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Informe de Evaluación sobre Políticas de Drogas 2019 El Salvador MECANISMO DE EVALUACIÓN MULTILATERAL (MEM) COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS (CICAD) SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL (SSM)

MECANISMO DE EVALUACIÓN MULTILATERAL (MEM)€¦ · Americanos (OEA) en la implementación del Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas de la CICAD 2016-2020. Emanado en 1998 de

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Informe de Evaluación sobre Políticas de Drogas 2019El Salvador

MECANISMO DE EVALUACIÓN MULTILATERAL (MEM)COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS (CICAD)

SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL (SSM)

CICAD

MECANISMO DE EVALUACIÓN MULTILATERAL (MEM)

EL SALVADORInforme de Evaluación sobre Políticas de Drogas

2019

ISBN 978-0-8270-6889-6

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PREFACIO

El Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), bajo la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM), mide el progreso alcanzado y los desafíos enfrentados por los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la implementación del Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas de la CICAD 2016-2020. Emanado en 1998 de un mandato de la Segunda Cumbre de las Américas celebrada en Santiago de Chile, el MEM es la única herramienta multilateral de este tipo en el mundo.

Las evaluaciones del MEM se realizan con base en la información proporcionada por los Estados Miembros de la OEA, la cual es analizada por el Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG) del MEM, compuesto por expertos de los países de la OEA. Para esta séptima ronda, el GEG realizó su trabajo desde mediados de 2018 hasta mediados de 2019. El proceso de evaluación se realizó de manera transparente e inclusiva, al no tener expertos involucrados en la evaluación de su propio país.

El GEG analizó las áreas de fortalecimiento institucional, reducción de la demanda, reducción de la oferta, medidas de control y cooperación internacional y su evaluación se realizó con base en los 29 objetivos y sus correspondientes acciones prioritarias del Plan de Acción Hemisférico sobre Drogas 2016-2020 de la CICAD. Algunas acciones prioritarias no fueron consideradas, dado que no son medibles. Además, los informes de la séptima ronda incluyen una discusión del progreso de los Estados Miembros a través del tiempo a lo largo de las siete rondas de MEM.

Previo al inicio de las labores del GEG, el Grupo de Trabajo Intergubernamental del MEM, también compuesto por representantes de los Estados Miembros de la OEA, diseñó el instrumento de la séptima ronda de evaluación durante 2017 y el cuestionario resultante fue completado por los Estados Miembros.

Los informes del MEM se enfocan en temas clave que son importantes, no solo para la CICAD, sino también para la OEA en general, tales como los derechos humanos, el género, grupos etarios, la cultura y la inclusión social. Los informes también toman en cuenta las recomendaciones del documento de resultados de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas (UNGASS 2016) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Esperamos que los informes del MEM sirvan como una herramienta de diagnóstico útil para mejorar las políticas y estrategias de drogas, tanto a nivel nacional como regional.

Este informe y todos los demás informes de evaluación de la séptima ronda del MEM están disponibles en http://www.cicad.oas.org

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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVO 1

ESTABLECER Y/O FORTALECER AUTORIDADES NACIONALES SOBRE DROGAS, SITUÁNDOLAS EN UN ALTO NIVEL POLÍTICO Y DOTÁNDOLAS DE LAS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS NECESARIAS PARA COORDINAR LAS POLÍTICAS NACIONALES SOBRE DROGAS, EN SUS ETAPAS DE FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN.

En El Salvador, la Comisión Nacional Antidrogas (CNA) es la autoridad nacional sobre drogas, la cual fue creada en el año 2003, según lo establecido en el Decreto Legislativo 153 y en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas de 2003. Esta institución depende directamente del Presidente de la República.

La CNA coordina las áreas de reducción de la demanda, reducción de la oferta, medidas de control, observatorio de drogas y cooperación internacional, pero no coordina la evaluación de programas.

La CNA cuenta con un presupuesto anual integrado al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Los montos de dicho presupuesto para los años 2014-2018 son los siguientes:

Año 2014 2015 2016 2017 2018Monto del presupuesto anual (dólares americanos)

$359,335 $369,030 $322,815 $338,335 $336,500

El país ha establecido un grupo técnico interinstitucional como mecanismo de coordinación y articulación para llevar a cabo la estrategia nacional sobre drogas.

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OBJETIVO 2

FORMULAR, IMPLEMENTAR, EVALUAR Y ACTUALIZAR POLÍTICAS Y/O ESTRATEGIAS NACIONALES SOBRE DROGAS, QUE SEAN INTEGRALES Y EQUILIBRADAS, BASADAS EN LA EVIDENCIA, QUE INCORPOREN UNA PERSPECTIVA TRANSVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, CONSISTENTE CON LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES CONFORME AL DERECHO INTERNACIONAL, CON ENFOQUE DE GÉNERO Y ENFATIZANDO EL DESARROLLO CON INCLUSIÓN SOCIAL.

El Salvador cuenta con la Estrategia Nacional Antidrogas (ENA) 2016-2021, la cual se encuentra vigente y en ejecución. La ENA fue aprobada por el Gabinete de Ministros que integran la CNA, la misma incluye las áreas de fortalecimiento institucional, reducción de la demanda, reducción de la oferta, medidas de control y cooperación internacional.

En la formulación, implementación, evaluación y actualización de dicha estrategia participan actores relevantes tales como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, la Dirección Nacional de Medicamentos, el Consejo Superior de Salud Pública, el Instituto Nacional de la Juventud, el Ministerio de la Defensa Nacional, la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional para la Administración de Bienes, la Superintendencia del Sistema Financiero, el Ministerio de Hacienda, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, la Autoridad Marítima Portuaria, la comunidad científica y el sector académico, la sociedad civil y otros actores sociales.

Las municipalidades y los gobiernos locales no tienen competencias transferidas sobre drogas ni cuentan con autonomía suficiente, con base en la normativa, para asumir e implementar acciones concretas de manera coordinada con la CNA. La CNA se enfoca en promover, coordinar, capacitar y brindar apoyo técnico a las entidades públicas y privadas que ejercen acciones vinculadas con el tema y tienen presencia a nivel nacional.

La ENA toma en consideración los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas e incluye, entre sus principios rectores, la perspectiva de derechos humanos y el enfoque de género.

OBJETIVO 3ARTICULAR LAS POLÍTICAS Y/O ESTRATEGIAS NACIONALES SOBRE DROGAS CON OTRAS POLÍTICAS Y/O ESTRATEGIAS SOCIALES DEL ESTADO, QUE PERMITAN ATENDER LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS FUNDAMENTALES DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS.

Para atender las causas y consecuencias fundamentales del problema de las drogas, el país ejecuta el Plan El Salvador Seguro, con la finalidad de reducir los índices de violencia y delincuencia en municipios priorizados con base en diferentes indicadores. El esfuerzo se concentra en fortalecer la organización local, mediante la creación de Comités Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV), y la

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ejecución de programas de prevención integral a partir de los diagnósticos realizados en cada municipio participante.

OBJETIVO 4ESTABLECER Y/O FORTALECER OBSERVATORIOS NACIONALES SOBRE DROGAS (U OFICINAS TÉCNICAS SIMILARES) PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS NACIONALES DE INFORMACIÓN SOBRE DROGAS Y EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LA MATERIA.

El Salvador cuenta con un observatorio nacional de drogas con capacidades y recursos financieros, humanos y tecnológicos. Dicho observatorio tiene fundamento legal como parte de la estructura organizativa de la Dirección Ejecutiva de la CNA. El observatorio cuenta con una red nacional de información sobre drogas con actores públicos, de la academia y de la sociedad civil.

Los estudios en el ámbito de reducción de la demanda han sido los siguientes:

Reducción de la demanda

Estudios

Estudios realizados y publicados

Año del estudio más

recienteSí No

Encuestas nacionales de estudiantes de enseñanza media X 2017

Encuestas nacionales de hogares (12 a 64 años) X 2014

Registro de pacientes en centros de tratamiento X 2016

Encuesta transversal en pacientes en centros de tratamiento X

Encuesta de pacientes en salas de emergencia X

Encuesta de estudiantes de enseñanza superior X

Encuesta de poblaciones en conflicto con la ley X

Estudios de mortalidad relacionados con el consumo de drogas X

Estudios de morbilidad relacionados con el consumo de drogas X

Estudios sobre condicionantes de género asociados al problema de las drogas X

Otros

Tipos de sustancias psicoactivas asociadas a las drogo-dependencias en las personas privadas de libertad en los diferentes centros penitenciarios de El Salvador

X 2013

Asociación del consumo previo de sustancias psicoactivas y la tipología del delito de la persona privada de libertad en los diferentes centros penitenciarios de El Salvador

X 2014

Caracterización de las niñas, niños y adolescentes usuarios de los programas del ISNA/CINNA X 2017

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La información en los ámbitos de reducción de la oferta, tráfico ilícito y delitos conexos ha sido la siguiente:

Reducción de la oferta, tráfico ilícito y delitos conexos

InformaciónInformación disponible

Año de la información más reciente

Sí NoCuantificación de cultivos ilícitos, incluidos los cultivos bajo techo X 2017Número de operaciones de incautación de drogas ilícitas y materia prima para su producción X 2017

Cantidad de drogas ilícitas y materia prima para su producción incautadas X 2017Número de operaciones de incautación de sustancias químicas controladas (precursores) X 2017

Cantidad de sustancias químicas controladas incautadas (precursores) X 2017Número de operaciones de incautación de productos farmacéuticos X 2017Cantidad de productos farmacéuticos incautados X 2017Número de personas formalmente acusadas por el uso, posesión y tráfico ilícito de drogas X 2017

Número de personas condenadas por el uso, posesión y tráfico ilícito de drogas X 2017Número de laboratorios detectados y destruidos que producen drogas ilícitas de origen natural X

Número de laboratorios detectados y destruidos que producen drogas ilícitas de origen sintético X

Composición química de las drogas incautadas X 2017Precios de venta de drogas (al consumidor) X 2017Número de personas formalmente acusadas por lavado de activos X 2017Número de personas condenadas por lavado de activos X 2017Número de personas formalmente acusadas por tráfico de armas de fuego, explosivos, municiones y otros materiales relacionados X

Número de personas condenadas por tráfico de armas de fuego, explosivos municiones y otros materiales relacionados X

Número de personas formalmente acusadas por desvío de sustancias químicas XNúmero de personas condenadas por desvío de sustancias químicas X

En general, los estudios e información, tanto en los ámbitos de reducción de la demanda como de reducción de oferta, medidas de control y delitos conexos; incluyen datos desagregados por género, edad, nivel socioeconómico y educativo.

El país no ha realizado estudios para evaluar los programas e intervenciones sobre drogas en reducción de la demanda, reducción de la oferta y medidas de control.

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OBJETIVO 5

ALENTAR LA FORMULACIÓN, ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DE ALTERNATIVAS AL ENCARCELAMIENTO PARA DELITOS MENORES RELACIONADOS CON LAS DROGAS, TENIENDO EN CUENTA LOS SISTEMAS NACIONALES, CONSTITUCIONALES, JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS Y DE ACUERDO CON LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES RELEVANTES.

El Salvador contempla la aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento para delitos menores

relacionados con las drogas, de acuerdo a lo establecido en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas de 2003 y otros instrumentos legales. Dichas medidas no toman en consideración las diferencias de género.

El país no ha desarrollado mecanismos para monitorear y evaluar el impacto de la aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento para delitos menores relacionados con drogas.

OBJETIVO 6

PROMOVER E IMPLEMENTAR, CUANDO CORRESPONDA, DE CONFORMIDAD CON LAS POLÍTICAS, LEGISLACIONES Y NECESIDADES DE CADA PAÍS, PROGRAMAS INTEGRALES QUE PROPICIEN LA INCLUSIÓN SOCIAL, ESPECIALMENTE DE AQUELLAS POBLACIONES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, CON DIFERENTES NIVELES Y FORMAS DE AFECTACIÓN.

El Salvador cuenta con programas interinstitucionales y multisectoriales que promueven la integración social de personas afectadas por el problema de las drogas. Mediante el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019: El Salvador Productivo, Educado y Seguro (PQD 2014-2019), se establecen lineamientos generales para que las políticas públicas incorporen los enfoques de derechos humanos, de género y de ciclo de vida, priorizando estrategias de equidad, inclusión y protección social. También, se han articulado esfuerzos interinstitucionales y multisectoriales para promover la integración social de personas, familias y grupos directamente afectados por problemas de violencia social, consumo de alcohol y drogas, entre otros, procurando incidir sobre ellos.

El país creó la Dirección Nacional de Prevención y Programas Sociales del Ministerio de Educación, que incluye acciones para el abordaje de la prevención integral, desde una orientación y como parte de los componentes de la articulación interinstitucional, de fortalecer las competencias de docentes, las habilidades de estudiantes para la prevención y la resistencia ante los riesgos, la educación familiar, el monitoreo y la investigación. Entre éstas se plantea el objetivo general “promover en forma articulada, acciones orientadas a la prevención del uso de tabaco, alcohol y otras sustancias psicoactivas”.

El Ministerio de Salud elaboró la Política Nacional de Salud 2015-2019, por medio de la cual se establece el abordaje de las toxicomanías. Asimismo, se definió la Política Nacional de Salud Mental con el objetivo de contribuir al bienestar subjetivo, desarrollo y uso óptimo de las potencialidades psicológicas, cognitivas, afectivas y relacionales de los habitantes de El Salvador.

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OBJETIVO 7PROMOVER PENAS PROPORCIONALES, CUANDO CORRESPONDA, QUE RESPONDAN A LA GRAVEDAD DE LOS DELITOS DE DROGAS Y A LA LESIÓN DEL BIEN JURÍDICO TUTELADO.

El Salvador cuenta con la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas de 2003 que establece penas proporcionales, particularmente para delitos menores relacionados con drogas. No obstante, el país no cuenta con juzgados o tribunales especiales para dichos los delitos.

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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Evaluación de las Políticas de Drogas a lo largo del Proceso MEM: 1999-2018

La CICAD observa que desde la primera hasta la séptima rondas (1999-2018), El Salvador ha contado con una autoridad nacional sobre drogas, la cual ha tenido fundamento legal y ha coordinado las áreas de reducción de la demanda, reducción de la oferta, medidas de control, observatorio de drogas y cooperación internacional. En la séptima ronda (2014-2018), dicha autoridad cuenta con un presupuesto anual y con un fundamento legal.

La CICAD ve con satisfacción que durante las siete rondas (1999-2018), El Salvador ha implementado planes nacionales sobre drogas. Asimismo, la CICAD reconoce que desde la sexta hasta la séptima rondas (2013-2018), el país ha logrado avances en el fortalecimiento de su ENA, la cual se mantiene vigente y está en ejecución para el período 2016-2021. Dicha estrategia incluye las áreas de fortalecimiento institucional, reducción de la demanda, reducción de la oferta, medidas de control y cooperación internacional y toma en cuenta los ODS de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, la perspectiva de derechos humanos y el enfoque de género, pero no el enfoque de inclusión social.

La CICAD toma nota que en la séptima ronda (2014-2018), y para la atención de las causas y consecuencias socioeconómicas del problema de las drogas, el país cuenta con el Plan El Salvador Seguro cuya finalidad es reducir los índices de violencia y delincuencia en municipios.

La CICAD observa con satisfacción que desde la segunda hasta la séptima rondas (2001-2018), El Salvador ha contado con un observatorio nacional de drogas, el cual se mantiene vigente y avanza de manera significativa en la recopilación de datos estadísticos. Además, cuenta con capacidades y recursos financieros, humanos y tecnológicos, y con una red nacional de información sobre drogas. De igual forma, la CICAD reconoce que el país ha logrado avances y esfuerzos para disponer de estudios prioritarios en reducción de la demanda e información en reducción de la oferta. Sin embargo, la CICAD ve con preocupación que en la séptima ronda (2014-2018), El Salvador no cuenta con algunos estudios prioritarios en el ámbito de la reducción de la demanda y con alguna información en el ámbito de reducción de la oferta, tráfico ilícito y delitos conexos. En general, los estudios e información, sobre drogas incluyen datos desagregados por género, edad, nivel socioeconómico y educativo. La CICAD observa con preocupación que el país no dispone de estudios para evaluar programas en el ámbito de la reducción de la demanda, reducción de la oferta y medidas de control.

La CICAD reconoce que en la séptima ronda (2014-2018), El Salvador cuenta con legislación para la aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento para delitos menores relacionados con las drogas. No obstante, la CICAD toma nota que el país no dispone de mecanismos para monitorear y evaluar el impacto de la aplicación de medidas alternativas al encarcelamiento para dichos delitos ni se toma en consideración las diferencias de género.

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La CICAD ve con agrado que en la séptima ronda (2014-2018), El Salvador cuenta con programas interinstitucionales o multisectoriales que promueven la integración social de personas afectadas por el problema de las drogas.

La CICAD nota que en la séptima ronda (2014-2018), El Salvador cuenta con una ley que establece penas proporcionales, particularmente para delitos menores relacionados con drogas. No obstante, el país no cuenta con juzgados o tribunales especiales para dichos delitos.

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REDUCCIÓN DE LA DEMANDA

OBJETIVO 1

ESTABLECER POLÍTICAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA CON ENFOQUE DE SALUD PÚBLICA, SUSTENTADAS EN LA EVIDENCIA, INTEGRALES, MULTIDISCIPLINARIAS, MULTISECTORIALES Y RESPETUOSAS DE LOS DERECHOS HUMANOS, CONSIDERANDO LOS LINEAMIENTOS Y/O RECOMENDACIONES DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS.

El Salvador cuenta con políticas de reducción de la demanda que incluyen programas en las áreas de prevención, tratamiento e integración social. Estos programas incorporan los enfoques de derechos humanos, intercultural, generacional y género.

El país toma en cuenta los lineamientos y las recomendaciones de organismos internacionales especializados en el establecimiento de programas de prevención y tratamiento, pero no de integración social. Los estándares internacionales que se toman en cuenta sobre prevención de drogas son los emitidos por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Asimismo, se toman en cuenta los lineamientos hemisféricos en prevención escolar de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (CICAD/OEA).

Para la implementación de acciones en el tema de tratamiento, el Ministerio de Salud, ha establecido guías y reglamentaciones para el tratamiento de personas afectas por el consumo de drogas, las cuales establecen los criterios y pasos a seguir para la atención de pacientes en los centros de salud a nivel nacional.

El Salvador no ha realizado evaluaciones de procesos o de resultados intermedios, ni evaluaciones de impacto de los programas de prevención del abuso de drogas.

El país no ha implementado mecanismos de coordinación para el desarrollo e implementación de programas de reducción de la demanda que permiten la participación y la articulación con la sociedad civil y otros actores sociales.

Las medidas destinadas a reducir al mínimo las consecuencias adversas del uso indebido de drogas para la sociedad y la salud pública se han implementado utilizando como referencia la guía técnica publicada conjuntamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la UNODC y el Programa Conjunto de Naciones Unidas para el VIH/SIDA (ONUSIDA).

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OBJETIVO 2

ESTABLECER Y/O FORTALECER UN SISTEMA INTEGRADO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN UNIVERSAL, PREVENCIÓN SELECTIVA Y PREVENCIÓN INDICADA DEL USO INDEBIDO DE DROGAS, PRIORIZANDO POBLACIONES VULNERABLES Y EN SITUACIÓN DE RIESGO, BASADOS EN LA EVIDENCIA E INCORPORANDO UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, GÉNERO, EDAD Y MULTICULTURALIDAD.

El Salvador implementa programas de prevención en las siguientes poblaciones:

Tipo de población Nombre del programa Tipo de programa

Estudiantes escolares

• Básica Primaria/Elemental

Miles de manos Universal

Familias Fuertes Universal

Estrategia de Prevención del Consumo Nocivo de Alcohol y otras Sustancias Psicoactivas

Universal

• Secundaria/Bachillerato/Media

Miles de manos Universal

Familias Fuertes Universal

Estrategia de Prevención del Consumo Nocivo de Alcohol y otras Sustancias Psicoactivas

Universal

Salvando Vidas del Alcohol y Tabaco Universal

ComunidadEstrategia de Prevención del consumo nocivo de alcohol y otras sustancias psicoactivas

Universal

Familias

Miles de Manos Universal

Familias Fuertes Universal

También soy Persona Universal

Trabajadores en el ámbito laboral Prevención de Riesgos en Lugares de Trabajo Universal

El país no cuenta con programas de prevención selectiva ni indicada orientada a personas con consumo problemático de drogas. Asimismo, El Salvador tampoco implementa programas de prevención dirigidos a los siguientes grupos poblacionales: estudiantes a nivel preescolar y universitario, población en situación de calle, población LGBTI, pueblos indígenas, migrantes y refugiados, y población penitenciaria.

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OBJETIVO 3

ESTABLECER Y FORTALECER, SEGÚN CORRESPONDA, UN SISTEMA NACIONAL DE TRATAMIENTO, REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS, INCORPORANDO UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO, Y TENIENDO EN CUENTA ESTÁNDARES DE CALIDAD ACEPTADOS INTERNACIONALMENTE.

El Salvador cuenta con un sistema nacional de programas y dispositivos integrales de tratamiento e integración social dirigidos a personas con consumo problemático de drogas, el cual garantiza el acceso sin discriminación. Este sistema nacional incluye la intervención temprana (intervención breve, consejería), la intervención en crisis, las diversas modalidades de tratamiento y la patología dual (comorbilidad), pero no la integración social o servicios relacionados con el apoyo a la recuperación. Estos programas y dispositivos toman en cuenta los Estándares Internacionales para el Tratamiento de los Trastornos Relacionados con el Uso de Drogas de la UNODC y la OMS, además el monitoreo del cumplimiento de estos estándares se realiza a través del instrumento estandarizado de supervisión, el cual contempla la aplicación de la normativa institucional, se aplica de forma periódica, y contiene el desarrollo de un conjunto de acciones de carácter sanitario y psicológico contempladas en los “Lineamientos Técnicos para la Atención Integral de Personas con Problemas de Consumo de Sustancias Psicoactivas”.

El país cuenta con mecanismos que facilitan el acceso y garantizan la calidad de los servicios de tratamiento a personas con consumo problemático de drogas. Los servicios de tratamiento ambulatorios son proporcionados por el sistema de salud pública, las instituciones privadas, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones religiosas; y los servicios residenciales por organizaciones no gubernamentales e instituciones religiosas. En los servicios de tratamiento ofrecidos se incluye la perspectiva de género.

El Salvador ha establecido y mantenido relaciones de cooperación con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que proporcionan servicios de apoyo social y comunitario con perspectiva de género, para la integración social de poblaciones vulnerables. En este marco de cooperación, se elaboró una normativa institucional. Dicha normativa se desarrolló con base a la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, por medio de la cual el país ratifica su compromiso con la plena aplicación del Principio Constitucional de igualdad de las personas y el cumplimiento de las obligaciones derivadas en este principio aplicables a la legislación nacional y a la acción efectiva de las instituciones nacionales. Asimismo, el Ministerio de Salud emitió el Acuerdo: “Política para la Igualdad y Equidad de Género en Salud”, donde se incorpora de forma transversal el enfoque de género en las políticas, programas y proyectos del Sistema Nacional de Salud, así como también fomenta las relaciones equitativas e igualitarias, sin violencia y sin discriminación.

El país cuenta con mecanismos para realizar de manera continua el monitoreo y la evaluación de resultados de los programas de atención, tratamiento e integración social; y considera los enfoques de derechos humanos y género. Dichos mecanismos incluyen estrategias de la “Política para la Igualdad y Equidad de Género en Salud”, donde garantizan la igualdad y la equidad de género basadas en los derechos humanos en la atención integral prestada en el Sistema Nacional de Salud.

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El Salvador también cuenta con mecanismos de supervisión de los establecimientos que ofrecen servicios de tratamiento y rehabilitación a personas con problemas por consumo de drogas. El Consejo Superior de Salud Pública tiene a su cargo la autorización de la apertura de este tipo de establecimientos, mediante el monitoreo del cumplimiento de Requerimientos Técnico-Administrativos por nivel de atención del establecimiento, y cuenta con un mecanismo para recibir denuncias por supuestas malas prácticas.

Asimismo, cuenta con mecanismos para la protección de los derechos de las personas con consumo problemático de drogas en programas y servicios de tratamiento, a través de lineamientos técnicos para la atención integral, lineamientos técnicos para salud mental y guías clínicas para la atención de salud mental y psiquiatría.

OBJETIVO 4PROMOVER LA CAPACITACIÓN CONTINUA Y CERTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO, REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL.

El Salvador no ofrece capacitación continua, con base en competencias, en las áreas de prevención, tratamiento e integración social. Sin embargo, se implementó el Programa de Capacitación y Certificación de Recursos Humanos que Brindan Servicios de Tratamiento y Rehabilitación para Personas Afectadas por la Problemática de las Drogas (PROCCER) de la CICAD/OEA y también se elaboró un Manual de Procedimiento para la certificación de recursos humanos como Operadores Socio Terapéuticos.

Asimismo, el país participó en la capacitación piloto del módulo del Currículo Universal de Tratamiento para Profesionales de la Salud de la CICAD/OEA, a través de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La Comisión Nacional Antidrogas (CNA) certifica, en un nivel básico a los recursos humanos que trabajan en servicios de tratamiento, pero no en servicios de prevención e integración social.

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OBJETIVO 5ESTABLECER Y/O FORTALECER CAPACIDADES INSTITUCIONALES GUBERNAMENTALES PARA REGULAR, HABILITAR, ACREDITAR Y SUPERVISAR LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO.

El Salvador cuenta con un proceso de acreditación para los centros de tratamiento.

El país cuenta con mecanismos de supervisión para asegurar el cumplimiento de los criterios de calidad en los servicios de atención y tratamiento, mediante los “Lineamientos Técnicos para la Atención Integral de Personas con Problemas de Consumo de Sustancias Psicoactivas”, los cuales fueron establecidos por el Ministerio de Salud. Además para garantizar la calidad de dichos servicios, El Salvador participa en la validación y pilotaje de los criterios básicos en reducción de la demanda en programas de tratamiento del Programa de Cooperación entre América Latina, El Caribe y la Unión Europea en Materia de Políticas de Drogas – COPOLAD II. Además elaboró un proyecto piloto en centros de tratamiento especializado ambulatorio y considerará la incorporación de dichos estándares para asegurar el cumplimiento de los criterios de calidad en los programas de prevención.

El Salvador ha realizado un diagnóstico para determinar las necesidades nacionales de atención y la oferta de servicios de atención y tratamiento.

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REDUCCIÓN DE LA DEMANDA

Evaluación de las Políticas de Drogas a lo largo del Proceso MEM: 1999-2018

La CICAD observa que en la séptima ronda (2014-2018), El Salvador cuenta con políticas de reducción de la demanda que incluyen programas en las áreas de prevención, tratamiento e integración social e incorporan los enfoques de derechos humanos, intercultural, generacional y género, así como medidas destinadas a reducir al mínimo las consecuencias adversas del uso indebido de drogas para la sociedad y la salud pública, que consideran los lineamientos de organismos internacionales. Adicionalmente, la CICAD nota que el país no implementa mecanismos de coordinación para la implementación de los programas de reducción de la demanda que permiten la participación con la sociedad civil y otros actores sociales y no ha realizado evaluaciones de los programas de prevención del abuso de drogas.

La CICAD constata que de la segunda a la séptima rondas (2001-2018), El Salvador ha contado con programas de prevención universal dirigidos a estudiantes de escuelas primarias y secundarias. En la séptima ronda (2014-2018), adicionalmente el país cuenta con programas dirigidos a la comunidad, familia, estudiantes escolares a nivel de primaria y secundaria, y trabajadores en el ámbito laboral. Sin embargo, la CICAD nota con preocupación que a lo largo de las últimas seis rondas (2001-2018), ha existido una discontinuidad en los programas dirigidos a las poblaciones penitenciaria, preescolares y niños y jóvenes en situación de calle.

La CICAD ve con satisfacción que en la séptima ronda (2014-2018), El Salvador posee un sistema nacional de programas y dispositivos integrales de tratamiento e integración social que ofrece todos los servicios de la cadena de cuidados, garantizando el acceso sin discriminación. La CICAD observa con agrado que el país ha mantenido desde la sexta hasta la séptima rondas (2013-2018), mecanismos que facilitan el acceso y garantizan la calidad de los servicios de tratamiento a personas con consumo problemático de drogas, así como mecanismos de monitoreo y evaluación de resultados de programas de atención, tratamiento e integración social y de supervisión de los establecimientos que ofrecen servicios de tratamiento y rehabilitación. Asimismo, El Salvador ha contado con mecanismos para la protección de los derechos de las personas con consumo problemático de drogas en programas y servicios de tratamiento.

La CICAD reconoce el progreso alcanzado por El Salvador entre la tercera y la séptima rondas (2003-2018), respecto a su oferta de capacitaciones en el área de reducción de la demanda y nota que en la séptima ronda (2014-2018), el país certifica los recursos humanos que trabajan en tratamiento a nivel básico, pero no en prevención e integración social.

La CICAD ve con satisfacción que en la séptima ronda (2014-2018), El Salvador cuenta con un proceso de acreditación para los centros de tratamiento y con mecanismos de supervisión para asegurar el cumplimiento de los criterios de calidad en los servicios de atención y tratamiento y en programas de prevención. Asimismo, el país ha realizado un diagnóstico para determinar las necesidades nacionales de atención y la oferta de servicios de atención y tratamiento.

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REDUCCIÓN DE LA OFERTA

OBJETIVO 1

DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y FORTALECER POLÍTICAS Y PROGRAMAS INTEGRALES Y EQUILIBRADOS, ORIENTADOS A PREVENIR Y DISMINUIR LA OFERTA ILÍCITA DE DROGAS, DE ACUERDO CON LAS REALIDADES TERRITORIALES DE CADA PAÍS Y RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS.

La División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil diseña, implementa y actualiza políticas y programas nacionales para prevenir y disminuir el cultivo ilícito y la producción ilícita de drogas.

El Salvador no toma en cuenta los usos lícitos tradicionales en el diseño e implementación de políticas y programas de reducción de la oferta ilícita de drogas ni contempla medidas de protección ambiental en las políticas y programas de reducción de la oferta ilícita de drogas.

Los programas de reducción de la oferta de drogas que implementa el país se complementan con iniciativas de prevención del delito que atienden los factores de riesgo sociales y económicos e incluyen la participación de la sociedad civil.

OBJETIVO 2DESARROLLAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE REUNIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS Y ACCIONES ORIENTADAS A REDUCIR LA OFERTA ILÍCITA DE DROGAS.

El Salvador cuenta con mecanismos para recopilar y analizar la información relacionada con la oferta ilícita de drogas. La División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil es la institución que forma parte de estos mecanismos.

El país no realiza estudios o investigaciones periódicas sobre los factores estructurales y socioeconómicos que inciden en la situación de la oferta ilícita de drogas ni elabora o actualiza estudios o investigaciones científicas sobre los usos medicinales, científicos u otros usos lícitos de las plantas que contienen sustancias estupefacientes o psicotrópicas sujetas al sistema de fiscalización internacional.

El Salvador promueve e implementa mecanismos para la identificación de perfiles y caracterización química de las drogas sujetas al sistema de fiscalización internacional y de nuevas sustancias psicoactivas (NSP).

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El país no utiliza metodologías estandarizadas y comparables para realizar la medición de cultivos ilícitos y de la producción ilícita de drogas.

OBJETIVO 3

DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y/O FORTALECER PROGRAMAS A FAVOR DEL DESARROLLO, A LARGO PLAZO Y AMPLIOS, EN LOS ÁMBITOS RURAL Y URBANO, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, EL DESARROLLO ALTERNATIVO, INTEGRAL Y SOSTENIBLE Y, CUANDO CORRESPONDA, EL DESARROLLO ALTERNATIVO PREVENTIVO, DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS, LEGISLACIONES Y NECESIDADES DE CADA PAÍS, SEGÚN PROCEDA.

El Salvador no ha diseñado o implementado programas de desarrollo alternativo, integral y sostenible o programas de desarrollo alternativo preventivo como parte de las estrategias de control y reducción de cultivos ilícitos.

El país no promueve iniciativas de desarrollo urbano sostenible en las poblaciones urbanas afectadas por las actividades ilícitas relacionadas con el tráfico ilícito de drogas y los delitos conexos.

OBJETIVO 4

DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLANES Y/O PROGRAMAS PARA MITIGAR Y REDUCIR EL IMPACTO QUE EL CULTIVO Y LA PRODUCCIÓN ILÍCITA DE DROGAS TIENEN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, CON LA INCORPORACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES LOCALES, EN CONCORDANCIA CON LAS POLÍTICAS NACIONALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS.

El Salvador no ha realizado investigaciones o estudios para determinar las características y la magnitud del impacto ambiental que ocasionan las actividades relacionadas con el cultivo ilícito y producción ilícita de drogas, debido a que no ha detectado áreas significativas de cultivos ilícitos.

OBJETIVO 5ESTABLECER, CUANDO PROCEDA, A PARTIR DE LA EVIDENCIA, LAS AFECTACIONES GENERADAS POR EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EN PEQUEÑAS CANTIDADES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, ECONOMÍA, COHESIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD CIUDADANA.

El Salvador cuenta con una base de datos institucionales para la caracterización, con enfoque territorial y socioeconómico, del tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades o microtráfico, y los efectos en la salud pública, la economía, la cohesión social y la seguridad ciudadana.

El país realiza intercambios de información sobre los efectos del tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades o microtráfico en el sector de seguridad a través de la Comisión de Jefes y Directores de

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Policía de Centroamérica, México y Colombia (CJPCAMCC). Dicho intercambio se lleva a cabo mediante plataformas de comunicación digital, principalmente por correo electrónico y también se realizan reuniones presenciales sobre las evaluaciones de las operaciones realizadas.

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REDUCCIÓN DE LA OFERTA

Evaluación de las Políticas de Drogas a lo largo del Proceso MEM: 1999-2018

La CICAD toma nota que en El Salvador no se han detectado áreas significativas de cultivos ilícitos. El país diseña, implementa y actualiza políticas y programas nacionales para prevenir y disminuir el cultivo y la producción ilícita de drogas, los cuales contemplan iniciativas de prevención del delito que atienden los factores de riesgo social y económico e incluyen la participación de la sociedad civil. Sin embargo, la CICAD observa que estos programas no contemplan medidas de protección ambiental.

La CICAD constata que durante la séptima ronda (2014-2018), El Salvador cuenta con mecanismos para recopilar y analizar la información relacionada con la oferta ilícita de drogas. Sin embargo, la CICAD observa que el país no realiza estudios o investigaciones periódicas sobre los factores estructurales y socioeconómicos que inciden en la situación de la oferta ilícita de drogas y no elabora o actualiza estudios o investigaciones científicas sobre los usos medicinales, científicos u otros usos lícitos de las plantas que contienen sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Asimismo, la CICAD nota que El Salvador promueve e implementa mecanismos para la identificación de perfiles y caracterización química de las NSP. La CICAD destaca que en la séptima ronda, el país realiza estudios sobre perfiles de impurezas y caracterización de drogas, que no fueron realizados en la sexta ronda (2013-2014).

La CICAD observa que durante las siete rondas (1999-2018), El Salvador no ha diseñado o implementado programas de desarrollo alternativo, integral y sostenible. Además, la CICAD nota con preocupación que durante la séptima ronda (2014-2018), el país no cuenta con programas de desarrollo urbano sostenible en las poblaciones urbanas afectadas por las actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas y los delitos conexos.

La CICAD nota que en la séptima ronda (2014-2018), El Salvador no realiza investigaciones o estudios para determinar las características y la magnitud del impacto ambiental que ocasionan las actividades relacionadas con el cultivo y la producción ilícita de drogas.

La CICAD ve que durante la séptima ronda (2014-2018), El Salvador cuenta con una base de datos institucionales para la caracterización, con enfoque territorial y socioeconómico, del tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades o microtráfico y que, además, intercambia información sobre cómo este fenómeno afecta a la salud pública, la economía, la cohesión social y la seguridad ciudadana.

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MEDIDAS DE CONTROL

OBJETIVO 1ADOPTAR Y/O FORTALECER PROGRAMAS INTEGRALES Y EQUILIBRADOS, ORIENTADOS A PREVENIR Y REDUCIR EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, DE ACUERDO CON LAS REALIDADES TERRITORIALES DE CADA PAÍS, Y RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS.

El Salvador cuenta con el Manual para uso de Laboratorios Nacionales de las Naciones Unidas “Métodos Recomendados para la Detección y Análisis de Heroína, Cannabinoides, Cocaína, Anfetamina, Metanfetamina, y Derivados Anfetamínico con Anillo Sustituido”, el cual contempla los protocolos y procedimientos de actuación para la detección, investigación y desmantelamiento de laboratorios o instalaciones dedicadas al procesamiento o fabricación ilícita de drogas.

El país cuenta con una estrategia para la detección e incautación de drogas, a través de monitoreo e inspecciones o puntos de verificación por vías terrestre, fluvial, aérea y marítima. Además, la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas de 2003 contemplada en el Decreto 153, el uso de herramientas y técnicas de investigación especializadas para prevenir y reducir el tráfico ilícito de drogas e incluye también la perspectiva de derechos humanos.

El Salvador participa en programas de capacitación continua, dirigidos al personal involucrado en operaciones de interdicción, en materia de normativa, procesos y procedimientos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, así como en técnicas especializadas de investigación e inteligencia.

El país realiza diagnósticos actualizados para identificar nuevas tendencias y amenazas relacionadas con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

La Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) y la División de Policía Técnica Científica (DPTC) de la Policía Nacional Civil son las instituciones encargadas de analizar sustancias químicas, precursores y productos farmacéuticos, incluidas las nuevas sustancias psicoactivas (NSP). El país cuenta con y participa en programas de capacitación continua para el personal de dichas instituciones involucrados en el análisis de dichas sustancias.

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OBJETIVO 2ADOPTAR Y/O FORTALECER MEDIDAS DE FISCALIZACIÓN PARA PREVENIR EL DESVÍO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS HACIA ACTIVIDADES ILÍCITAS.

En El Salvador, la DNM es la autoridad competente, responsable del control del comercio interno para prevenir el desvío de sustancias químicas controladas hacia actividades ilícitas, la cual se rige por la Ley de Medicamentos de 2012 y su Reglamento General, y el Reglamento de Estupefacientes, Psicotrópicos, Precursores, Sustancias y Productos Químicos y Agregados. Dicha Dirección, a través de su página web, ha desarrollado instrumentos y mecanismos para informar a la industria, y a los usuarios en general, sobre controles aplicables y formas de cooperación que permitan prevenir el desvío de sustancias químicas controladas.

El país realiza análisis que incluye el intercambio de información a través de mecanismos existentes en el ámbito internacional, de sustancias, sus análogos y precursores, que representan una amenaza para la salud pública. Dicho intercambio se realiza mediante el uso de herramientas informáticas, como son los portales en líneas, que permiten mantener actualizada la información en relación a las NSP utilizadas de forma ilícita.

La Ley de Medicamentos incorpora las medidas de control contenidas en los párrafos 8 y 9 del Artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas de 1988, para prevenir el desvío de sustancias químicas controladas hacia actividades ilícitas.

El Salvador utiliza el sistema de información de notificaciones previas a la exportación (PEN Online de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes - JIFE) de sustancias químicas controladas.

El país cuenta con el programa de capacitación denominado “Aplicación del Marco Normativo Relativo al Control de Sustancias sometidas a Fiscalización Especial”, el cual se imparte para el personal de control de drogas, y para la identificación y el manejo de sustancias químicas controladas, ofrecido por la DNM y la DPTC de la Policía Nacional Civil.

OBJETIVO 3

ADOPTAR Y/O FORTALECER MEDIDAS DE FISCALIZACIÓN PARA PREVENIR EL DESVÍO HACIA ACTIVIDADES ILÍCITAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS QUE CONTENGAN SUSTANCIAS PRECURSORAS O AQUELLOS QUE CONTENGAN ESTUPEFACIENTES Y/O SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, ASEGURANDO LA ADECUADA DISPONIBILIDAD Y ACCESO PARA FINES EXCLUSIVAMENTE MÉDICOS Y CIENTÍFICOS.

El Salvador cuenta con un registro actualizado de las personas y empresas que manejan productos farmacéuticos que contienen sustancias precursoras, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Asimismo, el país otorga licencias a los fabricantes y distribuidores, y realiza inspecciones regulares y

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auditorías a los establecimientos de personas y empresas que han sido autorizados a manejar dichos productos.

La Ley de Medicamentos de 2012 de la DNM cuenta con sanciones penales, civiles y administrativas para infracciones o violaciones perpetradas por personas o empresas que manejan estos productos.

OBJETIVO 4ASEGURAR LA ADECUADA DISPONIBILIDAD Y ACCESO DE SUSTANCIAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN INTERNACIONAL, PARA FINES EXCLUSIVAMENTE MÉDICOS Y CIENTÍFICOS, PREVINIENDO SU DESVÍO.

El Salvador cuenta con procesos especiales de concesión de autorizaciones de importación y exportación de estupefacientes o psicotrópicos sujetos a fiscalización internacional para fines médicos y científicos.

El país cuenta con actividades de capacitación y sensibilización, ofrecidas a las autoridades nacionales competentes y profesionales de la salud, relativas al acceso adecuado a sustancias sujetas a la fiscalización internacional para fines exclusivamente médicos y científicos, mediante charlas relacionadas con la fabricación, la importación, la exportación, la comercialización y el uso de estupefacientes, psicotrópicos o precursores químicos, así como también en aspectos legales.

La Ley de Medicamentos de 2012 y el Reglamento de Estupefacientes, Psicotrópicos, Precursores, Sustancias Productos Químicos y Agregados establece el marco regulatorio que rige la adquisición de sustancias sujetas a la fiscalización internacional para fines médicos y científicos.

OBJETIVO 5FORTALECER LAS MEDIDAS NACIONALES PARA ABORDAR EL DESAFÍO DE LAS NUEVAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y LA AMENAZA DE LOS ESTIMULANTES DE TIPO ANFETAMÍNICO.

El Salvador cuenta con un sistema de alerta temprana para identificar y realizar la trazabilidad de las NSP y de los estimulantes de tipo anfetamínico, así como de las demás sustancias sometidas a fiscalización internacional. La información es compartida con el Centro de Información de Drogas (CDI).

El país ha incorporado a sus capacidades técnicas operativas, los equipos actualizados y nuevas tecnologías, tales como TruNarc, Ioscan, y Hazmatid 360, adquiridos y utilizados para la detección y análisis de las NSP.

El Salvador no cuenta con marcos regulatorios o directrices para identificar y abordar los desafíos que presentan las NSP y estimulantes de tipo anfetamínico.

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OBJETIVO 6CREAR, ACTUALIZAR Y FORTALECER, SEGÚN CORRESPONDA, LOS MARCOS NORMATIVOS E INSTITUCIONALES PARA CONTRARRESTAR EL LAVADO DE ACTIVOS DERIVADO DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.

El Salvador no ha actualizado o fortalecido los marcos normativos e institucionales para contrarrestar el lavado de activos derivado del tráfico ilícito de drogas.

El país no cuenta con protocolos que permitan a las autoridades desarrollar investigaciones financieras y patrimoniales paralelamente a una investigación por tráfico ilícito de drogas.

La Fiscalía General de la República de El Salvador cuenta con el Sistema de Información y Gestión Automatizado del Proceso Fiscal (SIGAP), mecanismo que permite la coordinación y cooperación interinstitucional en materia de prevención y control del lavado de activos.

La Unidad de Investigación Financiera se encuentra adscrita a la Fiscalía General de la República, con dependencia funcional del Fiscal General. Esta unidad actúa como el Departamento de Inteligencia Financiera y se encarga de recibir, procesar, analizar y diseminar a la autoridad competente, la información para prevenir y detectar el lavado de activos.

El país no cuenta con mecanismos que permitan el análisis de riesgos de lavado de activos, según las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

OBJETIVO 7CREAR Y/O FORTALECER ORGANISMOS PARA ADMINISTRAR Y DISPONER DE BIENES INCAUTADOS Y/O DECOMISADOS EN CASOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS CONEXOS.

El Salvador cuenta con la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita de 2013, la cual crea el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), a cargo de la administración de bienes incautados y decomisados, y otras medidas específicas. Esta Ley está acorde con los tratados y convenciones internacionales para facilitar la incautación y el decomiso de bienes, instrumentos o productos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con las drogas y otros delitos conexos.

Para facilitar la rendición de cuentas y transparencia en la administración de los bienes incautados y decomisados, el país cuenta con la Ley de Acceso a la Información Pública de 2010, la cual se encuentra establecida en el Decreto 534.

El Salvador participa en programas especializados de capacitación para la administración y la disposición de los bienes incautados y decomisados.

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OBJETIVO 8FORTALECER SISTEMAS NACIONALES DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y MECANISMOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA, PARA DETECTAR RUTAS Y MÉTODOS UTILIZADOS POR LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.

El Salvador cuenta con mecanismos nacionales de recopilación de información para el intercambio de información de inteligencia para detectar rutas y métodos utilizados por las organizaciones criminales de tráfico ilícito de drogas, a través de los Centros de Inteligencia Antidrogas de los diferentes países, la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, y la Fuerza Armada. Asimismo, el país ha implementado el Programa Global de Control de Contenedores (CCP) para combatir el tráfico ilícito de drogas, contrabando de mercancías, tráfico de armas y otras expresiones delictivas que permitan impactar al crimen organizado.

Además, la Policía Nacional Civil cuenta con un sistema nacional de información sobre el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos, incluyendo alertas sobre las conductas cambiantes y el modus operandi de las organizaciones delictivas. También, el país es parte del Grupo de Alto Nivel en Seguridad entre México y El Salvador.

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MEDIDAS DE CONTROL

Evaluación de las Políticas de Drogas a lo largo del Proceso MEM: 1999-2018

La CICAD nota que en la sexta y la séptima rondas (2013-2018), El Salvador ha contado con protocolos o procedimientos de actuación para la detección, investigación y desmantelamiento de laboratorios o instalaciones para procesamiento o fabricación ilícita de drogas. Asimismo, la CICAD destaca que en la séptima ronda (2014-2018), el país cuenta con estrategias para la detección e incautación de drogas, a través de monitoreo, inspecciones y puntos de verificación terrestres, fluviales, aéreos y marítimos; e implementa y participa en programas de capacitación continua en estos temas. Del mismo modo, El Salvador realiza diagnósticos actualizados para identificar nuevas tendencias y amenazas relacionadas con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos y cuenta con reglamentos que consideran el uso de herramientas y técnicas de investigación especializadas para prevenir y reducir el tráfico ilícito de drogas. Adicionalmente, la CICAD observa con satisfacción que El Salvador cuenta con una institución encargada de analizar sustancias químicas, precursores y productos farmacéuticos, incluidas las NSP y además cuenta y participa en programas de capacitación continua para el personal involucrado en el análisis de dichas sustancias.

La CICAD ve con satisfacción que de la primera a la séptima rondas (1999-2018), El Salvador ha contado con una autoridad competente responsable del control del comercio interno para prevenir el desvío de sustancias químicas controladas hacia actividades ilícitas. De igual forma, la CICAD observa que de la quinta a la séptima rondas (2007-2018), el país ha utilizado el sistema de información de notificaciones previas a la exportación (PEN Online de la JIFE) de sustancias químicas controladas. Además, la CICAD expresa su satisfacción que en la séptima ronda (2014-2018), El Salvador cuenta con mecanismos para informar a la industria y a los usuarios en general, sobre controles aplicables y formas de cooperación que permitan prevenir el desvío de sustancias químicas controladas y realiza análisis que incluye el intercambio de información, a través de mecanismos en el ámbito internacional sobre sustancias, sus análogos y precursores que representan una amenaza para la salud pública. Del mismo modo, la CICAD nota que El Salvador cuenta con programas de capacitación para el personal de control de drogas y para la identificación y el manejo de sustancias químicas controladas.

La CICAD observa con agrado que de la primera a la séptima rondas (1999-2018), la legislación de El Salvador ha contemplado sanciones penales, civiles y administrativas, para infracciones o violaciones perpetradas por personas o empresas que manejan productos farmacéuticos que contienen sustancias precursoras, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. También, la CICAD constata que en la séptima ronda (2014-2018), el país cuenta con un registro actualizado de las personas y empresas que manejan estos productos, otorga licencias a sus fabricantes y distribuidores, y realiza las debidas inspecciones regulares y auditorías a los establecimientos de personas y empresas que han sido autorizados a manejar los citados productos.

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La CICAD toma nota que en la séptima ronda (2014-2018), El Salvador cuenta con procesos especiales de concesión de autorizaciones de importación y exportación de sustancias sujetas a fiscalización internacional para fines médicos y científicos. Asimismo, la CICAD observa que el país cuenta con actividades de capacitación o sensibilización ofrecidas a las autoridades nacionales competentes y profesionales de la salud, relativas al acceso adecuado a sustancias sujetas a la fiscalización internacional para fines exclusivamente médicos y científicos y que cuenta con un marco regulatorio que rige la adquisición de estas sustancias.

La CICAD expresa su satisfacción que en la séptima ronda (2014-2018), El Salvador cuenta con un sistema de alerta temprana para identificar y realizar la trazabilidad de las NSP y de los estimulantes de tipo anfetamínico, así como de las demás sustancias sometidas a fiscalización internacional. Asimismo, el país cuenta con nuevas técnicas especiales de investigación, equipos actualizados y nuevas tecnologías adquiridos y utilizados para la detección y análisis de NSP. Sin embargo, la CICAD nota con preocupación que El Salvador no cuenta con marcos regulatorios o directrices para identificar y abordar los desafíos que presentan dichas sustancias.

La CICAD resalta que en la séptima ronda (2014-2018), El Salvador cuenta con mecanismos que permiten la coordinación y la cooperación interinstitucional en materia de prevención y control del lavado de activos, así como con una unidad de inteligencia financiera. Sin embargo, la CICAD ve con preocupación que el país no ha actualizado o fortalecido los marcos normativos para contrarrestar el lavado de activos derivado del tráfico ilícito de drogas. Asimismo, la CICAD observa con preocupación que El Salvador no cuenta con protocolos, que permitan a las autoridades desarrollar paralelamente a una investigación por tráfico ilícito de drogas, investigaciones financieras y patrimoniales ni con mecanismos que permitan el análisis de riesgos de lavado de activos, según las recomendaciones del GAFI.

La CICAD ve con agrado que en la sexta y la séptima rondas (2013-2018), El Salvador ha contado con una autoridad competente para la administración de los bienes decomisados relacionados con el lavado de activos. También, la CICAD ve con agrado que el país ha contado con programas especializados de capacitación para la administración y la disposición de los bienes incautados y decomisados. Asimismo, la CICAD observa que en la séptima ronda (2014-2018), El Salvador cuenta con legislación, normas y procedimientos, de acuerdo con los tratados y convenciones internacionales, para facilitar la incautación y decomiso de bienes, instrumentos o productos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con las drogas y otros delitos conexos y con normas que facilitan la rendición de cuentas y transparencia en la administración de los bienes incautados y decomisados.

La CICAD destaca que en la séptima ronda (2014-2018), El Salvador cuenta con mecanismos nacionales de recopilación de información para el intercambio de información de inteligencia para detectar rutas y métodos utilizados por las organizaciones criminales de tráfico ilícito de drogas. Asimismo, el país cuenta con un sistema nacional de información sobre el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos, incluyendo alertas sobre las conductas cambiantes y el modus operandi de las organizaciones delictivas.

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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

OBJETIVO 1

PROMOVER Y FORTALECER MECANISMOS DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN PARA FOMENTAR LA ASISTENCIA TÉCNICA, MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y EXPERIENCIAS, Y COMPARTIR BUENAS PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS SOBRE POLÍTICAS DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS.

El Salvador realiza actividades de asistencia técnica y cooperación horizontal con los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), terceros Estados y con los organismos internacionales pertinentes. El país ha tenido relaciones de cooperación con otros países y organismos internacionales, a través de la firma de convenios de cooperación internacional en el campo de atención ambulatoria a niños y adolescentes en situación de riesgo y consumo de drogas. Asimismo, El Salvador ofrece asistencia técnica al compartir su experiencia en la ejecución del proceso nacional de capacitación y certificación de recursos humanos que proporcionan tratamiento a personas consumidoras de drogas.

El país no intercambia tecnologías con sus contrapartes en los ámbitos de sistematización normativa, estudios, investigaciones o material bibliográfico producidos por los países y organismos internacionales. No obstante, El Salvador establece canales de comunicación seguros para el intercambio de información sobre inteligencia en materia de interdicción y control de drogas, a través de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil y el Ministerio de la Defensa Nacional. Asimismo, promueve el intercambio, con sus contrapartes extranjeras, de buenas prácticas de capacitación, especialización y desarrollo profesional del personal encargado de implementar la Estrategia Nacional Antidrogas 2016-2021.

El Salvador participa en actividades de coordinación regional para prevenir los delitos conexos asociados al tráfico ilícito de drogas, tales como el tráfico ilícito de armas de fuego, la extorsión, el secuestro, el lavado de activos y la corrupción, por medio de la Subcomisión Contra la Narcoactividad de la Comisión de Jefes de Policía de Centroamérica y México y mediante la implementación del Programa Global de Control de Contenedores (CCP), el cual instaló una Unidad de Control de Contenedores (UCC) en el Puerto de Acajutla, con el objeto de combatir el tráfico ilícito de drogas, el contrabando de mercancías, el tráfico de armas y otras expresiones delictivas del crimen organizado. En el país existen mecanismos bilaterales, para la coordinación y colaboración con otros países, enfocados en la desarticulación de grupos delictivos vinculados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

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OBJETIVO 2FORTALECER LOS MECANISMOS DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN MULTILATERAL EN MATERIA DE DECOMISO DE ACTIVOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES PROVENIENTES DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS.

El Salvador ha actualizado la Ley de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita de 2013, la cual permite mecanismos eficaces de cooperación con otros países en materia de decomiso de activos y administración de bienes provenientes del tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y otros delitos conexos. El país fue evaluado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en el 2010.

El país cuenta con mecanismos y procedimientos que facultan a las autoridades competentes para emprender acciones expeditivas en respuesta a solicitudes de asistencia jurídica mutua en materia de investigación y decomiso de bienes provenientes del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. Dichos mecanismos y procedimientos son desarrollados desde la Unidad de Asuntos Legales Internacionales de la Fiscalía General de la República. En El Salvador existen mecanismos y técnicas de compra controlada para la entrega vigilada y la investigación de los delitos vinculados al tema de drogas, en materia de decomiso de bienes. Asimismo, cuenta con autoridades competentes con facultades legales para intercambiar información sobre investigaciones relativas al lavado de activos, incluyendo la identificación y el rastreo de los instrumentos vinculados con este delito, a través de redes de intercambio de información, tales como la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y la Red de Recuperación de Activos (RRAG) de GAFILAT, entre otros.

OBJETIVO 3FORTALECER LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, TAL COMO SE DEFINE EN LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON EL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS, RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS.

El Salvador ha promulgado legislación y adoptado medidas y acciones administrativas para mejorar la implementación de las obligaciones establecidas en los instrumentos jurídicos internacionales relacionados con el problema mundial de las drogas, en respeto a los derechos humanos e igualdad de género. En ese sentido, el país aprobó las reformas a la Ley de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita de 2013, al Reglamento Especial de esta Ley, y a la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos en el 2015. Asimismo, se han aprobado leyes sobre igualdad de género, tales como la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de 2011 y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres de 2011.

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El país es parte de los siguientes instrumentos jurídicos internacionales:

Convenciones y protocolos Sí No

Convenciones de las Naciones Unidas

Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños

X

Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire X

Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones

X

Convención Única sobre Estupefacientes, 1961 X

Convención sobre Sustancias Psicotrópicas, 1971 X

Convención contra la Corrupción, 2003 X

Convenciones Interamericanas

Convención contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA), 1997 X

Convención contra la Corrupción, 1996 X

Convención sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, 1992 X

OBJETIVO 4

PROMOVER UN ENTENDIMIENTO COMÚN DE LAS NORMAS JURÍDICAS, LOS REGLAMENTOS Y LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS NACIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS HEMISFÉRICOS DE COOPERACIÓN JUDICIAL Y ASISTENCIA LEGAL O JUDICIAL MUTUA RELACIONADA CON EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS.

El Salvador ha establecido acuerdos bilaterales y regionales de cooperación internacional sobre asistencia legal o judicial mutua, relacionados con el control del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. El país cuenta con leyes y disposiciones normativas que permiten brindar asistencia legal o judicial mutua a terceros Estados en las investigaciones, procesos y actuaciones judiciales referentes al tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.

Asimismo, el país cuenta con leyes y disposiciones normativas que permiten la extradición por la comisión de estos delitos, conforme lo que establece la Constitución de la República y ha suscrito acuerdos de extradición por delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. Además, El Salvador es parte de la Convención de Extradición de Montevideo y de la Convención Centroamericana de Extradición y cuenta con leyes y disposiciones normativas que permiten la extradición de nacionales por dichos delitos.

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informe de evaluación sobre políticas de drogas

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Evaluación de las Políticas de Drogas a lo largo del Proceso MEM: 1999-2018

La CICAD toma nota que en la primera ronda (1999-2000), El Salvador contó con intercambio de información y coordinación con otros países. Durante la tercera y cuarta rondas (2003-2006), el país dispuso de convenios bilaterales en materia de drogas, así como también contó con intercambio de información en materia de inteligencia operativa con las autoridades nacionales de otros países encargadas del tráfico ilícito de drogas. La CICAD ve con satisfacción que desde la sexta hasta la séptima rondas (2013-2014), El Salvador ha contado con mecanismos formales para el intercambio efectivo y seguro de información de inteligencia en la investigación de casos relacionados con tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos. En la séptima ronda (2014-2018), el país realiza actividades de asistencia técnica y cooperación horizontal con los Estados Miembros de la OEA, terceros Estados y con los organismos internacionales pertinentes.

La CICAD reconoce el progreso realizado por El Salvador en la séptima ronda (2014-2018), actualizando leyes que permiten mecanismos eficaces de cooperación con otros países en materia de decomiso de activos y administración de bienes provenientes del tráfico ilícito de drogas, lavado de activos. Asimismo, la CICAD observa con satisfacción que el país también cuenta con mecanismos y procedimientos que facultan a las autoridades competentes para emprender acciones expeditivas en respuesta a solicitudes de asistencia jurídica mutua en materia de investigación y decomiso de bienes provenientes del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. Igualmente, la CICAD toma nota que El Salvador cuenta con autoridades competentes con facultades legales para intercambiar información sobre investigaciones relativas al lavado de activos, incluyendo la identificación y el rastreo de los instrumentos vinculados con este delito.

La CICAD toma nota que de la primera a la sexta rondas (1999-2014), El Salvador contó con leyes sobre el control del lavado de activos, el desvío de sustancias químicas, la importación, la exportación, la prevención del desvío de productos farmacéuticos y sustancias químicas controladas, así como la fiscalización, la producción, la fabricación, la importación, la exportación, la distribución y la comercialización de los estupefacientes, psicotrópicos y las sustancias precursoras químicas. Además, la CICAD reconoce que en la séptima ronda (2014-2018), el país promulga leyes sobre el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos, la delincuencia organizada, la extradición y sobre la extinción de dominio, así como también leyes sobre igualdad de género. Asimismo, la CICAD observa que durante las siete rondas (1999-2018), El Salvador ha ratificado todas las convenciones y protocolos de las Naciones Unidas y las convenciones de la OEA, relacionados con el problema mundial de las drogas.

La CICAD observa que en la tercera ronda (2003-2004), El Salvador suscribió acuerdos bilaterales para el intercambio de información sobre drogas y delitos conexos con autoridades extranjeras. La CICAD ve con satisfacción que de la quinta a la séptima rondas (2005-2018), las leyes del país han permitido la prestación de asistencia judicial a terceros Estados en las investigaciones, procesos y actuaciones

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judiciales referentes al tráfico ilícito de drogas y al lavado de activos. Asimismo, El Salvador dispone de leyes que permiten la extradición por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas y al lavado de activos y cuenta con normativas que permiten la extradición de sus nacionales por dichos delitos.

La CICAD reconoce la continua participación y compromiso de El Salvador durante la séptima ronda de evaluación del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), y alienta al país a implementar plenamente el Plan de Acción (2016-2020) de la Estrategia Hemisférica sobre Drogas de la CICAD, de acuerdo con su realidad nacional.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)

COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS (CICAD)

1889 F Street NW

Washington, D.C. 20006

www.cicad.oas.org

CICAD