Ministerio de Hacienda - República de Costa Rica 407... · Web viewen representación de XXX S.A., declaró en dos líneas la destinación al régimen de importación definitiva,

Expediente N° 334-2020 Voto N° 453-2020 Sentencia N° 407-2020

Sentencia número 407-2020. Tribunal Aduanero Nacional, San José, a las nueve horas con veintitrés minutos del primero de octubre de dos mil veinte.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor XXX en su condición de agente aduanero, contra el ajuste operado en el despacho a la Declaración Aduanera de Importación Definitiva número XXX del 22 de mayo de 2018 de la Aduana de Caldera.

RESULTANDO

I. Mediante Declaración Aduanera de Importación número XXX del 22 de mayo de

2018 de la Aduana de Caldera, el agente aduanero señor XXX en representación

de XXX S.A., declaró en dos líneas la destinación al régimen de importación

definitiva, mercancía constituida por 420 bultos de “Hipoclorito de calcio

comercial”, aplicando el beneficio arancelario dispuesto en el Tratado de Libre

Comercio entre la República de Costa Rica y la República Popular China, Ley

8953 del 13 de junio de 2011, publicada en el Alcance número 33 del Diario Oficial

La Gaceta número 119 del 21 de junio de 2011 (en adelante Tratado o TLC). (Ver

folios 32 a 49)

II. Durante el ejercicio del control inmediato y luego de la revisión documental y física

a la que fue sometida la Declaración Aduanera de cita, el funcionario encargado

desaplica el trato arancelario preferencial solicitado, argumentando a los efectos:

“…PROCEDE ESTA AUTORIDAD COMO RESULTADO DEL PROCESO DE REVISION DOCUMENTAL A DESAPLICAR EL TRATADO ARANCELARIO PREFERENCIAL SOLICITADO EN LAS LINEAS N. 0001 A 0002 DEL DUA DE MARRAS, LUEGO DE VISUALIZAR Y ANALIZAR LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS COMO ORIGINALES ANTE ESTA ADUANA ASI COMO LAS IMAGENES TRANSMITIDAS AL SISTEMA INFORMATICO TICA, SE DETERMINA

1

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QUE:1-) EL CERTIFICADO DE ORIGEN No.1518415700000902 (CONSTA DE UNA PAGINA), NO INDICA EN LA CASILLA N.14 LA FIRMA DEL CUERPO AUTORIZADO PARA FIRMAR EL DOCUMENTO, SOLO VIENE EL SELLO, LA CIUDAD Y FECHA PERO NO LA FIRMA, EL ARTICULO 37 DEL TRATADO INDICA, EL CERTIFICADO DE ORIGEN 1. Para que las mercancías originarias califiquen para el trato arancelario preferencial, el certificado de origen según lo establecido en el anexo 4 (CERTIFICADO DE ORIGEN) ...: INCISO d) contendrá elementos de seguridad tales como las firmas o sellos que hayan sido anunciados a la Parte importadora de la Parte exportadora. ANEXO 4 Certificado de Origen CAMPO 14: El campo será completado. Firmado, fechado y sellado por la persona autorizada de la entidad autorizada. Se debe dar el número de teléfono, fax y dirección de la entidad autorizada. COMO SE APUNTA EN ESTE ARTICULO 37 INCISO d) Y ANEXO 4 LA NO FIRMA DE PARTE DE LA AUTORIDAD EN ESTE CASO ES EL CERTIFICADO COLOR CREMA QUE EMITE CHINA COUNCILEOR FOR THE PROMOTION OF INTERNATIONAL TRADE, DA COMO CONSECUENCIA LA DESAPLICACION DELTRATATO ARANCELARIO PREFERENCIA CONFORME LO ESTABLECE EL ART. 45 PARRAFO UNO UNA PARTE PUEDE DENEGAR EL TRATO ARANCELARIO PREFERENCIAL A UNA MERCANCÍA CUANDO: INCISO E) EI certificado de origen no ha sido debidamente completado, firmado o sellado de conformidad con las disposiciones de este Capítulo …”

En razón de lo expuesto, se determina un adeudo en favor del Fisco por la suma

de ¢1.185.538.08. Dicho ajuste se notifica el día 28 de mayo de 2018. (Ver folio

41)

III. El día 07 de junio de 2018 el agente aduanero señor XXX en representación de

XXX S.A., interpone en el Sistema Tic@ los recursos de reconsideración y

apelación en contra del ajuste referido en el Resultando anterior. (Ver folios 10 y

17)

IV. El A Quo por Resolución RES-CALD-DN-0403-2020 del 15 de julio de 2020,

rechaza el recurso de reconsideración interpuesto en el Sistema Tic@,

manifestando en esencia que “…En la casilla N° 14 del certificado

No.1518415700000902 no se muestra la firma del cuerpo autorizado para firmar el

documento, solo viene el sello, la ciudad y fecha pero no la firma, el artículo 37 del tratado

menciona que para que las mercancías originarias califiquen como originarias, el

certificado de origen, según lo establecido en el anexo 4 (certificado de origen) inciso d) 2


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contendrá elementos de seguridad tales como las firmas o sellos que hayan sido

anunciados a la parte importadora de la parte exportadora, por lo que se desaplicó el trato

arancelario conforme lo establece el art. 45 de dicho tratado, párrafo uno, la cual indica

que una parte puede denegar el trato arancelario preferencial a una mercancía cuando el

certificado de origen no ha sido debidamente completado, firmado o sellado de

conformidad con las disposiciones de este capítulo...” Asimismo, procede a emplazar al

recurrente para que en el término de diez días hábiles reitere o amplíe los

argumentos de su pretensión ante este Órgano de Alzada. Dicho acto fue

notificado el día 30 de julio de 2020. (Ver folios 19 a 30).

V. Según constancia visible a folio 62, a la fecha de resolución del presente asunto

no se registra documento alguno que pueda ser incluido con carácter de

apersonamiento presentado por el recurrente señor XXX ante este Órgano de

Alzada.

VI. Que en las presentes diligencias se han observado las prescripciones legales en

la tramitación del presente recurso de apelación.

Redacta la Licenciada Céspedes Zamora; y,

CONSIDERANDO

I. La litis: El objeto de la presente litis se refiere a la aplicación o no del trato

arancelario preferencial dispuesto por el Tratado y solicitado por el agente

aduanero señor XXXl en representación de XXX S.A., para la mercancía

amparada a la Declaración Aduanera de Importación número XXX del 22 de mayo

de 2018 de la Aduana de Caldera, mediante la cual se declaró en dos líneas 420

bultos de “Hipoclorito de calcio comercial”, en razón de que el A Quo, durante el

ejercicio del control inmediato, determina que el certificado de origen aportado no 3


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posee en la Casilla 14 la firma de la empresa certificadora, tal y como lo dispone

expresamente el Tratado, desaplicación del beneficio arancelario que generó una

diferencia por pagar a favor del Fisco por la suma de ¢1.185.538.08.

II. Admisibilidad del recurso de apelación: Que previo a cualquier otra

consideración, se avoca este órgano al estudio de la admisibilidad del presente

recurso de apelación. En tal sentido dispone el artículo 198 de la LGA que contra

el acto final dictado por la aduana competente, caben los recursos de

reconsideración y apelación para ante el Tribunal Aduanero Nacional, siendo

potestativo usar ambos recursos ordinarios o sólo uno de ellos, los cuales deben

interponerse dentro de los quince días siguientes a la notificación del acto

impugnado, condicionando la admisibilidad a dos requisitos procesales, sea en

cuanto al tiempo que dispone el interesado para interponerlo y además el relativo

a la capacidad procesal de las partes que intervienen en expediente. En el caso

bajo estudio, la gestión recursiva es presentada en el Sistema Tic@ por el agente

aduanero XXX quien diligenció el DUA de cita, como auxiliar de la función pública

de la Agencia Aduanal XXX y en representación de la empresa Importadora XXX

S.A, cumpliéndose en la especie con el presupuesto procesal de legitimación.

Además, tenemos que el acto resolutivo recurrido, se notificó por medio del

Sistema Informático Tic@ el 28 de mayo de 2018 y el recurso se interpuso por

ese mismo medio el día 07 de junio de 2018 (Folios 10 y 17), dentro del plazo de

los quince días hábiles establecidos al efecto. En razón de ello, tiene este Tribunal

por admitido el recurso de apelación para su estudio.

III. Hechos probados: Con el objeto de determinar la verdad real de los hechos del

presente procedimiento, considera este Tribunal que deviene de especial

importancia destacar los hechos de interés que se tienen por probados en el

asunto y que servirán de base para el análisis de las respectivas consideraciones:

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1) Que mediante la Declaración Aduanera de Importación número XXX del 22 de

mayo de 2018 de la Aduana de Caldera, el agente aduanero señor XXX en

representación de Importadora XXX S.A., declaró en dos líneas la destinación

al régimen de importación definitiva, mercancía constituida por 420 bultos de

“Hipoclorito de calcio comercial”, aplicando el beneficio arancelario dispuesto

en el Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y la

República Popular China. (Ver folios 32 a 49)

2) Que el certificado de origen No.1518415700000902 asociado y transmitido con

la Declaración Aduanera de cita, en la casilla N° 14 no se encuentra firmado

por parte de la autoridad certificadora correspondiente, solo viene el sello, la

ciudad y fecha, pero no la firma, incumpliendo así con lo expresamente

dispuesto en el Artículo 37 d) del Tratado. (Ver folio 45)

IV. Sobre la solicitud de aplicación de trato arancelario preferencial.

La litis que nos ocupa, posee como objeto la solicitud presentada por el agente

aduanero XXX para que se otorgue a las mercancías importadas mediante la

Declaración Aduanera de Importación Definitiva número XXX del 22 de mayo de

2018 de la Aduana de Caldera, el trato arancelario preferencial previsto por el

Tratado, el cual no se aplicó al momento del despacho, siendo que los aspectos

de fondo y de forma que delimitan la aplicación la solicitud presentada por el

recurrente, forman parte de los Acuerdos Comerciales o Tratados de Libre

Comercio bajo los cuales se pretende cobijar su otorgamiento.

De esta forma, entre las fuentes de nuestro conjunto normativo, los tratados

internacionales ocupan una posición predominante, tal y como lo dispone el

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artículo 7 de la Constitución Política, estableciendo que los tratados debidamente

aprobados por la Asamblea Legislativa tienen, como regla general, autoridad

superior a las leyes. Lo que implica que el legislador, en el ejercicio de su potestad

legislativa, debe respetar ese marco jurídico internacional que ha sido integrado a

la legislación interna.

Así, los tratados poseen un lugar de privilegio dentro del principio de jerarquía

normativa, el cual establece que en el Ordenamiento Jurídico existen unas normas

que son superiores a otras, teniendo como consecuencia, que la norma superior

prevalece sobre la norma inferior, por lo que la de menor rango no puede modificar

a la de superior jerarquía debiendo siempre optarse por la norma de mayor rango,

todo lo cual genera claridad y seguridad, evitándose confusiones ante la

posibilidad de un conflicto de normas.

Según el numeral 38 de la Corte Internacional de Justicia, los tratados se disponen

como una de las fuentes principales del Derecho Internacional, configurándose en

instrumentos privilegiados para que los Estados acuerden y reconozcan reglas y

limiten sus potestades soberanas, precisando el contenido de sus derechos y

obligaciones1.

Este principio, se encuentra recogido en el artículo 6 de la Ley General de la

Administración Pública, el cual reza:

“1. La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se sujetará al siguiente orden:

a) La Constitución Política;

b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana;

c) Las leyes y los demás actos con valor de ley;

1 “Pacta sunt servanda”, artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Ley número 7615 del 24 de julio de 1996.

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d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, los de los otros Supremos Poderes en la materia de su competencia;

e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos de los entes descentralizados; y f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y descentralizadas.

2. Los reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo y los de los entes descentralizados están subordinados entre sí dentro de sus respectivos campos de vigencia.

3. En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos estarán sujetos a las reglas y principios que regulan los actos administrativos.” (El resaltado no es del original)2

Asimismo, la normativa aduanera dispone al efecto en el numeral 4 de la LGA:

“Fuentes del régimen jurídico aduanero

La jerarquía de las fuentes del régimen jurídico aduanero se sujetará al siguiente orden:

a) La Constitución Política.

b) Los tratados internacionales y las normas de la comunidad centroamericana.

c) Las leyes y los demás actos con valor de ley.

d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes y los de los otros Supremos Poderes, en materia de su competencia.

e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo.

f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos.

Las normas no escritas, como la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios del derecho, servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan.

Cuando se trate de suplir la ausencia de las disposiciones que regulan una materia y no la insuficiencia de ellas, esas fuentes tendrán rango de ley.

Las normas no escritas prevalecerán sobre las escritas de grado inferior.” (El resaltado no corresponde al original)

2 Ver en igual sentido el artículo 4 de la LGA.7


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Por consiguiente, el tratado, como acuerdo de voluntades celebrado entre sujetos

de Derecho Internacional y regido por el Derecho Internacional, está destinado a

producir efectos jurídicos3, por lo que su aplicabilidad posibilita el imponerse

directamente respecto de la ley y normas secundarias.

En razón de la aplicación en la especie del principio de jerarquía normativa

desarrollado supra, tenemos que el Tratado que se pretende aplicar, ocupa un

rango superior dentro del Ordenamiento Jurídico costarricense, quedando

únicamente subordinado a nuestra Carta Magna, por lo cual sus normas, se sitúan

por encima de cualquier disposición normativa de menor rango.

De esta forma, en cuanto al otorgamiento del beneficio arancelario pretendido en

autos, el Tratado en el Capítulo 4, Sección B, Procedimientos Operativos, incluye

lo referente a los Procedimientos de Origen, haciéndose especial referencia en

esta sección, entre otros, a los mecanismos de certificación de origen, los

documentos de respaldo, las obligaciones de los importadores que soliciten trato

arancelario preferencial y directrices comunes; todo lo cual forma parte de las

motivaciones que llevaron a la suscripción de dicho Tratado, según lo dispuesto

como objetivos en el artículo 2.1 incisos c) y g) del Tratado: “establecer normas comprensibles que garanticen un ambiente regulado y transparente para el comercio de mercancías y servicios entre las Partes” y “crear procedimientos efectivos para la implementación y aplicación de este Tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias”, respectivamente.

Entrando a analizar el fondo de la recurrencia que nos ocupa, tenemos que el

numeral 37 del TLC, tal y como se dispone en general en materia de tratados de

3 Edmundo Vargas Carreño. Introducción al Derecho Internacional, San José, Editorial Juricentro, 1979, volumen 1, p. 87.

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libre comercio, otorga al certificado de origen el papel de acreditar el origen y

procedencia de las mercancías, permitiendo así aprovechar los distintos beneficios

y preferencias arancelarias otorgadas a través de dicho instrumento, disponiendo

este a los efectos:

“Artículo 37: Certificado de Origen

Para que las mercancías originarias califiquen para el trato arancelario

preferencial, el Certificado de Origen, según lo establecido en el Anexo 4

(Certificado de Origen), será expedido por la entidad o entidades autorizada(s)

de la Parte exportadora, a solicitud por escrito por el exportador, junto con los

documentos de soporte, y será presentado en la importación a la

administración aduanera de la Parte importadora El Certificado de Origen:

(d) contendrá elementos de seguridad, tales como las firmas o sellos, que

hayan sido anunciados a la Parte importadora de la Parte exportadora; y…”

Además del requisito documental y sus regulaciones señaladas hasta el momento,

el Tratado reconoce una serie de obligaciones respecto a las importaciones, las cuales deben observarse para gozar de los beneficios que contiene aquel, disponiendo su numeral 41:

“Salvo disposición en contrario en este Capítulo, cada Parte requerirá que un importador en su territorio que solicita el trato arancelario preferencial:

(a) realizará una declaración por escrito en la declaración aduanera de importación, indicando que la mercancía califica como una mercancía originaria;

(b) tendrá en su poder un Certificado de Origen válido, en el momento en que la declaración aduanera de importación mencionada en el subpárrafo (a) es realizada; y

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(c) presentará el Certificado de Origen original y otras pruebas documentales relativas a la importación de las mercancías, a solicitudes de la administración aduanera de la Parte importadora”.

Es importante resaltar que de conformidad con el artículo transcrito y en general

con el apartado en cuestión, la obligación principal respecto a las importaciones

efectuadas bajo el amparo del Tratado, es la que se refiere a la carga de la

prueba, donde el importador es el responsable ante la Autoridad Aduanera de

presentar la certificación de origen o cualquier otra información que demuestre que

una mercancía califica como originaria, aspectos que en la especie adquiere

especial relevancia, por las razones que se indicarán.

Por lo tanto, es obligación del importador tener en su poder el certificado al

momento de efectuar la declaración dispuesta por el Tratado, caso contrario, la

normativa permite que se deniegue el beneficio arancelario a la mercancía

importada, siendo que en la especie se ha comprobado (ver hecho probado

número 2), que al momento de la verificación por parte del funcionario competente

se determinó que el certificado de origen transmitido y que ampara la mercancía

en cuestión no contaba con la firma de la autoridad certificadora, por lo que se

desaplicó el trato arancelario preferencial para las mercancías amparadas a dicho

certificado, dado que al amparo del Tratado, el importador no poseía el certificado

al momento de realizar la declaración de referencia, dado que un documento sin

firma debe reputarse como inexistente y en tal sentido el proceder del A Quo se

ajusta a las normas del Tratado, mismo que señala que el certificado de origen

debe estar en su poder al momento de realizar la declaración de importación, lo

cual en autos no sucede, ya que como se indicó, al momento de transmitir los

documentos que amparan la importación, se adjuntó un certificado de origen sin

firmar, que como se verá más adelante hace insubsistente el documento mismo,

prueba de que el importador incumplió con su obligación.

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Por su parte, el numeral 45 dispone las causales por las cuales una Parte puede

denegar el trato arancelario preferencial a una mercancía, siendo que dada la

configuración del cuadro fáctico que se desarrolla en la especie, el A Quo basó el

ajuste de cita en el inciso e) del citado artículo:

“(…)

(e) el Certificado de Origen no ha sido debidamente completado, firmado o sellado de conformidad con las disposiciones de este Capítulo;

(…)”

Como se puede apreciar, el apartado transcrito, dispone que cuando un

importador no cumpla con cualquiera de los requisitos establecidos, se negará

trato arancelario preferencial a la mercancía importada del territorio de otra Parte

para la cual se hubiere solicitado la preferencia y en expediente se tiene por

comprobado, que al momento de efectuarse la importación se aportó el respectivo

certificado de origen que acreditaba que la mercancía era originaria de la

República Popular de China y, por ende merecedora de los beneficios arancelarios

que éste confiere. Sin embargo, la controversia surge ante el ajuste efectuado

durante el despacho, producto de la desaplicación del beneficio arancelario, por

estimar la Aduana, que el certificado de origen que ampara la importación de

referencia, no posee la firma respectiva en la casilla 14 en los términos

expresamente regulados en el Tratado. (Ver Hecho Probado 2)

En tesis de principio, para aplicar a las mercancías importadas el Tratado en

cuestión, debe presentarse el respectivo certificado de origen cumpliendo las

formalidades reguladas, salvo que nos encontremos frente a alguna de las

excepciones expresamente establecidas en el instrumento internacional en su

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numeral 434, debiendo a su vez apuntar que no desconoce este Tribunal que el

propio Tratado prevé en su Artículo 37 la posibilidad excepcional de presentar un

Certificado de Origen retrospectivamente después de la exportación, bajo la

condición de que el exportador provea toda la documentación comercial necesaria

y la declaración de exportación tramitada por la administración aduanera de la

Parte exportadora, siempre que se cumpla con las causales dispuestas al efecto

en los apartados 3 a) y b), lo cual no se da en la especie, toda vez, que no

estamos en la desaplicación por errores del certificado que puedan ser

subsanados, sino de la validez de dicho documento al no contar con la respectiva

firma de la autoridad competente que acredite que efectivamente dichas

mercancías son originarias de China y por ende requerir la aplicación del trato

arancelario preferencial.

Sobre el punto, resulta oportuno establecer que la firma de un documento refiere a

la validez del mismo, y al quedar demostrado en autos que el certificado

4 “1. Cada Parte dispondrá que un Certificado de Origen no sea requerido para:

(a) una importación comercial de una mercancía cuyo valor no exceda los $600 dólares estadounidenses o su monto equivalente en la moneda nacional de la Parte. No obstante, la Parte pueda requerir una declaración que certifique que la mercancía sea calificada como una mercancía originaria;

(b) una importación de una mercancía con fines no comerciales cuyo valor no exceda los $600 dólares estadounidenses o su monto equivalente en la moneda nacional de la Parte; o

(c) otros casos en donde no sea requerido un Certificado de Origen, de conformidad con lo dispuesto en su legislación nacional.

2. Las excepciones establecidas en el párrafo 1, serán aplicables, siempre que la importación no forme parte de una o más importaciones que puedan ser consideradas razonablemente como efectuadas o planificadas con el propósito de evadir los requisitos de certificación establecidos en el Artículo 37 (Certificado de Origen)”.

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transmitido no es un certificado que presenta errores en su llenado o en su forma, sino que no tiene validez al no ser firmado, resulta insubsistente el

documento mismo. De esta forma, la ausencia de firma en el certificado de origen

desde todo punto de vista invalida o hace inexistente el mismo, siendo que el

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio al definir

el concepto de “Firma” nos hace ver que, en los actos instrumentados

privadamente por escrito, se exige la firma de la o las partes como requisito

esencial para la existencia de los mismos.

En la misma línea, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo

Cabanellas Vigésima Sétima Edición, al conceptuar el mismo término como los de

firmar y firmante, nos comunica que la acción de firmar tiene por objeto avalar,

autorizar o consentir lo que a la firma antecede. De forma tal que, un documento

sin firma, a lo sumo lo es un boceto o proyecto de aquel que se quiere autorizar

pero que carece precisamente de esa autorización que conlleva el acto de firmarlo

y en consecuencia resulta jurídicamente sin el efecto legal deseado.

La firma identifica al signatario y se convierte en el instrumento de la declaración

de su voluntad, asumiendo éste como propias las manifestaciones, declaraciones

o acuerdos que contiene el documento, para obligarse a lo que en él se dice; así,

la firma acredita el nexo de voluntad expresado a través de la rúbrica,

constituyéndose la misma en una condición para la existencia, en este caso, del

certificado de origen de repetida cita, por lo tanto, al presentarse el mismo sin

firma alguna, resulta claro que no puede sostenerse que existe esa imprescindible

manifestación de voluntad de quien puede instar en forma válida, por eso, el acto

no puede tener validez alguna.

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Así las cosas, entonces tenemos que la firma en el certificado no constituye una

formalidad, es un elemento sustantivo y de seguridad del documento, porque

conlleva la manifestación de voluntad declarando y dando fe bajo juramento sobre

la información que contiene el documento, declara sobre el origen de las

mercancías y el cumplimiento de los requisitos de origen para optar por la

preferencia arancelaria que implica un beneficio fiscal, quién firma asume las

responsabilidades que se puedan derivar de una incorrecta o falsa declaración.

En el fondo, la ausencia de la rúbrica implica que no se ha certificado el origen, siendo ahí donde radica la importancia de la firma y por tanto el proceder

del funcionario aduanero en el despacho fue correcto al rechazar el certificado,

dado que efectivamente, el certificado sin firmar resulta inexistente, y por lo tanto,

el importador no poseía el mismo al efectuar la declaración de referencia.

Nótese que en expediente no constan alegaciones técnicas ni jurídicas del agente

aduanero sobre la desaplicación del trato preferencial, ya que únicamente

presentó los recursos de ley en el Sistema Tic@, es decir, no desvirtúa las

razones esgrimidas por el funcionario aduanero durante el control inmediato, ni

aporta pruebas ni ninguna información sobre el fondo en discusión, quedando

demostrado en autos la falta de interés del importador y/o su agente de aduanas

por no haber transmitido y presentado o adjuntado el certificado de origen

firmado.

Mientras que en el presente asunto, tenemos que la Aduana basó su actuar en el

principio de legalidad, apegada a lo expresamente dispuesto en el Tratado en su

Artículo 37 de repetida cita, ya que el hecho probado de presentar un certificado

de origen sin la firma que acredita la autoridad certificadora -y no desvirtuado por

el interesado en la especie-, hacen que no se cumpla con los elementos de

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seguridad establecidos al respecto, como es contar el documento con la

respectiva firma que acredite sobre el verdadero origen de las mercancías

importadas, lo cual sin duda alguna genera una serie de dudas como lo expone el

A Quo, y que dada la relevancia del tema al estarse ante la aplicación de un

beneficio arancelario, es un hecho que resulta importante de resaltar, dado que tal

circunstancia no se ajusta a lo dispuesto en el Tratado, en cuanto por razones de

seguridad que procuran evitar la realización de alteraciones posteriores, dispone

que el certificado de origen debe ser debidamente firmado, fechado y sellado por la autoridad competente, motivos por los cuales la autoridad aduanera

deniega el trato preferencial solicitado.

En tal sentido, es criterio de este Tribunal que la valoración en torno al

cumplimiento de requisitos efectuada en la especie por la Administración

Aduanera, se encuentra justificada y conforme a derecho, pues al ser simples

depositarios de la autoridad, y en razón de la jerarquía normativa analizada al

inicio de la presente Sentencia y por ende la relevancia que dentro del

Ordenamiento Jurídico guardan los tratados internacionales, los funcionarios

aduaneros no cuentan con la posibilidad de arrogarse facultades que la ley no les

otorga para autorizar solicitudes, obviando lo que respecto a éstas dispone el

derecho positivo, ya que de hacerlo estarían quebrantando el principio de

legalidad consagrado en el numeral 11 de nuestra Carta Magna y de la Ley

General de la Administración Pública.

De esta forma, en virtud de la normativa señalada supra y siendo que el certificado

de origen constituye la prueba legalmente procedente para demostrar el origen de

las mercancías, de éste depende el otorgamiento del trato preferencial, su no

presentación en la forma y el momento establecidos, genera la denegatoria del

trato preferencial, siendo que de los documentos probatorios que obran en autos

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se logra verificar que al momento del despacho se presenta un certificado de

origen sin la firma en la casilla 14 (Hecho probado 2), tal como expresamente lo

dispone el Tratado.

Así, inicialmente la actuación de la Aduana al efectuar el examen documental,

logra demostrar que el elemento probatorio digitalizado concerniente al certificado

de origen que fue enviado a la aplicación informática, no posee las condiciones

dispuestas por el Tratado para otorgar el trato arancelario preferencial.

De esta forma, estima este Tribunal que de conformidad con la situación fáctica

sometida a nuestro conocimiento, la prueba que obra en el expediente

administrativo y la normativa que resulta de aplicación obligatoria, queda

demostrado en el presente asunto que la solicitud presentada por el interesado

resulta legalmente improcedente, por cuanto se incumplieron los presupuestos

establecidos en el propio Tratado. De acuerdo con lo señalado, no le resta más a

este Colegiado que confirmar lo actuado por el A Quo y declarar sin lugar el

recurso presentado.

POR TANTO

Con fundamento en el artículo 104 del Código Aduanero Uniforme

Centroamericano, artículos 198, 205 siguientes y concordantes de la Ley General

de Aduanas, por mayoría este Tribunal resuelve declarar sin lugar el recurso y

confirma el ajuste practicado en el despacho. Remítase los autos a la oficina de

origen. Voto salvado del Lic. Gómez Sánchez, quien declara la nulidad del ajuste

realizado en el despacho.

Notifíquese al recurrente al medio señalado en autos y a la Aduana de Caldera por el medio disponible.

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José Ramón Arce BustosPresidente a.i.

Elizabeth Barrantes Coto Alejandra Céspedes Zamora

Shirley Contreras Briceño Desiderio Soto Sequeira

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Luis Gómez Sánchez Dick Reyes Vargas

Voto salvado del Licenciado Gómez Sánchez. No comparto la decisión de mayoría en la Sentencia 407-2020 al apreciar que existe una nulidad de las

actuaciones, misma que es alegada por el recurrente en el presente asunto.

Sobre las nulidades en el procedimiento administrativo. Estimo que en el

procedimiento se han violentado los principios procesales esenciales que todo

acto administrativo debe salvaguardar en aplicación del principio de legalidad y del

derecho del administrado a un debido proceso, existen errores procedimentales

que generan indefensión al interesado, por lo que se debe anular todo lo actuado

a partir de la resolución que conoce y resuelve el recurso de reconsideración.

Si la Aduana consideraba la existencia de un error en la certificación de origen,

estaba en la obligación de permitir al interesado la corrección del mismo.

Obviamente la Aduana deja de lado la buena fe que debe imperar en la aplicación

de los Tratados Internacionales, olvida la existencia de los objetivos y fines que

persigue el Acuerdo Comercial y el artículo 6 de la Ley General de Aduanas. No

explica, desarrolla, sostiene porque no es “motivo técnico”, simplemente rechaza

omitiendo decir entonces cuando un error u omisión del certificado, formato o

llenado puede considerarse como “motivo técnico”. Carece la decisión de la

autoridad Aduanera de la motivación necesaria, suficiente y clara, que le permita

al recurrente comprender el fundamento y decisión.

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Es evidente que una aplicación del derecho en la forma en que se hace, atenta

contra los objetivos y fines del Tratado, parte sustantiva del texto del TLC y por

ende la aplicación de una norma debe darse dentro del contexto del documento

suscrito por las Partes, integrando el conjunto de normas y no aplicar una norma

aislada del contexto general. No implica esto que los usuarios que pretende gozar

de los beneficios del Tratado estén a la libre y puedan presentar los documentos

con la forma y contenido que se les antoje, sin observar y respetar las normas

jurídicas que constituyen el texto del TLC, o que el auxiliar de la función pública,

agente de aduanas, descuide sus obligaciones de asesor de comercio y no

verifique la forma y sustancia de los documentos que su mandante le entrega para

gestionar un despacho aduanero, estamos claros que las normas se establecen

para respetarse y aplicarse, pero esta aplicación, interpretación e integración del

derecho, es donde el aplicador debe tener cuidado, utilizar la legislación

respetando principios de justicia y lógica (artículo 16 LGAP) y no fundamentar una

decisión en normas aisladas.

Sobre motivo técnico. Permite a un importador presentar un nuevo certificado

de origen emitido retrospectivamente, oportunidad que no fue otorgada por el

funcionario en el despacho de conformidad con el artículo 37 numeral 3) letra b),

para permitir la presentación de un certificado corregido:

Artículo 37: Certificado de Origen

“…3. En principio, el Certificado de Origen será emitido antes o en el momento de la exportación. Sin embargo, un Certificado de Origen puede ser emitido retrospectivamente excepcionalmente después de la exportación, bajo la condición de que el exportador provea toda la documentación comercial necesaria y la declaración de exportación tramitada por la administración aduanera de la Parte exportadora, siempre que:

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(b) se demuestra a satisfacción de la entidad autorizada que se expidió un Certificado de Origen que no fue aceptado en el momento de la importación por motivos técnicos. El período de validez deberá permanecer igual a como fue indicado originalmente en el Certificado emitido.

En la Sentencia de este Tribunal 211-2016, de manera acertada y en una

correcta aplicación del contenido del Tratado, estableció con suma claridad el

tema. El Tribunal por mayoría establece que un motivo técnico de rechazo puede

ser “…un error en el formato… Hasta tanto no se defina por las autoridades competentes, la

expresión “motivo técnico” puede ser cualquier error que contenga la certificación o la certificación misma y que da pie a que la autoridad aduanera del país de importación lo rechace

y no aplique la preferencia arancelaria…”, lo que ahora se desconoce, sin entrar a

establecer con claridad y seguridad jurídica para los importadores y auxiliares de

la función pública y en general para los usuarios como lo hace la Aduana y lo

confirma el Tribunal que es un “motivo técnico”, porque no es correcto denegar sin

especificar si es o no un motivo técnico.

Adicionalmente en la sentencia 273-2016 del 18 de agosto de 2016, el Tribunal se

refirió al tema:

“…Asumiendo que la diferencia de peso se da en el certificado y la reclasificación procede, surge

la pregunta ¿permite el Tratado la corrección del certificado cuando se determina la existencia de un error en el llenado? El artículo 37 es claro en permitir la corrección de un CO.

Regula la norma que, se puede emitir un CO retrospectivamente (hacia atrás), después de la

exportación de las mercancías, cuando se demuestra que un certificado no fue aceptado en el

momento de la importación por motivos técnicos, en otras palabras, se puede emitir un segundo

certificado por parte de las autoridades competentes.

En el caso, tenemos que se rechaza la aplicación del trato preferencial, al “…no coincidiendo con

la documentación adjunta al DUA y reflejado en el certificado de origen…”, al declarado en el peso

de ingreso al depósito. ¿Qué clase de error constituye esa situación y es susceptible de corrección? El mismo Tratado establece que se puede emitir un nuevo CO retrospectivamente,

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cuando el CO presentado en el despacho es rechazo por motivos técnicos. ¿Que son motivos técnicos? El Tratado no lo define, como tampoco las autoridades competentes, el Ministerio de Comercio Exterior y la Dirección General de Aduanas, han emitido los lineamientos para la

correcta aplicación e interpretación del tema, como si lo han hecho para otros artículos, por

ejemplo el inciso f) del artículo 45 del Tratado. Esta omisión de las autoridades competentes, no

puede ir en detrimento de los administrados, a la vez que no permite establecer un ambiente de

seguridad, confiabilidad y transparencia en las operaciones de comercio exterior y atenta contra los

objetivos del mismo Acuerdo Comercial para estimular la expansión y diversificación del comercio

entre las Partes. Estamos frente a un concepto indeterminado, que se caracteriza por su vaguedad

y/o ambigüedad, donde las autoridades públicas responsables están obligadas a darle contenido

para seguridad de los operadores de comercio, pero en el ínterin, no puede la autoridad aduanera

y el Tribunal aplicarlo en contra de los usuarios bajo el pretexto de que no está definido en el

Tratado o de que no existe un margen de tolerancia, reitero corresponde al juez darle el contenido

tomando en cuenta los fines del ordenamiento jurídico aduanero y los objetivos y fines del Tratado

de Libre Comercio.

Ante la omisión de las autoridades competentes para regular que se debe entender por motivos

técnicos, cuando se está en presencia de un error o motivo técnico y cuando no, el importador no

tiene por qué ver afectados sus derechos y perder la aplicación de una exención o preferencia

arancelaria establecida por el mismo Estado, debiendo permitirse la presentación de un nuevo

certificado de origen corregido. Además, de acuerdo a los fines del Tratado, al principio de buena

fe con que deben aplicarse los tratados y al ordenamiento jurídico aduanero nacional, debe

dirigirse a estimular el comercio a partir de la certeza, seguridad y claridad en la aplicación de las

normas, por tanto la autoridad aduanera debe aceptar la presentación de un segundo CO cuando

el transmitido en el despacho contenga errores…”.

También implica desconocer lo dicho por el mismo Tribunal sobre la buena fe al

momento de aplicar los tratados de libre comercio con base en la Convención de

Viena sobre los Tratados. En Sentencia 134 -2016 del 14 de abril de 2016,

estableció:

“…Es importante citar que la Convención de Viena sobre los Tratados, de 1969 y de la cual Costa Rica es parte, sobre el tema de la interpretación de los Tratados, establece la obligación de las partes de aplicarlo de acuerdo a la buena fe. Dispone la Convención:

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“Interpretación de los tratados. 31. Regla general de interpretación. I. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin”.

La buena fe siempre se presume, se parte de un principio donde las personas, en este caso, las partes en el proceso, mantienen la confianza en una conducta dirigida al respeto y cumplimiento de las normas, tanto en el ejercicio de sus derechos como en el cumplimiento de sus deberes. Se define en Wikipedia.org como “…La buena fe (del latín, bona fides) es un principio general del Derecho, consistente en el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, título de propiedad, o la rectitud de una conducta. Exige una conducta recta u honesta en relación con las partes interesadas en un acto, contrato o proceso…”

Por su parte Guillermo Cabanellas, comenta que la buena fe “…Modo sincero y justo con que en los contratos procede uno, sin tratar de engañar a la persona con quién los celebra…Convicción de que el acto realizado es licito…”. El Diccionario de la Real Academia Española, define la buena fe: “…Der. Criterio de conducta al que ha de adaptarse el comportamiento honesto de los sujetos de derecho…”.

Siendo la Convención de Viena un Tratado y en consideración a las fuentes del

ordenamiento jurídico costarricense, es de aplicación obligatoria al caso. Sobre el

tema, también el Tribunal se ha pronunciado, pero ahora tampoco aplica la

Convención a pesar de la jerarquía superior a las normas internas. Dijo el Tribunal

Aduanero: “…De esta forma, entre las fuentes de nuestro conjunto normativo, los tratados

internacionales ocupan una posición predominante, tal y como lo dispone el artículo 7 de la

Constitución Política, estableciendo que los tratados debidamente aprobados por la Asamblea

Legislativa tienen, como regla general, autoridad superior a las leyes. Lo que implica que el

legislador, en el ejercicio de su potestad legislativa, debe respetar ese marco jurídico internacional

que ha sido integrado a la legislación interna.

Así, los tratados poseen un lugar de privilegio dentro del principio de jerarquía normativa, el cual

establece que en el Ordenamiento Jurídico existen unas normas que son superiores a otras,

teniendo como consecuencia, que la norma superior prevalece sobre la norma inferior, por lo que

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http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_judicial

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato

http://es.wikipedia.org/wiki/Acto_jur%C3%ADdico

http://es.wikipedia.org/wiki/Parte_(Derecho)

http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_generales_del_Derecho

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn


la de menor rango no puede modificar a la de superior jerarquía debiendo siempre optarse por la

norma de mayor rango, todo lo cual genera claridad y seguridad, evitándose confusiones ante la

posibilidad de un conflicto de normas.

Según el numeral 38 de la Corte Internacional de Justicia, los tratados se disponen como una de

las fuentes principales del Derecho Internacional, configurándose en instrumentos privilegiados

para que los Estados acuerden y reconozcan reglas y limiten sus potestades soberanas,

precisando el contenido de sus derechos y obligaciones5.

Este principio, se encuentra recogido en el artículo 6 de la Ley General de la Administración

Pública, el cual reza:

“1. La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se sujetará al siguiente orden:

a) La Constitución Política;

b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centroamericana;

c) Las leyes y los demás actos con valor de ley;

d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, los de los otros Supremos Poderes en la materia de su competencia;

e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos de los entes descentralizados; y f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y descentralizadas.

2. Los reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo y los de los entes descentralizados están subordinados entre sí dentro de sus respectivos campos de vigencia.

3. En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos estarán sujetos a las reglas y principios que regulan los actos administrativos.” (El resaltado no es del original)6

Asimismo, la normativa aduanera dispone al efecto en el numeral 4 de la LGA:

“Fuentes del régimen jurídico aduanero

La jerarquía de las fuentes del régimen jurídico aduanero se sujetará al siguiente orden:

5 “Pacta sunt servanda”, artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Ley número 7615 del 24 de julio de 1996. 6 Ver en igual sentido el artículo 4 de la LGA.

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a) La Constitución Política.

b) Los tratados internacionales y las normas de la comunidad centroamericana.

c) Las leyes y los demás actos con valor de ley.

d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes y los de los otros Supremos Poderes, en materia de su competencia.

e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo.

f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos.

Las normas no escritas, como la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios del derecho, servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan.

Cuando se trate de suplir la ausencia de las disposiciones que regulan una materia y no la insuficiencia de ellas, esas fuentes tendrán rango de ley.

Las normas no escritas prevalecerán sobre las escritas de grado inferior.” (El resaltado no corresponde al original)

Por consiguiente, el tratado, como acuerdo de voluntades celebrado entre sujetos de Derecho

Internacional y regido por el Derecho Internacional, está destinado a producir efectos jurídicos7, por

lo que su aplicabilidad posibilita el imponerse directamente respecto de la ley y normas

secundarias.

En razón de la aplicación en la especie del principio de jerarquía normativa desarrollado supra,

tenemos que el Tratado que se pretende aplicar, ocupa un rango superior dentro del Ordenamiento

Jurídico costarricense, quedando únicamente subordinado a nuestra Carta Magna, razón por la

cual sus normas, se sitúan por encima de cualquier disposición normativa de menor rango…”

Búsqueda verdad real: Por otro lado, es importante que la aduana tenga como

norte la búsqueda de la verdad real, debiendo realizar las gestiones necesarias y

solicitar la presentación de documentación o prueba adicional para arribar a esta.

Pudo la aduana, solicitar al importador o su representante aduanero información

7 Edmundo Vargas Carreño. Introducción al Derecho Internacional, San José, Editorial Juricentro, 1979, volumen 1, p. 87.

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adicional si fuera el caso para determinar de esa forma el cumplimiento o

incumplimiento, pero no lo hizo limitando sus propias opciones de sustentar y

respaldar su posición.

No debe olvidarse, que la Aduana en aplicación del principio de verdad real se

encuentra en la obligación de realizar o procurar la realización de todas aquellas

actividades que le permitan tener por ciertos los hechos que sustentan el acto

final, por ello si consideraban insuficientes los elementos que constaban en

expediente, estaba facultada para introducir nuevos elementos o requerir al

gestionante la aportación de los que estimaba necesarios; así lo ha establecido

tanto la jurisprudencia de la Sala Constitucional como del Tribunal Contencioso

Administrativo:

“…El objetivo fundamental del procedimiento lo es la búsqueda de la verdad real, verdad real en

tanto la Administración no está llamada a resolver sólo con lo que la parte manifiesta, o con lo que consta en sus archivos y documentos, sino que está obligada a realizar las gestiones que sean necesarias para verificar y comprobar los elementos de hecho que

servirán de motivo al acto final…” (Sala Constitucional, Sentencia 2002-09954)(el

resaltado es nuestro).

Para el caso, se omite en el procedimiento administrativo llegar a determinar la

verdad real de los hechos, para poder con objetividad adoptar la decisión del

caso. Ese principio está regulado en la LGAP en su artículo 214, en los

siguientes términos:

“1. El procedimiento administrativo servirá para asegurar el mejor cumplimiento

posible de los fines de la Administración, con respeto para los derechos

subjetivos e intereses legítimos del administrado, de acuerdo con el

ordenamiento jurídico.

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2. Su objeto más importante es la verificación de la verdad real de los hechos que sirven de motivo al acto final.” (El resaltado no es del original)

También tenemos que a nivel del artículo 221 de la citada Ley, en forma expresa

se da sustento al principio de verdad material:

“En el procedimiento administrativo se deberán verificar los hechos que sirven

de motivo al acto final en la forma más fiel y completa posible, para lo cual el

órgano que lo dirige deberá adoptar todas las medidas probatorias pertinentes o

necesarias, aún si no han sido propuestas por las partes y aún en contra de la

voluntad de éstas últimas”.

De lo anterior se desprende claramente que el legislador estableció como el

objeto más importante del procedimiento administrativo la verificación de la

verdad real que sirve de motivo al acto final y que en el caso, la autoridad

aduanera no desarrolla sus acciones encaminadas a cumplir con tal principio.

Estimo que se han violentado los principios procesales esenciales que todo acto

administrativo debe salvaguardar en aplicación del principio de legalidad y del

derecho del administrado a un debido proceso, porque el acto no se emite de

conformidad con el ordenamiento jurídico, dado la existencia de un defecto

procedimental al no brindar plazo al importador para presentar una certificación

corregida y ante la falta de una motivación clara y precisa que justifique técnica y

jurídicamente las razones para desaplicar el trato arancelario preferencial de las

mercancías amparadas a la declaración aduanera, la justificación no es precisa,

claras y oportunas, se niega la posibilidad de acogerse al motivo técnico cual se

rechaza sin precisar de manera clara y precisa porque y en tal supuesto que debe

entender se por motivo técnico, existiendo una omisión o ausencia de motivación

clara, precisa y oportuna, lo que implica nulidad al dejar en indefensión al

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recurrente y de ahí que lo procedente es declarar la nulidad desde el ajuste

realizado durante el control inmediato.

La Sala Constitucional en reiterada jurisprudencia, sobre la motivación establece

en los siguientes términos:

“Sobre este punto, la jurisprudencia de la Sala ha sido muy clara en afirmar que existe un principio

constitucional que obliga a la motivación de los actos, sobre todo aquellos que son lesivos de los

intereses o derechos de los individuos, principio que está íntimamente ligado con el de defensa,

también de rango constitucional. La no motivación de un acto, sobre todo si este es lesivo, aun

cuando haya existido un proceso que le dé lugar es equivalente a que en un proceso civil o penal,

el Juez, luego de instruido el proceso, sólo dicte el por tanto de la sentencia, sin explicar cuáles

fueron los elementos de juicio y las pruebas que le permiten sustentar su conclusión. Los mismos

principios que exigen que las sentencias estén debidamente fundadas, son válidos y obligatorios

para casos como el que aquí se discute y es por las razones indicadas, que la Sala estima que en

cuanto a este extremo debe declararse con lugar el recurso” (Ver Voto 226-91 de las 15:12 hrs del

01 de febrero de 1991.).

Estima el suscrito existe una denegación indebida, si se presenta un error en el

certificado de origen, para este voto salvado la aduana está en la obligación de

brindar plazo para la corrección oportuna, al no hacerlo incumplió con las normas

de procedimiento establecidas en la normativa vigente, razón por la que anulo

todo lo actuado en expediente, a efecto de que la autoridad aduanera brinde el

plazo correspondiente para la presentación de una certificación de origen

corregida.

Consecuentemente, al generarse una nulidad en el caso de conformidad con los

artículos 132 inciso 2), 166 y 223 de la Ley General de la Administración Pública,

se declara la nulidad de todo lo actuado a partir del ajuste en el despacho,

inclusive.

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Luis Gómez Sánchez

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Ministerio de Hacienda - República de Costa Rica 407... · Web viewen representación de XXX S.A., declaró en dos líneas la destinación al régimen de importación definitiva,