CEHEGÍN, 23 DE NOVIEMBRE DE 2012.

JOSE RAFAEL ROCAMORA CONCEJAL DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN

AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 97.3 del REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES, PRESENTA ANTE ESTE PLENO CORPORATIVO, LA SIGUIENTE

MOCIÓN

CONTRA LAS NUEVAS TASAS Y LA PÉRDIDA DEL BENEFICIO DE UNA JUSTICIA MÁS EQUITATIVA Y JUSTA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En su deriva autoritaria y neoconservadora, el gobierno del PP, acaba de anunciar, por medio de su MINISTRO DE JUSTICIA

GALLARDÓN, una nueva tuerca en su espiral de recortes, en este caso de derechos y libertades, que se suman a los sociales y

laborales que viene imponiendo.

Se trata, en todos estos casos, de expresiones de un mismo diseño ideológico conservador que, con la crisis como pretexto, pretende

desmantelar los servicios del ESTADO DE BIENESTAR, desregular las relaciones laborales y consolidar la desigualdad social, para lo

que se requiere la deslegitimación primero y la penalización después de quienes se le enfrentan.

Existe un principio básico judicial: Nunca debe haber dejación por parte del ESTADO de su obligación mínima de impartir justicia, ya

que de ella tiene el monopolio. Cuando se prohíbe el acceso a los Tribunales, las soluciones alternativas no existen para el más débil:

tiene que tragar con ellas a la fuerza.

Y eso es exactamente lo que sucede con estas inconstitucionales tasas que acaban de aprobar el gobierno del PP, con la LEY 10/2012

DE 20 de NOVIEMBRE, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL

INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES.

Cuando la oposición ha tenido que abandonar el Congreso porque no solo no se aceptan enmiendas, sino que además se va a

tramitar por la vía de urgencia, para que ni siquiera sea discutido en Pleno, un proyecto de tal envergadura y tachado de

inconstitucional por todos los grupos parlamentarios de la oposición. Cuando todas las asociaciones de jueces y fiscales han incluido

la retirada del proyecto entre sus reivindicaciones, con amenaza de huelga. Cuando los abogados salen a la calle en toda ESPAÑA

por primera vez desde la Transición. Cuando todos los Presidentes de Audiencias Provinciales de ESPAÑA lo rechazan

conjuntamente. Cuando todas las asociaciones de consumidores denuncian que el proyecto es el fin del DERECHO DEL

CONSUMIDOR A UNA JUSTICIA DIGNA Y GRATUITA.

ALGO MUY GRAVE SE ESTÁ PERPETRANDO, ALGO QUE NO DEBEMOS TOLERAR. Y es verdad, del estudio resumido de esta ley,

vemos que atenta gravemente a tres pilares fundamentales de la sociedad:

• AL ALCANCE EN LAS RELACIONES LABORALES DE LOS PROYECTOS DE LEY PARA LA IMPLANTACIÓN DEL

COPAGO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

• A LA SITUACIÓN DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: DE UNA SITUACIÓN INACEPTABLE A

UNA SITUACIÓN PEOR.

• AL BOLSILLO DE LOS CIUDADANOS: LOS SOBRECOSTES DESPROPORCIONADOS DE LOS PROCESOS FRENTE A

LAS GRANDES COMPAÑÍAS Y LA ADMINISTRACIÓN.

Es importante analizar, resumidamente, las implicaciones que también tiene para el conjunto de la ciudadanía, y nada mejor que

hacerlo con un ejemplo:

Pensemos en una familia de clase media-baja que tiene la desgracia de que su hijo sufra en el parto, gravísimos daños por una

negligencia médica. Los padres, dado los necesarios cuidados que va a necesitar su hijo de por vida, reclaman una indemnización de

800.000 euros. En ese caso, para demandar, la tasa sería el fijo de 300 euros, más el 0,5% de 800.000 euros, es decir, un total de

4.300 euros. Y si tuviera que apelar, deberían además abonar otra tasa de 4.900 euros. Es decir, adelantar un total de 9.500 euros sin

casación, en busca de una justicia de resultado incierto. Y que sólo recuperarán en el caso de una posible condena en costas a la otra

parte, transcurridos unos cuantos años. Un ejemplo suficientemente ilustrativo.

Y más grave aún, en la relación con las Administraciones Públicas, como por ejemplo, para impugnar cualquier sanción o

discrepancia en materia fiscal, o permisos, licencias, etc., el importe de la tasa mínima sería de 200 euros ó 300 euros según el

proceso a seguir, y el recurso de apelación se sujeta al importe mínimo de 800 euros.

Por otro lado, debería llevarnos a reflexionar el hecho de que prácticamente el 40% del trabajo de los juzgados civiles y mercantiles

está promovido por lo que podríamos denominar “grandes acreedores” (bancos, entidades aseguradoras, etc.) lo que está

convirtiendo a los juzgado en auténticas oficinas recaudatorias de dichos acreedores, que, además, disponen de procedimientos y

trámites privilegiados. Sobre todo cuando esta circunstancia y la falta de juzgados retrasa notablemente la tramitación de los demás

asuntos que de verdad afectan al ciudadano de a pie (reclamación de indemnizaciones, defectos constructivos, accidentes de tráfico

o laborales, incumplimientos contractuales, despidos, deudas, registro civil, divorcios, etc.)

Desde esta perspectiva podemos decir que ya se han dibujado las líneas del nuevo escenario sobre el que se plantea el copago en la

Administración de Justicia. Se aprovecha esta vía, no para trasladar los costes a los sujetos con mayor capacidad económica, sino

para restringir el acceso a la JUSTICIA de enormes capas de población, precisamente las más afectadas por la crisis económica.

Es el último paso dado en un camino para implantar una sociedad dual, donde los recursos económicos determinan el acceso no sólo

a los bienes y servicios, sino a la salud, a la educación, y ahora también, a la posibilidad de exigir el respeto a tus derechos como

trabajador o beneficiario de la Seguridad Social.

EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PROPONE AL PLENO QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA MOCIÓN PRESENTADA Y

ADOPTE LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

PRIMERO: PEDIR AL GOBIERNO CENTRAL DE MARIANO RAJOY, QUE EL MINISTRO DE JUSTICIA RETIRE:

• EL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE REGULAN DETERMINADAS TASAS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE

JUSTICIA.

• EL ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA REFORMA DE LA LEY DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA.

SEGUNDO: Elaborar una NUEVA LEY, con la participación de todos los GRUPOS POLÍTICOS CON REPRESENTACIÓN

PARLAMENTARIA y previo dictamen de la JUDICATURA en sus ÓRGANOS REPRESENTATIVOS. Ley que cumpla con los requisitos

de igualdad, equidad y proporcionalidad, de manera que pueda ser perfectamente accesible a todos, con más facilidades para los

que menos posibilidades económicas tienen.

TERCERO: DAR TRASLADO AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y AL GOBIERNO

DE ESPAÑA, CADA UNO DE ESTOS ACUERDOS.

FIRMADO:

JOSÉ RAFAEL ROCAMORA GABARRÓN:

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE.

AL PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CEHEGÍN.