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Mensaje Lcdo. Alfredo Castellanos Bayouth con motivo de la conmemoración del sesenta aniversario de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

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Mensaje con motivo de la conmemoración del sesenta aniversario

de la Constitución del Estado Libre Asociado d e Puerto Rico

Orador: Lcdo. Alfredo Castellanos Bayouth

Muy buenas tardes. Me uno a los saludos protocolares con motivo de

esta ocasión. Quiero comenzar expresando mi mas profundo agradecimiento

al gobernador Luis Fortuño, por honrarme con su invitación para ofrecer un

mensaje en el día de hoy, fecha tan importante para todos los

puertorriqueños, ya que celebramos el sexagésimo aniversario de nuestra

constitución y nuestro ordenamiento constitucional.

Un día como hoy, hace exactamente sesenta (60) años, la historia de

nuestro pueblo y de nuestra nación cambió para siempre. El primer evento

transformante para todos los puertorriqueños se suscito cuando, con el aval

del Congreso, decidimos organizarnos no solo en el ámbito político y en lo que

concierne a la administración publica; proceso que se había iniciado con la Ley

Foraker del 1900, la Ley Jones del 1917 y la Ley del gobernador electo del

1947; sino, más trascendental aun, comenzamos a organizarnos

constitucionalmente, como un estado de facto de la Unión americana.

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Como la historia de nuestra nación nos ilustra, el proceso de concederle

a un territorio la oportunidad de organizarse política y legalmente con su

propia Constitución, con el aval del Congreso, fueron sucesos que nunca antes

se habían experimentado de manera consolidada y simultánea en el

experimento constitucional americano. Es en ese momento, del que hoy se

cumplen sesenta (60) años, que nace nuestra estructura constitucional, la cual

fue creada con mentes puertorriqueñas y avalada por la absoluta mayoría de

nuestro pueblo. Ese vehículo, que fue diseñado y respaldado por nuestro

pueblo, se vislumbro hace sesenta (60) años, entre otras cosas, como el medio

que nos iba a permitir evolucionar y empoderarnos como pueblo. Con ese

vehículo, fortalecido por el pensamiento de los arquitectos del ordenamiento

constitucional americano y dentro del concepto de estado que emana de

nuestro ordenamiento constitucional, la esperanza de muchos, hace ya

sesenta (60) años era que precisamente con ese vehículo íbamos a llegar a

nuestro destino político. Hace sesenta (60) años, y según lo ha confirmado el

Tribunal Supremo de los Estados Unidos recientemente en Examining Board

v. Flores Otero y la retirada Juez Sandra Day O’Connor en United States v.

Laboy Torres, Puerto Rico se convirtió en un estado de facto de la Unión

americana.

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Hay que descartar, para el beneficio de aquellos que desconocen o

rehúsan conocer de nuestro pasado, que la antedicha gestión histórica recibió,

no en una, sino en tres ocasiones, el apoyo masivo de la absoluta mayoría de

los electores. Sin lugar a dudas, nuestra Constitución es el fruto de nuestros

esfuerzos individuales y colectivos. Nuestra constitución, es una prueba

fehaciente de lo que podemos lograr como pueblo. Este evento sirve para

manifestarle a los aproximadamente trescientos diez (310) millones de

hermanos y hermanas que junto a nosotros, forman parte de la Unión

americana, que la resolución puertorriqueña, precisamente es de la que

hablaba Francis Scott Key cuando mientras se encontraba varado en la Bahía

de Baltimore, Maryland durante la Guerra del 1812, nuestra segunda guerra

de independencia, escribió un poema que luego se convirtió en nuestro himno

nacional, el Star Spangled Banner, que habla expresamente de la resolución

del pueblo americano. Nuestra resolución está a fin con la resolución de

nuestros compatriotas americanos y que no le quepa duda a nadie que aquí

también estamos en la tierra de los bravos.

Como ustedes bien conocen, nuestra Constitución, cuya vigencia

celebramos todos los 25 de julio desde el 1952, desde que Don Luis Muñoz

Marín erizó nuestra bandera oficial, representa un compromiso

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inquebrantable por parte del Congreso de los Estados Unidos hacia nuestro

pueblo. Dentro del contexto histórico de nuestra nación, con algunas

esotéricas excepciones, ese pacto, siempre ha sido un pacto de carácter

doméstico, en nuestro caso fue expresamente un pacto entre el Congreso y el

pueblo de Puerto Rico. Esto es una realidad inalterable, y el mismo no es, ni

puede ser interpretado como uno de carácter o connotaciones

internacionales, como lamentablemente algunas personas, ya sea por

ignorancia o por fines políticos partidistas, pretenden tergiversar. Y es

precisamente, esa intención de desvirtuar y alterar de manera acomodaticia a

intereses o aspiraciones particulares de algunos sectores, lo que en vez de

adelantar nuestra navegación hacia un mejor futuro, ha inducido a error a

cientos de miles de puertorriqueños, durante el transcurso de nuestra historia

contemporánea, específicamente desde el 1948. Veamos

No es un mero “accidente histórico” el que a estas alturas, en el 2012,

sesenta (60) años después de ese evento crucial, todavía exista un

cuestionamiento individual y/o colectivo, de lo que verdaderamente significa

para nosotros, los 3.7 millones de ciudadanos que hacemos de Puerto Rico

nuestro hogar, la autorización que nos brindó el Congreso para la creación de

nuestra Carta Magna y el alcance de dicho suceso histórico.

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En gran medida, la confusión responde a esa acción concertada por

algunos sectores con la ayuda de congresistas y cabilderos inescrupulosos, de

proyectar ese pacto ineludible, como un convenio ajeno a la realidad histórica

de los Estados Unidos.  La verdad es, aunque reconocemos que hay quienes

acuden a la negación, y cito, en parte, al Profesor Emeritus de la Facultad de

Derecho de la Universidad de Yale, quien es posiblemente uno de los

constitucionalistas mas respetado en este momento en nuestra nación,

incluyendo por el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que lo cito

sin vacilación para sostener una determinación histórica y de carácter

constitucional, me refiero al profesor, Akhil Reed Amar, quien afirma en su

libro The History of the Constitution Of the United States: “nuestro pacto

doméstico con el Congreso es el mismo pacto que el Congreso le

reconocía a cada   territorio que recibía la autorización del Congreso

para   organizarse políticamente”, ni más ni menos.

Respetuosamente, le recomiendo a los “agnósticos” que vuelvan a leer

el encasillado de la Ley 600 la cual habla expresamente de organizarnos, para

disipar cualquier duda que a estas alturas de nuestra historia algún

puertorriqueño pueda tener. Por eso hoy, 25 de julio del 2012, sesenta (60)

años del nacimiento de nuestra constitución les afirmo a todos ustedes, sin

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reserva mental alguna, que no existe impedimento en el ejercicio de nuestros

derechos naturales, para celebrar, sin preocupación alguna, la

conmemoración de la promulgación de nuestra Constitución, la misma

Constitución, que tiene los cimientos en ley para encaminarnos hacia nuestro

destino como un estado de facto de la Unión Americana. El conocimiento de la

verdad, nos brinda la libertad y oportunidad de celebrar nuestra historia con

el respeto y la dignidad que todos debemos sentir por la misma. Nuestra

historia constitucional no le pertenece a ningún partido político y ningún otro

estado de la Unión: le pertenece a todos nosotros, al pueblo de Puerto Rico.

La evolución constitucional de los Estados Unidos nos enseña, entre

otras cosas, que una vez  se perfecciona el llamado “pacto doméstico” entre el

Congreso y los ciudadanos de un territorio organizado, sin excepción alguna,

este pacto siempre ha llevado  a los ciudadanos y residentes del territorio

organizado hacia una sola dirección dentro del contexto constitucional

nacional. Esa dirección envuelve, por mandato histórico y constitucional, el

reconocimiento de todos los derechos, privilegios,  e inmunidades que nos

confiere nuestra ciudadanía americana, la cual el Congreso completó en el

1947. ¡Hace ya sesenta y cinco (65) años! que el Congreso nos extendió los

mismos derechos que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, hasta el

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caso de Balzac v. Porto Rico, indicó que estaban ausentes desde el Tratado de

Paris y que llevaba a la conclusión de que Puerto Rico no era un territorio

incorporado. Y escuchen bien, en ese mismo año, fue que el Juez Asociado del

Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el Juez Hugo Black de Alabama, en

una opinión disidente en el caso de Adamson v. California inició el proceso de

nacionalización a nivel constitucional de todos los derechos fundamentales

que le pertenecen a todos los ciudadanos americanos por razón de su

nacionalidad. Un pensamiento jurídico que al igual que nuestra pacto con el

Congreso, sigue siendo una obra en marcha. En nuestra nación hay que luchar

por nuestros derechos fundamentales tanto en los estados, estados de facto y

los territorios. Pero si se lucha y persiste, la historia afirma que se triunfa y así

será para nuestro pueblo.

Desde hace seis (6) décadas, comenzando desde un día como hoy, más

de dos generaciones de puertorriqueños nos hemos beneficiado  de los frutos

de los derechos, privilegios e inmunidades que nos brinda nuestro

ordenamiento constitucional por razón de nuestra ciudadanía, lo que el

Congreso incluyo para garantizar su permanencia, por disposición expresa en

el Articulo VII de nuestra Carta Magna.

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Hace sesenta (60) años, el Congreso de Estados Unidos nos abrió las

puertas de nuestra Nación para que todos los ciudadanos americanos que

residimos en Puerto Rico pudiéramos participar del experimento político y

democrático más exitoso de la historia de la humanidad, el cual inclusive,

sobrepaso todas las expectativas de éxito que tenían los Padres Fundadores.

Esa visión de los Padres Fundadores de la República y arquitectos de nuestro

ordenamiento constitucional nacional, inspirado en los derechos naturales

que nos confiere nuestro Padre Creador, es precisamente la razón que nos une

en esta importante actividad aquí en el Viejo San Juan. Sin embargo, aquí, hoy,

es imperativo señalar y enfatizar, un hecho del que todos tenemos y debemos

de estar conscientes como bien mencione hace unos momentos: lo que

empezamos gloriosamente en el 1952, aún no ha culminado. Para lograr esa

encomienda restan unos pasos y acciones afirmativas que tenemos que tomar

como pueblo. El tiempo actual, el presente, nos exige compromiso, afirmación

y una inquebrantable resolución en pro de nuestro futuro. El camino esta

trazado, podemos caminar hacia nuestro destino sobre tierra firme.

Ante la trascendencia de esta ocasión, además, se torna imperativo

señalar  e ilustrar un hecho que, humildemente, me atrevería a afirmar que

desconoce la mayoría de nuestro pueblo. Este dato, es relevante,

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particularmente en esta celebración y evento histórico de hoy, en el cual

conmemoramos la creación de nuestra Carta Magna:  Los derechos,

privilegios e inmunidades que le fueron reconocidos a nuestro pueblo en

el 1947, nacen no por obra y gracia del Congreso y tampoco por las

mejores intenciones del Juez Hugo Black, sino del fruto de la Ordenanza

del Noroeste aprobada el 13 de julio de 1787, el cual es uno de los más

importantes documentos en la historia de los Estados Unidos. Dicha

ordenanza, fue aprobada tan solo unos meses antes de que la Asamblea

Constituyente que se llevo a cabo en Philadelphia, en el caluroso verano del

1787. De hecho, impresionantemente, probablemente, quizás por divina

providencia, dicho acto congresional fue la única ordenanza que fue aprobada

por el Congreso bajo los Artículos de Confederación. El fruto de la m en el

2012.

Desde la aprobación de la referida ordenanza del Noroeste, nuestra

Nación proclamo, para el beneficio de futuras generaciones de americanos,

que los Estados Unidos jamás iban a permitir que el maltrato a los cuales

fueron expuestos en numerosas ocasiones las colonias y los colonos

cuando peticionaban a Jorge III y al Parlamento Ingles para remedios en

ley sobre sus agravios, volviera a ocurrir en todos los territorios que

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fuera adquiriendo la joven nación, ya sea por conquista o tratado. Esa

cicatriz histórica que dejo el maltrato de Gran Bretaña, con el aval de Jorge III,

promovió en una  joven confederación, que los abusos y atropellos del pasado

nunca más se iban a permitir en los Estados Unidos de América y que iba a

estar el Congreso a cargo de ayudar a los nuevos territorios a convertirse en

territorios que pudiera asumir sus propias responsabilidades inspiradas en el

Republicanismo americano y que los ciudadanos del territorio se les ensenaría

sobre el deber cívico republicano que le compete asumir a todo ciudadano;

que los derechos que fueron mancillados a los colonos,   como el derecho

fundamental de todo ciudadano a que sus casos se juzguen, tanto en casos

c i viles como en casos penales por los miembros de su comunidad, que todos

los ciudadanos iban a estar participando activamente , en la administración de

la justicia, el derecho al Habeas Corpus, la libertad de prensa y expresión, la

libertad de culto, entre una lista de derechos, nunca más iban a ser coartadas

por el gobierno nacional. El 13 de julio de 1787, los Estados Unidos se

comprometió con el mundo entero a que nunca más iba a ser poseedor o

retenedor de cualquier tipo de colonia ilimitadamente. Lo increíble de la

ordenanza, de las garantías y derechos que se le extendía a los nuevos

territorios y sus respectivos ciudadanos, es que la misma, en su totalidad, fue

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incorporada por referencia en la primera Sesión del Congreso bajo nuestra

nueva constitución nacional del 1787, ratificada el 17 de septiembre del 1789,

en el Artículo IV Sección 3, conocida comúnmente en nuestra jurisdicción

como la infame  “cláusula territorial”. Consecuentemente, todos los derechos

que la joven nación les prometió a sus nuevos territorios y los compromisos

constitucionales, amparados en el referido pacto, también nos pertenecen a

nosotros como herederos forzosos de ese histórico legado exclusivo de

nuestra nación y nuestra constitución.

Lamentablemente, el neo imperialismo que infecto y trastoco a nuestra

nación a finales del siglo 19 y hasta la primera parte del siglo 20, habrá

trastocado momentáneamente esa importantísima proclamación histórica. Sin

embargo, este pueblo y nuestra nación, no pueden olvidar esa gran promesa y

realidad histórica la cual nos cobija, como mencione, por garantía

constitucional.

Hoy, sesenta (60) años después del nacimiento de nuestro

ordenamiento constitucional como estado de facto, podemos exaltar que los

enumerados derechos y promesas que la Nación ofrece por fuerza de la

Constitución a todos los territorios organizados políticamente, nos pertenecen

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a nosotros los puertorriqueños por igual y en igualdad de condiciones, como

les fueron reconocidos a todos los territorios organizados.

Escuchen bien, es importante que todos entendamos, que los poderes

que tiene el Congreso para establecer reglas y reglamentaciones para los

territorios americanos esta subordinada, como bien ha expresado en

reiteradas ocasiones nuestro máximo foro judicial, a las limitaciones de la

Constitución. Esa es  nuestra realidad constitucional en el 2012 y una que nos

compete, directamente a nosotros como ciudadanos americanos, recordársela

a todos los conciudadanos de la Nación, particularmente a ciertos políticos, o

algunos enemigos vehementes de los intereses de nuestro pueblo que de vez

en cuando proyectan padecer de amnesia selectiva.

Me siento en la obligación de decirles a los opositores, no creyentes en

nuestro ordenamiento constitucional que si algo nos ha enseñado la historia

es que los enemigos de nuestro ordenamiento de ley y orden, nunca podrán

mutilar y/o destruir el mismo.  

Quiero aprovechar la oportunidad, en el marco solemne de esta

actividad, evento oficial de Estado, que entiendo es la manera correcta y

apropiada de conmemorar el 60 aniversario de nuestra constitución, alejados

de manifestaciones de índole políticas, mencionar datos que todos ustedes

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conocen pero que entiendo, esta ocasión exige la reflexión sobre los mismos,

para el beneficio de futuras generaciones:

Según menciono el Juez Federal Gustavo Gelpí hace apenas unos años,

un 25 de julio, parafraseando el sentido profundo de sus respectivas

alocuciones con mi propio pensamiento critico, el concepto de gobierno

republicano que tenemos los puertorriqueños no es un concepto abstracto, ni

esotérico, sino dicho republicanismo reafirma el concepto de que el ciudadano

es el que tiene la última palabra, y no así el Estado. Y como bien esbozo el

fallecido presidente Ronald Reagan, ese principio, no solamente nos los

garantiza nuestra Constitución, sino que la Constitución de los Estados

Unidos, a través de la cláusula de supremacía, nos garantiza la permanencia de

ese cardenal principio de gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Como lo memoria lizo el Presidente Abraham Lincoln en su discurso de

Gettysburg, un 19 de noviembre de 1863, “que nuestro nuevo renacer

amparado en la libertad, es para garantizar que el gobierno de la gente, por la

gente y para la gente, nunca desaparecerá de la faz de la Tierra”.

Siguiendo el pensamiento del ex presidente Ronald Reagan y de mi

héroe Abraham Lincoln, al igual que la Constitución de Estados Unidos, la

constitución de Puerto Rico provee para un gobierno republicano de tres (3)

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ramas de gobierno de igual rango constitucionales: ejecutiva, legislativa y

judicial. Ninguna tiene más poder que las otras  y entre si proveen un sistema

de pesos y contrapesos con el fin de que siempre la ciudadanía cuestione y

sospeche de la concentración de poderes en las tres (3) ramas de gobierno y el

peligro que esto representa a nuestro esquema de libertad ordenada.     Bajo el

sistema de gobierno republicano, por el que tantas personas han dado su vida

por preservar. Cabe señalar que la rama judicial en Puerto Rico, al igual que el

de cualquier estado de la Unión, tiene exactamente la misma potestad que en

un tribunal federal para interpretar la Constitución de los Estados Unidos,

para que todos podamos participar en la administración de la justicia y de ser

juzgados por los miembros de nuestra comunidad en casos civiles. La petición

que se encuentra en los tribunales de Puerto Rico para que se reconozca la

Séptima Enmienda de la Constitución de los Estados  Unidos, es solo un

ejemplo de lo antedicho.

El Juez Asociado Black decía, ante la amenaza que existía de caer bajo

las garras del totalitarismo de Mussolini, Hitler, Stalin, Franco y compañía,

que mientras exista una Carta de Derechos como la nuestra, el experimento

de que las personas se puedan gobernar entre si siempre existirá sobre la faz

de la tierra. Así de importante es nuestro ordenamiento constitucional. Es por

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eso que hoy, sesenta (60) años después del nacimiento de nuestra

Constitución estamos aquí congregados para afirmar que nuestro pueblo no

desea invertir el estado natural de quien es el verdadero soberano en nuestro

esquema constitucional: el ciudadano, ustedes mis hermanos y hermanas.

                También, es importante disipar algunos mitos del Federalismo

americano. El Federalismo es, sin lugar a dudas, el guardián de nuestras

libertades y nuestros derechos constitucionales, incluyendo los derechos no

enumerados al amparo de la Novena y Undécima Enmienda y la Sección 19 de

nuestra Carta de Derechos. Todos nuestros derechos los posee el pueblo. En

el Federalismo del 2012, le compete al Gobierno Federal y al estado de facto

de Puerto Rico, porque con la excepción de áreas ocupadas por la

constitución o de los Estados Unidos por el Congreso, que son los menos y no

los mas, defender los mismos derechos fundamentales que poseemos bajo la

Constitución de los Estados Unidos y la nuestra, como si existiera un solo

ordenamiento constitucional. La nacionalización de nuestros derechos

fundamentales, según lo vislumbro el Juez Asociado Hugo Black en el 1947, es

nuestra realidad en el 2012. Hablar de derechos en el 2012, sin hablar de

derechos que le pertenecen a todos los americanos por razón de su

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nacionalidad, es faltarle a la veracidad histórica y un acto de gran

irresponsabilidad.

Como ha enfatizado este servidor en reiteradas ocasiones, la época de la

segregación constitucional pertenece a las reliquias del pasado. Eso debemos

celebrarlo hoy y siempre, como puertorriqueños, como buenos americanos.

Hago eco de las palabras del Reverendo Martin Luther King Jr., cuando desde

una celda en prisión en Birmingham, Alabama, indico como palabras

proféticas que nunca mas un ciudadano americano se debería sentir como un

extranjero en su propia tierra. Con estas palabras podemos dar santa

sepultura al nefasto concepto de que por alguna fricción jurídica nuestro

pueblo y consecuentemente nosotros, somos extranjeros en nuestra propia

nación. Que dicho razonamiento constitucional descanse en paz.

    Como puntos finales, estimo relevante, por la trascendencia de la ocasión y

mi alto grado de respeto hacia nuestra historia, recordar, como mencione

hace unos instantes, las palabras mágicas que selecciono nuestra Asamblea

Constituyente como preámbulo de nuestra Constitución.

Ordenamos y establecemos esta Constitución… que en el

ejercicio de nuestro derecho natural ahora creamos dentro de

nuestra unión con los Estados Unidos de América…

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Que consideramos factor determinante en nuestra vida la

ciudadanía de los Estados Unidos de América y la aspiración

a continuamente enriquecer nuestro acervo democrático en el

disfrute individual y colectivo de sus derechos y

prerrogativas….

[Que  también consideramos factor determinante] la lealtad

de los postulados dela Constitución [de los Estados Unidos de

América]

También, estimo relevante recordarles a todos nuestros funcionarios

públicos, incluyendo en específico a los de la rama judicial, sobre el Artículo

IV, Sección 16 de la Constitución de Puerto Rico, la cual exige y cito:    

Todos los funcionarios y empleados del Estado Libre Asociado,

sus agencias, instrumentalidades y subdivisiones políticas

presentaran antes de asumir las funciones de sus cargos,

juramento de fidelidad la Constitución de los Estados Unidos

de América y a la Constitución y las leyes del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico.

        Este juramento conlleva el que todos nuestros funcionarios electos,

gobernador, legisladores  estatales y municipales, al igual que los funcionarios

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nombrados por el ejecutivo, los miembros de la judicatura y cualquier

empleado del gobierno de Puerto Rico, no importe su rango, están obligados a

brindarle lealtad sin reserva mental alguna a ambas constituciones.

Finalmente, a la vez que rendimos tributo a esta Constitución, debemos

al igual hacerlo en honor a todos aquellos ilustres congresistas y delegados

que tuvieron una gran visión que hoy vivimos y en específico a todos los

puertorriqueños que han sacrificando sus vidas por nuestras libertades, a

todos ustedes nuestro reconocimiento y profundo agradecimiento.

Exhorto a todos a que conozcan y estudien su constitución. Difícilmente

existe en nuestra historia un documento mas importante, ilustrante, didáctico,

determinante, en fin, la mejor referencia para un pueblo entender quien es, de

donde viene y hacia donde va, amparado en sus derechos y libertades,

recogidas en nuestra constitución que se diseño con el fin de garantizar

permanentemente a todos los ciudadanos nuestra aspiración colectiva de que

todos podamos aspirar “a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.

Tenemos que atesorar nuestra constitución, es sabiduría que debemos

conocer y compartirla con nuestros hijos, con nuestros nietos. Este valioso

documento, en original, es exhibido en la Casa de las Leyes, y los invito a que

vayan y lo aprecien. Con nuestra Constitución y sus postulados no podemos

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fracasar en nuestra gestión histórica. Sin la misma estamos destinados a caer

en el abismo. Nuestra marcha para un mejor Puerto Rico no la va detener

nada ni nadie. Hoy nuestra constitución esta mas viva que nunca.

Hoy, a sesenta (60) años del nacimiento de nuestro experimento

constitucional como estado de facto de la Unión americana, me atrevo a

proclamar que con nuestra constitución y con la palabra del Señor en nuestro

espíritu, llegaremos a ese destino constitucional. Nuestra Nación estará

pasando por momentos económicos difíciles, pero como bien decía el

Reverendo Martin Luther King Jr., nosotros, los puertorriqueños rehusamos

aceptar que nuestro banco nacional de justicia esta insolvente.

Muchas gracias.