MONITOREO Y ANÁLISIS DE COYUNTURA DE DERECHOS

HUMANOS EL SALVADOR

Puedes leer los informes completos aquí:https://centroamerica.cristosal.org/monitoreo-covid-19/

15 A 30 DE JUNIO 2020

El Salvador se encuentra en la etapa de contagio masivo y fallecimientos más alta, llegando, incluso, a 12 decesos y más de 230 casos confirmados en un solo día. En total, hasta el domingo 28 de junio, el portal oficial del gobierno registra 6,176 casos confirmados de COVID-19, de los cuales el 38% (2,361)

Durante este período se mantuvo la vigencia del decreto ejecutivo N° 31 (DE 31) en el ramo de salud, mientras que la Asamblea Legislativa no ha emitido una ley especial para combatir la pandemia de COVID 19. El Decreto Ejecutivo 31 regula protocolos para la realización de actividades económicas, laborales, administrativas y sociales.

El período se ha caracterizado por la ausencia de una ley especial para afrontar la crisis sanitaria, tras la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes de excepción y decretos ejecutivos que estuvieron vigentes desde el pasado marzo y que generaron numerosas violaciones de los derechos humanos.

se mantienen activos. Asimismo, para la misma fecha, reporta a 3,648 personas recuperadas y 164 fallecidas por la enfermedad. Conforme al gobierno, el mes de junio fue el que ha registrado la cifra más alta de contagios desde el inicio de la pandemia.

El último intento para dar vigencia a una ley para enfrentar la pandemia fue el decreto legislativo N° 661 (DL 661) denominado “Ley Especial de Emergencia por la Pandemia COVID 19, atención integral de la vida, la salud y reapertura económica”, el cual fue vetado por el presidente Nayib Bukele. Posteriormente se produjo la superación del veto presidencial el 25 de junio, con lo cual se habilitó para que conozca de la controversia la Sala de lo Constitucional.

La Sala también avanzó en la tramitación de las controversias generadas por la superación de los vetos presidenciales. El 19 de junio sentenció sobre la controversia 2-2020, declarando que el decreto legislativo 620 no transgredía

El país registra la cantidad de casos positivos y decesos más alto desde el inicio de la Emergencia Nacional

Aun falta marco legal claro para garantía de derechos humanos y control de pandemia

la Constitución, por lo cual habilitó su vigencia. Dicho decreto regulaba diversos beneficios para el sector médico, como un seguro de vida y obligación de capacitarles adecuadamente para enfrentar la pandemia.

El 29 de junio, la misma Sala admitió la controversia 4-2020, al superarse el veto sobre la “Ley Especial para Proteger los Derechos de las Personas durante el Estado de Emergencia decretado por la Pandemia COVID 19”, aprobada por el legislativo tras las primeras resoluciones de la mencionada Sala en procesos de habeas corpus, las cuales mandataron medidas para prevenir violaciones a derechos humanos por las detenciones de personas acusadas de infringir la cuarentena general.

El 24 de junio, el Órgano Ejecutivo tomó iniciativa al proponer un nuevo Régimen de Excepción por un plazo de 15 días, para controlar la pandemia. La propuesta fue aprobada por el Consejo de Ministros y su contenido es muy similar a los decretos ejecutivos que fueron declarados inconstitucionales el 8 de junio. Para tomar decisión sobre la propuesta, la Comisión Política de la Asamblea Legislativa abrió un proceso de consulta amplia que ha incluido al gremio médico, academia, profesionales de diferentes disciplinas y organizaciones de derechos humanos, entre otros.

Cristosal fue invitado a presentar opinión técnica y opinó técnicamente desde un análisis de los estándares para la ponderación, procedencia, idoneidad,

necesidad y garantías de control judicial que deben observarse en un régimen de excepción, desde la jurisprudencia constitucional.

Entre otras conclusiones, Cristosal consideró que no es posible determinar la idoneidad de la medida de cuarentena domiciliar nacional para reducir el contagio y evitar el colapso del sistema de salud, debido a que:

| El gobierno no ha proporcionado evidencia científica que permita determinar su necesidad o por el contrario evaluar otras medidas menos perniciosas

| Es recomendable que la Asamblea Legislativa consulte con expertos en epidemiologia y documente información científica al respecto que le permita hacer una adecuada ponderación de la medida, o por el contrario evaluar otras medidas que no requieran la suspensión de derechos.

Cristosal sostuvo que, en caso de ser aprobado un nuevo régimen de excepción, es necesario adoptar un control reforzado de la constitucionalidad y la legalidad de los actos de la administración pública que se realicen en el marco de dicho régimen.

Tal control reviste especial importancia, especialmente luego de que investigaciones periodísticas revelaron en este período presuntos actos de corrupción.

Caso de Jorge “Koky” Aguilar, expresidente del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes):

Caso de Carolina Recinos, Comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno:

Caso de José Zelaya Villalobo, viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda:

| El 17 de junio: la empresa de Aguilar se le había adjudicado un contrato de $250 mil para proveer máscaras de protección facial al MINSAL con un sobreprecio del 121%.

| El 20 de junio Bukele lo separó de su cargo y dijo que solicitará una investigación por una posible violación a la Ley de Ética, así como una auditoría a la Corte de Cuentas y la CICIES (instancia que no es independiente del poder Ejecutivo).

De encontrarse algún indicio de corrupción, Bukele afirmó que él mismo interpondría un aviso ante la FGR.

| El jueves 25 de junio: el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) concedió beneficios a dos hermanos de la comisionada, Carolina Recinos.

| Uno fue contratado como gerente de fondeo y cooperación, mientras que a otra hermana le fue aprobado un “préstamo de $22,514 para montar una cafetería en el Ministerio de Hacienda, pese a las advertencias internas de un conflicto de interés”.

| Otros dos hermanos de la comisionada fueron contratados por esta administración en la Cancillería y en el Centro Nacional de Registro (CNR).

Medios revelan numerosos casos de corrupción desde altos niveles

En el lapso de estas dos semanas, los medios han reportado casos de corrupción de funcionarios de alto nivel que se habrían valido de las disposiciones contenidas en los decretos de emergencia, y su mecanismo de compras directas, para adquirir equipo médico con evidente sobreprecio (especialmente cubrebocas o mascarillas). Fueron revelados los siguientes casos, entre otros, en medios digitales:

Asesores, S. A. de C. V. ocupan altos cargos en la empresa SCI Audit Tax Advisory, de la cual el viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, José Alejandro Zelaya Villalobo, es socio fundador y director.

| Dicha empresa vendió 300 mil protectores faciales sobrevalorados el Estado por un monto de 750 mil dólares.

| La fuente de financiamiento son donaciones del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.

| El 22 de junio: la empresa SYGM

Caso de Gustavo Escalante, diputado del partido ARENA:

| El MINSAL adquirió, a un valor de 344 mil dólares, 800 mil mascarillas quirúrgicas del Grupo GME Inversiones con un sobreprecio de aproximadamente el 40%.

| Dicha empresa fue fundada por el diputado René Gustavo Escalante Zelaya y es dirigida por él y su hermano.

La FGR, por su lado, informó el viernes 26 de junio que abriría expedientes de investigación ante el surgimiento público de estos casos.

Las instituciones del sector público se encuentran en el ojo del huracán de los contagios

Los medios reportan brotes de contagios en los siguientes espacios estratégicos gubernamentales:

empleada del Centro y un médico de alto rango en el ISRI. Las capturas corroboran la información de un documento procedente del ISRI que daba la orden de mantener a los adultos mayores en el área de aislamiento y de no referirlos a los centros hospitalarios “porque era mejor que se murieran ahí a saturar los hospitales”.

| Un reportaje investigativo asevera que el gobierno salvadoreño no cumplió con los protocolos sanitarios y que su personal tampoco recibió los equipos de bioprotección necesarios.

| El personal del asilo, que solicito confidencialidad, reportó que contabiliza 174 personas adultas mayores contagiadas y 16 fallecidas hasta la fecha.

| El dato oficial es de 8 casos positivos y según el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación (ISRI), la entidad encargada de administrar el Centro ha cumplido las medidas de prevención y contención sanitarias.

El 27 de junio, un medio hizo públicas unas capturas de pantalla de una conversación virtual entre una doctora

1. Caso del Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar”:

| El 17 de junio, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de El Salvador (UES) informaba sobre la denuncia del contagio de 22 niños, niñas y adolescentes (NNA) dentro de un complejo del ISNA y pusieron una denuncia en la PDDH.

| El 26 de junio, otro medio afirmó que además de los 22 casos, otros seis jóvenes del Centro de Inserción Social Femenino de Ilopango resultaron contagiados y, junto a ellos, un número indeterminado de trabajadores del ISNA.

2. Caso del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA):

| La Fiscalía General de la República (FGR) recibió un aviso sobre posibles negligencias en el ISNA que podría derivarse en una investigación de naturaleza penal.

Finalmente, mediante un hilo de tuits compartido desde su cuenta oficial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió reforzar “la protección de NNA implementando medidas que consideren sus particularidades como personas en desarrollo y atiendan lo más ampliamente posible su interés superior”.

Ninguna de las instituciones involucradas -ISNA, MINSAL o la Presidencia- han ofrecido actualizaciones o detalles sobre esta situación. El Ministro de Salud finalmente reconoció los contagios denunciados en CISNA, sin confirmar el número y se comprometió a “investigar”.

General de Centros Penales reporta haber adecuado el penal para recibir posibles casos de contagio.

Por otra parte, la CSJ ha solicitado medidas transitorias a la Asamblea Legislativa para evitar los contagios de las personas privadas de libertad. La propuesta implica que “se realicen trámites sin la presencia física del imputado, estando presentes solamente la parte fiscal, el defensor, la víctima, el querellante y las partes civiles”. La propuesta se encuentra en análisis en la Asamblea Legislativa, no obstante, genera preocupación por posibles atropellos al derecho de defensa de las personas privadas de libertad.

| Para el 15 de junio, un total de 1,231 personas privadas de libertad habían sido aisladas por considerarse como casos sospechosos de COVID-19, luego de confirmarse 141 casos positivos en las semanas anteriores. Las autoridades no reportan ningún fallecimiento hasta el 20 de junio.

| A esta cantidad se le suman los casos dentro de las bartolinas policiales, tal es el caso de Santa Ana, en cuya subdelegación, 115 personas privadas de libertad están contagiadas y parte de ellas han sido trasladadas al Centro Penal de Metapán dónde la Dirección

3. Caso de los centros penales:

Los datos oficiales sobre contagios en el sector público no han sido publicados. Diversos medios han reportado cifras, según sus indagaciones, de los casos positivos en Policía Nacional Civil (PNC) y las Fuerzas Armadas (FAES) y el personal de salud.

| Desde el 18 marzo -fecha en la cual fue confirmado el primer caso de COVID-19 en El Salvador- hasta el 18 de junio, un medio contabilizaba a 9 policías fallecidos por COVID-19 y más de 700 agentes policiales con casos positivos, así como a 154 militares contagiados.

El personal médico denuncia el colapso de los hospitales pese a la inauguración del Centro con 105 camas UCI y 295 camas UCIN. Estas camas serán utilizadas

4. Personal del Sector público y en primera línea:

gradualmente por la escasez de personal disponible y capacitado.

| 900 personas profesionales de salud han sido contagiadas entre médicos, enfermeras y personal de laboratorio.

| Aunado a esto, tienen una gran carga laboral que se deriva en un agotamiento tanto físico como mental.

Un médico resumió la situación de la siguiente forma: “Somos menos de

los compañeros que tendrían que estar laborando porque algunos están incapacitados, mientras otros se encuentran en otros hospitales con el proyecto de COVID-19. Hay compañeros que han salido positivos y que tienen que entrar en cuarentena. También ya hay compañeros que tienen unas patologías por sus problemas de salud, por su edad. Entonces ha ido disminuyendo la cantidad de personal que está a disposición del hospital”.

Denuncias y grupos en situación de vulnerabilidadla resolución de la CSJ que ordenó que se agilizara el proceso de repatriación de estas personas a El Salvador y sujeto a un plan de trabajo que hasta la fecha no ha sido presentado conforme los requerimientos de la Corte Suprema de Justicia por parte del poder Ejecutivo.

Con la finalización de la cuarentena, la circulación de personas comenzó a ser más frecuente y los retenes policiales disminuyeron, así como la drasticidad de los controles. En este contexto continuó el lento retorno de las personas varadas en el exterior del país, pese a

El desplazamiento forzado causado por la violencia ha sido invisibilizado durante la pandemia. De acuerdo con los reportes de un medio, en el contexto de Emergencia Nacional:

| Plan Internacional ha brindado atenciones a 103 familias en condición de movilidad forzada y a 141 núcleos familiares por desplazamiento forzado causado por violencia no convencional o

personas retornadas con necesidad de protección.

| Save The Children señala nuevos sujetos de desplazamiento por estigma, como el personal de salud que trabaja en la primera línea que se ha visto obligado a salir de sus comunidades.

| La oficina de ombudsman también advirtió la condición de vulnerabilidad

Ni el desplazamiento forzado ni la violencia se detienen durante la pandemia

de los desplazados internos e hizo un llamado a que la Dirección de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad pública asuma su rol.

Por otro lado, el gobierno de turno se ha jactado de haber reducido el índice de homicidios de 8.9 a 4.3 diarios en comparación con el último año de la gestión anterior, atribuyendo el supuesto éxito al Plan Control Territorial.

Sin embargo, es cuestionable el verdadero poder y presencia que el gobierno posee en los territorios puesto que, dadas las circunstancias de pandemia, las estructuras de pandillas están adaptándose al contexto, llegando a imponer el pago de la renta

mediante una transferencia electrónica a una cuenta bancaria, de acuerdo con un medio.

"Estas organizaciones se están adaptando e ingeniándose nuevas formas de exigir y cobrar la extorsión, e implementando en sus zonas de control territorial las medidas de aislamiento social por la fuerza", expresó Juan Ricardo Gómez Hecht, representante de la Oficina Regional de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe (UNODC ROPAN). Asimismo, según Hecht, las pandillas están buscando ganar apoyo de las comunidades ofreciendo víveres y artículos de primera necesidad a sus habitantes.

En la plataforma en línea para recepción de denuncias de Cristosal:

| Una persona señaló falta de atención médica por parte del Ministerio de Salud, ante un caso sospechoso de COVID-19.

| Un caso señaló amedrentamiento y vulneración al derecho a la salud por parte de una municipalidad en la zona metropolitana salvadoreña.

| Una persona señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores, en particular a la Cancillería salvadoreña, vulneró el derecho a la libertad de expresión a las

personas salvadoreñas en el exterior, al solicitar que eliminaran publicaciones de sus redes sociales (Twitter), que contenían mensajes críticos sobre el lento proceso de repatriación de las personas varadas en el exterior.

| Una persona refirió haber sufrido abuso de poder policial por agentes en un retén en la zona central del país.

En otros aspectos, también ha resaltado en el período el llamado a las autoridades hecho por PDDH por falta de abastecimiento de agua potable en zonas marginadas que dificulta la toma de medidas para prevenir el contagio

Acompañamiento de casos y grupos vulnerables

de COVID-19, así como la continuación de lo reportado en informes anteriores de condiciones de hambre en poblaciones afectadas por las medidas de cuarentena.

El acompañamiento de Cristosal con diferentes sectores nos permite registrar historias que dimensionan la situación que viven algunas personas que forman parte de grupos vulnerables.

En el informe de monitoreo que SE ENCUENTRE AQUÍ, se puede leer la historia completa de la Niña Lupita y cómo ha

vivido la pandemia. Una parte de lo que nos cuenta:

Ustedes no me lo están preguntando, pero ¿se acuerdan de que les conté sobre los víveres que me regalaron de una Fundación? Pues que también se acabaron. Con unos centavos que tenía compré unos tomates para poder ir comiendo Sebas y yo, y cuando eso se me acabó compré café y pan dulce porque solo para eso me alcanzó ya. Y con eso hemos pasado, hasta que vinieron ustedes y me trajeron esta canasta de víveres. ¡Si es que lloré cuando la abrí y vi que hasta vitaminas venían!

Es una situación dura la que he vivido, hay momentos en los que me he querido morir mejor al ver la situación en la que estoy. Pero al pensar en Sebas me detiene, él ha sido mi compañía, quizás ustedes piensen que estoy loca, pero yo platico con él, le cuento mis penas y es como que me entendiera ¡Cómo quisiera yo que me contestara! Por eso he decidido seguir adelante, porque él solo me tiene a mí y yo solo lo tengo a él.