Nacional Forestal 1 1 2

72 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 1 1

SECTOR ENERGÍA 4 0 0 0 4 1 0 9

73 Secretaría de Energía 3 1 4

74 Centro Nacional de Control de Energía 1 1

75 Centro Nacional de Control del Gas Natural 2 2

76 Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 1 1

77 Instituto Mexicano del Petróleo 1 1

EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO 4 0 0 0 41 9 0 54

78 Comisión Federal de Electricidad 1 9 10

79 Petróleos Mexicanos 13 13

80 Pemex Etileno 1 1

81 Pemex-Exploración y Producción 1 7 4 12

82 Pemex Fertilizantes 1 1 2

83 Pemex Logística 1 1

84 Pemex Perforación y Servicios 1 1

85 Pemex Transformación Industrial 2 8 3 13

86 P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. 1 1

ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA

ENERGÉTICA1 0 0 0 3 0 0 4

87 Comisión Nacional de Hidrocarburos 1 1

88 Comisión Reguladora de Energía 1 2 3

SECTOR TURISMO 2 0 0 0 1 0 0 3

89 Secretaría de Turismo 2 2

90 Fondo Nacional de Fomento al Turismo 1 1

SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2 0 0 0 0 0 0 2

91 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 2 2

FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO


TOTAL

469



Continúa…


FINANCIERA

CON ENFOQUE

DE DESEMPEÑO

EVALUACIÓN

DE POLÍTICAS

PÚBLICAS

ESTUDIO

FINANCIERAS Y

DE

CUMPLIMIENTO

INVERSIONES


0 0 0 0 6 1 0 7

51 0 2 0 53 8 7 121

SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA 19 0 1 0 12 2 0 34

92 Secretaría de Educación Pública 16 7 23

93 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 1 1

94 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 1 1

95 Consejo Nacional de Fomento Educativo 1 1

96 Fondo de Cultura Económica 1 1

97 Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 1 2 1 4

98 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 1 1

99 Instituto Politécnico Nacional 1 1

100 Patronato de Obras e Instalaciones del I.P.N. 1 1

SECTOR CULTURA 6 0 0 0 2 0 0 8

101 Secretaría de Cultura 1 1 2

102 Centro de Capacitación Cinematográfica 1 1

103 Educal, S.A. de C.V. 1 1

104 Estudios Churubusco Azteca, S.A. 1 1

105 Fideicomiso para la Cineteca Nacional 1 1

106 Instituto Mexicano de Cinematografía 1 1

107 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 1 1

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 0 0 0 0 2 1 7 10

108 Universidad Nacional Autónoma de México 1 1

109 Universidad Autónoma Metropolitana 1 1

110 Universidad Autónoma de Chapingo 1 1

111 Universidad Mexiquense del Bicentenario 1 1

112 Universidad Politécnica de Chiapas 1 1

113 Universidad Politécnica de Francisco y Madero 1 1

114 Universidad Politécnica de Quintana Roo 1 1

115 Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 1 1

116 Universidad Tecnológica de Campeche 1 1

117 Universidad Tecnológica de Salamanca 1 1

SECTOR SALUD 14 0 1 0 12 0 0 27

118 Secretaría de Salud 4 1 2 7

119 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 1 1

120Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de

Enfermedades1 1

121 Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA 1 1

122 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 1 1

123 Centro Regional de Alta Especialidad en Chiapas 1 1

124 Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios 1 1

125 Comisión Nacional de Protección Social en Salud 3 3

126 Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" 1 1

127 Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 1 1

128 Instituto Nacional de Cancerología 1 1 2

129 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 1 1

130 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 1 1

131Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío

Villegas1 1

132 Instituto Nacional de Geriatría 1 1

133 Instituto Nacional de Pediatría 1 1

134 Instituto Nacional de Salud Pública 1 1

135 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 1 1

SECTOR DESARROLLO SOCIAL 9 0 0 0 8 0 0 17

136 Secretaría de Desarrollo Social 5 5 10

137 Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 1 1

138 Diconsa, S.A. de C.V. 1 1

139 Instituto Mexicano de la Juventud 1 1

140 Instituto Nacional de Desarrollo Social 2 2

141 Instituto Nacional de Economía Social 1 1

142 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 1 1

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE 3 0 0 0 17 5 0 25

143 Instituto Mexicano del Seguro Social 1 8 3 12

144Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado6 1 7

145 FOVISSSTE 1 1

146 SuperISSSTE 1 1

147 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2 1 1 4

FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL


TOTAL

470



Continúa…


FINANCIERA

CON ENFOQUE

DE DESEMPEÑO

EVALUACIÓN

DE POLÍTICAS

PÚBLICAS

ESTUDIO

FINANCIERAS Y

DE

CUMPLIMIENTO

INVERSIONES


0 19 0 0 17 0 0 36

0 757 0 0 586 0 0 1,343

148 Aguascalientes 19 17 36

149 Baja California 17 15 32

150 Baja California Sur 16 14 30

151 Campeche 20 17 37

152 Chiapas 25 13 38

153 Chihuahua 27 21 48

154 Ciudad de México 19 24 43

155 Coahuila 24 19 43

156 Colima 27 13 40

157 Durango 25 13 38

158 Guanajuato 20 19 39

159 Guerrero 26 13 39

160 Hidalgo 26 14 40

161 Jalisco 31 13 44

162 México 25 20 45

163 Michoacán 20 21 41

164 Morelos 23 18 41

165 Nayarit 23 16 39

166 Nuevo León 30 13 43

167 Oaxaca 23 17 40

168 Puebla 23 17 40

169 Querétaro 24 17 41

170 Quintana Roo 25 14 39

171 San Luis Potosí 22 17 39

172 Sinaloa 23 17 40

173 Sonora 24 19 43

174 Tabasco 21 19 40

175 Tamaulipas 16 19 35

176 Tlaxcala 26 13 39

177 Veracruz 24 20 44

178 Yucatán 28 13 41

179 Zacatecas 20 17 37

Instituciones Estatales de Educación Superior 32 32

Secretarías y Entidades Federales 15 22 37

4 41 2 47

Fuente: Elaborado por la UEC con datos de la ASF.

OTRAS AUDITORÍAS A ENTIDADES FEDERATIVAS

GASTO FEDERALIZADO


TOTAL

471



ANEXO II. Resumen de Observaciones-Acciones

473



Continúa…


1,865 8,069 3,264 1,175 184 643 2,504 2,557 19 10,346

131 426 467 84 4 14 154 48 0 771

SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 68 188 287 6 3 3 48 16 0 363

1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 30 80 159 1 1 19 4 184

2 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 2 7 5 4 1 10

3 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 2 2 2 2

4 Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 2 7 9 5 1 15

5 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 3 24 21 3 2 8 34

6 Comisión Nacional Bancaria y de Valores 4 0

7 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 2 0


Pesquero1 0

9Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes

Nacionales1 2 3 3

10 Instituto para la Protección del Ahorro Bancario 1 0

11 Nacional Financiera, S.N.C. 2 3 3 3

12 Servicio de Administración Tributaria 12 24 41 2 1 10 54

13 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 4 37 45 1 8 2 56

14 Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 2 2 2 2

PODER LEGISLATIVO 3 7 9 0 0 0 0 0 0 9

15 Cámara de Diputados 2 4 6 6

16 Cámara de Senadores 1 3 3 3

PODER JUDICIAL 10 43 17 0 0 8 19 3 0 47

17 Suprema Corte de Justicia de la Nación 1 5 1 3 1 5

18 Consejo de la Judicatura Federal 9 38 16 5 18 3 42

SECTOR GOBERNACIÓN 18 58 49 12 1 0 34 10 0 106

19 Secretaría de Gobernación 8 24 29 1 18 6 54

20 Archivo General de la Nación 2 8 6 3 9

21 Consejo para Prevenir la Discriminación 1 1 1 1

22 Policía Federal 3 16 16 1 9 2 28

23 Prevención y Readaptación Social 3 9 4 4 4 2 14

24 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 1 0

SECTOR DEFENSA NACIONAL 2 9 4 0 0 0 5 1 0 10

25 Secretaría de la Defensa Nacional 1 4 1 3 4

26 Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 1 5 3 2 1 6

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1

27 Presidencia de la República 1 1 1 1

SECTOR RELACIONES EXTERIORES 2 29 51 2 0 0 11 10 0 74

28 Secretaría de Relaciones Exteriores 2 29 51 2 11 10 74

SECTOR PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 5 19 17 7 0 0 11 2 0 37

30 Procuraduría General de la República 3 17 17 5 11 2 35


Combate a la Delincuencia1 2 2 2

32 Instituto Nacional de Ciencias Penales 1 0

SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Secretaría de la Función Pública 1 0

SECTOR MARINA 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1

34 Secretaría de Marina 2 1 1 1

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 19 71 32 57 0 3 25 6 0 123

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2 9 17 17

36 Instituto Federal de Telecomunicaciones 3 1 1 1


Protección de Datos Personales2 3 5 4 2 11

38 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 4 4 10 1 1 12

39 Instituto Nacional Electoral 4 26 12 6 3 18 4 43

40 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 3 23 32 32

41 Tribunal Federal de Justicia Administrativa 1 5 5 2 7

OBSERVACIONES-ACCIONES EMITIDAS POR LA ASF EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016

N° SECTOR / ENTE REVISIONES OBSERVACIONESACCIONES

TOTAL


474



Continúa…


1,865 17 5 22 0 0 1 0 0 28

223 1,536 810 519 18 337 401 233 4 2,322


ALIMENTACIÓN26 213 102 81 13 6 67 120 2 391


Alimentación18 139 33 54 11 38 104 2 242

43Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de

Mercados Agropecuarios2 9 8 1 2 3 14

44 Instituto Nacional de Acuacultura y Pesca 1 16 27 27

45Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector

Rural, A.C.1 7 21 9 2 32

46 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 4 42 40 1 6 18 11 76

SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 66 484 212 53 2 234 86 34 0 621

47 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 35 311 129 36 1 189 40 9 404

48 Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 2 14 17 9 2 28

49 Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. 1 17 14 10 24

50 Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 1 6 6 6

51 Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. 1 2 1 1 2

52 Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 1 1 1 1

53 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 1 9 4 2 3 9

54 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 8 43 8 5 15 7 12 47

55 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 15 71 44 1 24 17 2 88

56 Instituto Mexicano del Transporte 1 10 12 12

SECTOR ECONOMÍA 10 73 34 43 0 2 23 14 0 116

57 Secretaría de Economía 3 26 9 10 2 10 5 36

58 Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 1 11 14 14

59 Fideicomiso de Fomento Minero 1 4 6 2 8

60 Instituto Nacional del Emprendedor 1 19 19 11 9 39

61 Procuraduría Federal del Consumidor 2 6 11 11

62 ProMéxico 2 7 8 8

SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 3 14 1 19 0 0 0 0 0 20

63 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 1 6 7 7

64 Instituto Nacional para el Consumo de los Trabajadores 2 8 1 12 13

SECTOR DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 11 110 45 52 1 4 32 19 1 154

65 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 9 86 19 52 1 4 21 18 1 116

66 Comisión Nacional de Vivienda 1 19 21 7 28

67 Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 1 5 5 4 1 10

SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 35 192 42 135 1 55 35 14 0 282

68 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2 11 5 10 1 16

69 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 1 4 12 12

70 Comisión Nacional del Agua 29 160 30 87 1 55 28 12 213

71 Comisión Nacional Forestal 2 14 7 16 6 2 31

72 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 1 3 10 10

SECTOR ENERGÍA 9 32 20 24 0 1 1 1 0 47

73 Secretaría de Energía 4 15 4 17 21

74 Centro Nacional de Control de Energía 1 5 5 5

75 Centro Nacional de Control del Gas Natural 2 6 11 1 1 13

76 Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 1 5 7 7

77 Instituto Mexicano del Petróleo 1 1 1 1

EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO 54 351 313 52 1 35 129 31 1 562

78 Comisión Federal de Electricidad 10 42 49 9 10 1 1 70

79 Petróleos Mexicanos 13 88 119 43 8 170

80 Pemex Etileno 1 1 2 2

81 Pemex-Exploración y Producción 12 104 67 23 1 18 41 7 157

82 Pemex Fertilizantes 2 8 6 2 2 10

83 Pemex Logística 1 4 11 2 1 14

84 Pemex Perforación y Servicios 1 7 8 2 10

85 Pemex Transformación Industrial 13 81 45 20 9 22 12 108

86 P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. 1 16 6 8 7 21

ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA 4 30 32 8 0 0 21 0 0 61

87 Comisión Nacional de Hidrocarburos 1 0

88 Comisión Reguladora de Energía 3 30 32 8 21 61

SECTOR TURISMO 3 23 9 30 0 0 7 0 0 46

89 Secretaría de Turismo 2 14 30 30

90 Fondo Nacional de Fomento al Turismo 1 9 9 7 16

SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2 14 0 22 0 0 0 0 0 22

91 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 2 14 22 22

OBSERVACIONESACCIONES

TOTAL



N° SECTOR / ENTE REVISIONES

475



Continúa…


1,865 3 5 0 0 0 1 0 0 6

121 836 504 572 11 22 261 157 12 1,539

SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA 34 219 66 229 0 2 49 28 0 374

92 Secretaría de Educación Pública 23 166 24 216 17 19 276

93 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 1 2 3 3

94 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 1 10 11 16 27

95 Consejo Nacional de Fomento Educativo 1 10 11 4 3 18

96 Fondo de Cultura Económica 1 0

97 Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 4 15 13 2 8 3 26

98 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 1 6 10 10

99 Instituto Politécnico Nacional 1 10 7 4 3 14

100 Patronato de Obras e Instalaciones del I.P.N. 1 0

SECTOR CULTURA 8 66 18 40 0 0 22 11 0 91

101 Secretaría de Cultura 2 15 4 13 3 2 22

102 Centro de Capacitación Cinematográfica 1 3 3 3

103 Educal, S.A. de C.V. 1 5 9 9

104 Estudios Churubusco Azteca, S.A. 1 1 1 1

105 Fideicomiso para la Cineteca Nacional 1 5 5 5

106 Instituto Mexicano de Cinematografía 1 8 9 9

107 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 1 29 14 19 9 42

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 10 59 38 0 11 0 26 30 12 117

108 Universidad Nacional Autónoma de México 1 2 1 1 2

109 Universidad Autónoma Metropolitana 1 1 1 1 2

110 Universidad Autónoma de Chapingo 1 24 27 14 5 46

111 Universidad Mexiquense del Bicentenario 1 4 3 2 2 3 10

112 Universidad Politécnica de Chiapas 1 7 2 2 4 3 1 12

113 Universidad Politécnica de Francisco I. Madero 1 5 1 3 1 3 8

114 Universidad Politécnica de Quintana Roo 1 2 1 1 1 1 4

115 Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 1 5 1 1 1 4 1 8

116 Universidad Tecnológica de Campeche 1 2 1 1 1 1 8 12

117 Universidad Tecnológica de Salamanca 1 7 1 1 1 8 2 13

SECTOR SALUD 27 160 93 99 0 0 58 28 0 278

118 Secretaría de Salud 7 24 5 17 10 6 38

119 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 1 10 17 17


Enfermedades1 10 7 7 2 16

121 Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA 1 9 11 6 5 22

122 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 1 12 25 25

123 Centro Regional de Alta Especialidad en Chiapas 1 12 7 8 1 16

124 Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios 1 3 3 1 4

125 Comisión Nacional de Protección Social en Salud 3 10 12 11 5 28

126 Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" 1 7 9 3 2 14

127 Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 1 22 20 12 7 39

128 Instituto Nacional de Cancerología 2 19 19 8 27

129 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 1 4 4 4

130 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 1 0


Villegas1 5 9 9

132 Instituto Nacional de Geriatría 1 5 7 7

133 Instituto Nacional de Pediatría 1 7 11 11

134 Instituto Nacional de Salud Pública 1 1 0

135 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 1 1 1

SECTOR DESARROLLO SOCIAL 17 176 133 182 0 0 47 30 0 392

136 Secretaría de Desarrollo Social 10 104 57 100 32 26 215

137 Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 1 22 54 6 60

138 Diconsa, S.A. de C.V. 1 9 13 4 3 20

139 Instituto Mexicano de la Juventud 1 12 50 50

140 Instituto Nacional de Desarrollo Social 2 12 18 18

141 Instituto Nacional de Economía Social 1 8 9 5 1 15

142 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 1 9 14 14

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE 25 156 156 22 0 20 59 30 0 287

143 Instituto Mexicano del Seguro Social 12 82 92 2 14 33 15 156


Estado7 32 41 5 12 10 68

145 FOVISSSTE 1 3 5 1 6

146 SuperISSSTE 1 9 9 4 2 15

147 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 4 30 9 20 1 9 3 42

TOTAL




476




1,865 99 34 0 0 0 22 49 0 105

1,343 4,852 1,341 0 149 0 1,630 2,097 0 5,217

148 Aguascalientes 36 99 34 22 49 105

149 Baja California 32 180 54 10 70 79 213

150 Baja California Sur 30 219 26 10 95 99 230

151 Campeche 37 119 47 6 26 51 130

152 Chiapas 38 135 24 10 15 103 152

153 Chihuahua 48 158 35 5 50 78 168

154 Ciudad de México 43 93 36 33 31 100

155 Coahuila 43 160 57 7 37 70 171

156 Colima 40 72 11 18 43 72

157 Durango 38 197 33 3 99 65 200

158 Guanajuato 39 81 15 37 32 84

159 Guerrero 39 117 41 7 1 74 123

160 Hidalgo 40 116 14 5 6 101 126

161 Jalisco 44 158 86 53 51 190

162 México 45 215 52 6 112 49 219

163 Michoacán 41 233 50 7 73 129 259

164 Morelos 41 125 46 2 33 45 126

165 Nayarit 39 259 55 6 126 89 276

166 Nuevo León 43 188 64 73 56 193

167 Oaxaca 40 141 20 10 43 81 154

168 Puebla 40 84 24 1 43 16 84

169 Querétaro 41 53 29 1 28 58

170 Quintana Roo 39 124 44 4 56 48 152

171 San Luis Potosí 39 168 34 5 84 59 182

172 Sinaloa 40 167 68 1 40 62 171

173 Sonora 43 175 34 11 55 86 186

174 Tabasco 40 93 30 3 26 36 95

175 Tamaulipas 35 120 53 5 7 63 128

176 Tlaxcala 39 63 21 1 1 41 64

177 Veracruz 44 176 43 11 33 113 200

178 Yucatán 41 141 58 2 45 37 142

179 Zacatecas 37 155 19 89 47 155

Instituciones Estatales de Educación Superior 37 102 65 68 133

Secretarías y Entidades Federales 32 166 19 10 61 86 176

47 419 142 2 270 58 22 3 497

R. Recomendaciones.RD. Recomendaciones al Desempeño.PEFCF. Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal.SA. Solicitudes de Aclaración.PRAS. Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. PO. Pliegos de Observaciones. M. Multas.


TOTAL




GASTO FEDERALIZADO

477



ANEXO III. Resumen de Recuperaciones Determinadas

478



Continúa…

N° SECTOR / ENTE Probables Operadas TOTAL

105,713.7 6,921.8 112,635.50.0 0.0 0.0

413.2 29.6 442.80.0 0.0 0.0

SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 61.3 9.6 70.9

1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2.2 0.3 2.5

2 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 0.0 0.0 0.0

3 Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 0.0 0.0 0.0

4 Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 0.0 0.5 0.5

5 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 38.9 0.0 38.9

6 Comisión Nacional Bancaria y de Valores 0.0 0.0 0.0

7 Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 0.0 0.0 0.0


Pesquero0.0 0.0 0.0

9 Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 0.0 0.0 0.0

10 Instituto para la Protección del Ahorro Bancario 0.0 0.0 0.0

11 Nacional Financiera, S.N.C. 0.0 7.0 7.0

12 Servicio de Administración Tributaria 0.0 0.3 0.3

13 Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 20.2 1.4 21.6

14 Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 0.0 0.0 0.0

PODER LEGISLATIVO 0.0 0.5 0.5

15 Cámara de Diputados 0.0 0.0 0.0

16 Cámara de Senadores 0.0 0.5 0.5

PODER JUDICIAL 43.2 4.9 48.1

17 Suprema Corte de Justicia de la Nación 12.0 0.0 12.0

18 Consejo de la Judicatura Federal 31.2 4.9 36.2

SECTOR GOBERNACIÓN 214.7 0.3 215.0

19 Secretaría de Gobernación 4.7 0.3 5.0

20 Archivo General de la Nación 0.0 0.0 0.0

21 Consejo para Prevenir la Discriminación 0.0 0.0 0.0

22 Policía Federal 1.2 0.0 1.2

23 Prevención y Readaptación Social 208.8 0.0 208.8

24 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 0.0 0.0 0.0

SECTOR DEFENSA NACIONAL 4.2 0.0 4.2

25 Secretaría de la Defensa Nacional 0.0 0.0 0.0

26 Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 4.2 0.0 4.2

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 0.0 0.0 0.0

27 Presidencia de la República 0.0 0.0 0.0

SECTOR RELACIONES EXTERIORES 68.3 1.6 70.0

28 Secretaría de Relaciones Exteriores 68.3 1.6 70.0

SECTOR PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 0.1 0.0 0.1

30 Procuraduría General de la República 0.1 0.0 0.1


Combate a la Delincuencia0.0 0.0 0.0

32 Instituto Nacional de Ciencias Penales 0.0 0.0 0.0

SECTOR FUNCIÓN PÚBLICA 0.0 0.0 0.0

33 Secretaría de la Función Pública 0.0 0.0 0.0

SECTOR MARINA 0.0 12.4 12.4

34 Secretaría de Marina 0.0 12.4 12.4

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 21.3 0.2 21.5

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 0.0 0.0 0.0

36 Instituto Federal de Telecomunicaciones 0.0 0.0 0.0


Protección de Datos Personales11.2 0.2 11.3

38 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 0.0 0.0 0.0

39 Instituto Nacional Electoral 10.2 0.0 10.2

40 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 0.0 0.0 0.0

41 Tribunal Federal de Justicia Administrativa 0.0 0.0 0.0

RECUPERACIONES DETERMINADAS POR LA ASF EN LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2016

(Millones de Pesos)

TOTAL


479



Continúa…


105,713.7 6,921.8 112,635.5

10,314.4 4,298.7 14,613.1


ALIMENTACIÓN2,146.3 134.7 2,281.1


Alimentación1,994.3 82.6 2,076.9

43Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados

Agropecuarios69.9 52.1 122.0

44 Instituto Nacional de Acuacultura y Pesca 0.0 0.0 0.0

45Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural,

A.C.7.5 0.0 7.5

46 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 74.7 0.0 74.7

SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 1,510.2 39.3 1,549.5

47 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 947.8 15.2 963.0

48 Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 0.6 0.9 1.5

49 Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. 0.0 0.7 0.7

50 Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 2.2 0.0 2.2

51 Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. 0.0 0.5 0.5

52 Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 31.9 20.9 52.8

53 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 5.9 0.0 5.9

54 Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 105.9 1.0 106.8

55 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 416.0 0.0 416.0

56 Instituto Mexicano del Transporte 0.0 0.0 0.0

SECTOR ECONOMÍA 237.6 0.1 237.7

57 Secretaría de Economía 75.4 0.0 75.4

58 Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.0

59 Fideicomiso de Fomento Minero 0.0 0.0 0.0

60 Instituto Nacional del Emprendedor 162.2 0.1 162.3

61 Procuraduría Federal del Consumidor 0.0 0.0 0.0

62 ProMéxico 0.0 0.0 0.0

SECTOR TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 0.0 0.0 0.0

63 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 0.0 0.0 0.0

64 Instituto Nacional para el Consumo de los Trabajadores 0.0 0.0 0.0

SECTOR DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 2,798.7 2.0 2,800.7

65 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 1,006.1 0.0 1,006.1

66 Comisión Nacional de Vivienda 0.0 0.0 0.0

67 Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 1,792.6 2.0 1,794.6

SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 441.0 1.1 442.1

68 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 0.0 0.0 0.0

69 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 0.0 0.0 0.0

70 Comisión Nacional del Agua 431.1 1.1 432.2

71 Comisión Nacional Forestal 9.9 0.0 9.9

72 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 0.0 0.0 0.0

SECTOR ENERGÍA 330.3 1.0 331.3

73 Secretaría de Energía 0.0 0.0 0.0

74 Centro Nacional de Control de Energía 0.0 0.0 0.0

75 Centro Nacional de Control del Gas Natural 329.3 0.0 329.3

76 Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 0.0 0.0 0.0

77 Instituto Mexicano del Petróleo 0.9 1.0 1.9

EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO 2,850.3 4,119.8 6,970.2

78 Comisión Federal de Electricidad 0.2 0.1 0.3

79 Petróleos Mexicanos 455.5 0.4 455.9

80 Pemex Etileno 0.0 0.0 0.0

81 Pemex-Exploración y Producción 492.7 4,113.2 4,605.9

82 Pemex Fertilizantes 1.1 0.0 1.1

83 Pemex Logística 114.5 0.0 114.5

84 Pemex Perforación y Servicios 0.0 0.0 0.0

85 Pemex Transformación Industrial 1,786.3 6.1 1,792.4

86 P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.0

ÓRGANOS REGULADORES COORDINADOS EN MATERIA ENERGÉTICA 0.0 0.0 0.0

87 Comisión Nacional de Hidrocarburos 0.0 0.0 0.0

88 Comisión Reguladora de Energía 0.0 0.0 0.0

SECTOR TURISMO 0.0 0.7 0.7

89 Secretaría de Turismo 0.0 0.0 0.0

90 Fondo Nacional de Fomento al Turismo 0.0 0.7 0.7

SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGÍA 0.0 0.0 0.0

91 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 0.0 0.0 0.0



(Millones de Pesos)

TOTAL

480



Continúa…


105,713.7 6,921.8 112,635.5

4,424.8 11.6 4,436.4

SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA 2,543.4 1.9 2,545.3

92 Secretaría de Educación Pública 1,463.3 0.0 1,463.3

93 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 0.0 0.0 0.0

94 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 0.0 0.0 0.0

95 Consejo Nacional de Fomento Educativo 280.6 0.0 280.6

96 Fondo de Cultura Económica 0.0 0.0 0.0

97 Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 784.0 0.7 784.7

98 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 0.0 0.0 0.0

99 Instituto Politécnico Nacional 15.5 0.0 15.5

100 Patronato de Obras e Instalaciones del I.P.N. 0.0 1.2 1.2

SECTOR CULTURA 30.1 0.0 30.1

101 Secretaría de Cultura 16.9 0.0 16.9

102 Centro de Capacitación Cinematográfica 0.0 0.0 0.0

103 Educal, S.A. de C.V. 0.0 0.0 0.0

104 Estudios Churubusco Azteca, S.A. 0.0 0.0 0.0

105 Fideicomiso para la Cineteca Nacional 0.0 0.0 0.0

106 Instituto Mexicano de Cinematografía 0.0 0.0 0.0

107 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 13.1 0.0 13.1

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 1,104.2 0.0 1,104.2

108 Universidad Nacional Autónoma de México 0.1 0.0 0.1

109 Universidad Autónoma Metropolitana 185.8 0.0 185.8

110 Universidad Autónoma de Chapingo 14.5 0.0 14.5

111 Universidad Mexiquense del Bicentenario 178.1 0.0 178.1

112 Universidad Politécnica de Chiapas 249.6 0.0 249.6

113 Universidad Politécnica de Francisco y Madero 185.8 0.0 185.8

114 Universidad Politécnica de Quintana Roo 97.3 0.0 97.3

115 Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas 58.6 0.0 58.6

116 Universidad Tecnológica de Campeche 90.0 0.0 90.0

117 Universidad Tecnológica de Salamanca 44.5 0.0 44.5

SECTOR SALUD 258.5 0.0 258.6

118 Secretaría de Salud 7.8 0.0 7.8

119 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 0.0 0.0 0.0


Enfermedades42.9 0.0 42.9

121 Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA 35.1 0.0 35.1

122 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 0.0 0.0 0.0

123 Centro Regional de Alta Especialidad en Chiapas 0.0 0.0 0.0

124 Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios 0.0 0.0 0.0

125 Comisión Nacional de Protección Social en Salud 4.4 0.0 4.4

126 Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga" 142.1 0.0 142.1

127 Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 26.3 0.0 26.3

128 Instituto Nacional de Cancerología 0.0 0.0 0.0

129 Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 0.0 0.0 0.0

130 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 0.0 0.0 0.0


Villegas0.0 0.0 0.0

132 Instituto Nacional de Geriatría 0.0 0.0 0.0

133 Instituto Nacional de Pediatría 0.0 0.0 0.0

134 Instituto Nacional de Salud Pública 0.0 0.0 0.0

135 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 0.0 0.0 0.0

SECTOR DESARROLLO SOCIAL 316.2 0.3 316.5

136 Secretaría de Desarrollo Social 313.3 0.3 313.5

137 Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 0.0 0.0 0.0

138 Diconsa, S.A. de C.V. 0.7 0.0 0.7

139 Instituto Mexicano de la Juventud 0.0 0.0 0.0

140 Instituto Nacional de Desarrollo Social 0.0 0.0 0.0

141 Instituto Nacional de Economía Social 2.3 0.0 2.3

142 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 0.0 0.0 0.0

ENTIDADES NO COORDINADAS SECTORIALMENTE 172.3 9.4 181.7

143 Instituto Mexicano del Seguro Social 114.0 1.8 115.8


Estado43.2 0.0 43.2

145 FOVISSSTE 0.0 0.0 0.0

146 SuperISSSTE 3.1 0.0 3.1

147 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 12.0 7.5 19.5



(Millones de Pesos)

TOTAL

481




105,713.7 6,921.8 112,635.5

84,647.5 2,180.6 86,828.1


149 Baja California 2,191.1 0.1 2,191.3

150 Baja California Sur 1,691.7 0.1 1,691.8

151 Campeche 313.8 52.1 365.8

152 Chiapas 3,045.6 132.1 3,177.7

153 Chihuahua 11,176.4 23.4 11,199.8

154 Ciudad de México 758.6 11.5 770.1

155 Coahuila 1,777.4 116.0 1,893.4

156 Colima 381.4 4.1 385.5

157 Durango 818.5 7.0 825.6

158 Guanajuato 31.1 24.9 56.0

159 Guerrero 2,187.4 12.3 2,199.7

160 Hidalgo 657.7 5.0 662.7

161 Jalisco 235.1 21.6 256.7

162 México 2,890.1 1,294.3 4,184.5

163 Michoacán 5,214.5 55.7 5,270.2

164 Morelos 1,856.5 100.5 1,957.0

165 Nayarit 985.5 1.8 987.3

166 Nuevo León 6,546.4 29.9 6,576.3

167 Oaxaca 3,935.2 0.0 3,935.3

168 Puebla 18.5 32.1 50.6

169 Querétaro 21.8 21.6 43.4

170 Quintana Roo 4,600.4 88.9 4,689.3

171 San Luis Potosí 689.0 34.5 723.5

172 Sinaloa 2,559.4 2.9 2,562.3

173 Sonora 495.2 27.8 523.0

174 Tabasco 468.4 0.9 469.3

175 Tamaulipas 4,652.6 0.9 4,653.6

176 Tlaxcala 482.0 6.1 488.0

177 Veracruz 17,409.8 1.6 17,411.5

178 Yucatán 1,091.3 54.4 1,145.8

179 Zacatecas 1,526.0 2.3 1,528.2

Instituciones Estatales de Educación Superior 3,874.3 12.8 3,887.0

Secretarías y Entidades Federales 0.0 0.0 0.0

5,913.8 401.3 6,315.1



GASTO FEDERALIZADO


(Millones de Pesos)

TOTAL

Documents

Marco de Referencia para el Análisis de la Fiscalización ... · Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 1.2. Infografía de la fiscalización