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Maskachkaniku Memorias 2019

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1Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Maskachkaniku

Memorias 2019

2 3Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

4 5Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

6 7Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

II Seminario Internacional

Búsqueda de personas desaparecidas con enfoque humanitario

Maskachkaniku

MEMORIAS

8 9Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Editor: Carlos Roberto Cortez Virhuez Equipo DGBPD: Adriel Eduardo Soto PérezAlex Fillol Cotrina Aviles Ana Milagros Quiroz VargasCarina Mariselli Valle AzaldeCarol del Carmen Baca ValenciaCelinda Rocío Salas HuánucoConejo Janeth Esperanza Montañez RuizEdson Percy Rojas QuispeEdwin Raúl Greenwich CentenoElba Esperanza Custodio EspinozaErika Loyda Fuertes AmpueroErika Sandy Martel TrujilloGigliola Catherine Rosales RamosGuissel Estebes Yaranga

Créditos

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú 2020-01445Impreso en Centro de Desarrollo Profesional ICEL S.AAv. Venezuela 842, torre 1, Ofic. 1303, Breña - Lima

Huber Méndez BarzolaJacqueline Isabel Vásquez EscobalJhony Amador Curi GarcíaJoel Ignacio Jeremías Tejada AranaKatya Benilde Valladares DomínguezLuis Armando Zúñiga CcoiccaMaría Del Carmen Vega Dulanto Martha Rosa Palma Málaga De Ayo Maximiliana Rosalinda Veramendi Leyva Narciso Ovispo Alayo FloresRaúl Hipólito Calderón Amoretti Ricardo Segundo Caro CárdenasRosalucía Claraellis Sánchez AliagaRosa Marcela Lumbreras RíosSilvia Giovanna Revilla Huamán William Rony Tipe CarriónYenny Sánchez AgurtoYudy Soto Flores

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ana Teresa Revilla Vergara

Ministra

Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia Daniel Sánchez Velásquez

Viceministro

Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas Mónica Liliana Barriga Pérez

Directora General

10 11Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Índice

Mesa 1: Justicia transicional: Búsqueda con enfoque humanitario Expositores: Salomón Lerner Febres Carmen Rosa Villa Quintana Federico Andreu-Guzmán

Mesa 2: Herramientas para la planificación de la búsqueda: contextos complejos

Expositores: Diana Arango Gómez Joel Tejada Arana

Carlos Amézquita Galindo

Mesa 3: Sumando experiencias: la búsqueda de desaparecidos de la época de violencia 1980-2000 en Perú, vista desde diferentes actores

Expositores: Franco Mora Félix Pablo Rojas Rojas Ricardo Caro Cárdenas

Mesa 4: Fortalecimiento de redes: Estado - sociedad civilExpositores: Adriana Arboleda Betancourt

Rosa Lía Chauca Sabroso Manuel Peña Cruz

Mesa 5: Acompañamiento y soporte emocional en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas

Expositores: Adder Samayoa Barrientos Darío Páez Rovira Erika Sandy Martel Trujillo

Discurso de clausura: Mónica Liliana Barriga Pérez

Galería fotográfica

Exposición Fotográfica

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Discurso de inauguración Daniel Sánchez Velásquez 12

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12 13Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Muchísimas gracias por estar presentes esta mañana. De parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es un honor tenerlos a todos ustedes aquí, a jueces, fiscales y representantes de diversos sectores que vienen acompañándonos a lo largo de este tiempo para implementar la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas con enfoque humanitario.

Para nosotros, es un placer realizar este segundo seminario internacional denominado “Búsqueda de personas desaparecidas con enfoque humanitario” porque nos permite institucionalizar un proceso que consideramos importante: el tener un espacio anual para reflexionar y trazarnos, también, algunas metas; pero, sobre todo, compartir a partir de experiencias internacionales cómo podemos ir mejorando el proceso de búsqueda.

El año pasado, también por estas fechas, realizamos el primer encuentro de esta naturaleza. En ese espacio pudimos reflexionar sobre algunos elementos que hoy se vienen

consolidando. Una primera reflexión fue que la búsqueda era un proceso complejo y requería de la mayor coordinación posible entre todas las instituciones que iban a realizar este trabajo. No era un trabajo aislado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no era un trabajo aislado del Ministerio Público o del Ministerio de Salud, para todo el tema del acompañamiento psicosocial. Se requería de un trabajo coordinado. Hoy, este trabajo, de manera articulada, ha permitido que, a la fecha, tengamos más de 235 personas que han sido restituidas, más de 1870 sesiones de soporte emocional o acompañamiento psicosocial, 1200 personas que vienen siendo acompañadas y 16 mesas de trabajo, la última hace dos semanas que se acaba de instalar en Cerro de Pasco para el soporte emocional de los familiares de personas desaparecidas.

Esto no sería posible sin un trabajo coordinado con las fiscalías, con las autoridades locales en las mesas técnicas, con el Ministerio de Salud. Por eso, creo yo, hoy podemos decir que esa primera reflexión que tuvimos hace un año se viene consolidando de la mejor manera.

Una segunda reflexión que nos comentaban los colegas de otros países era que la búsqueda de las personas desaparecidas no podía ser centralizada, es decir, que no solo se debía desarrollar desde la capital, sino que también debíamos tener oficinas descentralizadas. Ahora, contamos, además de esta oficina en Lima, con tres oficinas en Junín, Huánuco y Ayacucho; es decir, tomamos en cuenta ese mensaje de descentralización para afianzar nuestro trabajo.

Discurso de inauguración

Daniel Sánchez VelásquezViceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Lo tercero era que se requería convocar instituciones, más allá del Estado, que venían practicando ya un acompañamiento, una búsqueda y sobre todo un soporte a las familias de las personas desaparecidas. Por esta razón, durante este último año, hemos contado con el apoyo de diversas instituciones que por años han venido realizando esta labor. Además, hemos institucionalizado este apoyo a través de la firma de convenios, como por ejemplo, con la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh). Hoy, precisamente, nos acompaña Pablo Rojas, presidente de la Comisedh, organización que tiene un invalorable trabajo de acompañamiento durante décadas a las decenas y miles de familias de desaparecidos, además de una larga historia de investigaciones antropológicas forenses. Es decir, estamos cumpliendo con el mensaje de que no debemos empezar de cero, sino incorporar el trabajo que ya venían realizando otras instituciones de la sociedad civil.

Un cuarto y muy importante mensaje que surgió del seminario pasado fue la necesidad de que las instituciones tuvieran un presupuesto sostenible, que no bastaba la buena voluntad de las personas o la experiencia, sino que se requería un presupuesto adecuado para poder fortalecer este trabajo. Un año después podemos señalar que el presupuesto de esa dirección general se ha incrementado considerablemente respecto de lo que tenía hace un año.

Y, finalmente, un quinto mensaje fue que no podía haber una anarquía de datos, es decir, como hace muy poco lo escuchábamos de un congresista en una sesión que tuvimos en el Congreso de la República, que cada institución quiera tener sus propias bases de datos donde guarde esa información o los perfiles, sino que se requería contar con una entidad centralizada para que no exista esta anarquía de datos que he mencionado. Un año después, ya tenemos en funcionamiento el Banco de Datos Genéticos (BDG), a partir del decreto legislativo que se aprobó el año pasado. En la actualidad, el BDG tiene más de 500 perfiles y va a poder, a partir de la información que contrastemos y compartamos con otras instituciones, ser el banco de datos del Estado, no del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sino del Estado, para ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas.

Pero la reflexión más importante del seminario del año pasado fue que no podíamos, de ninguna manera, realizar un trabajo sin la participación activa de los propios familiares. Ahora contamos con un grupo de trabajo con el que nos reunimos periódicamente, no solo en Lima, sino también a nivel descentralizado, para informar y tomar decisiones compartidas con ellos a partir de las discusiones, de los enfoques y, sobre todo, de las sugerencias que nos puedan

14 15Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

hacer de lo que entienden o lo que debería ser un trabajo adecuado de esta dirección. Creo yo que esa es una de las principales lecciones que nos dejó el seminario pasado, que la legitimidad de esta política no se ganaba por cuánto presupuesto tengamos, cuántas instituciones colaboren o cuántos expertos podamos participar de este proceso, sino que debía tener el soporte, el acompañamiento y la incorporación en la toma de decisiones de los propios familiares. Creo que lo hemos cumplido y por eso saludo que realicemos un segundo seminario de esta naturaleza, porque también, a partir de la presencia de los expertos que hoy nos acompañan, que durante todo el día estarán con nosotros, estoy seguro que también sacaremos algunas lecciones nuevas de los procesos que se vienen dando en España, Guatemala y Colombia.

Pero lo importante, también para nosotros, es mirar al futuro. Ahí sí me gustaría compartir con ustedes tres vías o líneas que vamos a potenciar en los próximos días y semanas. Una primera es el fortalecimiento de la relación con el Ministerio Público y con los fiscales y jueces encargados de estos temas. Hace una semana tuvimos una reunión muy productiva con la Fiscal de la Nación, con el equipo coordinador de las fiscalías supranacionales, y nos dimos cuenta que era necesario tener reuniones periódicas para, justamente, lograr que el flujo de información y de trabajo se potencie. Esto, como dije al inicio, no se trata de un trabajo aislado o individualizado, se trata de la suma de esfuerzos de diversas instituciones. Por eso, es importante tener la presencia aquí de los fiscales, para renovar el compromiso que tenemos como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de coadyuvar con sus funciones y sus tareas en este proceso importantísimo que los familiares reclaman y exigen que aceleremos. Hemos acordado, con la Fiscal de la Nación, tener reuniones periódicas para evaluar los avances que podamos tener y, justamente, concluir con la directiva interna del Ministerio Público y el convenio de colaboración e información que hemos iniciado y que esperamos en los próximos días suscribir.

Lo segundo es que, acompañado de este proceso de colaboración constante con el Ministerio Público, preferimos también actualizar el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El plan que tuvimos fue una primera medida importantísima pero requiere ahora tener indicadores y objetivos claros, un presupuesto compartido que no sea un presupuesto solo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sino un presupuesto que incluya las actividades del Ministerio Público, Ministerio de Salud y otras instituciones que coadyuvan en este proceso de búsqueda humanitaria. Estamos en pleno proceso de conversación con esas instituciones para luego también compartirlo en el grupo de trabajo de familiares a fin de escuchar sus aportes y tener un plan claro y sostenible para los próximos años, con indicadores que nos permitan medir estos avances con total transparencia.

Todo esto no podría completarse si no tenemos determinados hitos en relación a la memoria que tanto reclaman los familiares y que tanta necesidad tenemos en nuestro país. El día de ayer hemos firmado un convenio con el Gobierno Regional de Ayacucho justamente para dar los primeros pasos de mayor trascendencia en la construcción del Santuario de la Memoria de La Hoyada. Este deseo no es solo de las mamitas

“No podemos hablar de una Re-

pública de ciudadanos si es que no

incluimos a esas miles de personas

desaparecidas y sus familiares que

no han tenido el derecho mínimo de

humanidad, que es el poder ente-

rrar a sus seres queridos”.

de Anfasep –hoy nos acompañan Juana y Lidia–, sino de miles de familiares de desaparecidos que no tienen un sitio donde tener una reflexión por sus familiares cuyos cuerpos, lamentablemente, aún no podemos encontrar. Además, el lugar representa un espacio donde fueron no solo asesinadas, sino quemadas y enterradas decenas de personas, incluso niños, niñas y mujeres embarazadas. Este lugar no puede quedar como un sitio cualquiera, sino que tiene que ser transformado en un espacio donde podamos reflexionar sobre la violencia que vivimos y, sobre todo, donde los familiares encuentren paz y respeto. Creemos, como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que La Hoyada es el gran espacio de memoria que el Bicentenario nos tiene que brindar a todos los peruanos. No podemos hablar de una República de ciudadanos si es que no incluimos a esas miles de personas desaparecidas y sus familiares que no han tenido el derecho mínimo de humanidad, que es el poder enterrar a sus seres queridos.

Creo que ese tiene que ser el efecto transformador que debe tener La Hoyada.

No podemos ver nunca más de esa manera un horno crematorio a la vista y paciencia de los ciudadanos y las autoridades. Tiene que transformarse en un espacio de dar vida, como justamente lo han reclamado por años las señoras y las mamitas de Anfasep. Eso es, colegas, el sentido de este seminario. Ser un espacio de reflexión que nos permita, en conjunto, a las víctimas, a los familiares, a las autoridades, a los jueces, a los fiscales, al Ministerio de Salud y al propio Ministerio de Justica, a los expertos que hoy nos acompañan, poder establecer una ruta que nos permita el próximo año, esperamos en estas mismas fechas, dar cuenta del avance de las políticas que implementamos; pero, lo más importante, que los familiares de las personas desaparecidas encuentren el respeto en una sociedad que todavía, creo yo, no ha logrado satisfacerlas de manera adecuada. Esperamos que con este seminario que hoy inauguramos, nuestro país logre el camino de reconciliación, paz y armonía y seamos testigos de un Bicentenario en el cual esas personas recobren la ciudadanía que les fue negada durante muchos años. Muchísimas gracias y muy buenos días.

16 17Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Justicia transicional: Búsqueda con enfoque humanitario

Mesa 1

Moderadora: Mónica Liliana Barriga Pérez (DGBPD)

18 19Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Me es grato participar en este segundo seminario internacional sobre un tema

crucial para la memoria y la justicia en el Perú, como es la búsqueda de personas desaparecidas desde una óptica humanitaria. A más de veinte años de terminado el conflicto armado interno, y a dieciséis años de realizada la investigación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, atender a la situación de los familiares de personas desaparecidas es una de las mayores tareas pendientes en el proceso de paz en el Perú. Se nos ha solicitado que en este panel situemos esta cuestión dentro del contexto de la justicia transicional. Sabemos todos que no existe una forma única y universalmente consensuada de definir el campo de la justicia transicional. Distintas definiciones acarrean distintos énfasis. Pero, para situarnos en un entendimiento del tema que pueda ser ampliamente compartido, podríamos optar por una definición mínima. Entendamos, así, por justicia transicional el conjunto de políticas o medidas oficiales que se adoptan y desarrollan en una sociedad que emerge de la violencia armada o de una experiencia autoritaria, y en la que se han

cometido numerosas violaciones de derechos humanos, con la finalidad de dar respuestas a las víctimas y hacer el máximo de justicia que sea posible en un contexto de restricciones. Me detengo en este último punto –el máximo de justicia que sea posible—porque ahí reside gran parte del núcleo conceptual y práctico de la justicia transicional. Esta se encuentra animada centralmente por una motivación y una convicción ética, la de la justicia en su sentido más amplio, y no únicamente judicial, y la del humanitarismo. Su principio fundamental es que, como dijo el juez Robert Jackson en la apertura de los juicios de Núremberg, hay crímenes “tan calculados, malignos y devastadores que la civilización no puede tolerar que sean ignorados”. Pero, al mismo tiempo, y aquí es donde tiene relevancia el término transicional, se sabe que esta búsqueda de justicia tiene lugar en un contexto particular, el de una transición, que plantea ciertos retos y restricciones a la justicia. Esto no quiere decir que la procura de la justicia deba ser sacrificada, pero sí que se tiene que buscar caminos especiales –a veces, caminos inéditos– para hacerla posible y, además, que las diversas vías que se ensaye deben cumplir con un principio fundamental y, como se suele decir, no negociable: el del respeto a las víctimas y a sus derechos. Y, en este punto, hablamos de los derechos a la verdad, a la justicia en su sentido judicial, a las reparaciones y a las garantías de no repetición. Las instituciones o mecanismos más conocidos en el campo de la justicia transicional responden a las circunstancias descritas. Las comisiones de la verdad, por ejemplo, existen para producir conocimiento y reconocimiento sobre los hechos y acciones que tuvieron lugar durante la violencia y que afectaron a un sector de la población. Se trata de dar una respuesta

Salomón Lerner Febres Expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

Perú

Justicia transicional: Búsqueda con enfoque humanitario 01

20 21Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

pronta y veraz, pero, al mismo tiempo se trata de dar una respuesta general y abarcadora, que no necesariamente puede echar luz sobre todas y cada una de las violaciones de derechos humanos que se cometieron. Una comisión de la verdad responde al derecho de las víctimas a la verdad, pero no clausura esa búsqueda, sino, en todo caso, provee una base de verdad sobre la cual habrá que seguir trabajando. Al exponer los grandes tipos de crímenes que tuvieron lugar, al recuperar los nombres de víctimas que fueron por largo tiempo ignorados, al describir el comportamiento de los actores armados o autoritarios y al hurgar en los factores que hicieron factible la violencia, el crimen y la impunidad, una comisión de verdad provee, en primer lugar, un gesto de reconocimiento y dignificación, y, en segundo lugar, deja preparado el terreno para que otras instituciones estatales respondan a los derechos que fueron vulnerados. Los programas de reparaciones siguen una racionalidad similar. Si no se puede decir de ellos que sean la respuesta completa y exhaustiva a los daños sufridos, sí reconocemos en esos programas un esfuerzo extraordinario por atender lo más pronto posible a esos perjuicios. Sabemos que, por definición, lo que se puede ofrecer a las víctimas a título de reparaciones es insatisfactorio y, desde luego, hablando de reparaciones monetarias, es muy inferior a lo que podrían conseguir por medio de un fallo judicial. Sin embargo, por ser tan numerosos los casos, y a menudo tan complejos, y por las diversas limitaciones de la administración de justicia, sabemos que, incluso si hubiera plena voluntad política, sería minúsculo el número de víctimas que podrían acceder a una reparación por vía judicial. Las reparaciones por vía administrativa, que no son solamente económicas, constituyen, así, una respuesta extraordinaria a una situación extraordinaria. Un Estado que desea responder de alguna forma respetuosa a los derechos de las víctimas no les dice, simplemente, que vayan a buscar justicia a los tribunales, sino que diseña y ejecuta un plan masivo de reparaciones. Aquí reside, en buena cuenta, la lógica subyacente a la justicia transicional: el reconocimiento

de que las instituciones ordinarias del Estado no van a ser suficientes para responder con prontitud a los derechos de las víctimas, y, por tanto, la adopción de medidas y la creación de mecanismos extraordinarios que ofrezcan esas respuestas.

La creación de un programa o de una política pública de búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno en el Perú constituye, en ese sentido, una medida de justicia transicional. Sigue la lógica y los principios que he mencionado rápidamente: una convicción ética y jurídica sobre la obligación de responder a los derechos de las víctimas; un reconocimiento razonado de que las instituciones y mecanismos ordinarios del Estado no son suficiente para dar esas respuestas; y la búsqueda de otros mecanismos extraordinarios, que, sin anular a los primeros ni sustituirlos, puedan responder a una situación que cabe definir como de emergencia humanitaria: dar a los familiares de desaparecidos una información pronta y satisfactoria sobre el destino o paradero de sus seres queridos, y darles la oportunidad de recuperar sus restos y de rendirles honras y dignificar su memoria, y, así, poder convivir de una manera más sana con un pasado doloroso y traumático. Consideremos de una manera más detenida la situación en el Perú. Cuando la Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó sus investigaciones y presentó su informe final, dejó una nómina de personas desaparecidas, la cual había sido confeccionada en colaboración con la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la propia comisión. Esa lista recogía cerca de 8 mil nombres, aunque siempre se señaló que se trataba de una nómina provisional. Desde entonces, continuaron los esfuerzos de compilación de un registro más completo, hasta llegar al día de hoy, en que hablamos de cerca de 20 mil personas desaparecidas. Esta cifra nos habla por sí sola de la necesidad de contar con un mecanismo extraordinario de búsqueda, pues resulta evidente que a las instituciones

judiciales –incluso actuando con plena voluntad institucional y con completa competencia técnica—les sería imposible dar a los familiares de las personas desaparecidas una respuesta adecuada en un tiempo razonable. Ahora bien, el Estado peruano no ha tenido hasta hace dos o tres años una política específicamente destinada a esa tarea. Sobre este tema, el Estado ha continuado actuando como si se enfrentara una situación ordinaria, esto es, mediante la racionalidad y la dinámica del proceso judicial. Y si bien, como hay que destacarlo, existen por fortuna en nuestro mundo judicial numerosos fiscales y jueces comprometidos, sensibles, competentes y capaces, está claro que, por la lógica misma del proceso judicial, ellos no podrían lidiar con esa enorme tarea, la de responder sobre el destino de 20 mil personas, en un plazo humanamente adecuado para los familiares. Se trata, entonces, de reconocer que estamos ante una situación extraordinaria y adoptar las medidas acordes con ella. Es aquí donde aparece la noción de una búsqueda de personas desaparecidas con un enfoque humanitario. Esto, como he dicho, se corresponde bastante cercanamente con la lógica de la justicia transicional. Las víctimas tienen derecho a la justicia, y por ello no se trata, de ningún modo, de bloquear el camino de la investigación judicial a cargo de fiscales y

jueces. Es más, bloquear ese camino sería, por definición, un grave perjuicio a las víctimas. Pero, así como tienen derecho a la justicia, entendida como la identificación y procesamiento del perpetrador, también tienen derecho a la verdad, y para los familiares de personas desaparecidas el núcleo de esa verdad es el destino final de sus seres queridos y el lugar donde se encuentran. Hay, por cierto, en esta situación, elementos de enorme importancia que están más allá del derecho a la verdad, pero que dependen de él: se trata de la dignificación, de la superación de la angustia cotidiana de no saber qué sucedió, de la necesidad de poder atravesar los procesos de duelo y, por tanto, de rehacer sus vidas sobre la base de algunas certidumbres. Es decir, existe un universo de necesidades de índole moral y psicosocial que están directamente asociadas con la satisfacción de ese derecho a la verdad. Así, debemos reconocer que, si bien la acción de la justicia es indispensable e insustituible, ella necesita ser conciliada con otro tipo de acción, de signo extraordinario, que busque resultados más prontos para la mayor cantidad posible de personas. Es ahí donde se sitúan, otra vez, los equilibrios que demanda una política de justicia transicional. Esta, como decía antes, está imbuida de un sentido del deber jurídico y también de un sentido de los principios humanitarios. El enfoque humanitario para una política de búsqueda de personas consiste en eso: cómo dar satisfacción a necesidades urgentes, íntimamente sentidas, de las víctimas por un camino paralelo, pero de ningún modo contradictorio ni sustituto del camino judicial. Es cierto que si bien esos dos principios, el de la justicia y el de la verdad, son enteramente compatibles, en el terreno práctico ello demanda grandes esfuerzos de coordinación y entendimiento. Marcos normativos e institucionales, procedimientos y diligencias, áreas de responsabilidad, momentos distintos de intervención, relación con los familiares de víctimas, cadenas jerárquicas a las cuales hay que responder: todos esos, y muchos más, son aspectos reales del problema al

“Aquí reside, en buena cuenta, la lógica subyacente a la justicia transicional: el reconocimiento de que las instituciones ordinarias del Estado no van a ser suficientes para responder con prontitud a los derechos de las víctimas, y, por tanto, la adopción de medidas y la creación de mecanismos extraordinarios que

ofrezcan esas respuestas”.

22 23Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

que nos enfrentamos cuando, como ahora en nuestro país, deseamos recorrer esos dos caminos paralelamente. La mayor parte

“La creación de un programa o de

una política pública de búsqueda de

personas desaparecidas durante el

conflicto armado interno en el Perú

constituye, en ese sentido, una medida de justicia transicional”.

de esos problemas, en realidad, han sido considerados y absueltos en la ley que crea la política de búsqueda de personas y en los otros instrumentos normativos resultantes de ella. Sin embargo, todavía, subsisten algunos puntos por limar. Pero, como hemos dicho, la justicia transicional –basada en esta convicción de que, ante todo, hay que servir a los derechos de las víctimas—es un campo de innovación e imaginación, un espacio para la creatividad dentro del marco de restricciones en que habitualmente operamos. Hemos avanzado un importante trecho en la dirección correcta. Y le debemos a las víctimas un pequeño o un gran esfuerzo más para que su derecho a la verdad y la justicia queden razonablemente bien atendidos. Quisiera primero agradecer la presencia de

todos ustedes porque este es un tema que nos convoca, nos toca y nos llama a la reflexión, pues no hacerlo así es vivir en el olvido. Me ponía a pensar cuando preparaba esta presentación en lo siguiente: ¿realmente tenemos conciencia sobre lo que representa este crímen? Durante muchos años fui fiscal, me retiré en 1994. En esa época terrible de la violencia no había conciencia sobre la posibilidad de tener una justicia transicional. Después de esos años de violencia, fiscales y jueces han seguido trabajando, pero no con mirada de justicia transicional, sin apropiarse de su concepto y esa ruptura con el pasado. Se ha seguido trabajando, pero sin esa conciencia plena de la necesidad de ver el futuro de manera diferente, de hacer las cosas diferentes y de actuar de manera diferente.

En este acto quisiera hacer un homenaje a Louis Joinet, jurista francés experto en la lucha contra la impunidad y por los derechos humanos, fallecido el domingo 22 de septiembre. En 1988, Joinet redactó la primera declaración de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas. En su larga trayectoria en el área jurídica de los derechos humanos se incluye la redacción de los Principios contra la impunidad, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas. Pero cuántos conocen estos principios, cuántos se han puesto a leer lo que significa la impunidad y su alcance en nuestro país; lo

que significa, como lo dijo el doctor Lerner, la búsqueda de la verdad, el derecho a saber lo que ocurrió, a saber dónde están, quiénes son, qué ocurrió.

La justicia que todos soñamos todavía resulta inalcanzable, sobre todo para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Tan esperada y soñada justicia que muy pocos reciben y que muchos quisieran alcanzar.

Joinet decía, en el año 2013, en una conferencia franco-uruguaya, que “cuando redactamos el proyecto de convención contra las desapariciones forzadas dimos una gran prioridad a la lucha contra el tiempo para que los casos de desapariciones forzadas no se vuelvan eternos, enterrados en el olvido”.

La falta de voluntad política para abordar la grave situación que confrontaba el país frente a la desaparición forzada tuvo su máxima expresión el 15 de octubre de 1983, cuando ante la información sobre estos hechos, el entonces presidente de la República señaló que “las cartas que me hacen llegar Amnistía Internacional las tiro al tacho de la basura sin leerlas”. Al tiempo, la entonces Cámara de Diputados aprobó una moción contra Amnistía Internacional señalando que ese “informe contenía un tinte político contrario al sistema democrático occidental”. ¿Cuánto pudo hacerse para prevenir la desaparición forzada de personas si se tomaba en serio, en ese entonces, la información que se brindaba?

Según los registros, el mayor número de desaparecidos ocurrió en 1984, a cuatro años de haber recuperado la democracia después de una dictadura de más de 20 años. El presidente de ese entonces desestimó una realidad con graves consecuencias para el presente. ¡Cuánta responsabilidad le cabe al Estado por su omisión!

El conflicto armado interno de 1980 al 2000 dejó un saldo aproximado de 69 mil personas que fueron asesinadas o desaparecidas, como lo señaló la Comisión de la Verdad.

Carmen Rosa Villa QuintanaMiembro del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU

2019-2023Perú

24 25Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

seres queridos. Lo que recibieron fue injusticia, subsistente en muchos casos hasta el día de hoy. La negación; incluso, la extorsión por parte de quienes no satisfechos con haber perpetrado atrocidades, se permitieron obtener dinero a cambio de información sobre el lugar donde se encontraban las víctimas.

Treinta años después, muchos de ellos continúan en la búsqueda y algunos de los familiares ya fallecieron, como el caso de mamá Angélica. No pueden seguir esperando más estos familiares porque muchos de ellos, como lo informa también el Estado en su presentación ante el Comité de Desaparición Forzada de Personas, tienen 70 o más años.

En el Perú, según el Registro Nacional de personas desaparecidas (RENADE), son 20 511 las personas desaparecidas durante el periodo de violencia de 1980 al 2000.

En una reunión que hace poco sostuvimos con el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia hicimos las cuentas sobre cuántos restos faltan por localizar e identificar, y al ritmo que lo viene haciendo el Ministerio Público haría falta más o menos unos 63 años. ¡Cuántos de los que están aquí vamos a vivir 63 años más! Cuántas de estas madres, esposas, esposos, hijos, que hoy tienen un promedio de 40, 30 años, van a seguir viviendo 63 años para encontrar a sus familiares. Existe, pues, una deuda enorme con los familiares.

Por lo tanto, buscar a las personas desaparecidas, dar una respuesta pronta a los familiares, es un deber insoslayable e impostergable del Estado, priorizar el objetivo humanitario, la recuperación, restitución y entierro digno de los restos humanos en casos de muerte, sin que esto signifique renunciar al cumplimiento de las obligaciones de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de desapariciones. Al mismo tiempo, es necesario atender las necesidades psicológicas y psicosociales, y garantizar la participación activa de los representantes de las víctimas y sus familiares en los procesos pertinentes.

En el Perú, la situación de las víctimas de desaparición forzada ha sido dramática. La incertidumbre, el no conocer el paradero de las víctimas, impide cerrar ese proceso de duelo. El duelo es permanente, no se cierra hasta que no se encuentren los restos. A ello, se suma el estigma que acompaña la desaparición por parte de los que no están en este círculo, quienes en muchas circunstancias consideran “que si fueron desaparecidas es porque algo habrían hecho”, incluso son señaladas como personas vinculadas al terrorismo, el impacto psicosocial en las víctimas directas, en sus familiares, en las comunidades de las que hacían parte las personas desaparecidas, el proyecto de vida trunco por la barbarie y el terror impuesto por las fuerzas de seguridad del Estado y también por Sendero Luminoso, con sus prácticas contrarias a los principios más elementales de humanidad. Otro aspecto es la modificación de las dinámicas familiares, cuando uno de sus miembros asume las labores de la búsqueda con graves consecuencias para las niñas, los niños, los adolescentes. No menos importante es la ruptura del tejido social en las comunidades, lo cual genera desconfianza y temor.

Han sido los familiares de los desaparecidos los que iniciaron, en la década de los ochenta, la búsqueda individual, conformaron asociaciones de familiares, presentaron denuncias y realizaron labores de incidencia para obtener una respuesta por parte del Estado sobre el paradero de sus

“Han sido los familiares de los desaparecidos los que iniciaron, en la década de los ochenta, la búsqueda individual, conformaron asociaciones de familiares, presentaron denuncias y realizaron labores de incidencia para obtener una respuesta por parte del Estado sobre el paradero de sus seres queridos”.

En el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el informe presentado por el Comité de Asesores de Personas Desaparecidas señalando lo siguiente: “El tratamiento eficaz de la cuestión de personas desaparecidas exige el establecimiento de mecanismos idóneos y distintos niveles”.

El Estado peruano ha hecho un avance importante al abordar la problemática de la búsqueda de las personas desaparecidas mediante una política pública. La Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000 responde a una nueva comprensión sobre la búsqueda de personas desaparecidas con enfoque humanitario y lo expresa así: “Es la atención centrada en el alivio del sufrimiento, la incertidumbre y la necesidad de dar respuestas de los familiares de las personas desaparecidas, priorizar el enfoque humanitario significa orientar la búsqueda a la recuperación, identificación, restitución y entierro digno de los restos humanos de las personas desaparecidas de tal manera que tenga un efecto reparador, sin que esto signifique, por supuesto, alentar o dificultar la determinación de responsabilidades penales”. Esto debe quedar claro, el proceso de búsqueda y la responsabilidad que tienen los fiscales de investigar e identificar a los responsables.

La ley de búsqueda es muy importante ya que establece la rectoría en materia de búsqueda de personas desaparecidas en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, crea la Dirección

General de Búsqueda de Personas Desaparecidas como órgano de línea responsable de la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de administrar el RENADE y el Banco de Datos Genéticos, registro de naturaleza administrativa para contribuir a la identificación de las personas desaparecidas durante los años 1980-2000.

El enfoque humanitario centra su atención en el familiar para poder realizar la búsqueda, desde una comprensión del contexto local y cultural, respetando sus creencias religiosas y culturales. La búsqueda humanitaria, tal como lo ha definido la ley y el plan, tiene 3 fases: la investigación humanitaria, la intervención conjunta y el cierre del proceso.

La búsqueda humanitaria tiene como centro el interés de las víctimas; de allí que la política incorpora el aporte de los familiares a lo largo de todo el proceso de búsqueda. Su participación es clave en las distintas etapas, desde la investigación hasta la restitución de los cuerpos. Son, pues, las víctimas el centro de las intervenciones y de las formas posibles de participación y reubicación de sus derechos de acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación.

Tal como lo decía el doctor Lerner, la política se inserta en el marco de justicia transicional, pero ¿qué es la justicia transicional?

La justicia transicional es el conjunto de medidas judiciales y políticas desarrolladas a fin de garantizar el debido reconocimiento de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, así como el establecimiento de garantías duraderas de no repetición. Procesos y medidas que promueven el estado de derecho y la justicia en tiempo de transición. Un cambio, como lo dije al principio, para mirar el futuro, romper con el pasado y rendir cuentas. Rendir cuentas es un proceso obligatorio por parte del Estado para que sus ciudadanos y ciudadanas sepan qué se está haciendo, cómo se está avanzando, cuáles son los obstáculos y hacia dónde se tiene que encaminar. El acceso a la justicia como una forma de resarcir e instaurar

“...estamos aquí, sabemos lo que ha pasado, y los que no lo saben tienen que saberlo, porque si no sabemos la verdad es muy difícil cerrar el pasado y mirar el futuro de manera diferente”.

26 27Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

informe. El primer informe fue presentado este año en el mes de abril. El Comité ha formulado una serie de observaciones y recomendaciones al Estado peruano. En primer término, ha reconocido avances como la adopción de ley de búsqueda de personas desaparecidas, el plan nacional en materia de búsqueda y la creación del banco de datos genéticos. Pero ha señalado, también, su preocupación por el escaso número de enjuiciamientos y por el hecho de que un importante número de sentencias han sido absolutorias, perpetuando así la impunidad. Asimismo, expresó su preocupación por los obstáculos para la investigación eficaz, que incluye recursos insuficientes, restricciones en el acceso a la información y archivos relevantes pertenecientes a las Fuerzas Armadas y Policía, y las alegaciones por los casos en los que el Ministerio de Defensa habría acudido a procesos de conciliación y la posibilidad de que agentes del Estado implicados en desapariciones forzadas puedan influir en las investigaciones por ocupar, hoy día, altos cargos en la política.

En cuanto a la búsqueda de personas desaparecidas, expresó su preocupación por los escasos avances en la búsqueda de las personas que hoy no se conoce su paradero, las dificultades de coordinación entre el Equipo Forense Especializado del Instituto de Medicina Legal y la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas que hoy, a partir de la citada reunión, trata de superar esta dificultad y avanzar de una manera consistente en esta labor, y la inexistencia de un sistema que permita la inmediata y urgente búsqueda de personas desaparecidas después del 2000. Reitero la importancia de conocer las recomendaciones y su difusión.

Por otra parte, también quisiera destacar la necesidad de difundir y aplicar los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas aprobados el 16 de abril de este año por el Comité.

Los principios tienen una vocación práctica, son una guía para resolver situaciones concretas, son claves para las personas y grupos involucrados

una cultura de respeto de los derechos humanos. De allí que los procesos judiciales por violaciones de derechos humanos en este contexto son fundamentales. Se trata de que los fiscales y jueces reconozcan el derecho internacional de los derechos humanos, que establece el acceso a la justicia como una obligación. No es una opción, es una obligación a través de la cual se trata de resarcir a las víctimas de la impunidad, debido a la captura del sistema judicial que devino en inoperativo para las víctimas, pero operativo para el abuso del poder.

La justicia transicional en el Perú no se ha dado conforme al derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. El proceso de la Comisión de la Verdad, el cual fue un proceso importante para conocer qué fue lo que pasó en el país, quiénes estuvieron involucrados. A pesar de que esa verdad ha sido expuesta de manera descarnada, muchos sectores han señalado que no se corresponde a los hechos que se investigaron. El informe de la CVR ha sido vapuleado, muchas veces negado. Pero nosotros estamos aquí, sabemos lo que ha pasado, y los que no lo saben tienen que saberlo, porque si no sabemos la verdad es muy difícil cerrar el pasado y mirar el futuro de manera diferente. De allí que, junto con la búsqueda de personas, es un deber del Estado luchar contra la impunidad por la desaparición forzada de personas. Hoy, el número de casos judicializados es limitado y a tenor de lo señalado por Félix Reátegui, “el descrédito de las instituciones de justicia podría ser claramente afrontado con la judicialización de esas violaciones a los derechos humanos”, o sea, con la acción, el compromiso y la voluntad de los fiscales. El desafío es enorme, pero más grande aún debe ser la voluntad de los que cada día tienen el poder de accionar con la debida diligencia las investigaciones e identificar a los responsables para que sean debidamente juzgados y sentenciados.

La Convención Internacional sobre la protección de todas las personas contra la desaparición forzada, de la cual el Perú es parte desde el año 2012, establece la obligación de presentar un

en el proceso de búsqueda y los familiares de las víctimas de desaparición forzada y pueden ser aplicados para los Estados que forman parte de la Convención, pero también para los que no lo son. A la fecha, solo 63 Estados de 193 que conforman las Naciones Unidas han ratificado la Convención.

No se trata de nuevas obligaciones, sino que precisan el contenido de las obligaciones que están en la convención internacional, son un cuerpo jurídico sobre la obligación de buscar y localizar a las personas desaparecidas. Hay que usarlos, aplicarlos junto con la Convención y con las recomendaciones del Comité. Recordemos que en abril del próximo año hay que presentar el informe de avances sobre el trabajo que ha realizado el país. Los principios son aplicables a situaciones diversas en el mundo y en ellos se encuentran respuestas a situaciones particulares.

Destaco tres principios sobre los que subyacen todos los principios rectores: la búsqueda bajo la presunción de encontrar a la persona con vida, la búsqueda con respeto a la dignidad humana y la búsqueda con enfoque diferencial.

No quiero terminar mi presentación sin hacer un reconocimiento a las víctimas de desaparición forzada y a sus familiares, por su infatigable esfuerzo para hallar a sus hijos, esposos, padres, hermanos, hermanas, por no rendirse frente a los obstáculos encontrados a lo largo de la búsqueda de sus seres queridos y por insistir en conocer la verdad y lograr la justicia.

También quiero reconocer a alguien que, en los años 80 y principios de los 90, puso un esfuerzo pionero en el Ministerio Público, ya fallecido y que la gente no recuerda. Se llamaba Clodomiro Chávez Valderrama. Era un fiscal de derechos humanos que, no obstante la precariedad de los recursos institucionales de un contexto político adverso y militarizado, logró avanzar en las investigaciones de los casos de desaparición forzada, actuando de manera valiente en cumplimento de sus funciones. Queremos fiscales y jueces que sean como él, que sigan investigando, que sigan identificando a los responsables y que se siga sancionando a los culpables.

28 29Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Federico Andreu-Guzmán Asesor General de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por

Desaparecidas (UBPD) Colombia

Es un inmenso placer poder estar nuevamente aquí, en el Perú, país con el cual hace más

de treinta años he desarrollado vínculos de solidaridad en la defensa de los derechos humanos, en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de los desaparecidos. Yo voy a hablarles un poco sobre la experiencia muy nueva de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado colombiano (UBPD), toda vez que este seminario es un intercambio de experiencias. La UBPD se inscribe en un proceso de construcción de justicia transicional clásico acorde a los parámetros de las Naciones Unidas. El sistema de justicia transicional es un conjunto de medidas judiciales y extrajudiciales, políticas, administrativas o de diferente índole, para hacerle frente a los crímenes del pasado, con el objeto de garantizar los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas y consolidar el Estado de derecho, para que haya paz duradera y escenarios políticos con un ejercicio sin temor de las libertades fundamentales. En Colombia, por el año 2012, se inició la negociación secreta entre el gobierno, del entonces presidente Santos, y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Fue una negociación muy interesante

entre aparatos armados. El Estado pedía a los guerrilleros desmovilizarse, que entreguen sus armas, y a la vez ofrecía becas. Esto aún no está resuelto, pero ha sido un paso adelante porque se tocaron temas claves que atacaban a problemas estructurales de la violencia, de la tierra, del cultivo, etc. Además, por primera vez en la historia, se colocó a las víctimas como un tema central. Ellas participaron en los debates para garantizar los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas del conflicto. Así surgió progresivamente el tema de la desaparición forzada y después la desaparición. En un primer comunicado, en octubre del 2015, cuando la negociación se hace pública, el Estado y las FARC señalan que se va a crear una entidad de altísimo nivel para buscar de forma extrajudicial y humanitaria a los desaparecidos. Todo eso va a converger en el acuerdo de paz del 26 de noviembre del 2016, que va a entrar en vigor el 01 de diciembre de ese mismo año, en el cual se establece un sistema de justicia transicional, muy avanzado aunque no perfecto. Se crean 3 grandes componentes: una jurisdicción especial para la paz, una comisión para el esclarecimiento de la verdad y la UBPD. Y se va a crear, esto es un elemento muy importante porque en la práctica tiene una consecuencia inmensa, con rango constitucional, a través de una reforma constitucional, el año 2017. La UBPD se crea como un órgano constitucional, independiente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con personalidad jurídica, con capacidad de contratación y de ejercer su autonomía presupuestal y técnica. Ese es un elemento fundamental para la búsqueda humanitaria. Asimismo, se blinda el proceso institucional para que el órgano encargado de esa búsqueda pueda seguir su tarea, con una vigencia transitoria de 20 años. Además, la Comisión de la Verdad tiene 3 años y la jurisdicción especial para la paz 20 años prorrogables. Claro, 20 años es poco para esta tarea inmensa. ¿Por qué se creó esto? Fue un pedido de las asociaciones de familiares de desaparición

forzada y organizaciones de derechos humanos. La búsqueda de los desaparecidos se ha dado en el país a través del sistema judicial y algunos, de vez en cuando, han sido encontrados. A veces, el victimario se acoge al arrepentimiento y brinda información para encontrar a un desaparecido, logrando acceder al sistema de justicia premial y obteniendo alguna rebaja en la condena. Estos casos han sido muy pocos porque la lógica del sistema penal está basado en investigar el delito, probar las circunstancias materiales del delito, identificar sus autores y sus motivos para traducirlos en justicia. El desaparecido poco importa, es un objeto y no un sujeto. Eso explica por qué en muy pocos casos de la investigación judicial se pudo establecer y recuperar a los desaparecidos. Hay un momento en la historia internacional en el que surge la necesidad de crear un mecanismo distinto. Aquí, en Perú, el pionero fue el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Surge la reflexión en la que se dice “si buscar a los desaparecidos es una obligación estatal, complementaria pero distinta a la investigación judicial, por qué no deben ser separadas, que hayan vasos comunicantes, pero separadas”. Así se fue cristalizando esta idea, que ha dado varias experiencias, como la DGBPD en Perú, la Oficina de Búsqueda en Sri Lanka y como la UBPD en Colombia. La UBPD tiene dos grandes razones de ser: primero, contribuir a satisfacer el derecho a la verdad de los familiares de las personas desaparecidas, establecer su suerte y paradero, como se dice en el lenguaje colombiano, lo acontecido y dónde está; y segundo, la localización, recuperación y entrega es una modalidad de reparación. Pero hay una dimensión que es muy importante: la participación de las víctimas en este proceso de búsqueda como sujeto activo. En esta lógica se enmarca la UBPD, como un mecanismo donde el centro tiene que ser los familiares de las víctimas, que también son víctimas.

Entonces, lo humanitario en nuestro sistema tiene una doble dimensión: la UBPD es una entidad humanitaria y extrajudicial, y tiene un mandato humanitario y extrajudicial de búsqueda. Esto es una construcción muy concreta que tiene muchas dificultades operativamente. ¿Qué significa que sea humanitaria? Como lo ha dicho la corte, significa que es una entidad tal como el CICR, de naturaleza independiente, imparcial y neutral. Esto tiene consecuencias grandísimas porque nosotros hemos firmado un acuerdo de paz, pero el conflicto armado está más disparado que en años anteriores, tenemos más de 500 activistas sociales asesinados en menos de 2 años, hay regiones del país donde no se puede ingresar. Nosotros somos neutrales, no podemos ingresar con la fuerza pública, no podemos dar la percepción que favorecemos a alguna de las partes del conflicto. Eso nos pone un desafío. En lo humanitario, significa nuevas formas de trabajar en el terreno. Entonces, en regiones en pleno conflicto armado, debemos inventar nuevas modalidades de trabajo para poder ingresar e intervenir. Trabajar de la mano con CICR, con Pastoral Social. Asimismo, cuando son territorios indígenas, se hace una consulta previa para garantizar que la guardia indígena nos proteja. Es una inmensa cantidad de desafíos que son novedosos para nosotros y para la fuerza pública. El segundo gran aspecto es el mandato humanitario. Tenemos 3 grandes elementos: uno, buscar, localizar, recuperar, identificar y hacer reencuentros si la persona está viva; otro es establecer un registro nacional de fosas, cementerios clandestinos y sepulturas. El tercer mandato es establecer el universo de personas dadas por desaparecidas. El mandato humanitario y extrajudicial es que nosotros hacemos la búsqueda de los desaparecidos fuera del sistema judicial. Por eso, tenemos poderes de exhumación. Encontramos elementos asociados, pistolas, documentos y garantizamos la cadena de custodia. No investigamos el delito. Claro, nos interesa saber quién es el responsable para investigar patrones, establecer qué tipo de prácticas tenían, en

30 31Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

qué tipo de lugares enterraban a las víctimas. Son solo datos que nos permiten avanzar en la búsqueda. Toda la información recaudada es confidencial, como las denuncias, declaraciones e, incluso, la información mínima que producimos nosotros mismos. La justicia no la puede solicitar. Lo único que podemos brindar son los informes técnicos-forenses de las exhumaciones y cuando recaudamos material probatorio. Pero no es una búsqueda en detrimento de justicia, sino que tenemos principios. La justicia tendrá que utilizar otros mecanismos para probar la responsabilidad de los autores. Entonces, este elemento de lo humanitario va muy ligado a lo extrajudicial de nuestro sistema y hay una serie de blindajes. Por ejemplo, nuestros funcionarios y peritos que intervienen no pueden ser obligados a declarar ante la justicia, salvo que se necesite rendir explicaciones sobre cómo se llega a tales conclusiones en el informe técnico-forense o cómo fue que encontraron material recaudado. Lo humanitario, así como está organizado en Colombia, nos permite garantizar autonomía propia con el único objetivo de encontrar al desaparecido, vivo o muerto. Hay otra dimensión fundamental, la participación de los familiares por mandato constitucional. Todo el proceso de búsqueda debe contar con la participación activa de los familiares, desde

la fase de registro. La UBPD tiene el deber legal de garantizar esa participación porque es una forma de reparación. No podemos garantizar que encontraremos a todos los desaparecidos, nadie puede garantizarlo, pero sí que haremos todo lo objetivamente posible, con los medios existentes, para encontrarlos y asociar a los familiares en ese proceso, incluso para que tomen decisiones de forma informada. Esto es lo que llamamos la búsqueda del ser humano por razones humanas, poco importa si el desaparecido es un civil, un combatiente, un criminal o lo que fuese. Tenemos que aplicar el principio de no distinción, de no discriminación. Cuando hablamos de personas dadas por desaparecidas, estamos hablando de todas aquellas cuya suerte o paradero es desconocido por sus familiares. Estamos hablando de víctimas de desaparición forzada, pero también de secuestro, de los cuales nunca se dieron noticias, si están vivos o muertos o los liberaron, menores o mayores de edad que fueron obligados por ambas partes del conflicto a participar en las acciones armadas y que no se sabe más de ellos. Son casi 10 mil niños menores de edad desaparecidos en esas circunstancias. La cifra se eleva si hablamos de mayores de edad. En los años 70 era una práctica muy habitual en las operaciones contrainsurgentes del Ejército, en zonas campesinas alejadas, llevarse a los pobladores acusados de pertenecer a la guerrilla para que indicaran dónde estaba el campamento enemigo. El campesino nunca más aparecía. Fue reclutado forzosamente para participar. Tenemos otros fenómenos, como los desaparecidos durante las hostilidades. Este es un universo inmenso, el campesino que ordeñaba su vaca y se ve inmerso en un operativo de bombardeo o confrontación. En Colombia, tenemos muchas estadísticas. La más alta a nivel oficial es la del Centro de Memoria Histórica. Nos habla de 83 mil desaparecidos forzados durante el conflicto, de los cuales 71 mil siguen desaparecidos. Esa cifra es solo un punto de vista. La UBPD llegó a la conclusión de que estamos hablando solamente

“Hay un momento en la historia

internacional en el que surge la

necesidad de crear un mecanismo

distinto (para la búsqueda de las personas desaparecidas)”.

de desaparición forzada de 120 mil personas. Sucede que, por ejemplo, recibimos información de la ubicación de 5 personas desaparecidas, de los cuales solo una está en el registro. A esta cifra hay que sumarle los secuestrados y los reclutados. Entonces, estamos hablando por lo menos de 150 mil personas durante 53 años. Es un inmenso desafío buscar desaparecidos de hace una o dos décadas. Pero esto va más atrás. Hace menos de dos meses identificamos donde está una persona que fue desaparecida durante las hostilidades de 1974. Esto ha implicado desarrollar nuevas metodologías pues no es lo mismo buscar desaparecidos de los años 2000 en territorio paramilitar muy limitado, donde los victimarios convivían con las víctimas y todo se hacía en un mismo lugar, a, por ejemplo,

las desapariciones forzadas de los años 80 realizadas por la fuerza militar, donde las personas eran capturadas en Bogotá, llevadas a 500 kilómetros al sur de la base militar y su cadera aparecía en el norte del país. Estos casos implican metodologías muy distintas, conocimientos para saber cómo ha funcionado esta horrible máquina de la violencia, implica desafíos muy grandes. Este experimento de búsqueda humanitaria es muy importante, pero tiene muchas falencias y desafíos. En Colombia tenemos un acuerdo de paz y un conflicto, en medio del cual debemos organizar la búsqueda de los desaparecidos siendo neutrales. Además, ahora tenemos un gobierno que desearía romper el acuerdo de paz, pero que no quiere tener un lío internacional. Sin embargo, nos ataca de diversas maneras, como con recortes presupuestales, recursos asignados a cuentagotas, tentativas de reformas constitucionales. Asimismo, la UBPD significa un nuevo paradigma de búsqueda, es independiente, autónoma, pero debemos coordinar con la fiscalía pues, en muchos casos, la búsqueda está muy avanzada por ellos. Estamos avanzando, tenemos oficinas desplegadas en 7 regiones del país. Así, a los familiares se les atiende en donde se encuentran y no tenemos que pedirles que vengan a la oficina central. Este es un proceso que está en construcción, pero apuesto por este modelo.

“No podemos garantizar que

encontraremos a todos los

desaparecidos, nadie puede

garantizarlo, pero sí que haremos

todo lo objetivamente posible,

con los medios existentes, para

encontrarlos y asociar a los

familiares en ese proceso, incluso

para que tomen decisiones de forma informada”.

32 33Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Herramientas para la plani�cación de la búsqueda: contextos complejos

Mesa 2

Moderadora: Susana Cori Ascona (CICR)

34 35Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Herramientas para la planificación de la búsqueda: contextos complejos 02

El Equitas es una organización forense independiente que este año ha cumplido

15 años al servicio de la investigación de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. A lo largo de este tiempo, el Equitas se ha especializado en desarrollar estrategias integrales de búsqueda de personas desaparecidas, las cuales se sustentan en la participación activa de las comunidades y de las víctimas, así como en la innovación e interdisciplinariedad para intervenir en escenarios complejos, como fosas clandestinas, ríos, crematorios o cementerios. La experiencia de búsqueda de personas desaparecidas en Colombia se enmarca mayoritariamente en el proceso de movilización de los grupos paramilitares que surgieron en el 2005 y se sustenta en los testimonios o en la información aportada por los perpetradores, así como la información aportada por los familiares de las víctimas. A 15 años de la implementación de la Ley de Justicia y Paz, la Fiscalía General de la Nación reporta que se han recuperado 9609 personas, de las cuales 4800 siguen sin identificar.

Por su parte, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas actual establece que hay 149 539 personas desaparecidas en Colombia, de las cuales el 79% continúa sin clasificar; es decir, no sabemos a qué tipología de desaparición corresponde: desaparición forzada, secuestro, reclutamiento ilícito, trata de personas u otra. Si hacemos un cruce simple entre las cifras del registro y las que nos presenta la Fiscalía, nos damos cuenta que no llegamos ni al 10% de las personas que se presumen están desaparecidas en el país. Eso significa que los esfuerzos de búsqueda, identificación, recuperación y entrega aún siguen siendo mínimos comparados con la magnitud de la tragedia que ha representado la violencia, evidenciada en el número de personas desaparecidas. Desde Equitas, creemos que los escasos resultados reportados se deben a varias razones: la falta de apropiación de una estrategia integral de búsqueda, que en Colombia se recoge en el Plan Nacional de Búsqueda, el cual no es conocido por los funcionarios y, por lo tanto, no lo implementan; el inicio de las acciones de búsqueda sobre la base exclusiva de información testimonial, sin que hayan existido procesos investigativos que verifiquen la información proporcionada por las personas que supuestamente han perpetrado estos crímenes; la falta de conocimiento y uso de herramientas técnicas y tecnológicas para el abordaje de escenarios complejos de búsqueda; la falta de escenarios de participación para las víctimas, organizaciones de derechos humanos y equipos independientes, y las creencias arraigadas, sin sustento científico, sobre la imposibilidad de buscar en algunos escenarios complejos, como ríos y hornos crematorios. El escenario que abre el proceso de paz, con la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR), se presenta como una oportunidad para superar

Diana Arango Gómez Directora ejecutiva

Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas)

Colombia

36 37Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

todos estos obstáculos al permitir concentrar las acciones de búsqueda, reparación, identificación y entrega bajo una sola institución: la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la cual está dedicada exclusivamente a estas labores. Pero, sobre todo, permite impulsar las acciones de búsqueda al romper los constreñimientos del proceso judicial, que ha hecho ineficiente y lenta la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia. La investigación judicial se ha centrado en determinar la responsabilidad de los hechos, mas no en determinar la suerte y el paradero de las personas desaparecidas. Es decir, se ve a la investigación judicial para la determinación de los hechos como independiente de la búsqueda, recuperación, identificación y hallazgo de la persona desaparecida, como si estas dos cosas no fueran fundamentales en el proceso de garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y justicia. De igual manera, pensamos que la oportunidad del escenario que abre la UBPD debería permitir la generación de alianzas con sectores que no necesariamente han estado involucrados en el proceso judicial, pues este tiene sus límites y no permite la participación amplia de las comunidades y las víctimas, pero tampoco de otros sectores que podrían aportar a la resolución de problemas complejos, como el mundo científico, académico y organizaciones forenses independientes. Es importante resaltar

que las víctimas tienen mucho que aportar y en el proceso humanitario podrían adquirir un rol mucho más central del que se ha tenido en el proceso judicial. Frente a las limitaciones en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas, Equitas ha desarrollado una estrategia integral a través de la identificación de herramientas alternativas que responden a la complejidad de cada uno de los casos y escenarios abordados. Para esto, Equitas viene desarrollando la conceptualización y categorización de casos complejos, teniendo en cuenta 3 tipos de factores. El primero de ellos es el factor humano, referido a las acciones que efectuaron los perpetradores para el ocultamiento de los cuerpos. No fue suficiente la desaparición, sino que se realizaron acciones para evitar su recuperación e identificación, como desmembramientos, quemas u otras realizadas con el propósito expreso de ocultar completamente el cuerpo y la evidencia. Asimismo, se efectuaron acciones que perturbaron los sitios de disposición de los cuerpos, como proyectos agrícolas en lugares donde había fosas de las personas desaparecidas, o intervenciones secundarias de los mismos perpetradores. Por ejemplo, tenemos referencias de departamentos que tenían varias fosas que estaban llamando la atención, por lo que las autoridades corruptas reaccionaron para sacar los cuerpos de las fosas y llevarlos a hornos crematorios a fin de deshacerse completamente de la evidencia. En este caso tenemos un factor adicional que es el traslado del cuerpo de un sector a otro por los mismos perpetradores para ocultar la evidencia. El segundo factor es el ambiental. Tenemos una geografía bastante diversa en Colombia, con suelos ácidos, con zonas alejadas y remotas que todavía requieren de muchas horas de caminata para poder acceder, lo que hace que la recuperación de los cuerpos sea sumamente compleja. A esto le sumamos el tercer factor que es el técnico. En muchos casos, debemos exhumar

“La investigación judicial se

ha centrado en determinar la

responsabilidad de los hechos,

mas no en determinar la suerte

y el paradero de las personas desaparecidas”.

múltiples cuerpos de una misma fosa, lo que puede generar confusiones anatómicas entre los cuerpos expuestos a este escenario, así como variables de inspecciones multipersonas y factores que inciden en la posibilidad de la identificación de los cuerpos. Para nosotros, los casos complejos tienen que ver con estos 3 factores que, muchas veces entrelazados con condiciones sociales y políticas, hacen que la recuperación, identificación y entrega de las personas desaparecidas sea aún más compleja que un caso normal, como una fosa con condiciones distintas. Equitas ha tratado de conceptualizar esta complejidad no como un ejercicio académico, sino como un reto para proponer desde los equipos forenses, en alianza con la ciencia y la academia, estrategias para superar esta complejidad y responder a los familiares sobre la suerte de sus seres queridos desaparecidos. Teniendo en cuenta esto, se ha generado una estrategia integral de búsqueda que se sustenta

en 7 pasos. El proceso de búsqueda nunca se debe considerar como un proceso lineal, lo cual lo haría poco flexible y muy rígido. Necesitamos estrategias innovadoras para avanzar en esta labor. Uno de los componentes es el diagnóstico preliminar, que es el primer acercamiento a las comunidades y familias. Es necesario reconocer que los familiares han liderado procesos de búsqueda y, por lo tanto, no se debe partir de cero. El diagnóstico permite identificar las dinámicas locales y generar puentes de confianza. En este sentido, muchas veces los equipos forenses entran en la lógica de impartir conocimiento cuando debemos ir con la lógica de sentarnos a escuchar lo que las comunidades han hecho, la información que tienen para aportar y, sobre todo, las propuestas que tienen para contribuir en la búsqueda de personas desaparecidas. Otro componente es la construcción de un plan de trabajo, realizado de manera concertada con las comunidades y familiares. Debemos reconocer qué se ha hecho y qué falta por hacer de la mano de las familias. Implica, de igual manera, reconocer las diversidades en la manera de hacer las cosas, por ejemplo, de las comunidades indígenas. Una persona mestiza puede tener una idea muy diferente de lo que significa buscar o incluso de lo que significa sanear el territorio. Las comunidades indígenas tienen una manera diferente de ver las cosas. Estos conocimientos no chocan, sino que, por el contrario, complementan e impulsan el proceso de búsqueda y, sobre todo, la participación activa de los familiares.

“…los casos complejos tienen que

ver con estos 3 factores que, muchas

veces entrelazados con condiciones

sociales y políticas, hacen que

la recuperación, identificación

y entrega de las personas

desaparecidas sea aún más compleja

que un caso normal, como una fosa con condiciones distintas”.

38 39Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Joel Ignacio Jeremías Tejada AranaAnalista de la Dirección General de Búsqueda de

Personas DesaparecidasPerú

En esta presentación se propone la gestión de la información del Registro Nacional

de Personas Desaparecidas (RENADE), de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD), a través de un sistema de información geográfica (SIG) para construir estrategias de búsqueda de personas desaparecidas como resultado del periodo de violencia en el Perú, entre los años 1980 y 2000.

Esta propuesta se apoya en el sistema del RENADE, el cual centraliza fuentes de información provenientes de la sociedad civil y otras instituciones del Estado, sobre casos de personas desaparecidas en el Perú. Este sistema fue lanzado por la DGBPD el 23 de abril del 2018, con una cifra de 20 239 casos de personas desaparecidas. A la fecha, en septiembre del 2019, el número se incrementó a 20 591. De esta cifra, las regiones de las que se tienen más registros son Ayacucho, con 9970 casos; Junín, con 2976 casos, y Huánuco, con 2537 casos.

Para conocer los contextos de búsqueda de personas desaparecidas se necesita contar con información organizada en un sistema de base de datos y comprenderla espacialmente a través de un sistema de información geográfica. Este proceso inicia con el estudio de los relatos que se encuentran en las sumillas de cada evento de fallecimiento y desaparición de una persona registrada en el RENADE. Se consideran

algunas variables como la fecha, el perpetrador, otras víctimas asociadas al evento en estudio, lugar de origen de una detención, lugar de tránsito de una víctima detenida y el último lugar en el que se vio a una persona. Como un hallazgo preliminar, considerando la variable de perpetrador, se encontró que del total de registros referidos previamente para la región de Huánuco, 1646 casos fueron causados por el PCP-Sendero Luminoso, 736 casos por miembros de las Fuerzas Armadas, 05 casos por miembros de la Organización Comunal de Defensa, 04 casos por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y en 146 casos no se ha precisado al perpetrador.

La incorporación de un enfoque forense en este proceso facilita reconocer información sobre la gestión de los cuerpos de las víctimas por parte de los perpetradores, para identificar en los relatos, prácticas y patrones los tipos de armas que fueron usadas, el tratamiento de los cuerpos y los posibles lugares de depósito de los mismos. El estudio de los relatos, desde esta mirada, permitió, por ejemplo, visibilizar que los ríos, en regiones con territorios de selva como Huánuco, San Martín, Ucayali y Loreto, fueron lugares de depósito de cuerpos de personas, por distintos perpetradores. En este punto, se ha construido una clasificación sobre la práctica de usar los ríos como lugares de disposición de cuerpos: a) un río como último lugar referido, b) un río como punto de hallazgo y/o

“Para conocer los contextos de

búsqueda de personas desaparecidas

se necesita contar con información

organizada en un sistema de base de

datos y comprenderla espacialmente

a través de un sistema de información geográfica”.

recuperación de un cuerpo, c) un río como lugar de avistamiento de cuerpos y d) un río asociado a una víctima de evento colectivo.

La información de los relatos de eventos de desaparición y fallecimiento del RENADE puede ser georreferenciada en un sistema de información geográfica con el fin de comprender la interacción humana con el entorno geográfico, permitiendo visualizar la relación entre los eventos de desaparición y fallecimiento con un territorio específico.

El SIG permite gestionar la información recogida en el RENADE aportando nuevos datos en las investigaciones de búsqueda a través del cruce de variables de información como, por ejemplo, el perpetrador, un lugar de detención en un periodo de tiempo y lugares posibles de disposición de los cuerpos, de tal manera que es posible visualizar patrones de detención–desaparición dentro de un territorio, para proponer posibles zonas de búsqueda. El caso de una base militar en la región Huánuco se visibilizó a partir del cruce de las variables referidas, encontrándose que entre los años 1984 y 1993, 71 personas fueron detenidas en 25 poblados que, al ser georreferenciados, se ubican a lo largo de una vía nacional y cercanos al río Huallaga.

“El SIG permite gestionar la

información recogida en el RENADE

aportando nuevos datos en las

investigaciones de búsqueda a

través del cruce de variables de información…”.

Las relaciones presentadas previamente ilustran la importancia de gestionar la información del RENADE a través de un SIG para pensar y entender espacialmente el comportamiento de los perpetradores, con el fin de proponer hipótesis de posibles lugares de disposición de un cuerpo con las cuales sea posible construir estrategias de búsqueda y planificar el despliegue de los equipos, de acuerdo a las características de cada tipo de desaparición y entorno geográfico. Se trata de agotar todos los esfuerzos para elaborar con las familias, a través de la gestión de la información del RENADE en un SIG, una respuesta que pueda ser parte de un proceso de cierre de la búsqueda del cuerpo de un familiar desaparecido.

40 41Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Carlos Amézquita GalindoRepresentante del Comité Internacional de la Cruz Roja

Guatemala

El 23 de junio de 1994 se firmó el “Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión

para el Esclarecimiento Histórico (CEH)”, en Oslo (Noruega). Dicho acuerdo fue uno de los doce que se firmaron entre el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), entre los años 1991 y 1996.

La CEH tenía el mandato de elaborar un informe que contenga los resultados de las investigaciones realizadas y ofrezca elementos objetivos de juicio sobre lo acontecido durante el conflicto armado interno. Como resultado de su trabajo se llegó a confirmar al menos 45 mil personas desaparecidas en dicho periodo, entre los que se encuentran 5 mil niños y niñas. De este número, el grupo más afectado fue la población de origen indígena.

El informe presentado por la CEH señala que la desaparición forzada constituyó una práctica sistemática que violó múltiples derechos de las personas, como la libertad, la integridad física, el debido proceso y la vida. Además, la característica central de la desaparición forzada consistió en la negación de la detención, la información sobre el lugar de la misma y el paradero final de la persona detenida por parte de las fuerzas de seguridad que efectuaron la captura, dejando a las personas al margen de toda protección legal. La desaparición forzada

se utilizó como una estrategia para sembrar el terror en la población.

Los nombres de los responsables de las violaciones de derechos humanos y hechos de violencia investigados fueron omitidos, tal cual establecía el mandato de la CEH. Sin embargo, en el informe se recomendó crear un mecanismo de búsqueda que tuviera los recursos y la fortaleza legal, a través de una ley que creara la Comisión de Búsqueda. Al no cumplirse la recomendación, los familiares crearon un mecanismo paralelo al Estado y nacieron organismos que realizaban exhumaciones. Así nació la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG).

Las madres continúan buscando a sus familiares, la necesidad de encontrarlos no ha desaparecido, aún sin ley y sin recursos. Incluso, aún con la necesidad de resolver problemas cotidianos propios de cada persona. Y esta búsqueda ha conseguido logros sorprendentes. No solo se han encontrado cadáveres, si no también se han organizado reencuentros familiares. Por ejemplo, en el 2017 aparecieron 44 personas vivas que desaparecieron cuando eran niños. En Guatemala, se han encontrado más de 900 niños, ahora adultos, vivos en diferentes contextos, pero no se hace la misma publicidad como sucede con las abuelas de la Plaza de Mayo.

En el caso del Cementerio La Verbena se recogieron más de 13 mil osamentas desde una profundidad de 26 metros. Se encontraron restos mezclados de varias décadas de represión

“Las madres continúan buscando a sus familiares, la necesidad de encontrarlos no ha desaparecido, aún sin ley y sin recursos”.

y violencia. Este caso representa un complejo reto de análisis antropológico y genético. Hasta la fecha se han identificado solo a 6 personas víctimas de desapariciones forzadas. En comparación con otros casos, como CreomPaz, las identificaciones en La Verbena resultaron muy difíciles.

En este último caso, en el sitio que ocupa actualmente el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de la Paz (Creompaz) se identificó un cementerio clandestino. Bajo la tierra se hallaron 565 cuerpos distribuidos en 84 fosas. A la fecha, se han identificado 145 víctimas mediante el análisis genético.

42 43Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Sumando experiencias: la búsqueda de desaparecidos de la época de violencia 1980-2000 en Perú, vista desde diferentes actores

Mesa 3

Moderadora: María del Carmen Vega Dulanto (DGBPD)

44 45Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Sumando experiencias: la búsqueda de desaparecidos de la época de violencia 1980-2000 en Perú, vista desde diferentes actores 03

A diferencia de los casos más emblemáticos, como en Argentina y Chile, en el Perú las

desapariciones ocurrieron en contextos de gobiernos democráticos, a raíz de la decisión de Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) de iniciar una guerra contra el Estado. Sendero Luminoso llevó a cabo acciones violentas contra las poblaciones campesinas que no se unieron a la lucha armada, asesinando a autoridades locales y figuras públicas de reconocida trayectoria como representantes de ese viejo Estado que ellos trataban de cambiar. Otro actor importante en esa época fueron las Fuerzas Armadas (FF. AA.), quienes aplicaron una estrategia de guerra sucia. El mandato institucional de las FF. AA. es básicamente proteger a las poblaciones más vulnerables. Esto no fue cumplido a cabalidad por algunos de estos elementos. Todo este proceso de violencia generó miles de muertes y secuelas en nuestra conciencia y en nuestra memoria colectiva, con un número significativo de personas desaparecidas. Hasta ahora seguimos viendo las consecuencias de dicha época, sobre todo en el aspecto psicosocial. En este ambiente de desapariciones, hacia el año 1997, nace el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), de un grupo liderado por el

doctor Lumbreras y José Pablo Baraybar, quien es invitado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) a ser parte del grupo técnico para establecer los lineamientos sobre los temas forenses. En todos estos años hemos dado asesoría forense, no solo del tipo judicial, sino también para el fortalecimiento de capacidades forenses y búsqueda humanitaria en la República de Somalilandia, donde venimos trabajando desde los últimos 7 años. La caída del gobierno de Alberto Fujimori, en el año 2000, abrió una puerta para poder iniciar un proceso de justicia transicional y de búsqueda de los desaparecidos. Los diferentes movimientos de derechos humanos, que durante muchos años venían reclamando la búsqueda de las personas desaparecidas, aprovecharon la coyuntura para colocar en debate este tema. Es así como, en el 2001, se crea la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) para investigar los hechos ocurridos entre los años 1980 y 2000. En ese mismo año, el EPAF recibe la invitación de la Defensoría del Pueblo para asesorar a la CVR en el proceso de investigación forense. Entonces, el EPAF trae al Perú los estándares internacionales utilizados por los tribunales para Ruanda y la ex Yugoslavia, que también son aplicados en Argentina y Guatemala. En ese marco, se hace la primera intervención forense con estándares internacionales en el Perú. Se podría decir que este trabajo es el origen de la búsqueda humanitaria pues no solo buscamos identificar y restituir la identidad de las personas desaparecidas, sino que al mismo tiempo recuperamos información que puede ayudar para el tema judicial. Al final, las 8 personas recuperadas fueron identificadas y restituidas en Quispillacta, en Chuschi (Ayacucho). Este escenario lleva a que, hacia el 2003, con el proceso pos CVR, se cree una plataforma y empiecen a aparecer nuevos equipos, como el Equipo Forense Especializado (EFE). Además, se

Franco Mora Félix Jefe del Área Forense

Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) Perú

46 47Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

empieza a hacer trabajos de investigación, como el registro de sitios de entierro realizado por la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh). El EPAF, desde un inicio, siempre dentro de su filosofía, objetivo y visión, puso al familiar el centro de toda la investigación. Creemos que es el eje y los demás somos los actores que estamos alrededor tratando de buscar y encontrar. En el año el 2009, después de ver durante muchos años cómo los procesos de búsqueda del Ministerio Público tenían sus tiempos demasiados lentos, y ante la necesidad de respuesta de los familiares, el EPAF plantea la creación de una política nacional bajo un paraguas humanitario que proteja el derecho del familiar al acceso de la verdad, sin tener que esperar las voluntades políticas de los gobiernos. La demanda de los familiares bajo el lema “vivos los llevaron, vivos los queremos”, se transformó con el tiempo a “justicia, unidad, verdad y reparación integral”, y ese es el eje en el cual nos hemos manejado. Sin embargo, al inicio, al hablar de búsqueda humanitaria se creía que se estaba desechando el tema de la justicia solo por obtener la verdad. Nosotros creemos que la verdad y la justicia son pilares fundamentales para la reparación integral de los familiares, pero también la justicia tiene sus propios tiempos y va un paso más lento al que tienen los familiares, muchos de los cuales son personas de edad avanzada y otros se han ido sin obtener respuestas.

En ese marco se da la Ley 30470, con la finalidad de priorizar el enfoque humanitario. La DGBPD crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (RENADE) a partir de todas las fuentes incorporadas y establece el número de personas desaparecidas entre 1980 y 2000, con una cifra mayor a las 20 mil.

El proceso de búsqueda implica nuestro proyecto bandera “Memoria de los desaparecidos”. La memoria es importante, creemos que la información antemórtem debe ser recuperada inmediatamente porque las personas se están yendo, se están mudando. Como investigadores, queremos dar respuestas sobre dos cosas: destino y paradero, destino es saber qué les pasó y paradero es en dónde pueden estar. La información antemórtem tiene dos niveles: el primero es la persona, datos biológicos y cómo estaba vestida. Básicamente, es la historia de vida que nos sirve para crear la memoria del que no está. En el año 2000 fue reconocida por la Defensoría del Pueblo como un documento que probaba la existencia legal de una persona que no tenía documento. Y la segunda parte es la relacionada con el evento, circunstancias, muchas de estas memorias individuales, al ser juntadas, crean memorias colectivas.

Para nosotros, es importante decir que nuestro principal objetivo es retornarle la identidad a todos aquellos que la perdieron y devolverle sus restos a sus seres queridos, pero también, al mismo tiempo, estos son derechos que tiene el Estado para las personas desaparecidas y muertas. No solo devolverles la identidad, sino también la dignidad para ser enterrados como seres humanos.

“La caída del gobierno de Alberto Fujimori, en el año 2000, abrió una puerta para poder iniciar un proceso de justicia transicional y de búsqueda de

los desaparecidos”.

“Nosotros creemos que la verdad y la justicia son pilares fundamentales para la reparación integral de los familiares”.

Pablo Rojas Rojas Presidente de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh)

Perú

La desaparición de personas, más específicamente, la desaparición forzada

de personas, se inició en el Perú en el año de 1982 y tuvo dos picos importantes: 1983-1984 y 1990, que convirtieron a nuestro país en el primero del mundo con desapariciones. El Estado no tuvo una política ni de búsqueda de desaparecidos ni de prevención y sanción a los responsables. Es más, no investigó ese fenómeno masivo y sistemático sino hasta el momento en que se instauró la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que analizó este crimen internacional y dejó 3 grandes instrumentos para investigarlo en profundidad. El primero fue una nómina de 8550 personas desaparecidas, el segundo fue un registro nacional de sitios de entierro, con más de 4 mil sitios de entierro, y el tercero fue un plan nacional de investigación antropológica forense que quedó como una de sus recomendaciones más importantes. Ese plan ha sido una de las recomendaciones de la CVR menos atendida. El proceso de justicia transicional, es decir, aquel orientado al esclarecimiento de la verdad de lo que ocurrió durante el periodo de violencia, al castigo de los responsables de los crímenes cometidos, a la búsqueda de personas desaparecidas, a la más amplia reparación de la víctimas y a la implementación de garantías de no repetición, se inició en el Perú con el trabajo, el informe final y las recomendaciones de la CVR.

Hasta el momento, este trabajo ha sido un proceso incompleto, deficiente, prolongado y carente de un notorio compromiso del Estado y de los diferentes gobiernos que se sucedieron. Ahora nos toca trabajar en la búsqueda de personas desaparecidas y tenemos que, en primer lugar, reconocer y saludar la política pública instaurada por este gobierno. Tenemos ley, norma, institución, planes, personal altamente calificado que ha congregado la DGBPD. Todo esto es una realidad que configura el inicio de la búsqueda por parte del Estado, a lo que se debe agregar una política y ejercicio práctico de transparencia, de rendición permanente de cuentas del trabajo que se realiza y de abierta participación de los familiares de desaparecidos. Esto es el inicio de un trabajo gigantesco y de largo plazo. El viceministro señaló que calculaba al menos 20 años para finalizar esta labor. Entonces, esto requiere ingentes recursos y el abierto compromiso del Estado, así como el respaldo importante de la sociedad, ya no de grupos de instituciones y organizaciones que tradicionalmente hemos estado vinculados a este tema. En este contexto, nosotros apreciamos los siguientes desafíos. Primero, debemos tener en cuenta los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas establecidos por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, el 16 de abril del presente año. Se deben considerar todos los principios, en general, los cuales deben ser difundidos, discutidos e interiorizados en este proceso. Pero, especialmente, los principios tercero, séptimo, octavo y décimo tercero. El principio tercero está referido a que la búsqueda debe regirse por una política pública que aborde todos los aspectos de la búsqueda y que se encuentre enmarcada y coordinada con una política más amplia orientada a prohibir y prevenir las desapariciones, así como esclarecer las circunstancias en las que se cometieron, castigar a los perpetradores y proteger a las víctimas. Este principio señala también la

48 49Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

necesidad de que los procesos de búsqueda sean diseñados de una manera tal que asegure su efectividad, debe señalar y precisar los diversos patrones y modalidades criminales de desaparición. Estos análisis permitirán hacer diagnósticos y tomar medidas más precisas y eficaces. En el principio séptimo, se señala que la búsqueda es una obligación permanente, es decir, la obligación de buscar y localizar a las personas desaparecidas se mantiene mientras la persona no sea localizada o liberada, o su cuerpo sin vida recuperado y entregado con dignidad a sus familiares. Asimismo, en el principio octavo se señala que la búsqueda debe realizarse como una estrategia integral que supere las acciones aisladas, esporádicas, desconectadas entre sí que no hacen parte de un plan o de una estrategia clara y previamente definida. Este principio se refiere también al manejo de hipótesis y al contenido y características que debe tener esta estrategia integral. El principio décimo tercero precisa que la búsqueda debe interrelacionarse con la investigación penal, señala que los objetivos de los dos procedimientos son distintos: la investigación penal busca establecer quién cometió el delito, en tanto que la búsqueda se orienta a localizar en dónde está. No se puede hacer depender la búsqueda de la persona desaparecida de un único procedimiento. Esta es la lógica que hemos tenido durante todos estos años y que hemos abandonado porque ha resultado absolutamente ineficaz. La búsqueda es, por lo tanto, una obligación autónoma, distinta de la obligación penal. Si ella es realizada por autoridades no judiciales, como es el caso del Perú, entonces los estados deben garantizar la retroalimentación de los resultados que obtengan quienes buscan a la persona desaparecida y quienes investigan penalmente el delito de desaparición, para lo cual se deben establecer mecanismos y procedimientos que les permitan dar el intercambio de información,

y definir en la ley, de forma sumamente clara, las competencias de ambas instituciones, de tal manera que sus funciones no se sobrepongan ni interfieran, sino que sean complementarias. Este principio establece también que la terminación de un proceso penal con sentencia condenatoria o absolutoria, no puede ser obstáculo para la búsqueda ni ser causa de su suspensión. Ahora, más específicamente, y siempre en concordancia con los principios rectores, debemos señalar los siguientes desafíos que afronta la búsqueda de personas desaparecidas en el Perú. El primero es incrementar significativamente el presupuesto de la DGBPD, acorde con los planes y perspectivas estratégicas que se tiene. Es crucial, es un proceso muy costoso y de largo plazo, requiere de personal ampliamente especializado para cubrir el amplio territorio en donde se produjeron las desapariciones, así como las regiones de extrema complejidad, como la Selva Central o el Alto Huallaga, lo cual significa un altísimo costo de operación. En segundo lugar, el proceso de búsqueda debe ser visibilizado ampliamente. Esa es una tarea que tenemos todos los que hemos acompañando este proceso para lograr la legitimación social y, sobre todo, para la constitución de un sistema de alianzas mucho más amplio que lo acompañe. En tercer lugar, es preciso y muy importante definir un mecanismo de coordinación entre la DGBPD y el Ministerio Público, que resuelva los entendimientos diferentes que se tienen sobre

“ … n o s

toca trabajar en la búsqueda de

personas desaparecidas y tenemos

que, en primer lugar, reconocer

y saludar la política pública instaurada por este Gobierno”.

la búsqueda y la labor y competencia de cada una de ellas. Esto está en curso de resolución y debe hacerse lo más antes posible. En cuarto lugar, definir con claridad los procesos, patrones de violación, contextos y circunstancias en las que se produjeron las desapariciones. Esto es fundamental para el éxito de las operaciones de búsqueda y es un desafío clave. En quinto lugar, la relación con las comunidades, tanto nativas como andinas, afectadas por la violencia, superando la tradicional desconfianza, temores y barreras culturales. Esto es vital, ellas son depositarias de conocimiento e información clave. El trabajo previo de memoria debe permitir definir contextos, lógicas y patrones. El enfoque intercultural es decisivo en esta materia. No basta con hablar la lengua, es preciso entender profundamente su cultura. Otro desafío es la correcta realización de visitas preliminares porque son previas e indispensables para las exhumaciones, pero en realidad se trata de investigaciones en profundidad, que dan cuenta de todo lo que pudo ocurrir con las víctimas, características, detalles. Una buena investigación posibilita una exitosa exhumación e identificación de víctimas. En el caso de la búsqueda humanitaria, podría haber una relajación de esta investigación por el hecho de que se ubicó el cuerpo de una persona desaparecida y dejar de lado el detalle que tiene que ver con la probable identificación de los responsables, información que debería ser remitida al Ministerio Público para el inicio de la investigación penal. Este es un punto crucial en el que la perspectiva humanitaria puede dejar de lado la perspectiva penal.

En séptimo lugar, el desafío tiene que ver con la labor del Instituto de Medicina Legal y el Equipo Forense Especializado, quien va a tener un recargado trabajo si las operaciones de búsqueda son, como todos queremos, exitosas. Hay que corregir con investigaciones precisas el alto porcentaje de personas no identificadas. Por si acaso, las cifras son del propio IML-EFE. Hay que corregir la demora y la falta de explicación a las respuestas y reclamos de las comunidades sobre los cuerpos sin vida de los familiares sometidos a las pruebas de laboratorio. El caso Río Blanco de la comunidad de Pujas, en Ayacucho, por ejemplo, es un caso clamoroso. La respuesta demoró 12 años y la comunidad ya había preparado todos los nichos. Así como este, hay otros muchos casos en Ayacucho. Entonces, es necesario realizar una auditoría orientada a mejorar los resultados de estas instituciones, así como para fortalecer los espacios de coordinación entre el IML-EFE y la DGBPD. Aprender de los errores enriquece y fortalece a cualquier institución. Estos son, desde nuestro punto de vista, los desafíos sobre los que nos toca trabajar en conjunto con la DGBPD para superarlos.

“Esto es el inicio de un trabajo gigantesco y de largo plazo.

El viceministro señaló que calculaba

al menos 20 años para finalizar

esta labor. Entonces, esto requiere

ingentes recursos y el abierto compromiso del Estado”.

50 51Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Ricardo Segundo Caro CárdenasEspecialista de la DGBPD

Perú

La creación de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) es el desenlace

de una sumatoria de experiencias de distintas organizaciones e instituciones del Estado y de la sociedad civil peruana y extranjera. La existencia de la DGBPD es el resultado de la convergencia de todos estos procesos y de las experiencias que se han tenido y aprendido de varios países. Hay dos palabras que permiten sintetizar lo que la DGBPD está tratando de hacer con todo este empeño: aprendizaje y colaboración. Aprendizaje, por todo lo que ya hemos escuchado el día de hoy. La DGBPD constantemente está asimilando las experiencias y aportes de estas otras instancias y procesos y, en efecto, como en otras oportunidades, se está dando a conocer en este evento los aspectos aprendidos y de colaboración, localizando contactos con instituciones de la sociedad civil con los que se han establecido convenios, tanto para la atención y acompañamiento como para los procesos mismos de investigación y búsqueda. También se mantienen contactos con diferentes instituciones del Estado y existen constantes esfuerzos para organizar y coordinar con las instancias del Ministerio Público. La DGBPD tiene dos direcciones: la Dirección de Atención y Acompañamiento (DAA), orientada a la relación con las familias de los desaparecidos y a su acompañamiento e involucramiento de las familias en el proceso de búsqueda. Y, paralelamente, la Dirección de Registro e Investigación Forense

(DRIF), que realiza la búsqueda propiamente dicha. En esta labor es fundamental el papel del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (RENADE), el cual está siempre en proceso de adaptación y sistematización. Es un registro que reúne y ha logrado centralizar información de las personas desparecidas como nunca antes se había hecho en nuestro país. Nuestro equipo está en constante revisión, sistematización y análisis del RENADE, creando desafíos para los diferentes tipos de desaparición en nuestro país, pues este no es un fenómeno que pueda describirse de un solo trazo. La desaparición está compuesta de multitud de elementos que no se alcanza a agotar en un solo formato o registro. El RENADE es un listado abierto, su número y diversidad de datos continúan incrementándose y ese es el resultado del aprendizaje y colaboración que estamos ejerciendo desde la DGBPD para buscar a los desaparecidos. En una suerte de espectro de la desaparición, en un extremo tenemos casos en donde contamos con muchísima información, incluso llegamos a tener la ubicación del sitio de entierro, y en el otro extremo tenemos situaciones de desaparición que a veces ni siquiera podemos imaginar. ¿Cómo buscamos y nos orientamos en este espectro para encontrar a una persona que se configura como parte del mandato de la ley de búsqueda? Nos movemos usando metodologías que van adaptándose y corrigiéndose. En realidad, los casos son muy variables y depende mucho del tipo de actor que estuvo detrás de la desaparición. Eso es también una característica de la DGBPD que es importante mencionar: la lógica de la desaparición varía según los actores que la protagonizan. En el caso de los perpetradores, Sendero Luminoso se regía por una serie de estrategias y lógicas de acción para hacer reclutamientos y hacer desaparecer a la gente. A su modo, los actores del Estado también se regían y comportaban según cierta lógica para la ejecución de una desaparición. Conocemos mucho acerca de la desaparición forzosa. Ha habido muchos enfoques sobre el accionar de los agentes del Estado, pero sobre los agentes terroristas, senderistas o subversivos

tenemos un conocimiento todavía estrecho y condicionado. Y, en ese sentido, ha sido importantísimo para la DGBDP la búsqueda, análisis y sistematización de nuevas fuentes de investigación para el diseño de estrategias de búsqueda de personas desaparecidas. Cuando aludimos a las fuentes, estamos hablando desde las denuncias hasta los atestados policiales, entre otra documentación que sí se está proporcionando a la DGBPD. Es cierto que algunas instituciones aún no han abierto las puertas para alcanzar la información que requerimos, pero en otras sí hemos logrado tener un acceso que nos está permitiendo ampliar el espectro de la desaparición y el universo de las personas que fueron víctimas de este crimen. Así, esta búsqueda se nutre de los hallazgos de fuentes y análisis, lo que también nos ha instado a comprender que no basta un método o dos o tres, sino que debemos ser muy innovadores e imaginativos al momento de buscar a los desaparecidos. Debemos reparar y atender las experiencias vecinas, como las presentadas por los expositores para los casos colombianos y guatemaltecos, muchas de sus experiencias y pautas están siendo incorporadas en nuestro propio proceso de investigación. Los desaparecidos en los ríos, los archivos de los servicios de seguridad, los testimonios de las personas, la contemplación de la geografía y el paisaje de la desaparición como un elemento, como un dato que contribuye a proponer indicios o hipótesis de búsqueda de las personas. La atención a la complejidad que todo esto conlleva y supone

para nosotros una tarea que por momentos resulta enorme, inmensa, requiere de mucha pasión y mucha entrega para no decaer el ánimo y esfuerzo que requiere en sí este tipo de trabajo. No quiero desarrollar mucho algunos aspectos del proceso de investigación, sobre todo del lado más cualitativo, del lado también cuantitativo tenemos muchos avances en relación a saber cómo es que se perfila la desaparición a lo largo del país. El listado que hemos conseguido con el RENADE nos ha permitido, al comienzo de todo este proceso, visualizar cómo es que aparecen elementos de desaparición a lo largo del país. Tenemos tres departamentos principales en el proceso, en donde contamos con oficinas descentralizadas: Ayacucho, Huánuco y Junín. Este es un punto de partida. El proceso mismo se va amplificando cuando salimos más allá de estos departamentos en donde estamos actualmente situados. En la medida que nos expandimos y tomamos casos nuevos, la problemática nos invita a muchos debates dentro de la misma dirección sobre cómo tratar el problema, por ejemplo, de la multiculturalidad. Esto sugiere una serie de procesos internos a fin de prepararnos para este trabajo. Gran parte de nuestro personal habla quechua, pero no es el único idioma que estamos incorporando, necesitamos trabajar con el awajún, aymara y asháninka. La complejidad seguirá incrementándose con el tiempo y la demanda hacia lo interno también. Asimismo, es necesario mencionar la identidad de género y la multidisciplinariedad dentro de la DGBPD. Tenemos sociólogos, historiadores, arqueólogos, psicólogos y abogados. Además, en la DGBPD se está llevando una especie de transición entre aquellos que vivimos los años 80 y los jóvenes de hoy, que con una conciencia particular asumen la tarea de continuar con la búsqueda. Todos nosotros sabemos que no somos los que vamos a terminar este trabajo, sino que debemos formar una escuela con toda esta experiencia que debe ser continuada por las nuevas generaciones. Este trabajo no se va a terminar en una década. Desde el Estado hay una responsabilidad y una política pública inédita que requiere mucha innovación y disciplina, mucha colaboración y espíritu de aprendizaje.

“…en la DGBPD se está llevando una

especie de transición entre aquellos

que vivimos los años 80 y los jóvenes

de hoy, que con una conciencia

particular asumen la tarea de continuar con la búsqueda”.

52 53Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Fortalecimiento de redes: Estado - sociedad civil

Mesa 4

Moderadora: Carola Falconí Ascarza (Comisedh)

54 55Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Adriana Arboleda Betancourt Directora de Corporación Jurídica Libertad

Colombia

Gracias al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a Comisedh por habilitar este

espacio de diálogo entre Perú y Colombia acerca de lo que implica la búsqueda de personas desaparecidas en nuestros países. Yo quisiera compartir unas frases de las personas que venimos de Colombia. Dice doña Fabiola: “yo soy una mujer común y corriente, no estudié en la universidad, pero diseñé estrategias para la búsqueda de la verdad, la mía se llama la ‘Operación Sirirí’. Para una mamá, como es mi caso, defender la vida no es solo por mí, sino por toda la especie humana. Cuando buscamos, curamos, vamos en búsqueda de la verdad, pero cuando encontramos, tenemos una respuesta, nos damos cuenta que esto es solo un paso, que la verdad es una, que necesitamos seguir preguntándonos por qué, por qué, por qué”. Quería compartir con ustedes esas palabras de doña Fabiola, una de las primeras mujeres en Colombia que hizo todo el esfuerzo de crear una estrategia de búsqueda de su hijo y de los desaparecidos, porque cuando hablamos del papel de la sociedad civil en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, esta sociedad civil tiene un rostro y

un nombre completo, que son los familiares. De ello ya se ha hablado, pero creo que hay que hablar sobre todo en femenino, de ellas, de las madres, de las abuelas, de las hijas, de las hermanas, las esposas, que son quienes nos han enseñado a las organizaciones de derechos humanos y al Estado sobre la importancia de la búsqueda.

Son los familiares, son las mujeres, tanto en Colombia como en Perú, Chile, Argentina o Guatemala, son ellas las que nos han dicho que la desaparición forzada existe en nuestros países, que es una realidad que afecta a miles y a miles de personas. Son ellas las que nos han dicho que no podemos guardar silencio, que no podemos ser indiferentes ante esta realidad de un crimen que ha sido catalogado por el Sistema Internacional de los Derechos Humanos como un crimen contra la humanidad. Lo han hecho en condiciones totalmente desfavorables: enfrentando poderes absolutos, sobre todo poderes militares en medio de las dictaduras, en medio de los conflictos armados, en medio de la impunidad. No ha sido una tarea que las mujeres hayan hecho tranquilamente, sino que han tenido que enfrentar estructuras de violencia atroces en cada uno de nuestros países, y en medio de todo eso han exigido la verdad, han exigido no solamente que se encuentren a sus seres queridos, sino que se pueda saber por qué paso, quién lo hizo, a quién benefició y sobre todo cómo prevenir este crimen. Para eso, los familiares han diseñado estrategias como la de Fabiola Lalinde que se llama “Operación Sirirí”, o las estrategias de las Madres de la Plaza de Mayo dándole la vuelta a la plaza, exigiendo que se sepa qué pasó con sus hijos… son otro tipo de incidencias, estrategias de civilización.

Fortalecimiento de redes: Estado - sociedad civil04

56 57Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Yo quisiera recordar aquí, porque esto me parece clave, que los familiares lograron que en nuestros países se tipificara el delito de desaparición forzada. En Colombia empezó a existir en el año 2000. Antes no existía ese delito en Colombia, pese a que ya habíamos suscrito tratados internacionales que prohibían esta práctica. Lo otro que nos enseñaron es que era una obligación del Estado prevenir este delito, aún si se trataba de acciones cometidas por la FARC, las guerrillas o grupos terroristas. Realmente es una obligación del Estado prevenir el delito y, sobre todo, buscar a las personas que han sido víctimas de esta realidad de desapariciones forzadas. Otro elemento que ha sido muy importante en esta estrategia es el tema: ¿tiene que ser un trabajo del Estado principalmente o es un ejercicio que debería hacer toda la sociedad? Los desaparecidos nos tienen que importar a todos y a todas. En ese sentido, me parece que un elemento muy importante es la interdisciplinariedad de la que se ha hablado, pero más que eso, es la coordinación entre Estado y sociedad y también desde las diferentes profesiones. Esto no es un trabajo de abogados, exclusivamente, o de equipos forenses que solo piensan desde una perspectiva académica o científica. Este es un

trabajo de las ciencias sociales, es un trabajo humanístico, y por eso aquí se ha hablado que la búsqueda debe tener un enfoque humano. Esa es la realidad, que todos y todas puedan prestar un servicio desde lo individual o lo colectivo en la búsqueda, por ejemplo, lo que nos enseñó doña Fabiola en Colombia. Siendo una mamá y no habiendo estudiado, le dio a conocer a las entidades el protocolo de Estambul, el protocolo de Minnesota. Ella fue la primera que habló de la necesidad de hacer un trabajo, de la necesidad de documentar, que las ciencias forenses tuvieran un papel importante en esto y para eso los familiares dieron un paso aún más importante: el fortalecimiento. Antes que el Estado pensara todo esto, las familias se organizaban. Las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas se organizaron, aquí en Perú las mujeres se organizaron, en Colombia las mujeres y los familiares se organizaron. La articulación de Estado y sociedad civil no depende de los gobiernos. Ha sido un ejercicio de los familiares que han entendido que es la única forma de lograr avances significativos en la búsqueda de sus seres queridos. Más tarde, lo que hicieron fue generar redes alrededor de ellos. En Colombia tenemos a ASFADDES, la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, o al Centro de Familiares de Personas Desaparecidas, y así una serie de organizaciones en América Latina que lograron que esas redes tengan avances significativos. Hoy tenemos toda la jurisprudencia. Muchas veces en nuestros países la compartimos gracias a los familiares. La Convención Internacional contra la Desaparición Forzada es un logro básicamente de los familiares, y aún seguimos luchando para que esa normatividad que ya existe se aplique, tenga funcionalidad. Por ejemplo, en Colombia, nos hemos adherido a la Convención, pero el Estado no ha

“Son los familiares, son las mujeres,

tanto en Colombia como en Perú,

Chile, Argentina o Guatemala, son

ellas las que nos han dicho que

la desaparición forzada existe en nuestros países”.

aprobado la competencia del Comité contra las Desapariciones, eso es una paradoja. Las mujeres y los familiares en general nos han mostrado que la desaparición forzada es un crimen transnacional, o sea, no es una realidad particular que vivimos algunos países, sino que por desgracia se ha aplicado en todo el continente y aún se sigue viviendo. Estamos hablando de las desapariciones como un hecho del pasado, pero es un hecho de hoy. Lo estamos viendo en México, lo seguimos viendo en Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela, es una realidad que debe llamar la atención en nuestra sociedad. Otro elemento que los familiares, las redes de organizaciones de familiares y de derechos humanos han podido evidenciar es que debemos analizar la desaparición forzada en contextos. En Colombia, le llamamos el “enfoque territorial”. Aquí, varios de los ponentes han hablado de eso, necesitamos ubicar patrones, dinámicas, entender el modus operandi de los perpetradores para poder así orientar la búsqueda, pero antes que nada el Estado y las entidades del gobierno se deben dar cuenta de que la búsqueda tiene que ser en contexto, debe haber una participación efectiva. Es muy importante la estrategia de articulación, porque la forma de poder superar la desconfianza que existe hacia la institucionalidad es atendiendo el trabajo en redes, comprender esas dinámicas que los familiares y las organizaciones tienen en los territorios. Los familiares siempre han buscado mover a los gobiernos, mover a la institucionalidad, pero no sintiéndose menos importantes. Los familiares no son un objeto o una mera fuente para la búsqueda de los desaparecidos; ese es un error muy grande que siguen cometiendo nuestros gobiernos y nuestras instituciones, que ven en los

familiares un objeto de atención, no un sujeto de derechos. Quisiera terminar diciendo que en Colombia hemos diseñado una estrategia que es la conformación de mesas departamentales o mesas nacionales, tenemos en un departamento estrategias de articulación de organizaciones de familiares, de derechos humanos, donde diseñamos y hacemos propuestas de los planes de búsqueda, el trabajo forense, el trabajo psicosocial. Asimismo, en red nacional. Hemos buscado también articularnos a las redes latinoamericanas, a los procesos con otras organizaciones, para así poder no solamente compartir experiencias, sino incluso diseñar estrategias. Ahora, por ejemplo, con la cooperación venimos haciendo un trabajo conjunto que nos permite mirar aprendizajes y también establecer cómo podemos trabajar. A mí me parece que hemos tenido poca oportunidad de hablar de eso, pero sería muy importante pensar en estrategias de articulación a nivel nacional, o sea, no solamente las redes deben hacer un trabajo Estado-sociedad civil, sino también Estados-sociedades civiles latinoamericanas, que nos permita tres cosas:

1. Sensibilizarnos. No puede ser posible que América Latina sea un continente donde las desapariciones sigan siendo

“Es muy importante la estrategia

de articulación, porque la forma de

poder superar la desconfianza que

existe hacia la institucionalidad es atendiendo el trabajo en redes”.

58 59Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

una realidad y, sin embargo, sea un delito que pocas personas conocen, que pocas personas rechazan. Hacer un esfuerzo grande en el continente a nivel de exigibilidad para que los gobiernos la conviertan en un elemento esencial. 2. Lograr esfuerzos colectivos para que se aplique la normatividad internacional, la Convención, la competencia del Comité y, en general, los principios rectores de lo que aquí se ha hablado; buscar esfuerzos entre la sociedad, las organizaciones y también

entre los gobiernos. Vamos a poder dar experiencias positivas que se dan en algunas instituciones. 3. La fuerza pública en nuestro continente sigue aplicando la doctrina de seguridad nacional, que sigue cometiendo desapariciones forzadas. Creo que debemos articularnos para hablar de una fuerza pública comprometida con los demás, con la protección de la sociedad y también contra el delito de la desaparición forzada.

Rosa Lía Chauca Sabroso Representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

(CNDDHH)

Hemos planteado que el proceso de búsqueda de personas desaparecidas en nuestro país

puede ser una oportunidad para reconstruir los lazos que la violencia política o el conflicto armado ha roto en la sociedad. Creemos que es importante esta oportunidad porque nos brinda la posibilidad de identificar cuál ha sido el impacto de la desaparición forzada de personas en toda la sociedad y cómo ha quebrado sus lazos con el Estado, lazos necesarios que todos los países necesitan para construir una sociedad justa y fraterna.

La experiencia que voy a compartir con ustedes tiene que ver justamente con un espacio de coordinación de varias instituciones, miembros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que nos hallamos en la Mesa de Trabajo de Acompañamiento Psicosocial, junto a instituciones del Estado y la sociedad civil que trabajan en torno a la búsqueda de personas desaparecidas. Este espacio fue instaurado para dialogar con las víctimas de la violencia y con las personas afectadas en relación a lo que significaba el consenso internacional de normas para el trabajo psicosocial y el proceso de exhumación. Ese camino, que recorrimos desde el año 2008, nos llevó en el año 2012 a plantear una Ley de Personas Desaparecidas y en ese esfuerzo es que decidimos cambiar el nombre de la misma y ser una Mesa de Trabajo sobre Procesos de Búsqueda de Personas Desaparecidas, comprendiendo todos los aspectos que conllevan estos procesos.

En un primer momento, desde el año 2005, nos planteamos junto a instituciones de diferentes países, la problemática de las desapariciones forzadas y llegamos al caso de Perú. De esta forma, desarrollamos una serie de talleres en diferentes lugares del país, convocando a familiares de personas desaparecidas u organizaciones que trabajaban las zonas. Este trabajo nos llevó, en el año 2010, al Congreso en donde se logró por fin hacer este consenso. Hay una resolución de la OEA de reconocimiento importante para lo que significa el trabajo interdisciplinario. En ese sentido, las Mesas de Trabajo apoyaron también al Ministerio de Salud en la elaboración del acompañamiento psicosocial de los procesos de exhumaciones, que se ha convertido en un acompañamiento técnico. Además, establecimos como Mesa un Protocolo de Acompañamiento Psicosocial en los Procesos de Búsqueda y, finalmente, también elaboramos una Propuesta de Acompañamiento Psicosocial junto con la reconstrucción de lo social. Todos esos documentos los hemos hecho llegar a las diferentes instancias del Estado, como aporte para el desarrollo de una Política Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Me parece importante que todas las personas necesitamos establecer límites. La familia en la cual tenemos niveles de acceso a la satisfacción de nuestras necesidades básicas, que es lo que todo ser humano necesita para poder desarrollarse. Necesitamos sentir que somos parte de alguien. Pertenecemos a alguien, a una familia. Pertenecemos también a una comunidad que nos marca en sentido de nuestras identidades colectivas, que son básicas para construirnos como seres humanos y ser parte de esta sociedad. Todo esto es lo básico que necesitamos. La solidaridad también es una parte importante para que nos podamos desarrollar como sociedad civil.

¿Qué pasa con la desaparición forzada? Me voy a detener en la desaparición forzada porque creemos que es diferente. No es que el dolor sea diferente, porque el dolor de perder un ser querido no lo podemos comparar, pero es que

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quien realiza esa desaparición es un agente del Estado o lo hace con la aquiescencia del Estado. Cuando un delincuente o un terrorista nos ataca, acudimos a la protección de la autoridad, pero cuando es la autoridad la que viola nuestros derechos, no tenemos a quien acudir, nos sentimos mucho más desprotegidos. Entonces, lo que ha hecho la violencia es justamente romper esos lazos en los que a veces se habla de “pérdida ambigua”, es decir, no tenemos certeza de que nuestro familiar está vivo o muerto. Ese sentimiento de duda, ese sentimiento de no saber, es un sentimiento que nos afecta profundamente. Además, a nosotros nos parece importante el reconocimiento no solo del término ambiguo, sino de los medios especiales. ¿Qué significa esto? Hubo una serie de circunstancias que están en el contexto social y político, que son parte del proceso de desapariciones forzadas. Las autoridades del Estado no solamente cometieron estos delitos, sino que no permitieron informar, no permitieron el acceso a la justicia, no permitieron hacerse escuchar. En la magnitud de esta pérdida no solamente hay la desaparición; hay torturas, abusos sexuales, desplazamientos, robos, secuestros. Si yo digo que soy familiar de una persona que fue asesinada y desparecida, en el caso del Perú por Sendero Luminoso, puedo tener solidaridad, hasta apoyo; si yo digo que a mi familiar se lo llevaron las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden, lo que yo recibo como respuesta es: ¿en qué estás metida?, ¿tú estás metida en algo?, ¿tu familia ha estado metida

en algo? Entonces, terminas con ese estigma de que también eres parte de ese grupo terrorista. Es la estigmatización que acompaña a muchos familiares de desaparición forzada. El terror, toda la manera en que se vivieron los actos de desplazamiento y desaparición forzada fue para pedir perdón a la sociedad peruana porque lo que acabo de hacer, lo puedo hacer contigo o con tu familiar. Eso ha acompañado a miles de personas que todavía no pueden asumir que tienen familiares desaparecidos. A veces podemos entender lo humanitario como lo social. Lo humanitario tiene que ver con las personas que tienen derechos y por lo tanto tienen necesidades. El Estado y la sociedad tienen la obligación de reconocer esas necesidades, de reconocer esos derechos. Lo humanitario pasa por los derechos de las personas y tiene que responder a sus necesidades, los límites que deberían establecer. Me gustaría compartir con ustedes las razones por las que me siento comprometida; porque en estos casos no podemos ser neutrales. Estoy en contra de la violación de los derechos humanos, estoy por defender esos derechos y para trabajar porque esos derechos sean para todas las personas. Este enfoque debe estar presente en cada una de nuestras actitudes cuando trabajamos con personas afectadas de la violencia. Finalmente, es importante contribuir y promover la coordinación conjunta. Creo que ya es tiempo de decir a nuestro país que debemos entender que la sociedad civil y los organismos de derechos humanos estamos

“Cuando un delincuente o un

terrorista nos ataca, acudimos a la

protección de la autoridad, pero

cuando es la autoridad la que viola

nuestros derechos, no tenemos a

quien acudir, nos sentimos mucho más desprotegidos”.

“…es tiempo de decir a nuestro

país que debemos entender que la

sociedad civil y los organismos de

derechos humanos estamos con el Estado, no en contra”.

con el Estado, no en contra. Hemos probado que, en 30 años, los organismos de derechos humanos hemos aportado para que este país pueda tener democracia, tenemos que trabajar juntos y creo que podemos trabajar juntos, los organismos de derechos humanos pueden trabajar con el Estado. Es un trabajo conjunto con el que podemos contribuir. Es un proceso donde cada uno viene con una actitud diferente. ¿Se puede confiar en nosotros? ¿Creemos que lo que decimos se puede cumplir? Cuando decimos a un familiar “te vamos a acompañar”, ¿realmente lo vamos a acompañar dependiendo de las necesidades del familiar? Creo que esa conclusión es sumamente importante. Lo otro es el diagnóstico del contexto. Se ha hablado bastante de lo importante que son los contextos, conocernos para poder tener acción de un trabajo conjunto y también recoger las dudas e interrogantes de los familiares. No temer a las críticas; como decíamos, es muy importante recibir las críticas. Las críticas constructivas ayudan a cambiar.

Estas son las muestras de cómo se ha hecho un trabajo conjunto Estado-sociedad civil para una serie de eventos en diferentes momentos. Quisiera señalar a la doctora Cristina Olazábal de Ayacucho, con la que trabajamos en el año 2005 en las primeras diligencias. En esa época era imposible que se permitiera a equipos de acompañamiento psicosocial entrar a alguna base militar. La doctora llegó por esa necesidad, todos los días nos ponían “peros” y ella nos ayudaba a meter presión, porque ella entendía la necesidad del trabajo conjunto con los familiares. Se tomaba el tiempo de hablar con los familiares, de expresarse, se les pedía a los miembros del equipo explicar la estrategia que se iba a desarrollar. Era un trabajo conjunto de equipo forense, de peritos forenses y de acompañamiento psicosocial para buscar una respuesta a los familiares. No puedo dejar de recordar el impacto que tuvieron estas desapariciones en los familiares, de quienes aprendimos bastante. Seguiremos con este trabajo.

62 63Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

El Gobierno Regional de Huánuco, a través del Programa de Desarrollo Social, se ha sumado a estos trabajos. Los gobiernos locales han participado en obras y procesos, al igual que la Fiscalía Superior, a la cual agradezco por cumplir con su trabajo. Hemos trabajado de la mano con la Fiscalía Especializada en Delitos de Terrorismo, se han mostrado los nombres que en su momento han trabajado y que continúan trabajando en este proceso. La Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) también ha participado en todos los procesos y la misma Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Sin embargo, la Asociación de Afectados por el Terrorismo Político ha sido nuestro soporte más importante. Inclusive, en muchas oportunidades cuando nosotros dudábamos de todo este proceso, fueron ellos quienes nos alentaron, quienes nos motivaron y nos movilizaron para poder continuar con esta labor. Por eso, desde la región Huánuco, desde la Dirección Regional de Salud (Diresa), otorgamos nuestro total agradecimiento a las diversas instituciones de afectados por la violencia política y, justamente, acá también está presente nuestra representante, la señora Vega. Nosotros trabajamos también para revisar unas ordenanzas regionales porque, como ustedes saben, la dinámica cambia. También reitero mi agradecimiento al órgano internacional que nos ha visitado en la región Huánuco, con la presencia de nuestro amigo Raúl Calderón, quien también estuvo presente en la región Huánuco. La Defensoría del Pueblo también ha sido un ente muy importante que, en su momento, junto con Rosalía, ha venido a capacitarnos, a informarnos, a renovar nuestros conocimientos y competencias. Todo ese proceso para llegar a la Mesa Temática. La Diresa Huánuco recién ha visto la oportunidad de trabajar en el tema de Salud

“…la motivación de trabajar con

nuestros hermanos, por sus

derechos, ha sido muy fuerte para todos nosotros…”.

Manuel Peña Cruz Coordinador de la Estrategia de Salud Mental y Cultura de Paz de la

Diresa Huánuco Perú

El tema que vamos a abordar es el fortalecimiento de redes interinstitucionales

Estado-sociedad civil desde la estrategia de salud de Huánuco. En la región Huánuco hemos conformado la Mesa Temática de Acompañamiento Psicosocial. Este trabajo no ha sido fácil. Hemos pasado una serie de circunstancias y dificultades, pero al final se consiguió. Lo más importante es que la motivación de trabajar con nuestros hermanos, por sus derechos, ha sido muy fuerte para todos nosotros y es por eso que aparte de nuestras labores habituales hemos sumado esfuerzos para lograr esa Mesa Temática, donde están participando diversas autoridades.

Mental. Siempre hemos tenido la apertura porque el conocimiento se va señalando día a día. Obviamente, al movimiento de la sociedad civil, que está presente acá, también le damos nuestro reconocimiento por su trabajo. Tuvimos sesiones de capacitación para que el sector Salud se sume a este trabajo, también la Mesa Temática de Acompañamiento Psicosocial, que es un tema principal, y el equipo de psicólogos de la Diresa Huánuco que va formando parte del proceso. Cuando iniciamos esta labor en el año 2004, la región Huánuco tenía tres psicólogos y solo uno estaba trabajando este tema. Ahora, podemos decir con satisfacción que después de muchos años tenemos un promedio de 60 psicólogos en nuestra región, contratados por su competencia, y ya hemos comprometido a la gran mayoría para que se sume a nuestro trabajo. Para esto, la Dirección Departamental del Ministerio de Salud, que es el ente rector de salud en nuestro país, ha sido un gran aliado. Cuando ingresé a trabajar en este tema, en el 2002 o 2003, hubo una serie de circunstancias que me llamaron mucho la atención y de repente no sabía cómo manejarlas, porque trabajar con los familiares a veces no es tan sencillo. Estos temas no están visibilizados como corresponden. Cuando hacía mi trabajo en esos años, las autoridades y a veces algunas

personas decían: ¿en dónde dice que tengo que trabajar con un grupo tradicional?, ¿en dónde dice que tengo que generar espacios? El enfoque de derechos en la salud nos ha abierto las puertas para instaurar la salud mental y, por ende, también el trabajo con la población afectada con la violencia política y la búsqueda de las personas desaparecidas. Todas las instituciones que se han mencionado están completamente informadas de las formas de trabajar con la población. Sin embargo, el sector Salud también ha formado una especie de Mesa Temática, porque trabajamos con los psicólogos para que nos ayuden con este proceso. Ellos también tienen sus dificultades y una serie de circunstancias, en primer lugar, por la empatía. Tengan en cuenta que todo profesional tiene diferentes maneras de ver las cosas, como los psicólogos, que algunos son conductistas, otros psicoanalistas, etc. Y convencerlos a ellos ha sido difícil, ha sido todo un proceso. Al inicio, solo dos o tres psicólogos se sumaron a este trabajo; luego, otros. Esto es parte del proceso. Seguidamente, hemos informado de la búsqueda de personas desaparecidas que es importantísima. En cada parte nos hemos tomado un tiempo de 10 a 15 minutos para informar sobre la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Eso nos ha favorecido bastante para el trabajo con la población afectada por la violencia política y, en los últimos años, con la búsqueda de personas desaparecidas. Básicamente, estos marcos formativos son otra manera de ser movilizados, de ser impulsados. Cuando yo empecé, erróneamente se utilizaba el término “sensibilización” para las autoridades, “compartir” con las instituciones. Nosotros no podemos ir “sensibilizando” a las autoridades, pues se supone que ellos están para trabajar. Ese término ya no lo utilizamos, usamos “empoderar”, dar a conocer el marco normativo que se mueve día a día, es así que

“El proceso del cierre del

acompañamiento es una situación

difícil y los mismos psicólogos

se movilizan, sienten el tema, la

solidaridad está siempre presente”.

64 65Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

con este enfoque las autoridades y muchas instituciones nos han abierto las puertas. Y también con información efectiva, con datos actualizados hemos capacitado y organizado a los familiares, recibimos un gran aporte, nosotros lo usamos día a día para trabajar el acompañamiento. No podemos pedirles más a los psicólogos del sector Salud, solo lo que corresponde. Las reuniones que sosteníamos son bien estructuradas, a las dos horas terminábamos para no cansarlos y realizamos reuniones cortas, conjuntas, aprovechando la organización de los psicólogos. Aunque ustedes no lo crean, a veces inconscientemente hemos llevado las actas de acuerdos y compromisos, ellos firmaron los procesos por empatía, los compromisos, y se comprometieron voluntariamente a hacer este trabajo. Algo importantísimo que nosotros hemos visto es que cada uno resalta los avances y logros en salud mental. Por ejemplo, cuando se hicieron las entrevistas, hemos comunicado los resultados un 30 de agosto, el día que se conmemora la entrega del informe de la Comisión de la Verdad. Son papeles importantísimos, han participado diversas instituciones, no solamente nosotros. Hemos estado participando, convocando a los medios de prensa. Tenemos que visibilizar esto, porque la población tiene que saber, tiene que conocer. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Hemos rendido informes ejecutivos al Ministerio de Salud para que vea el trabajo que hemos realizado. Lo otro que nos ha caracterizado es la evaluación de experiencias exitosas con énfasis en la violencia política. Los psicólogos que trabajan en todas las partes de Huánuco anualmente han presentado lo mejor de su trabajo, con fotografías.

Como protección, queremos establecer ordenanzas regionales y municipales para dar a conocer el tema. Nosotros, en años anteriores, hacíamos el trabajo pero no lo hemos sistematizado desde el 2012. Debemos crear nuevas redes, que en las once provincias de Huánuco existan esas Mesas Temáticas que venimos trabajando en el departamento. Me indican que una de las provincias ya tiene una Mesa Temática para trabajar. No ha sido fácil, han pasado muchos años para que las autoridades se sumen a todo lo que venimos haciendo. Los del sector Salud, por ejemplo, en el trabajo que venimos haciendo en San Rafael después de 25 años. El 27 de julio del 2014 se realizó la exhumación de los restos de las víctimas de violencia política con el organismo de salud de esa zona, ahí está el equipo de psicólogos trabajando también en el acompañamiento, estableciendo lazos de confianza. Pero no solo están los psicólogos del sector Salud, sino también está la sociedad civil que participa activamente visitando a las familias de las personas exhumadas. El acompañamiento en la exhumación se realiza durante el trabajo forense para que ellos puedan tener el soporte emocional que corresponde. Durante el proceso, todo tipo de psicólogos están presentes, bridando el acompañamiento. El proceso del cierre del acompañamiento es una situación difícil y los mismos psicólogos se movilizan, sienten el tema, la solidaridad está siempre presente. Para finalizar, acá vemos psicólogos del sector Salud que se desplazaron a la ciudad de Tingo María, a dos horas de Huánuco. En los años 1980-2000 acontecieron los mayores excesos de la violencia política. En

ese lugar, en el año 2017, entregamos 25 restos y nosotros hemos movilizado a todos esos psicólogos para que puedan hacer el acompañamiento a los familiares. Es cierto

que todavía no se suman muchas personas a este proceso, pero tenemos que continuar nuestro trabajo para más adelante encontrar mejores resultados.

66 67Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Acompañamiento y soporte emocional en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas

Mesa 5

Moderadora: Eva Esteban Finck (CICR)

68 69Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Acompañamiento y soporte emocional en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas 05

Adder Samayoa Barrientos Psicólogo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)

Colombia

Soy guatemalteco y trabajo en Colombia. Lo que voy a hablar da cuenta un poco

de muchos de los aprendizajes que tuve en mi país porque durante 10 años trabajé esta temática que ahora llevo 5 años trabajándola en Colombia. Debemos definir qué es acompañamiento porque se han dado pinceladas alrededor de él, pero es importante saber ubicarnos, saber en qué momento participar, en qué momento nuestra actuación tendrá un valor agregado, no que sea al principio o al final. Todos hacemos parte de un proceso, todos contribuimos a este ejercicio de acompañamiento. El acompañamiento es un proceso, pero debe entenderse como un modelo. En razón de ello, ese modelo está dirigido a reparar, fortalecer y reconstruir ese tejido social y la dignidad de las personas a quienes se siguen buscando, pero sobre todo es un ejercicio transversal que nos convoca a todos y que tenemos que saber cuándo llegar. Solo así podemos entender la multidisciplinariedad. En ese sentido, cuando sabemos llegar, y yo conozco las trochas, porque a veces no son rutas, sino trochas, caminos muy fuertes para los familiares, solo en esa medida hacemos visible eso que llaman multidisciplinario.

El acompañamiento tiene un enfoque y se nombra muy fuerte. A veces tenemos que cuidar cómo lo nombramos a ese modelo porque podemos hacernos escuchar y comprender desde otras miradas como un cliché. El acompañamiento no es solo psicosocial. En la pirámide de salud mental, lo psicosocial es solo un nivel, fundamental y básico, donde participan activamente los familiares, pero es solo un nivel. En ese sentido, hay que entender el modelo de acompañamiento como un enfoque continuo de cuidados, donde yo, con mi equipo muldisciplinario, hago todos los esfuerzos para que los familiares puedan participar y tomar decisiones en cada uno de los niveles. Cuando hago ese enfoque continuo de cuidado, puedo evaluar las necesidades. Los familiares no tienen las mismas necesidades entre sí, cada familia es distinta y, en ese sentido, debemos preguntar al familiar en qué necesita acompañamiento. No hagamos hipótesis de qué necesita el otro; preguntemos. En eso se basa el acompañamiento. A veces pueden ser cosas muy sencillas y debemos tener claro premisas de acción. El programa de acompañamiento no es igual en Guatemala, en Perú o en Colombia. Eso lo define el contexto y qué hay en ese contexto. Me pregunto qué sucederá con los familiares que se quedan trabados, parados en esa trocha, en esa ruta de atención, y no van

“Los familiares no tienen las mismas

necesidades entre sí, cada familia es

distinta y, en ese sentido, debemos

preguntar al familiar en qué necesita acompañamiento”.

70 71Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

a obtener respuestas sobre lo que pasó con su ser querido. Qué va a pasar también con aquellos otros familiares que simplemente no tienen ni siquiera una pizca de información sobre dónde están. ¿Vamos a acompañar solamente a aquellos que transitan alrededor de la búsqueda? Es decir, ¿aquellos que transitan únicamente en la exhumación y en la entrega? Todos necesitan un acompañamiento. Existen personas que participan en estos espacios pero dicen que necesitan un poco más. Tenemos que aprender y evaluar y, a partir de eso, poderlo remitir a lo que nosotros tenemos en el CICR: un programa de grupo de pares, preguntando qué necesita. Por ejemplo, algunos dijeron que no quieren hablar de la reparación o ruta de búsqueda, sino de cómo prepararse pues tienen la sensación de que van a decirles que nunca encontrarán a su ser querido. Ese tipo de vulnerabilidades en los familiares lo remitimos a los departamentos del CICR que tratan específicamente estos temas de seguridad.

Así también, algunos familiares mencionan que no quieren participar en la actividad, ya sea porque no aguantan el dolor o se encuentran aún con miedo. Ellos necesitan un acompañamiento más especializado. Y como CICR, este modelo lo tenemos a través de socios. Es decir, identificamos en el mismo territorio quién puede hacerlo. Es importante señalar que la excavación y la exhumación no son el centro del trabajo, sino que es todo el proceso en conjunto. No son los únicos espacios en donde se debe acompañar. En Florencia (Colombia), por ejemplo, hubieron familiares que tuvieron el acompañamiento desde sus propios pares, familias, y se prepararon en la sesión. No necesitaron el abrazo del psicólogo en la excavación. Ellos mismos se saben preparar, nosotros les damos solo pequeñas herramientas para enseñarles a organizarse. En el mismo lugar, Florencia, las personas que ingresaron bajaron sus niveles de ansiedad y estrés de 68% a 30%. Lo hicieron ellos mismos. Hemos aprendido como CICR que el acompañar a los familiares de personas desaparecidas debemos verlo como un modelo más completo, más integral, donde todos participamos. Las entregas en mi país se reciben como un ejercicio de celebración, donde yo cargo a mi ser querido, vuelvo por las calles para que pueda recuperar esa dignidad que perdió. El mensaje clave es que veamos todo el acompañamiento de manera más integral. Esto es un ejercicio que ya venimos trabajando como CICR, con un piloto ya finalizado y dos iniciando, pero donde quien tiene el protagonismo son los familiares de las personas desaparecidas.

“Las entregas en mi país se reciben

como un ejercicio de celebración,

donde yo cargo a mi ser querido,

vuelvo por las calles para que pueda

recuperar esa dignidad que perdió”.

Darío Páez Rovira Catedrático de Psicología Social del País Vasco

España

Presentaré una síntesis de las diferencias que encontramos en quienes han participado en

comisiones de la verdad en América Latina con víctimas que no han participado para obtener el perfil de qué es lo que produce la participación y qué efectos tiene. Hablaremos de estudios en diferentes contextos y ahondaremos un poco en ellos. Este es un proyecto de investigación de varias universidades, como la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). En la actualidad, el mismo equipo está trabajando en la elaboración de la comisión de esclarecimiento de la verdad de Colombia, junto con otros expertos. Respecto a la evaluación, la mayor parte de la gente en toda América Latina presenta una evaluación positiva de la Comisión de la Verdad. La evaluación es al menos 60% positiva en todos los países. Sin embargo, en Perú es una de las más bajas. La gente que participó y dio testimonios tiene una visión aún más positiva, como en todos los países prácticamente, la gente que dio un testimonio tiene una mejor opinión. Respecto a las emociones, preguntamos qué sentían respecto al pasado de violencia colectiva y a las actividades de la comisión. Esperábamos una participación afectiva, pero también que las actividades de las comisiones iban a enfatizar

el orgullo y la esperanza. Encontramos que dar testimonios se asoció a más emociones negativas. El participar tiene una dote afectiva, pero al menos con la condición en que se dio la participación no activó emociones positivas. Una segunda pregunta clásica es cuánto ha hablado sobre el pasado y cuánto ha evitado, o sea, preferido no contar. Se encontró que la gente que participaba en las comisiones informaba mucho más, pero también inhibía mucho más, especialmente las situaciones más fuertes. En general, aunque parezcan contrarias, la misma personas con situaciones bastante dolorosas quieren hablar para compartir sobre ello, pero esa misma persona intenta en otras situaciones evitar hablar. La gente que participó movilizaba mucho más el aspecto emocional que la gente que no participó. Asimismo, las personas que participaron presentan un clima más positivo respecto a las que no participaron. Hay solidaridad en el entorno, la gente confía en las instituciones. Entonces, el dar testimonio y participar se asocia a un clima emocional positivo. En síntesis, cuáles son los efectos de las comisiones: es positiva con respecto a la cohesión, percibe mejor el clima emocional del país y hay otros indicadores. En otras encuestas se ha encontrado en general que la gente que participó en la actividad, ya sea en Ruanda, Sudáfrica, Sierra Leona, presentaba más tristeza, más recuerdos dolorosos.

“…la mayor parte de la gente en

toda América Latina presenta una

evaluación positiva de la Comisión de la Verdad”.

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Puede ocurrir que la gente que vaya a dar testimonio o participa en la búsqueda de sus familiares desaparecidos sea más receptiva, más motivada, con más recursos. La participación no quita la ira o la tristeza, sino que la gente está más motivada. Existen datos que muestran que la participación sí tiene este contagio. En los estudios longitudinales realizados con personas que participaron y no, en Ruanda y Sierra Leona, a los cuales se les hizo un seguimiento de varios meses, se encontró que revivían lo que habían vivido y se sentían mal emocionalmente.

Asimismo, la gente que participa en estas actividades tiene, por ejemplo, una mayor expectativa de justicia, muestra una mayor fuerza social, según un estudio realizado en Guatemala. La gente que participa muestra después una mayor cohesión social, lo mismo que en Ruanda y Sierra Leona. Las personas que participaron estaban dispuestas a realizar más actividades, tenían mejor relación con los demás. ¿Cuáles son los factores asociados a la insatisfacción? Uno de ellos es la posibilidad de decepcionar las expectativas de las personas. Por ello, es importante conocer cuáles son las expectativas y explicar, con un lenguaje claro y verdadero, el trabajo que se realizará y hasta dónde se podrá llegar. De otro lado, es fundamental el buen trato. El familiar debe sentir el respeto de parte de nosotros, que son escuchados y que se les brinda un trato digno, con el mismo lenguaje con el que se comunican. Debemos tener en cuenta que la búsqueda estresa, es una experiencia agotante. Por eso, la gente debe saber que es normal que se vuelvan a revivir los recuerdos, es parte del proceso. Además, es importante evitar la confrontación con los perpetradores,

así como impedir testimonios repetitivos. En muchos lugares, la gente tiene que repetir 3, 4 o 5 veces la misma información, sin que esto sea necesario. Otro elemento que debemos evitar es la falta de apoyo emocional, no dejar solo al familiar. La gente que ha trabajado no solamente en América Latina, sino también en África, dice que además de aclarar las expectativas, debemos prepararlos para su participación, explicando lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir, así como la importancia de participar siempre acompañados, tal como sucede con los procedimientos médicos sencillos, como una operación de cataratas. Es probable que, por motivos culturales, muchos familiares vayan acompañados, pero también hay personas que están en situación de soledad. Debemos asegurar la participación no solo del profesional, sino también de alguien del entorno familiar. En cada una de las actividades es primordial asegurar una información relevante para transmitir a los familiares. De no ser así, es mejor evitar organizar una actividad. En muchos lugares, como en Colombia, por ejemplo, todavía existe un peligro potencial y puede ser peligroso, por lo que debemos garantizar la seguridad.

“…se plantea una metodología que

permita realizar una intervención

antes, durante y después del proceso

de investigación en la familia y en la comunidad”.

Erika Sandy Martel Trujillo Directora de la Dirección de Atención y Acompañamiento de la DGBPD

Perú

Las personas desaparecidas en nuestro país fue un tema pendiente de atención por el

Estado. Después de muchos años, se planteó la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, convirtiéndose en un gran desafío. Antes del 2000, muchos de nosotros acompañamos a los familiares en el pedido de la instalación de una Comisión de la Verdad, con la finalidad de dar a conocer lo que había sucedido en nuestras regiones. De la misma forma, después de la Comisión de la Verdad y Reconciliación se realizó la incidencia para el cumplimiento de las recomendaciones. El registro único de víctimas y el Plan Integral de Reparaciones fueron los primeros pasos, como Estado, en la atención de las víctimas del periodo de violencia ocurrido entre los años 1980 y 2000. En el 2016 se promulgó la Ley de Búsqueda de personas desaparecidas, que progresivamente se fue implementando. Ahora tenemos un gran reto: brindar las respuestas a los familiares de las personas desaparecidas de manera oficial, como Estado, y garantizar su participación durante el proceso de búsqueda. Esta tarea se traduce en establecer una política pública que permita un proceso ordenado y planificado de acompañamiento a los familiares, respetando las particularidades de cada región y las prácticas culturales, así como el significado de un entierro digno o cierre simbólico.

En este marco, uno de nuestros objetivos se centra en brindar información clara y oportuna a los familiares y a la comunidad (autoridades, líderes y población). La participación de los familiares es importante; por eso, en las Mesas Técnicas de acompañamiento psicosocial instaladas en las diversas zonas de investigación está previsto la presencia activa de los familiares o representantes de las organizaciones. A la fecha, tenemos 16 Mesas Técnicas instaladas en diferentes regiones como espacios de articulación interinstitucional. Desde nuestros lineamientos y estrategias se busca garantizar el acompañamiento psicosocial a nivel individual, familiar y comunitario, a través de espacios de soporte emocional que permitan procesar las emociones, sentimientos, pensamientos y recuerdos que se movilizan en las diferentes etapas de la investigación humanitaria. Asimismo, estos recuerdos nos permiten reconstruir la memoria de lo vivido a nivel familiar y comunitario. El apoyo material y logístico es otro de los desafíos como Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) porque implica atender las necesidades de los familiares para asegurar su participación en el proceso, como pasajes, alimentación, hospedaje, traslado de osarios, construcción/adquisición de nichos, entre otras. Hace algunos años estas gestiones eran realizadas en coordinación con los gobiernos locales y regionales, pero a la fecha es parte de las funciones de nuestra Dirección.

“…se plantea una metodología que

permita realizar una intervención

antes, durante y después del proceso

de investigación en la familia y en la comunidad”.

74 75Dirección General de Búsqueda de Personas DesaparecidasDirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Además, se tuvo que establecer los indicadores necesarios que contemplen los diversos enfoques (intercultural, género, derechos humanos y psicosocial) para poder medir los avances como Estado y, a su vez, responder a presupuestos y planes nacionales. En el 2019, hemos coadyuvado a las acciones del Ministerio Público, brindando el acompañamiento psicosocial, así como el apoyo material y logístico, a los familiares para su participación en las verificaciones de sitios de entierro, exhumaciones y restituciones. Sin embargo, el tiempo de acompañamiento psicosocial fue corto. A diferencia, en nuestros propios procesos de investigación humanitaria se plantea una metodología que permita realizar una intervención antes, durante y después con la familia y la comunidad. En todo este tiempo se brinda las sesiones de acompañamiento psicosocial de acuerdo a las necesidades de los familiares. Una de las primeras acciones en la comunidad es el diagnóstico psicosocial, el cual implica la identificación de las autoridades, líderes e instituciones para realizar posteriormente una entrevista, con el objetivo de sensibilizar e informar sobre el proceso de búsqueda y su participación en las actividades a realizarse en la zona. Se desarrollan talleres que permiten recoger la memoria histórica de la comunidad vinculada a los años de violencia y, a su vez, visibilizar los recursos resilientes (antes, durante, después y en la actualidad) de los familiares, focalizando los casos que investiga la DGBPD.

Como resultado de este proceso, se evalúa si es necesario realizar mayores acciones de difusión sobre la Ley 30470 o si se puede continuar con la investigación en la zona. En algunos lugares existe la necesidad de restablecer los lazos de confianza entre la comunidad y el Estado para garantizar la atención de las necesidades y situaciones particulares de los familiares en cada zona (como en los casos de Río Chari, Río Negro, Selva Central y el Alto Huallaga). También se realizan los talleres de fortalecimiento al personal de los Centros de Salud Mental Comunitaria en coordinación permanente con el Ministerio de Salud. Para el 2020, se ha planificado la capacitación de los potenciales agentes de acompañamiento, que podrán ser líderes o pares que pasen por un proceso de capacitación y entrenamiento para brindar el soporte en la comunidad. Continuamos avanzando en este trabajo con el único objetivo de contribuir a cerrar las heridas y garantizar la salud emocional de las familias de las personas desaparecidas en el periodo de violencia 1980-2000.

“En algunos lugares existe la

necesidad de restablecer los lazos

de confianza entre la comunidad y el

Estado para garantizar la atención de las necesidades...”

Para empezar, quiero agradecerles su participación en el II Seminario Internacional

sobre búsqueda de personas desaparecidas con enfoque humanitario, pues ha sido una jornada de gran aprendizaje y reflexión en torno a la implementación de la política pública y los retos que representa para el país.

Estos espacios de reflexión nos permiten compartir experiencias y mirar cuál es el balance del proceso, hacia dónde vamos caminando y hacia dónde debemos avanzar, nos permite ir generando sinergias y trabajar de forma conjunta con diferentes instituciones del Estado y la sociedad civil. En otros años no hablábamos de búsqueda con enfoque humanitario, justicia transicional, acompañamiento psicosocial o estrategias de búsqueda. Por eso, este segundo seminario internacional se constituye en un espacio institucionalizado que nos permite incorporar conceptos, experiencias y avances

Discurso de clausura

Mónica Liliana Barriga PérezDirectora General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Perú

científicos que contribuyen al proceso de búsqueda.

Tenemos muchos y grandes retos en materia de búsqueda con enfoque humanitario, para lo cual necesitamos sumarnos todos, desde los diferentes espacios e instituciones. Tenemos que caminar hacia un mismo objetivo para dar respuesta a los familiares que durante décadas siguen esperando conocer el destino de sus seres queridos.

Los familiares son el pilar fundamental del proceso de búsqueda con enfoque humanitario. Es un punto en que hemos coincidido en las diferentes mesas que se han organizado hoy, desde el Estado, la sociedad civil y las propias asociaciones de familiares. Todos nos vamos sumando y empujando el mismo carro para poder llegar al objetivo y avanzar a un país reconciliado hacia el Bicentenario.

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Tanto el seminario internacional como la muestra fotográfica que han podido observar son parte de las actividades del Plan Bicentenario que nos permitirán crear espacios de paz, reconciliación y diálogo. Mientras no tengamos espacios para hablar o dialogar, será muy difícil avanzar. Por esta razón, estos espacios son trascendentales y valiosos.

Quiero agradecer a los coorganizadores, al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y a la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), que este año se han sumado a la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para llevar adelante esta jornada. Estas entidades han venido trabajando con los familiares en todo el país desde hace muchos años y ahora son nuestros aliados en este proceso, permitiéndonos generar alianzas para fortalecer el proceso de búsqueda con enfoque humanitario. Asimismo, agradecemos el financiamiento que se ha brindado desde la Agencia Española de Cooperación Internacional

para el Desarrollo (AECID) y la Unión Europea, a través de Comisedh.

Como conclusión, quisiera resaltar tres puntos abordados durante todo el día en las diferentes mesas. Primero, el tema de la participación de los familiares, que debe ser activa y real. Segundo, la suma de los esfuerzos de diferentes organizaciones para fortalecer el proceso de búsqueda. Y tercero, la generación de un espacio de diálogo y, por qué no, de justicia transicional. Es importante implementar mecanismos de justicia transicional, como mecanismos de búsqueda extrajudicial, que nos permita avanzar y dar respuestas oportunas a los familiares, dentro de plazos mucho más ágiles.

Para finalizar, es importante señalar que valoramos mucho su presencia durante toda esta jornada, lo que demuestra el real compromiso que tienen con el proceso de búsqueda con enfoque humanitario. Con estas palabras, doy por clausurado el II Seminario Internacional de Búsqueda de personas desaparecidas con enfoque humanitario.

…quisiera resaltar tres puntos… la

participación de los familiares, que

debe ser activa y real… la suma

de los esfuerzos de diferentes

organizaciones para fortalecer

el proceso de búsqueda… la

generación de un espacio de

diálogo y, por qué no, de justicia transicional.

GALERÍA DE FOTOS

Mesa 01: Justicia transicional: Búsqueda con enfoque humanitario.

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Mesa 02: Herramientas para la planificación de la búsqueda: contextos complejos.

Mesa 03: Sumando experiencias: la búsqueda de desaparecidos de la época de violencia 1980-2000 en Perú, vista desde diferentes actores .

Mesa 05: Acompañamiento y soporte emocional en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas.

Mesa 04: Fortalecimiento de redes: Estado - sociedad civil.

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1. Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Daniel Sánchez Velásquez, inauguró el II Seminario

Internacional “Búsqueda de personas desaparecidas con enfoque humanitario”.

2. La mesa de apertura del II Seminario Internacional fue “Justicia transicional: Búsqueda con enfoque humanitario”

3. Durante el II Seminario Internacional se presentó la exposición fotográfica “Restituciones dignas con enfoque humanitario”.

4. Los asistentes conocieron las acciones realizadas por la DGBPD para garantizar una restitución digna.

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Exposición fotográ�ca

Búsqueda de personas desaparecidascon enfoque humanitario Maskachkaniku

Arriba: Antes del entierro de las víctimas, las familias despiden a sus seres queridos encendiendo velas frente a los osarios. En Oronccoy, se restituyeron los restos humanos de 64 personas. (Ayacucho)

Abajo: Durante las restituciones se respetan las creencias religiosas y culturales de las familias. Huamanccocha. (Ayacucho)

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Restituciones dignas con enfoque humanitario

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Desde su creación en el 2017, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), viene realizando investigaciones humanitarias con la finalidad de encontrar a las personas que desaparecieron durante el periodo de violencia 1980-2000 para brindar respuestas a sus familiares, quienes llevan más de 30 años buscando a sus seres queridos. De agosto del 2018 a septiembre del 2019, la DGBPD ha realizado la restitución digna de 243 personas, contribuyendo a cerrar las heridas de decenas de familias. Las restituciones dignas implican brindar el soporte emocional o acompañamiento psicosocial durante todas las etapas del proceso, a fin de asegurar la salud emocional de las personas. Esta acción se realiza en las mismas comunidades, algunas de las cuales se encuentran muy alejadas de las ciudades. La DGBPD está presente antes, durante y después de las inhumaciones.

Asimismo, se otorga el apoyo material y logístico para la adquisición y traslado de los osarios. Todas estas actividades se realizan en total respeto de las creencias y costumbres de cada familia. ¡La DGBPD sigue avanzando con las investigaciones humanitarias y las restituciones dignas!

Restituciones dignas con enfoque humanitario

Portada: Rumbo al cementerio de Huamanccocha, en Acos Vinchos, para el entierro digno de tres víctimas del periodo de violencia. (Ayacucho)

La DGBPD ha realizado la restitución digna de 243 personas,contribuyendo a cerrar las heridas de decenas de familias.Las restituciones dignas implican brindar el soporte emocionalo acompañamiento psicosocial durante todas las etapas delproceso, a fin de asegurar la salud emocional de las personas.

DE AGOSTO 2018 A SEPTIEMBRE 2019

Restituciones dignascon enfoque humanitario

¡La DGBPD sigue avanzandocon las investigaciones humanitariasy las restituciones dignas!

La DGBPD coordina con diferentes instituciones a fin de brindar

un adecuado soporte a los familiares y asegurar su salud emocional

durante las restituciones.

Soporte emocional y acompañamiento

Los familiares reciben el apoyo y acompañamiento en sus propias

comunidades, sin importar la ubicación y las distancias.

Acompañamiento en las comunidades

Durante las ceremonias de restitución y entierro digno se respetan las creencias religiosas y culturales de las familias. Son ellos quienes toman

las decisiones sobre estas actividades.

Respeto a las creenciasy costumbres

La participación de los familiares es importante para el cierre del proceso. La DGBPD se encarga de la adquisición

de los osarios, construcción de nichos, transporte de familiares y otras acciones requeridas

para las inhumaciones.

Apoyo material y logístico

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Soporte emocional y acompañamiento

La incertidumbre es un gran dolor con el que los familiares han vivido durante décadas. Por ello, el soporte emocional que brinda la DGBPD, en coordinación con otras instituciones, es fundamental para los procesos de restitución digna.Arriba: Equipos de la DGBPD y del Ministerio de Salud brindan soporte al familiar de una persona desaparecida. Abajo: Las restituciones son un espacio de encuentro para las familias. Rosaspata (Ayacucho).

Arriba: Equipo de la DGBPD brinda soporte emocional a las familias durante el entierro digno desarrollado en Tingo María (Huánuco).

Abajo: En el centro poblado de Tetemina, familiares se unen en un abrazo para despedirse de su ser querido. (Ayacucho)

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Familiares rumbo al cementerio del centro poblado de Rosaspata, en el distrito de Vinchos, para enterrar a su ser querido, después de varios años de incertidumbre. (Ayacucho)

Acompañamiento en las comunidades

El esfuerzo de diversas instituciones, como la DGBPD, MP-FN-EFE, entre otras, permite llegar a las comunidades más alejadas para las ceremonias de restitución y entierro digno. En Tastabamba, equipos de la DGBPD y CICR acompañan a los familiares al cementerio.

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Última etapa del proceso de búsqueda con enfoque humanitario. En Patibamba, distrito de San Miguel, los restos de dos víctimas regresaron a su hogar, junto a sus familiares. Luego, serán enterrados en el cementerio de la localidad. (Ayacucho)

Respeto a las creenciasy costumbres

Familiares encienden velas durante el velorio de su ser querido en el centro poblado Buenos Aires, ubicado en el distrito de Anchonga. (Huancavelica)

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Arriba: Antes del entierro de las víctimas, las familias despiden a sus seres queridos encendiendo velas frente a los osarios. En Oronccoy, se restituyeron los restos humanos de 64 personas. (Ayacucho)

Abajo: Durante las restituciones se respetan las creencias religiosas y culturales de las familias. Huamanccocha. (Ayacucho)

Restitución en Rosaspata. Familiares despiden a sus seres queridos con hojas de coca y fotografías. (Ayacucho)

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En Oronccoy, la restitución de 64 personas fue un trabajo conjunto de diferentes instituciones: MINJUSDH, MP-FN-EFE, DIRESA, entre otras. La DGBPD trasladó los osarios y otros materiales en acémilas. (Ayacucho)

Apoyo material y logístico

Para la ceremonia de restitución en Rosaspata, se otorgaron diez osarios para la inhumación de los restos humanos. (Ayacucho)

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Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Lima: Ca. Fray Martín de Murúa N.° 187, 7mo. piso, San Miguel

Teléfono: 996-134-420

Ayacucho: Jr. Callao N.° 215-A Huamanga

Teléfono 942-146-686

Huánuco: Jr. Huallaga N.° 147 Urbanización La Quinta

Teléfono: 961-975-630

Junín: Jr. Julio C. Tello N.° 462, 3er. piso, of. 302, El Tambo - Huancayo

Correo electrónico: [email protected]

www.minjus.gob.pe