Expediente N° 191-2018
Voto N° 233-2018
Sentencia N° 198-2018
Sentencia número 198-2018. Tribunal Aduanero Nacional. San José,
a las catorce horas con tres minutos del treinta de agosto de dos
mil dieciocho.
Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el
señor XXX en representación del auxiliar de la función pública en
su condición de transportista aduanero XXX contra la resolución
número RES-AL-DN-2130-2017 del treinta de noviembre de dos mil
diecisiete emitida por la Aduana de Limón.
RESULTANDO
I. Mediante resolución RES-AL-DN-942-2012 del 27 de marzo de
2012, la Aduana de Limón, con base en el Acta de Inspección número
426-2012 del 19 de marzo de 2012, levantada en las instalaciones
del estacionamiento transitorio XXX, inicia procedimiento
administrativo sancionatorio contra el transportista aduanero XXX,
tendiente a investigar la presunta infracción administrativa
regulada en el artículo 236 inciso 8) de la Ley General de Aduanas
(en adelante LGA), en virtud de no haber iniciado el tránsito de
las unidades de transporte números: XXX, correspondientes a las
mercancías amparadas a las Declaraciones Aduaneras de Tránsito, de
la Aduana de Limón, números: XXX, todas de fecha 15 de marzo de
2012, dentro de las 72 horas naturales establecidas a los efectos
por el numeral 140 de la LGA y el Manual de Procedimientos
Aduaneros, encontrándose dichas unidades aún en las instalaciones
del referido estacionamiento transitorio, a pesar de que los viajes
fueron autorizados entre las 09:48 y las 09:51 horas del 15 de
marzo de 2012, habiendo transcurrido noventa y siete horas al
momento del levantamiento de la referida acta. Señala la Aduana que
la eventual sanción consiste en una multa equivalente a quinientos
pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional de
conformidad con el tipo de cambio vigente al momento de los hechos,
por cada una de las unidades de transporte que no inició el
tránsito, por lo que la multa correspondería a la suma de
¢767.220,00, otorgándosele un plazo de 5 días hábiles para que
presente sus alegatos y pruebas en descargo de los hechos
señalados. Dicho acto se notificó el 12 de abril de 2012. (Ver
folios 15 a 19)
II. Con escrito recibido en la Aduana de Limón el 25 de abril de
2012, reiterado en fecha 02 de mayo de 2012, el señor XXX en
representación de la empresa imputada XXX, solicita prórroga del
plazo otorgado con el fin de presentar argumentos de descargo. (Ver
folios 21 a 23)
III. El auxiliar de la función pública imputado, en fecha 09 de
mayo de 2012, sostiene como alegato de defensa, que existe
incongruencia en los datos de aceptación de los DUAS de tránsito,
la entrega del contenedor y la cuantificación de la Aduana respecto
de las horas de incumplimiento, ya que según la prueba aportada,
recibieron los contenedores hasta fecha 18 de marzo de 2012, por lo
que plantea la nulidad de lo actuado. (Ver folios 24 y 25)
IV. La Aduana de Limón con Resolución número RES-AL-DN-1716-2015
del 24 de junio de 2015, dicta el acto final del presente
procedimiento administrativo sancionador, imponiéndole al
transportista aduanero XXX una multa de quinientos pesos
centroamericanos o su equivalente en moneda nacional de conformidad
con el tipo de cambio vigente al momento de los hechos, por cada
uno de las citadas unidades de transporte, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 236 inciso 8) de la LGA, que asciende a la
suma de ¢767.220,00, por no haber iniciado dentro del plazo de 72
horas, el tránsito en relación a los términos imputados en el acto
de inicio y descritos en el Resultando primero de la presente
Sentencia. Dicho acto se notificó el 02 de julio de 2015. (Ver
folios 28 a 42)
V. Con Resolución número RES-AL-DN-2064-2016 del 05 de setiembre
de 2016, la Aduana de Limón, le concede a la empresa XXX, un plazo
de 15 días posteriores a la respectiva notificación, efectuada el
12 de setiembre de 2016, para formalizar su situación cancelando la
multa impuesta en autos. (Ver folios 44 a 48)
VI. Mediante escrito presentado el 16 de setiembre de 2016, el
señor XXX en representación de la empresa imputada, manifiesta
interponer incidente de nulidad absoluta, argumentando que el acto
final no les fue debidamente notificado, dado que a los efectos se
señaló un número de fax y la misma no se realizó por dicho medio.
Asimismo, presenta comprobante de movimiento para verificar el día
y la hora en que se entregaron los contenedores de cita, y así
demostrar las incongruencias en que se fundamenta la Aduana. (Ver
folios 71 a 76)
VII. Por Resolución número RES-AL-DN-2198-2016 del 17 de
noviembre de 2016, la Aduana de Limón declara la nulidad absoluta
del acto final dictado en la especie, ordenando la notificación del
mismo según los términos señalados en expediente, la cual se llevó
a cabo en fecha 30 de diciembre de 2016. (Ver folio 65 a 87)
VIII. El señor Alvarado Céspedes en su condición antes dicha, el
20 de enero de 2017, interpuso los recursos de reconsideración y
apelación en subsidio en contra del acto final, reiterando los
argumentos de defensa planteados en autos, además de señalar una
presunta incongruencia en la debida identificación de los
contenedores objeto del presente asunto. (Ver folios 88 a 92)
IX. Por Resolución RES-AL-DN-482-2017 del 27 de marzo de 2017,
la Aduana de Limón declara la nulidad absoluta del acto final
dictado en la especie, por inconsistencias en su redacción. (Ver
folios 94 a 99)
X. La Aduana de Limón con Resolución número RES-AL-DN-2130-2017
del 30 de noviembre de 2017, dicta el acto final del presente
procedimiento administrativo sancionador, imponiéndole al
transportista aduanero XXX una multa de quinientos pesos
centroamericanos o su equivalente en moneda nacional de conformidad
con el tipo de cambio vigente al momento de los hechos, por cada
uno de las citadas unidades de transporte, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 236 inciso 8) de la LGA, que asciende a la
suma de ¢767.220,00, por no haber iniciado dentro del plazo de 72
horas, el tránsito en relación a los términos imputados en el acto
de inicio y descritos en el Resultando primero de la presente
Sentencia. Dicho acto se notificó el 12 de febrero de 2018. (Ver
folios 100 a 117)
XI. El 28 de febrero de 2018, el auxiliar de la función pública
imputado, interpuso los recursos de reconsideración y apelación en
subsidio en contra del acto final, reiterando los argumentos de
defensa ya planteados con anterioridad. (Ver folios 118 y 119)
XII. Con Resolución número RES-AL-DN-1601-2018 del 09 de julio
de 2018, la Aduana de Limón declara sin lugar el recurso de
reconsideración, y emplaza al recurrente por el término de diez
días hábiles para que se apersone ante este Tribunal a reiterar o
ampliar los argumentos de su pretensión. Dicho acto se notificó el
09 de agosto de 2018. (Ver folios 126 a 142)
XIII. Según constancia que obra a folio 159, no se registra
apersonamiento del recurrente ante esta Instancia.
XIV. En razón de las vacaciones legales del Licenciado Luis
Gómez Sánchez, mediante acuerdo número DM-TAN-035-2018 del 06 de
agosto de 2018, suscrito por la Ministra de Hacienda, señora Rocío
Aguilar, se designó a la señora Rocio Castillo Mora para conformar
el Colegiado. (Ver folio 157)
XV. En las presentes diligencias se han observado las
prescripciones legales en la tramitación del presente recurso de
apelación.
Redacta la Licenciada Rodríguez Muñoz; y,
CONSIDERANDO
I. Objeto de Litis: Se contrae el presente asunto a determinar
la procedencia de la imposición por parte de la Aduana de Limón, de
una sanción administrativa conforme con la infracción establecida
en el artículo 236 inciso 8) de la LGA, sancionable con una multa
de quinientos pesos centroamericanos o su equivalente en moneda
nacional, que asciende a la suma de ¢767.220,00, al transportista
aduanero XXX, en virtud de no haber iniciado el tránsito de las
unidades de transporte números: XXX, correspondientes a las
mercancías amparadas a las Declaraciones Aduaneras de Tránsito, de
la Aduana de Limón, números: XXX, todas de fecha 15 de marzo de
2012, dentro de las 72 horas naturales establecidas a los efectos
por el numeral 140 de la LGA y el Manual de Procedimientos
Aduaneros.
II. Admisibilidad del recurso de apelación. Que previo a
cualquier otra consideración, se avoca este órgano al estudio de la
admisibilidad del presente recurso de apelación conforme a la
normativa aduanera. En tal sentido dispone el artículo 198 de la
Ley General de Aduanas que contra el acto final dictado por la
aduana competente, caben los recursos de reconsideración y
apelación para ante el Tribunal Aduanero Nacional, siendo
potestativo usar ambos recursos ordinarios o sólo uno de ellos, los
cuales deben interponerse dentro de los quince días siguientes a la
notificación del acto impugnado, condicionando la admisibilidad a
dos requisitos procesales, sea en cuanto al tiempo que dispone el
interesado para interponerlo y además el relativo a la capacidad
procesal de las partes que intervienen en expediente. En el caso
bajo estudio en cuanto a la capacidad procesal del recurrente, a
folio 59 obra personería que acredita al señor Alvarado Céspedes
como representante del auxiliar de la función pública XXX,
cumpliéndose en la especie con el presupuesto procesal de
legitimación. Además según consta en expediente, el acto lesivo que
impone la multa se notificó al interesado el 12 de febrero de 2018
y el recurso de apelación fue interpuesto el día 28 del mismo mes y
año (folios 114 a 118), dentro del plazo de los quince días hábiles
establecido al efecto. En razón de ello, tiene este Tribunal por
admitido el recurso de apelación para su estudio.
III. Hechos probados
1. Que mediante la Declaración Aduanera de Tránsito número XXX
de fecha 15 de marzo de 2012, se autorizó el tránsito de la unidad
de transporte número XXX de las instalaciones del estacionamiento
transitorio XXX hacia el depositario aduanero XXX, viaje número
XXX, aprobado a las 09:48 del 15 de marzo de 2012. (Ver folios 144
a 146)
2. Que mediante la Declaración Aduanera de Tránsito número XXX
de fecha 15 de marzo de 2012, se autorizó el tránsito de la unidad
de transporte número XXX, de las instalaciones del estacionamiento
transitorio XXX hacia el depositario aduanero XXX, viaje número
2012158834, acreditado a las 09:50 del 15 de marzo de 2012. (Ver
folios 147 a 149)
3. Que mediante la Declaración Aduanera de Tránsito número XXX
de fecha 15 de marzo de 2012, se autorizó el tránsito de la unidad
de transporte número XXX, de las instalaciones del estacionamiento
transitorio XXX hacia el depositario aduanero XXX, viaje número
XXX, aprobado a las 09:51 del 15 de marzo de 2012. (Ver folios 150
a 152)
4. Que los viajes de referencia, al ser las 10:55 horas del 19
de marzo de 2012, momento en el cual se levantó el Acta de
Inspección General número 426-2012 por parte de funcionarios de la
Aduana de Limón, no habían iniciado su salida efectiva de las
instalaciones del estacionamiento transitorio XXX. (Ver folios 10 y
11)
IV. Sobre las nulidades: Respecto las nulidades referidas por el
recurrente, sobre vicios en el contenido del acto por supuestas
incongruencias en los hechos afirmados por la Autoridad Aduanera,
por estar directamente relacionados con el fondo de lo resuelto, se
analizarán en el siguiente apartado.
V. Sobre el fondo. Antes de realizar el examen de fondo
correspondiente, este Tribunal considera que resulta imperioso
hacer una breve referencia a la naturaleza jurídica del Sistema
Sancionatorio Administrativo, con el fin de determinar bajo qué
circunstancias es viable su ejecución y consecuentemente el
ejercicio de la potestad sancionadora otorgada a la Administración,
y de esta forma ir delineando la legalidad de la sanción
impuesta.
Dentro de la Administración, el Derecho Sancionador tiene como
finalidad mantener el orden del sistema y reprimir por medios
coactivos aquellas conductas contrarias al Ordenamiento Positivo;
este poder sancionador es aquel en virtud del cual “pueden
imponerse sanciones a quienes incurran en la inobservancia de las
acciones u omisiones que le son impuestas por el ordenamiento
normativo administrativo, o el que sea aplicable por la
Administración Pública en cada caso”[footnoteRef:1] [1: ESCOLA,
Héctor. Compendio de Derecho Administrativo. Tomo I. Buenos Aires,
Argentina: Editorial Desalma. 1984, p. 207]
De esta forma, es en ejercicio de esta potestad que la
Administración puede imponer sanciones a los administrados por las
transgresiones que del Ordenamiento Jurídico éstos cometan, pero
únicamente cuando previamente se encuentren tales conductas
tipificadas como infracción a través de un tipo legal. La
conceptualización que se ha brindado por parte de la doctrina, de
la sanción administrativa, secunda el fin represivo indicado supra,
respecto a conductas que efectivamente violenten el orden
jurídico-administrativo:
“García de Enterría la ha definido como “un mal infringido por
la Administración al administrado como consecuencia de una conducta
ilegal”. A su vez, Bermejo Vera la ha calificado como: “una
resolución administrativa de gravamen que disminuye o debilita
–incluso elimina– algún espacio de la esfera jurídica de los
particulares, bien porque se le priva de un derecho, bien porque se
le impone un deber u obligación, siempre como consecuencia de la
generación de una responsabilidad derivada de la actitud de los
mismos”. Carretero Pérez y Carretero Sánchez se refieren a ella
como “un mal jurídico que la Administración infringe a un
administrado, responsable de una conducta reprensible antecedente”.
Por su parte, para Suay Rincón la sanción administrativa es la
“irrogación de un mal: la sanción administrativa es, como se sabe,
un acto de gravamen, un acto, por tanto, que disminuye o debilita
la esfera jurídica de los particulares, bien sea mediante la
privación de un derecho (interdicción de una determinada actividad,
sanción interdictiva), bien mediante la imposición de un deber
antes inexistente (condena al pago de una suma de dinero: sanción
pecuniaria)”. En opinión de Gamero Casado, la sanción
administrativa consiste en “la privación, restricción o suspensión
de determinados derechos o bienes jurídicos del sujeto responsable
de la infracción, precisamente como reacción –castigo– a la
comisión de la misma.”[footnoteRef:2] [2: Citados por Ramírez
Torrado, María Lourdes. La Sanción Administrativa y su diferencia
con otras medidas que imponen cargas a los administrados en el
contexto Español. Revista de Derecho de la Universidad del Norte Nº
27, Barranquilla, Colombia, 2007, p. 274.]
Resulta evidente el fin punitivo que persigue la sanción
administrativa, como expresión máxima de la potestad sancionadora
estatal, siendo que de su concepto mismo se distinguen tres
elementos que deben ser tomados en consideración: a) la carga o
retribución negativa que se le impone al individuo al aplicarse la
sanción, b) el gravamen impuesto debe necesariamente ser
consecuencia de una conducta lesiva a un bien jurídico protegido,
mismos que deben ser recogidos por una infracción administrativa
previamente tipificada y c) el poder que ostentan las Autoridades
Administrativas para imponer las sanciones, aspecto que ya se ha
venido desarrollando, y que constituye precisamente la potestad
sancionadora de la Administración. Por lo tanto, la imposición de
una sanción administrativa será resultado de la transgresión de una
norma previamente establecida, justificándose así, la puesta en
marcha del engranaje que constituye la potestad sancionadora de la
Administración cuando se verifiquen y respalden los elementos
fácticos y normativos que justifiquen dicho accionar, en relación
con el tipo infraccional establecido por el Ordenamiento
Jurídico.
De esta forma, al tratarse el objeto de la presente litis de la
posible aplicación de una sanción, al estimar la Aduana de Limón
que se ha cometido una infracción tributaria aduanera
contraviniendo o vulnerando las disposiciones del régimen jurídico
imperante en la materia, debe tenerse presente que si bien la
normativa aduanera faculta para imponer sanciones a quienes
resulten responsables de su comisión, en específico los artículos
6, 13, 24 inciso i), 231 a 235 LGA y concordantes de su Reglamento
(en adelante RLGA), dentro del procedimiento sancionatorio
aplicable en sede administrativa deben respetarse una serie de
principios y garantías constitucionales del Derecho Penal, pero con
sus respectivos matices. Dentro de dichos principios se encuentran
como fundamentales la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad,
mismos que conforman la Teoría del Delito[footnoteRef:3], como
delimitadores de las normas del Derecho Penal y cuya aplicación
respecto al análisis de las sanciones administrativas, ha sido
reconocida por la Sala Constitucional: [3: "...el sistema de la
teoría del delito es un instrumento conceptual que tiene la
finalidad de permitir una aplicación racional de la ley a un caso.
En este sentido, asegura, es posible afirmar que la teoría del
delito es una teoría de la aplicación de la ley penal. Como tal
pretende establecer básicamente un orden para el planteamiento y la
resolución de los problemas que implica la aplicación de la ley
penal, valiéndose para ello de un método analítico, es decir, que
procura separar los distintos problemas en diversos niveles o
categorías." (Bacigalupo Enrique. Derecho Penal. Parte General.
Lima, Ara Editores. 1era Edición.2004, página 194).]
En cuanto a los principios aplicables al régimen sancionatorio
administrativo, se ha establecido que éstos tienden a asimilarse a
los que rigen en el Derecho Penal, pues, ambos son manifestaciones
del poder punitivo del Estado e implican la restricción o privación
de derechos, con la finalidad de tutelar ciertos intereses. Tanto
las normas sancionatorias administrativas como las penales poseen
una estructura y funcionamiento similar: la verificación de la
conducta prevista produce como consecuencia jurídica una sanción.
El Derecho de la Constitución impone límites al derecho
sancionador, que deben ser observados tanto en sede penal como en
la administrativa; ciertamente, en este último caso con
determinados matices que se originan en la diversa naturaleza de
ambos: / "Como reiteradamente ya ha señalado esta Sala, al menos a
nivel de principios, no puede desconocerse una tendencia
asimilativa de las sanciones administrativas a las penales, como
una defensa frente a la tendencia de liberar -en sede
administrativa- al poder punitivo del Estado de las garantías
propias del sistema penal. Siendo innegable que las sanciones
administrativas ostentan naturaleza punitiva, resulta de obligada
observancia, al menos en sus líneas fundamentales, el esquema de
garantías procesales y de defensa que nutre el principio del debido
proceso, asentado principalmente en el artículo 39 de la
Constitución Política, pero que a su vez se acompaña de las
garantías que ofrecen los artículos 35, 36, 37, 38, 40 y 42 también
constitucionales. Así, ya esta Sala ha señalado que "todas esas
normas jurídicas, derivadas de la Constitución Política como modelo
ideológico, persiguen ni más ni menos que la realización del fin
fundamental de justicia que es el mayor de los principios que
tutela un Estado de Derecho, en la que se incluyen reglas
-principios generales- que tienen plena vigencia y aplicabilidad a
los procedimientos administrativos de todo órgano de la
Administración, se reitera, pues, los principios que de ella se
extraen son de estricto acatamiento por las autoridades encargadas
de realizar cualquier procedimiento administrativo que tenga por
objeto o produzca un resultado sancionador." (resolución N°
1484-96) "...las diferencias procedimentales existentes entre las
sanciones aplicables a infracciones y a delitos, no pueden conducir
a ignorar en el ámbito del procedimiento administrativo las
garantías de los ciudadanos, en efecto, los principios inspiradores
del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al derecho
administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del
ordenamiento punitivo del Estado." (resolución N° 3929-95). Así, la
tendencia inequívoca de este Tribunal ha sido pronunciarse a favor
de la aplicación, aunque ciertamente con variaciones, de los
principios rectores del orden penal al derecho administrativo
sancionador, de manera que resultan de aplicación a las
infracciones administrativas mutatis mutandis los principios de
legalidad, tipicidad y culpabilidad propios de los delitos."
(Sentencia 2000-08193 de las quince horas cinco minutos del trece
de setiembre del dos mil)[footnoteRef:4] [4: Sentencia 6976-2011
del 27 de mayo de 2011.]
Es decir, la Teoría del Delito obliga a que se haga un análisis
jerarquizado de sus componentes, partiendo de la tipicidad, pues
solo la conducta típica puede servir de base a las posteriores
valoraciones, correspondiendo seguidamente el examen de
antijuridicidad, es decir, si la conducta típica fue realizada o no
conforme a derecho violentando un bien jurídico protegido, y si
existiera alguna causa de justificación se excluye la infracción,
finalmente, una vez justificado que la conducta es típica y
antijurídica, se debe comprobar si el sujeto activo de la
infracción imputada poseía las condiciones mínimas indispensables
para atribuirle el hecho y haber podido ajustar su conducta a lo
establecido por el Ordenamiento Jurídico, es decir, su
culpabilidad.
En aplicación de lo expuesto, procede en consecuencia determinar
si en el presente asunto el desarrollo de los señalados estadios se
ha respetado por parte de la Autoridad Aduanera al momento de
aplicar la multa que nos ocupa.
Tipicidad: El principio de tipicidad es un derivado del
principio de legalidad consagrado en el numeral 11 de la
Constitución Política y de la LGAP, lo mismo que en materia
aduanera en el artículo 108 del CAUCA[footnoteRef:5], íntimamente
relacionado con el principio de seguridad jurídica; el mismo se
encuentra dispuesto, al igual que otros principios concernientes a
la materia represiva estatal, en el artículo 39 de nuestra
Constitución Política: [5: “Principio de legalidad de las
actuaciones: Ningún funcionario o empleado del servicio aduanero
podrá exigir para la aplicación o autorización de cualquier acto,
trámite, régimen u operación, el cumplimiento de requisitos,
condiciones, formalidades o procedimientos sin que estén
previamente establecidos en la normativa aduanera o de comercio
exterior.”]
“A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o
falta sancionadas por ley anterior y en virtud de sentencia firme
dictada por autoridad competente, previa audiencia concedida al
indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria
demostración de la culpabilidad ...”
Así, se exige que las conductas sancionadas se encuentren
establecidas previamente en un tipo infraccional, de esta forma,
para que una conducta sea constitutiva de una infracción no es
suficiente que sea contraria a derecho, es necesario que además
esté tipificada, sea que se encuentre plenamente descrita en una
norma; esto obedece a exigencias de seguridad jurídica, pues siendo
materia represiva, es necesario que los administrados sujetos a un
procedimiento sancionatorio puedan tener entero conocimiento de
cuáles son las acciones que deben abstenerse de cometer, so pena de
incurrir en una conducta infraccional.
El tipo se constituye en una descripción de un acto omisivo o
activo, establecido en un presupuesto jurídico de una ley anterior,
mientras que la tipicidad es la adecuación o subsunción de una
conducta humana, concreta y voluntaria, al tipo, sea a la
descripción hecha en la ley, configurándose en el primer elemento
de la conducta punible. La teoría prevaleciente en doctrina y
jurisprudencialmente, denominada “tipo complejo” organiza los
elementos del mismo de la siguiente forma, la divide en tipicidad
objetiva, donde se encuentran los elementos normativos,
descriptivos y subjetivos; y subjetiva, donde se encuentra los
elementos alternativos de dolo y culpa, ambos compuestos de
elementos cognitivos y alternativos de dolo y culpa. En el caso del
dolo, la acción debe ser realizada con conocimiento del hecho que
se realiza y voluntad de llevarlo a cabo (nótese que no incluye el
conocimiento de la ilicitud del hecho que se mantiene ubicado en la
culpabilidad), y en el caso de la culpa, el aspecto cognitivo es la
previsibilidad del resultado y el volitivo, el deseo y aceptación
de los medios contrarios a derecho. La antijuricidad mantiene el
mismo contenido de ausencia de justificación.”[footnoteRef:6]. [6:
González Castro José Arnoldo. Teoría del Delito. Poder Judicial,
Programa de Formación Inicial de la Defensa Pública, 2008, p.114 y
115.]
De esta forma, de conformidad con la teoría caracterizada, que
se sigue en nuestro sistema penal y que por las razones ya
apuntadas, con los matices pertinentes es de aplicación al materia
sancionatoria que nos ocupa, resulta obligatorio a la hora de
fundamentar un acto administrativo que desembocará en la aplicación
de una sanción, hacer un examen de tipicidad, el cual consiste en
examinar si la conducta desplegada por el sujeto imputado se ajusta
a la descripción establecida por el legislador en un tipo
infraccional, siendo que para ello, debe considerarse que tanto los
elementos objetivos como subjetivos del tipo, se encuentren
probados y estén presentes, dado que la ausencia de alguno de
ellos, afecta la tipicidad en su totalidad, excluyéndola.
Para proceder con dicho análisis, tenemos que la norma aplicada
en la especie por el A Quo es la establecida por el numeral 236
inciso 8) de la LGA:
“Multa de quinientos pesos centroamericanos. Será sancionada con
multa de quinientos pesos centroamericanos, o su equivalente en
moneda nacional, la persona física o jurídica, auxiliar o no de la
función pública aduanera, que:
(…)
8. En su calidad de transportista aduanero, inicie el tránsito o
presente los vehículos, las unidades de transporte y sus cargas,
fuera del plazo establecido para el tránsito aduanero.” (El
resaltado no corresponde al original)
Elementos objetivos del tipo: Partiendo de los elementos
brindados por el tipo transcrito, debemos en primer lugar
establecer el sujeto activo de la acción prohibida que se imputa en
la especie. Teniendo presente que el esquema general sobre
responsabilidad en materia de infracciones gira en torno a los
deberes y obligaciones impuestos por el Ordenamiento Jurídico
Aduanero, de forma tal que quien los cumpla no podrá ser
sancionado, pero quien los vulnere o incumpla deberá responder por
tal incumplimiento[footnoteRef:7] en el eventual caso que la
Administración estime que debe abrir un procedimiento tendiente a
imponer la sanción citada, por haber constatado los hechos y
circunstancias particulares del caso, haciendo la subsunción de la
actuación en el tipo normativo de la infracción, debiendo
efectuarlo contra el sujeto que corresponda de conformidad con la
ley. [7: La Ley General de Aduanas, en su numeral 230 define el
concepto de infracción administrativa o tributaria aduanera, como
toda acción u omisión que contravenga o vulnere las disposiciones
del régimen jurídico aduanero, sin que califique como delito.]
Para el tipo específico, el sujeto activo, es decir, la persona
que puede cometer esta infracción, y de acuerdo a lo estipulado por
el inciso 8) del artículo 236 de la LGA, debe tener una condición
especial previamente determinada por el legislador, requiere
necesariamente ser transportista aduanero. Así las cosas, se
comprueba en autos que la empresa XXX es transportista aduanero,
por lo que puede ser autor de dicha infracción, no presentándose
ningún problema en cuanto a la determinación de dicho elemento del
tipo, siendo que con posterioridad, al analizar la culpabilidad del
mismo, se ampliará el régimen de responsabilidades que el imputado
estaba llamado a respetar y cuyo incumplimiento genera el reproche
de que es objeto.
Es importante en este momento, reiterar la labor de coadyuvancia
de dichos auxiliares con la Administración, la cual los hace estar
sometidos a un régimen especial de responsabilidad, según ha
impuesto la Sala Constitucional; en efecto, desde el voto N°
2002-00843 del 30 de enero del 2002, se establece la obligación de
los auxiliares de la función pública aduanera de cumplir con los
deberes establecidos por ley, toda vez que, la actividad que
realizan dichos auxiliares, “...No se trata del ejercicio de
cualquier actividad comercial o empresarial sino que se refiere a
una labor de coadyuvancia con los órganos de la Administración
Pública en la gestión pública aduanera y que se les ha delegado por
parte del Estado en razón del cumplimiento de una serie de
requisitos previos que así lo permiten...”.
Continuando con este primer juicio de disvalor, tenemos que son
dos las conductas-verbo que se describen como violatorias del
régimen jurídico aduanero, que se configuran como núcleo del tipo,
a saber:
· Iniciar el tránsito fuera del plazo establecido,
· Presentar los vehículos, las unidades de transporte y sus
cargas, fuera del plazo establecido para el tránsito aduanero.
En el presente caso lo que se atribuye al transportista aduanero
es la primera acción, es decir que inició el tránsito fuera del
plazo legalmente establecido, toda vez que la Aduana de Limón
determinó que el tránsito amparado a las Declaraciones Aduaneras de
Tránsito de cita, iniciaron fuera del plazo de 72 horas establecido
por la normativa aduanera.
Respecto al incumplimiento en cuestión, tenemos que el RLGA
sobre el tema que nos ocupa, es claro en prescribir no solamente el
plazo para iniciar el tránsito aduanero, sino el responsable de
dicho inicio:
“Declaración del tránsito y régimen aduanero: Si no se ha
solicitado un régimen aduanero procedente, el transportista deberá
presentar una declaración para solicitar el tránsito aduanero y su
régimen aduanero inmediato, con los requisitos que establezcan los
reglamentos de esta ley. Una vez aceptada la declaración, el
transportista será responsable de iniciar el tránsito dentro del
término de las setenta y dos horas naturales siguientes; la aduana
señalará el plazo y la ruta para la realización del tránsito y
transmitirá a la aduana competente la información que corresponda.
De no iniciarse el tránsito en el plazo indicado, procede la multa
establecida en el artículo 236 de esta ley.
Por su parte, el Manuel de Procedimientos Aduaneros, en su
apartado referente al Procedimiento de tránsito aduanero, Políticas
Generales, artículo 22, establece en lo de interés:
El tránsito deberá iniciar en un plazo no mayor a 72 horas
naturales contadas a partir de la aceptación del DUA y deberá
realizarse por la ruta y en el tiempo de recorrido establecido. (…)
(El resaltado no corresponde al original)
De esta forma, en el caso de estudio se tiene que los DUA´s de
tránsito se aceptaron en fecha 15 de marzo de 2012 (ver hechos
probados 1 a 3), y por lo tanto autorizadas la movilización de las
unidades de transporte y sus mercancías sometidas a este régimen
temporal, al ser dicha fecha el evento que determina el momento en
que el transportista debe de iniciar el tránsito, iniciándose
entonces el cómputo del plazo de 72 horas naturales siguientes y
teniendo la obligación el transportista aduanero de cumplir el
inicio del transporte dentro del plazo señalado, pero por el
contrario, en la especie, al ser las 10:55 horas del 19 de marzo de
2012, momento en el cual se levanta el Acta de Inspección General
por parte de funcionarios de la Aduana de Limón, el tránsito no
había iniciado, encontrándose dichos contenedores aún en las
instalaciones del estacionamiento transitorio XXX (ver hecho
probado número 4), habiendo transcurrido 97 horas desde que se
autorizaran los referidos tránsitos.
Así, el inicio del referido tránsito fuera del plazo de las 72
horas establecidas por la normativa aduanera, es lo que da base a
la Autoridad Aduanera a iniciar el procedimiento sancionatorio
contra el auxiliar de la función pública, ya que se debió dar
inicio el mismo en apego a la normativa señalada supra.
De esta forma, conforme a lo expuesto, el transportista aduanero
XXX violentó las disposiciones normativas y administrativas
aduaneras emitidas a efectos de regular el inicio de los tránsitos
aduaneros, siendo que específicamente, según el numeral 140 de la
LGA transcrito supra, era el responsable de cumplir con el
tránsito.
En este punto es importante analizar los argumentos planteados
por el recurrente en relación a la incerteza y contradicción de
datos sobre los cuales emite el acto recurrido el A Quo, siendo que
a consideración de este Tribunal, los elementos de prueba en los
cuales la Administración basa la aplicación de la sanción,
indiscutiblemente apoyan la posición de la Aduana formulada en
autos, sobre los hechos de la imputación, efectuándose una absoluta
confirmación entre las evidencias dispuestas por el ente acusador y
el cuadro fáctico infraccional atribuido al auxiliar de la función
pública.
En primer lugar, tenemos que el Acta de Inspección General
número 426-2012 del 19 de marzo de 2012, levantada a los efectos
por funcionarios de la Aduana de Limón, y en la cual se confirma
que al ser las 10:55 horas de la fecha indicada, momento en que se
da inicio a las diligencias, y hasta las 11:50 horas del mismo día,
las unidades de transporte objeto del presente asunto, se
encontraban en el estacionamiento transitorio XXX, y por lo tanto
no se había dado inicio a los respectivos viajes, siendo que dicho
documento de conformidad con los numerales 369 y 370 del Código
Procesal Civil, se constituye en un documento
público[footnoteRef:8], que mientras no sea argüido de falso, se
configura en plena prueba en lo relativo a los hechos materiales
que los funcionarios públicos afirman que ocurrieron en su
presencia, siendo que, a pesar de lo expresado en la recurrencia
interpuesta y las pruebas aportadas, dicha prueba que obra en la
especie, no ha sido desvirtuada por los mecanismos que el
Ordenamiento Jurídico instituye, y por el contrario, la misma es
respaldada por elementos que poseen la misma fuerza probatoria. [8:
Se ha definido el documento público como el que "Es otorgado o
autorizado, con las solemnidades requeridas por la ley, por
notario, escribano, secretario judicial u otro funcionario público
competente, para acreditar algún hecho, la manifestación de una o
varias voluntades y la fecha en que se producen". (Guillermo
Cabanellas, Diccionario de Derecho Usual, pág. 739-740).]
En este sentido, tenemos la prueba del sistema informático Tica
que obra en autos, que respalda lo consignado en el acta de cita,
siendo terminante en cuanto a la fecha efectiva de salida y llegada
de las unidades de transporte, estableciendo que las mismas
salieron del estacionamiento transitorio en fecha 19 de marzo de
2012, lo cual es conforme con la referida acta, que establece la
permanencia de las mismas aún en las instalaciones del
estacionamiento transitorio XXX para las 11:50 horas de ese día,
indicando el referido sistema informático que el arribo de las
mismas a las instalaciones del XXX, operó también en la fecha
señalada, 19 de marzo de 2012.
En este punto, es importante resaltar el hecho de que los datos
del Tica fueron proporcionados por los auxiliares de la función
pública involucrados en la salida y llegada de las mercancías de
referencia, entiéndase el estacionamiento transitorio y el citado
almacén fiscal, quien dada su condición, se encuentran obligados a
coadyuvar en el control aduanero, correspondiéndole transmitir en
el sistema la fecha en que fueron despachadas y recibidas las
unidades de transporte, siendo que los cambios en el estado de los
viajes se generan en forma automática por el sistema, una vez que
los responsables de los lugares de ubicación de las mercancías,
registren los eventos de salida y llegada de la UT en el sistema
Tica.
En este sentido, sobre el uso del sistema informático como en un
medio de prueba, el artículo 106 de la LGA regula;
“Prueba de los actos realizados en sistemas informáticos. Los
datos y registros recibidos y anotados en el sistema informático,
constituirán prueba de que el auxiliar de la función pública
aduanera realizó los actos que le corresponden y que el contenido
de esos actos y registros fue suministrado por este, al usar la
clave de acceso confidencial o firma electrónica.
Los funcionarios o las autoridades que intervengan en la
operación del sistema, serán responsables de sus actos y de los
datos que suministren, según las formalidades requeridas y dentro
del límite de sus atribuciones, actos que constituirán instrumentos
públicos y, como tales, se tendrán por auténticos.
Cualquier información transmitida electrónicamente por medio de
un sistema informático autorizado por la Dirección General de
Aduanas, será admisible en los procedimientos administrativos y
judiciales como evidencia de que tal información fue
transmitida.
El expediente electrónico estará constituido por la serie
ordenada de documentos registrados por vía informática, tendientes
a la formación de la voluntad administrativa en un asunto
determinado, y tendrá la misma validez jurídica y probatoria que el
expediente tradicional”. (El resaltado no corresponde al
original)
De esta forma, la Administración implementa un sistema
informático para realizar las operaciones y procedimientos
aduaneros, siendo obligación del auxiliar de la función pública
hacer uso del sistema en la forma y por los medios que dispone la
Autoridad Aduanera, pero además las actuaciones que se realizan por
medio del sistema constituyen plena prueba en los procedimientos
administrativos y judiciales.
En el presente caso el viaje es tipo TRA y es generado en forma
automática en la aplicación informática Tica, una vez validada y
aceptada una declaración de tránsito o un DUA con control de
tránsito, y al momento de su creación, el sistema le asigna el
estado INI y la fecha y hora de su creación. Una vez cargada la UT
con las mercancías, si se trata del inicio del tránsito aduanero
desde las bodegas de un depositario aduanero o del inicio de la
movilización de la UT, si la misma se encuentra en un
estacionamiento transitorio por ejemplo, el responsable de la
ubicación de inicio del tránsito debe registrar en la aplicación
TICA, la salida efectiva de la unidad contenedora con mercancías,
evento ante el cual el sistema cambia el estado del viaje a salido
(SAL) y registra de nuevo la fecha de este evento, finalmente,
luego de la recepción efectiva de la UT y su carga, el responsable
del lugar de destino debe registrar ese evento en el sistema y de
igual forma se cambia automáticamente el estado del viaje, si
efectivamente se completó se registra como COM, así como la fecha y
hora. Los cambios de estado y las fechas se observan en la consulta
denominada “Detalle de los movimientos de un viaje”, disponible en
la página WEB del Ministerio de Hacienda, visible a folios 144 a
152 del expediente, los cuales respaldan el hecho de que el viaje
de las unidades de transporte de cita, tal y como ya se señaló,
inició hasta en fecha 19 de marzo de 2012.
De esta forma, tanto el acta levantada por los funcionarios de
la Aduana de Limón, como los datos que respaldan el día de salida y
llegada de las unidades de transporte en el sistema informático
Tica, respaldan la imputación que nos ocupa, resultando los mismos
coincidentes, elementos probatorios que no logran ser desvirtuados
por la prueba aportada por el recurrente.
Así, tenemos que como bien lo señala el A Quo, en relación a la
prueba aportada al dar contestación a la imputación, no resulta ser
producida por el auxiliar de la función pública que tiene la
posibilidad de certificar la salida de las unidades de transporte,
sea el estacionamiento transitorio, sino que es emitida por el
propio imputado y sin referencia alguna que logre relacionarlo con
la situación fáctica que se analiza en la especie, a diferencia de
la prueba del sistema informático TICA que obra en autos
respaldando la actuación del A Quo, donde el referido
estacionamiento transitorio estableció como fecha de salida de los
tránsitos de cita, el 19 de marzo de 2012.
Asimismo, la prueba aportada junto al escrito recursivo, se
constituye en impresiones simples de comprobantes de movimientos
que corresponden a dos de los tres viajes que se analizan en la
especie, documentos que si bien poseen un sello de reloj marcador
con la leyenda “XXX” y que data del 18 de marzo de 2012, pero
contrariamente como ya se señaló, dicho auxiliar de la función
pública indicó en el sistema informático Tica, cuya fuerza
probatoria ya se caracterizó, que los referidos tránsitos
culminaron en fecha 19 de marzo de 2012.
Como resulta evidente, la prueba de descargo no desvirtúa la
fuerza de plena prueba de los elementos probatorios en los cuales
basa la Administración su decisión de aplicar la sanción de cita,
por lo que contrario a los argumentos vertidos por el recurrente,
la prueba traída a los autos por el A Quo es categórica en
demostrar que el tránsito de las referidas unidades de transporte
no inició dentro de las 72 establecidas por la legislación
aduanera.
De esta forma, del análisis del resultado que ha supuesto el
desarrollo del presente procedimiento con relación a la prueba, se
llega a la convicción de que existe el correspondiente soporte
probatorio para respaldar la acusación efectuada, verificándose que
efectivamente el transportista aduanero incumplió con la obligación
que se imputa en autos, resultando la actuación de la Autoridad
Aduanera plenamente compatible con el derecho a la presunción de
inocencia, dado que las pruebas promovidas en autos en relación a
las afirmaciones fácticas del recurrente, en orden a la fijación
del hecho controvertido sobre el inicio del tránsito efectivo de
las unidad de transporte de cita, no otorgan la credibilidad
necesaria ni desvirtúan la certeza de los documentados sobre los
cuales se sustenta la actuación debidamente motivada de la Aduana,
ofreciendo suficiente garantía para rechazar cualquier duda, como
pretende plantear el recurrente.
Así las cosas, la actuación del auxiliar de la función pública
imputado en la especie, se adecúa en términos objetivos a las
condiciones del tipo establecido por el artículo 236 inciso 8) de
la LGA, restando analizar su configuración subjetiva.
Elemento subjetivo del tipo: Procede examinar si en la especie
puede demostrarse que la actuación de la imputada en relación a la
acción cuya tipicidad objetiva se demostró fehacientemente, supone
dolo o culpa, lo anterior dado que ambos aspectos conforman la
tipicidad subjetiva.
Debe realizarse entonces una valoración de la conducta del
posible infractor, lo cual requiere necesariamente del análisis de
la voluntad del sujeto que cometió la conducta ya objetivamente
tipificada, su intención o bien la previsibilidad que él mismo tuvo
del resultado final, dado que existe una relación inseparable entre
el hecho tipificado y el aspecto intencional del mismo. En las
acciones cometidas dolosamente, la representación mental del autor
alcanza a los elementos del tipo objetivo y el resultado, dado que
él mismo obra sabiendo lo que hace[footnoteRef:9], por lo que se
entiende el dolo como conocimiento y voluntad de realizar la
conducta infraccional. Por su parte, la culpa se caracteriza por
una falta al deber de cuidado que produce un resultado previsible y
evitable, debiendo existir una relación de determinación entre
ambos aspectos. De esta forma, de no concurrir alguno de los dos
elementos, la acción no es sancionable. [9: “... El delito doloso
se caracteriza por una coincidencia entre el tipo objetivo y el
tipo subjetivo: la representación del autor propia del tipo
subjetivo debe alcanzar a los elementos del tipo objetivo. En este
sentido es posible afirmar que en el delito doloso el autor obra
sabiendo lo que hace ...” Bacigalupo (Enrique), “DERECHO PENAL,
PARTE GENERAL”, editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2ª edición
totalmente renovada y ampliada, 1999, pág. 315]
Como ya se analizó, en la especie no existe duda que el imputado
incumplió con las disposiciones administrativas aduaneras sobre el
cumplimiento de tiempos de los tránsitos aduaneros. De acuerdo a
las circunstancias que mediaron en la configuración del
incumplimiento de cita, el imputado, como auxiliar de la función
pública, es claro que el transportista aduanero objeto de las
presentes diligencias, conocía los deberes a que estaba sujeto y
las consecuencias de su conducta, aspecto que de seguido se
desarrollará ampliamente, bastando a los efectos dejar establecido
que en razón de ello pudo prever el resultado en caso de no
realizar el viaje de repetida cita dentro de los tiempos
establecidos a los efectos, pero no existe prueba en expediente que
permita tener por demostrado que la actuación del transportista
aduanero XXX haya sido cometida con intención, esto es, que haya
omitido realizar el tránsito de las mercancías de referencia en el
plazo que las disposiciones transcritas disponen, y queriendo ese
resultado.
Contrariamente, si se logra demostrar en la especie la
configuración de la culpa en el actuar del imputado, existiendo una
clara y directa relación de causalidad entre su incumplimiento, la
falta de diligencia del auxiliar de la función pública y la
violación al control aduanero, este último aspecto será analizado
más adelante, siendo que para los efectos, se procederá a analizar
la culpabilidad del transportista aduanero imputado a la luz del
régimen de obligaciones al que la sujeta el Ordenamiento Jurídico
Aduanero.
El transportista aduanero es un auxiliar de la función pública
aduanera, encargado de las operaciones y trámites relacionados con
la presentación ante el Servicio Nacional de Aduanas, de los medios
de transporte y carga, con el fin de gestionar el ingreso, tránsito
o salida de las mercancías objeto de control aduanero,
encontrándose las mismas bajo custodia y responsabilidad del
transportista.[footnoteRef:10] [10: Artículos 12, 18 y 70 del
Código Aduanero Uniforme Centroamericano (en adelante CAUCA) 28 y
40 de la LGA.]
Ante tal caracterización, tenemos que el transportista aduanero
se configura en lo que la doctrina y la jurisprudencia
administrativa han denominado “munera publica”, figura que ha sido
definida por nuestro Tribunal Constitucional como: “personas
privadas que ejercen de forma permanente o transitoria una potestad
o competencia pública en virtud de habilitación legal o
contractual”[footnoteRef:11], “debe interpretarse que tales
profesionales ejercen transitoriamente potestades públicas,
actuando como lo que la doctrina ha denominado un munera publica o
colaborador de la administración pública… son aquellos particulares
que ejercen permanente o transitoriamente, potestades públicas
cuando han sido previamente habilitados.”[footnoteRef:12] De esta
forma, los transportistas aduaneros ejercen en forma privada una
función pública, lo cual hace necesario el establecimiento de una
serie de obligaciones y responsabilidades, que coadyuven a la
eficaz y transparente prestación de dichos servicios. [11:
Sentencia 15098 de las ocho horas cincuenta y dos minutos del 10 de
setiembre de 2010.] [12: Sentencia 13072 de las catorce horas
treinta minutos del 19 de agosto de 2009.]
Así, los transportistas aduaneros, llevan a cabo una labor de
coadyuvancia con los órganos de la Administración en la gestión
aduanera, condición que les ha sido delegada por parte del Estado,
previo cumplimiento de una serie de requisitos[footnoteRef:13], en
aras de proporcionar a los administrados una atención más técnica y
especializada. En razón de tales características, es que surge una
relación especial que liga al transportista con la Administración
Aduanera, colocándolos en una correspondencia de especial fuerza,
categorizada dentro de las relaciones de sujeción especial
señaladas por el artículo 14 de la Ley General de la Administración
Pública (en adelante LGAP)[footnoteRef:14]. [13: Ver artículos 29 y
41 de la LGA, 82 y 126 del Reglamento a la Ley General de Aduanas.]
[14: Artículo 14 LGAP: 1.- Los principios generales de derecho
podrán autorizar implícitamente los actos de la Administración
Pública necesarios para el mejor desarrollo de las relaciones
especiales creadas entre ella y los particulares por virtud de
actos o contratos administrativos de duración. 2.- Las limitaciones
y las sanciones disciplinarias, en este caso, podrán alcanzar hasta
la suspensión temporal de los derechos y bienes creados por la
Administración dentro de la relación especial, pero no la negación
ni la supresión de los mismos, ni de los otros propios del
particular. 3.- El Juez tendrá contralor de legalidad sobre los
actos de la Administración dentro de este tipo de relaciones. ]
Es evidente el nivel de importancia que representa el ejercicio
de las funciones desempeñadas por los auxiliares aduaneros en
general, y de los transportistas aduaneros en particular, los
cuales en el ejercicio de las facultades públicas otorgadas de
gestión aduanera, se encuentran dentro de un especial marco de
deberes y obligaciones. Así, el artículo 43 de la LGA concibe el
ámbito general de responsabilidad de los transportistas
aduaneros:
“Los transportistas aduaneros serán responsables de cumplir las
obligaciones resultantes de la recepción, la salida y el transporte
aéreo, marítimo o terrestre de las unidades de transporte y/o
mercancías, según corresponda al medio de transporte utilizado, a
fin de asegurar que lleguen al destino autorizado o salgan de él
intactas, sin modificar su naturaleza ni su embalaje, hasta la
entrega efectiva y la debida recepción por parte del auxiliar
autorizado, según las disposiciones de la Aduana de Limón y las
demás autoridades reguladoras del tránsito y la seguridad pública.”
(El resaltado no es del original)
Mientras que, atinente al ejercicio de las potestades públicas
que le son otorgadas, y específicamente en relación al caso que nos
ocupa, el mismo cuerpo legal señalado, en su artículo 42 inciso e)
establece como obligación de dichos auxiliares el transportar las
mercancías por las rutas legales habilitadas y entregarlas en el
lugar autorizado, dentro de los plazos que señalen las
disposiciones administrativas, en vehículos y unidades de
transporte que cumplan con las condiciones técnicas y de
seguridad.[footnoteRef:15] Así, el transportista aduanero XXX, en
apego a las disposiciones legales que regulan sus operaciones, de
previo a iniciar los viajes de cita, debió verificar y tener claro
que el tiempo establecido para iniciar los tránsitos era de 72
horas, y de esta forma tomar las previsiones del caso para cumplir
con el mismo, lo cual claramente no efectuó en la especie,
aconteciendo la demora que se reprocha en autos y que finalmente
sustenta la sanción objeto del presente procedimiento. [15: En
igual sentido se encuentra el inciso d) del artículo 37 del
Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (en
adelante RECAUCA) y los numerales 269, 270 y 271 del RLGA.]
De esta forma, ante el incumplimiento del régimen especial al
que se encuentran sujetos, los transportistas aduaneros asumen, no
solamente ante sus clientes, sino también ante el Estado, las
respectivas consecuencias que el Ordenamiento Jurídico Aduanero les
ha señalado previamente. Para dichos efectos, tal y como se señaló
supra, dentro de la Administración Pública, el Derecho Sancionador
tiene como finalidad mantener el orden del sistema y reprimir por
medios coactivos aquellas conductas contrarias al Ordenamiento
positivo; este poder sancionador es aquel en virtud del cual
“pueden imponerse sanciones a quienes incurran en la inobservancia
de las acciones u omisiones que le son impuestas por el
ordenamiento normativo administrativo, o el que sea aplicable por
la Administración Pública en cada caso.”[footnoteRef:16] De esta
forma, las sanciones administrativas son expresión de un legítimo
poder jurídico, el cual se encuentra destinado a velar por el
interés general, específicamente el garantizar el mantenimiento del
propio orden jurídico-administrativo. Así, a la Administración se
le atribuye dicha potestad con el fin de mantener el orden público
y asegurar el cumplimiento de determinadas relaciones y
disposiciones, tal y cual resulta ser la especial relación de
coadyuvancia existente entre los transportistas aduaneros y la
Administración Activa. [16: ESCOLA, Héctor. Compendio de Derecho
Administrativo. Tomo I. Buenos Aires, Argentina: Editorial Desalma.
1984, p. 207]
Por otra parte tenemos que el objetivo de la actividad aduanera
es alcanzar un equilibrio entre la agilización de los procesos para
ser competitivos y el ejercicio de un nivel adecuado de control del
tráfico del comercio exterior de las mercancías, de forma tal que
no lo obstaculice. Para lograr lo anterior se dio entonces un
traslado de varias de las funciones que anteriormente ejecutaba la
Aduana que pasaron a ser realizadas por los diferentes auxiliares
de la función pública autorizados, asumiendo por tanto su propia
responsabilidad, de ahí que lo que se tutela es el adecuado control
de la Aduana sobre el tráfico internacional de mercancías. Lo
anterior implica un cambio a su vez en el sector privado,
fortaleciendo a todos los actores que intervienen en el
procedimiento aduanero, adquiriendo un rol protagónico los
auxiliares de la función pública aduanera, a quienes nuestra
legislación aduanera los concibe como cogestores de la
administración pública, según lo estipulado en los artículos 11 del
CAUCA y 28 de la LGA, lo cual implica un régimen especial de
responsabilidades, tal y como anteriormente se caracterizó en el
apartado de excepciones, al contar con mayores requisitos y
obligaciones, entre las cuales destaca el deber de colaboración en
el control, puesto que les corresponde, entre otras, velar por el
cumplimiento de las obligaciones aduaneras y por la agilización de
los procedimientos y trámites, de conformidad con lo consignado por
los numerales 13 al 21 del CAUCA III.
En efecto, como lo ha venido reiterando este Tribunal, desde su
creación y en vasta jurisprudencia, y como igualmente lo ha
reconocido la Sala Constitucional, en el sentido de que los
auxiliares de la función pública tienen un rol preponderante frente
al Estado y no son simples intermediarios.[footnoteRef:17] Línea
que también comparte la Procuraduría General de la República en
relación con el transportista aduanero y que fue externada en la
audiencia de ley conferida en la acción de inconstitucionalidad
número 02-002947-0007-CO, que interpuso una empresa naviera contra
el artículo 140 de la LGA, sobre la especial responsabilidad de los
auxiliares en relación con la autoridad aduanera, al indicar que:
[17: Ver Sentencia no. 2003-11926 dictada a las 14 horas del 23 de
octubre del 2003, sobre el ejercicio privado de funciones públicas
por parte del transportista aduanero en su condición de auxiliar de
la función pública aduanera. ]
“… de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley
General de Aduanas, los transportistas aduaneros -personas físicas
o jurídicas- son auxiliares de la función pública aduanera
autorizados por la Aduana de Limón, lo que les coloca en una
relación de intensidad especial con la Administración, que debe
tomarse en cuenta al momento de analizar la normativa aplicable.
Señala que, sobre este aspecto la Sala en sentencia
2002-00843 indicó – entre otras cosas – que todo auxiliar de la
función pública aduanera ha de tener pleno conocimiento de sus
atribuciones, deberes y obligaciones desde el momento mismo en que
es autorizado para desempeñarse como tal y por ende, de las
sanciones que le podrían ser impuestas en caso de incumplimiento,
ya que en todo caso la responsabilidad recae sobre el auxiliar. En
este mismo sentido, la relación entre la Administración y los
agentes y transportistas aduaneros tiene características especiales
que hacen que su valoración sea distinta a otro tipo de relaciones,
al encontrarse dentro de la categoría de relaciones de sujeción
especial prevista en el artículo 14 de la Ley General de la
Administración Pública....”. (El subrayado y el resaltado no son
del original)
Se sigue de lo anterior, la relevancia que para el Fisco tiene
la participación de los auxiliares de la función pública en los
diferentes procedimientos aduaneros, al punto de que partiendo del
principio de buena fe y responsabilidad de sus actuaciones le ha
delegado parte de la gestión aduanera, de tal suerte que se han
convertido en sus coadyuvantes o cogestores. Paralelamente a ello,
los auxiliares por tal cogestoría han asumido un régimen de
responsabilidad no sólo frente a sus clientes sino también ante el
Fisco.
El transportista aduanero tiene el carácter de "munera
pubblica”, tal y como lo define la Sala Constitucional en la
Sentencia 2003-11926[footnoteRef:18], sobre el ejercicio privado de
funciones públicas por parte personas que ostenten la condición de
auxiliares de la función pública, al indicar expresamente: [18: Del
23/10/2003.]
“En el Derecho Administrativo se denomina "munera pubblica” al
sujeto privado que ejerce, permanente o transitoriamente, funciones
o competencias públicas cuando han sido previamente habilitados
legal o contractualmente convirtiéndose en vicarios de la
respectiva administración pública. El munera pubblica a diferencia
del funcionario público actúa a nombre y por cuenta propia o de
terceros y no de la Administración Pública que auxilia. La Ley
General de Aduanas establece en su Título III que son munera
pubblica o auxiliares de la función pública aduanera "…las personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, que habitualmente
efectúan operaciones de carácter aduanero, en nombre propio o en
representación de terceros ante el Servicio Nacional de Aduanas”.
El munera pubblico está sujeto a una relación de sujeción o
subordinación especial por lo que tiene una serie de obligaciones y
deberes que debe cumplir y observar a cabalidad. En este sentido,
el numeral 30 de la Ley General de Aduanas le establece un elenco
de obligaciones básicas, entre las que destacan, para el caso
concreto, la de "d) Efectuar las operaciones aduaneras por los
medios y procedimientos establecidos, de acuerdo con el régimen
aduanero correspondiente" y h) Cumplir con las demás obligaciones
que les fijan esta ley y sus reglamentos y con las disposiciones
que establezca la autoridad aduanera mediante resolución
administrativa o convenio"...” (El resaltado no corresponde al
original)
De esta forma, queda claro que el transportista aduanero tiene
una relación de sujeción o supremacía especial, existiendo una
responsabilidad concreta de dicho auxiliar, y como consecuencia de
esa relación previa administrativa es que está sujeto a una serie
de obligaciones y deberes. Como ya se señaló líneas atrás, el
transportista aduanero debe cumplir las obligaciones resultantes de
la recepción, la salida y el transporte de las unidades de
transporte y mercancías, ello según las disposiciones de la Aduana
de Limón y las demás autoridades reguladoras del tránsito y la
seguridad pública, siendo que el imputado en la especie incumplió
con el inicio del transporte de la mercancía de referencia, siendo
que dicho desacato es un hecho incuestionable dentro en
expediente.
En síntesis, el recurrente, como auxiliar de la función pública,
era conocedor de la obligación ya caracterizada, pero no la llevó a
la práctica, siendo que de la trascripción de las normas citadas y
aplicadas por la Aduana para sustentar y fundamentar la sanción
impuesta, hace ver este Tribunal, que en la especie lleva razón el
A Quo en señalar que la conducta que se le imputa al recurrente, le
es aplicable bajo la condición de falta al deber de cuidado.
Así, como auxiliar de la función pública, a pesar de encontrarse
sujeto de manera directa a los deberes y obligaciones que le impone
la ley, y aun cuando evidentemente conocía el régimen obligacional
que como transportista aduanero estaba intimado a acatar, en razón
del especial ejercicio de una función pública que le es delegada
por imperio de ley, optó por no ajustar su comportamiento a dichas
disposiciones, violentando el Ordenamiento Jurídico Aduanero.
Asimismo, es del conocimiento del recurrente como auxiliar de la
función pública aduanera que la legislación le sanciona si no
cumple con sus obligaciones legales, por lo que del análisis de
todos los elementos de la culpa efectivamente se determina que el
auxiliar de la función pública XXX, ha actuado en forma negligente,
incumpliendo con su deber de iniciar en tiempo el tránsito de las
unidades de transporte y las mercancías amparadas a las
Declaraciones Aduaneras de Tránsito objeto del presente asunto,
obligado a ello en virtud de las disposiciones establecidas.
La existencia de la culpa se determina cuando, obrando sin
intención y sin la diligencia debida se configura una falta a un
deber objetivo de cuidado que causa directamente un resultado
dañoso previsible y evitable. Así tenemos, entre las formas de
culpa el incumplimiento de un deber (negligencia) o el
afrontamiento de un riesgo (imprudencia); siendo que por las
razones expuestas, es perfectamente procedente reprochar en grado
de culpa, al sujeto pasivo del presente procedimiento, la
infracción que en la especie se conoce. De manera que, en razón de
las funciones del transportista aduanero, como auxiliar de la
función pública aduanera, en la especie existe culpa a título de
negligencia, por la falta de cuidado en el ejercicio de sus
funciones.
En efecto, en el caso concreto la culpa resulta evidente y
notoria en el tanto el auxiliar de la función pública imputado,
como coadyuvante de la Administración, no puede desconocer sus
obligaciones como tales, y mucho menos desconocer una disposición
de control emitida por Autoridad Aduanera. Así considera este
Colegio, que la infracción en el presente caso se puede imputar a
título de culpa, en el tanto no es aceptable que el transportista
aduanero imputado, sabiendo que debía cumplir con el tránsito de
cita en un máximo de ocho horas, no lo haya hecho, efectuando el
mismo en más de once horas, de tal suerte, que dicha omisión
efectivamente configura una violación del Ordenamiento
Jurídico.
En razón de lo expuesto, es posible establecer el nexo causal
entre la falta de cuidado atribuida y el resultado producido. De
esta forma, la conducta desplegada por el imputado resulta
subjetivamente típica de la infracción que se está analizando, de
la cual ya se había comprobado su adecuación objetiva, por lo que
debe continuarse con el análisis de antijuridicidad, con el fin de
seguir con el estudio de los elementos fundamentales que permitan
controlar el iter lógico seguido por el A Quo para imponer la
sanción de cita, todo ello dado que ya se efectuó el encuadramiento
de tipicidad, restando establecer si los hechos imputados son
lesivos de un bien jurídico tutelado, si existía permisión alguna y
finalmente, si no era así, proceder de inmediato al análisis de
culpabilidad.
Antijuridicidad: Se constituye en un atributo con que se
califica al comportamiento típico, para señalar que el mismo
resulta contrario al Ordenamiento Jurídico, constituyendo de esta
forma uno de los elementos esenciales del ilícito administrativo,
por lo que la comisión culpable de conductas tipificadas como
infracciones, tal y como acontece en la especie, no podrán ser
sancionadas a menos que las mismas supongan un comportamiento
contrario al régimen jurídico, siendo que para establecer tal
circunstancia, es necesario el análisis de las causas de
justificación, o lo que se conoce como antijuridicidad formal, y la
afectación o puesta en peligro del bien jurídico tutelado, o
antijuridicidad material, “… una acción antijurídica es formalmente
antijurídica en la medida en que contraviene una prohibición o
mandato legal; y es materialmente antijurídica en la medida en que
en ella se plasma una lesión de bienes jurídicos socialmente
nociva, y que no se puede combatir suficientemente con medios
extrapenales…”[footnoteRef:19]. (El resaltado no corresponde al
original) [19: Roxin, Claus. Derecho Penal, Parte General, Tomo I,
Civitas, Madrid, 1997, pág. 558.]
Antijuridicidad formal: El primero de los aspectos que se debe
ventilar a nivel de la antijuridicidad, es que no exista ningún
permiso o justificación por parte del Ordenamiento Jurídico para la
conducta típica desplegada por la imputada, sea que no concurra
ninguna causa de justificación, lo cual determinaría la
inexigibilidad de responsabilidad. El autor costarricense Francisco
Castillo González expone esta idea al señalar:
"Conforme a lo anterior, en la estructura tripartita del delito,
que sigue la doctrina dominante, la cual distingue entre tipicidad,
antijuridicidad y culpabilidad, las causas de justificación
pertenecen a la antijuridicidad. El juicio de antijuridicidad
definitivo se da en un caso concreto cuando ha ocurrido la
realización del tipo penal y no existe una causa de justificación.
Las causas de justificación son, desde el punto de vista,
principios jurídicos que establecen permisiones bajo determinadas
circunstancias; es decir, que dejan sin efecto el tipo prohibitivo
(que proscribe o que manda algo), en tanto que cuando ellas existen
el comportamiento típico no es antijurídico. La antijuridicidad, si
se realizó el tipo penal, es una pregunta negativa, en el sentido,
de que el aplicador del derecho solamente se pregunta por la no
existencia de la causa de justificación. Y el orden en que deben
plantearse las preguntas en un caso práctico también está
establecido: primero, debe verse la realización del tipo; una vez
determinado este problema debe el juzgador preguntarse si no hay la
ausencia de una causa de justificación, para establecer la
existencia de un hecho típico y antijurídico. Para la relación
entre la tipicidad, es decir, para la coincidencia del
comportamiento con un delito tipo descrito en la ley y la norma
prohibitiva violada, y la antijuridicidad, vale lo siguiente: Por
medio de la realización del tipo se realiza lo injusto típico, pero
esta realización está condicionada a que el comportamiento típico
no esté justificado. Por ello, la tipicidad del hecho implica un
juicio de valor negativo provisional, mientras que la ausencia o la
exclusión de una causa de justificación, posibilita un definitivo
juicio de disvalor sobre el hecho concreto. Vista desde este
ángulo, la tipicidad "indicia" la antijuridicidad."[footnoteRef:20]
[20: Castillo González Francisco. Legítima defensa. San José, Costa
Rica, Editorial Jurídica Continental, 2004, págs. 173-174.]
De esta forma, en relación a posibles eximentes de culpabilidad,
considera este Colegiado que en la especie no se ha configurado la
existencia de ninguna de las causales contenidas en el numeral 231
de la LGA[footnoteRef:21], mismas que excluirían la antijuridicidad
y convertirían la conducta típica y aparentemente contraria a
derecho de la imputada, según el estudio ya efectuado, en una
conducta lícita y permitida. [21: El mismo en lo que respecta,
dispone: “…Serán eximentes de responsabilidad los errores
materiales o de hecho sin perjuicio fiscal, la fuerza mayor y el
caso fortuito, en aplicación de los principios de razonabilidad y
proporcionalidad. …” ]
Primeramente, es claro que en el caso que nos ocupa, no estamos
ante la presencia de un simple error material[footnoteRef:22];
tenemos que sobre dicho eximente de responsabilidad la doctrina no
coincide siempre sobre la definición de su concepto, pero en
términos generales si hay consenso de que se trata de un error
manifiesto, ostensible e indiscutible, implicando por sí solo la
evidencia del mismo sin mayores razonamientos y exteriorizándose
por su sola contemplación. [22: El Artículo 157 de la Ley General
de la Administración Pública indica que la Administración en
cualquier tiempo puede rectificar los errores materiales o de hecho
y los aritméticos.]
Constituye una mera equivocación elemental, una errata, tales
como, errores mecanográficos, defectos en la composición
tipográfica, entre otros, cuyos actos que contienen este tipo de
error, su declaración jurídica es válida y lo que ocurre es una
anomalía en su exteriorización, al ser el error patente y claro,
sin necesidad de acudir a interpretación de normas jurídicas. De
ahí que vistas las características configuradoras del error
material, la eximente de responsabilidad contenida en el numeral
231 de la LGA, que excluye la antijuridicidad en caso de estar
frente a errores materiales, no opera en la especie, pues la acción
imputada al auxiliar de la función pública recurrente no se trata
de una simple equivocación elemental, sino por el contrario, es
claro que ha incumplido en forma negligente con su deber de iniciar
los viales de referencia dentro de los términos establecidos,
estando obligada a ello en virtud de los deberes y
responsabilidades que el Ordenamiento Jurídico le impone como
transportista aduanero.
Asimismo no se da la fuerza mayor, por la que se entiende un
evento o acontecimiento que no haya podido preverse o que, siendo
previsto no ha podido resistirse[footnoteRef:23], ni el caso
fortuito[footnoteRef:24] o evento que, a pesar de que se pudo
prever, no se podía evitar aunque el agente haya ejecutado un hecho
con la observancia de todas las cautelas debidas. La situación que
operó en el presente asunto, es totalmente previsible tal y como
quedó evidenciado al momento de determinar la culpa de la actuación
del imputado, ya que dependía en todo momento de la voluntad del
hombre y pudo evitarse, XXX pudo tomar las medidas necesarias e
iniciar los tránsitos dentro de las 72 horas establecidas a los
efectos, siendo que como ya se señaló en el apartado de la
tipicidad subjetiva, el transportista aduanero debió tomar todas
las medidas necesarias para cumplir con sus obligaciones, sin que
existan circunstancias o causas que justifiquen su omisión, tal y
como ha quedado debidamente demostrado supra. [23: Diccionario
Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, página 174] [24: De
conformidad con el tratadista Eugenio Cuello Calón, el elemento
básico del caso fortuito es que sea irreprochable, y citando a
Antolisei indica que existe “cuando el autor del hecho no puede
hacerse ningún reproche, ni aún de simple ligereza. Derecho Penal,
Tomo I, Parte General, Volumen Segundo, página 542.]
Antijuridicidad material: No basta que la conducta imputada se
ajuste objetiva y subjetivamente a los diferentes elementos que
conforman la norma infraccional, y que no existan causales que
justifiquen el accionar del imputado, es necesario también que el
bien jurídico protegido por el tipo aplicado, se haya lesionado o
puesto en peligro en razón de las actuaciones del sujeto
accionado.
El bien jurídico se constituye en el “para qué del tipo se
convierte en una herramienta que posibilita la interpretación
teleológica (de acuerdo a los fines de la ley) de la norma
jurídica, es decir, un método de interpretación que trasciende del
mero estudio formal de la norma al incluir en él el objeto de
protección de la misma, cuya lesión constituye el contenido
sustancial del delito. La importancia del análisis del bien
jurídico como herramienta metodológica radica en que el valor de
certeza del derecho (tutelado por el principio de legalidad
criminal), a la hora de la interpretación de la norma, viene
precisamente de entender como protegido sólo aquello que el valor
jurídico quiso proteger ni más ni menos.”.[footnoteRef:25] [25:
Sala Constitucional, resolución número 6410-96, de las 15:12 horas,
del 26 de noviembre de 1996.]
Para el caso concreto, el bien jurídico tutelado por el tipo,
como ya se adelantó supra, es el control aduanero. La vulneración
del régimen jurídico por el incumplimiento de una obligación –haber
cumplido el tiempo establecido en el inicio del tránsito de las
mercancías de cita -, constituye un incumplimiento que está
directamente relacionado con el control.
En el ejercicio del control aduanero, debemos tener presente que
se verifica el correcto cumplimiento de los deberes de los
diferentes sujetos que intervienen en escena, y es por medio de la
obligaciones como la que se imputa incumplida en la especie, que se
permite efectuar el control de forma más eficiente. Así, el
artículo 236 inciso 8) de la LGA, es una norma por medio de la cual
se tutela el control aduanero, de ahí que resulta necesario, hacer
referencia a la importancia que reviste el control para la
Autoridad Aduanera, en virtud de que a los auxiliares de la función
pública aduanera, les corresponde coadyuvar con el ejercicio del
control bajo un régimen especial de responsabilidades, al contar
con mayores requisitos y obligaciones, entre los cuales destaca el
deber de colaboración para llevar a cabo el control, puesto que les
corresponde, velar por el cumplimiento de las obligaciones
aduaneras y aplicar las regulaciones establecidas por ley, y por
consecuencia su incumplimiento acarrea una sanción, misma que fue
instruida y determinada por la Aduana. Desde este punto de vista es
claro que los hechos imputados inciden en el efectivo control que
debe ejercer la Administración Aduanera sobre la actuación de sus
auxiliares.
Con base en lo expuesto, en cuanto a la lesión al bien jurídico
protegido, se logra establecer en autos que la conducta desplegada
por el imputado afectó el control aduanero, siendo que su falta al
deber de cuidado que se le imponía resultó idónea para producir el
referido menoscabo, configurándose con ello la antijuridicidad
formal de la imputación efectuada en la especie.
Establecida la antijuridicidad de la conducta acusada en la
especie, tanto en su vertiente formal como material, resta examinar
el conocimiento que de dicha antijuridicidad poseía la agente
aduanera imputada y la exigibilidad de un comportamiento distinto
respecto del mismo, que partirá del supuesto de que dicho autor, en
el caso concreto, pudo comportarse de manera diferente a como lo
hizo, es decir, tenía todas las posibilidades de no cometer el
ilícito infraccional, por tener capacidad para motivarse y conocer
el carácter ilegítimo de la conducta.
Culpabilidad:
Conforme lo expuesto, en el último estadio por desarrollar en el
presente análisis, debe establecerse si estamos ante una conducta
culpable en sus diferentes aspectos; siendo que el reproche hacia
la conducta que se ha demostrado típica y antijurídica, sobreviene
por no haber actuado el transportista aduanero como el derecho
disponía cuando podía hacerlo, de acuerdo a ello, la culpabilidad
se define como “…el juicio de reproche personal que se dirige al
sujeto por la razón de que, no obstante poder cumplir las normas
jurídicas, llevó a cabo una acción constitutiva de un tipo penal;
es decir, en atención a que realizó una conducta prevista como
delito pese a que estaba en situación de actuar de modo
distinto…”[footnoteRef:26]. La reprochabilidad presupone la
capacidad de motivarse por la norma, siendo que quien realiza un
hecho típico y antijurídico, será culpable si podía obrar de otra
manera; así, bajo la teoría del tipo complejo, que va de la mano
con la teoría normativa de la culpabilidad, la estructuración del
tipo tal y como se analizó supra, con el dolo y la culpa como
aspectos alternativos del tipo subjetivo, la culpabilidad se reduce
a la constatación de tres elementos: la imputabilidad, el
conocimiento del injusto y la exigibilidad de la conducta conforme
a derecho[footnoteRef:27]. [26: Córdoba Roda, Juan. Culpabilidad y
pena. BOSCH, Casa Editorial, S.A., Barcelona, 1977, p. 16.] [27:
González Castro, José Arnoldo, op.cit, p. 115.]
No existe duda que la actuación del auxiliar de la función
pública imputado en la especie, podía determinarse de acuerdo con
el régimen jurídico que le cobijaba, siendo que no consta en autos
elemento probatorio o argumento alguno que haga suponer que el
recurrente no tuviera la posibilidad de disponer las medidas
necesarias para haber cumplido el tiempo de inicio del tránsito
establecido en la normativa aduanera. Por lo tanto, no constan
bases para determinar la existencia de circunstancia alguna que
incidiera en la posibilidad de cumplir con su obligación,
existiendo una reprochabilidad directa al sujeto imputado, que
deriva del bien jurídico protegido, siendo la misma capaz de
reprochabilidad al violar una norma que rige su desempeño como
auxiliar de la función pública, y de esta forma realizar la
infracción administrativa imputada.
Por su parte, la atribución que supone la culpabilidad sólo
tiene sentido frente a quien conoce que su hacer está prohibido,
pues de lo contrario, este no tendría motivos para abstenerse de
hacer lo que hizo. Así, el conocimiento de la ilicitud que implica
la conciencia de que se actúa contra lo establecido por el
Ordenamiento Jurídico, se excluye ya sea por error, por la
ignorancia del carácter ilícito de lo que se hace, o ante la falsa
creencia de que se actúa justificadamente, aspectos que no tienen
asidero probatorio en la especie de haberse configurado. Se
entiende que la norma solo puede motivar al individuo en la medida
en que este pueda conocer, aún a grandes rasgos, el contenido de
sus prohibiciones, a contrario sensu, si el sujeto desconoce que su
actuación está prohibida, no tiene razón para abstenerse de su
realización.
Al respecto, nótese como el imputado, como auxiliar de la
función pública, tiene plena capacidad de comprender la
antijuridicidad de la conducta imputada, lo mismo que el hecho de
que la misma no se adecua al régimen de responsabilidades al que se
encuentra sometida, por lo tanto, no cabe duda de que nos
encontramos ante una conducta típica y antijurídica, cuyo resultado
era perfectamente previsible y evitable por parte del sujeto activo
de la infracción, de haber atendido el deber de cuidado que le era
exigible, siendo que el reproche de la conducta imputada se efectúa
en razón de que el transportista aduanero XXX no ha respondido a
los deberes a él impuestos por el régimen de responsabilidades
asignadas por el Ordenamiento Jurídico, sin que consten en autos
pruebas de circunstancias que de alguna manera pueden haber
afectado la falta al deber de cuidado que le demandaba la norma al
auxiliar de la función pública imputado. No se configura en la
omisión acusada, la existencia de desconocimiento o ignorancia en
torno al carácter ilícito del hecho, siendo que dada la condición
que el mismo ostenta como auxiliar de la función pública, conocía
que las circunstancias le exigían el cumplimiento del tiempo de
inicio para el transporte de mercancías.
De los autos se tiene por acreditado que concurría el
conocimiento actual de la ilicitud del acto imputado, mismo que
como se analizó, se configura en una falta a su deber de cuidado;
siendo que el sujeto activo de la infracción acusada, tuvo la
posibilidad real de conocer el injusto, estando al tanto de su
deber de iniciar los tránsitos de referencia en el plazo máximo de
setenta y dos horas, y de esta forma ajustarse a los lineamientos
del Ordenamiento Jurídico Aduanero, sabiendo que la observancia de
la norma le era exigible.
Finalmente, una vez que el sujeto tiene conciencia de la
antijuricidad del acto, tal y como se ha comprobado que aconteció
en la especie, tiene el deber de adecuar su conducta acorde con
dicha comprensión, precisamente para conducirse conforme al mandato
que le impone el Ordenamiento Jurídico, siendo que la exigibilidad
de actuar conforme a derecho está referida a la posibilidad real de
que el sujeto imputado realice lo que se espera de él. Al respecto,
como ya se adelantó, la falta al deber de cuidado acusada en la
especie, radica en la omisión de iniciar los tránsitos de las
unidades de transporte y las mercancías amparadas a las
Declaraciones Aduaneras de Tránsito de cita, dentro de las 72 horas
señaladas por el Ordenamiento Jurídico Aduanero, por lo que en
relación a la misma es que debe establecer la posibilidad que
poseía el imputado al momento de los hechos de ajustarse a los
lineamientos que la legislación aduanera le exigía, siendo que en
autos, como ya se analizó supra, no existe justificación alguna
para su omisión.
De esta forma, a pesar de contar con la posibilidad de efectuar
la obligación que se acusa omitida, el imputado incumplió con
iniciar el tránsito dentro del tiempo previsto, por lo que, dada la
configuración del cuadro fáctico analizado, se puede determinar que
le era exigible la realización del comportamiento jurídicamente
correcto que se configura en el núcleo del objeto de la presente
litis, perfeccionándose de esta forma el juicio completo de
culpabilidad.
Con base en el juicio de exigibilidad efectuado, es posible
imputar al transportista aduanero XXX la realización del injusto
infraccional ya caracterizado supra, dado que tenía capacidad de
conocer el carácter ilícito de los actos y de ajustar su conducta a
esa comprensión, además de que conocía la ilicitud de su proceder
sin que exista alguna causa que le impidiera realizar una conducta
adecuada al Ordenamiento Jurídico Aduanero, por lo tanto, la acción
típica y antijurídica desarrollada en la especie, pueda serle
atribuida al sujeto imputado como una conducta libre y voluntaria y
por ende, pueda serle reprochada, mediante la imposición de la
sanción prevista para la infracción concreta.
Sanción:
Una vez establecido el reproche hacia el sujeto imputado en la
especie, debe concretarse la imposición de la sanción. Respecto al
artículo 236 inciso 8) de la LGA, el mismo sanciona con una multa
de quinientos pesos centroamericanos o su equivalente en moneda
nacional, por cada uno de los incumplimientos de las conductas que
al mismo se ajusten, tal y como sucede en la especie, en donde de
conformidad con el tipo de cambio vigente al momento de los hechos,
se estableció una multa de ¢767.220,00.
Así, y en razón del vicio en el motivo que señala el recurrente,
como uno de los elementos esenciales e integradores de toda
actuación administrativa, identificándosele doctrinariamente con la
causa y constituyéndose en el “por qué” del acto, como “los
antecedentes, presupuestos o razones jurídicas (derecho) y fácticas
(hechos) que hacen posible o necesaria la emisión del acto
administrativo y sobre las cuales la Administración Pública
entiende sostener la legitimidad, oportunidad o conveniencia de
éste”[footnoteRef:28]. Tenemos que en la especie, de conformidad
con lo señalado supra, la aprehensión de los hechos y su
calificación jurídica efectuada por el A Quo generan que la
manifestación de voluntad de la Administración se configurara
adecuadamente, partiendo de supuestos de hecho y derecho
debidamente comprobados, apreciados y calificados adecuadamente por
la Administración, ocasionando que los antecedentes que provocan el
acto recurrido se ajusten a derecho, comprobando comprobado la
existencia objetiva de los premisas previstas por la ley. [28:
Jinesta Lobo Ernesto. “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo I,
Primera Edición, Editorial Biblioteca Jurídica Diké, Santa Fe de
Bogotá, Colombia, 2002, página 370.]
Asimismo, aún y cuando el recurrente señala un vicio en el
contenido del acto, tenemos que, con base en el análisis planteado,
este Tribunal considera que lo declarado por parte de la
Administración, sea la declaración de voluntad expresada en la
especie incluida la multa establecida, abarcan todos los elementos
integrantes del fondo del asunto, basado en los hechos y
fundamentos de derecho establecidos desde el acto inicial,
ajustándose al Ordenamiento Jurídico y siendo adecuado a sus
fines.
En razón de lo expuesto, a las consideraciones de hecho y de
derecho y en atención a la evidente y demostrada violación del
deber de atención y diligencia por parte del transportista aduanero
en la especie, al incumplir con la obligación ya ampliamente
caracterizada, y siendo la negligencia, una de las formas en que se
manifiesta la culpa, y al no operar eximentes de responsabilidad,
mediando la aplicación de la sana crítica a la hora de valorar los
elementos probatorios existentes en autos, y con base en los
razonamientos expuestos, es que éste Colegiado no vislumbra duda
razonable alguna, que impida la aplicación de la sanción objeto de
la presente litis en contra del aquí recurrente.
De esta forma, descartándose la existencia de defensas previas y
de fondo, lo mismo que de nulidad alguna que vicie el presente
procedimiento, y habiéndose constatado que la omisión del
transportista aduanero XXX se subsume a la infracción contenida en
el numeral 236 inciso 8) de la LGA, poseyendo todos los elementos
exigidos por el tipo, además de hallarse inmersa en la forma
subjetiva de la culpa, comprobándose la violación al bien jurídico
protegido sin que se encuentre amparada por una causa de
justificación, considera este Órgano de Alzada como correcta la
imposición de la sanción de cita a la recurrente, procediéndose a
confirmar lo actuado por la Aduana de Limón.
POR TANTO
Con fundamento en el artículo 104 del Código Aduanero Uniforme
Centroamericano, los artículos 198, 205 a 210 de la Ley General de
Aduanas y demás consideraciones de hecho y de derecho establecidas,
por mayoría este Tribunal declara sin lugar el recurso y confirma
la resolución recurrida. Remítase los autos a la oficina de origen.
Voto salvado del Licenciado Reyes Vargas quien declara la nulidad
de la resolución número RES-AL-DN-482-2017 y en consecuencia ordena
reponer el procedimiento al momento previo a su dictado.
Notifíquese al recurrente al fax: XXX, y a la Aduana de Limón al
medio disponible.
Loretta Rodríguez Muñoz
Presidente
Elizabeth Barrantes Coto Alejandra Céspedes Zamora
Shirley Contreras Briceño Rocio Castillo Mora
Desiderio Soto Sequiera Dick Rafael Reyes Vargas
Voto particular del licenciado Reyes Vargas. No comparte el
suscrito lo resuelto y por ello salvo el voto con sustento en las
siguientes consideraciones:
Con la resolución número RES-AL-DN-482-2017 del 27 de marzo de
2017 dispone el gerente de la Aduana de limón anular el acto final
del procedimiento en revisión dictado con la resolución número
RES-AL-DN-1716-2017 del 24 de junio de 2015.
En el segundo párrafo de la tercera de las consideraciones hace
ver dicha instancia que al existir un error material que acarrea la
nulidad absoluta del acto se ordena su corrección y nuevo
dictado.
Por su parte la Ley General de la Administración Pública en el
Capítulo V del Título VI al regular la revocación del Acto
Administrativo en su artículo 157 nos indica que en cualquier
tiempo podrá la administración rectificar los errores materiales o
de hecho y los aritméticos, dando a entender que tales no tienen la
virtud de ser o constituir causa de revocación.
Así las cosas, si tales errores no permiten fundamentar un acto
revocatorio con menos razón pueden serlo para uno anulatorio. Por
su parte, y considerando que no se indica cual es el elemento
constitutivo del acto que falta, ni como dicho error puede generar
indefensión, a los efectos de el numeral 166 de la LGAP y del
derech
