MESA DE CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO EN SEGURIDAD Y JUSTICIA

El Ministro de Defensa, Abraham Valenzuela, expone las dificultades presupuestarias del Ministerio de la Defensa

Nacional

Diputados del Congreso de la República y miembros de la Sociedad Civil que integran la Mesa de Transparencia, Rendición de Cuentas y Calidad del Gasto Público en Seguridad y Justicia, se reunieron el miércoles 6 de abril y acordaron en reunión ordinaria solicitar al Presidente de la República, Álvaro Colom, la derogatoria del acuerdo gubernativo que establece que la asignación presupuestaria para el ejército será de 0.33 por ciento del Producto Interno Bruto vigente desde el 2004.

Acciones

Se acordó esta petición porque ese acuerdo fija solo el 0.33 por ciento, cuando los Acuerdos de Paz ya habían determinado previamente un 0.66 por ciento, las necesidades en este momento de ejecución del ejército con las responsabilidades que tienen de resguardar las fronteras y sobre todo con el aumento de crímenes transnacionales como el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico ilícito de armas, amerita que se fortalezca a la institución”.

Presentación de Presupuestos y de Plan 5 años

“Durante el encuentro también recibimos los informes de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de la Defensa Pública Penal, porque estamos revisando el fortalecimiento institucional y no forma aislada, ya que la intención es que no solo haya transparencia y se elimine la discrecionalidad, sino que también haya proyección de mediano plazo en las instituciones”, comentó Rosa María de Frade, coordinadora de la Mesa de Diálogo.

Además de conocer el presupuesto del Ministerio de la Defensa, la Mesa conoce en este momento el presupuesto 2011 de las Instituciones que conforman el sector justicia y los planes de inversión y desarrollo para los próximos cinco años.

Procuraduría General de la Nación

Nos acompañó el Señor Procurador General de la Nación, Licenciado Guillermo Antonio Porras Ovalle.

El Señor Procurador estableció que la implementación de normativa protectora de los niños como el Ley Número 28-2010 Sistema Alba-Keneth y otras Leyes Ordinarias en el Área De Niñez, Adolescencia, Mujer Maltratada y Personas De La Tercera Edad aumentaban los costos operacionales de dicha entidad.

También hizo saber a la mesa que Ley de Extinción de Dominio, Decreto Ley Número 55-2010 también aumentaba las necesidades de dicha entidad.

Por lo que para poder brindar un servicio adecuado era necesario un aumento en el presupuesto.

El Instituto de la Defensa Pública Penal

Esta institución tiene a su cargo la defensa pública penal, su función principal es garantizar el derecho de defensa, asegurando la plena aplicación de las garantías del debido proceso penal, a través de una intervención oportuna en todas sus etapas.

Los representantes de dicha institución compartieroncon la mesa la necesidad de incremento en el presupuesto y que su preocupación principal es que de no aumentársele el presupuesto podría llegar a violarse el debido proceso debido a que los defensores no seránsuficientes para cubrir todas las audiencias a las quedeben de asistir.

Conclusión Importante

En la reunión se resaltó la importancia de la coordinación que todas estas instituciones deben tener y la necesidad de que lleven a cabo una planificación estratégica en forma conjunta de ampliación de cobertura a nivel nacional ya que la Justicia funciona como un sistema y es importante el rol constitucional que cada una de ellas tiene.

Participación de entidades relacionadas con Seguridad y Justicia

En este tema es importante mencionar la participación de sectores como: el Movimiento Pro Justicia, Movimiento Cívico Nacional, Cámara de Industria, CICIG, Madres Angustiadas, Centro de Estudios de Guatemala, FUNDESA, Fundación Mirna Mack, Movimiento Pro Justicia, Madres Angustiadas y SEDEM entre otras.