MÉXICO - amisprensa.orgºblica-AMIS.pdf · Agenda para instrumentar una política de administración de ... Huracán Odile 9 de octubre de 2014 2,5000 .20% HuracánA lex3 0 de junio

AGENDA PARA INSTRUMENTAR UNA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE

RIESGOS EN MÉXICO: PROPUESTA DEL SECTOR ASEGURADOR

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MÉXICOASEGURADO

Agenda Pública de AMIS

AGENDA PARA INSTRUMENTAR UNA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN MÉXICO: Propuesta del sector asegurador

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Capítulo 1. ¿Por qué es importante complementar la política macroprudencial con una política pública de Administración de Riesgos?

I. La política macroprudencial y la brecha de aseguramiento

II. Política Pública de Administración de Riesgos

III. Unidad de Administración del Riesgos

Capítulo 2. Aportación del sector asegurador a desarrollo económico y las venta-jas de disminuir la brecha de aseguramiento

Capítulo 3. Propuestas para implementar una Política de Administración del Riesgo Público en 5 temas estratégicos para México

I. Salud

II. Pensiones

III. Robo y Protección a Víctimas de Accidentes Viales

IV. Aseguramiento catastrófico de viviendas

V. Seguro Agropecuario

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¿Por qué es importante complementar la política macroprudencial con una política pública de Administración de Riesgos?

Agenda para instrumentar una política de administración de riesgos en México: Propuesta del sector asegurador 004

1. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE COMPLEMENTAR LA POLÍTICA MACROPRUDENCIAL CON UNA POLÍTICA PÚBLICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN MÉXICO?

I. La Política Macroprudencial y la brecha de aseguramiento

El marco de estabilidad financiera integra una serie de políticas aplicables al sistema financiero que buscan neutralizar eventos potencialmente sistémicos y evitar que el sistema financiero acumule y amplifique riesgos que luego afecten de forma significativa la economía.

El FMI, FSB y BIS1 detallan que la política macroprudencial consiste en el uso de herra-mientas prudenciales para limitar el riesgo sistémico, definido éste como la inestabilidad de servicios financieros a causa de una falla en una parte o la totalidad de su sistema y que tiene el potencial de generar efectos negativos en la economía.

También existen riesgos latentes en la economía que pueden tener caminos de retroalimen-tación con el sistema financiero que merecen ser explorados y manejados a través de políticas públicas complementarias. Ejemplo de ello son los desastres naturales. Standard and Poors (S&P) basado en una muestra de 48 países, encuentra que desastres naturales con un periodo de retorno de 250 años pueden debilitar las calificaciones soberanas (”feedback loop”)2.

Para México, es evidente la vulnerabilidad existente ante desastres naturales. El cuadro siguiente muestra los daños monetarios de los principales desastres naturales en el periodo de 1929 a 2016. En el cuadro aún no se muestran las pérdidas de los recientes sismos del mes de septiembre de 2017, pero podemos afirmar que estos eventos naturales de gran impacto, si bien no causaron un riesgo sistémico, sí produjeron efectos en el empleo y un deterioro en las carteras de crédito.3

1 FMI: Fondo Monetario Internacional, FSB: Consejo de Estabilidad Financiera, BIS: Banco Internacional de Pagos.2 S&P menciona: “While there appears to be no particular trend in frequency of natural catastrophes of a geological nature, the data hint at an inexorable increase in climatic catastrophic events”3 Si bien estadísticamente la relación causa efecto no es concluyente, si se observa la correlación positiva.

Tipo Nombre FechaD año (millones deUSD)

% PIB del año

HuracánW ilma1 9 de octubre de 20055 ,000 0.60%

HuracánM anuel1 3 de de2013

4,2000 .30%

EarthquakeC DM 19 de de1985

4,1042 .20%

HuracánK arl1 5 de de2010

3,9000 .40%

Inundación Tabasco-Chiapas2 8 de octubre de 2007 3,0000 .30%

HuracánS tan1 0 de enero de 2005 2,5000 .30%

Huracán Odile 9 de octubre de 2014 2,5000 .20%

HuracánA lex3 0 de junio de 2010 2,0000 .20%

HuracánA rlene, Beatriz2 2 de junio de 1993 1,6700 .30%

HuracánI ngrid9 de diciembre de2013

1,5000 .10%

Tabla 4.Desastres con Mayor Impacto en México (1929 – 2016)Fuente: EM-DAT: The Emergency Eventos Database– Universite catholiqued e Louvain (UCL) – CRED,D.

Guha-Sapir.www.emdate.be, Brussels,Belgium

nI

nA

nA

nW

nM

eC

nK

nS

9

2

3

1

2

1

1 5



De acuerdo con los estudios de S&P, los desastres naturales pueden impactar la calificación soberana. En el caso de México, un huracán y un terremoto con un periodo de retorno de 1 en 250 años, impactarían en 0.5 notch la calificación

Si bien los impactos estimados por S&P son aproximaciones gruesas, hay otros estudios que respaldan los rangos de sus resultados. Por ejemplo, se estima que un terremoto de baja pro-fundidad y con magnitud mayor a 8.2 M, con epicentro en la costa de Guerrero, podría afectar de forma importante a las principales ciudades de ese Estado, otras en Morelos y Puebla, y a la Ciudad de México. Este evento correspondería a periodos de retorno en función del lugar donde se mida, de 250 a 500 años y la pérdida probable de ese evento sería de alrededor de 2.6% del PIB.

La brecha de aseguramiento que mantiene nuestro país genera importantes vulnerabilida-des significativas para los hogares, empresas y el Sector Público. Es claro que en la medida que los bienes del país estén asegurados, los impactos negativos de los desastres naturales serán menores y sus efectos tendrán menor duración.

La AMIS estima que para el 2016 la brecha de aseguramiento fue de 21,966 millones de dólares (USD).

Los impactos negativos en la economía tenderán a ser menores en la medida en la que au-mente el grado de aseguramiento de los bienes.

Brecha de Aseguramiento como Porcentaje del PIB 2016

Ramo Penetración Benchmark Brecha

Vida 1.0 1.8 0.8

Catastróficos 0.10 0.17 0.07

Automóviles 0.46

2.33 1.16

Salud 0.40

Incendio 0.07

Diversos 0.11

Resp. Civil 0.05

Agr. Y Créd. 0.02

Total, No-vida 1.27 2.5 1.23

Fuente: Análisis AMIS.



Dentro de este contexto el Gobierno Federal juega un papel muy importante, no solo porque se estima que puede estar contribuyendo de forma importante a la brecha de aseguramiento en sus propios bienes, sino que al ser el proveedor de bienes y servicios más grande de la eco-nomía sería por sí mismo una entidad de importancia sistémica.

Si el Gobierno asumiera la brecha de aseguramiento como Asegurador de última instancia: Ҋ Sería equivalente a asumir 5 veces la cartera de tarjetas de crédito, Ҋ La mitad del crédito de proveedores a empresas Ҋ 6.7 veces la cartera total de las uniones de crédito y 14.2 veces la cartera de las SOFIPOS

A pesar de que los resultados de los análisis de supervisión macroprudencial no sugirieran que la brecha asegurable es un riesgo sistémico, es necesario complementar las políticas ma-croprudenciales con una Política Pública de Administración de Riesgos.

II. Política Pública de Administración de Riesgos

La administración de riesgos es la disciplina que combina recursos financieros, humanos, materiales y técnicos de una entidad, para identificar y evaluar los riesgos potenciales y decidir cómo manejarlos con la combinación óptima de costo-efectividad4.

La Administración de Riesgos (ADR) en el sector privado es una herramienta indispensable para el logro de los objetivos estratégicos ante un entorno incierto, y su práctica ha tomado gran importancia debido a que permite identificar y evaluar los riesgos a los que una empresa se enfrenta, así como controlar y financiarlos de la manera más adecuada.

En el sector público los riesgos no están relacionados únicamente al tema operativo, tec-nológico, legal o de los trabajadores como en el caso anterior, sino también a incertidumbres económicas ligadas a cuestiones presupuestales, financieras, de crédito y liquidez, sociales y ambientales como accidentes, huelgas, pandemias y desastres naturales o cualquiera que afecte los objetivos de la entidad gubernamental.

4 CNSF (1994). Guía Básica de Administración de Riesgos

$8,368

$12,866

$732 $-

$5,000

$10,000

$15,000

Vida No vida Catastróficos

Brecha de aseguramiento por tipo de seguro

(Millones de dólares) $8,260

$3,473

$1,132

$-

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

Empresas Hogares Gobierno

Brecha de Aseguramiento por Sectores Económicos (Millones de dólares)



Una buena gestión de los riesgos que enfrentan tanto las personas, empresas y gobiernos es indispensable para evitar daños a la economía real. Por lo tanto, no es extraño que varios Gobiernos nacionales y locales modernos hayan adoptado la Administración de Riesgos (ADR) como una herramienta para alcanzar objetivos, asegurar la continuidad de los servicios y al-canzar el mayor valor social5.

En México, de cara a los ciudadanos, la ADR y particwΩularmente la relacionada con el Riesgo Público (ARP) se ha venido ejerciendo en múltiples formas, entre las que destacan las políticas de protección social (vivienda, alimentación y salud), la estrategia de gestión de de-sastres naturales, y las políticas macroeconómicas y de estabilidad financiera.

Al ser el Gobierno el tomador de riesgos más grande de la economía, y en muchos sentidos al hacerlo por cuenta y orden de los ciudadanos, se ha vuelto cada vez más necesario recurrir a una ADR integral como una herramienta no solo de control interno, sino como una herra-mienta para el cumplimiento efectivo de los objetivos y mandatos legales de las instituciones públicas.

Una mejor gestión de los riesgos que administra el Gobierno Federal conduciría a contribuir a la reducción de las vulnerabilidades que plantea la brecha de aseguramiento, incluyendo a su componente de riesgos catastróficos, así como a mejorar el control interno y congruencia en la forma de gestionar los riesgos públicos.

Debido a que el Estado enfrenta de forma permanente estos riesgos y que la población afectada por ellos es mayor; es fundamental determinar una sólida administración de riesgos como medida de efectividad de las tareas de medición, valoración, prevención, mitigación, transferencia y recuperación de los mismos. Si bien la ARP ya se ejerce en varios sectores de nuestro país, aún se requiere una política de implementación de la misma en todas las agencias gubernamentales para asegurar que el Estado opera bajo estándares de riesgo consistentes con sus mandatos.

Una Política Pública de Administración de Riesgos (PPADR) son los principios que guían las acciones del gobierno en su conjunto para implantar la Administración de Riesgos en todas las organizaciones gubernamentales y permearlas a las personas, hogares y empresas.

La Administración de Riesgos resulta un indicador indispensable del éxito en las funciones de las organizaciones del Estado: permite determinar qué tan efectivas está siendo en medir, valorar, vigilar, prevenir, mitigar, dispersar o transferir los distintos riesgos públicos para cum-plir sus objetivos y metas.

No obstante, una PPADR moderna debe asegurar que se implante en todas las agencias gubernamentales de los tres niveles de gobierno un mecanismo de rendición de cuentas por los riesgos gestionados, tal que permita a los ciudadanos corroborar que el Estado opera bajo estándares de administración de riesgos consistentes y compatibles con sus mandatos (Lucas, 2014).

Una política de esta naturaleza involucra sin duda a las todas las decisiones y actos transversales críticos para el funcionamiento del gobierno en sus distintos niveles y poderes (AUS 2014).

Durante 2014, la Auditoría Superior de la Federación realizó un estudio a 190 instituciones federales sobre sus planes estratégicos y evaluaciones de riesgos institucionales, procedimien-

5 (AUS 2014, BC 212, UK 2017)



tos y metodologías de ADR, así como riesgos en procesos susceptibles a actos de corrupción. El enfoque que sigue el documento está sustentado en mejores prácticas e integra la evalua-ción de riesgos dentro de la estructura de Control Interno. Bajo este enfoque se busca capa-citar a las Instituciones de Gobierno para evitar disrupciones y corrupción en sus procesos.

El enfoque de control interno se describe en el siguiente cuadro, en el cual se resalta de forma particular la evaluación de los riesgos:

Con este enfoque, el proceso de evaluación de riesgos comprende las siguientes fases:1. Contexto estratégico. Para definir claramente los objetivos.2. Identificación de riesgos. Pudiendo emplearse la siguiente clasificación: Ҋ Causas:

◦ Internos: Fallas en procesos, sistemas y personas ◦ Externos: Políticos, gubernamentales, legislación, tecnología, desastres naturales

Ambiente de control

Ҋ Compromiso de los titulares de las instituciones y unidades administrativas

Ҋ Desarrollo del talento humano

Ҋ Plan estratégico

Ҋ Estructura organizacional

Ҋ Modelo operativo por proceso

Ҋ Fomenta la rendición de cuentas

Evaluación de Riesgos

Ҋ Contexto estratégico

Ҋ Identificación de riesgos

Ҋ Análisis y evaluación de riesgos

Ҋ Políticas de administración de riesgos

Ҋ Tolerancia al riesgo

Actividades de control

Ҋ Politicas y manuales operativos

Ҋ Procedimientos documentados

Ҋ Se selecciona y desarrolla controles generales de TI

Ҋ Controles a nivel proceso

Ҋ Indicaciones de gestión

Información y Comunicación Ҋ Sistemas de información

Ҋ Análisis e identificación de información relevante

Ҋ Canales de comunicación interno y externo

Supervisión

Ҋ Auditoría interna

Ҋ Autoevaluación

Ҋ Evaluaciones independientes

Ҋ Mejora continua



Ҋ Riesgo potencial ◦ Corrupción ◦ Relaciones laborales y seguridad en el empleo ◦ Fallas, caídas de sistemas y virus ◦ Daños a activos materiales ◦ Fallas o errores en procesos

Ҋ Impacto ◦ Financieros: recursos públicos mal utilizados, desvío de presupuesto, pérdidas por

actos de corrupción. ◦ No Financieros: Daño reputacional.

3. Análisis y evaluación de riesgos, para evaluar los impactos4. Establecer políticas de administración de riesgos para definir su eliminación, control,

transferencia o en su caso como responder ante su ocurrencia5. Diseñar las medidas de control, monitoreo y comunicación.

Objetivos estratégicos

Ҋ Establecer de manera precisa los objetivos estratégicos conforme a la normatividad apli-cable y en la Administración Pública Federal (APF) con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y programa sectorial correspondiente.

Ҋ Establecer objetivos específcos en cada unidad administrativa, la misión y visión institu-cional, así como los prinicipios de integridad que la rigen.

Ҋ Establecer objetivos sobre programas de administración de riesgos.

Identificar

Ҋ Identificar los procesos sustantivos, adjetivos y estratégicos. así como los riesgos poten-ciales que amenazan el logro de los objetivos institucionales.

Ҋ Identificar posibles eventos en el entorno que podrán influir en el logro de los objetivos por ejemplo, cambios en el marco legal, en la economía, en la política, etcetera.

Evaluar y analizar

Ҋ Valorar el posible impacto y probabilidad de ocurrencia que representa la maduración de los reisgos identificados en perjuicio del logro de los objetivos institucionales.

Ҋ Priorizar los riesgos en términos de mayor a menor impacto y frecuencia para definir las acciones a corto y mediano plazo para su mitigación.

Responder

Ҋ Determinar un plan de acción para mitigar, principalmente, los riesgos evaluados con alto impacto y probabilidad de ocurrencia (analiza diferentes opciones para determinar la más adecuada definción de las implicaciones y características institucionales).

Ҋ Definir fechas de implementación del plan y sus responsables.

Controlar, monitorear y comunicar

Ҋ Seguimiento del avance de las actividades establecidad en el plan de acción y determinar la efectividad en la gestión del riesgo.

Ҋ Establecer, eliminar o actualizar controles respecto a su efectividad y en la mitigación del riesgo.

Ҋ Informar al Órgano de Gobierno, titular y otras instancias de control y vigilancia.



III. Unidad de Administración del Riesgo Público

Para garantizar la instrumentación de una Política Pública de Administración de Riesgos, se requiere integrar una Unidad al más alto nivel que pudiera ser responsable entre otras cosas, de gestionar los riesgos inherentes a las prioridades estratégicas de México.

En este sentido la Unidad sería responsable de: Ҋ Desarrollar el marco de gestión de riesgos que derive de los lineamientos de la Política

Pública de ADR. Ҋ Definir los objetivos estratégicos de la Administración de Riesgos a Nivel Federal, Estatal

y Municipal. Ҋ Promover el desarrollo de los sectores productivos a través de la optimización de la dis-

tribución de los apoyos gubernamentales (por ejemplo, subsidios al campo, pecuario, etc.) Ҋ Instrumentar un mecanismo de rendición de cuentas por los riesgos gestionados. Ҋ Administrar los Fondos que se constituyan para hacer frente a diversos riesgos como los

catastróficos. Ҋ Actuar como enlace y coordinador entre los organismos y secretarías involucradas en los

temas relevantes relacionados con Riesgos Públicos. Ҋ Homologar los lineamientos de transferencia de riesgos (por ejemplo, el aseguramiento

de bienes públicos, colaboración público-privada, etc.), a las mejores prácticas internacio-nales, con el apoyo de la Secretaría de la Función Pública. Entre otros temas se podrían mencionar:

◦ Instrumentar la figura de asesor técnico en licitaciones en los procesos para los ries-gos internos y externos que demandan transferencia a las aseguradoras. En cuanto a esta última propuesta, la Industria aseguradora podría generar valor y apoyar a esta iniciativa con definición de textos y esquemas de cobertura. Las bases de la licitación estarían diseñadas conforme a mejores prácticas y estándares internacionales bajo la supervisión de la Secretaría de la Función Pública (SEFUPU).

◦ Al haber varias licitaciones, pueden existir varios jugadores por el lado de la oferta de seguros, ya sea compitiendo solos o bajo esquemas de coaseguro, ‘pooles’ o consorcios.

◦ Podrían existir órganos internos de control para estas agrupaciones, o incluso po-dría operar un órgano colegiado público-privado con integrantes del sector ase-gurador que vigile las licitaciones.

Organización por manejo de riesgos de la Unidad de ADR

De manera esquemática, la imagen siguiente muestra cómo se podría estructurar el manejo de riesgos dentro de un área de Administración de Riesgo Público, dividiendo estos en Internos (operativos) y Externos (discrecionales o de posición de riesgos) para fines de cumplir con tres tipos de objetivos:

1. De control, con enfoque en: Ҋ Procesos operativos para reducir disrupciones y corrupción Ҋ Elaboración y ejecución de planes de continuidad de negocio



2. Estratégicos Ҋ Con un análisis transversal entre dependencias y público general Ҋ De gestión de riesgos, transferencia de los mismos a aseguradoras y gestión del residual

de riesgos.3. Por proyecto: Ҋ Integrando los procesos operativos de los proyectos de forma óptima Ҋ Manejando los riesgos de proyectos estratégicos que tocan a varias dependencias de

forma integral y homologada.

Bajo un esquema de este tipo se deberán definir el marco de gestión de riesgos y los procesos de control y auditoría que deben ser observados en todas las dependencias e instancias de la Administración Pública.

Internos

(No-discrecionales u operativos)

Externos

(Discrecionales o de posición de

riesgo)

Tipo

s de

Rie

sgos

Objetivos de la ARP

Control Estratégica Por proyecto

Enfoque en procesospara reducir

disrupciones y corrupción(ASF sf)

La estrategia de deriesgos informada por unaevaluación congruente deforma transversal entredependencias y le públicogeneral a través de ERM (US2016)

La correcta implementaciónde los proyectos descansa enforma como se van integrandoen sus procesos(UK 2011)

Enfoque en la elaboración yejecución de planes de

de negocios (ASFsf)

Acepta que los riesgos sonuna parte integral de la accióngubernamental, y losadministra al sumonitoreo, ytransferencia, tal queconscientemente elriesgo residual en un niveladecuado (BC 2012)

Existen frecuentementeproyectos estratégicos paramuchas dependencias, y elmanejo de sus riesgos permitemonitorear cambios en susrequerimientos, retrasosevitables o fallas en lasentregas (UK 2011)

Aportación del sector asegurador a desarrollo económico y las ventajas de disminuir la brecha de aseguramiento


CAPÍTULO 2


El índice de penetración del seguro constituye un indicador de la forma en que una sociedad emplea el seguro como un mecanismo para dar estabilidad a la actividad económica y social a través de la protección y compensación de riesgos, y como un instrumento para la gestión de ahorro y promoción de la inversión de medio y largo plazos.

Un sector asegurador robusto es una característica esencial de un sistema económico mo-derno y contribuye al crecimiento económico y al empleo.

Pocas veces se menciona que el sector asegurador contribuye en gran medida a que las so-ciedades sean más productivas, competitivas y estables. Los seguros aportan capacidad para realizar inversión a largo plazo, lo que aumenta la estabilidad social y económica, fomentan la producción y el consumo, a la vez que posibilita el desarrollo de actividades que no serían posibles sin un seguro.

Si no existieran los seguros, una parte importante del resto de la economía no podría de-sarrollarse en la forma en la que lo ha hecho. El seguro substituye la incertidumbre por una indemnización en la vanguardia del desarrollo. Lo anterior es particularmente relevante en algunos sectores y en algunos países que presentan, por sus condiciones, riesgos adicionales a los inherentes a una actividad económica determinada en cualquier otro país del mundo (in-cluidos los desastres naturales).

Un país con un mayor grado de aseguramiento es un país más moderno, donde hay una asignación más eficiente de los recursos y se pueden desarrollar sectores estratégicos con largos horizontes de planeación.

La contribución que hacen los seguros a la estabilidad y a la competitividad es un podero-so argumento para que su desarrollo se convierta en una prioridad de políticas públicas. Es muy importante que el próximo Gobierno Federal cuente con una política pública integral que fomente el aseguramiento. Todas las economías modernas y exitosas tienen un sector de seguros consolidado y con una alta penetración. La causalidad es bidireccional: el mercado de seguros se beneficia de una economía moderna más productiva, pero también la economía es más moderna y más productiva en la medida en la que cuente con un mercado de seguros desarrollado.

La expansión del sector en la economía refleja una situación donde hay un mayor cumpli-miento del estado de derecho y contribuye al fortalecimiento de la estabilidad macroeconó-mica al proveer recursos de ahorro de largo plazo.

Las contribuciones del seguro al crecimiento de un país, de una región, de una unidad eco-nómica o de una familia pueden ser resumidas en cuatro grandes conceptos:

1. El seguro contribuye al bienestar social y al desarrollo de la economía, fomentando la prevención, mitigación y protección efectiva de los riesgos:

a. Del EstadoLos seguros permiten optimizar la estrategia de administración del riesgo público,

disminuyendo los costos gubernamentales.



La transferencia de riesgos del Gobierno a las compañías de seguros es parte de una política pública de aseguramiento que conlleva el desarrollo de productos para cubrir riesgos específicos de los activos del Estado o, en su caso, riesgos de la pobla-ción que afectan las finanzas gubernamentales que se derivan de programas sociales. La transferencia de estos riesgos a las empresas de seguros disminuye los costos gubernamentales amén de los beneficios que una mayor penetración puede tener en términos de ahorro, eficacia de la intermediación financiera y crecimiento.

Una unidad central y profesional de administración de riesgos debería ser el prin-cipal motor de una política de prevención que mediante el establecimiento de las medidas transversales necesarias pueda ayudar al Estado a mejorar la retención y administración del riesgo público.

b. De las Empresas Los seguros permiten a las empresas crecer y tomar riesgos sin la necesidad de

hacer reservas líquidas de capital para enfrentar contingencias. Es a través de un seguro que las empresas aseguran su operación (no sólo en virtud de la protección de la contingencia, sino en la posibilidad de tener una mayor disponibilidad de capital para la inversión productiva en lo que ellas hacen). De igual forma, todos los procesos innovadores se ven favorecidos con la protección que brindan los seguros, dado el alto riesgo que conlleva la innovación.

La ausencia de cobertura asegurada suficiente es particularmente onerosa para las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) que tienen menor capacidad de acercarse a los mercados financieros y quedan sujetas a una precariedad contingente al difícil-mente tener capacidad para crear reservas. Con demasiada frecuencia, la actualiza-ción de un evento contingente conduce no sólo a la quiebra de la Pyme, sino también a la exportación del riesgo enfrentando a personas, físicas o morales, asociadas a la Pyme involucrada. Es decir, la carencia de aseguramiento para las Pymes no es sólo un obstáculo para su desarrollo y crecimiento, sino que el suceso de siniestros con-lleva a la multiplicación de los riesgos para otros actores igualmente vulnerables. Pro-mover el aseguramiento de las Pymes, se evita la multiplicación o epidemia de riesgos a otras empresas igualmente vulnerables.

Se requiere un apoyo gubernamental al aseguramiento de los activos y procesos de distribución de estas empresas, lo cual es factible de lograr re-direccionando algu-nos recursos de programas de apoyo ya existentes.

c. De los individuos y de las familiasLos seguros proveen a los individuos y a las familias de protección financiera

frente a riesgos que implican una merma considerable a su presupuesto y calidad de vida. Es importante precisar esto porque, en el diseño del presupuesto familiar, se considera por lo general los gastos ineludibles (alimentación, vivienda, servi-cios, vestido, transporte, etc.) o los placenteros (entretenimiento, viajes, cultura, etc.) pero no aquéllos sobre los que no se tiene la certidumbre que deberán ser enfrentados, lo que deja a las familias en una situación de enorme fragilidad cuan-do ocurre la contingencia no prevista.

Muchas veces se trata de riesgos de tal magnitud (algunos incluso catastróficos)



que las familias difícilmente podrían cubrirlos mediante el ahorro. Además, pueden presentarse en forma simultánea, lo que multiplica el grado de vulnerabilidad al que se ven expuestos tanto los individuos como los hogares.

La posibilidad del aseguramiento contra riesgos específicos, mediante el pago de una prima significativamente menor al costo de la ocurrencia del siniestro, permite a las personas y a los hogares:

a. Conservar el bienestar y el patrimonio frente a la contingencia específica o contingencias simultáneas:

b. Realizar una planeación financiera de largo plazo: Los seguros son inversionistas institucionales de largo plazo, que amplían el número de instrumentos disponi-bles para el ahorro, para el retiro y para la planeación financiera familiar.

c. Practicar una cultura de prevención y cuidado oportuno: Los seguros “premian” y también “castigan” (a veces incluso con el no pago de la suma asegurada) una mayor exposición al riesgo por parte de los asegurados, fomentando conductas específicas en materia de salud (peso saludable, no adicciones, etc.), en accidentes viales (capacitación y obtención de licencias y permisos, no conducción en estado de ebriedad) en el hogar y de automóvil (medidas de protección civil, mantenimiento oportuno) y otros más.

d. Destinar el ahorro a otros gastos: El estar cubierto contra contingencias específi-cas permite lo que se conoce como “la sustitución del ahorro”, gracias a lo cual personas y familias pueden destinar el ahorro que tendrían para cubrir el riesgo a otros gastos (mayor bienestar) o a un mayor ahorro para otros rubros6. Esta “sustitución del ahorro” promueve una mayor intermediación financiera, ensan-cha el tamaño del mercado y multiplica las opciones de ahorro.

2. El seguro detona el desarrollo económico y el bienestar social:Como sabemos, en México se tiene un bajo nivel de intermediación y de inclusión

financiera. Por ello, uno de los retos en México es la alta participación de los hogares en la formación bruta de capital fijo. Esta alta participación implica que los hogares, en lugar de intermediar financieramente su ahorro de una manera más eficiente, directamente forman su propio capital fijo en sus hogares y negocios, lo que limita sus posibilidades de ampliar el abanico de financiamiento, incrementar los horizontes de inversión, adoptar las mejores tecnologías y asegurarse contra posibles siniestros.

Las diversas fuentes del ahorro (hogares, sociedades no financieras, sociedades financieras, gobierno e ISFLSH7) contribuyen ya al PIB a través no sólo de su actividad productiva y de consumo, sino a través del ahorro que realizan. Los seguros son un mecanismo ideal para in-crementar dicho ahorro y que éste, además, tenga un impacto más eficiente en el crecimiento económico.

La relativa baja participación de la masa salarial en el ingreso nacional es no sólo re-levante en términos de la distribución del ingreso, sino que tiene una señalada conse-

6 Ver Haiss, Peter R. y Sümegi Kjell The relationship of insurance and economic growth: a theoretical and em-pirical analysis Universidad de Economía y Administración de Negocios, Europeinstitute, Viena, Austria

7 ISFLSH= Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares



cuencia en relación con el ahorro y a la capacidad de adquirir un seguro o ahorrar para el retiro. En la medida en la que la participación del trabajo (masa salarial) sea pequeña, utiliza el salario como fuente para pensiones para el retiro o como base para el cobro de los impuestos o el sufragio de seguros presenta límites muy claros.

Una mayor masa salarial y una mayor penetración de los seguros en la economía (y por ende, un mayor ahorro e inclusión financiera), tendría un doble efecto positivo:

◦ Mayor capital disponible producto de un mayor ahorro, ◦ Mejor canalización del capital al privilegiar inversiones en el sector moderno, en el

que presumiblemente hay mayor número de bienes públicos e infraestructura que potencia el uso del capital invertido, y, por tanto, una mayor tasa de rendimiento del capital en promedio.

Se ha visto ya que los seguros pueden incrementar el ahorro y éste tanto el capital como el retorno. Con ello tanto el seguro como el ahorro tienen un impacto directo en el crecimiento económico. En este sentido, el seguro, al ser ahorro bruto, contribuye al cre-cimiento económico a través del aumento que implica en el capital y en el PIB. Asimismo, los hogares mexicanos son el canal de ahorro más importante de la economía mexicana, al representar 33.5 por ciento del ahorro total y también participan de manera importan-te –ya que son intermediación financiera eficiente- en la formación bruta de capital fijo.

Las compañías de seguros son grandes inversionistas institucionales en acciones, bo-nos, deuda y bienes raíces (ver gráfica siguiente, donde se muestra que son el tercer inversionista institucional más importante del país). Tanto en forma directa como indi-recta las aseguradoras proveen fondos para la inversión y contribuyen a la demanda en diversos mercados financieros. Al proveer de liquidez y profundidad a esos mercados, mejoran su desempeño. Debido a la alta liquidez que tienen es más fácil para cierto tipo de inversionistas privados e institucionales (como las aseguradoras) tener acceso a porta-folios altamente diversificados e invertir en proyectos de alta productividad y alto riesgo. Por otra parte, la posibilidad de obtener utilidades tempranas alivia a los inversionistas de la difícil decisión de vender o no activos de alto riesgo en mercados restringidos. Por un lado, esto crea condiciones para limitar el desperdicio de recursos debido a una mayor competencia en los mercados y, por el otro, ayuda al crecimiento económico al contribuir al flujo de fondos a proyectos que son intensivos en capital.



Principales inversionistas institucionales en México 2017(millones de pesos)

Fuente: AMIS

Es posible en cada país segmentar el impacto de la inversión de las aseguradoras en los diferentes mercados de capital (acciones, bonos, bienes raíces), para evaluar en qué forma han contribuido al crecimiento de una región o país determinados. Una mayor eficiencia en las compañías asegurado-ras implica una mayor eficiencia de otros intermediarios financieros y, por ende, la contribución del sector financiero al crecimiento económico.

Los seguros contribuyen al bienestar social dada su estrecha relación con el desarrollo económico.El bienestar social es el conjunto de factores que participan en la calidad de vida de las personas en

una sociedad y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dan lugar a la satis-facción humana o social. Es una condición no observable directamente, sino que es a partir de formu-laciones como se comprende y se puede comparar de un tiempo o espacio a otro. Aun así, el bienestar aparece correlacionado con algunos factores económicos objetivos.

Desde el punto de vista económico, el bienestar social se refiere al nivel alcanzado en la satis-facción de las necesidades básicas fundamentales de la sociedad, que se expresan en los niveles de educación, salud, alimentación, seguridad social, vivienda, desarrollo urbano y medio ambiente.

El bienestar social se puede medir: Ҋ En el ámbito económico, en función del incremento del producto per cápita real; el aumento

en la participación del gasto social respecto al total de egresos, mejoría en la distribución del ingreso, aumento del empleo y fortalecimiento en la balanza de pagos;

Ҋ En el ámbito social se mediría por el incremento en los niveles de salud, educación, vivienda, alimentación y erradicación de la pobreza extrema.

Como se ha argumentado anteriormente, al detonar el desarrollo de la economía, los seguros contribuyen a mejorar el bienestar social. Independientemente de esto, el Gobierno Federal, y en algunos casos los Estatales, ponen en marcha diversos programas sociales para incrementar el Bienestar Social, en muchas ocasiones estos programas se administran a través de fideicomisos que no necesariamente respaldan adecuadamente los pasivos contingentes que se generan. Ejem-plos de estos programas son los correspondientes a “Adultos Mayores” y “Jefas de Familia”.

Fuente: AMIS

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250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

SIEFORES Sociedades de inversión Seguros

120, 345

160, 630

160, 630

Mill

ones

de

dóla

res



El sector asegurador puede brindar al Gobierno Federal alternativas de transferencia de estos programas a las aseguradoras que permitan optimizar el uso de recursos públicos sin detrimento en la cobertura que se brinda a la población.

3. Los seguros catalizan el Estado de Derecho y Promueven la Formalidad de la Economía:a. Catalizan el Estado de Derecho

México, a pesar de ser una de las economías más importantes del mundo (la número 14, de acuerdo con el Banco Mundial), es una de las más vulnerables en materia de Estado de Derecho. La reflexión lleva a preguntarse hasta dónde puede llegar México en materia de desarrollo económico si mejorara en el imperio de la ley y en la consecución real del Estado de Derecho.

Por su naturaleza, los seguros pueden convertirse en un importante catalizador del Estado de Derecho y del cumplimiento con las normas. Con frecuencia, en los países con alta penetración y uso de los seguros, los agentes económicos cumplen con sus obliga-ciones en el contexto del aseguramiento de sus operaciones. Las condiciones necesarias para el adecuado funcionamiento de los seguros muchas veces requieren de la adopción de las mejores prácticas en términos de las mejores tecnologías, excelencia logística y protocolos tanto ambientales como de seguridad, por mencionar sólo algunos ejemplos.

Las compañías aseguradoras en muchas ocasiones tienen un mayor y mejor desempe-ño supervisor que el gobierno, en gran medida porque disponen de información de mejor calidad. Por otra parte, no sólo supervisan conductas proclives a un mayor bienestar y un menor riesgo, sino que además influyen en ellas, al establecer “premios” y “castigos” en el pago de la prima (o como condicionales del pago de la suma asegurada). Algunos ejem-plos incluyen los buenos hábitos nutricionales y de salud para poder tener acceso a una menor prima en materia de seguros de vida y de gastos médicos, o el no pago de la suma asegurada para quien no tiene licencia de conducir en el caso de seguro de automóvil y accidentes viales.

Es necesario señalar que las compañías aseguradoras también contribuyen al Estado de Derecho en el uso que hacen de la información de sus asegurados (particularmente amplia), la cual usan para disminuir riesgos.

Una tercera contribución es en materia de medidas de seguridad y tecnología relacio-nada con ésta. Los seguros la evalúan para incorporarla a sus análisis de riesgo y son im-portantes usuarios de ésta, lo cual crea externalidades positivas. Un ejemplo son los me-canismos de seguridad de automóvil, (alarmas, identificación satelital) que no sólo evitan el hurto del coche asegurado, sino que desincentivan el robo de los automóviles vecinos.

Como parte del aseguramiento, las compañías de seguros brindan el servicio de peritos y ajustadores, los cuales contribuyen al proceso regulatorio ex post. Estos empleados de las aseguradoras adjudican efectos jurídicos y consecuencias legales a una contingencia determinada. Ejemplo de ello es el ajustador de seguro que reporta que un conductor invo-lucrado en un incidente vial (ya sea su asegurado o el otro conductor) no tiene licencia, lo que puede implicar el no pago de la suma asegurada. En este sentido, la compañía asegura-dora es un muy efectivo regulador ex post (tanto en la evaluación como en la aplicación de sanciones) de una conducta violatoria de la ley, en este caso el conducir sin licencia.

Los seguros también rivalizan en eficiencia con las agencias regulatorias y supervisoras



del gobierno, principalmente en las áreas de salud, sanidad y seguridad vial (entre otras) donde las compañías aseguradoras se ven obligadas a evaluar riesgos y reaccionar a ellos con la misma celeridad que estas agencias reguladoras.

Cabe señalar que en México hay una amplia gama de seguros obligatorios, sobre todo en los sectores industriales, agrarios y de logística y transporte, sin embargo, muchas veces esta obligatoriedad no es supervisada por el gobierno en la forma en la que se debería.

Finalmente, en materia de seguridad, el gobierno muchas veces señala las medidas en la materia como normativas con sanciones específicas por incumplimiento. Las compañías aseguradoras, por el contrario, ofrecen “menús” de incentivos y sanciones en función de la aplicación de las medidas mínimas que establece el gobierno y de otras más ambiciosas.

En síntesis, las compañías aseguradoras contribuyen al Estado de Derecho a través de las siguientes funciones inherentes a su naturaleza y quehacer empresarial:

▪ Realizar inversiones específicas en la reducción de riesgos. ▪ Ofrecer descuentos de primas y otros incentivos ante la aplicación de hábitos y

conductas que lleven a la reducción de riesgos. ▪ Diseñar protocolos y tecnologías de seguridad que generan importantes econo-

mías de escala. ▪ Actuar como reguladores ex post en las contingencias que aseguran (lo que pro-

mueve la formalidad).

b. Promueven la Formalidad de la EconomíaEl tamaño de la economía informal en México representa uno de los retos más signi-

ficativos para la expansión del mercado de seguros, la competitividad y el propio desa-rrollo. Para el agente económico de la informalidad el costo de los seguros --incluidos los obligatorios a la seguridad social-- es una razón adicional para permanecer en ella.

Los seguros son mecanismos con efectos multiplicadores muy positivos para el País, que generan beneficios a la recaudación fiscal, por ejemplo, en los seguros de autos, de daños y de gastos médicos:

▪ Mejor control fiscal, a través de las aseguradoras se verificaría que la erogación del gasto de los proveedores médicos, de talleres, de arquitectos, etc., se haya realizado.

▪ Mayor impuesto erogado de la venta del seguro y de la operación de la asegu-radora. Se darían economías de escala y mayor sustentabilidad del seguro en el largo plazo, al haber un mayor número de asegurados.

▪ Aumento de los ingresos gravables y formalidad de los proveedores médicos, de talleres, de reparaciones diversas.

▪ Mayor inversión en el sector salud y otros sectores como la construcción. ▪ Disminución del uso de efectivo e incremento de los movimientos a través del

sistema financiero.

El sector asegurador puede, además, diseñar instrumentos novedosos para hacer más atractiva la participación a los agentes informales en los seguros. Además, una vez que los seguros alcanzan una masa crítica de penetración, el costo de permanecer en la in-



formalidad sin seguros sube más que proporcionalmente para el agente informal. Otra manera de verlo es premiar la participación en la formalidad a través de los seguros, como se prevé hacer con los seguros ligados al programa de Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) de la SHCP.

El sector asegurador es una de los más sólidos y confiables en México, cuenta con uno de los marcos regulatorios más modernos y su solidez financiera está basada en sus reservas técnicas y requerimientos de capital, cuya cobertura siempre es superior a la mínima requerida legalmente.

El sector asegurador tiene como objetivo instrumentar soluciones para el manejo efi-ciente de los riesgos súbitos e imprevistos; ya que los seguros son, ante todo, una protec-ción financiera que una empresa brinda a una persona física o moral, pública o privada frente a un riesgo al que están expuestos.

Los seguros permiten al Estado, Empresas, Familias e Individuos, reducir sus vulnera-bilidades y optimizar el manejo de su patrimonio, a través de fomentar la prevención, la mitigación y protección efectiva de los riesgos.

En el marco de las políticas públicas, el sector asegurador busca consolidarse como socio estratégico del sector gobierno para apoyarlo en la gestión óptima de sus riesgos, buscando con ello generar importantes ahorros en recursos que puedan ser canalizados a otras áreas productivas de la economía.

Los seguros contribuyen al desarrollo de la economía, haciendo gestionable la incerti-dumbre que enfrentan las empresas, permitiéndoles disponer de capital que destinarían a reservas para enfrentar contingencias.

Asimismo, los seguros proveen a los individuos y a las familias de protección financiera frente a riesgos que implican una merma considerable a su presupuesto y calidad de vida. Es importante precisar esto porque, en el diseño del presupuesto familiar, se considera por lo general los gastos ineludibles (alimentación, vivienda, servicios, vestido, transporte, etc.) o los placenteros (entretenimiento, viajes, cultura, etc.), pero no aquéllos sobre los que no se tiene la certidumbre que deberán ser enfrentados, lo que deja a las familias en una situación de enorme fragilidad cuando ocurre la contingencia no prevista. Para po-tenciar este objetivo, el sector es promotor de una población financieramente educada, para que ésta tome mejores decisiones en el ámbito económico y financiero, logrando con ello contribuir a la estabilidad económica y a generar un entorno favorable para el crecimiento y el desarrollo del país.

El sector asegurador en México ha mostrado, en los últimos años, un dinamismo por encima del crecimiento general de la economía y se ha convertido cada vez más en un mecanismo financiero de protección contra los riesgos que enfrentan las familias, las empresas y el gobierno. Sin embar-go, México es un país con un desarrollo inadecuado de su sector asegurador en relación con el tamaño de su economía.

Los seguros pueden hacer una contribución mucho mayor al desarrollo de México de la que hasta ahora han hecho.

Propuestas para implementar una Política de Administración del Riesgo Público en 6 temas estratégicos para México


CAPÍTULO 3

Propuestas del sector asegurador para implementar una Política de Administración del Riesgo Público en temas estratégicos para México

De manera particular, como sector segurador, consideramos que la Política Pública de ADR, debiese atender 5 temas prioritarios de México:

I. Salud,II. Administración de Riesgos para la población adulta mayor III. Robo y protección a víctimas de accidentes vialesIV. Aseguramiento de riesgos catastróficos V. Seguro Agrícola

Las propuestas detalladas para cada uno de estos grandes temas se desarrollan a continuación.

I. SaludPropuesta del sector asegurador para la cobertura universal al Sistema de Salud.

El derecho a la salud es un derecho social establecido en el artículo 4° de la Constitución Política, y el Gobierno Federal es el responsable de proveer los servicios de salud a las personas del sector formal e informal, razón por la cual el Estado Mexicano ha aspirado a la Seguridad Social Universal durante más de 80 años.

En 1929 se insertó en la Constitución la necesidad de establecer la Ley del Seguro Social; en 1983 se adicionó el derecho a la protección de la salud en el artículo 4° de la Constitución; y en los últimos 20 años se han desarrollado reformas en el Sistema Nacional de Salud (SNS): la reforma de 1997 del IMSS, la reforma de 2003 a la Ley General de Salud (la cual dio origen al Sistema de Protección Social de Salud, Seguro Popular) y la reforma de 2007 a la Ley del ISSSTE.

Sabemos que la seguridad social es una herramienta muy importante para el desarrollo económico, es un valor intrínseco por sí mismo, pero también es un valor indispensable para el desarrollo y la productividad. Sin embargo, la Seguridad Social y el Seguro Popular no cubren a toda la población (16% de la población sin protección, equivalente a 19.3 mi-llones de personas), ni todas las enfermedades o servicios:

A partir de 2006, el gasto público en salud ha mostrado una tendencia de crecimiento mayor al gasto privado; dentro de este último, la participación del sector asegurador ha pasado del 4.6% al 7.3%, provocando en parte la disminución al porcentaje de gasto de bolsillo en cerca de tres puntos porcentuales.



El gasto de bolsillo que las familias destinan para solventar los requerimientos de atención médica no cubiertos por el seguro público o privado, constituye 45% de los ingresos del sistema de salud y 4% del gasto de los hogares, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este gasto es el más alto de la OCDE y de los más altos del mundo (por arriba de lo esperado y del promedio mundial), del cual cerca del 30% es para medicamentos y 25% para hospitalización. Así mismo, el 1.7% de las familias sufrieron quebrantos económicos por no tener una cobertura de salud pública y privada.

En la actualidad existen diversas instituciones públicas para la atención de la salud; sin embargo, hay una fragmentación jurídica-institucional, una serie de deficiencias, limitaciones, insuficiencias y rezagos en el acceso a los servicios de salud, que hacen insostenible al SNS en términos financieros y operativos en el mediano plazo, y que reclaman su transformación.

Al mismo tiempo, México se encuentra frente a retos demográficos y epidemiológicos que agra-van el problema: en los próximos 30 años, el país tendrá un mayor porcentaje de población enve-jecida, que padecerá enfermedades crónicas que demandarán una mayor atención médica, más especializada y de calidad, y un mayor financiamiento.

En su estado actual, el SNS no está en condiciones de responder a las demandas de servicios de salud de la población, ni de alcanzar la universalidad de los servicios de atención médica con la efectividad que se requiere. Por otra parte, el enfoque preventivo no ha sido suficiente para responder a los retos que resultan de la transición epidemiológica que afecta actualmente a la población mexicana.

Entre las vulnerabilidades más significativas del SNS, destaca la segmentación ligada a la condi-ción laboral, que se traduce en duplicidades en el financiamiento y deficiencias en la optimización de infraestructura y recursos humanos escasos para la atención de necesidades de salud.

43% 44% 46% 47%

90%

51% 52% 53% 52% 51% 52%

57% 56% 54% 53%

51%

49% 48% 47% 48% 49% 48%

5.7% 5.8% 5.7% 6.2%

6.0%

5.8% 5.9% 6.0% 5.7% 5.8% 5.8%

2006 2007 2008 2009 20102 011 2012 2013 2014 2015 2016

GASTO EN SALUD EN MÉXICO COMPARADO CON PIB2016

% Gasto Público % Gasto Privado

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016% Gasto total en Salud 2.72 .8 2.93 .1 3.03 .2 3.33 .5 3.63 .7 3.5

% Gasto privado en Salud 4.64 .9 5.35 .7 5.96 .7 6.87 .4 7.47 .7 7.3

Nota: Con base en siniestros. Fuente: ICDE, INEGI, EstadisticAMIS

Proporción Seguros Médicos (GM y Salud) respecto:



En caso de que las consideraciones anteriores no se traduzcan en cambios, se estiman las siguientes implicaciones al SNS:

Ҋ El acceso a la salud estaría en riesgo, ya que la carga económica que hoy enfrenta el sis-tema será insostenible en el mediano plazo, principalmente por la presión que ejercen los adultos mayores y que incidirá en la cantidad de recursos económicos disponibles para atender los otros segmentos poblacionales.

Ҋ No contar con un sistema de salud eficiente, coordinado y sustentable en el largo plazo, aunado a otros determinantes sociales, limita y frena el crecimiento de un país, ocasiona empobrecimiento de la población, ineficiencias productivas y problemas sociales que re-presentarían un costo mayor para el país.

Se requiere un sistema de salud integrado, confiable, sostenible y eficiente, centrado en la salud de las personas, enfocado en la promoción de la salud y en la prevención, que reduzca las barreras económicas de acceso; con indicadores claros que muestren los avances en la calidad, el costo y los resultados en salud; y con regulación enfocada a la calidad y a la competencia (práctica médica basada en evidencia, estándares mínimos de calidad, apego a guías de prác-tica clínica, información pública de la atención).

La Salud se ha mantenido como un tema pendiente en la agenda pública de México, por de-bajo de otros temas que han cobrado mayor prioridad. Así mismo, ha tenido un espacio fiscal limitado y presiones crecientes de mejoras en su atención. Instancias internacionales señalan que el papel central del Estado en el financiamiento y prestación de servicios de salud es con-siderado el estándar o referente deseable en la mayor parte del mundo. Sin embargo, para dar solución a estos problemas, los países se apoyan en esquemas de prestación y aseguramiento público - privado (en proporciones variables, por supuesto).

En ese sentido, los seguros privados pueden contribuir a los objetivos de salud. Con una visión compartida y eficiente entre el sector público y privado para el logro de metas de salud, el sector privado (en este caso el asegurador), puede ser un actor que contribuya al bienestar de la población y a la productividad del país.

PropuestasLas instituciones de seguros manifiestan su deseo de colaborar con el Gobierno Federal en apoyar las acciones pertinentes que ayuden al Sistema Nacional de Salud:

Ҋ Universalidad del Sistema de SaludEsquemas de aseguramiento en colaboración pública – privada, para lograr el aseguramiento de los 19.3 millones de mexicanos que aún carecen de este derecho fundamental, así como la ampliación del alcance de la protección financiera pública y el mejoramiento en la efectividad del gasto en salud, con el fin de reducir el gasto de bolsillo que incide en el empobrecimiento de muchas familias y, sobre todo, en el retraso de la atención de las enfermedades crónicas bajo una adecuada regulación. Las alternativas son:

◦ Seguros de salud complementarios: cubrir enfermedades o tratamientos no cubiertos por la SS o el SP o dar la elección de poder acceder a otros servicios

◦ Permitir que el sector privado participe en la articulación o gestión activa de pacien-tes con enfermedades crónicas cubiertos bajo esquemas de aseguramiento público.



◦ Permitir que la población trabajadora formal no asalariada pueda optar por el ase-guramiento privado en salud, siempre y cuando se preserve la solidaridad en el financiamiento y se garantice la cobertura de un esquema integrado y preventivo de atención médica.

◦ Establecer un seguro de cuidados de largo plazo que cubra los costos no médicos. Este tipo de seguro, como ocurre en otros países, cubriría los servicios que pueden otorgase ya sea en el domicilio del paciente o en sitios especializados, tales como es-tancias de día o residencias de cuidados intermedios. Con base en las mejores prácti-cas internacionales, el seguro tendría que estar creado por mandato de ley, podría ser obligatorio para todos los trabajadores afiliados a la seguridad social y voluntario para trabajadores no asalariados. Bajo esa lógica, el financiamiento podría ser tri-partita, cuidando que la contribución del Gobierno Federal sea la misma por persona para mantener la equidad fiscal y que no aumente la carga fiscal para la seguridad social.

El mayor aseguramiento privado fortalecerá al Sistema Nacional de Salud y a la economía, ayudando a reducir el gasto de bolsillo y gasto empobrecedor por salud, financiando el costo de la salud a través de la transferencia de riesgos; al abasto de insumos, acceso a medicamen-tos y dispositivos innovadores y prestación de servicios. Así mismo, se fomentará la inversión privada, el empleo, la competencia y el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud en beneficio de los mexicanos.

Con la colaboración del Seguro Médico Privado, el Gobierno Federal podría liberar recursos para destinarlos a otros rubros prioritarios (salud pública, poblaciones vulnerables, epidemias / pandemias, educación para la salud, etc.), lo cual tendería a mejorar la esperanza de vida de los mexicanos, incrementar el gasto en salud a niveles similares de los países miembros de la OCDE, atender los graves problemas de salud que actualmente tiene la población mexicana y mejorar la productividad.

Ҋ Establecer los pilares para garantizar la seguridad del paciente y la mejora continua de la calidad en el sistema de salud en su conjunto

En el sector público y en el sector privado se deben tener estándares de calidad mínimos para garantizar la seguridad del paciente y los mejores resultados posibles en salud a partir de las intervenciones y servicios médicos que correspondan al paciente según sus necesidades. Si las aseguradoras privadas tienen un papel más proactivo como articuladores que gestionan la atención de sus asegurados y fungen como compradores de servicios, un requisito indis-pensable es contar con garantías del cumplimiento de estándares mínimos de calidad y con información que les permita tomar las mejores decisiones de compra de servicios con base en la calidad de los prestadores, ya sean públicos o privados. Esto es también una condición in-dispensable bajo cualquier escenario de colaboración entre las instituciones públicas de salud y el sector asegurador privado.

Se propone impulsar la creación de una instancia reguladora, independiente de la Secretaría de Salud, que fije los estándares mínimos de seguridad y las medidas para promover y vigilar la calidad en la prestación de servicios médicos, con atribuciones sobre los prestadores públicos y privados. Sería responsable por lo tanto de regular y conducir los procesos de certificación y acreditación de profesionales de la salud, hospitales y otros prestadores de otros servicios. Esta instancia determinaría también las variables clave para medir la calidad con un enfoque en resultados en salud y la efectividad de las diferentes rutas de tratamiento para emitir re-



comendaciones sobre protocolos clínicos y monitorear el apego a guías clínicas. Definiría las variables para medir de forma continua la calidad de la atención y poner a disposición del público los resultados de mediciones periódicas. Estos elementos son centrales no sólo para mejorar la calidad en el sistema de salud sino también para reducir la heterogeneidad entre los prestadores de servicios. Existen antecedentes de iniciativas del Poder Ejecutivo Federal en este sentido que sería importante rescatar y promover.

Ҋ Desarrollar instrumentos para la gestión médica de los aseguradosAsumir un papel más proactivo como articulador y comprador estratégico de servicios médicos requiere necesariamente que los aseguradores privados cuenten con los proce-sos e instrumentos necesarios para hacer la gestión médica de sus asegurados de forma eficiente. En primer lugar, se requiere contar con sistemas de información estandarizados de información y flujo de pacientes para referirlos entre diferentes tipos de servicio. En se-gundo término, se requiere contar con acceso a una red de prestadores que permita hacer interconsultas entre diferentes servicios y especialidades, y diagnóstico remoto para agili-zar la detección y prevención oportuna, así como definir lo antes posible la mejor ruta de tratamiento. Esto requiere tener los canales para contar con la información del paciente de forma oportuna y salvaguardando la integridad y privacidad de la información. En tercer lugar, para que la articulación o compra de servicios sea eficiente, se requiere cambiar de un enfoque basado en el reembolso o pago de gastos, hacia un enfoque basado en el pago por “resultados en salud”. Los resultados en salud deben ser por lo tanto susceptibles de medición y monitoreo, y aunque las aseguradoras no prestan servicios médicos de manera directa, su capacidad de encontrar nuevos mercados se encuentra entrelazada con la ca-pacidad de que los asegurados, así como su información médica, se puedan mover eficien-temente entre distintos esquemas de aseguramiento y entre distintos servicios y niveles de atención. Actualmente, los sistemas de información y flujo de pacientes no son eficien-tes, ni en el sector público, ni en el sector privado. No es posible contar con información que dé cuenta del paciente a lo largo de su trayectoria a través de distintos servicios y de su utilización de recursos (por ejemplo, medicamentos), a lo largo del tiempo y dentro del sistema de salud. Esto se explica en gran medida por la falta de integración entre los esquemas de aseguramiento y prestación de servicios, y porque la función de articulador o comprador de servicios no está lo suficientemente desarrollada en el sistema de salud.

Se propone que el sector asegurador privado asuma el liderazgo desde su propio ámbito de acción para propiciar el desarrollo de instrumentos para la gestión médica del paciente. El sector asegurador puede jugar un papel importante y con efectos positivos para el resto del sector salud, en impulsar la estandarización y proliferación de sistemas automatizados de información que faciliten: i) el seguimiento, referenciación e interconsultas a través de un expediente clínico electrónico; ii) la colaboración para la interconsulta y diagnóstico presencial o remoto a través del uso de telemedicina para vincular a distintos profesiona-les del sector público y privado, y a los pacientes; iii) la medición de resultados en salud para comprar servicios bajo esquemas de pago por resultados y iv) la prescripción eficiente y entrega de medicamentos a través del uso de la receta electrónica. Con relación a este último rubro, se considera necesario también adecuar el marco jurídico para hacer obliga-torio el uso de la denominación genérica en todos los casos para la elaboración de recetas médicas en el sector público y privado. Muchos de estos instrumentos implican contar con información de la propia prestación de los servicios y tener la capacidad de aglutinar



información de diferentes fuentes. Se requiere también que exista una estandarización de variables y códigos que permitan en algún momento la convergencia de distintos sistemas. Por lo tanto, se propone también un mayor acercamiento del sector asegurador privado con las áreas normativas de salud y del sector asegurador en lo referente a estándares y codificación que deban ser promovidos a nivel sectorial.

Así mismo, considerando que el subsistema privado de mercado depende de la libre demanda y del gasto de bolsillo, se requiere que el consumidor se sienta protegido e infor-mado para su eficiente operación. Es necesario promover una regulación que incentive la competencia y la concurrencia para lograr:

◦ Mayor acceso de genéricos al mercado, otorgando al paciente el derecho a decidir si se prefiere genérico o patente (modificación al Art. 31 del Reglamento de Insumos de Salud),

◦ Mayor acceso de medicamentos innovadores8 a las instituciones públicas de salud, con criterios de costo-efectividad y compraventa centrada en el valor para el paciente.

◦ Mayor entrada, al mercado privado, de hospitales eficientes y de calidad, a través de diversos incentivos

◦ Mayor entrada al mercado de médicos que atiendan adecuadamente el perfil de en-fermedades de la población.

◦ Regulación para la homologación de la práctica médica privada buscando incentivar una atención con calidad y eficiencia.

◦ Certificación de médicos y hospitales

Adicionalmente, con el fin de fomentar la mejora continua en la calidad y la competencia, asegurar la provisión y calidad de los servicios públicos, facilitar la inversión en infraestructura y proteger la neutralidad del mercado, la OCDE sugiere que los reguladores sean proactivos y realicen acciones para comunicar claramente su papel y sus actividades. Esto puede lograrse por medio de reportes periódicos de desempeño que estén disponibles para todos, reportes anuales claros, útiles y detallados, y guías para los consumidores e información en sitios web de fácil acceso.

Ҋ Medicamentos GenéricosDe acuerdo con la OCDE, el gasto en medicamentos del sector público y privado como por-centaje del gasto total en salud, representó 26.5% en México en 2014. Sin embargo, del gasto de bolsillo (44% del gasto en salud), el 28% se destina a la compra de medicamentos, por lo que los medicamentos genéricos representan una opción mucho más económica para los consumi-dores, permitiendo una reducción de 61% en el precio (SS y COFEPRIS).

Generar acciones que faciliten el acceso de medicamentos genéricos incrementa el bien-estar de financiero de las familias (principalmente de bajos ingresos) y del gobierno, ya que permite la ampliación del catálogo de medicamentos para el tratamiento de patologías, la re-ducción en los precios de los medicamentos y una disminución en el gasto de bolsillo de la población.

La COFECE (Comisión Federal de Competencia Económica) presentó en 2017 los resulta-

8 Definiendo las características que debe cumplir un medicamento para ser considerado como innovador.



dos de un estudio sobre medicamentos, en donde se muestra que existen elementos que impi-den condiciones oportunas para el desarrollo eficiente de este mercado, y encontró problemas de competencia en los mercados de medicamentos genéricos, identificando fallas que impiden un funcionamiento eficiente, entre las que destacan:

◦ La entrada de los medicamentos genéricos al mercado es tardía y lenta. En México transcurren en promedio más de dos años entre el vencimiento de una patente y el lanzamiento al mercado del primer genérico; en contraste, en Estados Unidos es de manera inmediata y en la Unión Europea siete meses.

◦ El vencimiento de patentes no se ha traducido en suficiente presión competitiva en el mercado. El estudio identificó 22 medicamentos innovadores, cuyas patentes han vencido pero ningún competidor ha solicitado el registro.

◦ La entrada al mercado de productos genéricos alternativos no se traduce en mejores precios para el consumidor. Dos años después de la entrada del primer genérico, el precio promedio de estos es 28% menor al precio del medicamento original, proporción de ahorro menor a la presentada en otras regiones como la Unión Europea (40%).

◦ La regulación de la industria afecta las condiciones de competencia. La normatividad en materia de salud restringe la posibilidad de sustituir medicamentos de marca por genéricos cuando el médico no prescribe explícitamente la denominación genérica en la receta; se carece de información pública actualizada y completa sobre los registros sanitarios.

Debido a estas consideraciones, la COFECE propone revisar y optimizar los procesos de en-trada de genéricos. Es importante considerar las recomendaciones de la COFECE para modifi-car el marco regulatorio y adecuar algunos criterios de política pública, con el fin de fortalecer las condiciones de competencia en el mercado de medicinas sin patente, así como contar con mayor transparencia para incrementar la certidumbre e información sobre las patentes que protegen a los medicamentos de referencia aprobados y publicar periódicamente la lista de medicamentos innovadores cuya patente vencerá en los próximos tres años9.

Adicionalmente, consideramos necesario reformar el Art. 31 del Reglamento de Insumos para la Salud, para que el médico tenga la obligación de escribir la denominación genérica de los medicamentos en la receta médica.

Ҋ Deducibilidad de los Seguros MédicosComo parte de la reforma fiscal a la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) que entró en vigor el 1º de enero del año 2014, se estableció un límite al monto de gasto que puede ser sujeto de deducibilidad por concepto de gastos de bolsillo médicos y hospitalarios, así como de pago de primas de seguros médicos, complementarios o independientes a los proporcionados por las instituciones públicas de salud.10 El límite actual establece que el monto total de las deduccio-nes no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco salarios mínimos generales elevados al año, o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto.11 Si bien esta medida ha generado un ahorro fiscal, tam-

9 Aplicación de la cláusula de excepción o Bolar.10 Últimopárrafodelartículo151delaLISR.11 ElmontolímiteactualsemodificóconlareformaalaLISRqueentróenvigorenenerodelaño2017.



bién ha generado que un porcentaje de los gastos de bolsillo se dejen de facturar y declarar, alentando la informalidad, además de operar como desincentivo al aseguramiento. Cuando la población opta por adquirir pólizas de seguros privados libera presión sobre la demanda de servicios públicos y canaliza gasto a través de un seguro en vez de canalizarlo mediante gasto de bolsillo.

El aseguramiento es una mejor forma de financiar los servicios médicos en comparación con el gasto de bolsillo. A su vez, los incentivos fiscales pueden ser un instrumento útil para pro-mover el consumo de determinados bienes y servicios. El objetivo de la propuesta es colabo-rar para establecer una política de deducibilidad que además de incentivar el aseguramiento, lo promueva bajo esquemas con cobertura integral y prospectiva. Reintroducir la deducción fiscal del pago de pólizas de seguros médicos sin estar sujeta a un límite como se establece actualmente en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta sería un incentivo para que la población adquiera una póliza de seguro médico.

Eliminar el tope de deducción no generaría un costo fiscal mayor porque el gasto fiscal re-lacionado con el pago de primas se compensaría en parte por los impuestos que se pagarían por las primas, los impuestos que pagan las aseguradoras por el resultado financiero de los seguros médicos, y los impuestos que pagarían por los proveedores de servicios médicos y hospitalarios que se formalizarían a través del seguro. Además, se tendría mejor control fiscal, ya que a través de las aseguradoras se verificaría que la erogación del gasto se haya realizado, y se desalentaría el uso de efectivo al haber mayor número de movimientos a través del siste-ma financiero.

II. Administración de Riesgos para la población adulta mayorIdentificar hoy las futuras vulnerabilidades de la población adulta mayor en nuestro país, sus causas y consecuencias, es de la mayor relevancia para cumplir con las metas de bienestar presente y futuro que debemos plantearnos como sociedad. El bienestar de la población adul-ta mayor es sin duda una tarea esencial de la política social del Estado, y en un sentido más amplio, reducir su vulnerabilidad es una labor indispensable desde el punto de vista de la ad-ministración de los riesgos públicos que le afectan. Si bien hoy tenemos la certidumbre que nuestra sociedad envejece y vive más años, es también cierto que desconocemos cuál será el escenario que enfrenten en el futuro los distintos grupos poblacionales y si contarán con las herramientas adecuadas para mantener o alcanzar el nivel de bienestar deseado.

La administración de riesgos es una herramienta indispensable para el logro de objetivos de sociales de largo plazo ante un entorno incierto. El Estado Mexicano, representado por sus distintos niveles de gobierno e instituciones, es el principal administrador de riesgos en nuestro país, y como tal ha generado bienestar de largo plazo a través de diversas políticas macroeconómicas. No obstante, los principales retos y oportunidades de largo plazo que el país enfrenta hoy con respecto a asegurar una red de protección social suficiente para toda la población, no podrán sobrellevarse sin la contribución de la sociedad en lo general, y del sector privado en lo particular.

Se considera que el envejecimiento acelerado es uno de los principales riesgos públicos que



enfrentamos12. El concepto de riesgo público no es un tema rígido, ya que cada país o sociedad le confiere ese carácter a una gran variedad de factores que impiden el cumplimiento de las metas públicas y sociales. Dentro de las principales características de los riesgos públicos están:

1. que impactan a un gran número de individuos y zonas geográficas2. que no pueden ser gestionados por completo de forma privada3. que su impacto versa sobre derechos fundamentales (humanos, legales, políticos)4. que su desarrollo es complejo y su impacto de gran alcance para múltiples entidades o

sectores sociales5. que para gestionarlos hay que sortear retos que no están presentes en el sector privado,

ya que por un lado, el Gobierno no puede evitar la responsabilidad de gestionarlos por-que interactúan con su deber constitucional, y por el otro, los mercados privados tienen un límite al riesgo público que pueden absorber.

6. que recurren a la política social como una de varias herramientas disponibles para ser gestionados.

Las tendencias socio-económicas que actualmente inciden en la población adulta mayor plantean un enorme reto en términos de asegurar las condiciones de bienestar mínimas de manera sostenida. Los bajos niveles de ahorro para el retiro, la alta informalidad laboral, los crecientes problemas de salud, son todos factores que provocan grandes inequidades sociales que solo pueden magnificarse de no identificar, prevenir o mitigar sus efectos sobre las metas de bienestar social que necesitamos.

De persistir constantes los factores que hoy en día inciden en la población adulta ma-yor, esperaríamos que en 2050 haya más de 10 millones de personas de 65 años y más en condición de pobreza, que el 55% de esas personas vivan con las consecuencias de enfermedades crónico degenerativas, y que el 57% de ellos estén a cargo de una vivienda propia como quizás su único patrimonio. Más aún, habrá 6.3 millones de personas sin una pensión. La Tabla 1 muestra proyecciones simples de cómo podría evolucionar este grupo poblacional basado en el escenario actual (Figura 6.), que llamaremos también el “grupo objetivo”, en los siguientes 33 años a 2017.

12 https://www.primo-europe.eu/reconsidering-the-public-private-sectorrisk-management-divide/



Tabla 1-Proyecciones de Pobreza, Pensiones, Prevalencia de Enfermedades Crónico-Dege-nerativas y Propiedad de Vivienda de Adultos Mayores en 2050

2016 2050

Población de 65 años o más 9,587,218 24,362,839

Población de 65 años o más con una pensión contributiva 2,434,884 6,187,477

Población de 65 años o más con una pensión no contributiva 4,123,311 10,478,072

Población de 65 años o más con ambos tipos de pensión 536,506 1,363,358

Población de 65 años o más sin pensión 2,492,517 6,333,932

Población de 65 años o más en pobreza 3,942,904 10,019,626

Población de 65 años o más con alguna enfermedad crónico-degenerativa1 6,048,601 15,370,579

Población de 65 años o más en pobreza y con alguna enfermedad crónico-degenerativa 2,191,574 5,569,182

6.3Población de 65 años o más en pobreza propietarios de una vivienda 2,250,082 5,717,862

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENIGH 2016, ENSANUT 2016 y proyecciones poblacionales de CONAPO.

El marco de gestión de riesgos públicos de la población 65+ debe ser resultado de un nue-vo acuerdo nacional que oriente los esfuerzos de la política social hacia ese fin, al tiempo de apalancarse en las fortalezas ganadas por las grandes reformas a los sistemas pensionarios.

Una pieza clave dentro del marco de gestión de riesgos es el ahorro para el retiro en todas sus formas, captado y potenciado a través del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y gestio-nando los riesgos de longevidad. El SAR surge como una acción de gestión de riesgos públicos acertada dada la insostenibilidad financiera de los principales sistemas de pensiones para los trabajadores privados y del Estado que funcionaban bajo esquemas de reparto intergenera-cional. En una perspectiva de riesgos, a través de las reformas mencionadas, la concentración de riesgos que antes recaía en el Estado y en última instancia en los trabajadores activos, se distribuyó de forma más equilibrada entre distintos actores económicos de la sociedad, y en particular el Estado se consolidó como un pilar solidario del sistema al actuar como mitigador de los riesgos de los pensionados más vulnerables a través de una pensión mínima garantizada (PMG).

Otra fortaleza sin duda radica en aprovechar las bases para gestionar de manera eficiente el riesgo de longevidad, algo que la creación de las Instituciones de Seguros de Pensiones de-rivadas de las Leyes de Seguridad Social ha traído.



Y finalmente, la reducción de la vulnerabilidad futura de la población mayor debe considerar la protección de lo que es posiblemente su único patrimonio: la vivienda. En este último rubro destaca el gran avance en los modelos probabilísticos de daños que hoy permite al sector asegurador mexicano colaborar con el gobierno para reducir la vulnerabilidad de la población expuesta a desastres naturales en complemento con el programa FONDEN.

De la misma forma, el marco de gestión construido alrededor de las vulnerabilidades de la población futura de adultos mayores, deberá tener como principal objetivo el reducir las probabilidades de llegar a los 65+ en pobreza y sin las defensas adecuadas para enfrentar los choques económicos, naturales o a la salud que vendrán. Lograr lo anterior es un reto enorme dada la multiplicidad de sistemas de pensiones que conviven en México: con carácter contri-butivo-obligatorio, no contributivo o asistencial, bajo criterios de beneficio definido o contri-bución definida o híbridos, y con parámetros de operación (edad de retiro, consideraciones sobre invalidez o riesgos del trabajo) muy diferentes.

De hecho, la multiplicidad de sistemas pensionarios que conviven bajo una gran variedad de parámetros de operación, y con interacciones e interpretaciones variadas de las leyes la-borales, constituye en sí mismo un factor que incide en el grado de vulnerabilidad de las ge-neraciones futuras de población adulta mayor. Existen estudios importantes que resaltan que la existencia de sistemas contributivos y no contributivos paralelos puede desincentivar la contratación formal de trabajadores y con ello reducir la base de contribuciones para fondear las obligaciones pensionarias13.

Por otro lado, las diferencias en la parametrización de muchos sistemas pensionarios los hace muy sensibles a la esperanza de vida. Algunos especialistas han estimado que un aumen-to de entre 3 y 4 años en la expectativa de vida podría situar el costo de los sistemas de pen-sión entre dos y tres veces por encima de la referencia bajo la cual se diseñaron originalmente. Si consideramos que la esperanza de vida al nacer en México ha incrementado entre 1970 y 2016 en 23 años para las mujeres y 20 años para los hombres, y que la esperanza de vida a los 65 años lo ha hecho en casi 6 y 4 años respectivamente, podemos inferir que en los últimos 47 años la mayoría de sistemas de pensiones han dejado de estar fondeados.

Existe claramente un reto que lograr en términos de los balances necesarios para reducir las vulnerabilidades aquí descritas. Como todo riesgo público, la carga de las soluciones no puede recaer en los individuos más vulnerables. Mientras persistan los factores socio-económicos que dan origen a las inequidades y vulnerabilidades de la población objetivo, y mientras sea inviable financiar su bienestar mínimo futuro con recursos fiscales, se deberá descansar en los instrumentos privados de captación y potenciación de ahorro, y de protección de la salud y patrimonio a través de los seguros privados que complementen a la seguridad social y otros programas de gobierno enfocados en dicha población objetivo.

Después de poco más de dos décadas de su entrada en vigor, el nuevo sistema de pensiones se encuentra en una fase intermedia de la etapa de acumulación. Transcurrido este tiempo, sus resultados son palpables y alentadores. Se ha conformado y consolidado un marco institucio-nal especializado y robusto en materia de operación, administración y supervisión del ahorro pensionario del país -Consar y Afores, en línea con las mejores prácticas internacionales. Al cierre de 2017 lo activos pensionarios alcanzaron 3.2 billones de pesos, equivalentes a 14.8%

13 CITAR LEVY Y WB 2014



del PIB y AL 25.4% del ahorro interno. De esta manera, nuestra economía hoy cuenta con una capacidad sin precedentes para financiar las pensiones, con un sistema capaz de generar rendimientos del ahorro de los trabajadores de 11.38% anual promedio, equivalente al 5.4% en términos reales, y administrando casi 60 millones de cuentas individuales.

La profundidad alcanzada por el ahorro pensionario del país no solo se ha constituido como garantía de pago de las pensiones futuras, sino que ha dado lugar a una serie de externalidades positivas en el entorno económico del país. Sus efectos han sido directos en el impulso del ahorro interno y en la cada vez mayor disponibilidad de recursos de largo plazo para financiar proyectos de inversión, además de contribuir a un mayor desarrollo y profundidad del sistema financiero nacional y, en última instancia, al crecimiento y estabilidad macroeconómica del país.

No obstante, el largo periodo de transición de las reformas pasadas y los numerosos esque-mas que todavía no se han reformado, sumado a los cambios demográficos (incremento en la esperanza de vida de los mexicanos), pueden originar una fuerte presión fiscal que se traduci-ría en un gran esfuerzo financiero a partir de mediados de la década de 2030.

El marco institucional alrededor de la etapa de acumulación del sistema de pensiones de los trabajadores del sector privado y los empleados del gobierno federal prácticamente ha alcan-zado su madurez. El SAR está en constante evolución, y ha mantenido como tareas permanen-tes el incrementar su eficiencia y competitividad, elevar sus niveles de servicio y la promoción de una mayor cultura financiera entre sus afiliados y, en un marco de seguridad prudente y acotado, con una administración de riesgos y control interno adecuados y una supervisión oportuna y efectiva, asegurar el mejor rendimiento al ahorro de los trabajadores en mercados cada vez más complejos y sofisticados caracterizados por la volatilidad.

Por la magnitud que ha alcanzado el ahorro de sus trabajadores, México se encuentra en la media entre los 35 países que integran la OCDE. Sin embargo, el espacio crecimiento aun es amplio y como referencia está Chile que inició su reforma de pensiones en 1981 y transcurri-dos 36 años ha logrado acumular activos equivalentes a 75.4% de su PIB.

Las contribuciones al sistema son demasiado bajas para garantizar beneficios pensionarios de más de 50% del salario final. Según los cálculos de la OCDE, una tasa de contribución de 6.5%, en el mejor de los casos, puede llevar a una tasa de reemplazo de apenas 26% para el trabajador promedio. Esta baja tasa de reemplazo es, en su mayor parte, resultado de la baja tasa de contribución obligatoria. Los cálculos presentados por esa organización apuntan a que se puede lograr una tasa de reemplazo de 50% con una probabilidad de 75 a 90%, aportando en promedio de 13 a 18% durante 40 años.

La combinación de un nivel relativamente alto de la pensión mínima, en relación con las con-tribuciones pagadas y las condiciones salariales con un periodo de contribución relativamente corto, da pocos incentivos para contribuir más tiempo que el periodo de elegibilidad exige, en particular para los trabajadores con salarios bajos.

Esta situación no puede revertirse con los niveles de ahorro actuales. El ahorro, sobre todo a mediano y largo plazo con un horizonte de 5 a 10 años, es prácticamente nulo entre los mexicanos.

Como resultado, tienen menor capacidad de cumplir sus planes y sueños educativos, como pagar la escuela media superior de los hijos, y sus planes familiares como dar el enganche de una primera casa.



En el país, 84% de las personas, aún con recursos económicos suficientes, no ahorra a largo plazo, ni prevé su retiro de manera adecuada.

Del porcentaje de personas que tienen el hábito de ahorrar, 64% tiene su dinero en bancos, 13% lo mantiene en cajas de ahorro, mientras que el resto lo guarda en su casa.

Es necesario emprender acciones para cambiar esta situación y fomentar el ahorro.

Si bien el marco institucional de la etapa de acumulación del sistema de pensiones de cuentas individuales se encuentra en madurez, el siguiente eslabón financiero para completar la inte-gración y sincronización del sistema es la etapa de desacumulación, en donde es decisiva la participación del sector asegurador, en particular de la industria de rentas vitalicias, quienes tendrán en sus manos la administración del riesgo de longevidad.

El mercado privado de rentas vitalicias en México se expandió rápidamente de 1997 a 2001. Cuando se implementaron las regulaciones para el nuevo sistema de cuentas individuales, la propuesta inicial requería la compra de rentas vitalicias de prima única para viudas y trabaja-dores discapacitados en el nuevo sistema. El IMSS dominaba el mercado pues era capaz de proporcionar beneficios más rápidamente que las empresas privadas. En este cambio casi to-dos los afiliados optaron por la opción del IMSS, lo que provocó la salida de las compañías de rentas vitalicias del mercado y un posterior colapso del mercado privado14. Por ahora nadie se está retirando bajo el sistema del AFORE. Esto cambiará a partir del 2022. Si las tarifas para las conversiones de las rentas vitalicias para viudas y trabajadores discapacitados son la guía, las tarifas para convertir la cantidad acumulada en lo que corresponde a las rentas vitalicias serán alrededor del 15 al 20 por ciento del valor actual.

Los proveedores de rentas vitalicias son aseguradoras especializadas y solo pueden ofre-cer un producto de pensiones: la renta vitalicia inmediata tradicional. No pueden diversificar los riesgos (por ejemplo, de mortalidad) con otros productos ni utilizar el plan de negocio de anualidades normal de la oficina matriz de la aseguradora, ya que están sujetos a un régimen

14 Pérez y Sinha 2007 y Sinha 2008

México Costa Rica Perú Colombia Uruguay El Salvador OCDE Chile

1997 2001 1993 1994 1996 1998 Promedio 1981

(% del PIB)

14.6 15.1

21.423.8

26.2

35.0

50.0

75.4



de inversión más restrictivo. Esto incrementa el costo de las rentas vitalicias y reduce los pa-gos de pensiones para los individuos. Sin embargo, la restricción a estos proveedores puede incrementar la seguridad de que podrán cumplir sus promesas y obligaciones.

A menos de 10 años que el pago de pensiones se masifique, es inaplazable preparar la eta-pa de desacumulación. Si bien los activos de las aseguradoras de pensiones muestran un cre-cimiento importante, se tiene que fortalecer su capacidad de recibir cada vez más pensiones y con ellas a absorber mayores riesgos a favor de los pensionados.

En efecto, el grueso de las rentas vitalicias que hoy administran estas aseguradoras pro-viene de pensiones derivadas de dictámenes de los seguros de Invalidez y Vida y de Riesgos de Trabajo bajo las leyes de seguridad social. No obstante, un gran volumen de personas a pensionarse en los siguientes 33 años lo harán incrementalmente bajo dictámenes de pensión por Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, los cuales tienen una dinámica distinta de las que hoy reciben las aseguradoras de pensiones.

El sistema de pensiones y rentas vitalicias ha probado ser el mejor mecanismo para ges-tionar un grupo de riesgos relacionados con la vulnerabilidad de la población en edad de retiro. La volatilidad en los retornos de inversión, el riesgo de desaceleración económica, de inflación y su nocivo efecto en el valor real de la riqueza, son todos riesgos que las Afore administran y minimizan de forma competitiva y eficaz. El riesgo de longevidad, que sería imposible gestionar o cubrir para un individuo solo, y más para quienes forman parte de la población objetivo, está siendo gestionado de forma efectiva por las compañías ase-guradoras de pensiones.

PropuestasPor todo lo anteriormente expuesto, el sector asegurador considera que reducir la vul-nerabilidad de la población adulta mayor de cara a 2050 es una gran oportunidad para el país desde un punto de vista de Administración de Riesgos Públicos. Las virtudes sociales y económicas de fortalecer a la población adulta mayor han sido ampliamente estudiadas en México y el mundo.

200720062005200420032002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(mile

s de

mill

ones

de

peso

s)

Fuente ONSF

$300

$250

$200

$150

$100

$50

$0



Para tales efectos, independientemente del modelo de gestión de riesgos que se construya de forma colaborativa entre los sectores, es necesario atacar cada uno de los componentes de la vulnerabilidad: exposición, amenazas y defensas, para incidir en el escenario futuro. Los métodos y procesos que se construyan pueden variar, y sin duda involucran una gran comple-jidad. Sin embargo, se puede partir por identificar la dirección que debe tomar la estrategia orientada a incidir en cada componente de la vulnerabilidad, todo esto puede ser dirigido por la Unidad de Administración de Riesgos que se propone crear en este documento.

Con respecto a la población expuesta, el análisis que aquí se presenta muestra que es ne-cesario atacar los factores que inciden en la pobreza y empleo formal. Si bien los programas asistenciales de los distintos niveles de gobierno orientados a aliviar la pobreza de la pobla-ción adulta mayor son herramientas indispensables, la perspectiva de gestión de riesgos debe complementar el marco de acción. Esta perspectiva sugiere que los recursos públicos que se orienten a prevenir la pobreza e informalidad futuras tienen mayor impacto que los progra-mas sociales a largo plazo. Se han identificado ampliamente los desincentivos a la formalidad laboral y los efectos que esto tiene en las pensiones. El balance entre un sistema universal de pensiones y quién y cómo se fondea es uno de los más grandes temas pendientes por resolver de nuestra generación.

Es necesario atacar los factores que provocan choques externos a los ingresos, salud y patrimonio de los adultos mayores. Sin duda el canalizar mayores recursos privados y públicos al sistema de ahorro para el retiro contribuiría a disminuir los riesgos financieros y volatilidad económica que, de presentarse una de las crisis que se han observado en el futuro, reduciría el impacto de esos fenómenos en los ingresos futuros del grupo objetivo. En este mismo sentido, continuar con las políticas macro-prudenciales de estabilización financiera, y las de control de la inflación, son indispensables para alcanzar el escenario anterior. La lucha contra las enfermedades no transmisibles que por un lado tienen baja incidencia en la longevidad de las personas, pero por el otro consumen grandes recursos financieros propios para atenderse, es otro campo de atención desde la perspectiva de gestión de riesgos del futuro aquí propuesta. Finalmente, el fortalecimiento de las estruc-turas de las viviendas en condición de pobreza expuestas a desastres naturales, o incluso programas activos de reubicación y ordenamiento territorial, deben ser priorizados y am-pliados bajo las perspectivas expuestas en esta nota.

Con respecto a las defensas, el análisis que aquí se presenta muestra que es necesario la convergencia de una red de políticas públicas orientadas a fortalecer la capacidad de los adul-tos mayores de enfrentar choques externos. Es necesario intensificar la promoción del aho-rro personal para el retiro a través del sistema financiero mexicano, ampliar y probar nuevas formas de prevenir enfermedades que afectarán en mayor medida en la vejez y educar a la población a atenderse, promover la construcción de seguros públicos y privados que generen los incentivos adecuados de prevención y mitigación de riesgos a la salud y vivienda.

El escenario resultante de instrumentar de forma exitosa estrategias de administración de riesgos como las anteriores sería multi-dimensional. Reducir pobreza y desigualdad de cara a la vejez sin duda implicaría mayores recursos de ahorro interno para inversión y empleo. Me-jores niveles de salud y prevención de desastres tendrían un impacto de estabilización en los ingresos de los adultos mayores y mejor aprovechamiento de su capital financiero y humano.

Buscando promover soluciones que incidan en uno o más de los componentes de vulnera-bilidad anteriores se propone:



Ҋ Ampliar la línea de negocio que operan las compañías de rentas vitalicias. En particular, permitir la oferta de productos de la operación de seguros de pensiones derivados de la seguridad social, enfocados a ampliar las opciones de los individuos para asegurar los recursos provenientes de su ahorro, lo que les permite ampliar su cobertura para el retiro, sin detrimento de los planes previsionales de la seguridad social.

Ҋ Incorporación obligatoria al ahorro voluntario / permitiendo la portabilidad entre las distintas instituciones financieras (contemplando la opción de salida “opt-out”)

Ҋ Impulsar un esquema de pensiones universal. Armonizar las normas y garantizar la por-tabilidad entre los regímenes de pensiones especiales (por ejemplo, ISSSTEs estatales, PEMEX, CFE, las universidades públicas, entre otros), con el objetivo fundamental de establecer un verdadero sistema nacional de pensiones.

Ҋ Evitar el uso anticipado de los ahorros para el retiro. Cualquier excepción solo debe permitirse en condiciones específicas y extraordinarias. En la mayoría de los países de la OCDE, la práctica general es permitir el uso anticipado de los ahorros para el retiro en situaciones de extrema dificultad financiera, como el desempleo a largo plazo, y no una vez cada cinco años como sucede en México.

Ҋ Participación de las aseguradoras en el seguro de la cobertura de invalidez y vida (IV) y riesgos de trabajo (RT) para optimizar la protección a los derechohabientes, liberando los recursos para apoyo de otros ramos de la seguridad social.

III. Robo y Protección a Víctimas de Accidentes VialesRobo de autos y de mercancías

a. El robo como problema paísLa seguridad nacional es un contexto que incide en la política económica de un país y en su desarrollo empresarial; los índices de este contexto suelen ser parte de los análisis que el sec-tor privado incluye para definir las estrategias de entrada y salida de capitales. Por otro lado, el delito del robo conlleva un alto impacto social, puesto que, adicional a la pérdida de la salud o del patrimonio, se genera menor distribución de ingresos en las empresas (sin importar el tamaño de éstas), finalmente se genera una disminución del ingreso per cápita de un país y su impacto en la calidad de vida.

En cuanto al sector privado se refiere, el daño a las empresas que son víctimas del robo de vehículos utilizados para el traslado de mercancía (o de las mercancías mismas), trasciende en la pérdida de sus activos y capitales, sino también se merma su capacidad productiva, afron-tando otro tipo de consecuencias indirectas como el decrecimiento económico, la disminución constante en la generación de empleo (principalmente PyMes) y el impacto en el Costo Primo que, finalmente, se ve amortiguado en el encarecimiento de los productos finales.

Para mitigar el problema del robo, en general, resulta indispensable fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la Certeza Jurídica de todos los procesos, tanto en la industria privada como en el sector público. Estudiar su impacto es un reto dinámico y una actividad necesaria, ya que afecta potencialmente a la sociedad, a los gobiernos y a las decisiones de inversión de los agentes económicos internos y externos de un país.



b. Robo de vehículos y mercancíasEn cuanto vehículos automotores se refiere, incluyendo aquellos que tienen por propósito el traslado de mercancías, el delito de robo tiene un doble impacto negativo: además de tener un papel sensible al desacelerar la economía y desarrollo de las familias y empresas, tiene asocia-do un debilitamiento de los mercados formales, ya que las mercancías o autos robados, suelen ser los principales suministros de mercados de bienes de procedencia ilícita.

En los años más recientes, el sector asegurador ha identificado tres contextos relevantes que deben considerarse en el estudio y comprensión del robo de vehículos y mercancías, los cuales se refieren a continuación:

1. México ha registrado los niveles máximos históricos en diversos temas en torno a este delito: no sólo se tiene registro de los mayores niveles de robo de autos y mercancías a nivel nacional, sino que este fenómeno ha sido acompañado, con mayor frecuencia que nunca, de mecanismos a través del uso de violencia; así mismo, se han alcanzado los índi-ces más bajos de recuperación de los bienes objetos del delito.

En ese sentido, se puede asociar que los bajos índices de recuperación de automóviles robados podrían ser un reflejo de la despresurización de instrumentos de investigación y, sobre todo, de persecución del delito; lo anterior, no necesariamente proviene de una disminución en la política de presencia policiaca, sino de la falta de instrumentos técnicos y tecnológicos que brinden certeza jurídica en la adquisición o en cualquier transacción alrededor de los automóviles en circulación.

2. Existe una clara trasformación tanto en la composición del objeto del delito como en su geografía: la dinámica de los bienes que son de interés de la delincuencia tiene una alta velocidad de cambio. En tan sólo los últimos 2 años, el sector asegurador identificó algu-nas zonas geográficas que no aparecían en la lista de los estados de mayor variación en las tasas de robo, adicional a ser geografías que se caracterizaron por registrar una mayor proporción en el robo de vehículos de carga y traslado de mercancías (inclusive de equipo especial), que lo referente a la proporción de robo de autos particulares.

Esta descomposición se presume sigue el mismo comportamiento de otros fenómenos también de procedencia ilícita, como lo son el desmantelamiento de mercancías de trenes o el robo de hidrocarburos, ya que estos hechos que requieren ser acompañados de un vehículo que sirva como herramienta de trasportación de la misma mercancía hurtada, los cuales suelen ser vehículos también robados para dificultar la investigación y persecución del delito.

3. La sociedad cada vez es más vulnerable a los efectos que el robo de autos y mercancías ge-neran: el robo de vehículos es una ventana que permite estudiar el comportamiento de otros delitos. Un auto robado suele ser el primer eslabón de una cadena subsecuente de otros ilíci-tos, como lo es el robo a transeúntes, a casa habitación, a usuarios de cajeros automáticos, a comercios e inclusive de otros delitos de mayor impacto como el homicidio y secuestro; por ello, inclusive las personas que no tienen un vehículo son víctimas de este delito.

Por otro lado, un automóvil es considerado como el segundo patrimonio más impor-tante en la mayoría de las familias mexicanas, su pérdida puede llegar a generar una mer-ma económica que, inclusive, genere pobreza familiar, derivado de los compromisos ad-quiridos para obtener un auto, ya que cerca del 70% de los autos nuevos se obtienen a través de financiamiento privado.



c. Impacto del robo en la población aseguradaEl Sector Asegurador mexicano, al cierre del 2017 y con estimaciones del parque automotor registrado y en circulación, refiere que cerca del 70% de los vehículos en México no tienen ningún tipo de seguro; es decir, tan sólo el 30% de los autos están protegidos con un seguro que haga frente a la pérdida patrimonial en caso de robo, o inclusive de un accidente vial.

Para finales del año 2015, la industria de seguros (en lo que respecta al 30% del parque en circulación asegurado), reportó 61,383 robos de unidades, cifra que para el cierre del 2017 llegó a los 90,187 vehículos robados; es decir, un crecimiento alrededor del 47% en el último bienio, llegando a cifras promedio de diez robos cada hora a lo largo del territorio nacional.

En este contexto, la industria aseguradora estima que el valor comercial de los automóviles asegurados hurtados asciende a poco menos de 14 mil millones de pesos, monto que compara poco arriba de los 12.9 mil millones de pesos asignados para el sector Cultura en el Presu-puesto de Egresos de la Federación 2018, éste último tuvo un incremento del 3.9% respecto al presupuesto del año anterior inmediato.

d. Propuestas de la Industria AseguradoraEn ese sentido, la industria aseguradora ha propuesto una ruta de acciones puntuales que con-

sidera deben instrumentarse para disminuir el robo de vehículos y de mercancías, incluyendo las entidades o instituciones que podrían estar involucradas, las cuales han sido entregadas a diversas autoridades y de las cuales se priorizan las siguientes cinco:

1. Vincular las cámaras de seguridad de vías principales y casetas de cobro con las bases de datos del Registro Público Vehicular (REPUVE) y de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA), así como garantizar la actualización de la información entre entida-des informantes y las procuradurías; con ello, reforzar los mecanismos de alertamiento, operativos de la Policía Federal e instalación de nuevas cámaras en tramos registrados como zonas de alto riesgo.

2. Perseguir la venta de mercancías en mercados de bienes de procedencia ilícita (merca-dos negros, de pulgas, sobre ruedas, ambulantaje), así como en los negocios ilegalmente establecidos.

3. Mitigar el mercado de refacciones y autopartes de procedencia ilícita en «deshuesade-ros» o «yonques», mediante operativos de la policía en sitio.

4. Ofrecer certeza jurídica de las transacciones alrededor de un automóvil, a través de mi-grar el REPUVE a un sistema de Registro de la Propiedad del Vehículos, donde se emita una constancia con valor similar al de un título de propiedad, con procesos ágiles de ac-tualización y consulta de información, bajo un marco legal que lo sustente.

5. Establecer el sistema de placa y factura única para todos los vehículos que se comercia-licen en México.

6. Impulsar el aseguramiento de vehículos.

Una Unidad de Administración del Riesgo Público podría actuar como enlace y coordinador entre los organismos y secretarías mencionadas en estas propuestas para echarlas a andar y consolidarlas en beneficio del país.



Protección a víctimas de accidentes viales

a. Accidentes viales: Problema MundialDe acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial para la Salud (OMS), cada año mueren cerca de 1.3 millones de personas en las vialidades del mundo entero, esta cifra com-para con la población total del estado de Aguascalientes (México); en adición, cada año entre 20 y 50 millones de personas padecen traumatismos no mortales en el mundo. Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en todos los grupos etarios, y la prime-ra entre personas de entre 15 y 29 años.

Los altos índices que fallecimientos derivados de traumatismos por accidentes de tránsito han sido declarados como un problema de salud pública a nivel mundial por la misma OMS, lamentablemente las consecuencias también inciden en el ámbito económico y social. El 93% de las muertes por accidente de tránsito se producen en países de ingresos bajos y medianos, que sólo cuentan con el 54% de los vehículos matriculados en el mundo.

De manera sorprendente, los usuarios vulnerables de la vía pública representan el 50% de todas las muertes por accidente de tránsito a nivel mundial: los peatones, ciclistas y motociclis-tas se conocen colectivamente como «usuarios vulnerables de la vía pública» y sólo 47 países, que representan el 13% de la población mundial, tienen leyes en consonancia con las mejores prácticas sobre la velocidad en zonas urbanas y sobre la respuesta ante un accidente vial.

b. Accidentes viales: Problema paísDe acuerdo con datos del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA, 2017), en 2015 se registraron 399,330 accidentes viales, de los cuales resultaron 16,039 víctimas mortales; para dimensionar esta cifra, este número de per-sonas es el equivalente al 150% del aforo que tiene el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, esto quiere decir que cada día mueren, en promedio, 44 personas por lesiones provo-cadas por accidentes viales a lo largo del territorio nacional.

En el quinto informe de CONAPRA (2015), se señala una tendencia a la baja en el número de accidentes, heridos y muertos desde 2010. No obstante, la cifra promedio anual se está estabilizando. En este sentido, en México los peatones representan el grupo de mayor número de víctimas con 7,780 defunciones en 2015 (49%), seguido de automovilistas con 4,150 de-funciones (26%); los ciclistas y motociclistas con 2,920 defunciones (18%) y el 7% restante se distribuye entre pasajeros de autobuses, camiones de carga, camionetas y otros.

1,118, 7%

Ciclistas ymotociclistas2,960, 18.0%

Automovilistas4,150, 26.0%

Peatones7,780, 49.0%

Número de defunciones(informe CONAPRA - 2015)



El Secretariado Técnico de CONAPRA estima que los accidentes viales pueden costar en-tre el 1.5% y 2.1% del Producto Interno Bruto (PIB), por otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima este costo entre 1.8% y 3.5%. En adición, Chias (2015) refiere que existen costos indirectos que pueden afectar a los involucrados (responsable o víctima) y a sus familias, tales como el impacto en la productividad y competitividad de las empresas, desarro-llo de las ciudades y la calidad de vida; los cuales tienen un alto grado de complejidad para su valoración económica.

Los costos de los accidentes suelen ser en los siguientes contextos: a) daños ocasionados a las víctimas, ya sean lesiones o daños patrimoniales; b) daños propios del responsable del accidente, ya sean lesiones o daños patrimoniales; en ambos casos suelen derivarse de trasla-dos hospitalarios, hospitalizaciones, medicamentos, estudios, atención médica u honorarios, entre otros; c) daños de traslados y reparación de vehículos, como son el uso de grúas, de corralones, gastos de reparación patrimonial, etc.; d) daños públicos, como son impactos en vialidades, semáforos, daños a la naturaleza; e) gastos judiciales, defensa jurídica, gastos ad-ministrativos; e) daños consecuenciales como cuidados médicos posteriores, gastos funerarios o de invalidez, costos de rehabilitación; entre otros no menos importantes.

Lo anterior, puede llegar a significar una pérdida económica importante para el res-ponsable, perjudicando su estabilidad económica y la de su familia, inclusive puede representar un daño patrimonial o penal; de acuerdo con información de CONPARA, los accidentes viales representan la segunda causa de pobreza en México, derivado de los impactos económicos que pueden llegar a contraer como consecuencia.

c. Compromiso de México con su población y el mundoUno de los eventos mundiales que ha marcado la pauta para la implementación de medi-das para mejorar o reforzar la legislación de los países en temas de seguridad vial, mejorar la obtención y recopilación de datos y, elaborar estrategias/programas nacionales/locales de seguridad vial, fue la proclamación del “Decenio de Acción para la Seguridad Vial” en marzo de 2010 en la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 64/255), el cual tiene por objeto “Estabilizar y posteriormente reducir el número de víctimas mortales por accidentes de tránsito de todo el mundo, a través de una serie de actividades a nivel nacional y regional”.

Es por ello que la ONU elaboró el documento “Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020” para que sirviera de guía para los países y facilitara la aplicación de las medidas destinadas al logro de las metas y objetivos de citado Decenio; así mismo, en palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon, se exhorta a los es-tados miembros, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, empresas y líderes comunitarios a garantizar que el Decenio produzca mejoras auténticas.

A través de la proclamación del Decenio se busca incentivar un compromiso político y con ello la asignación de recursos para concretar las acciones que se proponen en el plan mundial: México, al ser país miembro de las Naciones Unidas adquiere este compromiso.

En México la Secretaría de Salud toma la batuta a nivel nacional para cumplir este compro-miso, en abril de 2011 el Senado de la República aprobó un Punto de Acuerdo promulgando la década 2011-2020 como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial en México (Gaceta del Senado abril de 2011) y el 12 de mayo de 2011, se publica la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020 en la cual se establecen una serie de objetivos alienados a los 5 pilares que



conforman el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial. En julio de 2011, durante la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), por unanimidad en la sesión XLI, se aprobó su adhesión a esta estrategia (Publicación oficial en Julio 12, 2011).

d. Impacto de los accidentes viales en la población aseguradaEl Sector Asegurador mexicano, al cierre del 2017 y con estimaciones del parque automotor registrado y en circulación, refiere que cerca del 70% de los vehículos en México no cuenta con un seguro de protección a víctimas de accidentes viales; es decir, con tan solo el 30% del parque vehicular asegurado, este sector registró que sólo 13 millones de vehículos, de los 42 millones que se conducen en el país, cuentan con un seguro que pueda hacer frente a los da-ños ocasionados a una víctima en un hecho de tránsito.

Este bajo nivel de aseguramiento de los automovilistas se explica como una consecuencia de la falta de una Política Pública Integral para proteger a víctimas de accidentes viales: Méxi-co es de los pocos países de la OCDE que no cuenta con una Política Pública en este contexto.

A pesar del 30% del parque asegurado a nivel nacional, en 2016 la Industria Aseguradora brindó atención a poco más de un millón de accidentes viales donde se generó alguna víctima herida o daños patrimoniales en un accidente vial. Esta cifra tuvo un incremento del 16% en comparación a los 866 mil accidentes con víctimas que el sector atendió en 2015.

En este contexto se estima que para 2017 el sector asegurador brindó el respaldo finan-ciero por 17 mil millones de pesos en los accidentes viales donde un auto asegurado generó daños a terceros, este monto representa cerca del 14% del total de recursos económicos que se designaron al rubro de Salud en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que para 2018 fue poco menos de 123 mil millones de pesos.

El sector asegurador, refiere que cerca del 30% de los accidentes donde se genera una víctima, corresponden a hechos con lesiones corporales, el 70% restante refiere a daños patri-moniales también de las víctimas. Este rubro no contempla ningún tipo de protección o gasto asociado al responsable del accidente, el cual se contempla en otra cobertura del seguro de autos.

e. Propuestas de la Industria AseguradoraEn ese sentido, la industria aseguradora ha propuesto una ruta de acciones puntuales que con-sidera deben instrumentarse para coadyuvar en los compromisos con la población mexicana y con los organismos internacionales, a fin de cumplir el objetivo de estabilizar y disminuir el número de víctimas de accidentes viales.

El sector asegurador tiene un muy alto nivel de incidencia en la atención del “Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020”, el cual está construido en cinco pilares que engloban las acciones que se sugiere seguir a los países para cumplir con la meta del Decenio.

En particular, al interior del Pilar 5 “Respuesta tras los accidentes” se encuentran las acti-vidades encaminadas a “Aumentar la capacidad de respuesta a las emergencias ocasionadas por los accidentes de tránsito y mejorar la capacidad de los sistemas de salud y de otra índole para brindar a las víctimas tratamiento de emergencia apropiado y rehabilitación a largo pla-zo.” Una de las actividades en concreto establece: “Alentar el establecimiento de sistemas de seguros apropiados para los usuarios de las vías de tránsito, a fin de financiar los servicios de



rehabilitación de las víctimas de accidentes, mediante la introducción de la responsabilidad civil obligatoria y el reconocimiento mutuo a nivel internacional de los seguros, por ejemplo, el sistema de Carta Verde.

Para lograr lo anterior, el sector asegurador ha priorizado la siguiente ruta de acción:a. Definir y homologar la obligatoriedad del seguro de protección a víctimas

de accidentes viales (Seguro obligatorio de Responsabilidad Civil o Daños a terceros), al nivel de una Ley General de Seguridad Vial, o bien, al alcance de todo el territorio nacional.

b. Definir y homologar en las regulaciones secundarias o reglamentos de trán-sito las características mínimas que la protección del seguro debe garantizar a las víctimas de un accidente vial, alineadas a las mejores prácticas interna-cionales, a la regulación de seguros y a las prácticas operativas en la materia. En este contexto la AMIS ha desarrollado el Manual de lineamientos míni-mos para la implementación de una política pública orientada al seguro de protección a víctimas de accidentes viales.

c. Definir esquemas efectivos de supervisión del cumplimiento de portar un seguro de responsabilidad civil para la protección a víctimas, a través de me-canismo de fiscalización no invasivos y preventivos, asociados a los diversos trámites vehiculares, puntos de revisión, alcoholímetros, depósitos vehicu-lares, entre otros; así como la definición de multas relevantes en caso de incumplimiento en cualquier hecho de tránsito.

d. Robustecer el vínculo para el intercambio de información relevante entre AMIS, autoridades y ciudadanía en general, orientada a la generación de co-nocimiento sobre la geografía de los accidentes viales, a fin de coadyuvar en la generación de políticas públicas para la prevención de accidentes.

e. Dar supervisión al cumplimiento y redefinir el alcance del monto de protec-ción del seguro obligatorio de la Ley de Caminos, Puentes y Autotranspor-te Federal, el cual establece que, para transitar en vías, caminos y puentes federales, los propietarios de los vehículos deben contar con un seguro de responsabilidad civil.

La unidad de administración del riesgo público que se propone en este documento podría coordinar las acciones anteriores.

IV. Aseguramiento de riesgos catastróficos

La sociedad mexicana y su economía tienen una alta exposición a riesgos naturales: Ambas costas del país se encuentran en la trayectoria de los huracanes y tormentas tro-

picales que se gestan en el Mar Caribe y en los Océanos Atlántico y Pacífico; en su territorio se ubica una de las zonas con mayor actividad sísmica en el mundo y también es propenso a importante actividad volcánica; asimismo, el norte y centro de dicho territorio es propenso a sequías recurrentes.



México ocupa el lugar 23 entre los países con riesgo catastrófico alto por riesgos de la natu-raleza --no antropogénicos-- múltiples. Cerca del 41% de su territorio y del 31% de su pobla-ción están expuestos a huracanes, tormentas, terremotos y erupciones volcánicas y más del 66% de ésta se encuentra frente a por lo menos un riesgo de peligro. En términos económicos, lo anterior se traduce en se considera que un 30% del PIB está expuesto a tres o más riesgos y que un 71% está expuesto a dos o más riesgos.

La mayoría de los riesgos naturales (que se convierten en desastres) que afectan a México son hidro-meteorológicos. En las últimas cinco décadas la ocurrencia de desastres naturales en México ha mostrado una tendencia creciente y podría incrementarse severamente debido al cambio climático.

El daño social asociado con la exposición a riesgos naturales causantes de desastres es de gran potencial. “El efecto de un desastre en la producción de una economía no es el mismo que su efecto en la seguridad social, salud y bienestar”. Posiblemente, “...un desastre significativo no tendrá efectos grandes o duraderos en el panorama macroeconómico; sin embargo, a nivel micro, las familias pobres se ven afectadas de manera invariable y más severa y se pueden ver atrapadas en la pobreza tras haber sido golpeadas incluso por “pequeños” riesgos que no llaman la atención de los medios”.

Con frecuencia, las capas menos favorecidas de la población enfrentan una mayor expo-sición a los desastres naturales, afectando a su mayor parte de patrimonio que se encuentra en bienes físicos sensibles al clima (actividades del sector primario) y, lo que es consecuencia grave, dichas capas tienen menor capacidad de adaptación post-desastre. La pobreza en Mé-xico se correlaciona con una mayor susceptibilidad a sufrir pérdidas a partir de eventos de riesgos catastróficos. Asimismo, la información disponible evidencia que las municipalidades más propensas a los desastres naturales son aquellas predominantemente rurales e indígenas, con acceso limitado a servicios, altas tasas de deforestación y otros problemas ambientales.

El rápido proceso de urbanización en México, por otra parte, agrava el riesgo de desastre natural. Más del 70 por ciento de la población vive en áreas urbanas, y las proyecciones mues-tran que para el año 2025, prácticamente el 80 por ciento de la población vivirá en alguna de las 358 ciudades5, aumentando la vulnerabilidad de la población en pobreza, ya que ésta se concentra en áreas vulnerables a consecuencia de la escasa planificación urbana.

El Sistema Nacional de Protección Civil, aún enfrenta colosales insuficiencias y retos, prin-cipalmente por la dinámica de asentamientos poblacionales en áreas irregulares y de alta vul-nerabilidad que colapsa sistemáticamente la coherencia y aplicabilidad de las políticas públicas creadas para mitigar riesgos de la naturaleza.

En materia de financiamiento de pérdidas y reconstrucción, México ha utilizado fuentes sustentadas en la población con mayor capacidad económica: la mutualización a través del seguro privado, el gasto familiar y la aplicación de recursos fiscales.

La penetración del seguro privado sigue siendo muy reducida, puesto que, del total de vivienda expuesta, se estima que el FONDEN cubre al 52%, el seguro privado 25%, princi-palmente a través del crédito, y el 23% de la vivienda de familias de ingreso medio no tiene seguro catastrófico.

Por lo que hace a las empresas, del total de existentes solo el 16% están cubiertas por el seguro privado. Los bienes de los negocios no se cubren actualmente por el FONDEN



El Gobierno Federal ha asumido necesariamente el déficit de cobertura haciendo uso de recursos fiscales, los que a partir de 1996 se concentran en el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), que es un vehículo financiero interinstitucional para la atención de los desastres naturales.

En lo particular, la limitada participación del sector privado en la asunción de riesgos ca-tastróficos se debe, principalmente a la nula propensión a compra de seguros de las amplias capas de población vulnerable, derivado de sus precarios ingresos y, a la ausencia de políticas públicas respecto de la transferencia de riesgos al sector asegurador.

El financiamiento gubernamental de las pérdidas y de la reconstrucción por desastres na-turales se realiza totalmente al margen de las posibilidades que ofrece una política pública respecto a la transferencia de riesgos a instituciones o entidades del sistema de seguros que en términos de costo financiero agregado pudiese significar sustantivas mejoras, por implicar, necesariamente, un cambio en la visión de reservar gasto gubernamental contingente por desastres naturales, hacia la cobertura de aseguramiento del riesgo individual de los hogares y negocios.

Una política pública de transferencia de riesgos a instituciones o entidades del sistema de seguros, a través del aseguramiento estandarizado sin obligatoriedad ni subsidios a la prima, puede convertirse en el ancla para la cobertura de los segmentos de ingreso medio y medio alto, a los que ahora no atienden ni el seguro privado ni el FONDEN y donde hoy las familias asumen directamente sus pérdidas, con la consecuente propensión a migrar hacia pobreza patrimonial y de ingreso.

El FONDEN ha sido eficaz con los sectores más vulnerables y con gobiernos estatales/municipales como recurso de última instancia; sin embargo, no alcanza niveles deseables de eficiencia a consecuencia de:

Ҋ La alta vulnerabilidad de la población expuesta, originada por la dinámica de los asenta-mientos irregulares; la ausencia de cumplimiento de normas mínimas de uso de suelo; la debilidad de letra y cumplimiento de reglamentos de construcción; la falta de programas extensivos de prevención de desastres; y finalmente, por los insuficientes sistemas de comunicación con la población.

Ҋ La ausencia de un sistema confiable de afiliación; Ҋ La utilización de criterios y técnicas de gasto corriente sin control estricto o transparencia

óptima por la ausencia de un sistema indemnizatorio individualizado confiable. Ҋ La redundancia en la vulnerabilidad por reasentamientos irregulares. Ҋ La inexistencia de un sistema paralelo de incorporación de sectores de la población que

sí pueden sufragar una prima de seguro; y Ҋ El modelo de aseguramiento de la infraestructura pública.

Entendemos que para el futuro, el Gobierno Federal en materia de protección civil y de prevención de desastres, busca dar prioridad a las acciones preventivas, incluyentes y que uti-licen soluciones innovadoras en cuanto el aseguramiento financiero ante desastres, al mismo tiempo que hace explícita su estrategia de “ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de personas y empresas en México, en particular para los segmentos de la población actualmente excluidos”.



En estas condiciones, es el propósito del sector asegurador presentar las propuestas para el aseguramiento de riesgos catastróficos en tres vertientes:

a. Microseguros catastróficosb. Políticas para fortalecer el aseguramiento hipotecarioc. Aseguramiento de vivienda particular y de condominios

a) Microseguros para Riesgos Catastróficos para la población más vulnerableEs indudable que en México cada vez una mayor población está expuesta a un desastre

natural, y que los fenómenos naturales están generando daños cada vez más frecuentes y severos. Estadísticas de los últimos veinte años muestran que en México sucedieron un pro-medio de siete desastres severos anualmente, mientras que en las dos décadas anteriores se registraron solamente tres por año. Esta circunstancia, aunada al crecimiento poblacional, ha causado un número sin precedentes de personas afectadas, el cual puede alcanzar a millones en un solo año.

A la par del crecimiento poblacional, el valor de los activos expuestos también ha crecido de forma notable en las últimas décadas. Este fenómeno se ha observado, quizás con mayor intensidad, en la población de bajos ingresos, ya que mientras que entre el 2000 y el 2010 la población total creció en alrededor de 10 millones de personas, el acervo de vivienda cons-truida (con piso diferente al de tierra) pasó de 18.5 a más de 26 millones en el mismo periodo.

Ante la escasa penetración del seguro privado, el importante incremento observado en la exposición a desastres naturales, tanto en términos de población como de bienes, sin duda constituye un importante reto para la sociedad y, particularmente, para el Estado Mexicano. Refuerza esta preocupación el hecho de que el impacto de los desastres en la economía, tanto por costos directos como indirectos, es muy sensible a la magnitud y oportunidad con la que los recursos privados y públicos se canalizan para rehabilitar a las personas afectadas y reconstruir los daños. Adicionalmente, si bien el mercado de seguros en México ofrece un respaldo sólido para cubrir una buena parte de los bienes públicos y privados, tratándose de los bienes de la población de bajos ingresos, su cobertura es prácticamente inexistente.

En efecto, se estima que en México existen tan solo algunos miles de pólizas de micro-se-guros de daños no-agrícolas. Esto obliga a la gran mayoría de la población a enfrentar los desastres con recursos propios o con los provenientes de programas gubernamentales, en particular los relacionados con el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). No obstante, los grandes beneficios que este programa público ha traído en la gestión de desastres naturales en México, la escasez de recursos fiscales y la amplia gama de bienes públicos que cubre el FONDEN han reducido la proporción de estos recursos que el Gobierno destina para recons-truir las viviendas privadas en situación de pobreza. Más aún, existen una serie de incentivos económicamente perniciosos de ofrecer protección de riesgos a los agentes privados con car-go al erario, entre los que destaca la falta de internalización de las posibles consecuencias de una catástrofe natural en las decisiones de dónde y cómo vivir.

Lo anterior genera un reto importante tanto para el Estado como para la sociedad en térmi-nos de cómo financiar los daños de manera que el primero cumpla con su papel rector de alivio a la pobreza, al tiempo que establezca los incentivos correctos respecto a la toma de riesgos que afectan la propiedad privada.

El reto planteado puede ser superado en el mediano plazo mediante la creación de un mer-



cado de micro-seguros de daños que complementen las coberturas que otorga el FONDEN a la vivienda en situación de pobreza. Más aún, este nuevo mercado incluso podría potenciar los recursos públicos destinados a soportar otras políticas relacionadas con la población de me-nores ingresos, los que de cuando en cuando se han visto mermados por los requerimientos surgidos de desastres naturales materia de atención del FONDEN. En particular, este trabajo se enfoca en la interacción que el programa FONDEN puede tener con el programa de crédito al sector informal que inició el INFONAVIT hace unos años.

El mercado de micro-seguros que se propone sería posible gracias a los notables avances que ha tenido la Política Federal de Desastres Naturales (PFDN) en términos de conectar la misión del Estado de atender las situaciones de emergencia de la población y reconstruir in-fraestructura crítica ante un desastre natural, con un mandato de gestión activa de los riesgos financieros derivados de los desastres a través de los mercados de transferencia de riesgos catastróficos (capitales y reaseguro).

En particular, la integración de las labores de atención y reconstrucción con estrategias de gestión financiera de los riesgos de desastre que enfrenta el país, ha llevado al Gobierno Federal a desarrollar modelos de vanguardia en la identificación y medición de los riesgos, y a conectar la PFDN con los mercados donde transferir estos riesgos a través de arreglos con-tractuales han alcanzado gran madurez.

Precisamente a través de los modelos y diseños contractuales existentes, la industria de se-guros nacional podría, bajo esquemas de coordinación y colaboración con el Gobierno Federal, sentar las bases para la creación, desarrollo y consolidación de un mercado de micro-seguros contra desastres naturales que permita a la población de bajos ingresos contar con alternati-vas de protección patrimonial hasta hoy inexistentes.

Como nunca antes, gracias al desarrollo de modelos económico-ingenieriles robustos y la profundidad de la información con la que cuenta el Gobierno Federal, hoy en México es po-sible determinar un precio para los riesgos de sismo y los principales hidro-meteorológicos que afectan año con año a miles de viviendas en situación de pobreza. Y, como se propone en este documento, el contar con estos precios con un grado suficiente de certidumbre abre las puertas a la industria privada para estructurar una serie de productos de micro-seguro que in-teractúen con distintas políticas públicas orientadas a proteger a la población más necesitada.

El sector asegurador estima que la cobertura de FONDEN para daño total equivale a una prima pura de riesgo de 170 pesos anuales por vivienda elegible. Si a dicha prima se agregaran 44 pesos anuales, la cobertura en caso de daño total podría incrementarse de 120 mil a 132 mil pesos, lo que abre la puerta a la estructuración de productos de seguro que ofrezcan pagos de 12 mil pesos adicionales a la cobertura FONDEN cuyo fin sería cubrir daños relacionados con la pérdida total, como contenidos, pérdidas temporales del empleo o de capital de trabajo en micro-empresas, entre otros. En este mismo sentido, por 215 pesos anuales adicionales, la cobertura en caso de daño total podría incrementarse de 120 mil a 180 mil pesos, lo que permite estructurar productos de seguro que ofrezcan pagos de 60 mil pesos adicionales para que una familia en situación de pobreza alcance un enganche de 180 mil pesos y logre acceder a un crédito de INFONAVIT para adquirir una vivienda mejor construida y con menor exposi-ción a daños por catástrofes naturales.

Si bien los precios señalados consideran que la población o mutualidad asegurada es la misma que hoy cubre el FONDEN y tendrían que reestimarse si se modificara del universo cubierto, el método expuesto en este trabajo es útil para diseñar micro-seguros de daños que



interactúen no solo con las Reglas de FONDEN, sino con otras políticas públicas orientadas a canalizar apoyos federales a personas en situación de pobreza.

Por ejemplo, un microseguro que ofrezca 12 mil pesos adicionales a la cobertura FONDEN por daño total podría vincularse con el Programa de Infraestructura que ofrece la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y proteger contra desastres naturales la vivienda construida bajo ese programa federal integrando la cobertura de FONDEN para daños a la edificación con un micro-seguro de contenidos que permita a las familias beneficiarias no solo reconstruir su vivienda en caso de desastre, sino también reponer el equipamiento o los ense-res domésticos dañados.

Otro uso de la cobertura adicional de 12 mil pesos podría ser financiar una parte de las obli-gaciones de la Secretaría de Desarrollo Social contenidas en el Programa de Empleo Temporal respecto a canalizar apoyos a la población beneficiaria de PROSPERA que enfrenta una situa-ción de desempleo derivada de un desastre natural. Asimismo, esta misma cobertura de 12 mil pesos podría interactuar con el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, en su vertiente de micro-créditos productivos a la población en situación de pobreza, al desti-narse a cubrir una pérdida de capital de trabajo derivado de un desastre natural que ponga en riesgo el pago del crédito y/o la propia viabilidad del micro-negocio.

Por su parte, si el micro-seguro cubriera 60 mil pesos adicionales al pago de FONDEN por daño total, se podría construir una interacción de apoyo mutuo entre el programa FONDEN y el Programa de Crédito al Sector Informal del INFONAVIT que tendría múltiples ventajas, ya que usaría recursos de FONDEN que se erogarían de todas formas para constituir una parte del enganche que recibiría INFONAVIT y se reduciría significativamente el riesgo de no pago que hoy es la principal barrera de crecimiento de este producto de crédito. Además, permi-tiría a una familia en situación de pobreza adquirir una vivienda de mejor calidad en zonas con menor exposición al riesgo de desastres gracias a las políticas de desarrollo vigentes para INFONAVIT.

Las propuestas anteriores son solo algunos ejemplos de las formas como un micro-seguro complementario a los pagos por daño total que cubre FONDEN puede interactuar con otras políticas públicas, y bien pudieran mejorarse o sustituirse por otras que permitan alcanzar mayores impactos y sinergias con los objetivos del Gobierno Federal.

Más aún, la oportunidad para la industria de seguros nacional radica en que, al estructurar productos de seguro complementarios y consistentes con la PFDN, estaría dando los primeros pasos para llenar un enorme hueco en el mercado y podría posicionar las redes de contacto del Gobierno Federal como canal de distribución de productos rentables y de enorme utilidad para la población.

Un elemento indispensable para que la industria de seguros pueda ofrecer estos productos es el respaldo del Reaseguro privado. Sin embargo, en caso de que dicho reaseguro no exista o no sea sostenible en el tiempo, este trabajo propone la creación de un esquema de manejo de los riesgos suscritos “fuera de balance” y respaldado con la garantía del Gobierno Federal, ya que las primas puras mencionadas no serían suficientes para garantizar la solvencia de las aseguradoras participantes. Como es bien sabido en la industria y señalado en la literatura de riesgos catastróficos, suscribir este tipo de coberturas implica una enorme brecha entre las pérdidas anuales esperadas (PAE) y las pérdidas máximas probables (PMP): los coeficientes de riesgo (PMP/PAE) para las coberturas de los seguros privados que aquí se estudian alcanzan factores de entre 24 y 40 veces.



En otras palabras, las aseguradoras necesitarían acumular las primas puras de riesgo has-ta por 40 años para constituir una reserva que asegurará la solvencia del esquema, si no se incluyera capital o reaseguro. Esta situación hace inviable comercialmente la oferta de los productos descritos, por lo que se plantea que el Gobierno Federal reasegure el esquema por fuera del balance de las aseguradoras participantes ya que el costo incremental de hacerlo es sumamente bajo para el Gobierno. Por ejemplo, un reaseguro ofrecido por el Gobierno para el seguro que incrementa la cobertura básica FONDEN en 12 mil pesos costaría 9 pesos anua-les, mientras que el reaseguro para el producto de 60 mil pesos costaría 45 pesos anuales por vivienda.

En efecto, dado que hoy en día el Gobierno Federal absorbe el riesgo técnico de todas las viviendas en situación de pobreza del país, el otorgar estas coberturas no altera su exposición financiera de forma significativa, y en cambio le permite obtener un ingreso de las asegura-doras a través de la prima cobrada que complementaría las fuentes de financiamiento del programa FONDEN.

Bajo esta perspectiva, el esquema fuera de balance que se propone en este trabajo consiste en crear de un Fideicomiso de Administración y Garantía en el BANSEFI, institución que hoy en día administra las tarjetas de pago del programa PROSPERA para más de 8 millones de per-sonas. Esta es una gran palanca para el impulso de los micro-seguros de daños aquí plantea-dos, ya que la infraestructura de dispersión de pagos y descuento a tarjetas rompería uno de los principales obstáculos para la distribución de este tipo de productos: el altísimo costo de construir las redes de procesamiento de pagos y venta de productos necesarias para alcanzar una escala que haga viable el esquema.

Este fideicomiso, garantizado por el Gobierno Federal en su solvencia (i.e. el reaseguro), sería administrado conjuntamente por el propio Gobierno y la Industria de Seguros buscan-do alcanzar la mayor eficiencia en la operación del esquema, y promoviendo de forma única en el mundo la innovación en productos privados de seguro que complementen las políticas públicas de protección social, ampliando así la canasta de seguros sociales en nuestro país y creando a la par el mayor mercado de micro-seguros de daños en América Latina.

b) Políticas para fortalecer el aseguramiento hipotecario Los seguros de daños cubren aquellos ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos

como inundación, lluvia, huracán, granizo, viento, y de otros tipos, tales como incendio, terre-moto, erupción volcánica, etc.

Actualmente, sólo alrededor del 20% de las viviendas en nuestro país tienen un crédito hipotecario. Estas viviendas cuentan, en su mayoría, con seguros asociados a los créditos, que les permiten asegurar su patrimonio.

Los clientes de crédito hipotecario representan un grupo que cuenta con el mayor grado de ase-guramiento para enfrentar un desastre natural, como los lamentables sismos ocurridos en nuestro país el pasado mes de septiembre 2017, cabe mencionar y destacar que desde un inicio al proceso del pago de siniestros ha habido una eficaz coordinación y colaboración entre Instituciones Ban-carias, Instituciones de Seguros, organismos de vivienda y autoridades (SHCP, Condusef, CNBV, CNSF) y asociaciones de Instituciones de Seguros e Institución Bancarias (AMIS y ABM).

El año pasado la AMIS y la ABM, con la participación de la CONDUSEF, la CNBV y la CNSF, desarrollaron una serie de políticas de aseguramiento en el desarrollo de hipotecas de seguros de casa habitación. Estas políticas se describen a continuación:



1. Condiciones de la póliza del seguro:Los créditos hipotecarios en México cuentan con un seguro de vida, daños y desempleo que generalmente están enfocados a cubrir la responsabilidad del contratante ante la institución bancaria ante alguna eventualidad durante el plazo del crédito, por lo que este tipo de seguros no alcanza a cubrir las verdaderas necesidades de aseguramiento de la persona o familia con-tratante del crédito.

Práctica o política por seguir Ҋ Desarrollar productos que atiendan los intereses asegurables de ambas partes (acredita-

do y acreditante). Ҋ Incluir dentro de la solicitud del crédito un apartado específico para seguros con la in-

formación que permita a la aseguradora además de conocer los riesgos, determinar el interés asegurable de las distintas partes

Ҋ Entrega de un folleto al Asegurado-Acreditado y asesoramiento por parte de la Institu-ción bancaria al momento de la solicitud del crédito, en cuanto a:

◦ Características del producto. ◦ Alcance del seguro. ◦ Deducibles y coaseguros que aplican en caso de un siniestro. ◦ Qué debe hacer el asegurado-acreditado en caso de siniestro. ◦ Aclarar que solo se cubren daños sufridos por un siniestro y no cubren gastos de

mantenimiento o de remodelación. ◦ Liga web para la consulta de condiciones generales. (1)

Ҋ Al momento de contratar el crédito confirmar que se explicaron al asegurado las condi-ciones sobre el seguro.

Ҋ El producto del seguro que ofrezca la institución bancaria deberá incluir: ◦ Definiciones y conceptos. ◦ Coberturas a todo riesgo incluyendo remoción de escombros. ◦ Ofrecer de manera opcional coberturas complementarias como son: daños a con-

tenidos, gastos extraordinarios, Responsabilidad Civil, Robo; con sumas aseguradas adicionales y no como sublímites.

◦ Cobertura de gasto adicionales para honorarios (ejemplo avalúos, elaboración de pre-supuestos, mejoras por reglamento a la estructura del inmueble, etc.), estableciendo un porcentaje máximo adicional a la suma asegurada.

◦ Incluir el endoso inflacionario y a la renovación incrementar paulatinamente las su-mas aseguradas de todas las secciones. (2)

Ҋ Posibilidad de reconsiderar el porcentaje de deducible y coaseguro, con cobro de una prima adicional.

Ҋ Notificar las mejoras de las condiciones de la póliza de seguros de vivienda en los créditos vigentes.



2. Valores Asegurables:El objeto de los seguros de daños es subsanar la pérdida real sufrida, esto mediante el aporte del capital necesario para la reparación del daño o el pago monetario de la pérdida que permita rehacer la propiedad dañada. Sobre la base anterior, la determinación de una suma asegurada equivalente al valor de reposición del edificio debería ser suficiente. El Seguro de Daños, cubre solo el Valor Constructivo ya que en el caso de sufrir una Pérdida Total el Terreno no se pierde.

Actualmente la mayoría de los productos aseguran el valor de reposición de la construcción, sobre el cual se aplica un deducible y un coaseguro, obteniéndose la pérdida indemnizable en caso de pérdida total.

Práctica o política por seguir Ҋ El interés asegurable de las instituciones bancarias es primordialmente el mantener la

continuidad del crédito otorgado independientemente de la ocurrencia de cualquier ries-go amparado en lugar de buscar solo la recuperación de los saldos insolutos. Hay que considerar que las coberturas amparadas por las instituciones de seguros están enfoca-das en garantizar la reparación de los bienes afectados de tal forma que, al evitar el que-branto del asegurado, su obligación y capacidad de respuesta para el pago de los créditos no se ve afectada.

Ҋ Las cláusulas de beneficiario preferente deberían aplicar únicamente en caso de que no sea reparable el bien dañado (pérdidas totales).

Ҋ Considerar metodologías de ajuste de valores de edificaciones en cartera consideran-do el avalúo original, la fecha en que se tasaron y aseguraron, los años transcurridos, los porcentajes de inflación y parámetros del sector construcción que normalmente se encuentran en los informes de arquitectos y de ingeniería civil, con esto pueden actua-lizar periódicamente sus valores de reconstrucción. Para que funcione se debe definir el método de cálculo, exponerlo a la entidad financiera y explicarle que de esta manera ajustando valores y pagando la prima extra correspondiente, no incurriría en infra seguro. Lo cual implicaría establecer en los contratos de crédito la mecánica bajo la cual se debe-rá efectuar la actualización de los Valores (INPC, BIMSA, CNIC, CMIC, Actualización de valor, etc.).

Ҋ El valor de reposición de los edificios debería contemplar para pérdidas totales, un monto adicional que considere el incremento al costo de construcción derivado de cambios exi-gidos por los reglamentos de construcción vigentes.

Ҋ Considerar que la suma asegurada debe incluir las mejoras y adaptaciones realizadas al inmueble. Siempre que el cliente dé notificación a la Institución de seguros sobre la rea-lización de trabajos y con el costo que conlleve. Considerar en el caso de algunos bancos la operación y administración de estos endosos.

Ҋ Con el objetivo de garantizar que estos valores se van actualizando con el tiempo es necesario hacer un ejercicio de forma periódica (anual) para ir reconociendo en el tiempo los aumentos en los valores.

Ҋ Estandarizar las bases para el cálculo de los valores, adecuadas a las necesidades reales de resarcimiento de pérdidas, (que no sean excesivas, ni insuficientes), además del cobro con su respectivo recálculo de prima.



3. Seguro Obligatorio para vivienda:En la ley vigente de propiedad en condominios de inmuebles para la Ciudad de México (an-tes Distrito Federal), para constituirse como régimen condominal, se solicita un seguro para todo el edificio, con compañía legalmente autorizada contratando las coberturas de terremo-to, inundación, explosión, incendio y daños a terceros, cubriéndose el importe de la prima en proporción del indiviso que corresponda a cada uno de ellos, previo acuerdo de la Asamblea General y lo establecido en el Reglamento Interno. Como problemática se observa:

Ҋ Incumplimiento de la ley de condominios en cuanto a la contratación de seguros y orga-nización condominal.

Ҋ La regulación no prevé mecanismos para mantener vigente la póliza de seguro en años subsecuentes, tampoco se estipulan sanciones en caso de incumplimiento.

Ҋ No hay un correcto aseguramiento de todo el edificio o conjunto habitacional, para cubrir las áreas comunes.

Ҋ Existen diferencias de intereses y criterios entre los condóminos, lo cual dificulta la toma de las mejores decisiones, en muchos casos uno o más condóminos se oponen a la decisión de la mayoría, lo cual genera retraso en el pago del siniestro por parte de la Institución de Seguros.

Ҋ No todos los condóminos cuentan con una póliza de seguro de vivienda voluntaria, con los fondos suficientes para realizar algún estudio de los daños o pagar un presupuesto para realizar reparaciones necesarias.

Práctica o política por seguir Ҋ Es recomendable que los condominios con base en la regulación se aseguren en una sola

póliza con una suma asegurada que permita la reparación o reconstrucción del inmueble y sus instalaciones incluyendo áreas y contenidos comunes.

Ҋ Las Instituciones crediticias deben aceptar la validez de las pólizas mencionadas en el punto anterior como respaldo del crédito.

4. Indemnizaciones:Históricamente, la determinación de pérdidas indemnizables ha sido un problema constante debido a las distintas bases e intereses asegurables que rigen los diferentes contratos de segu-ro, así como el manejo de la cláusula proporcional que garantiza a las Instituciones de Seguros que la apreciación de los riesgos adquiridos y las pérdidas esperadas están alineadas con las sumas aseguradas contratadas.

En el caso del trabajo desempeñado por los ajustadores, es importante mencionar que de-bería ser rápido y eficaz, no obstante, no existe un parámetro de valorización de daños estan-darizado para su referenciación en las determinaciones de volumetrías de daños.

El aseguramiento de muchos de los condominios no es total, lo que dificulta el cierre del ajuste e indemnización correcta del seguro.

Varios casos de daños o afectaciones preexistentes, antes de los sismos, incrementaron el volumen de las reclamaciones por parte de los asegurados.

En una pérdida parcial el asegurado-acreditado en ocasiones no colabora de forma adecua-da y rápida en la integración documental para la cuantificación de los daños.



En la práctica, los recursos se entregan directamente a los clientes y resulta complicado realizar una verificación que nos permita identificar si los recursos fueron utilizados para la reparación del inmueble.

En el caso de condominios debido a su regulación específica para enfrentar daños a los in-muebles, las instituciones bancarias no manejan las indemnizaciones de acuerdo con lo que se determine en la asamblea de condóminos.

La cobertura de la póliza se enfrenta a la imposibilidad de pagar problemas de las construc-ciones que no fueron ocasionados por el siniestro (terremoto), pero que los asegurados-acre-ditados, en su percepción de reclamación, incluyen como parte de la pérdida y la falta de con-ciliación de estos conceptos, detienen o estancan las indemnizaciones que ampara la póliza.

Práctica o política por seguir Ҋ Las entregas de los recursos de la indemnización en caso de pérdidas parciales serán otorga-

das al acreditado para mantener en condiciones habitables el inmueble garantía del crédito. Ҋ Es importante que los recursos que reciben los clientes en caso de pérdida parcial se

apliquen para resarcir el daño, de acuerdo con el presupuesto de obra. Ҋ Se propone la posibilidad de que el cliente al momento de la contratación del seguro pue-

da elegir entre una cobertura básica y una cobertura amplia. ◦ Cobertura Básica – en los casos de Pérdida Total cubre hasta el Valor de reposición. ◦ Cobertura Amplia – en los casos de Pérdida Total cubre el Saldo Insoluto o el Valor

de reposición más coberturas complementarias (gastos extraordinarios, remoción de escombros, contenidos, etc.), lo que sea mayor. (4)

Ҋ Contar con un padrón de DRO’s o Corresponsables de Seguridad Estructural que traba-jen con las Instituciones de Seguros a nivel nacional.

Ҋ Contar con bases pactadas (BIMSA, CNIC, CMIC, etc.) desde inicio de vigencia, que sirva para asegurar correctamente los inmuebles, y que también se utilicen para valuar el mon-to a indemnizar por los daños al inmueble.

5. Información después del siniestro:Independientemente del efecto que genera la falta de recursos para reconstruir, en el caso de edificios en condominio, el hecho de que no todas las partes involucradas cuenten con un seguro o con los fondos suficientes para el pago del deducible y coaseguro, imposibilita, al no contarse con el capital necesario, la reconstrucción de los edificios.

Se estima que el número de inmuebles afectados es superior a los dictámenes técnicos emitidos por la autoridad, tan solo en la Ciudad de México, existen más de 5,000 propiedades que están en espera de la dictaminación del estado estructural y, por consecuencia, la determinación de pérdidas.

Práctica o política por seguir Ҋ Contar con una base oficial de los inmuebles con afectaciones ya sea derrumbes o daños,

publicada por la autoridad la cual se esté actualizando constantemente. Ҋ Es indispensable el intercambio de información entre las instituciones de seguros y ban-

carias, para conjuntar eficientemente esfuerzos en la atención y resolución de las recla-maciones correspondientes.



c) Promover el aseguramiento voluntario y sensibilizar y educar a la población en materia de riesgos en los hogares y las ventajas de contar con un seguro.

La brecha de aseguramiento en materia de vivienda ante eventos catastróficos es alrededor del 0.07% del PIB.

Como ya se expuso anteriormente, a través de un microseguro catastrófico es factible lo-grar la reducción de las vulnerabilidades de la población de menores ingresos. Por lo que toca al resto de la población, un aseguramiento inducido a través de mecanismos de recaudación gubernamental, como podría serlo el impuesto predial, reduciría los impactos que un evento catastrófico podría tener en la población y en la economía.

Una colaboración público-privada sería determinante para impulsar el aseguramiento de vi-vienda en todos los niveles, pero fundamentalmente en la clase media. Este esfuerzo requiere ir acompañado de una estrategia de sensibilización y educación para la población en materia de riesgos buscando promover el aseguramiento de viviendas privadas y de condominios.

Las políticas de aseguramiento entorno a los créditos hipotecarios son perfectamente apli-cables hacia la vivienda y condominios en general y es factible diseñar productos de asegura-miento flexibles y con condiciones indemnizatorias más sencillas para los asegurados.

Una estrategia global de aseguramiento de vivienda ante catástrofes, puede integrar todos los elementos anteriores y ser gestionada por la Unidad de Administración de Riesgos que se plantea como parte una Política Pública de Administración de Riesgos.

V. Seguro AgrícolaDe acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2014 (ENA), la superficie total del país es de 109,254,749 de hectáreas, de las cuales, la superficie agrícola constituye el 25.2% (27,496,118 hectáreas) y el resto es superficie de agostadero, enmontada y de otro tipo (81,758,631 de hectáreas - 74.8%).

Se estiman 3,286,465 de Unidades de Producción, trabajando las 27,496,118 hectáreas de superficie agrícola.

Los datos de este cuadro corresponden a las unidades de producción levantadas en la encuesta y que por lo tanto obtienen alguno de los productos de interés de la misma.Las sumas de unidades de producción con superficie de riego y superficie de temporal no dan 100% porque las unidades pue-den tener ambos tipos de superficie.En esta encuesta se consideran 16,434,504 de hectáreas para estimar la producción

ENA 2014% ENA 2014 %

Superficie agrícola de las UP de la ENA 27,496,118.0 100% 3,286,465.0 100%,5 ogeir ed eicifrepuS 576,992.0 20.3% 577,913.0 17.6%

Hasta 0.2 hectáreas (autoconsumo) 1,202.0 0.02% 13,820.0 2.4%Más de 0.2 hasta 5 hectáreas (transición) 800,078.0 14.3% 383,023.0 66.3%

Más de 5 hectáreas (comercial) 4,775,712.0 85.6% 181,070.0 31.3%Superficie de temporal 21,919,126.0 79.7% 2,862,092.0 87.6%

Hasta 5 hectáreas (autoconsumo) 4,380,152.0 20.0% 2,017,937.0 70.5%Más de 5 y hasta 20 hectáreas (transición) 6,602,251.0 30.1% 669,064.0 23.4%

Más de 20 hectáreas (comercial) 10,936,723.0 49.9% 174,091.0 6.1%

Estratos de superficie Superficie (Hectáreas )Unidades de Producción%

)U



En el Anexo 1, se muestra la distribución de la producción de cultivos de cerca de 16,434,504 hectáreas (en toneladas).

De acuerdo con la CEPAL15, durante las dos décadas pasadas, más del 80% de las pérdidas económicas relacionadas con desastres de clima (sequías o excesos de humedad, ocurrieron en el sector agrícola, pero esto no quiere decir que sea el principal riesgo que sufre el campo.

El seguro agrícola es un mecanismo diseñado para dar continuidad a los procesos productivos derivados de factores no controlables por el agricultor, tales como el clima, plagas y enfermedades.

El seguro agrícola es un instrumento fundamental para el funcionamiento de los merca-dos agropecuarios de países desarrollados. En América Latina: Brasil, Argentina, Chile, Perú, Guatemala, Honduras, El Salvador, están impulsando su desarrollo (el cambio climático lo está acelerando). En la mayoría de los casos, el desarrollo del seguro agrícola está fuertemente vinculado a la existencia de subsidios.

El siguiente cuadro muestra la estructura del seguro agropecuario en México y otros países:

Casos más estudiados Subsidios Participación del Sector Privado

Desarrollo de Nuevos Productos

USA P 100% P

Canadá PPúblico (Estatal/ Federal) Privado P

México P Público / Privado X

España P Esquema Sindicado P

Centroamérica (v.gr. Guatemala) P 100% P

Brasil P Publico / Privado P

Chile P 100% P

Francia P Público / Privado P

Fuente: Agroasemex

En México, estos subsidios se distribuyen entre los Fondos de Aseguramiento y las Institucio-nes de Seguros que operan este ramo de seguros.

La ENA señala que solo un 3.6% de las 3,286,465 unidades de producción contaban con un seguro, o lo que es lo mismo, solo 118,312 unidades de producción aseguradas. De éstas, el 33.1% corresponden a aseguradoras.

15 Comisión Económica para América Latina y el Caribe.



De las unidades de producción aseguradas, las que cuentan con mayor cobertura son las que se especializan en el cultivo de algodón (75.7%), seguidas por las que producen soya (43.1%), mientras que las que producen trigo grano y arroz representaron, en conjunto, 44.1% de la cobertura de seguro por cultivo seleccionado.

Unidades de producción aseguradas

Cabe resaltar que, del total de unidades de producción, 96.2% no solicitó ningún tipo de segu-ro, 0.2% lo pidió, pero no lo obtuvo.

Diversos estudios muestran que el subsidio a la prima ha demostrado ser un buen catalizador del seguro, de ahí la importancia de que más unidades de producción cuenten con esta protección

El subsidio a la prima es el único apoyo en México para el riesgo agrícola y como porcentaje de apoyos totales al campo es bajo en nuestro país.

Algodón

Soya

Trigro grano

Arroz

Cebada

Sorgo grano

Melón

Jitomate (tomate rojo)

Sandía

Cebolla

Chile

Maíz blanco

Maíz forrajero

Frijol

Calabaza

75.7%

43.1%

24.6%

19.5%

17.3%

16.6%

11.5%

5.4%

5.3%

4.5%

4.2%

2.8%

2.7%

2.3%

1.1%

Institución o empresa aseguradora PorcentajeENA 2012 ENA 2014

Qué solicitaron o tramitaron seguro ND 3.8%

Obtuvieron seguro 31% 3.6%

Institución

Institución de gobierno 11.3% 14.3%

Fondo de aseguramiento 47.1 43.5%

Aseguradora privada 33.7% 33.1%

Otra institución 9.5% 10.9%

La suma no da 100% porque cada unidad de producción puede tener más de una fuente de seguro



Triplicar la penetración actual del seguro en México conllevaría un incremento de hasta un 43% en el rendimiento promedio por hectárea. Existen dos fuentes de subsidio en México, a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Para los Fondos de Aseguramiento, la SHCP coordina subsidios a la prima, a la operación y a la capacitación. En el caso de las aseguradoras privadas, el subsidio está limitado a la prima y los montos dependen del cultivo, la zona geográfica, el nivel de pobreza, etc.

Es importante destacar que todas las aseguradoras que operan el seguro agrícola están reguladas por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (LISF), mientras que los Fondos de Aseguramiento, eran regulados por la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural, y no ha sido sino hasta fechas recientes que la CNSF ha tomado un papel de regulador y su-pervisor de su actividad. Lo anterior se considera positivo, bajo el principio de transversalidad regulatoria para actividades similares.

Por otro lado, SAGARPA proporciona los subsidios para el seguro catastróficos a través del programa CADENA16. Las Entidades Federativas están obligadas a contratar un seguro catastrófico cuyo beneficiario es la propia Entidad. Al ocurrir una catástrofe que afecte la ac-tividad agrícola, la entidad recibe la indemnización para su distribución a los afectados. Para transparentar la colocación de estos programas se propone que se implemente un sistema de subastas y que sea coordinado por la Unidad de Administración de Riesgos que se propone en este documento.

16 Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero.

EE.UU Canadá China Brasil Chile México

11.30%

7.50%

1.40% 1.20% 1.15%1.00%

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.0%

Participación del subsidio a la pri-ma agropecuaria sobre el total de los subsidios al campo (ESP), paí-ses seleccionados

Promedio 2001 - 2015

Fuente: Elaborado con base en OECD

Nota: Incluye solo recursos presupuestarios para subsidio a la prima, no incluye recursos para otros programas para aliviar pérdidas por desastres naturales

Brasil inicia la operación de subsidio en 2003

China inicia con el subsidio a la prima en 2007

Chile inicia operación del subsidio a la prima en 2000



Una gran parte de la operación de estos subsidios se soporta en Agroasemex, dado que, a través de ésta, se ofrece al mercado nuevos productos y se establecen límites de subsidios por productos etiquetados. Esta aseguradora además brinda cobertura de reaseguro.

Para operar el subsidio se cuenta con el apoyo de Agroasemex y de un Grupo Técnico, con-formado por participantes de la industria aseguradora y de los Fondos de Aseguramiento. La participación de Agroasemex en este mercado, independientemente de que es muy valiosa, se traduce en distorsiones en la economía, ya que al ser participante en el mercado (como asegu-radora y reaseguradora), se generan asimetrías de información, siendo juez y parte en muchos de los otorgamientos de subsidio.

El sector asegurador considera que es fundamental promover el desarrollo del campo y que el seguro agrícola, con los apoyos de subsidios, es una herramienta indispensable para lograrlo, de ahí que se proponga como una mejor práctica en la operación del subsidio que la Unidad de Administración de Riesgos, que se propone en este documento, fuese la encargada de revisar las reglas actuales de operación y auscultación de los subsidios existentes y, en su caso, rede-finirlas y coordinar su otorgamiento.

La vinculación de todos los participantes en el mercado de seguro agrícola es un factor de éxito en el fortalecimiento de los programas de subsidio, de ahí la importancia de que la Uni-dad de Administración de Riesgos promueva sinergias entre estos.

Las propuestas del Sector Asegurador pueden resumirse en asignar las siguientes funciones en materia de seguro a la Unidad de Administración de Riesgos:

Ҋ Canalizar todos los subsidios (agrícola y pecuario) para lograr eficiencias en los tiempos de proceso optimizando el costo operativo de acceso para las aseguradoras y los fondos.

Ҋ Integrar estadísticas y análisis, evitando asimetrías de información. Ҋ Garantizar la transversalidad regulatoria de los participantes en el mercado, apoyándose

en la CNSF. Ҋ Promover sinergias en la interacción entre los participantes del mercado.

Impulsar la propuesta anterior podrá potenciar el desarrollo del campo mexicano al lograr un esquema de subsidio más eficiente que logre un mayor alcance para integrar más efectiva-mente la cobertura de riesgos a los que se ve expuesto.

Anexo1


Anexo I

Nota: No se publican maíz amarillo, papa y tomate verde, porque la información recolectada es insuficiente para obtener datos estimados.

NA: No Aplica porque la información es insuficiente para estimar la producción.

Superficie sembrada Superficie cosechadaToneladas

AnualesAlgodón 169,308.1 168,198.4 481,847.1 Arroz 22,869.4 22,512.5 139,353.5 Calabaza 131,505.0 108,774.6 615,440.6 Cebada grano 273,452.3 235,358.1 602,724.1 Cebolla 40,112.4 38,925.9 1,018,508.7 Chile 143,780.2 136,994.9 2,221,593.5 Frijol 1,878,933.4 1,699,155.6 1,434,667.9 Jitomate (tomate rojo) 486,379.0 46,430.3 2,517,286.1 Maíz Blanco 6,715,156.7 6,113,729.1 21,087,445.4 Maíz forrajero 225,302.2 217,628.2 5,675,284.7 Melón 21,103.3 20,801.3 594,049.3 Sandía 42,000.1 39,260.8 1,025,262.5 Sorgo grano 2,199,229.0 2,083,296.6 7,196,029.7 Soya 71,663.7 68,920.5 114,954.3 Trigo grano 695,289.9 683,228.5 3,494,575.0

PerennesAguacate 126,807.3 111,473.7 NA Alfalfa 332,319.8 327,173.5 NA Cacao 85,027.3 80,451.1 47,328.7 Café 762,479.2 687,758.7 902,318.8 Caña de azúcar 752,153.9 717,908.1 49,359,926.0 Limón 165,137.7 151,689.5 2,090,280.9 Mango 220,935.6 198,512.9 1,542,445.4 Manzana 49,507.6 44,761.7 530,821.1 Naranja 336,543.6 309,997.1 2,986,861.6 Plátano 89,032.6 84,874.1 2,098,086.9 Uva 30,002.1 28,327.0 304,801.2

Cultivo con representatividad en

la muestra

Superficie cultivada Producción

Hectáreas

Bibliografía


REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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