Gonzlez, Carlos Alberto y otros s/ queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en/
Expte. n 5978/08 Martn, Mauro s/ queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en Club Atltico Vlez Sarsfield s/
inf. art. 96 CC apelacin
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2008
Vistos: los autos indicados en el epgrafe.
Resulta
1. El 22 de octubre de 2006, luego de que la fiscala y el
imputado celebraran un acuerdo de juicio abreviado, el titular del
Juzgado de Primera Instancia en lo Contravencional y de Faltas n 25
conden al Sr. Mauro Leandro Martn a la pena de veinte das de
arresto, cuya ejecucin fue dejada en suspenso, ms el cumplimiento
por el trmino de cuatro meses de las siguientes reglas de conducta:
a) fijar residencia y comunicar cualquier cambio al juzgado o
fiscala; b) cumplir con las citaciones o requerimientos que le
hicieren dichas dependencias judiciales; y c) abstenerse de
concurrir a los estadios y sus adyacencias los das y horarios en
que se disputen encuentros con la participacin del Club Atltico
Boca Juniors, en los torneos organizados por la Asociacin del Ftbol
Argentino (AFA) o por la Confederacin Sudamericana de Ftbol
(CONMEBOL). En dicha decisin condenatoria se lo haba considerado
responsable de las contravenciones de perturbar filas e ingreso, no
respetar el vallado, permitir el ingreso en exceso e ingresar sin
entrada a un espectculo deportivo, puntualmente, al encuentro que
disput el equipo de ftbol del Club Boca Juniors contra el del Club
Vlez Sarsfield, en el estadio de este ltimo, el da 23 de abril de
2006.
2. Durante la etapa de ejecucin de la pena, la fiscala solicit
al juez que revocara la condicionalidad de la ejecucin de la pena,
debido a que el condenado haba presenciado dos partidos de ftbol
organizados por la AFA y disputados por el Club Atltico Boca
Juniors en la provincia de Buenos Aires. El magistrado por
resolucin del 12/02/08, fs. 35/39 decidi hacer lugar a la peticin.
El defensor del imputado apel la sentencia y, frente a ello, la
Cmara confirm la revocatoria (fs. 53/56). La defensa, por lo tanto,
interpuso un recurso de inconstitucionalidad (fs. 57/62).
En esa presentacin el recurrente denunci la violacin de la
garanta de debido proceso y del derecho de defensa en juicio de su
asistido, por desconocimiento de la prohibicin de la reformatio in
pejus. Indic, al respecto, que los magistrados habran agravado los
trminos de la condena acordada. En su opinin, aquella sentencia
surgida del acuerdo entre imputado y fiscala slo comprometa al Sr.
Mauro Leandro Martn a no asistir a los partidos de ftbol en los que
participara el Club Atltico Boca Juniors por torneos de la AFA o la
CONMEBOL en tanto stos se desarrollaran en la Ciudad de Buenos
Aires y no, como expuso el juez de primera instancia en la etapa de
ejecucin, cuando las competencias se realizaran en cualquier otro
mbito territorial. Asimismo, tach de arbitrario el fallo de la
Cmara y mencion que los magistrados intervinientes no respetaron el
principio in dubio pro reo al analizar el alcance de la
condena.
3. Los miembros de la Sala I de la Cmara de Apelaciones
denegaron el recurso de inconstitucionalidad porque, aunque
consideraron que la decisin atacada resultaba equiparable a la
sentencia definitiva que menciona el art. 27 de la ley n 402,
entendieron que el recurrente no haba logrado exponer una cuestin
constitucional (fs. 64/66). Ante la denegatoria, la defensa se
present ante el Tribunal a travs de un recurso de queja (fs.
68/76).
4. La queja aludida en el punto anterior inclua un pedido de
suspensin de la ejecucin de la pena (fs. 76) que fue admitido por
el Tribunal mediante la decisin del da 20/06/08, agregada a fs.
79/82.
5. Al momento de emitir su dictamen, el Fiscal General Adjunto
propici el rechazo de la queja porque consider que la presentacin,
aunque resulta autosuficiente y contiene una crtica pormenorizada
al auto denegatorio atacado, no expone ninguna cuestin
constitucional que permita habilitar esta instancia (fs.
93/95).
Fundamentos:
El juez Julio B. J. Maier dijo:
1. Segn mi comprensin del caso, el 22/10/2007 (fs. 4/11) el Sr.
Mauro Martn fue condenado en lo que aqu interesa a la regla de
conducta consistente en no concurrir a los espectculos deportivos
(ftbol) ni a las adyacencias de los estadios en donde se
desarrollaran en los que uno de los protagonistas fuera el Club
Atltico Boca Juniors, siempre que se tratara de torneos organizados
por la AFA o la CONMEBOL, y a una pena privativa de la libertad en
suspenso, suspensin soportada, precisamente, por aquella y otras
reglas de conducta menores. La sentencia qued firme por su emisin,
puesto que procedi de un juicio abreviado, esto es, del acuerdo
previo entre el acusador y el imputado, verificado por el juez. Ms
an, esa sentencia fue ms benigna que el acuerdo alcanzado por el
acusado y la fiscala para zanjar la realizacin del juicio pblico,
pues l admita que los veinte das de pena privativa de la libertad
fueran efectivos a cumplir mientras que el juez admiti la
condicionalidad de su ejecucin.
Sucede una primera lesin a la regla de conducta estudiada cuando
lo descubren en el estadio de Racing Club (Avellaneda) en un
partido de ftbol disputado por Boca Juniors. Pero tal lesin no es
computada judicialmente para revocar la condicionalidad de la pena
privativa de la libertad, pues, con cierta confusin, el juez admita
la posibilidad de que su sentencia no hubiera sido notificada
correctamente: all, para que quede claro, le reitera al condenado
que la prohibicin rige sin limitacin territorial alguna y que,
adems, la lesin a esa prohibicin puede culminar en la revocacin de
la condicionalidad de la pena de arresto.
Sucede una segunda y una tercera lesin a la regla de conducta en
dos partidos de ftbol protagonizados por Boca Juniors: uno contra
Arsenal (Sarand) y otro en el estadio de Tigre (Victoria). A
instancias del Ministerio Pblico Fiscal, el juez revoca la
condicionalidad en el proceso de ejecucin de la pena, conforme a
reglas del procedimiento contravencional. Luego conoce la Cmara,
que confirma la decisin.
Me parece que queda claro que, si se trata de una sentencia que
ya adquiri calidad de cosa juzgada, ella qued firme y, por lo
tanto, presenciamos el proceso de ejecucin de la pena, en el cual
se desarroll el contexto sobre el que anteriormente advert.
2. Me parece que tambin queda claro: a) que se trata de una
decisin ejecutiva y que, por lo tanto, sin una explicacin coherente
del recurrente explicacin que no existe en su recurso de queja,
queda fuera del recurso extraordinario de inconstitucionalidad
interpuesto por l; b) que tal proceso ejecutivo se rige por normas
locales, comunes en el sentido de infraconstitucionales que no han
sido denunciadas como contrarias a la CN o a la CCABA y en las
cuales, tanto el tribunal de primera como el de segunda instancia,
han fundado la decisin arriba descrita; c) que tanto la lesin al
principio que impide la reformatio in pejus propuesta por el
recurrente, como una eventual afectacin al principio ne bis in idem
quedan totalmente excluidas pues aqu no se trata de un recurso
interpuesto contra la sentencia de mrito firme y consentida por el
acusado sino, nicamente, del modo en que ella ha de ejecutarse
conforme a sus caractersticas; d) que, segn el art. 46 del Cdigo
Contravencional, la pena de arresto decidida en suspenso puede ser
convertida en pena de cumplimiento efectivo, no bien las
condiciones de la suspensin son incumplidas por el condenado; e)
que, como toda sentencia penal que impone cualquier tipo de pena
lcita, ella debe ser cumplida en todo el mbito territorial del
planeta. Una cosa es que el Estado cuyo poder judicial condena slo
tenga un poder limitado a una esfera territorial y deba pedir a
otro, por rogatoria, el ejercicio de la coaccin fuera de su propio
territorio en nuestro caso: extradicin y otra muy distinta el
afirmar que las reglas de conducta slo rigen en el territorio del
Estado que las impone. Internamente, entre nosotros (CN, art. 7)
los actos de un estado federado son reputados vlidos en el
territorio de otro estado federado, y entre esos actos estn las
sentencias penales y las contravencionales. Es por esa razn que las
penas de multa que una provincia impone producen, a pedido de
autoridad, la intimacin de pago y el embargo en otra provincia, y
la regla no vale slo para la materia penal. Tambin una cosa es
sostener que, por ejemplo, el Estado brasileo no se va a ocupar de
impedirle el ingreso al condenado al ltimo match de Boca Juniors
contra Fluminense (disputado en Ro de Janeiro), siempre que no lo
pida la autoridad argentina por la va correspondiente, y otra muy
distinta es concluir que la regla de conducta slo rige en el mbito
de la Ciudad de Buenos Aires. Reemplcese esta ltima condicin por la
prohibicin de ingerir bebidas alcohlicas: le bastara al condenado
trasladarse, segn en qu punto de la Ciudad se encuentre, slo 11
kms. al sur, al norte o al oeste para lesionar impunemente la
condicin impuesta para la suspensin de la pena de arresto.
3. Como se observa, no existe sentencia definitiva que pueda ser
alcanzada por el recurso intentado y los motivos aducidos por el
recurrente distan de unir un precepto constitucional con la
interpretacin de la ley comn y el contexto fctico establecido por
los jueces de mrito en la causa. En el mismo sentido, tambin remito
a mi opinin relativa a los supuestos de sentencia arbitraria (ver,
entre otros, punto 3 de mi voto en Clnica Fleming s/ recurso de
inconstitucionalidad concedido en Clnica Fleming s/ art. 72 CC
incidente clausura apelacin, expte. n 1215, resolucin del 19/12/01
y sus citas, y en GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en Faras, Mara Antonia c/ GCBA s/ empleo pblico (no
cesanta ni exoneracin), expte. n 3565, resolucin del 26/05/05).
Por estas razones, la queja no puede prosperar y debe darse por
perdido el depsito integrado oportunamente.
La jueza Ana Mara Conde dijo:
Adhiero al voto del doctor Julio B. J. Maier. El juez Jos
Osvaldo Cass dijo:
1. Tal como lo afirma el seor juez de trmite, doctor Julio B. J.
Maier, la queja deducida no se dirige contra una sentencia
definitiva (cf. art. 27, ley n 402), toda vez que la decisin
objetada por la defensa del Sr. Martn ha sido tomada en el trmite
de ejecucin posterior al pronunciamiento que resolvi el fondo de la
cuestin debatida.
2. Tampoco cabe hacer excepcin en el caso a la regla antes
sealada, pues no se ha demostrado que la decisin resistida vulnere
las reglas del debido proceso o el derecho de defensa del quejoso a
partir de un desconocimiento o apartamiento manifiesto de lo
resuelto por el fallo condenatorio firme que se dispone ejecutar
(Fallos: 316:2315 y 321:756, entre otros).
En efecto, la regla de conducta estipulada en la condena
prohibicin de concurrencia a los estadios y sus adyacencias los das
y horarios en que el Club Atltico Boca Juniors disputase encuentros
en los torneos de AFA y de la Conmebol no difiere de aquello que
luego fue tenido en cuenta para revocar la condicionalidad de la
ejecucin de la pena decidida, tal como lo explica con claridad el
Sr. juez de trmite en su voto.
En suma, no se ha demostrado que los planteos constitucionales
esbozados en la queja ni la genrica tacha de arbitrariedad
efectuada guarden relacin directa con lo resuelto fundadamente por
los jueces de la causa a partir de la interpretacin de los
preceptos legales en juego y la valoracin de los hechos comprobados
en el expediente.
Por las consideraciones expuestas, corresponde rechazar la
presente queja y dar por perdido el depsito de ley.
As lo voto.
La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:
1. Coincido con la solucin propuesta por el Sr. Juez de trmite.
El recurso de queja presentado por la defensa del Sr. Mauro Leandro
Martn si bien fue interpuesto por escrito, en trmino y ante el
Tribunal (art. 33 de la ley n 402), debe ser rechazado pues carece
de una crtica adecuada de las razones por las que la Cmara deneg su
recurso de inconstitucionalidad.
2. La defensa tacha de arbitraria a la sentencia y seala
que:
de la lectura de la resolucin de la Sala I surge con claridad
que se trat de una argumentacin basada en la reiteracin de frmulas
estereotipadas que no alcanzan para ser consideradas como una
fundamentacin suficiente Los jueces de la Sala I convirtieron la
presentacin de sendos casos constitucionales en una discrepancia o
desacuerdo de la defensa con la solucin a la que arribaron tanto
ellos como el a quo. Ese tipo de argumentacin es, a todas luces
arbitraria Si la defensa recurre es porque discrepa o est en
desacuerdo con la sentencia que la agravia. Ahora bien, reiterar o
utilizar como fundamentacin para el rechazo del recurso que el
mismo se trata de una discrepancia o desacuerdo con la decisin
recurrida u nada mas, es en algn punto redundante. Cabe aclarar
que, en el caso bajo examen, no se trata de una mera disconformidad
de criterios que obviamente no habilitara la instancia del presente
recurso sino de la arbitrariedad lisa y llana (sic, fs. 71).
La insistencia con que la defensa califica a la sentencia de
arbitraria y proclama la autoevidencia de la arbitrariedad que
denuncia es insuficiente y no la releva de la carga de desarrollar
fundamentos de ndole constitucional que den sustento a la alegada
arbitrariedad.
Dicho en otros trminos, el recurso de hecho no cumpli con la
obligacin de exponer de forma concreta, clara y ordenada la crtica
a los motivos por los que la Sala I de la Cmara consider
inadmisible el recurso de inconstitucionalidad intentado (cf. TSJ
in re Fantuzzi, Jos Roberto y otro s/ art. 57 bis causa n
665-CC/2000 s/ queja por denegacin de recurso de
inconstitucionalidad, expte. n 865, resolucin del 09/04/01, en
Constitucin y Justicia [Fallos del TSJ], t. III, ps. 92 y
siguiente).
En estas condiciones la calificacin de sentencia arbitraria
realizada en la queja, no alcanza para sustituir la ausencia de
argumentaciones adecuadas que sostengan el recurso interpuesto.
Como tiene dicho la CSJN en reiteradas ocasiones, la tacha de
arbitrariedad debe ser apreciada estricta y restrictivamente, como
excepcin, pues(l)a doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto
convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria,
ni corregir fallos equivocados o que se reputan tales, sino que
tiende a cubrir casos de carcter excepcional en los que,
deficiencias lgicas del razonamiento o una total ausencia de
fundamento normativo, impidan considerar el pronunciamiento de los
jueces ordinarios como la sentencia fundada en ley a que hacen
referencia los arts. 17 y 18 de la Constitucin Nacional (Fallos:
308:2351, 2456; 311:786; 312:246, 608 y 323:2196, entre otros),
supuestos que no acreditados en el caso (cfr. lo resuelto, entre
otros, en Ministerio Pblico Defensora Oficial en lo Contravencional
n 7 s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Matto
Benitez, Pascual s/ Ley 255 Apelacin, expte. n 2166/03, resolucin
del 14/05/03).
3. Por las razones expuestas, voto por rechazar el recurso de
queja de fs. 68/76.
El juez Luis Francisco Lozano dijo:
1. El recurso de inconstitucionalidad, tal como adelant en la
resolucin del 20 de junio de 2008, fue mal denegado.
Como se ver en los puntos que desarrollo a continuacin, asiste
razn al recurrente en cuanto sostiene que la decisin del 12 de
febrero de 2008 ver punto 2 de los resultas vino, al revocar la
suspensin de la ejecucin de la condena impuesta al Sr. Martn sobre
la base de que ste asisti a dos partidos de ftbol que tuvieron
lugar en la provincia de Buenos Aires (los das 25 y 28 de noviembre
de 2007), a modificar palmariamente el contenido de la sentencia
definitiva (esto es, aquella decisin emitida el 22 de octubre de
2006). Ello as, toda vez que, a la luz de lo dispuesto en el art.
46 del CC, no puede ser inferido de la sentencia definitiva que la
regla de conducta consistente en no concurrir a los estadios y sus
adyacencias en los das y horarios que el Club Atltico Boca Juniors
dispute encuentros de torneos de la AFA y la Conmebol (la negrita
corresponde al original) (fs. 1105vuelta), que ella impuso,
abarcase no slo a los partidos que tuviesen lugar en el mbito de la
CABA sino, tambin, a los que fueren desarrollados fuera de ella.
Esa situacin lleva a que la decisin del a quo que confirm el
pronunciamiento del 12 de febrero de 2008 resulte equiparable a
definitiva y deba ser revocada.
2. Con carcter previo, corresponde sealar que el legislador no
ha impuesto limitacin alguna al mbito geogrfico al cual debe
acomodarse la imposicin de las reglas de conducta. A su vez,
tampoco la Constitucin Local y, menos an, la Nacional contienen
previsiones en ese sentido o clusulas generales de las que tal
limitacin pueda ser deducida. Es decir, ninguno de estos cuerpos
normativos vino a restringir las facultades de la Ciudad en ese
aspecto. Por esas razones, cabe concluir que no pesa sobre los
jueces una restriccin en virtud de la cual la imposicin de las
reglas de conducta deba quedar acotada al mbito de la Ciudad de
Buenos Aires o, en otros trminos, que exista impedimento legal
alguno que impida a los jueces requerir el cumplimiento de esas
reglas en mbitos que excedan los lmites geogrficos de esta
Ciudad.
2.1. Ahora bien, el art. 46 del CC impone dos obligaciones al
juez que decide dejar en suspenso la ejecucin de una condena. Por
un lado, fijar una o ms reglas de conducta y, por el otro,
relacionar esas reglas con una finalidad determinada: la de
prevenir la comisin de nuevas contravenciones.
Del segundo prrafo del mencionado artculo surge que si bien el
legislador libr a la discrecin de los magistrados la eleccin de:
(i) las reglas de conducta a imponer (siempre que se encuentren
entre las enunciadas en el art. 45); (ii) la cantidad; (iii) el
tiempo por el que deben ser observadas (el que no puede exceder el
ao, cf. art. 45 del CC); y, por ltimo, iv) su mbito territorial de
cumplimiento (dado que, en virtud de los expuesto en el punto 2 de
este voto, no pesa sobre el juez limitacin territorial alguna para
imponer su cumplimiento), condicion la imposicin de esas reglas al
hecho de que estn dirigidas a cumplir con una finalidad
determinada: prevenir la comisin de nuevas contravenciones. Esa
circunstancia pone a los jueces en la obligacin de tener que
explicitar tanto los motivos por los cuales impusieron tal o cual
regla de conducta como aquellos por los que decidieron darles
determinada forma de cumplimiento (vrg. duracin o lugares en los
que debe ser observada).
2.2. El mayor desarrollo de la motivacin que deban dar los
jueces para justificar la eleccin de determinada regla de conducta
y la forma de su cumplimiento va a estar directamente ligado al
grado de cercana que, prima facie, guarden dichas reglas con las
contravenciones cuya comisin se busque prevenir. La falta de
argumentacin tendente a explicitar los motivos por los cuales el
juez entendi que conminar a un sujeto a determinada prohibicin
vendra a precaver la comisin de nuevas contravenciones, puede
llevar, en numerosos casos, a que dicha medida no encuentre
respaldo en lo dispuesto en el art. 46 del CC. En ciertos
supuestos, los motivos por los cuales se decidi imponer determinada
prohibicin pueden deducirse con facilidad de una formulacin que los
lleve implcitos. Esa situacin se da en aquellos casos en que la
mera constatacin de los hechos de la causa y la sancin impuesta
permiten justificar la adopcin de determinada regla, a la luz de lo
que requiere el segundo prrafo in fine del art. 46 del CC. En
cambio, en otros, aun cuando el juez haya adoptado una medida
sumamente sofisticada y efectiva para evitar la comisin de una
contravencin, deber dar los fundamentos que lo llevaron a su
imposicin, porque ellos no surgen en forma palmaria de las
constancias del expediente. El siguiente ejemplo ayudar a
comprender el punto. Una persona resulta condenada por haber
conducido un vehculo bajo los efectos de estupefacientes (cf. art.
111 del CC) y el juez decide suspender la ejecucin de la condena.
En ese marco, la imposicin de una regla de conducta segn la cual el
condenado deber asistir a un curso que tenga por fin concienciar a
las personas de los peligros que acarrea manejar bajo los efectos
de determinadas sustancias, no requerira una gran motivacin por
parte del magistrado para mostrar la relacin que tiene ella con
prevenir la comisin de una nueva contravencin. Ello, aun cuando el
curso se dicte fuera de los lmites de esta jurisdiccin. Ahora bien,
si en ese mismo caso, el juez decidiera imponer la obligacin al
condenado de tener que donar 100 paales a determinado hospital,
deber explicitar los motivos en base a los cuales entiende que la
imposicin de esa conducta ayudar a prevenir la comisin de nuevas
contravenciones, puesto que ella carece de relacin aparente con la
conducta por la que fue condenado.
En resumen, pesa sobre los jueces la obligacin de explicitar los
motivos por los cuales entendieron que la imposicin de determinada
regla de conducta colaborar en evitar la comisin de nuevas
contravenciones. A su vez, la intensidad que deba darle a esos
motivos depender en cada caso del grado de cercana que guarde la
conducta reprimida con la regla impuesta.
3. En el caso, el juez de primera instancia conden, el 22 de
octubre de 2006, al Sr. Martn a la pena de 20 das de arresto en
suspenso y condicion esa suspensin a que el recurrente cumpliese
varias reglas de conducta, entre las que se encontraba, la de
[a]bstenerse de concurrir a los estadios y a sus adyacencias los
das y horarios que dispute encuentros el Club Atltico Boca Juniors
en los torneos de la AFA y la Conmebol. En lo que ahora importa,
para imponer esa regla, seal que, aun cuando era a l a quien le
corresponda hacerlo (cf. art. 46 del CC), encontraba adecuado
remitirse a la acordada por las partes en el convenio de juicio
abreviado, cuyo texto resultaba anlogo al ya citado.
En ese marco, y a la luz de lo sealado en los puntos 2, 2.1. y
2.2. de este voto, asiste razn al Sr. Martn en cuanto sostiene que
esa prohibicin no poda ser interpretada con un alcance que
excediese los lmites de esta Ciudad.
El nico argumento explicitado por el magistrado para imponer la
mencionada prohibicin consisti en sealar que ella resultaba similar
a la pena accesoria acordada por las partes en el acuerdo de juicio
abreviado. En esas condiciones, y ante la ausencia de fundamento
alguno para su imposicin, no se entendera cmo el hecho de impedirle
al condenado asistir a un encuentro futbolstico que dispute el Club
Boca Juniors en el marco de alguno de los torneos de la AFA o la
Conmebol en alguna provincia o en el exterior del pas tendra por
fin evitar la comisin de nuevas contravenciones en esta jurisdiccin
(cf. lo dispuesto en el segundo prrafo in fine del art. 46 del CC).
En otros trminos, aun cuando, dada la conducta por la que fue
condenado, se podran entender implcitos los motivos que llevaron al
juez a vedar al Sr. Martn asistir a los estadios de la Ciudad y a
sus adyacencias en los das y horarios en que jugase el mencionado
Club, no ocurre lo mismo con aqullos que pudieron haberlo llevado a
impedirle asistir a los partidos que tuvieren lugar fuera del ejido
de esta jurisdiccin. Estos ltimos, en todo caso, de existir,
debieron haber sido explicitados. Aqu resulta aplicable lo dicho en
el punto 2.2. de este voto acerca del desarrollo que los jueces
deben dar a la motivacin de la regla de conducta y su forma de
cumplimiento. Las acciones por las que fue condenado el Sr. Martn
(esto es, las conductas tipificadas en los art. 90, 92 y 93 del CC)
dispensaban, en alguna medida, al juez de tener que hacer un gran
desarrollo tendente a fundar cmo la mencionada prohibicin impuesta
tendra por fin prevenir la comisin de una nueva contravencin en la
Ciudad, puesto que sos, tal como seal, se encontraban implcitos. En
cambio, los fundamentos en base a los cuales hubiese pretendido
impedirle al Sr. Martn asistir a los partidos que se desarrollasen
fuera de los lmites de la CABA, debieron ser explicitados, con el
objeto de sealar cmo esa medida evitara que se cometieran nuevas
contravenciones en esta jurisdiccin.
En virtud de lo expuesto, y tal como lo adelant, asiste razn al
recurrente en sostener que la sentencia definitiva no permite
inferir que la prohibicin de no concurrencia que le fue impuesta al
Sr. Martn abarcaba tambin conductas desplegadas fuera de los lmites
de esta jurisdiccin. Ello as, porque, a la luz de lo dispuesto en
el art. 46 del CC, si el juez hubiese pretendido que su decisin
tuviese un alcance mayor al sealado debi explicitar los motivos por
los que, a su criterio, prohibirle al recurrente asistir a un
partido en Colombia o en Salta colaborara con prevenir la comisin
de una nueva contravencin en esta Ciudad.
3.1. No conmueven lo expuesto los argumentos dados por los
jueces de mrito para resolver que no se haban modificado los
alcances territoriales de la mencionada regla de conducta.
Dichos magistrados sostuvieron que, a diferencia de lo afirmado
por la defensa, el alcance de la regla no haba sido acotado a los
lmites de la Ciudad, sino que esa prohibicin abarcaba, tambin, a
los partidos que se celebrasen fuera de ella, siempre que los
encuentros futbolsticos tuviesen lugar en el marco de alguno de
esos dos torneos. En particular, la Cmara fund esa decisin en: (i)
el hecho de que esos dos torneos organizan partidos tanto dentro
como fuera de la Ciudad; (ii) que el magistrado de primera
instancia comunic esa medida a organismos que no dependen de la
Ciudad (vrg. Ministerio del Interior); (iii) que la regla enunciada
no contena ninguna limitacin expresa al mbito de la Ciudad; y, por
ltimo, (iv) que dicha regla resultaba idntica a la pena accesoria
acordada por las partes en el convenio de juicio abreviado.
Si bien es cierto que del texto empleado en la condena se
desprende la conclusin a la que arribaron los jueces de mrito, no
lo es menos que, en virtud de lo sealado en los puntos que
anteceden, darle tal mbito territorial de cumplimiento a la
prohibicin impuesta sin fundar la extensin resulta invlido. Lo nico
que la sentencia de condena pudo disponer sin dar ms fundamentos
que los que dio fue que la regla de no concurrencia impuesta
abarcaba a las conductas que tuviesen lugar en mbito de esta
Ciudad.
3.2. Por ltimo, cabe sealar que el juez de mrito resolvi que la
decisin del 4 de diciembre de 2008 en la que se dispuso, en lo que
ahora importa, reiterarle al Sr. Martn que el alcance de la
prohibicin de concurrencia del fallo del 22 de octubre de 2006 fue
impuesta sin limitacin de orden territorial alguno no le gener
gravamen alguno al hoy recurrente, dado que mantuvo la suspensin de
la ejecucin de la condena (cf. fs. 1449). En tales condiciones, la
primera decisin que le produjo un perjuicio al recurrente es la
dictada el 12 de febrero de 2008, esto es, la que hoy viene
recurriendo la defensa.
4. En conclusin, y en lo que al caso importa, los jueces pueden
imponer reglas de conducta fuera de esta jurisdiccin. Pero, deben
indicar de un modo claro cules son las razones que determinan el
cumplimiento de esa regla a la luz de la finalidad que prev el
tantas veces mencionado art. 46 del CC, esto es, que resulten
...adecuadas para prevenir la comisin de nuevas
contravenciones.
Por ello, habiendo dictaminado el Fiscal General Adjunto, voto
por: i) hacer lugar a la queja y al recurso de
inconstitucionalidad; y ii) revocar la sentencia de fs. 53/56 en
cuanto confirm la revocacin de la suspensin de la ejecucin de la
condena de 20 das de arresto impuesta a Mauro Leandro Martn sobre
la base de que este ltimo concurri a dos partidos en la provincia
de Buenos Aires los das 25 y 28 de noviembre de 2007.
Por ello, odo lo dictaminado por el Fiscal General Adjunto, por
mayora,
el Tribunal Superior de Justicia
resuelve:
1. Rechazar el recurso de queja agregado a fs. 68/76.
2. Dar por perdido el depsito, cuya constancia de integracin
obra a fs. 67.
3. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se
remita esta queja, junto con las actuaciones principales, a la Sala
I de la Cmara de Apelaciones en lo Contravencional y de Faltas.
Expte. n 5978/08 Martn, Mauro s/ queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en Club Atltico Vlez Sarsfield s/
inf. art. 96 CC apelacin
El segundo prrafo de dicho artculo establece que [a]l suspender
la ejecucin de la condena el juez/a dispone que el condenado/a
cumpla una o ms de las reglas de conducta prevista en el tercer
prrafo del artculo 45, durante un lapso que no puede exceder del
all estipulado, en tanto resulten adecuadas para prevenir la
comisin de nuevas contravenciones (el subrayado no corresponde al
original).
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de los Derechos Humanos Ley 2672 2
