Nº 139 Bogotá, ColombiaValor $500 Abril de 2016

¡SOLIDARIDAD!Con el pueblo de Ecuador

1º de Mayo¡Contra la política social y económica de Santos y Peñalosa!

2 Nº 139, abril de 2016salud

Nuevo modelo de salud pública estatal en Bogotá:

Enferma y mata

Trabajadores del Hospital de Kennedy en conversaciones con el secretario distrital de Salud.

María Doris González

Directora Del Departamento De SeguriDaD Social cut nacional

La administración distrital en ca-beza del Alcalde y del secreta-rio de Salud, retomando lo que ellos mismos realizaron hace 16 años, fusionar hospitales, hoy

imponen pasar de 32 a 22 hospitales, sin que se mejore la atención a los usuarios y pacientes, por el contrario, se agudizó y se acrecentó el daño a la salud y la vida, a lo que hay sumarle la eliminación de tres mil cargos, despidiendo de su trabajo a trabajadores que para la fecha ostentaban el derecho de un trabajo digno y decente.

Con este mismo talante, el pasado viernes 12 de febrero de 2016, el Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño y el Secretario Distrital de Salud, Luis Gonzalo Morales, radicaron en la Secretaria General del Concejo Distrital el proyecto de reorganización del sector salud para Bogotá. Las fallas de fondo que presen-taba este proyecto lo conocían, desde su radicación, exposición y discusión, los 45 concejales; sin embargo, haciendo caso omiso a las advertencias del movimiento social y sindical y de las bancadas del Polo, del Mira, Progresistas y ASI, el acuerdo fue votado y aprobado por mayoría, primero en Comisión Permanente de Gobierno, con todos los vicios de forma y tramite. Se violaron principios fundamentales del Estado de derecho: se contestó afirmati-vamente antes de la iniciación de la sesión formal para el debate y la presentación de ponencias, al derecho de reposición y subsidio de apelación presentado por la concejala Gloria Stella Ortiz, quien pidió explicaciones de por qué no se le permitía presentar su ponencia negativa, violando el reglamento de la corporación.

De la misma manera, en plenaria se vulneró el derecho de participación activa, que ha-bían solicitado varios sindicatos del sector salud mediante Derecho de Petición, y así, una vez más, se inició la sesión sin resol-ver el Recurso de Queja interpuesto por la concejala Gloria Stella Díaz Ortiz.

Por otro lado, a cada uno de los 45 con-cejales se les allegaron documentos por parte de los sindicatos de la salud Sindess, Sindistritales, Sintrahosken, Assosisalud y otros, manifestando inconformismo y las apreciaciones que vulneraban los de-rechos tanto de los usuarios como de los trabajadores de la salud con las siguientes razones:

1. El proyecto de acuerdo presentado el 12 de febrero de 2016, no presenta ningún estudio técnico administrativo, financie-ro o científico que lo soporte y permita demostrar que se deben fusionar de los 22 hospitales públicos en cuatro subre-des.

2. El proyecto de acuerdo no presenta evi-dencias, antes de la radicación el 12 de febrero de 2016, de la participación ac-tiva de las comunidades circundantes o audiencias públicas requeridas para este tipo de proyectos, como lo establece la Constitución y la ley, y por las implica-ciones y las consecuencias en la salud y la vida de los pacientes y usuarios que asisten y reciben atención en el sistema de salud de la ciudad, como claramente lo establece la Ley 134 de 1994, en su artículo 27: Respaldo de las iniciativas populares legislativas y normativas. Para que una iniciativa popular de acto legisla-tivo, de ley, de ordenanza, de acuerdo o de resolución local sea presentada ante la respectiva corporación pública, deberá contar con el respaldo de por lo menos el cinco por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el censo electoral corres-pondiente y la Ley Estatutaria en Salud (1751).

3. Se crean dos nuevas entidades, una de logística y otra de ciencia y tecnología, que quedarán en manos de entidades privadas, con fuerza de obligatoriedad para las subredes en todo lo que se determine en la contratación con terce-ros, tanto del talento humano, insumos, equipos, servicios y demás que el siste-ma de salud Bogotá necesite. Con esto se agudiza aún más la tercerización, haciendo caso omiso de las sentencias

de la Corte Constitucional 614 de 2009 y C-171 de 2011. Es decir, la salud puesta al servicio del gran capital y de la ganan-cia produciendo sufrimiento, enfermedad y muerte.

4. Las redes integrales (fusión) serán un calvario para los pacientes y usuarios, porque al especializarse cada una de las unidades, el paciente-usuario, ten-drá obligatoriamente que desplazarse bajo su propio riesgo y economía hasta el punto de atención. Esto se evidencia con el hecho de pasar de 164 puntos de atención primaria (Camis, Upas, Ubas, las cuales se cierran) a solo 20 centros de atención primarios de salud (Caps) para toda la ciudad. Por cada subred quedará una central de urgencias, es de-cir, solo cuatro para toda la ciudad para una ciudad de más de ocho millones de habitantes y con grandes problemas de movilidad, lo que aumentará el riesgo, la incapacidad permanente o la muerte, pues toda urgencia grave o de riesgo,

debe ser atendida dentro de la siguiente hora para tener oportunidad de vida.

5. Se establece un año de transición, el cual no se está cumpliendo, para ajustar las plantas de personal, los presupuestos y todo lo financiero dentro del marco de la Ley 909 de 2004, lo que significa una masacre laboral (antes del año de transición) de aproximadamente 8.000 mil servidores del sector. Un ejemplo: al fusionar los seis hospitales de la zona sur oriental en una ESE, sobran depar-tamentos como el Talento Humano y el Financiero, así como el de Servicios Esenciales que hoy se prestan en cada hospital, los cuales serán eliminados.

En síntesis, el acuerdo 641 de 2016 a todas luces creará un mayor caos en la atención de los pacientes y se vulnerará un derecho fundamental como es el de la salud, creará más barreras de acceso y oportunidades en los servicios de atención y producirá una masacre laboral, por eso decimos que es un modelo que enferma y mata.

Nº 139, abril de 2016 3cut bogotá cundinamarca

La reciente expedición del decreto 583 de 2016, es sólo la última de las sucesivas medidas impo-pulares y antinacionales que el gobierno de Juan Manuel Santos

ha adoptado en contravía de los intereses de la clase trabajadora en nuestro país, con la cual se profundiza la tercerización laboral y causa una seria amenaza al derecho de asociación sindical.

Desde la negociación y firma desenfrenada de tratados de libre comercio, dos de estos en proceso de pactos secretos, con gravísi-mas consecuencias contra el interés nacional y los derechos sociales de los colombianos que aún son responsabilidad de institucio-nes del Estado, las cuales están seriamente amenazadas por el interés del gobierno de privatizarlas para satisfacer la voracidad de las multinacionales (No hablamos solo de la minería, se trata de la salud, la educación, y el remate de las empresas públicas de servicios domiciliarios como Ecopetrol, en-tre otros). La nueva reforma pensional y la tributaria también constituyen otro atentado del Gobierno de Santos contra la mayoría de los colombianos para cercenarles derechos y la vez aumentarles las cargas tributarias. Existen motivos de sobra para que el pueblo colombiano en este primero de mayo exprese su más profundo rechazo a las medidas de despojo y miseria que viene promoviendo el gobierno nacional.

De otra parte, un alcalde arrogante y pen-denciero, enamorado cual más de resolver los problemas sociales mediante el “me-jor” equipo técnico que ha encontrado, el Esmad. Entre otras perversas políticas y medidas, Peñalosa ha emprendido las si-guientes:

• Hoy arrasa la red pública de los 22 hos-pitales públicos del Distrito, reduciendo a 4 las redes para toda la ciudad con un enorme riesgo de desatención pública y gran reducción de personal.

• Avanza en la creación de la Secretaría Distrital de Seguridad, no con un objeti-vo tan claro de luchar contra el crimen, sino más bien de asegurar un sistema de control de las expresiones de protesta y lucha social.

• Se empeña en la privatización de estraté-gicas empresas de la ciudad como la de telecomunicaciones (ETB), las de acue-

¡Por paz, soberanía, democracia y derechos laborales! ¡Contra la política social y económica

de Santos y Peñalosa!

Viva el Primero de Mayo

EDITORIAL

ducto, alcantarillado y aseo, además de los colegios, cuya concesión ha ampliado significativamente hasta casi el doble de lo que había.

• Socio “ad honorem” de “The Institute for Transportation and Development Policy, Itdp” fundación promotora de los buses Volvo que ruedan en la ciudad gracias a la empresa Transmilenio fundada por el “doctor”.

• Su obstinación en asegurar la conver-sión de tierras de carácter y vocación ambiental de la reserva Thomas Van der Hammen, a tierras del perímetro urbano, con lo cual cambia la forma de valorización de hectáreas a metros cuadrados –valga señalar que varios de sus funcionarios poseen tierras en esa zona–.

• Pese a estar prohibido judicialmente, impone a la Policía la orden de “despe-jar” de trabajadores informales las calles de la ciudad que deberán ser puestas a disposición de “gente bien”, esa para la que “recuperaron” Bogotá, y para sus negocios grandes de “bien”.

Nuestra Central ha presentado pliegos reivindicativos de carácter social a ambos gobiernos, sin que a la fecha se haya con-cretado un proceso de negociación de te-mas profundamente sensibles para amplios sectores del país y del Distrito.

Señalar todos los motivos haría demasia-do extensa esta convocatoria, y aunque ellos son realmente muchos más, nuestro Comité Ejecutivo propone a las organiza-ciones sindicales afiliadas y a todos sus militantes marchar decidida y activamente el día domingo primero de mayo de 2016, como una forma de continuar dinamizando la movilización y la protesta social iniciada exitosamente desde el pasado mes de ene-ro y que se llegue al punto más alto de la ola de lucha social, un paro general durante el presente año.

Pese a todas las enormes dificultades, nues-tra Central ratifica su respaldo a la solución política del conflicto armado que viene dis-cutiéndose en La Habana, y a los iniciados con el ELN, y tal respaldo es también motivo de la marcha.

En esa perspectiva, reconociendo y valo-rando muy positivamente la participación

de un buen número de dirigentes y organi-zaciones sindicales el pasado 14 de abril, reiteramos que es propósito de la Central lograr el mayor grado de cohesión interna con sus sindicatos (La CUT marcha con la CUT), procurando generar una mejor articulación con otros sectores sociales y sindicales, frente a lo cual se orientan los siguientes criterios:

Domingo 1 de mayo 1. Convocamos a todos los sindicatos CUT

en la Calle 26 con Carrera 7, frente al Planetario Distrital, a las 9:00 a.m.

2. La CUT marchará con su dirigencia al frente e iniciará la marcha desde el momento en que se oriente por quienes encabezan.

3. Sugerimos que las organizaciones que tengan camisetas blancas con sus emblemas, las empleen ese día. Si sus recursos no les permiten llevar camisetas del sindicato, sugerimos emplear indumentaria blanca (Camisas, chaquetas, camisetas o lo que estimen de ese color).

4. Los Comités Ejecutivos Nacional y Regional de la Central, estaremos en el punto de concentración con los emble-

mas característicos (Banderas, globos de helio, paletas, etc.), e identificados con indumentaria de la CUT y proponemos agruparnos desde allí para el momento de la marcha, alrededor de las pancartas de los sindicatos que llevan el emblema CUT sucesivamente unos tras otros, para asegurar una gran columna de la Central que visibilice nuestra fuerza y represen-tatividad, intentado evitar la dispersión de nuestras organizaciones.

5. Son bienvenidas, y agradecemos anti-cipadamente por esa contribución, las comparsas, orquestas y grupos musi-cales y demás expresiones artísticas callejeras que puedan hacer parte de la marcha en acompañamiento a nuestros sindicatos.

Por derechos laborales y contra la terceri-zación laboral

¡Todos los trabajadores CUT marcharemos juntos este primero de mayo!

Bogotá D.C., 18 de abril de 2016

Carlos Ernesto Castañeda Ravelo Presidente

Alfonso Ahumada Barbosa Secretario General

4 Nº 139, abril de 2016o p i n i ó n s i n d i c a l

Fabio Arias Giraldo

miembro Del comité ejecutivo De la cut nacional

Desde la implantación del mo-delo neoliberal en Colombia a finales del Gobierno de Barco, y especialmente desde el go-bierno de Cesar Gaviria, la

aspiración del empresariado, de las multi-nacionales y los monopolios, especialmente agrupados en la Andi, ha consistido en flexi-bilizar al máximo la relación laboral entre los trabajadores y sus patronos. Todo basado en el principio de aplicar la legislación de la relación contractual civil y comercial al contrato de trabajo. Con ello han persegui-do siempre dos objetivos, el primero, lograr bajar el valor del pago de la mano de obra, y dos, limitar y restringir la constitución de organizaciones sindicales.

Hasta ahora, este propósito lo han cum-plido de manera muy eficiente, contando eso sí siempre con los diversos gobiernos (funcionales a esta política neoliberal) que desde esa época hasta nuestros días ha tenido el país.

En 25 años de modelo han logrado bajar un poco más de 6 puntos la contribución de los ingresos del trabajo en el Producto Interno Bruto (PIB), lo cual representa alrededor de 50 billones de pesos anuales a precio de hoy, situación que se ha ganado, obvia-mente, el capital.

Y en términos sindicales han logrado dismi-nuir la tasa afiliación en más de 10 puntos en el mismo periodo, hoy el movimiento sindical afilia solo cerca del 4% de los tra-bajadores. Para llegar a esta situación han combinado perversamente esta política de libre comercio con la violencia antisindical que, como se sabe, en los últimos 30 años ha significado más de 3.000 muertes de dirigentes y activistas sindicales.

Esta política de flexibilización laboral ha llevado a que solo el 30% de los trabajado-res tengan una relación laboral en términos de ley. El 82% de los trabajadores, ganan menos de dos salarios mínimos, es decir, en Colombia la inmensa mayoría de los trabajadores son pobres. El 50% ganan menos de un salario mínimo, sin saberse cómo viven...

La flexibilización laboral inició en 1990 con la Ley 50, que comenzó el desmonte de la estabilidad laboral, la reducción de la indemnización por despido sin justa cau-sa y el desmonte de las cesantías. Siguió posteriormente con las privatizaciones, los despidos masivos, el cierre de empresas, la expedición de nuevas leyes como la Ley 789/2002 del Acto Legislativo 01/2005, utili-

zación ilegal de la tercerización laboral, uso ilegal de los pactos colectivos, persecución sindical, y múltiples fallos de las Cortes y conceptos del Ministerio del Trabajo y/o la Protección Social donde restringían los de-rechos de los trabajadores en términos del valor del pago de la mano de obra y limitaba las libertadas sindicales.

El movimiento sindical colombiano ha veni-do resistiendo a toda esta política, y produc-to de ella, ha logrado las recomendaciones de la Misión de Alto Nivel en Colombia de la OIT de febrero de 2011, y el Acuerdo del Plan de Acción Laboral Obama-Santos, utili-zado para aprobar en el Congreso gringo el regresivo Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, en el sentido de que el gobierno debía tener control a la tercerización ilegal, especialmente de las formas de intermediación utilizadas por el empresariado, de las multinacionales y mo-nopolios en Colombia en labores misionales y permanentes.

En ese contexto, se expidió la Ley 1429 de 2010 que en el Artículo 63 prohíbe en las labores misionales y permanentes (aquellas que conforman el núcleo básico de la activi-dad productiva de las empresas), la interme-diación laboral de las cooperativas de trabajo asociado y de cualquier otra modalidad.

El reclamo airado de la Andi ante el artí-culo de la mencionada ley, tanto en sus documentos como en la propia Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, es de solicitar su derogatoria, dado que se convertía en un obstáculo para sus planes de tercerización laboral como una forma mayor de flexibilización.

Después de cinco largos años de controver-sias, de intentos fallidos de reglamentación, de demandas, quejas, querellas hechas por el movimiento sindical, especialmente la CUT, para contrarrestar esa política de

tercerización ilegal, el gobierno nacional acaba de expedir el Decreto 583 del 8 de abril de 2016. Esta norma expresa que cualquier actividad empresarial, incluidas las laborales misionales y permanentes, con el solo requisito de “cumplir los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigen-tes”, se vuelve de carácter legal. Este era el sueño en materia de flexibilización laboral del empresariado.

Las consecuencias para los trabajadores se dan en dos sentidos: la primera, la pér-dida total de la estabilidad laboral, dado que en labores misionales y permanentes que es donde se podía tener una mayor estabilidad, el contrato se haría con terce-ros y la empresa beneficiaria podría estar renovando, modificando o liquidando ese contrato con el proveedor, cada dos, tres, seis meses o cualquier intervalo de tiempo, al término del cual el trabajador se queda sin vinculación. Serán contratos de obra o labor. Y dos, la restricción del pleno dere-cho de asociación, negociación colectiva y huelga. Es muy difícil que el trabajador pueda mantener su vinculación a la orga-nización sindical, dado que su contrato es completamente inestable, y que en el país la negociación colectiva es por empresa, existirán múltiples patronos, proveedores, según el Decreto 583, que dispersarán la actividad sindical. Este será el carrusel del empresariado contratista que cambiará o mutará cada vez que algún trabajador u organización sindical traten de resistir a esta esclavitud asalariada.

La otra consecuencia regresiva es que la norma pretende aplicarse también a los ser-vidores públicos, escamoteando los pocos derechos de estabilidad de los cargos de planta y haciendo más oneroso el ejercicio de la actividad sindical de los trabajadores del Estado.

Es necesario advertir que este Decreto 583, reglamentario del Artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y del Artículo 74 del Plan Nacional de Desarrollo de 2015, desborda la facultad reglamentaria, pues modifi-ca la Ley. Primero porque para el sector público, tanto los fallos reiterados de la Corte Constitucional, como por ejemplo la Sentencia C-614 de Septiembre de 2009, como el mismo Artículo 74 del Plan Nacional de Desarrollo, establece que las actividades permanentes (no solo las misionales) de las entidades públicas, sean desarrolladas por personal vinculado a plantas de personal. Segundo, porque legalizar la tercerización en las labores misionales y permanentes no solo desborda la prohibición del Artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, sino que adicional-mente viola los Convenios 87 (Derecho de Asociación) y 98 (Negociación Colectiva) de la OIT, que han sido ratificados por Colombia y hacen parte del bloque de cons-titucionalidad.

Por consiguiente, todo contrato laboral tercerizado en laborales misionales y per-manentes siempre violará las normas cons-titucionales y legales.

Otro aspecto significativo en la ilegalidad de esta norma consiste en que fue expedida sin haber surtido la necesaria etapa de consulta ante la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales. Esta norma solo fue discutida y construida con los señores de la Andi, como ha sido costumbre inveterada de estos gobiernos neoliberales, y por tal motivo se constituye en un acto de ilegalidad para su expedición.

En conclusión, este Decreto 583 es abso-lutamente ilegal, solo construido entre el Gobierno y la Andi para seguir precarizando a los trabajadores y cercenando aún más el derecho de asociación.

Bogotá, 19 de abril de 2016

Decreto 583 de 2016, el viejo sueño de la Andi:

Legalizar la tercerización laboral

Trabajadores terecerizados de obras públicas camino al trabajo.

Nº 139, abril de 2016 5p r i v a t i z a c i ó n

Comité Ejecutivo CUT Bogotá-Cundinamarca

Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Presidente), Luis Fernando Abadía (1a. Vicepresidencia), Bernardo Raúl López Martinez (2a. Vicepresidencia, responsable de Relaciones Internacionales), Alfonso Ahumada B. (Secretario General), Carlos Arturo Rico Godoy (Departamento de Tesorería y Finanzas), Pedro Isidro Yepes López (Fiscalía), Miguel Ángel Delgado Rivera (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas, Publicidad y Propaganda), Celmira Herrera Urrea (Departamento de Organización y Relaciones con Organizaciones Sociales), Jorge Enrique Laverde Herrera (Departamento de Educación, Formación, Capacitación, Investigación y Proyectos), Esperanza Lozano Atencio (Departamento de la Mujer, Derechos Humanos y Solidaridad), Martha Pineda Guío (Departamento de la Juventud y el Menor Trabajador, responsable de Asuntos de Salud y Seguridad), Manuel Ángel Téllez González (Departamento de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva), María Victoria Forero Izquierdo (Departamento de Asuntos Relacionados con las Empresas Transnacionales y Responsabilidad Social Empresarial), Carlos Alberto Velásquez (Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente), Néstor Ramírez Moreno (Departamento de Asuntos Legislativos y Jurídicos).

Consejo editorialMiguel Ángel Delgado Rivera (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas,

Publicidad y Propaganda), Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Secretario General) Nohora Bulla (Tesorera), Jorge E. Charry (asesor editorial).

avenida Caracas nº 44-54 of. 402teléfonos: 2455966 / Fax: 2 456432

Bogotá d.C. Colombiaemail:

cutbogotacun@yahoo.es / cutbogotacun@cut.org.coissn: 1900-0898

diseño y diagramación: Éditer estrategias educativas, ctovarleon@gmail.com / 2329558.

Caricaturas: internet. Fotografías: jorge Becerra, dreamstime Manuel a. Mora y tomadas de internet.

asistencia editorial: Yolanda rodríguez / diego Urreaedición: 20.000 ejemplares.

tarifa postal reducida Ministerio de Comunicaciones.Las opiniones expresadas en Los artícuLos son

de excLusiva responsabiLidad de sus autores.

Equipo de Prensa del concejal Manuel Sarmiento

Acogiendo una denuncia de dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la ETB, Sintrateléfonos, en la cual se acusa al gerente de ordenar a

los trabajadores directos entregar toda la herramienta que se usa en la instalación, conexión y mantenimiento de la red del nuevo servicio de fibra óptica, el concejal Manuel Sarmiento deploró que se dé priori-dad para funciones misionales estratégicas al sistema de contratistas de trabajadores ‘tercerizados’. Explicó que “esta es una forma de continuar con las malas prácticas gerenciales que le han hecho tanto daño a la empresa y a sus finanzas” y que “su-puestamente Castellanos está llamado a corregir”. “Es inexplicable que al recurso humano más calificado se le impida seguir

participando en la instalación de los nue-vos servicios de fibra óptica y se le limite a trabajar solamente en el mantenimiento de la red de cobre”, argumentó el concejal del Polo.

Con datos provenientes de un informe de la Contraloría Distrital fundamentó su queja: “En el tercer trimestre de 2014 el contratista Consorcio Bftel incumplió más del 57% de la conexión a hogares de ETB. Así mismo, de 43.714 agendamientos, en todo el año 2014, instalaron apenas 18.450”, con la “pérdida de cerca de 25.000 clien-tes”. Otras empresas contratistas, según la Contraloría, como Contact Center, le hicieron acarrear una multa de la SIC a la ETB por más de $2.100 millones debido a la inobservancia en la atención de quejas y reclamos. “Sería una negligencia injus-tificable que el doctor Castellanos, siendo el presidente de la ETB, desconociera este informe”, expresó Sarmiento.

Contrastó el balance de dichas firmas contratistas con la evaluación de la tarea estratégica entregada a los trabajadores directos en los últimos años quienes lo-graron extender la infraestructura para la red de fibra óptica, con una cobertura del 50% de los predios de Bogotá, y un total de 1.207.205 hogares potenciales con red dis-ponible. “De esas decisiones de Castellanos pueden surgir muchas suspicacias si se suman al descrédito sistemático que de la ETB viene haciendo la administración de Peñalosa aún antes de su posesión”, dijo enfáticamente el cabildante del Polo. Acotó que “fuera de ineficiencias y multas es cono-cido que esas contrataciones han generado sobrecostos y las condiciones laborales de sus trabajadores son indignas, con bajos

salarios, inestabilidad laboral y la violación del derecho a asociación”.

A estas cuestionables decisiones ad-ministrativas del presidente de la empresa, Jorge Castellanos, se suma la nueva alerta conocida esta semana, que advirtió el con-finamiento de nuevos equipos de terreno: las herramientas de empalme y medición previamente retiradas a los trabajadores directos. Al respecto, el concejal Sarmiento calificó como “inaceptable haber realizado esta importante inversión para que equipos de alto costo estén deteriorándose” y añadió que “la grave denuncia de Sintrateléfonos es otro indicio que corrobora la intención de Peñalosa de marchitar un patrimonio estratégico para los bogotanos”. Bogotá, 19 de abril de 2016

Decisiones administrativas de Jorge Castellanos interfieren desempeño de la ETB y generan

suspicacias: Manuel Sarmiento

6 Nº 139, abril de 2016o p i n i ó n

Los 100 días de PeñalosaYezid García Abello

exconcejal De bogotá por la alianza verDe. Dirigente Del ptc

Al revisar los discursos de pose-sión de los alcaldes de las prin-cipales ciudades del país, el de Bogotá, Enrique Peñalosa, fue el único que no hizo, por tímida

que fuera, una mención al proceso de paz y a la renovación del compromiso de la Capital con las víctimas y con la reinserción de los alzados en armas que se reincorporaran a la vida civil, pese a la recomendación presidencial para que los alcaldes se com-prometieran desde el inicio de su mandato con este propósito nacional. Fue la forma de Peñalosa de expresar su cercanía política con las corrientes enemigas del proceso de paz, sus patrocinadores, el uribismo y el vargasllerismo.

Cercanía más acentuada aun cuando se repasan las principales propuestas y de-terminaciones de esta administración sobre el modelo de ciudad que entraña la “recu-peración” de Bogotá, luego de doce años de avances continuos en la reducción de la pobreza, el crecimiento de la inversión social, la defensa de lo público y la preser-vación de la vida, del agua y el ambiente. En estas líneas, me referiré a seis temas polémicos, dentro de una larga lista, que caracterizan la naturaleza y los objetivos de la “Bogotá para todos”, abiertamente con-tradictorios con los postulados y realizacio-nes de los gobiernos locales de izquierda democrática, pero especialmente, con los de la Bogotá Humana:

1. Sin estudios que lo justificaran y sin de-mostrar que sus opciones son más baratas, Peñalosa decidió cambiar el proyecto de Metro subterráneo a elevado, reducir la pri-mera línea a la mitad del recorrido proyec-tado inicialmente, convertir el Metro (Tren) en alimentador de TransMilenio (bus) y no al revés como debía ser, terminar abrupta-mente una primera fase en la calle 26 con Avenida Caracas, sin mencionar siquiera en qué se transportarán, al bajar del Metro, esos miles y miles de usuarios que se di-rigen a su sitio de trabajo a lo largo del eje oriental de la ciudad, que es la troncal de Transmilenio más congestionada, colapsa-da en sentido estricto.

Así las cosas, no es muy probable que en el cuatrienio de Peñalosa comience siquiera la construcción del Metro, ni subterráneo ni elevado. Ese dilema es una bomba de humo para engatusar incautos. La apuesta de Peñalosa y de su fundación, patrocinada entre otros, por las empresas fabricantes de vehículos Volvo y Ford, y por la petrolera Shell, es la de cubrir el transporte público con buses y no con trenes, con energías sucias y no limpias, entregando el servicio público de transporte al capital privado. Ya el

gerente-empresario nos anunció que Bogotá estaba destinada, tal vez por la Divina Providencia, a utilizar exclusivamente buses en los próximos 100 años. Eso sí, como le gusta a los avivatos, que el Estado ponga las vías, la infraestructura, las reparaciones, la seguridad y se quede con ridículos ingre-sos, inferiores al 5% de lo recaudado, como remuneración a sus responsabilidades. Lo único que le haría cambiar de opinión y apresurar el tema del Metro es el negocio de llevarlo hasta Cascadas, en el área rural de Mosquera, tierras inundables y de alto riesgo, a ocho kilómetros del centro de ese municipio, donde hoy no hay ningún desa-rrollo urbano y Peñalosa pretende construir allí 250.000 viviendas.

2. La privatización de la ETB no es improvi-sada, corresponde a un plan macabro muy bien estructurado que inició con las decla-raciones del alcalde electo en diciembre, los anuncios en el Concejo el primero de enero, el nombramiento de Jorge Castellanos como gerente –el mismo que privatizó Bancafé–, y que hizo del credo neoliberal su modus vivendi, y una campaña mediática de los grandes directores y propietarios de medios convenciendo a la ciudadanía que la ETB es atrasada, ineficiente y produce pérdidas a la ciudad. Vale la pena recordar algunos asuntos y poner de nuevo sobre el tapete algunas cifras.

Antes de los gobiernos locales de izquierda democrática en Bogotá, las alcaldías de Peñalosa y Mockus trataron infructuosa-mente de privatizar ETB. No lo lograron, pero adelantaron un proceso de marchita-miento de la empresa que les facilitara la venta. Sin embargo, pese al cerco que su mismo dueño le tendió, ETB salió adelan-te. Al finalizar el cuatrienio de la Bogotá Humana el valor de la acción en bolsa creció 60%; invirtió casi dos billones de pesos en el programa de reemplazar las redes de cobre por fibra óptica para servir 1.250.000 hogares –Ftth–, con velocidades

de internet que nadie, y mucho menos las empresas privadas, ofrecen en Colombia, oferta productos tecnológicos de última ge-neración, tiene televisión interactiva digital, móviles 4G, datacenter, presencia comer-cial en quince departamentos, servicios de fibra óptica para 600 grandes clientes cor-porativos; en fin, es una eficiente empresa muy distinta al “mueble viejo” que quiere publicitar el actual gerente privatizador Castellanos.

Castellanos ha dicho a los cuatro vientos que la empresa ha dado pérdidas en los dos últimos ejercicios contables. Es un maquilla-je a los balances para mostrar cifras negati-vas a partir de utilizar las normas contables Niif (que aún no están vigentes para la Dian ya que los impuestos se pagan de acuerdo al método contable tradicional); ocultar que Claro, por fallo judicial, inapelable hoy, se ha negado a cancelar una deuda de 250.000 millones de pesos; y que la Administración de Impuestos Nacionales, ya aprobó de-volver a la ETB 150.000 millones de pesos en impuestos. Señor gerente privatizador: ¡400.000 millones que le adeudan a la ETB son más que un déficit contable, no real, de 70.000 millones sobre los que usted vocifera con tanto entusiasmo!

3. Ante la descabellada propuesta del alcal-de Peñalosa de urbanizar la mayor parte de las 1.400 hectáreas que constituyen la re-serva forestal del norte de Bogotá, Thomas Van der Hammen, reserva que conecta los cerros orientales con el río Bogotá y hace parte de la estructura ecológica prin-cipal de la Capital, se realizó un foro en la Universidad de los Andes el 15 de febrero donde, en medio de todas las garantías para que el alcalde presentara la sustentación de su atropello ambiental y ecológico, expertos, académicos, integrantes del sector público, comunidades y estudiantes, constataron que Peñalosa traía los mismos “argumen-tos” con los cuales trató fallidamente de impedir que el Ministerio de Ambiente y la CAR constituyeran legalmente la reserva y expidieran posteriormente, en 2014, el Plan de Manejo Ambiental de la misma.

La inmensa mayoría de los expositores, por no decir la totalidad, se opusieron a la pretensión peñalosista. La chiflada ante el despropósito no fue gratuita, a ningún funcionario público se le debía ocurrir, para favorecer intereses privados de propietarios, urbanizadores y constructores, sembrar con cemento esa reserva, vital para la preserva-ción del agua y la vida en el frágil territorio bogotano, y menos aún, en pleno sufrimien-to de la humanidad por las consecuencias del cambio climático. Peñalosa afirmó men-tirosamente “que no existen investigaciones científicas” que prueben la importancia de la reserva; cuando la comunidad académica y los ambientalistas saben que no hay una declaratoria de área de reserva que tenga más análisis, demandas, debates y estudios

que la Van der Hammen. El comunicado de la Academia Nacional de Ciencias, donde ratifica la necesidad de mantener la reserva sin urbanización, hace un recuento de las investigaciones científicas sobre el tema en los últimos 50 años.

Sin embargo, lo que sorprende y prende las alarmas es la complacencia de algunos me-dios y editorialistas con la propuesta; el res-paldo tajante del alfil del vargasllerismo en el gabinete, el ministro de Vivienda Henao; el silencio sospechoso del Minambiente, el hecho que antiguos funcionarios de la CAR griten a los cuatro vientos que “no hay reservas intocables”; y la vergonzosa actitud de algunos concejales “verdes”, tra-tando de justificar la propuesta del alcalde. Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Ambiente, preguntó en artículo reciente: ¿Acaso un alcalde tiene el derecho de bo-rrar de un plumazo un complejo proceso de ordenamiento territorial que suma más de 16 años?

4. Peñalosa, desde su posesión, la ha emprendido contra los vendedores ambu-lantes y estacionarios de Bogotá sin tener en cuenta límites impuestos por sentencias de las Altas Cortes ni la realidad de la dura vida de estos ciudadanos y ciudadanas. Por ello, vale la pena recordar, una vez más, que la profesión de vendedor callejero en la mayoría de los casos no se escoge, se asume frente a la imposibilidad de conseguir un empleo formal, y la población que llega a “rebuscarse” en las calles solo cuenta con un pequeño “plante” que ratifica su condición de población vulnerable sin que el Estado, nacional o local, actualmente se lo reconozca.

Hay abundancia de vendedores ambu-lantes porque hay desempleo, porque ha habido desplazamiento por la violencia que por cincuenta años ha azotado la na-ción, porque un modelo económico maldi-to llamado la apertura económica arruinó sectores claves de la industria nacional y de la producción agraria, porque las prin-cipales empresas del Estado se feriaron al capital privado, principalmente extranjero. Las ventas callejeras y los vendedores pertenecen a la esfera de la economía popular, pero el 98% de sus protagonistas no cumple siquiera con la elemental ley del capitalismo de la “acumulación”. Pasan años en las calles, en jornadas inhumanas de 14 o 16 horas de trabajo, pero al final de su vida laboral, ni pensión, ni salud, ni te-cho para sus descendientes. Escasamente han podido supervivir a la adversidad que les deparó ser pobres. Es una actividad económica de subsistencia.

Los partidarios de los desalojos de los ven-dedores, sin concertación previa, a bolillo, patadas y decomiso ilegal de sus mercan-

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Nº 139, abril de 2016 7opinión / sindicales

⇒cías, alegan su derecho constitucional al espacio público, que está claramente establecido en la Carta. Pero, en ella también se proclama el derecho al trabajo de todos los colombianos. Y se presenta una contradicción evidente entre dos de-rechos planteados en la Constitución. En un Estado social de derecho, como se proclama el colombiano, esta contradic-ción entre los andenes despejados y el hambre de miles de colombianos debe resolverse a favor del derecho al trabajo. Ello implica que es al Estado a quién le corresponde proponer soluciones de em-pleo e ingresos a una población vulnerable que escogió un trabajo duro y no el camino de la delincuencia o el narcotráfico. Si se puede concertar una solución a cincuenta o más años de violencia, ¿no será posible concertar alternativas para los vendedo-res ambulantes distintas al garrote y los desalojos?

5. La Bogotá Humana tuvo cuatro exitosos programas en el área de la salud: recupe-ración del San Juan de Dios, Territorios Saludables, los Camad, y la viabilidad financiera de la red pública hospitalaria. Ninguno de ellos, en una actitud irracio-nal, tendrá continuidad en la alcaldía de Peñalosa, con todas las previsibles conse-cuencias sobre los usuarios, los profesio-nales de salud y los trabajadores. Pero el golpe más duro al servicio público de salud es el acuerdo, presentado por el secreta-rio de Salud al Concejo y aprobado a las volandas y de manera ilegal, que fusiona los 22 hospitales en cuatro, con expresa participación del sector privado en la pres-tación de los servicios y en la administra-ción de 2,5 billones de pesos destinados a la compra de insumos y medicamentos. Se abre, también con ese acuerdo, la po-sibilidad de despidos masivos de trabaja-dores. Inexplicablemente, a pocos días de consumado el atropello, ya hay hospitales públicos con servicios restringidos por falta de medicamentos, lo que hacía muchos años no ocurría en la Capital.

6. Buena parte de los altos funcionarios de la Administración Peñalosa, incluido el al-calde, presentan unos antecedentes y unos desempeños bastante deficientes desde el punto de vista ético. Algunos pocos ejem-plos que corroboran esta afirmación son los siguientes:

Peñalosa por más de treinta años se pre-sentó como poseedor de un título de doc-tor (PHD) en Administración Pública de la universidad parisina de La Sorbona. Dos periodistas demostraron que el famoso títu-lo era publicidad falsa, no existía, y que se engañó a los electores y a los auditorios del mundo entero donde la Volvo llevó a este vendedor de buses; y no hay, hasta la fecha, una admisión de culpa, ni autocrítica algu-na, ni propósito de enmienda del Alcalde de Bogotá. Sus vínculos, probados hasta la saciedad, con la empresa fabricante de buses Volvo no han sido aclarados ni justi-ficados, pero él insiste en tratar los trenes y la energía eléctrica como sus enemigos,

privilegiando los buses y los combustibles fósiles, contaminantes, como la panacea para el transporte público. El tan anunciado “Libro Blanco de la administración Petro” resultó ser un folletico de 16 páginas que pretende cubrir las falencias propias con la negación irracional de los logros de la Administración anterior.

Según información de El Espectador, los constructores, agentes inmobiliarios, ban-cos y agentes de inversión son los que más hectáreas tienen en la reserva Van der Hammen. Y varios de ellos participaron en la financiación de la campaña de Peñalosa. El secretario distrital de Planeación, Andrés Ortiz Gómez, su señora y su cuñada tienen allí propiedades. Pero, además, también dos importantes clientes de su empresa “Contexto Urbano”, Colpatria y Arquitectura y Concreto, esta última la nada despre-ciable cantidad de 60 hectáreas. Astrid Álvarez, gerente de campaña del Alcalde, actual gerente de la Empresa de Energía de Bogotá e integrante de la junta directiva del acueducto es vecina, en la reserva, de su colega Ortiz Gómez. De materializarse el cambio de uso del suelo que pretende el Distrito estas propiedades multiplicarían su valor, por lo menos, por diez. Pero para Peñalosa no hay impedimento ni ético ni legal de sus funcionarios y el tema es “irrelevante”.

Los afanes privatizadores del alcalde Peñalosa no conocen ni prudencia ni límites. ¿Acaso no constituye detrimen-to patrimonial pagar sin necesidad una multa a la Superintendencia de Industria y Comercio por el tema de las basuras, que sale de fondos del Distrito, por valor de 20.520 millones de pesos, cuando ya la Superintendencia había suspendido el proceso coactivo porque el Consejo de Estado aceptó la demanda sobre nulidad de la multa que había interpuesto la alcal-día de la Bogotá Humana? Pero Peñalosa dice que al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Como hubo protestas por esa absurda determinación, entonces canceló otra multa dentro del mismo proceso, por 75.000 millones correspondientes a la sanción, apelada también, al Acueducto de Bogotá. Para redondear la faena contra los fondos y los intereses públicos, quien la sacó del estadio fue la nueva gerente del Acueducto (El momento de escribir estas lí-neas coincidió son su sorpresiva renuncia), Eva María Uribe, de ingrata recordación por sus pretensiones de privatizar Emcali, que anunció ante el Consejo de Estado que se le va a entregar al sector privado, en concesión por 40 años, la construcción y operación de la planta Canoas, de trata-miento de las aguas del río Bogotá.

Al orden del día está la resistencia y la movilización de la ciudadanía, sin distin-gos políticos, afectada en sus derechos básicos por un modelo de ciudad al ser-vicio de los intereses privados, principal-mente de urbanizadores, constructores, empresas extranjeras y prestamistas de todo cuño. Los trabajadores y sus orga-nizaciones sindicales no serán inferiores al reto planteado.

Bogotá D.C., 19 de abril de 2016.

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), rechaza la amenaza de la que ha sido vícti-

ma el compañero Aristides Hernández Duarte, presidente de Anthoc Seccional Norte de Santander. Los hechos vienen ocurriendo reiteradamente desde agosto de 2015; el pasado 17 de marzo recibió un panfleto amenazante y el 12 de abril, un mensaje de texto donde le manifiestan que “deje de meter las narices en las de-nuncias”. Estos hechos ya fueron puestos en conocimiento a la Fiscalía Seccional Norte de Santander.

De igual forma, rechazamos las amena-zas de las que fueron víctimas los compa-ñeros: Francisco Javier Vásquez Peláez y Frank David Acevedo Vélez, directivos de Sintraimagra Seccional Bugalagrande y trabajadores de la multinacional Nestlé, en hechos sucedidos el día 11 y 12 abril de 2016, donde a cada uno de los com-

pañeros anteriormente mencionados les llegó un ramo fúnebre a sus residencias.

La CUT rechaza enérgicamente estas amenazas de las que son víctimas traba-jadores sindicalizados del sector salud y agroalimentario, y exige a las autoridades competentes investigar, esclarecer y cas-tigar a los responsables de este hecho; así mismo solicitamos a la UNP otorgar las medidas de protección que sean necesarias para salvaguardar su vida e integridad física.

Bogotá, 14 de abril de 2016

Luis Alejandro Pedraza Presidente

Fabio Arias Giraldo Secretario General

Édgar Mojica Vanegas Director Dpto. Derechos Humanos

y Solidaridad

COMUNICADOS CUTLa CUT rechaza amenazas contra dirigentes sindicales del sector salud y del agroalimentario

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, se solidariza con el hermano pueblo ecuatoriano,

con su gobierno y su movimiento sindical, ante el sismo que deja 413 muertos, más de 2000 heridos y miles de desaparecidos en todo el país.

La CUT Colombia envía su mensaje de apoyo y solidaridad a los ecuatorianos ante esta tragedia y se sumará a las iniciativas de solidaridad que se estén organizando e insta a las organizaciones sindicales afiliadas a unirse a las mismas.

A los familiares de las víctimas y a todos quienes se han visto afectados por esta

tragedia, les enviamos una voz de aliento y toda nuestra admiración a los ecuato-rianos, con quienes siempre hemos man-tenido un intercambio permanente entre pueblos fronterizos, ellos demuestran un formidable espíritu, fuerza y determi-nación.

Bogotá, 19 de abril de 2016

Luis Alejandro Pedraza Presidente

Fabio Arias Giraldo Secretario General

Diógenes Orjuela García Director Departamento Relaciones

Internacionales

La CUT se solidariza con el hermano pueblo ecuatoriano

8 Nº 139, abril de 2016e d u c a c i ó n

Entrevista de Radio Revista Encuentros Pedagógico con el maestro Miguel Ángel Pardo Romero, Fiscal de la ADE1

Después de varios meses de circular el proyecto, el Gobierno Nacional expidió el decreto 501 de marzo 30 de 2016, sobre jornada única, ¿qué comentario le merece?

Con el decreto 501 expedido el pa-sado 30 de marzo, el Ministerio de Educación, desnudó sus verdaderas

intenciones. Sin presupuesto suficiente, el gobierno nacional que mantiene capturados los recursos de las entidades territoriales desde el Acto Legislativo 01 de 2001, les endosa la construcción de los colegios y empeora la situación laboral de directivos y docentes al aumentar la jornada laboral y condicionar cualquier ingreso adicional, no a nuestro dedicado trabajo realizado, sino a los resultados en las pruebas internaciona-les o a los instrumentos nacionales diseña-dos por el ICFES, el mismo órgano extraño a la escuela, que lleva 22 años contrariando la Ley General de Educación en materia de objetivos de la educación, áreas obligatorias y fundamentales, sustituyéndolas por las competencias básicas, estándares y ahora por los derechos básicos de aprendizaje y el Índice Sintético de Calidad Educativa.

El mismo instituto que lleva dos décadas fracasando en sus planes para mejorar la “calidad” de la educación y que ahora pre-tende sujetar nuestros menguados salarios a sus yerros y a la obsesiva decisión de Santos de colarse en un club de ricos – la OCDE- con un pobre presupuesto, sin in-vertir los 23 billones que cuesta construir en 10 años 3.020 colegios para los 2.114.036 estudiantes de la jornada de la tarde o sin asignar los 15 millones de pesos que desti-nan por alumno los países miembros euro-peos y norteamericanos de la encumbrada organización, mientras que Colombia sólo “gasta” $2.200.000 en promedio.2

Ni a nivel nacional, ni distrital nombra los maestros de educación física y artística, orientación escolar, segunda lengua, tecno-logía e informática en preescolar y primaria, ni se aumenta en éstas y ni en las demás áreas que requieren la educación básica secundaria y media especializada. No se brindan las condiciones de bienestar estu-diantil y docente, se suprime la comida ca-liente que de por si carece del menú variado y apropiado, sustituyéndola cada vez más por el refrigerio reforzado y se embolatan las cocinas, los restaurantes y las rutas es-colares. Sin contar los casos de corrupción como el ocurrido en Aguachica, esos si son “pan de cada día” en la geografía nacional. O los vergonzosos y sin precedentes hechos

ocurridos en Bogotá el 15 de abril, en donde se dejó sin alimentación escolar a 82. 000 niños y niñas, sin justificación alguna en la Administración “los técnicos eficientes”, con el agravante de durante los días siguientes se ha remplazado por jugos artificiales altos en endulzantes y un paquete de galletas para enfrentar una jornada dizque “única” de ocho horas.

Mientras que no se modifican favorablemen-te los parámetros y los cursos de preescolar arriban a la absurda cifra de 37 alumnos en preescolar por curso o 50 en primaria y secundaria.

¿Cuál es la propuesta de la ADE sobre so-bre Jornada única?

En el comunicado publicado por la ADE el pasado domingo 10 de abril en el diario El Tiempo, cuya lectura

recomendamos, nos pronunciamos a pro-pósito de los 100 días de la Administración del “gerente” Peñalosa, en éste invitamos a la Defensoría del Pueblo y otros órganos de control a tomar cartas en asunto, debido a los problemas de salud pública que la SED estaría generando en edades tempranas, a la vulneración de los procedimiento estable-cidos en el artículo 15 del decreto 1860 de 1994 para ajustar los Proyectos Educativos Institucionales –PEI-, a los ilegales cambios en la jornada laboral, la distribución horaria de la asignación académica en lapso ma-yor a las 6 horas continuas, al aumento de la asignación académica de docentes de preescolar, primaria y a las maestras mal llamadas de “apoyo”, como también, sobre la imposición y multiplicación de funciones a directivos, docentes y docentes orientado-res que no nos corresponden asumir.

En el Pliego de Peticiones del Magisterio Bogotano, le proponemos al país y a la ciu-

dad 11 criterios para una jornada única sus-tentada pedagógicamente y en condiciones dignas para niños y jóvenes, con infraestruc-tura y alimentación escolar apropiadas; la universalización de la educación desde los tres grados de preescolar hasta la media especializada, como también, el respeto de la jornada laboral y el mejoramiento de las condiciones para todos los integrantes de la comunidad educativa.

Profesor Miguel Ángel, ¿hay algún avan-ce en la negociación del pliego de pe-ticiones entre la ADE y Sindodic con la Administración Distrital?

Después de variadas discusiones el pasado viernes 8 de abril, definimos la metodología de la negociación,

la cual se desarrollará durante 20 días há-biles contados entre el 12 de abril y el 10 de mayo.

A la fecha hemos realizado cinco rondas de negociación un sobre concesiones y con-venios escolares y jornada “única”. Como punto previo reclamamos la inmediata ubi-cación y trato digno sobre de los docentes provisionales y la restitución de la alimen-tación escolar en Bogotá.

En el tema de concesiones escolares, la posición de la Administración es análoga a su actitud frente a la Reserva Tomas Van den Hammen, es decir, no importaron los contundentes argumentos presenta-dos por la ADE, planteados en 4 ejes: 1. Evidenciamos la vulneración de derechos constitucionales como la libertad de cáte-dra, normas nacionales como el gobierno y la democracia escolar y la carrera docen-te. 2. Demostramos los incumplimientos y desafueros de los operarios privados contra

El pliego de peticiones de la Ade

Una propuesta de política pública avanzada

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Nº 139, abril de 2016 9educación / sindicales

el derecho de los niños, jóvenes como el alto grado de hacinamiento, el “derecho” de admisión o de exclusión de estudiantes para “asegurar” mejores resultados en las Pruebas Saber o las extensas jornadas laborales de los docentes y administrativos de lunes a domingo y la ausencia de salario durante uno o dos meses al año, todo con la complicidad de la administración distrital. 3. Precisamos las medias verdades que se utilizan para justificar las concesiones, tales como un menor costo de la “canasta” edu-cativa, la supuesta ausencia de conflictos escolares en las mencionadas instituciones o la sobredimensión de los resultados en las pruebas nacionales. 4. También demostra-mos que la administración no tiene respaldo jurídico y/o presupuestal para mantener o extender las concesiones, a la vez que evidenciamos que hace caso omiso a sus propios estudios, como el realizado por el IDEP, que desde el 2007 concluyó que las concesiones no son una novedad pedagó-gica sino administrativa.

La respuesta de la Administración Distrital fue su descarado anuncio que de 30 co-legios nuevos, la mitad se entregarán en concesión.

¿Y en el tema de jornada única?

Después de la sustentación pedagó-gica de los 11 criterios que la ADE juiciosamente le propone a la Ciudad

y al país sobre una verdadera jornada única en condiciones dignas, no dio respuesta precisa a ninguno.

A sabiendas de la fragilidad jurídica, ade-más de académica, de normas distritales, institucionales, locales o de las imposiciones de facto con que se implementa las diversas modalidades de la mal jornada “única, 40 x40 o completa” en algunos colegios, como también, consciente de los desafueros sobre aumento de jornada laboral, asignación aca-démica o multiplicación de funciones y otros arriba mencionados y, obviamente, porque es consciente que hay faltas cometidas que podrían también tener eventuales conse-cuencias legales, la Administración intentó dividir o romper la Mesa de Negociaciones, enfatizando que estos procesos los centra-lizarían en las DILES y Rectorías, descono-ciendo al resto de la Comunidad Educativa y, a renglón seguido, trató de sustentar que el tema no era materia de negociación, lo que fue respondido contundentemente al unísono por Sindodic y ADE, a la vez que exigimos clara respuesta a los 11 cri-terios propuestos sobre Jornada Única o que expresaran a la Ciudad su decisión de continuar con ese engañosa e indigna propuesta. Finalmente, les reiteramos, que la determinación del rumbo académico le corresponde a la Comunidad Educativa, su papel es decisorio y no sólo participativo o para cumplir el trámite de consulta.

Enrique Peñalosa lanzó su programa de primera infancia, ¿qué decir sobre el par-ticular?

El 1º de abril lanzó la política de primera infancia desde un jardín cofinanciado o concesionado de la

localidad de San Cristóbal, enviando con ello un mensaje sobre sus preferencias por la administración privada de los recursos públicos y callando su pretensión de des-montar la educación de los niños de 3 y 4 años de edad, notificando a los rectores de los colegios oficiales para que no matricu-len en pre-jardín desde 2017. Lo anterior, en coherencia con la formulación de la Secretaria de Educación de la “coexistencia” en la atención a la niños de 0 a 5 años, es decir de cualquier manera, escolarizada o no, formal o informal, incluso con personal sin formación docente. ¡Otro paso atrás!

Ante esta situación ¿cuál son las acciones desarrollará la ADE en los próximos días?

Nuestro pliego de peticiones es ante todo una propuesta de política pública avanzada en favor de la comunidad educativa3, como lo demuestra el hecho que 4 de sus 5 ejes que lo conforman, corresponden a la defen-sa del patrimonio público y al derecho de ni-ños y jóvenes de tener mejores condiciones para alcanzar una educación de alto nivel académico. No hay nivel, modalidad educa-tiva, área del conocimiento que no esté re-flejada en éste, como también incluye a los docentes orientadores, directivos, docentes provisionales, 1278 o 2277 y al conjunto de los trabajadores de la educación.

En ese orden de ideas, invitamos a todas y todos a estudiarlo, apropiarlo y a respaldar las negociaciones con la Administración Distrital, a preparar las movilizaciones y el paro distrital, que seguramente será necesa-rio para defender las conquistas alcanzadas para la educación en los últimos 12 años y lograr una escuela pública estatal digna. Razón por lo cual, declaramos el estado de alerta y convocamos a un plantón el 3 de mayo, entre 10 de la mañana y 2 de la tar-de, frente a las instalaciones de Compensar de la Avenida 68 con 55, sitio en donde se realizan las negociaciones para denunciar a la ciudadanía la gravedad de los hechos mencionados y la falta de voluntad política del Gobierno de Peñalosa.

Notas1 Miguel Ángel Pardo Romero, Magister en

Historia, licenciado en Ciencias Sociales. Ex delegado del Magisterio de Bogotá ante la Junta Distrital de Educación (JUDI) y ante el Comité Distrital de Capacitación Docente (CDCD). Expresidente y actual Fiscal de la ADE. Correo miguep2011@gmail.com, face-book: Miguel Ángel Pardo Romero, Twitter: miguep_ade, página electrónica www.renova-cionmagisterial.org, Canal Youtube. Escucha todos los sábados Radio Revista Encuentros Pedagógicos, 9 a 10am, Emisora Mariana dial 1400 am o también en directo por www.emisoramariana.org o por http://www.renova-cionmagisterial.org/portada/emisora.

2 Ver documentos para el debate sobre la inter-vención OCDE, Jornada Única, Día E y Pliego ADE en: http://www.renovacionmagisterial.org/portada/jueves-21-de-abril-jornada-na-cional-por-la-soberan%C3%ADa-nacional-y-contra-la-injerencia-de-la-ocde.

3 Ver sustentación de la presentación del Pliego de Peticiones del Magisterio en Defensa educación pública y condiciones dignas para conjunto comunidad educativa” en http://www.renovacionmagisterial.org/portada/defensa-educaci%C3%B3n-p%C3%BAblica-y-condiciones-dignas-para-conjunto-comuni-dad-educativa-6-3-2016.

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Como es de su conocimiento, el pasado 17 de marzo del año en curso fue aprobado en plenaria del

Concejo de Bogotá el texto definitivo de los Proyectos de Acuerdo Nº 076 y 082 de 2016 que previamente había aproba-do la Comisión Segunda Permanente de Gobierno realizada el 10 de marzo 2016, “Por el cual se efectúa la reorganización del sector salud de Bogotá Distrito Capital, se modifica el acuerdo Nº 257 del 2006 y se expiden otras disposiciones”.

Nuestra organización advirtió acerca de la ilegalidad en el procedimiento en la sesión en la que fueron presentados por los respectivos ponentes los mencionados proyectos de acuerdo, desconociendo la solicitud de algunos honorables conceja-les de archivarlos y proceder legalmente, garantizando los derechos que nos da la Constitución y la reciente ley estatuta-ria de la salud, como ciudadanos, en la construcción de dicha reorganización del sistema de salud.

El Alcalde Mayor firmó el 6 de abril el acuer-do 641, consumando un acuerdo ilegal e ilegítimo; que no soluciona la crisis de la salud, ni cumple con las sentencias 614 de 2009 y 171 de 2012 (sobre trabajo decente).

En concordancia con el compromiso que esta organización ha adquirido en la defensa de los derechos de los traba-jadores y usuarios de la salud, la lucha sigue en la parte jurídica sin dejar de lado la movilización social, por lo que les estaremos informando el día y la hora en la que presentaremos la deman-da de acción de nulidad al acuerdo en cuestión, hacemos un llamado a perma-necer expectantes a esta convocatoria para acompañar de manera masiva a nuestros dirigentes en la radicación de la demanda.

Los invitamos a continuar fortaleciendo nuestra organización y participar activa, masiva y permanentemente en las di-ferentes acciones que realizaremos en defensa de la salud pública, la estabilidad laboral y la ampliación de las plantas de personal.

Bogotá, 11 de abril de 2016

Sindistritales

Martha Pineda Guio Presidenta

César Agusto Garzón Rodríguez Secretario General

COMUNICADODe los Trabajadores

del sector salud

Trabajadores terecerizados de obras públicas camino al trabajo.

10 Nº 139, abril de 2016laboral internacional

La CSI apoya una declaración efec-tuada por su organización regional para las Américas, la CSA, en de-fensa de la democracia en Brasil,

cuando se intensifica la campaña empren-dida por fuerzas conservadoras contra la presidenta Dilma Rousseff.

Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, comentó:

“El proceso de destitución de la presiden-ta Dilma Rousseff ha sido iniciado por una Cámara de Diputados donde reina la co-rrupción, teniendo en cuenta que más de la

CSICSICSICSIC o n f e d e r a C i ó n S i n d i C a l i n t e r n a C i o n a l ( C S i ) e n l í n e a

Brasil: La CSI exige respeto de la democracia y el Estado de derecho

mitad de sus miembros han sido condenados o están implicados en distintas causas por actividades ilícitas. El intento de destituir de su cargo a la presidenta de Brasil no es sino una argucia política en contra de los progre-sos logrados, especialmente a favor de los pobres, en los años transcurridos desde que fuera elegido por primera vez su predecesor, el expresidente Lula. Los planes de aquellos que intentan destituirla empiezan a emerger ya: privatización, debilitamiento de la protección social, desmantelamiento de los programas sociales y volver a poner la economía del país en manos de oligarcas corruptos y avariciosos. La democracia y el Estado de derecho están viéndose amenazados en Brasil”.

Como un importante logro para los derechos humamos y el deporte, ha sido considerado por la Confederación

Sindical Internacional (CSI) el informe sobre las obligaciones de la Fifa en materia de derechos humanos –que incluye derechos laborales–, publicado por el profesor John Ruggie, uno de los más destacados expertos en derechos humanos del mundo, que esta-blece una agenda clara para que la Fifa pueda tomar medidas y contribuir a restablecer su maltrecha reputación.

El documento establece asimismo un requi-sito global para todas las organizaciones deportivas, tanto en lo concerniente a la ce-lebración de acontecimientos importantes, como en el desempeño de sus operaciones regulares, incluyendo las de marketing y patrocinio.

Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, ha expresado al respecto:

La Fifa encargó este informe y ahora tiene que aplicar las recomendaciones. El profe-sor Ruggie ha dejado claro que tiene que respetarse el paquete completo de dere-chos, sin excepción alguna, y en todos y cada uno de los ámbitos de las operaciones de la Fifa, no limitándose solo a los gran-des acontecimientos, como es la Copa del Mundo de Fútbol.

Los derechos humanos internacionalmente reconocidos incluyen derechos a la vida y a la seguridad física, a la no discriminación, dere-chos a la libertad de pensamiento, expresión y religión, libertad de asociación y de movi-miento, derechos a la educación y al trabajo, a la vida en familia y la privacidad, al agua y alimentos, a no sufrir torturas, esclavitud ni trabajo forzoso, así como derechos a unas condiciones de trabajo justas y decentes, incluida la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva.

“Si la Fifa es incapaz de reducir los graves impactos a los derechos utilizando su influen-cia, debería plantearse suspender o terminar la correspondiente relación”.

Este informe deja claro que la Fifa tiene que actuar de manera decisiva. Igualmente, Qatar, que fracasa estrepitosamente a la hora de cumplir las normas estableci-das en el informe, debe comprometer-se verdaderamente, antes del Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos del que será anfitrión la semana que viene, a llevar a cabo una reforma exhaustiva.

El sistema de esclavitud moderna para trabajadores migrantes, la denegación ab-soluta de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva, los salarios de mi-seria y la profunda discriminación con que se encuentran los trabajadores que están haciendo realidad el enorme programa de infraestructura para el campeonato mundial del año 2022, constituyen una situación completamente contradictoria con los re-quisitos que el profesor Ruggie ha puesto de relieve. Este informe representa un im-portante reto para la Fifa.

La Fifa ya tiene agenda que fija sus obligaciones en materia de derechos

humanos y laborales

En una declaración dada a cono-cer la víspera de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial (Washington 15-17 de

abril), la CSI y sus organizaciones asociadas de la Agrupación Global Unions han pedido a las instituciones financieras internacio-nales (IFI) que tomen medidas destinadas a apoyar la recuperación de la economía mundial a través de la inversión pública en infraestructura física y social, incluyendo la economía asistencial ( http://www.ituc-csi.org/investing-in-the-care-economy-a ), y aumentos salariales.

La publicación, el martes, por parte del FMI de una nueva revisión a la baja de sus previsiones de crecimiento económico mun-dial confirma la tendencia a una peligrosa espiral descendente de las tasas de creci-miento, e incluso la deflación en algunas regiones identificadas en la declaración de la Agrupación Global Unions.

A este respecto, Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI, comentó:

“Aun cuando los directivos del FMI reconocen poco a poco que es necesario un esfuerzo mundial concertado para lograr la recupera-ción económica y que los ciudadanos vuelvan al trabajo, sus departamentos operativos siguen aferrados a políticas fallidas de aus-teridad y desregulación, que presionan a los gobiernos a través de las condiciones de préstamo o recomendaciones políticas espe-cíficas para cada país. Estas políticas están generando desigualdad.

“Las propias investigaciones del FMI mues-tran que el debilitamiento de las regulaciones y de las instituciones laborales, así como el recorte de las prestaciones a las personas sin empleo, realmente pueden representar un obstáculo a la recuperación y empeorar la desigualdad de ingresos. No obstante, estas son exactamente las políticas que el FMI ha venido impulsando en los países que experi-mentan una recesión o un lento crecimiento. Es hora de que las actividades del Fondo coincidan con el discurso de sus directivos contra la desigualdad y a favor del empleo”.

La declaración también aborda las inicia-tivas del Banco Mundial y emite una valo-ración positiva de una reciente publicación sobre las regulaciones del mercado de trabajo que, por primera vez en un infor-me detallado del Banco, subraya el daño causado por una escasa regulación, así como el costo de una regulación excesiva.

“Representa un cambio positivo del informe Doing Business que, hasta que el Banco suspendió su índice de flexibilidad del mer-cado de trabajo hace pocos años, trabajó bajo el supuesto de que todas las regula-ciones que protegen a los trabajadores y las trabajadoras no son más que impedimentos para hacer negocios”, añadió Burrow.

“Nos satisface el enfoque más equilibrado adoptado por el nuevo informe y apoyamos la recomendación de contar con la participa-ción de las organizaciones de trabajadores y de empleadores y la OIT en todo nuevo diseño de la legislación laboral. La verdade-ra prueba consistirá en ver si el Banco toma

Agrupación Global Unions: las IFI deben actuar para ayudar a la recuperación económica,

no obstaculizar

medidas serias para poner en práctica esta recomendación”.

La Agrupación Global Unions recomienda que, como parte de la revisión en curso de su política de salvaguardia medioambiental y social, el Banco Mundial adopte un requi-sito relativo a las normas del trabajo para sus préstamos que se remita plenamente al cumplimiento de los derechos funda-mentales contenidos en los Convenios de la OIT. Esta medida pondría al día al Banco Mundial con otros bancos multilaterales de desarrollo que ya han adoptado una salva-guardia laboral.

La declaración también pide a las institucio-nes financieras internacionales que apoyen la transición hacia una economía baja en carbono a través de la inversión pública en infraestructuras de alta eficiencia energética así como la adopción de impuestos sobre el carbono.

Nº 139, abril de 2016 11l abora l / id ioma

Carlos Arturo Rico Godoy

teSorero SubDirectiva cut bogotá cunDinamarca

Corte respalda un requisito para acceder a pensión

familiar

La Corte Constitucional en este fallo ratifica que una pareja de esposos o compañeros permanentes pueden acceder a la pensión por vejez.

Espero que esta información, sirva para que los trabajadores la difundan y así ayudemos a ciudadanos que de pronto desconocen la sentencia.

Los beneficiarios deben haber cotizado an-tes de los 45 años, el 25% de las semanas requeridas para la pensión de vejez.

La pensión familiar fue incluida en el Sistema de Seguridad Social en Pensiones (Sssp) mediante la Ley 1580 del 2012. Así quienes cumplan los requisitos para adquirir el derecho a la indemnización sustituta de la pensión de vejez en el sistema de prima media con prestación definida podrán optar por la pensión familiar.

Para el acceso a esta prestación, el legis-lador estableció una serie de requisitos, dentro de los cuales se encuentra aquel que exige que cada beneficiario deba haber cotizado a los 45 años de edad el 25% de las semanas requeridas para acceder a una pensión de vejez.

A través de una demanda se acusó tal re-quisito, por la supuesta vulneración de las condiciones de igualdad para la adquisición de la mencionada prestación. En opinión del accionante, la norma desconocía el derecho a la seguridad social, al no corresponder con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

Mediante comunicado reciente, la Corte Constitucional anunció la exequibilidad del citado requisito. Para el Alto Tribunal, las condiciones impuestas en la ley se ajustan al amplio margen de configuración normativa que la Carta Política le otorgó al legislador en materia pensional.

Así la adopción de medidas legislativas so-bre los distintos componentes del Sssp no debe analizarse desde una posición aislada o descontextualizada de los subsistemas a los cuales pertenecen, por cuanto estas medidas obedecen a distintos factores que pueden afectar el cumplimiento de obliga-ciones pensionales del Estado.

Beneficiarios

Según la Ley 1580, pueden acceder a la pensión familiar los dos miembros de una pareja, sean cónyuges o compañeros per-

manentes, que sumen sus esfuerzos de cotización, con el fin de que entre ambos cumplan los requisitos para el acceso a la pensión de vejez.

El fallo recuerda que los beneficiarios de la pensión familiar hacen parte de la población socioeconómica más vulnera-

Breves jurídicas

ble, puesto que su acceso se restringe a quienes se encuentren clasificados en los niveles 1 y 2 del Sisbén, además de que el valor de esta prestación no podrá exceder un salario mínimo legal mensual vigente.

En conclusión, se trata de personas que durante su vida no pudieron acceder a un empleo estable y que como consecuencia de ello, no pueden completar las semanas de cotización necesarias para reclamar la pensión de vejez en forma individual.

Por eso, la norma persigue fines cons-titucionales como la ampliación de la cobertura del Sssp, la promoción de las

condiciones para que la legalidad sea real y efectiva y la sostenibilidad financiera del sistema pensional, particularmente en el régimen de prima media con prestación definida.

De esta manera, la exigencia recurrida no viola los derechos a la igualdad y a la segu-ridad social, razón por la cual se declaró la exequibilidad del literal l) del artículo 151 c de la Ley 100 de 1993. Cuatro magistrados salvaron el voto.

(C. Const., C-134, mar. 16/16, M.P. Gabriel Mendoza).

Tomado de Ámbito Jurídico.

Carlos Arturo Rico Godoy

teSorero cut bogotá cunDinamarca

Hoy en Colombia celebra-mos el día del idioma. Se instauró como homenaje a Miguel de Cervantes, me-diante decreto 707 en el año

1938. El mencionado decreto establece que en ese día los maestros deben dictar conferencias sobre nuestro idioma y leer trozos del Quijote o de obras célebres de la literatura española, además plantea que en las normales y en los colegios de secundaria se implementen concursos sobre el idioma y el mejor alumno recibirá premio honorífico por parte del Ministerio de Educación. La ley segunda de 1960, ratifica el 23 de abril como día del idioma español y la obligatoriedad de celebrarlo en las instituciones públicas y privadas y que el Ministerio debe enviar libros del Quijote para premiar a los mejores alum-nos del idioma.

El idioma español es el segundo más hablado del mundo, con cerca de 500 millones de personas y 24 países lo tie-nen como idioma oficial. En Colombia el

99 por ciento de la población lo habla y lo escribe. ¿Pero qué tanto los colombianos nos interesamos por conocer, por escribir y por hablar mejor nuestro idioma? La in-quietud surge porque el uso de las redes sociales se ha convertido en una amenaza para la unidad y la estructura del idioma por la simplificación de las palabras y por el uso de emoticones. Los jóvenes, sobre todo, han establecido unos nuevos códigos de comunicación, que hacia el futuro si no hacemos algo en la casa y en la escuela, en pocos años habremos acabado con nuestro idioma. Ya no se escribe te quiero mucho sino se sintetiza con las letras TQM. No me alcanzo a imaginar cuando nuestro jóvenes tengan sus hijos en lugar de decirles hijo te quiero mucho le digan hijo TQM.

Albert Camus dijo que el idioma es nuestra patria. ¿Qué será de Colombia

en 10 o 15 años si los docentes, los medios de comunicación y la sociedad, no hacemos algo para que los jóvenes escriban como debe ser y no como lo están haciendo por las redes sociales? Se utiliza un lenguaje que muchos no somos capaces de cifrar, ya no escriben cartas en papel, ahora todo es por las redes sociales. Existe una dependen-cia total de computadores, tabletas y celulares que inclusive les hace variar el comportamiento hasta de cómo pre-sentarse ante la sociedad.

Llamo la atención para que en la escuela establezcamos maratones de lectura, ha-gamos concursos de oratoria y narrativa escrita y de frases divertidas, utilicemos las emisoras escolares para que los estu-diantes escuchen cuentos e historias, con los celulares debemos crear grupos de docentes y estudiantes para intercambiar conocimientos.

Estamos a tiempo de salvar la unidad del idioma español. Nuestros jóvenes deben entender que ellos son los responsables del futuro del país y del idioma. Que los signos y códigos que hoy utilizan para es-cribir y para hablar están transformando de manera negativa nuestra lengua.

Un llamado de atención a los jóvenes y los docentes

“Mientras un pueblo preser-ve su lenguaje, preserva las marcas de su libertad”.

José Rizal

12 13Nº 139, abril de 2016

Prensa Sintraemsdes

Subdirectiva bogotá

La administración del alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, junto a su gerente en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB-ESP), Evamaría

Uribe Tobón; en apenas tres meses de go-bierno, han perpetrado ya varios ataques a la empresa pública, pretendiendo abonar el camino para la privatización de la EAB-ESP, un anhelo varias veces manifestado por el burgomaestre, quien, efectivamente, puso en cabeza de la empresa a una experta pri-vatizadora y liquidadora, ya bien conocida por su funesto paso por la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos, desde donde liquidó varias empresas del sector público, las cuales hoy están en manos de privados

Es por eso que el Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, Autónomos e Institutos Descentralizados de Colombia-Sintraemsdes, Subdirectiva Bogotá, hace un llamado de alerta máxima a la ciudadanía, al advertir la gran amena-za que representa una gerencia en cabeza de la señora Uribe Tobón y el peligro en que se encuentra la EAB-ESP, una joya del patrimonio público de los bogotanos y de todos los colombianos, al ser la más importante empresa de acueducto en toda Colombia y una de las más importantes de Latinoamérica.

Desfasadas declaraciones a la prensa

La gerente general de la EAB-ESP, ya co-menzó a enrarecer la percepción que se tiene sobre la EAB-ESP con declaraciones desfasadas a la prensa. En días recientes en declaraciones a Caracol Radio Evamaría Uribe Tobón dijo que “en el año 2012 al 2015, la nómina paso de 1.900 trabajadores, se incrementaron en un 58 por ciento los costos de la nómina”, y agregó que la CCT “los costos laborales impactaron de manera sustancial, en unos incrementos de 110 mil millones en solo incremento salarial, en este año, es insostenible…”.

Sin embargo, de acuerdo al experto analista económico, Aurelio Suárez, el valor de la nó-mina no ha tenido un aumento desmesurado con la implementación de la Convención Colectiva de Trabajo (CCT); ya que en 2012, la nómina representó el 14 por ciento de los ingresos de la empresa, cifra que apenas

aumentó al 15 por ciento en 2013 y al 16 por ciento en 2014.

Suárez ha señalado que cuando se mira el informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), sobre sec-tores institucionales, en lo que se refiere a la remuneración de los factores en el valor agregado en los distintos renglones de la economía, se encuentra que en electrici-dad, gas y agua, el promedio es de 16,5 por ciento de valor agregado, mientras que en el caso de la EAB-ESP está por debajo del 16 por ciento.

Así las cosas, la CCT no pasa del indicador establecido para el sector. Incluso, al incluir a los trabajadores de los procesos comer-ciales, operativos y sociales, con todos sus derechos convencionales, este porcentaje podría estar en el 16,5 por ciento, es decir, solo subiría 0,5 por ciento, nivelándose con el promedio sectorial.

Masacre laboral en la EAB-ESPEl accionar de la administración Peñalosa en contra de la EAB-ESP, junto con la señora Uribe Tobón en la gerencia de la EAB-ESP, comenzó atacando con despi-dos masivos e ilegales contra los trabaja-dores y violando las libertades sindicales y el derecho de asociación y autonomía sindical contra Sintraemsdes Subdirectiva Bogotá, organización sindical que cuenta con 80 años de lucha y en la actualidad con cerca de 2.600 afiliados. Razón por la cual Sintraemsdes solicitó a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) que efectúe el acom-pañamiento y otorgue el respectivo aval a

la queja ante la Organización Internacional del Trabajo en contra de EAB-ESP, por los despidos de trabajadores sindicalizados.

Es importante señalar que la administra-ción Peñalosa empezó sus ataques contra la empresa, impactando con despidos de trabajadores con gran experiencia en la EAB-ESP, quienes tienen la memoria técni-ca e institucional de la EAB-ESP. Además, tampoco le renovó el contrato a más de 200 trabajadores que laboran en áreas estratégi-cas como lo es la parte jurídica, en donde de un total de 20 abogados, a 14 de ellos no se

les renovó el contrato, poniendo, eventualmente, en riesgo el patrimonio de la empresa en casi 6 billones de pesos por cuenta de demandas que cursan contra la empresa. También, en el área de cobro coactivo, de 90 trabajadores que estaban a término fijo, solo se le renovó el contrato a 17 de ellos, lo que puede manifestarse en un declive en los indicadores de la empresa.

Ataque a la operación de la EAB-ESP y a la prestación del servicio de agua

Otro de los ataques del alcalde Peñalosa y su gerente en la EAB-ESP, Evamaría Uribe, ha sido

contra la operación misma de la empresa, ya que en lo que va corrido del 2016, los trabajadores no han contado con las herramientas y materiales de trabajo necesarios para llevar a cabo su labor en la operación y el servicio a los usuarios. Sin embargo, es tal el compromiso de los trabajadores de la EAB-ESP, que muchos de ellos han hecho colectas para comprar elementos básicos como arena, cemento y accesorios para poder cumplir, al menos, con las solicitudes más urgentes. Después de meses de insistencia de los trabajadores y su organización sindical en la necesidad de surtir los almacenes con materiales y herramienta, la administración sigue sin dar soluciones, por lo que Sintraemsdes Subdirectiva Bogotá ha solicitado de manera urgente que los en-tes de control como la Personería y la Contraloría Distrital realicen visitas administrativas para que asuman su tarea de control.

Queja contra Peñalosa por persecución y acoso laboral

La administración Peñalosa-Uribe Tobón ha instaurado tal pánico y malestar laboral entre los trabajadores, que existe un permanente clima de angustia e incer-tidumbre; lo que motivó a Sintraemsdes Subdirectiva Bogotá a ser coadyuvante en la queja por persecución y acoso laboral contra el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, presentada por los trabajadores del nivel ocupacional 20 de la EAB.ESP, ante el Ministerio del Trabajo, la Personería de Bogotá y la Procuraduría General de la Nación.

Además del alcalde Peñalosa, la queja señala como sujetos activos de persecución y acoso laboral a Evamaría Uribe Tobón, gerente General de la EAB-ESP; Ángela Patricia Rojas Combariza, gerente de Gestión Humana y Administrativa (e) y María Esperanza Piracón.

La queja por persecución y acoso laboral fue interpues-ta dado que el alcalde Peñalosa y la administración de la gerente General en la EAB-ESP, han sembrado el terror entre los trabajadores, como consecuencia de las jornadas masivas de despidos, a lo que se le suma la persecución sindical contra Sintraemsdes Subdirectiva Bogotá.

Estos trabajadores solicitaron que la Personería de Bogotá, Ministerio del Trabajo y Procuraduría General de la Nación, inicien una investigación para que se genere un escenario de paz, tranquilidad y bienestar laboral, en donde prime el respeto por la dignidad humana, y con ello cesar en forma inme-diata los actos constitutivos de acoso y persecución laboral, sin que haya lugar al exterminio del nivel 20 en la EAB-ESP.

De igual manera, los trabajadores invocaron la pro-tección del trabajo en condiciones dignas, la libertad, la salud mental de los trabajadores, la armonía entre quienes comparten en un mismo ambiente laboral y un buen ambiente en la empresa.

AlertA máximA en lA eAB-eSP Por intención

PrivAtizAdorA de AlcAlde PeñAloSA

Sintraemsdes exige reintegro inmediato

Sintraemsdes Subdirectiva Bogotá le ha exigido a la administración Peñalosa y a su gerente en la EAB-ESP, que reintegren de forma inmediata a los trabajadores despe-didos y les recordó a los altos funcionarios que su autonomía administrativa es limitada y está vigilada por los entes de control, ante los cuales deberán responder por la masa-cre laboral y persecución sindical contra los trabajadores.

La administración Peñalosa emprendió así una terrible masacre laboral en la EAB-ESP, sembrando un clima de pánico y malestar laboral en la empresa, violando los derechos fundamentales de estos trabajadores al no respetar su derecho al debido proceso y, ade-más, porque entre los despedidos se encuen-tran personas en situación de vulnerabilidad por ser padres y madres cabeza de familia, personas en situaciones médicas especiales y otros en condición de discapacidad.

Tras los cuestionamientos de Sintraemsdes Subdirectiva Bogotá, la gerente General de la EAB-ESP ha dicho que el despido de trabajadores hace parte de su autonomía administrativa. Al tiempo que aseveró que no pondrá en discusión las decisiones ad-ministrativas.

Uribe Tobón reconoció que “no hay razones para los despidos” y que se realizaron “sin justa causa”, por lo que dijo que “respecto a la organización sindical, tiene toda la libertad de proceder como quiera”.

Frente a ello, Martín Rainiero Quijano Arias, presidente de Sintraemsdes Subdirectiva Bogotá, ha sido tajante al recordarle a la gerente General que es una funcionaria pública y por lo tanto su autonomía admi-nistrativa está limitada y es vigilada por los entes de control; por lo que no puede efec-tuar despidos sin justa causa y sin agotar el debido proceso.

Martín Quijano sostuvo que Sintraemsdes Subdirectiva Bogotá no va a bajar la guardia con el tema y dará la pelea por la empresa y sus trabajadores con la denuncia pública. De igual manera, le solicitó a la administra-ción que no se enceguezca con la política partidista por las divisiones que se están evidenciando dentro de la administración distrital. Y agregó que es lamentable el despido de trabajadores que comparten la política del alcalde Peñalosa, incluso, de quienes ingresaron a la empresa desde la primera administración del alcalde.

Dado que a los trabajadores de la EAB-ESP se les están violando sus derechos fundamentales, Sintraemsdes Subdirectiva Bogotá ha solicitado el acompañamiento y la supervisión permanente de la Defensoría del Pueblo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Procuraduría General de la Nación, y la Contraloría Distrital; ya que la gerente General de la EAB-ESP está efectuando pagos de indemnizaciones a trabajadores despedidos sin justa causa, con cargo al patrimonio público de todos los bogotanos, porque finalmente es la empresa pública la que tiene que asumir las conse-cuencias de esas decisiones.

Trabajadores del acueducto en plena labor.

Asamblea informativa de Sintramdes Bogotá frente a la empres de acueducto.

Manuel Téllez ejecutivo de la CUT con miembros de la Junta Directiva de Sintraemdes Bogotá.

Sintraemdes marcha por las calles bogotanas.

Trabajadores de Aguas Bogotá la empresa distrital de aseo.

Sintraemsdes Subdirectiva Bogotá no va a bajar la guardia con el tema y dará la pelea

por la empresa y sus trabajadores.

14 Nº 139, abril de 2016o p i n i ó n

Arturo Villarreal Echeona

xxxxxxxx

Si se mira la política económica desde la perspectiva de los intereses de las grandes ma-yorías de la Nación y no de los intereses financieros de las

multinacionales, de las entidades crediticias y de los centros del poder global, no podría concebirse peor política macroeconómica que la del gobierno de Santos.

En primer lugar, porque la política macro-económica no puede limitarse tan solo a garantizar la estabilidad de la moneda, el pago cumplido de los créditos, y las con-diciones más propicias para los flujos del capital, sin consideración de los factores fundamentales del crecimiento, como son: el aumento de la producción y el desarrollo social. Es decir, un gobierno puede obser-var un manejo fiscal y cambiario prudente y mantener en cintura la inflación y la de-valuación, y sin embargo desencadenar crisis que pueden tornarse ingobernables, precisamente porque el resto de sus po-líticas macroeconómicas no aseguran un crecimiento productivo equilibrado ni la salud del cuerpo social.

El primer objetivo del desarrollo de cual-quier país, incluso dentro de la lógica del capital, no puede ser otro que el del creci-miento y la protección del mercado y de la producción nacional, porque una sociedad cualquiera tiene que partir en primer lugar de la expansión de sus propias fuerzas productivas, sin lo cual quedará a expensas de los más fuertes. Solo después de eso viene el asegurar unas condiciones apro-piadas para el intercambio con los demás. Y tanto es así, que aun los países más desarrollados y que más apremian sobre el libre mercado y la necesidad de abrir las compuertas, son los que más medidas aplican para proteger su propia industria y su empleo.

Nuestra producción, para comenzar, cojea porque camina sobre una sola pierna: la industria manufacturera. Mientras que una producción agropecuaria vigorosa tampoco será posible hasta tanto no seamos capa-ces de realizar una reforma agraria que democratice la propiedad sobre la tierra. La producción en el campo esta obstaculizada por el pernicioso factor de la violencia, es cierto. No obstante esa no es la principal razón de nuestro atraso agrícola, sino la supervivencia del latifundio improductivo y el mal uso del suelo que dedica grandes extensiones de tierra fértil a la ganadería extensiva.

Pero ni la industria ni la agricultura en Colombia podrán tener un venturoso pro-

greso, mientras no se revierta la lesiva política aperturista neoliberal implantada desde el gobierno de César Gaviria que abrió las puertas de nuestro mercado a los productos importados, principalmente de Estados Unidos y puso en desventajosas condiciones de competencia a nuestros productores nacionales. Las desastrosas consecuencias de esta política ya han sido suficientemente reseñadas. Más de 8 millones de hectáreas han sido abando-nadas por los agricultores, sencillamente porque no es rentable sembrar, y estamos importando hasta los productos más tradi-cionales, como la yuca.

Son temas en los que hay mucha tela para cortar, pero digamos que por causa de esta subordinación a los intereses del capital fo-ráneo, Colombia sigue siendo, como lo era a principios del siglo pasado, básicamente un proveedor de materias primas, principal-mente el petróleo y los productos mineros, que constituyen cerca del 50 % de nuestras exportaciones. Y si bien es cierto que por cuenta de la actividad extractiva nuestras exportaciones pasaron de 10.261 millones de dólares en 1995 a algo más de 35 mil millones en el 2015, este crecimiento no corrió parejo con un aumento en el sector de bienes manufacturados o servicios. Al contrario, al analizar el movimiento de las exportaciones de productos industriales en los últimos 20 años, encontramos que los mayores incrementos corresponden al renglón de alimentos y bebidas y productos refinados del petróleo, pero que sectores estratégicos de la industria moderna como los productos metalúrgicos, maquinarias, equipos electrónicos y vehículos, no tu-vieron un aumento apreciable y práctica-mente permanecieron estancados. Con dos agravantes: primero, que las exporta-ciones globales disminuyeron en cerca de un 65 % en los últimos 3 años. Y segundo, que la producción industrial colombiana,

al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos acogotados por el impe-rio mundial de las finanzas, no pasa de ser simple maquila.

De manera que sin pasar a detenernos en el resto de políticas macroeconómicas, bas-taría con señalar que las que se refieren al impulso de la producción industrial y agraria, están en cero. Y del fracaso en esta área se desprenden las más importantes y negativas consecuencias para el crecimiento econó-mico, la estabilidad de los medios de vida, y la generación de empleo. Por supuesto, con una producción industrial deficitaria y un campo improductivo, no hay manera de reducir la pobreza, entre otras cosas porque no se generan los recursos necesarios para la inversión social. De esa forma, nos halla-mos muy lejos de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, uno de los cuales y quizás el más importante, es la reducción de la pobreza.

A propósito de la pobreza, la Cepal acaba de emitir un informe sobre la desigualdad en la región, donde se revela que Colombia es uno de los países más inequitativos de Latinoamérica y del mundo, como que tan solo el 1 por ciento de la población más rica, se embolsilla el 20,5 por ciento de los ingresos totales del país. El resto de los países latinoamericanos no es que sean muy equitativos, pero presentan tasas de inequidad mucho más moderadas que en Colombia, ya que en Argentina la partici-pación del 1 % más rico fue de 16,8% y en Uruguay del 14%.

Frente a este panorama la posición del gobierno de Santos no podría ser más in-consecuente y regresiva, pues la reforma tributaria que se encuentra en camino, no buscará resolver el problema de la inequidad y de la deficiencia de recursos gravando a los más ricos, sino ampliando la tributación de los que menos ganan. Y

hace rato que esta política se hace con el argumento manido de que gravar a los ricos va en contra de la competitividad y del crecimiento de la industria. Pero la misma Comisión de Expertos que estudia la reforma tributaria, reconoce que los gran-des ricos se favorecen con exenciones y deducciones que alcanzan los 38 billones de pesos. Es sabido que en Colombia gran-des propiedades de 2 mil y 3 mil hectáreas y casas de 1.500 millones de pesos para arriba, pagan prediales del 2 por mil y 200 mil pesos al año de impuestos, cuando ten-drían que cancelar entre 10 y 12 millones a los municipios.

En resumen, profundizar la política de aper-tura económica y abrir nuestro mercado frente a la competencia extranjera en las condiciones más desventajosas para la producción nacional; fundamentar nuestra economía en base a la extracción de los recursos no renovables; mantener al agro sumido en el atraso por cuenta de la inamo-vible propiedad latifundista; conceder toda clase de exenciones tributarias al gran capi-tal y a los grandes propietarios, mientras se carga de impuestos a los que menos ganan y se restringen los salarios; buscar recursos para las grandes inversiones de infraestruc-tura mediante la venta del patrimonio público nacional más rentable, no pueden exhibirse como exitosas políticas macroeconómicas, por el contrario, constituyen la receta sem-piterna de las grandes entidades crediticias internacionales, para los países del Tercer Mundo, que los gobiernos colombianos vienen atendiendo juiciosamente de año en año con los peores resultados de ruina para el país y miseria para el pueblo. Y Santos lo sigue haciendo, a pesar de que con ello compromete el futuro de Colombia, en pri-mer lugar de la clase dirigente que, en caso de una debacle, será la primera en caer en la brecha. Él dirá que el que venga atrás... ¡que arree!

Las políticas macroeconómicas del presidente Santos

El que venga atrás... ¡que arree!

Nº 139, abril de 2016 15op in ión s ind i ca l

Alfonso Ahumada Barbosa

Secretario general cut bogotá cunDinamarca / alfah26@yahoo.eS

Por información de diferentes fuentes, es infortunado el poco conocimiento que tienen los colombianos sobre el desa-rrollo de las conversaciones y

el contenido de los acuerdos hasta ahora logrados. Según encuestas, no pasa del 8% de los colombianos que tienen conocimiento del proceso.

Al parecer, es mucho lo que se habla y poco lo que se hace. Nos corresponde, como di-recciones sindicales, sociales o políticas, ser más ofensivos para crear conciencia de paz.

En el movimiento sindical, las direcciones manifiestan el consenso y es público el apo-yo unánime. Sin embargo hay tendencias encontradas e incluso, algunas coinciden con las más reaccionarias. Creen que en La Habana están en un “mercado” donde solo hacen presencia los “20 terroristas” representantes de las Farc-Ep y los notables y sacrificados representantes del gobierno santista. Inaceptable que sea la posición en la práctica, para su trabajo dentro y fuera de la organización. Realmente va en contra del proceso. Esto causa desconcierto en los trabajadores y población en general y hace que la extrema derecha se fortalezca y encuentre menos obstáculo en su propó-sito guerrerista.

¿Estamos lejos?Hoy estamos menos lejos de lograr la paz con justicia social para todos los colombia-nos. Con la guerra vivida en estos últimos sesenta años, el gran beneficiado ha sido y es el gran capital. Ha utilizado modelos, aplica políticas antisociales de todo tipo, mantiene sus medios de comunicación ma-siva para crear criaturas presidenciables, asociadas con personajes igual de maca-bros, llevando a algunos de ellos a ocupar cargos en lo que los marxistas llamamos el “establo de la burguesía”, senadores, representantes, gobernadores, alcaldes, ediles, ministros, procuradores, fiscales, contralores, “defensores”, etc., etc., y otros como esbirros en sus aparatos criminales de inteligencia o de tortura, sembrando el terror y cometiendo el asesinato selecti-vo. Son los horrores de los crímenes del Estado, en los que reina la absoluta impu-nidad. Es una cadena muy bien entrelaza-da, que va desde lo más rancio del capital, pasando por su “palacio de Nari”, armando su ejército de sicarios, sea oficial o civil,

que es el que finalmente cumple la orden: Asesinar individual o colectivamente. Han caído valiosos y destacados dirigentes po-líticos, sindicales, sociales, pero también muchos que se muestran al margen del conflicto. ¡Es lo que hoy tenemos! Algo muestran algunos escritos, ej. “Los doce apóstoles”, que publica algunas cosas de esa acción criminal del sistema capitalista y que ha colocado, como mayor protagonista a la familia Uribe Vélez. Pasadas tres déca-das de desmanes, hoy se da a conocer que Santiago Uribe Vélez, hermano de Álvaro Uribe Vélez, (expresidente y hoy senador), está en la “cárcel” (apartamento 5 estrellas) y condenado a algunos años de “prisión”. ¿Qué pasa que no le aplican su dosis de “cárcel” al hoy senador? El gran capital sí combina todas las formas de lucha. Por eso se mantienen en el poder.

Ahora bien, la firma de los acuerdos es un verdadero avance. Cada día que pasa son más las fuentes que afirman que es irre-versible. Más ahora con la apertura de los diálogos con el ELN. Todos queremos que eso ocurra, como primer paso importante. Quedaríamos menos lejos de lograr la paz con justicia social.

Aquí la gran preocupación: “¿Y dónde está el pueblo, el pueblo dónde está? El pueblo está...” ¿Al margen del proceso? Lo diji-mos al comienzo de esta nota: solo el 8% lo conoce.

Como en cualquier negociación, (ejemplo en la fábrica: la negociación del pliego de peticiones, que da como resultado la nueva convención colectiva), los negociadores fir-man los acuerdos. Queda la tarea: Hacerlos

cumplir. Para el caso, ya no es tarea solo de los “20 terroristas de las Farc-Ep”. Ellos tienen su tarea y la cumplen. Continuarán con las siguientes que les correspondan.

A medida que va avanzando el tiempo, somos más conscientes que lograr el cumplimiento de esos acuerdos, es decir, lograr los cambios políticos, sociales, económicos, estaríamos realmente conquistando la tan anhelada paz con justicia social. Y será más pronto si le metemos pueblo a tan ambiciosa tarea.

Significa entonces que la población con ga-rantías democráticas se va despojando del

miedo, se organiza, adquiere conciencia de clase, de no sometimiento. Avanzaría en la conquista de derechos básicos fun-damentales. Avanzar con la premisa de vocación de poder, que sería el motor para acelerar el trabajo, orientado a debi-litar al máximo la acción de este régimen despótico y pro imperialista. La tarea no es de poca monta.

¡La organización, la educación, la unidad y la movilización sindical, obrera y popular... son el camino!

¡A preparar el paro cívico nacional!

La negociación en La Habana: Gobierno y Farc-Ep

Paz con justicia social para el pueblo colombiano

16 Nº 139, abril de 2016i n fan c ia

Tomado de radionacional.co

15/04/2016

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio del Trabajo, con el acompa-ñamiento de la Procuraduría General de la Nación y la

Defensoría del Pueblo, llegaron en las úl-timas horas a un acuerdo con las madres comunitarias para levantar el cese de activi-dades tras 11 días de protestas y reanudar la atención de todos los niños beneficiarios de los Hogares Comunitarios a partir del lunes.

Los acuerdos buscan garantizar derechos laborales para más de 58.000 madres co-munitarias que atienden a 750 mil niños y niñas menores de cinco años de población vulnerable en todo el país.

“Reconozco la labor de las madres comu-nitarias quienes son fundamentales para el cuidado de nuestros niños y niñas, por esto este acuerdo le apunta a brindar ma-yores garantías laborales a ellas, y con su apoyo y veeduría permanente, garantizar atención de la mayor calidad como la que merecen todos nuestros niños”, afirmó la directora General del ICBF, Cristina Plazas Michelsen.

Por su parte, el viceministro de Relaciones Laborales, Enrique Borda Villegas señaló “De esta negociación sale un escenario de formalización laboral y mejor relacionamien-to sindical, que nos va a permitir construir un mejor ICBF en beneficio de los niños”.

Entre los puntos de acuerdo más impor-tantes a los que se llegaron, se destaca en materia laboral, que el ICBF garantizará en los contratos de aportes con las Empresas Administradoras de Servicios (EAS) la obli-gación de contratar a las madres comunita-rias actualmente vinculadas, hasta el 31 de octubre de 2016. Así mismo se celebrarán contratos de aporte con las EAS con término de duración entre el 1 de noviembre de 2016 y el mes de julio de 2018.

Es de señalar que para ser contratadas las madres comunitarias deben cumplir las obli-gaciones contractuales y las establecidas en el lineamiento técnico del programa. Así mismo, la vinculación laboral de las madres comunitarias se da directamente con las EAS no con el ICBF.

De otra parte, se instalarán mesas técni-cas para la revisión caso a caso del pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social, correspondiente al mes de enero del año 2016.

La Mesa Interinstitucional de Seguimiento, integrada por la Procuraduría General de

la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Trabajo, ICBF y un delegado de Sintracihobi, realizará seguimiento a los casos de las madres comunitarias especial-mente vulnerables por sus condiciones de salud y que les impida la continuidad en el empleo, con el fin de establecer las acciones correspondientes.

De otra parte, la Comisión Accidental del Senado de la República presentará un proyecto de Ley, con el aval del gobierno Nacional, para garantizar la Seguridad Social en materia pensional de las madres comunitarias, con especial énfasis en aque-llas que hayan superado la edad de pensión, al igual que quienes tengan problemas de

Gobierno nacional y madres comunitarias firman acuerdo

Los acuerdos buscan garantizar derechos laborales para más de 58.000 madres comunitarias que atienden a 750 mil niños y niñas.

salud. Las madres comunitarias mantendrán los derechos laborales y sindicales.

En materia nutricional, los acuerdos con-templan el establecimiento de mesas de trabajo por centro zonal, integradas por ma-dres comunitarias y equipos nutricionistas del ICBF, para concertar la derivación de menús de manera diferencial, respetando la minuta patrón. Dichas mesas, revisarán también los procedimientos para la entre-ga de alimentos por parte de la Empresas Administradoras de Servicios (EAS) a las Unidades de Servicio, buscando garantizar cantidad y calidad apropiadas.

En este mismo sentido, el ICBF adelanta-rá acciones para mejorar la calidad de los alimentos suministrados, mediante meca-nismos como verificación de registro de proveedores de alimentos y cumplimiento de las condiciones de calidad, sanitarias y en las cantidades establecidas en la minuta.

"Todos los pliegos que estaban ahí sobre la mesa se negociaron. Todos los puntos se acordaron y quedó el contrato indefinido, se mejoró lo de seguridad social y la nutrición para los niños y las niñas que era lo primor-dial que estábamos defendiendo. Eso era lo primero y luego sí nuestra estabilidad como madres comunitarias", dijo para Radio Nacional de Colombia, Olinda García, re-presentante de las madres comunitarias en todo el país.

Puntos del acuerdo con el ICBFMejor alimentación para los niños, contra-tos a término indefinido y reconocimiento sindical son los principales componentes del acuerdo logrado sobre la medianoche del jueves, entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las madres comu-nitarias, tras una protesta que se prolongó por 11 días.

Eduviges Campos, líder de las madres comunitarias, aseguró en Radio Nacional que ella y sus compañeras quedaron satis-fechas por lo alcanzado, ya que aunque en el año 2014 se habían dado avances en su formalización, seguían teniendo problemas en asuntos como el de la contratación. En esa línea, sostuvo que uno de los proble-mas principales era que cada vez que se les terminaba el contrato se quedaban sin seguridad social.

Además, Campos explicó que hasta el mo-mento, el Bienestar Familiar no les recono-cía su sindicato y a partir de lo pactado ayer quedó establecido y aceptado.

El acuerdo beneficiará a 58 mil madres co-munitarias que atienden a 750 mil menores en todo el país. Así las cosas, se espera que el próximo lunes se restablezcan con normalidad las actividades en todos los ho-gares comunitarios de Colombia.

Nº 139, abril de 2016 17denunc ia

Agencia de Información Laboral

publicaDo 14 De abril De 2016

Profundo malestar ha causado en los medios sindicales del Perú –y de América Latina–, la decisión del gobierno de este país de expulsar al sindicalista

alemán Orhan Akman, por participar en un acto de solidaridad internacional con el sindicato de trabajadores de la cadena de supertiendas Wong y Metro, de la empresa multilatina chilena Cencosud.

El ciudadano Orhan Akman es afiliado al sindicato Verdi, de Alemania, y asesora a UNI Global Union, federación que en todo el mundo agremia a 20 millones de trabaja-dores del sector de los servicios. Se encon-traba en Perú desde junio 2014 en una labor de asesoría a UNI Américas en un proyecto en el sector comercio, especialmente con multilatinas chilenas, apoyando a los sindi-catos en negociación colectiva, campañas sindicales y formación de líderes.

El argumento del gobierno peruano para expulsarlo del país fue su participación en dos plantones pacíficos con los trabajadores de Cencosud, en apoyo a la negociación del pliego de peticiones que estos presentaron a la multilatina para mejorar sus condiciones laborales y salariales. Por ello le montaron el absurdo cargo de “alterar el orden público, la tranquilidad y la paz social”.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (Cgtp) denunció al Gobierno pe-ruano por este hecho, que muestra a las claras “la persecución contra los defen-sores de los derechos de los trabajado-res, y prueba que el Gobierno cede a la presión de las empresas para limitar el libre ejercicio a la manifestación, la so-lidaridad internacional, la sindicalización y el reclamo de derechos laborales, que son también derechos humanos”, señaló en un comunicado.

El hecho, además, “pone en peligro la liber-tad sindical, la libre expresión y la integridad de todos nuestros compañeros de la coope-ración internacional que se encuentran en territorio nacional”, concluye la Cgtp.

La reacción de UNI América

UNI Américas, y sus filiales en el conti-nente, también manifestaron su disgusto y preocupación por la expulsión de Akman de territorio peruano, pues es una decisión que atenta contra la democracia y los dere-

chos humanos en Perú. Consideran que es un hecho de enorme gravedad, que puede afectar el trabajo de solidaridad internacio-nal, y constituye un pésimo precedente para la labor sindical y de derechos humanos.

El Comité Ejecutivo de UNI Américas, reu-nido en Montevideo, Uruguay, aprobó una declaración de apoyo y solidaridad con Orhan Akman, y en un comunicado recha-zó su expulsión sin fundamento probatorio alguno. “Desde UNI Américas seguiremos reclamando la intervención inmediata del gobierno peruano para lograr que las liber-tades democráticas y los derechos huma-nos primen en su país, y para que el dossier del compañero Orhan Akman se limpie por completo”, señala el comunicado.

Por su parte Adriana Rosenzvaig, Secretaria Regional de UNI Américas, envió sen-das cartas al presidente de Perú, Ollanta Humala, al presidente del Congreso, a la ministra de Relaciones Exteriores y al presidente del Consejo de Ministros, en las que señala que la resolución de expul-sión por parte de la Gerencia de Servicios Migratorios, se hizo sin previa imputación ni notificación de las supuestas infracciones a la Ley de Extranjería, y sin documento probatorio. Y exigió su intervención inme-diata para que se levante la medida contra Akman, y este pueda reingresar y transitar libremente en el país.

“UNI no puede aceptar que el compañe-ro Akman, que es además activista de

grandes sindicatos y persona experta en el sector del comercio, sea expulsado de esta manera por el solo hecho de contri-buir a la consolidación de la organización de los trabajadores.

Su único delito es ser solidario e interna-cionalmente comprometido con la causa sindical”, anotó la señora Rosenzvaig, al tiempo que advirtió sobre el riesgo que corre la integridad física de Akman, quien meses atrás fue amenazado por el jefe de una empresa que presta servicios de seguridad a Cencosud.

Por su parte el sindicato alemán Verdi, del cual es miembro Akman, realizó una movi-lización el pasado sábado en protesta por su expulsión, liderada por su presidente Frank Bsirske.

Asimismo, el domingo, en el marco de las elecciones presidenciales en Perú, realizó un mitin frente a la embajada peruana en Munich, Alemania.

Antecedentes de la expulsión

Ya en junio 2015, durante un plantón pací-fico de los trabajadores de Cencosud Perú, Akman había tenido inconvenientes. El jefe de la empresa que presta servicio de segu-ridad a Cencosud, le mostró su arma des-caradamente, al tiempo que le dijo: “Tenga cuidado”. Además, ese día la policía le pidió documentos.

4 meses después, el 15 de octubre 2015, en otro plantón de trabajadores de Cencosud, la Policía de Extranjería le exigió a Akman su pasaporte, obligándolo a ir a su casa por él. Luego lo llevaron a una comisaría donde le dijeron que un extranjero no puede parti-cipar en plantones.

En enero 2016, cuando se disponía a reali-zar un viaje a Uruguay, la policía le advierte que tiene una alerta migratoria, la cual le permite salir, pero no regresar al Perú. Ante tal requerimiento, envía cartas para levan-tar la alerta de la oficina de Migraciones, pero no recibe respuesta alguna. Lo que sí recibe es la notificación de que tiene una denuncia en la Comisaría de San Antonio de Miraflores, en Lima, por participar en plantones. Pero al ir a dicha comisaría no se encuentra constancia ni registro de tal denuncia.

Y el 31 de marzo, nuevamente Migraciones le informa que le fue enviada una resolu-ción –que nunca recibió– por la cual se la cancelaba su permanencia en el territorio nacional, con impedimento de reingreso; resolución motivada por “su participación en una marcha realizada por trabajadores del sindicado Cencosud, alterando el orden público, la tranquilidad y la paz social”.

En el mismo episodio el señor Gustavo Triani, Director UNI Américas Comercio, también fue retenido en el aeropuerto lime-ño, supuestamente por provocar un “código rojo de seguridad”. Fue liberado una hora después tras presentarle excusas.

Protestas por expulsión de sindicalista alemán por orden del gobierno de Perú–Fue expulsado por participar en plantones de apoyo a trabajadores de Cencosud–

El sindicalista alemán Orhan Akman, expulsado por participar en un acto de solidaridad internacional con el sindicato de trabajadores de la cadena de supertiendas Wong y Metro, de la empresa multilatina chilena Cencosud.

18 Nº 139, abril de 2016m e m o r i a

Infórmate-Sintraprevi

publicaDo el 18 De abril De 2016

Hoy se cumplen 18 años desde cuando el maestro Eduardo Umaña Mendoza, abogado defensor de los trabajadores y de los derechos humanos, fue

asesinado en su propia casa por elementos del paramilitarismo, junto con presuntos miembros de la extinta Brigada XX Charry Solano del Ejército.

Salvatore Mancuso confesó ante la Fiscalía que el asesinato de Umaña Mendoza se dio bajo la orden de las AUC, después de que se reunieran sus jefes, entre los que se encontraba Carlos Castaño, en una finca de nombre La Marranera. La versión inicial y la forma como fue divulgada la no-ticia pretendieron ocultar los nombres de los verdaderos responsables. En 2011, el caso fue llevado por su esposa Patricia y su hijo Camilo, quienes iniciaron una deman-da al Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Un sábado 18 de abril, antes del mediodía, en su apartamento, lugar habitado por la búsqueda insaciable de la justicia, espacio pequeño que albergó grandes ideales, en que se dispersaron humaredas de ciga-rrillo para apaciguar la ansiedad, en que se esparció el aroma del café por todo rin-cón, en ese nicho de acogida, en donde el llanto de los excluidos encontraba reposo, los perseguidos judicialmente encontraban esperanzas, y las víctimas de crímenes de Estado una mano amiga, en ese recinto fue asesinado José Eduardo Umaña.

Su opción por la vida, justicia real como democracia plena, derechos de los pueblos como concreción de los derechos humanos, lo llevó a asumir la posibilidad de saberse cierto de la tortura, la desaparición forzosa o de su asesinato del Estado, por eso pre-firió morir enfrentando a sus victimarios, se enfrentó a aquellos que fueron a cumplir la misión que otros diseñaron y definieron, esos otros que hoy siguen disfrutando y usufructuando el poder político y económico en Colombia.

La indiscutible importancia del legado y la obra de Eduardo Umaña Mendoza en la de-fensa de los Derechos Humanos (DD. HH.) de los colombianos constituye, en sí mismo, la principal justificación para llevar a cabo un esfuerzo tendiente a ubicar, sistematizar y publicar los escritos o manifestaciones más destacadas de este defensor. Ejercicio que claramente está reconocido por el Concejo Distrital, por medio del Acuerdo N… 24 de 1998 con el cual se pretende reconocer la

memoria de Eduardo Umaña Mendoza. En particular el artículo 5º que obliga al Concejo de Bogotá a: “...recopilar y publicar los escri-tos de carácter jurídico, político y social del doctor Eduardo Umaña Mendoza”.

Por otro lado, la escasa bibliografía e in-vestigaciones sobre este personaje hace prioritario realizar una investigación dirigi-da a suplir esta deficiencia; máxime si las actividades realizadas por Eduardo Umaña Mendoza son una expresión de la cultura política colombiana; por ello la compren-

Eduardo Umaña Mendoza:

18 años de impunidad

sión de su vida y muerte puede contribuir a hacer el duelo necesario a la hora de la reconstrucción nacional.

La vida y muerte de Eduardo Umaña Mendoza refleja la realidad política de los últimos cincuenta años de la historia de Colombia. Esta situación le permitió ser un intelectual formado en un pensamiento crítico y democrático, en la denuncia de la exclusión y represión social; pero, además, por medio de los procesos jurídicos que llevaba hacía evidente las debilidades y

precariedades de la justicia colombiana, ba-sada en el derecho positivo que desconoce la posibilidad de la crítica y de denuncia de las arbitrariedades de un Estado antidemo-crático. Dentro de estos procesos se desta-can: la reapertura de las investigaciones en tomo a la muerte de Jorge Eliécer Gaitán; el proceso sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia; la muerte de los alcaldes de la Unión Patriótica; y la defensa de los presos políticos, pertenecientes, principalmente, a los sindicatos de la USO y de las telecomu-nicaciones.

“Los que luchan por la vida, no los mata ni la muerte”

¡Vamos a marchar! 1º de Mayo

¡Contra la política social y económica de Santos y Peñalosa!

Nº 139, abril de 2016 19c a m b i o c l i m á t i c o

f

20 Nº 139, abril de 2016l i t e r a t u r a

Umberto Eco

Sulla letteratura (2002). publicaDo originalmente en l´eSpreSSo el 8 De ene-

ro De 1998, en el 150 aniverSario Del manifieSto comuniSta

No se puede sostener que algu-nas hermosas páginas pue-dan cambiar el mundo por sí solas. Toda la obra de Dante no consiguió devolverles un

emperador sacro romano a los municipios italianos. No obstante, al recordar el texto que fue el Manifiesto del Partido Comunista de 1848, y que, ciertamente, ha influido largamente en los acontecimientos de dos siglos, creo que hay que releerlo desde el punto de vista de su calidad literaria o, al menos –aunque no se lea en alemán–, de su extraordinaria estructura retórico-argumentativa. En 1971 apareció el librito de un autor venezolano, Ludovico Silva, El estilo literario de Marx, publicado en italiano en 1973 por Bompiani. Creo que ya no se puede encontrar y valdría la pena reeditar-lo. Refiriéndose a la historia de la formación literaria de Marx (pocos saben que también escribió poemas, bien que malísimos, en opinión de los pocos que los han leído), Silva analizó minuciosamente toda la obra de Marx. Curiosamente, dedicó sólo unas pocas líneas al Manifesto, tal vez porque no es una obra estrictamente personal. Es una lástima: se trata de un texto formidable, que alterna tonos apocalípticos e ironía, lemas eficaces y explicaciones claras, y (si realmente la sociedad capitalista quiere vengarse de las molestias que estas páginas no muy numerosas le han causado) tendría hoy que analizarse religiosamente en las escuelas publicitarias.

Comienza con un formidable golpe de timbal, como la Quinta Sinfonía de Beethoven: "Un fantasma recorre Europa" (no olvidemos que estamos todavía cerca del florecimiento prerromántico y romántico de la novela gó-tica, y los espectros son entidades que hay que tomarse en serio). Sigue justo después una historia a vuelo de águila de las luchas sociales, desde la antigua Roma hasta el nacimiento y desarrollo de la burguesía, y las páginas dedicadas a las conquistas de esta nueva clase "revolucionaria" constitu-yen su poema fundador, todavía válido para quienes apoyan el liberalismo. Se ve (quiero decir exactamente "se ve", en sentido casi cinematográfico) esta nueva fuerza irrefre-nable que, impulsada por la necesidad de nuevas salidas para sus mercancías, reco-rre todo el orbe terráqueo (y, a mi entender, aquí el hebreo y mesiánico Marx piensa en el inicio del Génesis), altera y transforma

Sobre el estilo del Manifiesto Comunista

países lejanos porque los bajos precios de sus productos son una especie de artillería pesada con la que bombardea cualquier muralla china, hace capitular a los bárbaros más endurecidos en el odio al extranjero, instaura y desarrolla las ciudades como signo y fundamento de su propio poder, se multinacionaliza, se globaliza, hasta inventa una literatura ya no nacional sino mundial...

Al final de esta apología (que conquista en la medida en que es sincera admiración), llega de improviso el giro dramático: el hechicero se encuentra impotente para dominar les fuerzas subterráneas que ha invocado, el vencedor se ahoga en su propia sobrepro-ducción y cría en su propio seno, de sus mismas entrañas, a sus sepultureros, los proletarios.

Entra ahora en escena esta nueva fuerza que, dividida y confusa en un primer momen-to, se empecina con furia en la destrucción de las máquinas y es empleada por la bur-guesía como masa de choque, obligada a luchar contra los enemigos de sus propios enemigos (las monarquías absolutas, la pro-piedad feudal, los pequeños burgueses), y absorbe gradualmente a parte de los adver-sarios que la gran burguesía proletariza: ar-tesanos, tenderos, campesinos propietarios. La revuelta se convierte en lucha organiza-da, los obreros están en contacto recíproco por medio de otro poder que los burgueses han desarrollado en su propio beneficio: las comunicaciones. Y aquí el Manifiesto cita los ferrocarriles, pero piensa también en las nuevas comunicaciones de masas (no olvidemos que Marx y Engels supieron utilizar en La sagrada familia la televisión de la época, es decir, la novela de folletón como modelo de imaginario colectivo, criti-cando su ideología pero, al mismo tiempo,

utilizando lenguaje y situaciones que ésta había popularizado).

En este punto entran en escena los comunis-tas. Antes de decir de manera programática quiénes son y qué quieren, el Manifiesto (con un movimiento retórico soberbio), se detiene en el punto de vista de la burguesía que les teme y adelanta algunas preguntas aterra-doras: ¿Queréis abolir la propiedad privada? ¿Queréis poner en común las mujeres? ¿Queréis abolir la religión, la patria, la familia?

Aquí el juego se vuelve sutil, porque el Manifiesto parece contestar de manera tran-quilizadora a todas estas preguntas, como para ablandar al adversario, pero luego, con un movimiento improvisado, le golpea en el plexo solar y consigue el aplauso del público proletario... ¿Queremos abolir la propiedad privada? Pues no, las relacio-nes de propiedad siempre han sido objeto de transformación, ¿acaso la Revolución Francesa no abolió la propiedad feudal en favor de la burguesa? ¿Queremos abolir la propiedad privada? Qué bobada, no existe, porque es la propiedad de una décima parte de la población en perjuicio de las otras nue-ve. ¿Nos acusáis entonces de querer abolir “vuestra” propiedad? Sí, es exactamente lo que queremos hacer. ¿La comunidad de las mujeres? Pero, a ver, ¡lo que nosotros queremos más bien es quitarle a la mujer el carácter de instrumento de producción! Pero, ¿queréis de verdad poner en común las mujeres? ¡La comunidad de mujeres la habéis inventado precisamente vosotros, que además de utilizar a vuestras propias esposas, sacáis partido de las de los obre-ros y como máximo pasatiempo practicáis

el arte de seducir a las de vuestros iguales! ¿Destruir la patria? Pero, ¿cómo se les puede quitar a los obreros lo que no tienen? Nosotros queremos más bien que, al triunfar, los proletarios se constituyan como nación...

Y así sucesivamente, hasta esa obra maes-tra de reticencia que es la respuesta sobre la religión. Se intuye que la respuesta es "queremos destruir esta religión", pero el texto no lo dice: antes de afrontar un tema tan delicado, que pasa por alto, da a enten-der que todas las transformaciones tienen un precio, pero mejor por ahora no abrir capítulos demasiado candentes...

Sigue luego la parte más doctrinaria, el programa del movimiento, la crítica a los diversos socialismos, pero en este punto el lector ya está fascinado por las páginas anteriores. Y por si la parte doctrinaria re-sultase demasiado difícil, hete aquí el golpe final, dos lemas que cortan la respiración, fáciles de retener en la memoria, destinados (me parece) a una fortuna clamorosa: "Los proletarios no tienen nada que perder [...] salvo sus cadenas" y "¡Proletarios de todos los países, unios!".

Además de la capacidad ciertamente poé-tica para inventar metáforas memorables, el Manifiesto permanece como una obra maestra de oratoria política (y no sólo eso) que tendría que estudiarse en las escue-las, junto con las Catilinarias y el discurso shakespeariano de Marco Antonio ante el cadáver de César. Porque tampoco ha de excluirse, dada la amplia cultura clásica de Marx, que justamente estos textos los tuviera presentes.

Nº 139, abril de 2016 21i n t e r n a c i o n a l

Emir Sader

coorDinaDor Del laboratorio De políticaS públicaS De la univerSiDaD

eStaDual De río De janeiro. tomaDo De alainet

Para empezar, al lado de Temer está Eduardo Cunha, presiden-te de la Cámara de Diputados, el político más corrupto de Brasil, reo en varios procesos

en el Supremo Tribunal Federal. Al lado de Dilma, está Lula. Ello basta para revelar que son dos proyectos de naturaleza muy distinta.

Un gobierno Temer estaría conformado por lo peores elementos que la política brasile-ña ha producido, gran parte de los cuales son reos de procesos de corrupción, que siempre se han alimentado de los negocios en la política, reunidos ahora alrededor de Temer y de Cunha.

Un gobierno Temer sería la vía para profun-dizar aún más la crisis brasileña, porque ese gobierno no tendría realmente condiciones de gobernar. Sería presionado desde afuera con el mismo castigo que han recibido los golpes blandos en Honduras y Paraguay, con la suspensión del país de organismos como el Mercosur, Unasur, Celac, la OEA, hasta que la institucionalidad democrática sea restaurada, con el retorno de un presi-dente elegido o con la realización de elec-ciones democráticas.

En lo interno, sería un gobierno nacido bajo el signo de la traición y basado en un programa que condensa los aspectos más conservadores y antipopulares que existen hoy en Brasil, atacando directamente a los derechos sociales conquistados en los úl-timos años. Con un programa que tiene un rasgo claro de venganza en contra de los trabajadores, por más que Temer afirme que mantendría las políticas sociales actuales. Porque el tipo de ministro económico que Temer tiene en mente, impediría cualquie-ra continuidad de las políticas económicas. Exministro de Cardoso, Arminio Fraga, declaró, en la campaña electoral, cuando hacía parte del equipo de Aecio Neves, que el problema de Brasil es que “el salario mínimo es muy alto” (sic). Se puede ima-ginar qué política económica vendría de ahí y qué lugar tendrían los recursos para políticas sociales.

Además de ese carácter antipopular, está presente en la plataforma de la oposición, un objetivo claramente entreguista, orientado a la privatización de Petrobras y a la pre-sencia determinante de capitales externos en el Pré-sal.

Un programa con ese carácter antipopular y antinacional, chocaría con un proceso de movilización popular como Brasil no había conocido en treinta años y con el liderazgo popular revitalizado de Lula. Un gobierno nacido de un golpe blando y con un pro-grama neoliberal tendría obligadamente que apelar a la represión, constituyéndose además en un gobierno antidemocrático, autoritario y dictatorial.

Un gobierno Temer, al contrario de lo que propaga, no significaría el final de la crisis brasileña, sino su profundización y prolongación. Se generaría la más grande crisis social y política que Brasil haya conocido, con impasses claros en la acción de un gobierno de derecha. Para enfrentar su ingobernabilidad, tendría que apelar a la represión en todos los planos, al mismo tiempo que tendría que tomar decisiones para liberar de los procesos de corrupción a sus principales dirigentes. Sería un gobierno que no tendría nada que ofrecer al país y que se enfrentaría a los movimientos populares, a los partidos de izquierda, a las entidades de la socie-dad civil, al mismo poder Judicial y a la prensa alternativa, además del liderazgo renovado de Lula.

Buscando sobrevivir al consenso nacional actual de que “No va a haber golpe”, Brasil navegará en el caos, como desea la derecha y las fuerzas internacionales interesadas en inviabilizar al país, a la integración latinoa-mericana y a los Brics. Constituiría, con el gobierno de Argentina, un núcleo neolibe-ral que trataría de desarticular a los otros gobiernos progresistas de la región, y de recolocar la región en el circuito neoliberal, que tanto daño causó a nuestros países en los años 90.

Teniendo a su lado a Lula, Dilma se pro-pone organizar un nuevo gobierno, cam-biando su política económica, condición para que Lula aceptara ingresar al gobier-no, que es la única vía para terminar con la crisis. Proponer un pacto nacional de recuperar el crecimiento económico con distribución de renta, que comience un verdadero proceso de reconstrucción del país, víctima de las fuerzas que, de una u otra forma, han actuado para desarti-cular el potencial productivo que has sido acumulado a lo largo del tiempo. Una pro-puesta que puede, perfectamente, abrir un gran debate nacional sobre las propuestas de futuro para el país, que puede desem-bocar en una Asamblea Constituyente para 2018, que promueva las reformas no solamente del sistema político, sino

Dilma o Temer:¿El dilema de Brasil?

El coordinador del programa neoliberal del golpe que se intenta dar en Brasil, dijo que la alternativa en el país sería entre Dilma Michel Temer. Una visión reduccionista

y equivocada de la situación.

también del mismo Estado, para ponerlo en condiciones de avanzar y no de obs-taculizar el desarrollo económico, social, político y cultural de Brasil.

Pero para evitar el caos que un gobierno Temer representaría, es necesario, antes, derrotar a la derecha. Es una disputa dura sobre la votación del domingo 17 en la Cámara de Diputados, respecto a la cual Lula presentó un documento firmado por 186 diputados en contra del golpe, lo cual impediría a la oposición obtener los 2/3 ne-cesarios para el impeachment.

Es una votación que va a definir no solo el futuro inmediato de Brasil, sino también la fisionomía del país en la primera mitad del siglo, con todas sus consecuencias para la región.

22 Nº 139, abril de 2016i n t e r n a c i o n a l

Leonardo Boff

articuliSta De jb online y eScritor tomaDo De alai amlatina, 18/04/2016

Al observar el comportamiento de los parlamentarios en los tres días que discutieron la admisi-bilidad del impedimento de la presidenta Dilma Rousseff, nos

parecía estar viendo niñitos divirtiéndose en un jardín de infantes. Gritos de todos lados. Coros recitando sus mantras en contra o a favor del impedimento. Algunos vinieron engalanados con los símbolos de sus cau-sas. Gente vestida de la bandera nacional, como si fuera un día de carnaval. Letreros con sus consignas repetitivas. En fin, un espectáculo poco digno de personas decen-tes de quienes se esperaría un mínimo de seriedad. Se llegó incluso a hacer un juego de apuestas como si fuera una lotería o un partido el fútbol.

Pero lo más sorprendente fue la figura del presidente de la Cámara que presidió la sesión, el diputado Eduardo Cunha. Ha sido imputado de muchos crímenes y está acu-sado por el Tribunal Supremo: un gánster juzgando a una mujer decente contra quien nadie se atrevía a atribuirle algún delito.

Tenemos que cuestionar la responsabilidad del Tribunal Supremo Federal por haber per-mitido este acto que nos avergonzó nacional e internacionalmente, al punto que el New York Times del 15 de abril, escribió: "Ella no robó nada, pero está siendo juzgada por una banda de ladrones". ¿Qué interés secreto alimenta al Tribunal Supremo a co-meter una omisión tan escandalosa? Nos negamos a pensar que esté participando en una conspiración.

Durante el razonamiento del voto ocurrió algo absolutamente escandaloso. Se trata-ba de juzgar si la presidenta había come-tido un crimen de irresponsabilidad fiscal con otras gestiones administrativas de las finanzas, como base jurídica para un pro-ceso político de impedimento que implica-ría remover a la presidenta del cargo que había conseguido mediante el voto popular mayoritario. Gran parte de los diputados ni siquiera se refirieron a esta base jurídica, el famoso “pedaleo” de impuestos, etc. En lugar de apoyarse jurídicamente en el eventual delito, dieron alas a la politización de la insatisfacción generalizada que se ex-tiende a través de la sociedad por la crisis económica, el desempleo y la corrupción en Petrobras. Esta insatisfacción puede re-presentar un error político de la presidenta, pero no constituye ningún delito.

Como en un ritornello, la gran mayoría se centró en la corrupción y los efectos

negativos de la crisis. Tildaron hipócri-tamente al gobierno de corrupto, cuando bien sabemos que un gran número de di-putados está bajo sospecha de delitos de corrupción. Buena parte de ellos fue electa con el dinero de la corrupción política, sos-tenida por las empresas. Generalizando, con honrosas excepciones, los diputados no representan los intereses colectivos, sino los de las empresas que financian sus campañas.

Cabe señalar un hecho preocupante: surgió de nuevo como espantapájaros la vieja cam-paña que estimuló el golpe militar de 1964: las marchas de la religión, de la familia, de Dios y contra la corrupción. Decenas de par-lamentarios de la bancada evangélica lanza-

BrasilUn golpe parlamentario

ron discursos en tono religioso, invocando el nombre de Dios. Y todos, sin excepción, votaron por el impedimento. Pocas veces se ha ofendido tanto el segundo mandamiento de la ley de Dios que prohíbe usar su santo nombre en vano. Gran parte de los parla-mentarios, de forma pueril, dedicaron su voto a la familia, a la mujer, la abuela, los hijos y nietos, citando sus nombres, en una banal espectacularización de la política. En cambio, quienes se pronunciaron contra el impedimento lo argumentaron y mostraron un comportamiento decente.

Se trató de un juicio de tintes políticos sin bases legales convincentes, lo cual viola el precepto constitucional. Lo que ocurrió fue un golpe parlamentario inaceptable.

Los votos en contra del impedimento no fueron suficientes. Todos salimos disminui-dos como nación y con vergüenza de los representantes del pueblo que, en realidad, no lo representan ni tienen la intención de cambiar las reglas del juego político.

Ahora solo nos queda esperar la racionali-dad del Senado, que examinará la validez o no de los argumentos legales, la base para un juicio político sobre un posible delito de responsabilidad, negado por destacados juristas del país.

Tal vez aún no hemos madurado como pueblo para poder llevar cabo una demo-cracia digna de ese nombre: la traducción al campo de la política de la soberanía popular.

Nº 139, abril de 2016 23m e d i o a m b i e n t e

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12/04/2016

Luchar, resistir y protestar por una causa justa, buena y altruista da sus frutos. Por mucho que haya precedentes negativos y un sistema burocrático que parece

truncar cualquier intento de batalla, hay casos que llaman a la esperanza. Como el de un grupo de 21 jóvenes de 8 a 19 años de la organización Our Children’s Trust, que denunció al gobierno de EE. UU. por “violar los derechos constitucionales de la próxima generación al permitir que la conta-minación causara el cambio climático”. Un juez aceptó la demanda y se enfrentarán a las autoridades para lograr un futuro mejor.

Un magistrado de Oregón aceptó a trámi-te la demanda y el grupo de jóvenes, que presentó en agosto demandas en todos los estados del país, irá finalmente a juicio. La denuncia alegaba que el gobierno estadou-nidense sabía, desde hace medio siglo, que los gases de efecto invernadero proceden de los combustibles fósiles y causan el calentamiento global y el cambio climático. Pese a saberlo, nada cambió.

En la demanda también figuraba el pres-tigioso científico experto en clima James E. Hansen, como tutor y representante de generaciones futuras, como la de su nieta. La denuncia afirmaba que, “al causar el cambio climático, el gobierno federal ha violado los derechos constitucionales de la

generación más joven a la vida a la libertad y a la propiedad”, tal y como relata el grupo en un comunicado.

Enfrentándose al Gobierno Federal de EE. UU., estos jóvenes tratan de demostrar que las autoridades están violando los derechos constitucionales mediante la promoción del desarrollo y el uso de combustibles fósiles. De esta forma, los jóvenes buscan dar con una orden judicial que exija al presidente poner en práctica de inmediato un plan nacional para reducir las concentraciones atmosféricas de CO2 a un nivel seguro: 350 ppm para el año 2100.

El ambientólogo y periodista Bill McKibben, y la famosa escritora Naomi Klein han consi-derado la victoria de estos jóvenes luchado-res como “la demanda más importante para el planeta en este momento”. Por su parte, el abogado de los demandantes, Philip Gregory, asegura que “el siguiente paso es que el Tribunal ordene a nuestro gobierno que deje de poner en peligro el medio am-biente para las generaciones presentes y futuras”, aprovechando que, esta vez, las cortes dieron a “los jóvenes de EE. UU. una oportunidad justa de ser oídos”.

“Este será el juicio del siglo que determinará si tenemos derecho a un futuro habitable, o si el poder corporativo continuará negando nuestros derechos por el bien de su pro-pia riqueza”, destacó el joven de 19 años Kelsey Juliana tras la sentencia. Queda por saber cómo responderá su contraparte ante tal reto.

Cambio climático:Juicio al gobierno de Estados Unidos

“Este será el juicio del siglo que determinará si tenemos derecho a un futuro habitable o si el poder corporativo

seguirá negando nuestros derechos por el bien de su propia riqueza”, destaca uno de los denunciantes.

Miembros de la organización que denuncia la responsabilidad de Estados Unidos en el cambio climático (Our Children’s Trust - Getty)

24 Nº 139, abril de 2016

La nación latinoamericana 26Las tareas de las jóvenes repúblicas

REtomAndo El hilo: La construcción del Estado-nación en América Latina en el siglo XIX mostró la debilidad de la burguesía por lo cual la región se partió en muchos países

Pascual Amézquita Zárate

Docente univerSitario phD. en economía

El modelo agroexportador del siglo XIX

En medio de estas precarias condicio-nes políticas, de debilidad del Estado-nación, la embrionaria burguesía latinoamericana emprendió la cons-trucción de un sistema económico que los historiadores y economistas llaman agroexportador.

No debe perderse de vista que en la región la econo-mía apenas empezó a tomar forma a mediados del siglo XIX pues las primeras décadas posteriores a la independencia se gastaron, como se anotó, organi-zando políticamente las jóvenes repúblicas, asunto que no solo exigió bastante tiempo sino que absorbió a las mentes más lúcidas del momento, quedando en segundo plano lo económico.

Los latifundios latinoamericanosPara que se consolidara el modelo agroexportador concurrieron varios factores que se verán en estas entregas. El más importante fue el sistema de manejo de la tierra, asunto que determinó en buena medida el rumbo seguido por estos países hasta hoy.

La economía identifica dos grandes formas, o vías, para el manejo de la tierra en el tránsito del feudalismo al capitalismo. Es decir, dos caminos para convertir la tierra en un negocio capitalista: La vía farmer y la vía junker.

La vía farmerTambién llamada vía campesina, consiste en que cuando se está disolviendo el feudalismo la tierra se adjudica a pequeños campesinos que poco a poco, a lo largo de algunas décadas, se convierten en empre-sarios capitalistas.

¿De qué manera adquieren los campesinos la tierra? En resumidas cuentas hay dos posibilidades: o bien, porque el Estado se la entrega a través de procesos que se pueden denominar “reforma agraria” (un buen ejemplo, reciente, es Corea del Sur), o bien a través de la toma por parte de los mismos campesinos con una revolución, como aconteció en Francia.

El caso más notable de la vía campesina fue Estados Unidos. Allí los gobiernos del siglo XIX entregaron las grandes planicies del centro del país a las familias que quisieran tierra. En general se les vendía a un precio simbólico con el compromiso de no venderla por un tiempo y de explotarla adecuadamente. Ese proceso duró medio siglo, al cabo del cual, en el camino propio del capitalismo, la tierra se fue con-centrando en manos de pocos grandes hacendados

altamente productivos.

La vía junkerEl otro camino hacia el capitalismo en el campo es que grandes hacendados o terratenientes (junkers) se vayan convirtiendo en productores capitalistas. Estos hacenda-dos adquieren la tierra, bien despojando a pequeños pro-pietarios o porque el Estado les hace entrega de grandes extensiones de baldíos, propiedad de la nación. Los países centrales de Europa, en particular la actual Alemania, son ejemplos de esta forma, al igual que Inglaterra.

Por razones cuya explicación económica desborda los al-cances de esta historia, la vía junker es mucho más lenta (varios siglos en Alemania, Inglaterra, Japón) y se realiza a través de mayor violencia que la farmer.

El modelo latinoamericano: junkerComo es fácil deducirlo, esta fue la vía que en general se siguió en América Latina, y no obstante llevar cuatrocien-tos o más años en su intento de modernizar el agro del subcontinente, está, salvo contadas excepciones, lejos de haberlo alcanzado.

Los primeros pasos en esta errónea dirección se dieron con la creación de las encomiendas y los resguardos, que dieron origen a los grandes latifundios hoy existen-tes. A ello se sumó la acumulación de tierra por la Iglesia católica.

Terminada la guerra de independencia muchos generales recibieron como pago tierra baldía y, luego, la existencia de períodos de conflicto político, durante los cuales ciertos grupos de poder aprovechan la oportunidad para incremen-

tar su control sobre más tierras a cambio, por ejemplo, de respaldo al gobernante de turno.

En general, en el siglo XIX el control del Estado por terratenientes y comerciantes de productos básicos facilitó la usurpación de baldíos, cortando la posibilidad de expansión de pioneros o colonos en las fronteras, apareciendo en cambio las haciendas.

El resultado lo sintetiza Sebastián Edwards:

El grado de desigualdad de Latinoamérica es legendario y es el corazón de muchos de los problemas políticos y sociales de la región desde los años coloniales. Evidencia histórica en la distribución de la tierra muestra que a me-diados del siglo XIX el 60% de los agricultores norteame-ricanos poseían tierras; en América Latina, en cambio, solo el 5% de los campesinos poseía tierras. En 1850 la tenencia de la tierra por los agricultores fue menor en Chile (1%) y más alto en Costa Rica, donde aproximadamente el 25% de los agricultores tenían propiedad de sus parcelas. A principios del siglo XX la propiedad de los pequeños agricultores había aumentado levemente en América Latina, pero todavía se retrasó considerablemente frente a Estados Unidos y Canadá. En el año 1900 la propiedad de pequeñas granjas familiares en América Latina fue la siguiente: Argentina, 7%; Bolivia, 2%; Brasil 4%; Chile, 2%; Colombia, el 5%; Costa Rica, 15% (por debajo del 25% cincuenta años antes); México, 1%; y Perú, 2% (La decadencia de América Latina: una visión histórica de largo plazo, Sebastián Edwards).

Uno de los efectos del fortalecimiento de los terrate-nientes durante el siglo XIX fue que tuvieron igual o mayor poder que la burguesía comercial en tanto que la burguesía industrial no tuvo condiciones para aparecer por estos lares.

Familia campesina avistando el poblado: montaje donde Manizales hace de fondo. Fuente, Centro de Historia de Manizales.