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www.buzos.com.mx buzos — 12 de octubre de 2015 6 REPORTAJE Martín Morales Silva [email protected] MÁS RECORTES AL PRESUPUESTO PARA EL CAMPO

MÁS RECORTES AL PRESUPUESTO PARA EL CAMPO · Isabel Cruz: En el marco del proyec-to de apoyo al campo, integrado como un punto de su más reciente décalogo, se anuncia un programa

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6REPORTAJEMartín Morales [email protected]

MÁS RECORTES AL PRESUPUESTO

PARA EL CAMPO

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A poyados en los recortes aproximados de 15.6 y 21.5 por ciento a los gastos de la Secretaría de Agricultura, Gana-dería, Desarrollo Ru-

ral, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y el campo en el Presupuesto Federal de Egresos (PEF) 2016, dirigentes de agrupaciones campesinas del país coinciden en que el Gobierno federal está incumpliendo con su compromiso de dar prioridad a los micro y peque-ños productores agropecuarios en la segunda parte del sexenio. Además, advierten que se apresta a mantener los privilegios crediticios, subsidiarios y fiscales de las empresas agroindustria-les –en manos de no más de 25 corpo-raciones trasnacionales– y a continuar con su política de sobrevivencia pro-ductiva y clientelismo electoral hacia los campesinos que producen para el consumo alimentario nacional.

Con base en datos disponibles al cierre de esta edición, el presupuesto base cero (PBC) –modelo restrictivo impuesto por el Banco Mundial (BM)– el financiamiento para el campo mexi-cano pasará de 323 mil millones de pesos (mdp) en 2015 a 300 mil mdp en 2016, y el número de programas dedi-cados a los miniproductores se reducirá de 137 a 117.

Dirigentes del Movimiento el Cam-po es de Todos, en el que confluyen diversas agrupaciones como la Central Campesina Cardenista (CCC), indica-ron que el ajuste presupuestal afecta-rá directamente a no menos de 60 mil familias que sobreviven en el ámbito rural, e insistieron en que la prometida reactivación del campo será nuevamen-te olvidada por el Gobierno federal.

Los representantes de Valor al Cam-pesino indicaron que el presupuesto a la baja destinado al campo representará un “muy duro golpe” no sólo para los pequeños productores, sino también para la salud alimentaria de gran parte

de la población mexicana y del medio ambiente nacional.

Demandas campesinasEl 23 de septiembre pasado, en el mar-co de la Jornada Nacional Patriótica de Lucha Campesina, miembros del Fren-te Auténtico del Campo (FAC) realiza-ron un plantón ante las oficinas de la Sagarpa, para plantear seis demandas que comparten con los integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrí-colas y Campesinos (Cioac), la Coor-dinadora Nacional Plan de Ayala, el Movimiento de Liberación Nacional, la Coalición de Organizaciones Democrá-ticas, Urbanas y Campesinas (CODUC) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).

Estas demandas, también expuestas a la Secretaría de Gobernación y a la Cámara de Diputados, son las siguien-tes: garantizar el derecho a la alimenta-ción y el desarrollo rural sostenible, con recursos aplicados de manera progresi-va, equitativa y justa; reducir el modelo de cálculo de los apoyos de Proagro de 80 a 20 hectáreas (a fin de eliminar el apoyo a los corporativos trasnaciona-les); acotar a un máximo de 35 cabezas de ganado el programa de apoyo Pro-gan (también para eliminar a los ga-naderos ricos) y etiquetar los recursos para beneficiarios de Proagro-Producti-vo ubicados en el centro, sur y sureste del país, ya que en el norte es donde se

ubican los corporativos trasnaciona-les; fortalecer el programa de apoyo a productores llamado S266 para sumar los recursos dispersos en programas operados por la propia Sagarpa y las secretarías de Desarrollo Social (Se-desol), Medio Ambiente (Semarnat) y Hacienda y Crédito Público (SHCP); confeccionar un padrón único de apo-yos para pequeños productores, con el fin de evitar duplicidades; entregar apoyos con transferencias electrónicas y no en especie ni en actos públicos, y abrir una ventanilla única para trá-mites.

Cuatro ejes para transformar el campoEn el presupuesto para el campo 2016 no se reorientan los recursos ni las po-líticas públicas, no obstante las expre-siones presidenciales sobre el fomento a los pequeños productores de un sec-tor agrícola en donde se ha profundi-zado la desigualdad y la pobreza. De hecho, la mayoría de los dos millones de “nuevos” pobres reportados este año pertenecen al sector rural.

De acuerdo con datos de julio pa-sado del Consejo Nacional de Evalua-ción de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 17 millones de mexicanos en situación de pobreza viven en el campo, de los cuales, 80 por ciento carece de atención médica y seguri-dad social; el 58 por ciento no dispone de servicios básicos en sus viviendas (agua potable, drenaje, etcétera) y 32 por ciento carece de alimentos. La or-ganización Valor Campesino asevera que los agricultores de escala produc-tiva pequeña generan 39 por ciento de la producción agropecuaria nacional.

“El pequeño productor ha estado marginado en los últimos 30 años con la falacia de que no es competitivo y que como pobre que es sólo requiere ayuda para pobre. Como primer eje in-dispensable para una verdadera trans-formación de la política hacia el cam-

El financiamiento para el campo mexicano pasará de

323 mil millones de pesos en 2015

300 mil millones

de pesos en 2016.

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po, nosotros lo que estamos exigiendo a la luz de los resultados adversos de los tres años de la actual administra-ción federal hacia el campo, es un cambio radical para poner en el centro de la política agrícola al pequeño pro-ductor; y como segundo eje propone-mos un cambio del enfoque asistencia-lista por uno de fomento productivo”, expuso a este semanario el ingeniero agrónomo Víctor Suárez Carrera, di-

rector ejecutivo de la Asociación Na-cional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) y miembro de la Iniciativa Valor Cam-pesino.

De acuerdo con este experto, los pequeños productores representan el 85 por ciento de las unidades de pro-ducción del país y para desarrollar su alto potencial productivo requieren de inversión financiera y técnica abocada

a reactivar su nivel de productividad para superar la pauperización del cam-po mexicano.

El tercer eje, abundó Suárez Carrera, propone cambiar el modelo productivo basado en el fomento a la agroindus-tria, que es ecológicamente contrapro-ducente porque se basa en el uso de organismos genéticamente modificados (OMG) –los llamados transgénicos–, agroquímicos y otros insumos fabrica-

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17 millones de mexicanos en situación de pobreza viven en el campo:

80 por ciento carece de atención médica y seguridad social. 58 por ciento no dispone de servicios básicos en

sus vivienda (agua potable, drenaje, etcétera). 32por ciento carece de alimentos.

Fuente. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

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dos e importados por las corporaciones trasnacionales.

Los objetivos fundamentales del proyecto plantean la necesidad de sus-tituir la “revolución verde” –que alienta el uso de los OMG– por un esquema de producción agroecológica que evite la contaminación del suelo, agua y el me-dio ambiente, reduzca las importacio-nes y supere la dependencia alimentaria de México.

El cuarto eje propone una distribu-ción más equitativa y objetiva de los re-cursos destinados al campo con base en la diversidad de los territorios rurales de la república.

“Los resultados de impulsar el mo-delo basado en la agroindustria han sido contraproducentes: no se producen los alimentos que requiere el país; se concentra la riqueza en no más de 10 por ciento de las unidades de produc-ción y no más de 25 empresas agroa-limentarias: Maseca, Bimbo, Bachoco, Lala, Monsanto, Cargil, Nestlé, Grupo Sigma, Pepsi, Coca Cola, Femsa, que controlan todos los eslabones del siste-ma agroalimentario mexicano”, comen-tó Suárez Carrera.

También resaltó que “70 por cien-to de los subsidios públicos van a pa-rar a 10 por ciento de los productores más ricos, a las trasnacionales. Esto no funciona, es contraproducente, provoca más daños que beneficios. Uno de los efectos de lo anterior es una inaccesi-bilidad a los productos de la canasta alimentaria; un sistema alimentario industrial que malnutre a la población, como se revela con los datos sobre los problemas de obesidad y sobrepeso re-lacionados directamente con enferme-dades crónico-degenerativas”.

Recorte al financiamiento agrícolaLos dirigentes de las organizaciones campesinas coinciden también en la ne-cesidad de reorganizar y compactar los programas de apoyo al campo –Valor Campesino habla de 80 y la Asociación

Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) de 150– con el propósito de hacerlos más eficientes y que beneficien realmente a los tres millones de pequeños productores agrí-colas.

La antropóloga Isabel Cruz Hernán-dez, directora general de la AMUCSS, que forma parte de los movimientos por la salud alimentaria y de El Campo es de Todos, expuso: “el presupuesto para el sector es el más perjudicado respecto a todos los rubros; hay un re-corte muy fuerte de los programas con enfoque financiero. ¿Cuál es el proble-ma? Bueno, los datos que nos acaban de entregar de la Encuesta Nacional Agropecuaria dicen que sólo 300 mil de los 4.5 millones de productores tie-nen acceso a crédito”.

–¿Qué productividad se puede pro-mover con ese nivel de crédito?

Isabel Cruz: En el marco del proyec-to de apoyo al campo, integrado como un punto de su más reciente décalogo, se anuncia un programa de apoyo a pe-queños productores que uno pensaría que es complementario del programa de financiamiento a pequeños produc-tores que anunció el año pasado (20 de agosto de 2014), de créditos a tasa de siete por ciento; pero resulta que es mísero; se le asignan recursos de una parte de los programas Promete, Fappa y Jóvenes Emprendedores, este último que antes estaba en la Secretaría de la Reforma Agraria y que ahora va a pasar a Sagarpa; o sea, no hay nada nuevo; es un agrupamiento de tres programas que hasta hoy han funcio-nado como cuotas políticas, y mantie-nen presupuestos destinados a zonas de mayor desarrollo. El gran problema del presupuesto base cero para el cam-po en 2016 es que no reorienta nada; se dejan intocados los grandes programas de apoyo a la comercialización, donde intervienen trasnacionales e interme-diarios comerciales que no fomentan la agricultura familiar en las regiones;

no hay una orientación regional, que sería lógico con el anuncio presiden-cial de las regiones prioritarias; no hay regiones prioritarias en el PEF 2016. Asimismo, se reducen sustancialmente los subsidios para la productividad y se mantiene el crecimiento de los pre-supuestos de transferencias directas que son compensatorios de la pobre-za (asistenciales) pero que no tienen un enfoque de productividad. Lo que estamos proponiendo es que se elimi-nen tantos programitas y se reagrupen todos en un gran programa de fomen-to a los pequeños agricultores y a la agricultura familiar. Eso es posible si se integran muchos de esos programi-tas dispersos y pueden tener un presu-puesto de entre 30 y 35 mil millones de pesos, y ese programa debería fun-cionar con una sola regla de operación, con un enfoque de proyectos territoria-les basados en metas concretas de pro-ductividad por región.

Sugirió, además, tres propuestas es-pecíficas para impulsar la productividad de la pequeña agricultura: rganización de productores; acceso a extensionismo agrícola y acceso a crédito. “Además –dijo– hay que quitar el poder que tienen pequeños grupúsculos dentro del apara-to del Estado, para devolverle capaci-dad de intervención económica al Esta-do en apoyo a grandes metas de empleo y de productividad. Están concentrados en pequeños sectores, en grupos, pero sobre todo está en manos de una buro-cracia que decide cómo intervenir esos dineros; entonces, no es algo que los campesinos estén pidiendo, es algo que le da poder a segmentos de interés que están dentro del Estado.

La experta dijo que otro de los gran-des pendientes “es transparentar el pre-supuesto. Lo que como organizaciones estamos planteando es la creación de un padrón único de beneficiarios de subsidios; es decir, que sepamos quién recibe y cuánto, para que se transparen-te el tema de la concentración que hoy

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existe. Y del Proagro (antes Procampo) estamos pidiendo que se limite a 20 hectáreas (reducir de 80 a 20 hectáreas el esquema para calcular los apoyos). Si se limita a 20 hectáreas, alcanzaría a cubrir a 95 por ciento de los agricul-tores de México y se reduciría entre cuatro y cinco mil mdp, para reorientar a inversiones productivas en pequeña agricultura familiar”.

En la revisión de los presupuestos destinados al campo en los últimos

30 años –precisamente los de la épo-ca neoliberal– resaltan los apoyos del Estado a los corporativos agroalimen-tarios, la mayoría ubicados en el norte del país, mientras que hacia el sur se procuran sólo políticas asistencialistas orientadas a fomentar la productividad entre los pequeños productores con el supuesto objetivo de mejorar la pro-ducción alimentaria.

El propósito de rescatar al campo sólo existe en el discurso, pero en la

realidad ocurre lo contrario. El 19 de septiembre de 2014, cuatro días des-pués de que se aprobara el PEF 2015, el secretario de HCP, Luis Videgaray, acompañado por el entonces titular de la Sagarpa, Enrique Martínez y Martí-nez, anunció “un presupuesto históri-co” para el campo mexicano en 2015.

Días después hizo lo mismo el pre-sidente Enrique Peña Nieto, quien indicó que el campo, en especial los pequeños productores, eran una prio-

La prioridad gubernamental sigue siendo el fomento de la agricultura industrial, con el apoyo dirigido a empresas trasnacionales como Monsanto, Cargil, Bachoco y Bimbo.

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ridad para el Gobierno federal y que en función de este objetivo el Pro-grama Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) sería de 353 mil 7.3 mdp, 14 mil 337.4 mdp más que en 2014, y que la Sagarpa tendría un incremento presupuestal de 7.5 por ciento para disponer de 92 mil 141.8 mdp.

Pero hoy, a tres meses del término de 2015, los resultados productivos son ínfimos y los pequeños producto-

res siguen igual de pobres y margina-dos.

Maquillaje presupuestarioEl análisis detallado de las políticas gubernamentales hacia el campo ha evidenciado que en lugar de destinar más recursos a la producción prima-ria, sólo se cambia de nombre a los programas o se suman los recursos de varios de éstos que aparecerán en uno solo. Si se observa el caso del presu-puesto 2014 para el campo, se integró en un PEC, en el que confluyeron los presupuestos para 13 secretarías, con un monto de 326 mil millones de pe-sos, lo que representaría, se dijo, un aumento de 3.9 por ciento con respec-to a 2013.

En 2014 también se modificó Pro-campo –programa estrella de la polí-tica estatal para el campo desde 1994– para asignarle entre 15 mil y 16 mil millones de pesos por año, que apro-vecharon principalmente los corpora-tivos trasnacionales. Este programa, representa aproximadamente 20 por ciento del presupuesto de la Sagarpa. Pero el padrón de beneficiarios del pro-grama no cambió, simplemente hubo algunos ajustes como en el nombre; se perfiló el apoyo en algunos casos para cultivos de granos y oleaginosas; se mantuvo el esquema de transferencia de recursos según las áreas de cultivo, de hasta 80 hectáreas y un redondeo equivalente a una hectárea para bene-ficiarios con menos cantidad de tierra, así como el pago anticipado para pe-queños productores.

Tampoco variaron las prácticas reiteradamente calificadas como clien-telares. Durante este año, con eleccio-nes locales en 17 estados (la mayoría realizadas el pasado 7 de junio), la distribución de subsidios agropecua-rios se mantuvo aún en los periodos de campañas, pues se dijo que con no publicitar las entregas era suficiente para evitar vulnerar la equidad de las

contiendas. El proyecto 2015 entregó 480 mdp para 65 mil productores de 29 municipios.

Se entrega un apoyo de mil 300 pe-sos por hectárea en el caso de siembras para el autoconsumo, siempre y cuan-do se cuente con un máximo de cinco hectáreas, pero si el beneficiario vive en un municipio considerado dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el beneficio aumenta a mil 500 pesos. Si el producto es de autoconsumo, pero también aprovecha para vender algunas toneladas de producto, mien-tras sean propietarios de 5.1 hectáreas y hasta 20 hectáreas, el apoyo es de mil pesos por hectárea. Si se trata de fi-nes comerciales, en donde se siembren entre 20 y 80 hectáreas, el beneficio es de 963 pesos por hectárea.

Y aquí el dato más relevante, de los 65 mil productores señalados, la mitad tiene condición de autoconsumo; 30 por ciento de transición (autoconsumo y comercial) y 20 por ciento son emi-nentemente comerciales.

La prioridad gubernamental sigue siendo el fomento de la agricultura in-dustrial, con el apoyo dirigido a em-presas trasnacionales como Monsanto, Cargil, Bachoco, Bimbo, pero no para detener la pérdida de la capacidad de cultivo de alimentos, y el desarrollo de pequeños productores.

Alejandro Cruz Juárez, dirigente del Movimiento Agrario Indígena Za-patista, expuso: “todo empezó con las reformas al Artículo 27 constitucio-nal en 1992. Hoy tenemos un número mayor de pobres que en el sexenio de Carlos Salinas. Aumenta continua-mente el número de pobres, y han sido las agroindustrias del norte del país a donde se ha dirigido la mayor parte del presupuesto para el campo. Hoy ve-mos que no ha cambiado la estructura del presupuesto, el cual está orientado al apoyo de quienes producen para la exportación y no para los que produ-cen alimentos en el país”.

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