Medidas de emergencia y muro de la impunidad

Por donde se le quiera mirar, todas las iniciativas por hacer frente a la

depuración, por muy positivas que sean, como la que tomó la Comisión de

Reforma a la Seguridad Pública, al solicitar la suspensión del fiscal especial de

lucha contra la corrupción, están condenadas a estrellarse en el muro de la

impunidad sostenido desde el Estado por las instituciones responsables de dar

seguridad e impartir justicia. Los impunes y corruptos saben autoprotegerse, y

el Fiscal General de la República sabrá proteger a sus subordinados porque de

esa manera se protege a sí mismo.

Las trabas están en todos los caminos que se busquen abrir para hacer frente a

la impunidad. Los actuales funcionarios públicos saben que las instituciones

colapsaron, por eso las respuestas ante la situación dramática se hace a través de

mecanismos extraordinarios. Es el ejemplo del decreto de emergencia que

aprobó el Congreso Nacional para impulsar la depuración de la policía, aunque

eso signifique cercenar muchos derechos que se utilizarán contra la ciudadanía.

No ponemos en duda la buena voluntad de algunos funcionarios que desde el

Estado buscan revertir la situación de criminalidad. Pero la buena voluntad no es

para nada suficiente. Si por ejemplo, se quisiera tomar en serio este decreto de

emergencia, habría que arrancar con la investigación del propio Director General

de la policía, sobre quien pesan, no solo acciones de heroicidad, sino también

fuertes acusaciones de ser sospechoso de estar involucrado en hechos delictivos

en el pasado reciente.

Si nos damos cuenta, todas las medidas que se están tomando en el gobierno

para hacer frente a la cruda realidad del crimen y de la impunidad, se basan en

decisiones extraordinarias y de emergencia, lo que confirma que la

institucionalidad del Estado está completamente damnificada. Y los decretos de

emergencia al final de cuentas no resuelven, sino ahogan más la

institucionalidad del Estado. Y apenas encubren su ineficacia.

De todos modos, si ya se dio el primer decreto de emergencia para dejar manos

libres para proceder contra los policías, se tendrían que aprobar otros decretos

de emergencia para intervenir con la misma decisión y prontitud tanto el

Ministerio Público como la Corte Suprema de Justicia, puesto que es en esas dos

instituciones en donde se parapetan con mayor cinismo los funcionarios

confabulados para que la impunidad siga rampante en la sociedad hondureña.

Está bien que se lancen todas las baterías para depurar la policía e investigar a

todos sus efectivos comprometidos con la criminalidad. Pero esas mismas

baterías se deben enfilar hacia fiscales, jueces y magistrados, puesto que ellos, en

un solo abrazo con diputados, dirigentes políticos y oficiales de las Fuerzas

Armadas, estrechan el pacto político de sostener el sistema de impunidad a

cualquier costo y a rienda suelta.

Nuestra Palabra | 30 Mayo 2012