Hemos lanzado el grito al cielo ante la inhumana Ley de Arizona, sin caer en la cuenta que esa práctica de humillación, maltrato, criminalización, chantaje, abuso, violaciones y asesinatos, es la que las autoridades mexicanas han venido aplicando a los extranjeros en tránsito que por decenas de miles cruzan ese territorio buscando alcanzar la frontera hacia los Estados Unidos.

La matanza en la hacienda San Fernando, en Tamaulipas, a unos 180 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, no es un dato que cayó de la nada, ni ha ocurrido sin precisos y continuados antecedentes. La versión oficial mexicana sobre que esta matanza tiene que ver con la droga y las bandas del crimen organizado, no sólo es insuficiente, sino que tiene una dosis muy fuerte de hipocresía y de burla por parte del gobierno mexicano hacia las víctimas y los pueblos centroamericanos.

Las autoridades mexicanas han estado comprometidas hasta el tuétano, y han sido cómplices en las cotidianas extorsiones, maltratos, abusos y violaciones a los extranjeros que transitan por ese territorio. Los mismos organismos de derechos humanos de México dan cuenta de un promedio de mil 600 personas secuestradas mensualmente, y aunque los llamados zetas se han especializado particularmente por su crueldad y bestialidad, en el abuso de nuestros paisanos centroamericanos participan activamente funcionarios de los diversos estamentos e instituciones del Estado mexicano, en plena complicidad y articulación con las bandas criminales.

La masacre de San Fernando es la culminación de décadas de abusos y de impunidad por parte de las autoridades mexicanas hacia nuestra gente pobre centroamericana, la cual se esfuerza por cruzar el territorio mexicano para alcanzar el sueño americano. Los gringos esperan a los viajeros con leyes discriminatorias, y en el camino los mexicanos los extorsionan, humillan y los asesinan. La masacre en Tamaulipas no puede ser vista como un hecho aislado. Es el resultado extremo de una política migratoria violatoria de los derechos humanos por parte de las autoridades mexicanas.

El gobierno mexicano no puede quedarse buscando culpables en otro lado, sin asumir la cuota altísima de responsabilidad que tiene ese Estado en la criminalización, desprecio, discriminación y muerte de las personas que cruzan por ese territorio. La masacre de San Fernando es una alerta extrema que demanda una transformación en la política migratoria en base a leyes que establecen el libre tránsito de las personas y el respeto y protección de los derechos de los extranjeros en tránsito.

Los extranjeros en tránsito no son criminales. Perseguirlos porque no tienen documentos es el modo más brutal del gobierno mexicano de aplicar en su territorio la ley de Arizona. Y como no creemos que el gobierno hondureño haga algo más que declaraciones vacías, nos toca lanzar nuestro grito de auxilio a la comunidad internacional para que exijamos que el gobierno mexicano cumpla con los convenios internacionales hacia las personas en tránsito, para evitar que masacres como la de San Fernando sigan enlutando a las familias centroamericanas y hondureñas en particular.

Nuestra palabra | 30 Agosto 2010