ÍNDICE:

RESOLUCIONES 5ª ASAMBLEA................................................................................. 2

1. Los Municipios Andaluces ante el siglo XXI............................................................... 4

2. Resoluciones sobre el régimen jurídico y de organización de la FAMP.................... 58 2.1. Estatutos de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (Texto aprobado en la 5ª Asamblea General). ..................................................... 59 TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES .................................. 60 TÍTULO II.- DE LOS FINES............................................................. 61 TÍTULO III.- DE LA SEDE............................................................... 62 TÍTULO IV.- DE LOS ASOCIADOS ............................................... 63 TÍTULO V.- DE LOS ÓRGANOS DE LA FEDERACIÓN ............. 65 TÍTULO VI.- DEL RÉGIMEN ECONÓMICO ................................. 76 2.2. Solicitud de declaración de utilidad pública para la FAMP ......................... 77

3. Otras resoluciones ...................................................................................................... 79 3.1. Moción para ser defendida en la Asamblea de la FEMP.............................. 80 3.2. Resolución de apoyo al Pueblo Saharaui...................................................... 82

3.3. Resolución de apoyo a la candidatura de La Rábida y los Lugares Colombinos, como sede de la Secretaría Permanente de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno .............................................. 85

3.4. Resolución de apoyo a las reivindicaciones del Foro del Agua ................... 87 DISCURSOS...... ............................................................................................................ 89

1. DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA FAMP Y ALCALDE DE GRANADA ......................................................................................................... 90 2. DISCURSO DE CLAUSURA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA ..................................................................................................... 97

ÓRGANOS DE GOBIERNO....................................................................................... 103 1. ASAMBLEA GENERAL ............................................................................. 104 2. CONSEJO MUNICIPALISTA ANDALUZ ................................................. 105 3. COMISIÓN EJECUTIVA............................................................................. 107 4. PRESIDENTE ............................................................................................... 108 5. OTROS ÓRGANOS...................................................................................... 109

RESOLUCIONES 5ª ASAMBLEA

En la 5ª Asamblea General de la FAMP se debatieron una serie de

propuestas de Resolución elaboradas previamente por una Comisión redactora creada al efecto.

El debate se organizó en dos Comisiones de Trabajo donde se redactaron las propuestas definitivas que posteriormente se sometieron y fueron aprobadas en plenario. Las Resoluciones aprobadas son las siguientes: 1.- Los Municipios Andaluces ante el siglo XXI. 2.- Resoluciones sobre régimen jurídico y de organización de la FAMP.

2.1.- Estatutos. 2.2.- Solicitud de declaración de utilidad pública para la FAMP.

3.-Otras resoluciones:

3.1.- Moción para ser defendida en la Asamblea de la FEMP. 3.2.- Resolución de apoyo al Pueblo Saharaui. 3.3.- Resolución de apoyo a la candidatura de la Rábida y los Lugares Colombinos, como sede de la Secretaria Permanente de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. 3.4.- Resolución de apoyo a las reivindicaciones del Foro del Agua.

1. Los Municipios Andaluces ante el siglo XXI

I.- LOS AYUNTAMIENTOS: AGENTES DECISIVOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO.

Los Ayuntamientos han tenido un importante papel en la construcción del Estado democrático en España. No es explicable la transición española a la democracia sin tener en cuenta el papel jugado por las Administraciones Locales en su labor de acercamiento a los ciudadanos, de proximidad democrática. La cercanía entre administradores y administrados hace que la democracia sea vista también como algo más tangible, más cercano.

Sin embargo, a pesar del papel de los Ayuntamientos en el proceso de transición democrática, estos no han sido perceptivos en la misma medida de políticas encaminadas a conseguir una Autonomía municipal plena, con una suficiencia financiera que les permitiese abordar eficazmente las demandas y soluciones que los ciudadanos han planteado en su ámbito.

Conseguir la implantación de un Estado del Bienestar en España no hubiera sido posible sin la participación de los Ayuntamientos en el desarrollo económico y social. Resulta fácilmente comprobable la contribución de las Administraciones Locales a la mejora de la calidad de vida producida en los últimos años en nuestro país.

Mención aparte merece el papel jugado por los Ayuntamientos en la construcción del Estado de las Autonomías. La votación mayoritaria de los Plenos de los Ayuntamientos andaluces resultó decisiva para conseguir el respaldo a la entrada de Andalucía en el club de las Comunidades que accedimos a la autonomía por el artículo 151 de la Constitución, consiguiéndose con ello que por primera vez en nuestra historia reciente camináramos por la historia en alta velocidad y no en el furgón de cola. II.- 20 AÑOS DE AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS; 20 AÑOS DE AVANCE.

Avance Democrático: Como ya ha quedado afirmado, la Administración Local es la más cercana al

ciudadano y por ello la que permite una mejor y mayor relación administrador-administrado. Pero además, los Ayuntamientos han abierto en los últimos años nuevos cauces de participación de los ciudadanos y ciudadanas en el proceso de toma de decisiones en las políticas locales. Buen ejemplo de ello son los Consejos como el Económico y Social, Consejo de la Juventud, Mesas de la Tercera Edad, etc., o los nuevos sistemas de comunicación e información como los Puntos de Información a los Consumidores.

Avance Económico: El desarrollo económico de Andalucía y España en los últimos años ha sido

considerable. Nuestro crecimiento económico se ha situado por encima de la media de los países de la Comunidad Europea, permitiéndonos un acercamiento entre regiones y un acercamiento a los parámetros económicos medios de la Comunidad. Esto ha permitido que los parámetros macroeconómicos sean cada vez más parecidos a los europeos. Pero en ello han tenido también un papel importante las políticas microeconómicas desarrolladas por los Ayuntamientos. Las distintas modalidades de desarrollo local puestas en marcha: ILES, UPES, los LEADERs, etc., han sido aprovechados por nuestros Ayuntamientos para lograr una aportación nada desdeñable al desarrollo de nuestra comunidad autónoma y con ello al de España.

Las PYMES y en Andalucía de forma especial las empresas de Economía Social,

con un peso superior al 10% del PIB, han significado un factor importante en la creación de empleo y de riqueza y por ello, de desarrollo. Los Ayuntamientos han colaborado de forma importante en la creación de infraestructuras: parques y polígonos industriales, potenciación de zonas comerciales, etc., que han constituido un factor económico de primer orden para alcanzar este grado de desarrollo.

Avance Social: Las políticas de solidaridad puestas en marcha han sido sin duda uno de los

avances que los ciudadanos y ciudadanas valoran más. Los Servicios Sociales desarrollados por las Administraciones Locales están dando cobertura a quienes más necesitan de las ayudas públicas, de una forma directa y eficaz gracias a que la cercanía de los Ayuntamientos con sus administrados permite un conocimiento más claro y concreto no solo de los problemas generales, sino sobre todo, de los individuales.

Avance de la Cultura y el Deporte:

También en el área de la cultura se ha producido un avance considerable. Si la cultura contribuye a hacernos más libres, podemos afirmar que en los últimos 20 años hemos dado un salto cualitativo hacia la libertad. Estamos poniendo en la práctica la cultura al servicio de los ciudadanos a través de programas desarrollados de forma directa por los Ayuntamientos y/o en muchos otros casos con el apoyo de las Diputaciones.

El deporte de base se ha desarrollado en nuestros municipios tanto desde las mayores posibilidades de participación de los más veteranos en actividades deportivas, como en el deporte infantil y juvenil, que ya comienza a dar sus frutos con jóvenes que comienzan a dejar de ser promesas para ser nuevos valores de nuestro deporte en sus distintas expresiones.

Todos estos avances producidos en los 20 años de Ayuntamientos democráticos

han redundado en una mayor calidad de vida que los ciudadanos han sabido valorar y que han incidido en el reconocimiento de una mejor imagen pública de las Administraciones Locales. III.- EL SIGLO XXI. UN SALTO CUALITATIVO. NUEVO SIGLO, NUEVOS RETOS. NUEVAS PROPUESTAS DESDE LO LOCAL.

Los pueblos y ciudades son espacios de convivencia entre las personas, espacios

de cooperación para la solución de problemas comunes. Son lugares complejos donde se desarrollan relaciones complejas, con armonías y tensiones, con afecciones sociales, culturales, económicas, naturales o tecnológicas. Son los ámbitos en donde se fundamentan las relaciones humanas de todo tipo, donde las personas se educan y se crean las pautas de comportamiento individual y colectivo.

Las ciudades a lo largo de la historia han sido sobre todo espacios de innovación, de creación y de educación, de las personas y de los grupos. Han sido espacios de progreso social y económico. Han sido referente de proyectos comunes para resolver problemas colectivos con implicación colectiva.

El perfeccionamiento del gobierno de los municipios es por tanto la mejor manera de seguir aportando a la sociedad contemporánea capacidades de mejora de la convivencia, desde la mejora de las capacidades de los pueblos y ciudades para tomar decisiones, para favorecer la innovación, la generación de actividad económica y de empleo, de crear redes de solidaridad y equilibrio social, de estructurar ejes de articulación de los territorios, de aplicar criterios de sostenibilidad en la explotación de los recursos, de cohesionar a toda la sociedad en ámbitos de dimensiones y formas humanas, de valorar los referentes de identidad y de formas de ser para entender lo distinto y comprender sus manifestaciones diversas.

Después de veinte años de Ayuntamientos democráticos en España y Andalucía, se ha podido valorar el papel fundamental que las Corporaciones Locales tienen para la articulación del Estado, la posición fundamental para la consolidación democrática y la aplicación real de políticas sectoriales que han aportado una gran dosis de efectividad en asuntos graves como las acciones de lucha contra la exclusión, las políticas de empleo, desarrollo o las de vivienda, entre otras, donde los municipios tienen que ver tanto con el perfeccionamiento de dichas acciones, no solo por sus competencias legales, sino sobre todo por sus capacidades para hacer realidades concretas los programas políticos que se dotan con financiación y recursos humanos y técnicos de forma satisfactoria.

Es un hecho innegable que esta sociedad del final del siglo y del milenio está

cambiando y nos coloca ante nuevas situaciones, ante la ineludible obligación de tomar nuevas decisiones ante cuestiones tales como la globalización de la economía, los nuevos modos de la información, el extraordinario desarrollo del conocimiento, la modificación de costumbres, hábitos cotidianos y valores, la modificación de nuestras estructuras familiares, los cambios en los comportamientos sociales, los grandes movimientos de capital y los grandes grupos empresariales mundiales. La insolidaridad, el individualismo, la xenofobia, los hábitos no saludables, el consumo irracional, etc.

No hemos podido terminar de resolver los problemas conocidos, cuando nos tenemos que enfrentar a nuevas situaciones mucho más complejas y cambiantes.

Pero en este mundo de finales del siglo XX, también lo local emerge con fuerza y con unos valores que dan pie a la ilusión y a algo más, a la acción local para humanizar estas perspectivas.

En efecto, en paralelo a las amenazas y transformaciones antes citadas, hay una presencia de nuevos valores de solidaridad, de implicación social, de capacidad de progresar y de innovar, de respeto ambiental, de creación cultural, de creación de nuevas actividades económicas y de empleo, de nuevas formas de cooperación, etc., etc.; en todo ello tiene que ver la capacidad que tienen los ámbitos locales y regionales como configuraciones territoriales, económicas, espacios de identidad colectiva, de participación e implicación política, de generación de solidaridad y de actividades de desarrollo y progreso social.

Las ciudades y los pueblos son hoy, por tanto, la manifestación mayoritaria y simbólica de nuestra forma de vida, de todas las contradicciones y de todas las potencialidades que vislumbra este nuevo milenio; hacer posible el crecimiento y la conservación de los recursos, eliminar la contradicción entre despilfarro y pobreza, ganar más libertades sin temer por la seguridad e impedir las exclusiones reales, resolver los desequilibrios entre zonas urbanas y rurales, hacer posible el acceso a la formación y a la información de toda la ciudadanía desde las nuevas tecnologías. Reforzar la cohesión y el equilibrio urbano y social. Reforzar las identidades colectivas sin renunciar a los derechos y valores de las diferencias. Desarrollar espacios urbanos de calidad que favorezcan la convivencia y el encuentro, ampliar la participación social en los procesos de toma de decisiones políticas.

Ante todos estos frentes de actuación, los nuevos retos del siglo XXI, los gobiernos locales aparecen como los principales puntos de acción en donde se desarrollan las actividades, se producen los acontecimientos, se generan las demandas y las expectativas, y donde, por tanto, debemos actuar, poniendo en marcha nuevas soluciones para estos nuevos retos y continuar aplicando políticas concretas que refuercen los valores de justicia social, solidaridad, igualdad de oportunidades, libertad y calidad de vida para toda la ciudadanía en el marco de esos nuevos retos, con la obligación de dar nuevas respuestas a esta innegable nueva situación de final de siglo, o más bien de principio de milenio.

Se hace imprescindible el fortalecimiento de los gobiernos locales y de las

capacidades que tienen los ayuntamientos para la toma de decisiones y la ejecución de acciones concretas, ya que de no ser así, sería ir contra corriente, y lo que es peor, sería dejar morir la capacidad de hacer ciudadanía desde lo local, esto es de perfeccionar la capacidad de convivencia de esta sociedad haciendo posible el crecimiento y el desarrollo económico y reforzando la cohesión social desde el interés general como referente de la acción pública cotidiana de los ayuntamientos.

Los gobiernos locales debemos responder a esos nuevos retos con nuevas claves de actuación:

- Visión global con soluciones locales. - Subsidiariedad, cercanía, competencias, financiación. - El Ayuntamiento es la forma más cercana de Estado, que con los recursos de

todos puede garantizar a todos transportes, jardines, bibliotecas, enseñanzas, deportes, cultura, viviendas, ayuda.

Calidad:

- De vida de la ciudadanía (ocio, enriquecimiento, actividades productivas,

hábitos saludables, entorno más sano y humano). - De servicios públicos locales (eficacia, eficiencia, facilidad). - De gestión local, planificación estratégica del urbanismo, del desarrollo. - De democracia con la participación como perfeccionamiento ciudadano de

las respuestas a las necesidades, dando cobertura a las nuevas formas de ciudadanía activa.

Convivencia: - Municipios como lugares de convivencia de las personas y de las ideas. - Como eje de la acción de los gobiernos locales. - Entre ciudadanía, entre las generaciones, entre las diversas comunidades de

un mismo lugar o territorio. - Desde la libertad, con nuevos modos de seguridad, desde el respeto y la

ayuda mutua. - Como manera de hacer posible la conciliación entre responsabilidades

laborales y la vida familiar. - Como esfuerzo para la aceptación de nuevas identidades en una misma

comunidad local que potencie el protagonismo de la mujer en el plano de igualdad.

Cooperación: - Como forma moderna de acción social, de lucha contra lo individual y

excluyente. - Como asociación para la solución de problemas comunes, desde puntos

comunes de ideas provenientes de todos los intereses. - Entre entidades cívicas, instituciones, personas y territorios, para generar

sinergias que hagan avanzar más y mejor al progreso económico, social y cultural.

- Entre lo público y lo privado para encontrar nuevas formas de crear empleo y riqueza, y satisfacer los intereses generales con eficiencia, reforzando las redes ciudadanas existentes de voluntariado, de intercambio de experiencias, temáticas.

Creatividad: - Para la innovación, que no se trata sólo de hacer cosas nuevas ante nuevas

situaciones, sino hacerlas mejor, con más perspectiva y más profundidad. - Para afrontar los nuevos retos como nuevas oportunidades de progreso

social, estimulando las ideas y éstas hacerlas proyectos, y éstos hacerlos realidad, potenciando la cultura emprendedora.

- Para que las nuevas tecnologías sean vehículos de democratización del conocimiento y generadoras de más capacidad de imaginación y mejor comunicación.

- Ayudar a que los artistas y creadores encuentren focos de presentación de sus propuestas y los Ayuntamientos, y poderes locales, sean agentes de debate de ideas, propuestas y experimentos, y compartan los progresos del pensamiento.

Cohesión: - Entre las personas. Nadie puede ser excluido del progreso ni del bienestar,

con cobertura de servicios sociales como derechos básicos para todos. - Generando esfuerzos mayores para los que más los necesitan, en vivienda,

educación, salud y empleo, desde la lucha contra la exclusión. - Cohesión urbana, entre el centro y los barrios, con diseños de distribución de

servicios equitativos. - Facilitando la comunicación y el transporte y las infraestructuras generales

en todo el territorio. Competencia: - Más competencias locales para dar más y mejores servicios. - Para demostrar con hechos la madurez de las estructuras democráticas

locales, desde lo legal y desde lo financiero. Por ser un derecho de la ciudadanía, el tener más cerca sus servicios y por ser un deber, de todos los ámbitos del Estado, asegurar el equilibrio en todas sus instituciones.

- Más capacidad técnica, de recursos humanos y de financiación con

autonomía, equilibrando el peso específico de cada ámbito del Estado, hasta un 40-30-30.

- En definitiva, para poder cumplir con nuestros compromisos de cohesión, creatividad, cooperación, convivencia y calidad.

EL RETO DE LA CONSTRUCCION EUROPEA: LA EUROPA DE LAS CIUDADES Y LOS PUEBLOS.

Asistimos a la construcción europea desde los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales. Frente a las políticas globalizadoras que imponen criterios y limitaciones a los distintos Estados, los Ayuntamientos son las instituciones que pueden garantizar con mayor eficacia que este proceso no vaya en detrimento de los valores históricos, patrimoniales y las potencialidades culturales y económicas de los territorios.

En definitiva, la garantía de que el proceso de construcción europea sea plenamente democrático pasa por el conocimiento y la participación real de los ciudadanos, y las instituciones más cercanas, los Ayuntamientos, como canalizadores de sus demandas y experiencias.

IV.- DESARROLLO LOCAL: DESARROLLO SOSTENIBLE. LA ACCIÓN LOCAL PARA EL DESARROLLO. ESTRATEGIAS PARA LA SOSTENIBILIDAD.

La construcción de la aldea GLOBAL, la mundialización de los procesos económicos y la reubicación de los centros de toma de decisiones a núcleos de poder alejados del territorio afectado, son elementos que caracterizan este final de siglo. La Administración Local lejos de situarse como una entidad sin función en este complejo macroescenario debe asumir un importante papel como foco de innovación y creatividad, centro de saber y aprendizaje, núcleo de creación de riqueza y empleo, transformándose en un punto de encuentro entre modernidad y bienestar, innovación y tradición.

Es preciso reforzar las referencias próximas a los ciudadanos, necesitamos encontrar respuestas cercanas y el valor de lo local como valor propio contribuye a que las personas comprendan y hagan suyo el sentido de progreso real.

El municipio, como unidad territorial básica, debe ejercer su función como agente económico de primer orden, como promotor y catalizador de las iniciativas locales de desarrollo y empleo, asumiendo su papel como sujeto activo de su futuro. La acción local debe orientarse a corregir la falta de mecanismos que la dinámica globalizadora presenta ante la asignación de recursos al territorio y a la búsqueda del equilibrio entre el crecimiento económico y la equidad social, y el respeto al entorno cultural y ambiental.

Las nuevas iniciativas del desarrollo local deben contar tanto con el rigor de la

planificación estratégica local, descubriendo objetivos alcanzables de forma efectiva y en plazos razonables, como con la capacidad de imaginación, creatividad e innovación necesarias.

Estos nuevos modelos deben orientarse a: - La identificación de nuevas actividades económicas. - La potenciación de las oportunidades del territorio en relación a su entorno. - La puesta en marcha y la dinamización de la iniciativa local. - La rentabilización sostenible de los recursos. - Y especialmente a la búsqueda de nuevos empleos como exigencia social

prioritaria e inexcusable.

Las personas deben ocupar el primer lugar en nuestro orden de prioridades. Es importante insistir en la necesidad de humanizar el desarrollo. Todos los ciudadanos deben tener la oportunidad de ejercer una actividad socialmente útil y remunerada.

Se trataría pues de reforzar nuestra posición como la Administración mas eficaz

en la gestión de las políticas de creación de empleo y en la instauración de un desarrollo equilibrado y duradero, para lo que es necesario reclamar y consensuar un mayor nivel de descentralización, de transferencia de competencias a la que se acompañe una mayor disponibilidad de recursos económicos, de capacidades técnicas y humanas.

Ante esta situación, en la agenda municipal del nuevo siglo deben anotarse al

menos los siguientes ámbitos de trabajo. 1.- Redes de cooperación: lo local conectado.

Como entidad de vida propia cada municipio es diferente o todos los demás. Sin embargo, a pesar de esta diversidad todos presentan características y problemas comunes. Son estas cuestiones las que deben servir como lazos de unión. Es a veces más eficaz cooperar, compartir que competir. Por ello es importante la creación de Redes de Trabajo Supramunicipales que a su vez se integren en otras de dimensión europea.

La existencia de buenas prácticas y modelos acertados que pueden tener aplicación a territorios y problemáticas similares, necesitan del efecto multiplicador que estas organizaciones les confieren. El municipio no tiene sentido como espacio aislado, es necesario integrar y compartir estrategias de desarrollo en sistemas mayores atendiendo a criterios de complementariedad funcional y cooperación horizontal.

La Administración Local es el espacio vital más próximo al ciudadano, uno unidad territorial con vida propia y en continuo desarrollo y transformación, un espacio político y socialmente organizado que recibe cada día la solicitud de resolución de los problemas que afectan a la vida de las personas. La globalización es el nuevo medio, pero el municipio es el instrumento eficaz para alcanzar el bienestar de su gente.

Es mucha la responsabilidad y el esfuerzo necesario, pero también grande nuestra fuerza de creación y transformación, para construir el presente sin descuidar nuestra tarea de inventar el futuro. 2.- Fomento de la actitud creativa y emprendedora. Ayudas a la microempresa.

La imaginación y la capacidad emprendedora es un factor estratégico en el desarrollo local. La microempresa y la PYME desempeñan un papel relevante en la creación de nuevos empleos, nuestra acción debe orientarse a:

- La disposición de servicios materiales (Centros de Empresas, Parques

Industriales y disponibilidad de suelo) e inmateriales (elaboración de planes y proyectos, acceso al I+D, etc.).

- Ayudas a la inversión y financiación, con frecuencia el mundo de las ideas y la imaginación no guarda relación con la capacidad de inversión y las posibilidades financieras. La falta de recursos para los que comienzan. Para los que emprenden y que no cuentan con garantías, ahogan iniciativas con viabilidad técnica. Por el lo es necesario articular “Fondos de Lanzamiento” (Fondos para la iniciativa local) cuya garantía esté depositada en la propia viabilidad de la iniciativa y que podrán reintegrarse con futuros beneficios. En este caso pueden jugar un papel importante las entidades de ahorro locales.

- Mejora del entorno administrativo y fiscal de la empresa, no sólo a costa de los impuestos locales.

- Ayudas indirectas a través de la formación profesional ocupacional y la formación continua.

3.- Educación y Formación.

En la actualidad el dominio de los conocimientos, la practica profesional y la

información desempeñan un papel decisivo en las posibilidades de empleo. Las acciones a desarrollar en este ámbito se orientan a coordinar y aplicar desde el ámbito local:

- Una gestión integrada y una mejor articulación entre la F.P., F.P.O. y la

demanda del entorno empresarial que, permita, a su vez, una coordinación real entre toda las Administraciones y Entidades implicadas en la educación y la formación, con una concesión integral del desarrollo de la persona.

- Adecuación de la F.P.O. a sectores emergentes y de futuro. - Impulsar la especialización y la F.P. continua. - Anticipación a los cambios del entorno productivo. - Establecer programas relacionados con los caminos de inserción

personalizados. - Consolidar la igualdad de oportunidades. - Innovar en métodos y procedimientos para la formación que cuenten con la

práctica real en la empresa.

4.- El Medio Ambiente. Crecimiento sin efectos negativos y motor de empleo.

El aumento del número de desempleados representa de hecho uno de los mayores desafíos de la política económica europea. La protección medioambiental es percibida cada vez más como una de las posibles respuestas al problema del desempleo. Las pautas sostenibles de desarrollo pueden potencialmente crear nuevos empleos, porque implican muchas actividades intensivas ( manutención, reparación, reciclaje, recogida selectiva de tipos diferentes de desechos, etc.). Entonces, si por un lado la adopción de pautas sostenibles de desarrollo se ve obstaculizada por las barreras citadas, por otro lado su potencial de creación de nuevos puestos de trabajo puede representar una buena oportunidad para vencer el desempleo que aflige a nuestras sociedades.

La protección del medio ambiente es cada vez mas el complemento indispensable para un desarrollo económico y equilibrado que garantice el empleo a las generaciones futuras. Nuestra atención debe situarse en: el control ambiental, la calidad de los recursos –agua, aire, suelo-, el reciclaje de los residuos, y la protección de los espacios naturales.

5.- Innovación.

La innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico están expresamente relacionados con el desarrollo del sistema productivo y ambos tienden a reforzarse mutuamente. Nuestra tarea debe centrarse en procurar mecanismos de reequilibrio a favor de aquellas zonas con mayor desfase. Debemos impulsar la relación del territorio con los centros de investigación y parques tecnológicos procurando una transferencia real de conocimientos y experiencias de aplicación práctica. En este sentido la relación Administración Local-Universidad-Empresa es fundamental, por lo que debemos potenciar nuestra participación en convenios concretos y en las Fundaciones- Universidad-Empresa.

La investigación sobre comunicaciones avanzadas y aplicaciones telemáticas inciden en el teletrabajo, un instrumento de futuro para el empleo que se caracteriza por su flexibilidad en tiempo y lugar y al que debemos prestar especial atención. 6.- Desarrollo Local: una mirada estratégica.

Debemos considerarlo como un factor de proximidad, de acercamiento o la necesaria asignación de recursos y distribución del crecimiento económico general. Acercar el desarrollo al entorno vital mas inmediato supone concebirlo a partir de las características, económicas sociales y culturales propias que hacen que un territorio se conforme como una entidad homogénea.

Hemos de aprovechar todos los recursos existentes o potenciales impulsando las

iniciativas que incluyan un uso racional de los recursos locales, sin despreciar elementos exógenos. El éxito de estas acciones se relaciona con un necesario proceso de concertación derivado de una coordinación y participación permanente de los agentes locales.

Hemos de tomar conciencia de la necesidad de adoptar un enfoque de

planificación integral y estratégica orientada hacia objetivos concretos, que resalten los problemas a resolver, los retos a superar, las prioridades que debemos llevar a la práctica y los medios que deben utilizarse. La elaboración de estos planes, que deben caracterizarse por su sencillez, concisión y practicidad, necesitan de una estructura de negociación y participación de los agentes y organismos con capacidad de decisión y de acción que garanticen la cohesión de un proyecto colectivo. El cumplimento de estos planes, su propia elaboración, su seguimiento y evaluación y las modificaciones necesarias podrían sustentarse con la creación de un Consejo Económico y Social Municipal o de ámbito territorial local más amplio.

Entre las acciones concretas que deben plantearse como novedosas y con

influencia directa en la creación de empleo destacan: - Los nuevos yacimientos de empleo. - Las empresas de inserción. - La economía social. - El trabajo compartido (Tercer Sistema y Empleo). - La reorganización y la reducción del tiempo de trabajo.

Especial atención merecen los grupos de población especialmente vulnerables

que sufren día a día la marginación y la pobreza. En ellos debemos centrar nuestros mayores esfuerzos ya que ni contando con un escenario favorable de recuperación económica encuentran su oportunidad de integración sociolaboral.

Debemos aplicar en este caso el concepto de “Economía Solidaria” de “Empleo

Protegido”, poniendo en marcha programas de reinserción social, cualificación profesional y de prestación de servicio de interés general remunerados desde las administraciones. 7.- Infraestructuras.

Orientado a la mejora de las redes de transporte que faciliten la movilidad y su conexión con las redes exteriores, los sistemas de abastecimiento de energía en especial las calificadas como renovables, las redes de telecomunicación, las instalaciones paro la gestión de los recursos hídricos, los centros de tratamiento, reciclaje y reutilización de los residuos y la ordenación urbana alejada de elementos especulativos, en la que se incluyen la regeneración de espacios degradados.

Su existencia por sí sola no garantiza un desarrollo equilibrado pero sí se ve condicionada por ésta.

LA SOSTENIBILIDAD EN LOS MUNICIPIOS.

Un proceso de desarrollo es definido “sostenible” si satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus necesidades propias, es decir, las decisiones actuales no deberían producir consecuencias irreversibles en el futuro y corresponde a los gestores públicos ser los garantes de los intereses de las actuales generaciones, pero también de las venideras. La función que adquieren los recursos naturales en cualquier territorio, y en especial en el municipal, es de vital trascendencia para el desarrollo sostenible.

Por tanto en una sociedad que es cada vez más consciente de los problemas medioambientales y en la cual el hábitat más común es, y será por mucho tiempo, la ciudad un problema importante es el de identificar las características que permitan pautas sostenibles de vida urbana. Desde esta nueva perspectiva, el problema de las pautas sostenibles en contextos urbanos se vuelve en el problema de satisfacer las necesidades de los residentes con tal de que se guarde intacta la integridad y la productividad de los sistemas ambientales sobre los cuales está fundada la vida urbana. URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE.

El siglo veinte se ha caracterizado por la explosión de la urbanización a gran escala y, simultáneamente, por la explosión en la ciudad moderna de grandes fuerzas en conflicto, debidas al crecimiento desproporcionado y no planificado.

En particular, la ciudad se ha vuelto escenario de un gran conflicto entre la posibilidad de influir de una manera positiva sobre los problemas relacionados con el desarrollo humano y con los servicios sociales, y la realidad de áreas cada vez mayores de pobreza, segregación y condiciones de vida intolerable.

A este ámbito de actuación, el municipal o local, se refieren también la Carta de Aalborg (primera referencia europea a la aplicación local de los principios de sostenibílidad emanados de la Conferencia de Río) y el Libro Verde sobre el Medio Ambiente Urbano de la Unión Europea, documentos todos orientados al diseño de mecanismos para impulsar o promover la aplicación de estrategias urbanas integradas, específicas para cada ciudad o municipio, y orientadas hacia la sostenibilidad.

Pero cuando hablamos de Municipios, de "lo local" ¿entendemos todos lo mismo?. Frente a quienes mantienen que todas las formas de administrar son iguales, el concepto de Ayuntamiento que expresamos aquí no es el de una Administración desideologizada; no se refiere sólo al término municipal, a la ejecución de unas obras, al papel de espectador de la realidad económica y social.

Más bien comprendemos al Ayuntamiento como una voluntad colectiva, un

proyecto de convivencia, una elección bajo la ética de la responsabilidad de trabajar por el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. Y ahí entra de pleno este concepto que hemos introducido de sostenibilidad. Concepto que no sólo afecta al medio ambiente. La impregnación de la conciencia de hacer sostenible toda la actividad humana abarca a cualquier faceta que pueda poner en contacto, o en colisión, los recursos naturales y territoriales con el lícito afán de progreso a través de la acción de las personas.

Y el urbanismo, como una faceta de transformación territorial dentro del ámbito

territorial más genuino y singular, el del municipio o la ciudad, es uno de los elementos a tener más en cuenta a la hora de conciliar el interés general, el particular (que en este caso es de suma importancia dentro de la actividad económica de las poblaciones) y la garantía del respeto a un desarrollo sostenible que compatibilizara los recursos naturales (suelo, paisaje, accidentes geográficos, ecosistemas, riqueza biológica...) con el progreso humano.

La sostenibilidad es un motor para la búsqueda de núcleos de población donde la

calidad de vida se convierta en el punto hacia donde hacer confluir todos las políticas urbanas.

En la normativa sectorial vigente, relacionada con el urbanismo y el desarrollo sostenible, por la que se atribuyen competencias a las Corporaciones Locales, cabe destacar el Programa de Medio Ambiente Urbano en Ciudades de más de 50.000 habitantes, elaborado por la Junta de Andalucía.

Su principal objetivo es proporcionar a los responsables de actuaciones en el ámbito urbano una serie de herramientas para el diseño de planes o estrategias locales dirigidas a mejorar la calidad ambiental de aquellas.

En un futuro inmediato, este tipo de acciones, y más sí han sido elaborados con los criterios avanzados en la Agenda 21, podrán ser acometidas con cargo a los fondos derivados del nuevo Marco Comunitario de Apoyo para el periodo 2000-2006.

La combinación de la filosofía de Desarrollo sostenible con la puesta en practica de un modelo de urbanismo que anteponga el beneficio colectivo de cara a una mayor calidad de vida y bienestar de los ciudadanos de mis municipios, debería tener en cuenta algunas consideraciones como las que siguen:

A) La asunción de modelos de sostenibilidad constituye un proceso de larga duración que requiere el mantenimiento de los apoyos a esta nuevas maneras de desarrollo social y económico a lo largo del tiempo.

B) La financiación del desarrollo sostenible es, en ocasiones, más costosa

que el modelo tradicional. Esto hace que las Administraciones Locales deban ser especialmente reivindicativas frente a las de índole superior, por cuanto estas últimas han de valorar y dotar a los Ayuntamientos de unos

medios adicionales que hasta ahora no eran contemplados. Esto puede ser particularmente válido en el terreno de un urbanismo no desarrollista sino integrado con la población de su entorno biofísico.

C) Los nuevos modelos de planificación, tipo de Agenda 21, ya son de hecho

las puertas y el argumento para la demanda de ayuda financiera que necesitan estos proyectos. De modo paralelo, la elaboración de planes urbanísticos bajo la cultura de la sostenibilidad debería estar especialmente mirados por el resto de las administraciones cara a una inicial compensación de costes, que se antoja necesario sí queremos que la presión de la economía de mercado no puede con estos inicios de este proceso que debería ser irreversible.

D) El grado de éxito o fracaso de estos procesos, y en el caso particular del

Urbanismo es cada vez mas claro, dependerá entre otros factores del grado de compromiso adquirido por los agentes sociales e institucionales, tanto en los iniciales procesos de planificación como los posteriores de gestión.

ECOLOGÍA URBANA.

Las ciudades y las áreas residenciales son los marcos de un enorme flujo de materia prima, energía y otros recursos. Esto origina un problema considerable de impacto medioambiental. Hay que cambiar muchos procesos laborales, reciclar productos, desarrollar nuevas tecnologías y romper con viejos hábitos.

Actualmente el concepto de ecología urbana tiene cada día mayor importancia.

Pensar y actuar según pautas ecológicas sostenibles implica:

1.- Utilizar recursos renovables. 2.- Reciclar y reutilizar productos y materiales. 3.- Devolver los materiales usados a la naturaleza, de manera que no contaminen el medio ambiente.

El cambio a la ecología urbana tiene que basarse en el estado actual de nuestras ciudades, y comprende la renovación urbana y las actividades de la nueva construcción, además de la planificación de las infraestructuras técnica para la gestión de energía, agua, aguas residuales y residuos sólidos.

En términos muy generales se pueden identificar cuatro tipos diferentes de

barreras que impiden la aplicación y el desarrollo de soluciones sostenibles al problema de la ecoogía urbana:

- Barreras económicas: Mientras que el sistema económico enfatiza la

búsqueda del provecho a corto plazo, los modelos sostenibles de desarrollo pueden ofrecer únicamente las perspectivas de un provecho a plazo mucho más largo.

- Barreras tecnológicas: Las soluciones económicamente viables a problemas

como el reciclaje y la reutilización de productos y materia prima, y la devolución de material usado a la naturaleza de una manera que no contamine el medio ambiente, a veces son simplemente imposibles técnicamente. En estos casos las barreras se pueden reducir con un aumento de actividades I+D orientadas hacia soluciones sostenibles a los problemas medioambientales.

- Barreras políticas: Son debidas principalmente a la fuerza de los grupos de

presión (industriales, políticos, financieros, etc.), cuyos intereses económicos pueden verse dañados por un cambio de los modelos actuales de desarrollo.

- Barreras culturales: Dependen de un factor que se puede llamar

“paradigma de la inagotabilidad”, que parece dominar la cultura social actual. Las personas se muestran algo reluctantes a romper con sus propios hábitos y su manera de considerarse en relación con el medio ambiente: sobre todo a nivel individual, no se consideran parte de un sistema medioambiental limitado y finito.

LÍNEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA.

1.- Definición del crecimiento y favorecer la rehabilitación integral del territorio. 2.- Favorecer la integración, convivencia y calidad de la población residente. 3.- Preservar el patrimonio natural terrestre y marítimo. 4.- Recuperar el patrimonio histórico, cultural y natural. 5.- Impulsar la rehabilitación integral de los núcleos de población residenciales y turísticos. 6.- Buscar equilibrio de crecimiento y calidad sostenible. 7.- Mejorar transporte público y favorecer los desplazamiento peatonales y en bicicleta. 8.- Introducir un gestión sostenible en los sectores ambientales claves. 9.- Invertir en recursos humanos y del conocimiento, dinamizar y diversificar el sistema económico. 10.- Modernizar la organización municipal y ampliar la capacidad de inversión público-privada concertada.

V.- LA CULTURA COMO BASE DEL PROGRESO LOCAL. LA CULTURA COMO FACTOR DE DESARROLLO LOCAL.

La creciente importancia de la cultura como factor de desarrollo regional, se pone de manifiesto en el análisis de este sector desde una perspectiva económica. Ésta, que aparece como nueva visión de la cultura, sirve para potenciar sus pilares conceptuales e ideológicos.

Es preciso poner de manifiesto las razones que aconsejan la inclusión de la

cultura en el grupo de factores determinantes del desarrollo regional de una región, y en este caso, de Andalucía. A lo largo de esta exposición se tendrá en cuenta a la cultura en su doble faceta de patrimonio histórico y monumental, y de actividad cultural, sin olvidar los conceptos de industria y servicios culturales.

La cultura posee un potencial intrínseco para la creación de empleo: industria de manifestaciones culturales y recreativas, nuevos sectores creadores como el cine y el vídeo, nuevas formas de industria cultural, el sector audiovisual, y el turismo cultural, forman parte de lo que hoy se conoce como los nuevos yacimientos de empleo.

La cultura supone un valor añadido para el turismo: hay que cuidar la materia prima, que en este caso es el patrimonio y la industria cultural. Fomentar el mantenimiento y acrecentamiento del patrimonio y la inversión en infraestructura cultural es un soporte necesario para la sostenibilidad de la industria turística.

Andalucía es puerta de entrada y lugar de integración social y cultural de los emigrantes hacia Europa. El papel positivo que el Libro Blanco concede a la cultura en la promoción de la integración social, contribuyendo así a la cohesión social, adquiere todo su valor en Andalucía. El fortalecimiento de la dimensión cultural se considera base de la integración, la cual sólo podrá lograrse si se apoya al mismo tiempo la diversidad cultural y se promueve el conocimiento y la comprensión de las diferentes culturas. Como puerta de entrada hacia Europa, Andalucía recibe a emigrantes del Magreb. Al mismo tiempo, atrae a ciudadanos europeos y a los propios emigrantes andaluces que pueden retornar, por lo que ofrece un marco único para favorecer la cooperación cultural, creando una base que fundamente la cohesión social entre los ciudadanos y los pueblos, contexto éste en el que el patrimonio cultural andaluz tiene una creciente importancia.

EL SECTOR CULTURAL CONSIDERADO EN EL ENTORNO DE LA UNIÓN EUROPEA.

Numerosos documentos comunitarios vienen resaltando el papel de la cultura como motor de desarrollo regional y local.

La creciente importancia de la cultura para el desarrollo regional debe apreciarse tanto en el contexto de la reestructuración de la economía como en cuanto resultado de la evolución de los modos de vida. Con esta perspectiva, el sector cultural debería explotarse aún más, con el fin de reforzar y diversificar el potencial de desarrollo local y regional, tanto de las regiones menos favorecidas, como de aquellas afectadas por los cambios estructurales.

Puesto que a menudo la cultura se trata independientemente de otros factores de desarrollo, será útil considerarla cada vez más como un elemento de pleno derecho de las estrategias de desarrollo regional y local del mercado laboral... (Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. "Política de Cohesión y Cultura. Una Contribución al Empleo").

El Comité de las Regiones ha tenido ya la oportunidad de afirmar que la cultura siempre debería ocupar un lugar central en el desarrollo regional: El Comité de las Regiones hace hincapié en que cada programa de desarrollo regional incluya explícitamente una dimensión cultural y una parte dedicada al desarrollo cultural basada en el potencial y las necesidades locales y regionales propias. De hecho, considera que no sólo contribuyen al desarrollo los factores económicos sino que incluso los factores culturales concurren para fomentar e impulsar el fortalecimiento del desarrollo socioeconómico...(Proyecto de Dictamen del Comité de las Regiones sobre la "Política de cohesión y cultura. Una contribución al empleo”). LA CULTURA COMO BASE DEL PROGRESO DE LOS MUNICIPIOS EUROPEOS.

El aspecto cultural es una de las armas efectivas con la que cuentan los municipios para lograr ese su primer objetivo que es la Cohesión económica y social. Recordaremos aquí las siguientes ideas expresadas por la Comisión Europea. “La importancia triple de la cultura para el desarrollo regional: 1) fuente de empleo, 2) factor decisivo para la localización de nuevas inversiones, 3) papel positivo en la promoción de la integración social, contribuyendo así a la cohesión social.”. Igualmente se dice que la cultura invade además los ámbitos social y económico, cumpliendo una importante función ante los nuevos desafíos de la Comunidad, como la universalización, la sociedad de la información, la cohesión social o la creación de empleo.

A esto debemos añadir las palabras del Comité de las Regiones, expresadas en

su Dictamen de 13 de mayo de 1998, "es necesario que las ciudades inviertan en infraestructura cultural, en el sector productivo de la cultura y en el desarrollo de los recursos humanos para satisfacer las necesidades de desarrollo". Ya la Comisión, desde 1997, se expresaba del siguiente modo: "Para crear y mantener la cohesión europea se necesitan sobre todo personas dedicadas a la cultura y estructuras culturales, es decir, artistas e instituciones culturales". LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL.

La infraestructura cultural es una de las infraestructuras de apoyo a la actividad productiva. En un primer diagnóstico de la infraestructura cultural andaluza, encontramos importantes carencias en las ciudades medias, que constituyen precisamente el eje del desarrollo económico de Andalucía. Sabiendo que las ciudades más importantes basan gran parte de su actividad productiva en la materia prima patrimonial y cultural, es necesario incidir en el desarrollo cultural de las ciudades pequeñas y medianas. La inversión en este punto se considera especialmente rentable por varias razones como la especialización y competitividad de la nueva industria audiovisual y de la denominada industria de contenidos, la especialización del sector de la construcción en el caso de la conservación y restauración del patrimonio histórico y de la construcción y adecuación de espacios escénicos y teatrales, y el factor de atracción para la inversión y para el turismo que supone una infraestructura cultural avanzada y rica.”

EJES DE APLICACIÓN DE LA ACCIÓN CULTURAL A NIVEL LOCAL.

- Activar desde las Entidades Locales andaluzas iniciativas que fomenten un concepto de cultura como desarrollo de valores ciudadanos, persiguiendo conseguir más democracia, más pluralismo, más tolerancia, más mestizaje, en definitiva más participación.

- Promoción del potencial productivo y de las PYMES culturales. - Desarrollo de la sociedad del conocimiento: información, investigación,

innovación del sector cultural local. - Valorización de recursos humanos y empleo en el ámbito de la cultura. - Promoción de la igualdad de oportunidades y de la cohesión social desde la

cultura. - Medio ambiente y desarrollo rural. - Recuperación del patrimonio histórico local. - Nuevas demandas sociales = nuevas ocupaciones desde el ámbito cultural.

PATRIMONIO HISTÓRICO Y EL DESARROLLO LOCAL.

Dentro del marco económico europeo, se puede afirmar que es el sector servicios el que, actualmente, presenta más mutaciones. Los nuevos hábitos de consumo en Europa, cambios espectaculares en las formas de actividad económica y empleo, el extraordinario desarrollo de nuevas tecnologías, la crisis del sector agropecuario y la desindustrialización de muchas regiones europeas, han convertido al sector servicios en el único con capacidad de crecimiento real, en 14 de los 15 estados de la Unión Europea, en el último decenio.

De otro lado, dentro del mencionado sector, las actividades relacionadas con la

cultura, el turismo y el ocio han centrado gran parte de la atención de esta transformación, convirtiéndose en piezas claves del desarrollo socioeconómico de numerosos municipios y regiones europeas en los últimos años.

En este sentido, el patrimonio cultural y natural europeo se convierte en recurso

estratégico de las inversiones en infraestructura, en instrumento de planes para la mejora de la calidad de vida de la población y eje de campañas de promoción y comunicación de un determinado territorio. Pasando, de ser referencia de un ámbito científico o estético a convertirse en otro, de carácter económico, capaz de generar riqueza y empleo.

Como horizonte y punto de referencia del ámbito europeo, podemos apuntar las tendencias que se están consolidando en los países más desarrollados en relación a la gestión del patrimonio cultural y natural a nivel local:

- Utilización del patrimonio como instrumento de desarrollo económico: los bienes culturales y naturales se integran en la planificación económica y territorial y constituyen un motor de crecimiento y de creación de puestos de trabajo.

- Fomento del turismo cultural y de las estrategias de desarrollo de productos patrimoniales de carácter territorial.

- Desarrollo de nuevas demandas profesionales: se renuevan las profesiones y se desarrollan nuevas especialidades (la Unión Europea, por ejemplo, se plantea la necesidad de favorecer la formación de gestores, paralelamente, a los especialistas en conservación y rehabilitación del Patrimonio).

- Aparición de nuevas formas de gestión, más descentralizadas y autónomas en relación con las Administraciones Públicas. Estas fórmulas, en muchos casos, tienden a superar la dicotomía público-privado.

- Introducción de criterios de excelencia y calidad total en la gestión (control de eficacia y eficiencia, indicadores de gestión…).

- Diversificación de las fuentes y formas de financiación (comercialización de productos derivados, fomento del patrocinio y mecenazgo, redes y paternariados, etc.).

- Utilización de nuevas tecnologías y medios de comunicación. Adaptación a nuevas técnicas y lenguajes.

En España y en Andalucía, en cambio, nos encontramos aún en un contexto

caracterizado por la insuficiencia de los recursos económicos aplicados a su extenso patrimonio histórico, una infrautilización de sus potencialidades culturales, económicas y sociales, una dependencia absoluta de los presupuestos públicos y un peso específico muy limitado del sector privado. EL PATRIMONIO HISTÓRICO COMO FUENTE DE EMPLEO.

El Patrimonio Histórico es fuente directa de empleo tanto de personal con alta cualificación científica en materia de arqueología, etnología o historia del arte (tradicionalmente ligado a la docencia) como de oficios artesanales (cantería, forja, carpintería, estucados, etc.).

Este potencial de crecimiento ha llevado a la Unión Europea a considerar al Patrimonio como uno de los 17 yacimientos de empleo del sector Servicios, con más perspectivas de futuro, tal y como lo describe el documento de trabajo de los Servicios de la Comisión “ Las iniciativas locales de desarrollo y empleo”. - Sec (95)564.

Concretamente, un potencial de desarrollo del empleo en tres grandes áreas: adecuación y restauración de los recursos patrimoniales, acciones de difusión y trato con el público, así como servicios de funcionamiento y de gestión del patrimonio. EL PATRIMONIO HISTÓRICO Y LA LOCALIZACIÓN DE NUEVAS INVERSIONES.

La mejora de la imagen y del atractivo de una región guarda una relación directa con su Patrimonio Histórico. El entorno cultural constituye cada vez más un factor relevante en la atracción de inversiones, particularmente en los sectores modernos e innovadores, donde las decisiones relativas a la elección del lugar de vida y de trabajo están estrechamente vinculadas. En un mundo donde la movilidad está en aumento, las decisiones en materia de localización de inversiones tienen en cuenta atractivos como el entorno cultural o natural cuando han de escoger entre diferentes enclaves. La potencialidad del sector cultural como generador de empleo se recoge en el denominado “Libro Blanco de Delors”, donde el Patrimonio aparece como uno de los nuevos yacimientos de empleo en proyección. De forma expresa, en el Avance del Plan General de Bienes Culturales, de esta Consejería de Cultura se indica que: “el Patrimonio es un recurso económico que, integrado en planes y programas de desarrollo, ofrece efectos positivos en la generación de empleo y riqueza”.

EL PATRIMONIO HISTÓRICO COMO FACTOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA. El Avance del Plan General de Bienes Culturales, de esta Administración, reconoce a la Cultura, no como un instrumento, sino como un recurso para el desarrollo, tanto económico, como - y sobre todo- social, que contribuye a una mayor cohesión e identificación de sus habitantes en el territorio, e incide en la mejora y en la calidad de vida de los ciudadanos. En este sentido es necesario potenciar permanentemente el voluntariado cultural como forma activa de participación real en las acciones de difusión e información en el ámbito del patrimonio cultural. La actuación sobre el Patrimonio Histórico despliega su máxima eficacia cuando se integra en una estrategia de desarrollo sostenible. En este sentido, las iniciativas de desarrollo local, receptoras de financiación europea procedente de los fondos estructurales, son un magnífico instrumento de valorización de recursos culturales. El Patrimonio Histórico se integra en las estrategias de desarrollo urbano, pues las infraestructuras culturales refuerzan el atractivo físico y mejoran la calidad de vida local. Por otra parte, en las zonas rurales de explotación del patrimonio cultural, ofrece nuevas posibilidades en la lucha contra la despoblación y el abandono de los pueblos, atrayendo actividades económicas complementarias. Parece necesario, de un lado, apoyar e incrementar los programas de ayuda para la adecuación de infraestructuras turísticas y puesta en valor de monumentos y lugares patrimoniales; y de otro, integrar a la Comunidad Autónoma Andaluza en programas y acciones transnacionales que permitan el establecimiento de redes de cooperación a partir del reconocimiento de la diversidad cultural europea y de la realidad histórica en que se cimentan. Contribuyendo a la cohesión social entre regiones, y beneficiándose de los presupuestos globales de los Medios Comunitarios de Apoyo de la Unión Europea. Todo ello, previa realización de estudios que midan el impacto económico, ambiental y social del desarrollo turístico, tanto en núcleos urbanos, como en zonas rurales, cuidando de no sobrepasar los límites o capacidades de carga física, ambiental, y diseñando una oferta complementaria de servicios atractiva y respetuosa con el entorno de las tradiciones locales. DEMANDAS DESDE LO LOCAL PARA HACER DE LA CULTURA UN MOTOR DE PROGRESO. Incremento de las inversiones en materia cultural por parte de las diferentes Administraciones Públicas, tanto en la mejora de las infraestructuras como en las diferentes programaciones culturales. Potenciación de los circuitos concertados entre la Junta de Andalucía y las Diputaciones y Ayuntamientos.

- Aumentar las inversiones en materia de conservación y puesta en valor del patrimonio local, con fondos provenientes tanto de las diferentes Administraciones andaluzas como de los fondos de los diversos programas europeos de apoyo al desarrollo regional. - Mejorar la actual oferta formativa de los profesionales de la cultura en las Administraciones Locales desde programas concertados con las demás administraciones. - Dedicar un considerable esfuerzo a identificar las oportunidades de crecimiento del sector cultural tanto en empleos como en nuevas empresas de servicios especializados. - Poner en marcha iniciativas de gestión y de dinamización de carácter innovador, dando participación a la iniciativa privada , a las organizaciones no gubernamentales y a las organizaciones profesionales junto a las Administraciones Publicas. - Ampliar los niveles de financiación de programas de conocimiento, protección, conservación y difusión del patrimonio, especialmente aquellos que refuercen la creación y consolidación de las capacidades locales de gestión y eliminen las dependencias de los Ayuntamientos de otras Administraciones. - Desarrollar nuevos instrumentos de protección del Patrimonio desde lo local y aplicar la legislación vigente con criterios de subsidiariedad. - Contemplar el Patrimonio Histórico y los valores culturales locales como un recurso básico del desarrollo de los territorios, enmarcando dichos recursos en plano de igualdad con los demás en planes integrales estratégicos. - Incentivar las inversiones privadas y la participación de la sociedad en la actividad cultural , no solamente como espectadores, sino por supuesto como protagonistas de la cultura desde el fomento de la creación y el respeto . - Reconocer que es en lo local en donde se producen las grandes acciones culturales de creación , de conservación , de innovación , y es desde lo local por tanto desde donde se deben impulsar las acciones de promoción de la cultura en todas sus vertientes. - Transferir a las Administraciones Locales las capacidades técnicas, metodológicas y financieras para hacer posible la cultura en su territorio natural, sin cortapisas ni dependencias, sino con colaboración y lealtad. - Reforzar nuestros valores culturales con espíritu incluyente y respeto a lo distinto, así como fomentar y promover acciones de difusión y conocimiento de las expresiones culturales propias y del flamenco como peculiar aportación de Andalucía a la cultura universal. VI.- LA MOVIDA JUVENIL. La llamada movida juvenil se plantea a menudo como un enfrentamiento entre derechos: el derecho al descanso, a unas calles limpias, sin ruidos, frente al derecho de divertirse de una gente joven que ha cambiado sus hábitos de ocio y que tiene en la actualidad la tendencia a concentrarse en determinadas zonas de nuestros pueblos y sobre todo ciudades, en las “zonas de la movida”. Pero no necesariamente estos derechos han de verse enfrentados. Solo es su manifestación actual la que incompatibiliza estos derechos. Si somos capaces de plantear las alternativas necesarias pueden ser absolutamente compatibles ambos derechos. Para ello es necesario que los Ayuntamientos den respuesta a los distintos

factores que inciden en la movida: ubicación de la misma, servicios necesarios para evitar el mal uso de nuestras vías públicas (urinarios públicos por ejemplo), horarios de apertura de los establecimientos, venta de bebidas alcohólicas y su consumo en las calles, seguridad en estos lugares de ocio, limpieza, etc. Y lógicamente, lo más importante es proponer alternativas a la cultura de la botellona, sin que esto signifique hacer ninguna cruzada contra la misma. No se trata tanto de evitar la actual movida, como de promover actuaciones alternativas en materia de cultura, deporte y ocio que permitan poder elegir entre diferentes opciones. Para ello debemos utilizar no solo los locales tradicionales de los que disponemos en los municipios. Tenemos también que dar utilidad a los Colegios Públicos, Institutos, Instalaciones Deportivas, Bibliotecas, etc. y probablemente replantearnos los horarios de apertura de los mismos. VII.-LA SEGURIDAD CIUDADANA. La seguridad es una de las materias que los ciudadanos más demandan de los poderes públicos, por su fuerte incidencia sobre la calidad de vida, y la Administración Local debe jugar, cada vez más, un importante papel en su consecución puesto que, su cercanía al ciudadano le da posibilidades de tener un conocimiento directo de las raíces de la delincuencia. La mejor actuación contra esta delincuencia es la prevención, con formación, educación, coberturas socioeconóomicas, políticas activas sobre colectivos de “riesgo”, etc; y la mejora de los mecanismos de respuesta ante situaciones de inseguridad, para instrumentalizar esto, los municipios han realizado un esfuerzo en la ampliación de los efectivos humanos y materiales de las Policía Locales, así como, en la selección y formación de éstos para dar respuesta a esta calidad de servicios que los ciudadanos demandan. La seguridad no puede prescindir de una ágil Administración de justicia como garantía de los derechos constitucionales y para la potenciación de la prevención es clave aportar por los servicios de protección civil. Por todo ello, se proponen las siguientes Resoluciones: Policía Local. 1.- Revisar la legislación en materia de Seguridad Ciudadana para mejorar el modelo policial, especialmente para una mayor coordinación de todos los cuerpos de seguridad y un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales de éstos, dándole a la Policía Local un carácter más acentuado como Policía Asistencial de contacto con los ciudadanos y actuando preferentemente para garantizar el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales.

2.- Regular legalmente la posibilidad de establecer convenios entre los distintos Cuerpos de Seguridad que existan en cada municipio, en aras siempre de la eficacia que supone las actuaciones conjuntas de todos los efectivos casi como cuerpo único con un solo objetivo: la seguridad de los ciudadanos, con la preferencia de actuaciones para la Policía Local expresada en la Resolución anterior. 3.- Mejorar la actual Ley de Coordinación de los Policías Locales de Andalucía, especialmente, en las materias siguientes:

3.1.- Agilizar la ampliación de plantillas de la Policía Local y establecer las soluciones legales para paliar necesidades temporales de más efectivos, como en períodos de mayor afluencia turística, mediante la figura de policías interinos o en contratación temporal, así como impartiendo más cursos básicos para policías en prácticas y que estos, tengan menos horas presenciales en las Escuelas de Seguridad. 3.2.- Garantía de una permanente formación a través de la Escuela de Seguridad de Andalucía, acercando los cursos que en ella se imparten a las provincias y comarcas. 3.3.- Buscar fórmulas que regulen la posibilidad de que la Policía Local pueda prestar servicios de paisano y prestar temporalmente servicios en otros municipios, para determinadas actuaciones y en las circunstancias de los territorios de algunas localidades. 3.4.- Que el texto legal contenga la posibilidad de movilidad al menos de la Escala Técnica y Ejecutiva de la Policía Local. 3.5.- Que el texto final de esta Ley sea consensuado al máximo con los municipios andaluces a través de la FAMP y aprobado por el Parlamento Andaluz antes de que finalice esta legislatura.

4.- Reglamentar las Juntas Locales de Seguridad para hacer de éstas el verdadero órgano de coordinación y participación. 5.- Apoyar un modelo judicial más ágil que el actual, con especial atención a los juicios rápidos para delitos menores, en definitiva, establecer unas fórmulas procesales penales que permitan una reducción del procedimiento ante una acción delictiva. 6.- Instar a la Dirección General de Tráfico para que instrumentalice un procedimiento para poder acceder de inmediato a la identificación de vehículos, desde los terminales informáticos de la Policía Local. Así como de dotarse de más medios, vehículos radar o etilómetros , que poner a disposición de los ayuntamientos. 7.- Crear unos órganos que sean Junta Provinciales, y Comarcales en algunos casos, de Seguridad que coordinen las actuaciones de los Cuerpos de Seguridad en la Provincia o Comarca.

Protección Civil. 1.- Solicitar de la Comunidad Autónoma partidas presupuestarias para que todos los Ayuntamientos realicen sus planes de emergencia, y también para que las Delegaciones Provinciales del Gobierno de la Junta de Andalucía elaboren Planes Provinciales y Comarcales de Emergencia, con la dotación de medios materiales para posibles riesgos de catástrofes o calamidades en la población y bienes, todos estos planes de emergencia integrados en el Plan Territorial de Andalucía. 2.- Establecer cursos de formación para profesionales voluntarios y población en general, que den respuesta eficaz ante una emergencia, así como campañas de información para los ciudadanos, manteniendo actualizado el estudio de riesgos en los municipios. 3.- Fomentar el voluntariado social, incentivando la creación de estos colectivos facilitando espacios de ocio donde puedan realizar actividades culturales, deportivas, etc., como complemento a su formación en materia de protección civil. 4.- Apoyar cualquier acción para la lucha contra los incendios forestales, principalmente con una política de prevención articulada a través del plan INFOCA. 5.- Acometer las inversiones necesarias para eliminar los riesgos previstos en el Plan de Prevención Contra Avenidas e Inundaciones en Núcleos Urbanos, al ser estas una de las catástrofes que más vidas se cobran en nuestra región. VIII.- PROPUESTAS PARA EL PROGRESO SOLIDARIO DESDE LA FAMP. ESTRATEGIAS Y MEDIDAS PARA CONSOLIDAR Y DESARROLLAR LOS SERVICIOS SOCIALES EN ANDALUCÍA.

El desarrollo competencial adecuado y la suficiencia financiera para el desempeño de las funciones que legalmente tienen atribuidas las Corporaciones Locales en materia de Servicios Sociales son los dos ejes fundamentales que se establecen desde antes de la 3ª Asamblea General de la FAMP.

En la 4ª Asamblea de la FAMP se reconoce la consolidación de los Servicios Sociales en los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales, al menos en cuanto a la Red Básica o Comunitaria y el importante papel que ha tenido el denominado "Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Corporaciones Locales".

No obstante quedan pendientes determinados aspectos básicos que son imprescindibles abordar en un futuro inmediato para avanzar en el desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales; el desarrollo normativo, la delegación de competencias, la transferencia de financiación y recursos, etc., aspectos que ya se apuntaban en anteriores Asambleas de la FAMP y sobre los que no se ha avanzado al ritmo que las necesidades sociales y los ayuntamientos han demandado.

La descentralización ha sido una idea unida desde sus inicios, al nuevo concepto

de Servicios Sociales, hasta convertirse en algo consustancial a la gestión de los mismos, y en una de sus señas de identidad más características. Una idea institucionalizada en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, en la Ley Autonómica de Servicios Sociales, así como en el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. REFERENCIAS Y ESTRATEGIAS DE LA FAMP PARA CONSOLIDAR LOS DERECHOS SOCIALES BÁSICOS.

Se propone que se fomente en las Corporaciones Locales como compromiso, en sus actuaciones en materia de Servicios Sociales.

El garantizar, con niveles óptimos de racionalidad y calidad en su gestión, un nivel efectivo de Prestaciones Básicas integrado en estrategias de desarrollo económico y tecnológico, sobre un hábitat que favorezca una convivencia humana positiva, y en el entorno de una cultura ciudadana de solidaridad.

Cinco líneas estratégicas concretan estas propuestas:

1ª. - Consolidar, desarrollar y generalizar los derechos sociales en todo el territorio andaluz y para todos sus habitantes. 2ª. - Integrar las medidas de protección social básica con la dimensión productiva de los servicios sociales, que genere efectos positivos para toda la población mediante la generación de empleo y el desarrollo tecnológico. 3ª. - Incorporar la experiencia de los servicios sociales a los diseños urbanísticos, para lograr hábitats humanos apropiados para la convivencia positiva, para prevenir la marginación y favorecer la inserción social. 4ª. - Impulsar una cultura ciudadana que se apoye en valores solidarios y de autoresponsabilidad. 5ª. - Promover la mejora constante de la racionalidad y de la calidad en la gestión de los servicios sociales.

COMPROMISOS Y MEDIDAS DE MAYOR IMPACTO PROPUESTAS POR LA FAMP.

Las medidas más importantes para desarrollar las antedichas estrategias, y que constituyen así las reivindicaciones de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias son las siguientes:

1ª. PROMOVER UN PACTO LOCAL EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES, entre el Gobierno de Andalucía, las Diputaciones Provinciales, Comarcas y los Ayuntamientos y Mancomunidades Andaluzas.

El contenido del pacto concretaría las atenciones y servicios que garanticen la cobertura del nivel básico de protección social que la Ley de Servicios Sociales de Andalucía determina para todos los habitantes de la Comunidad Autónoma, independientemente de su localidad de residencia.

Para ello se propondrá una revisión de la actual normativa, que permita agilizar el acceso a las diversas prestaciones y servicios, eliminando todas las trabas burocráticas no imprescindibles en su gestión, y que permita abordar los procesos de descentralización de recursos económicos, materiales y humanos a las Corporaciones Locales, para que puedan gestionar todos aquellos servicios y prestaciones que no requieran, por motivos estratégicos, una gestión supra-local.

Asegurar la financiación que garantice los Derechos Sociales y Prestaciones Básicas, concretando la participación del Estado - Administración Central, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales- a través de mecanismos estables y de nivelación de servicios. ( LOFCA, Pacto Local, Ley de Haciendas Locales, etc.).

Consolidar mecanismos estables para la financiación de la red, que trascienda definitivamente las fórmulas de subvención, mediante los acuerdos de transferencias a las Corporaciones Locales desde las Comunidades Autónomas, y el establecimiento de Convenios-Programa con las entidades sin ánimo de lucro.

Desarrollar la concertación y los procesos de descentralización de recursos económicos, materiales y humanos a las Corporaciones Locales. La delegación y transferencia de estos recursos debe realizarse bajo el principio de subsidiariedad y localismo. Es preciso eliminar el tópico de que lo "especializado" es de la Comunidad Autónoma y lo "general" de los Ayuntamientos. Descentralizar a las Corporaciones Locales todos los centros y servicios cuya gestión pueda ser asumida en ese ámbito, bien por razón de su competencia en la materia, o bien mediante mecanismos de delegación que garanticen en todo caso la necesaria capacidad económica para su gestión. 2ª. ELABORAR EL PLAN DE EQUIPAMIENTOS SOCIALES DE ANDALUCÍA, que determine objetivos, criterios y prioridades para establecer los diversos equipamientos y servicios en el territorio, su proyección temporal y sus previsiones presupuestarias. Del mismo modo establecerá la distribución competencial en cuanto a equipamientos y prestaciones, es una incoherencia que centros de similares características (como pueden ser centros de día para personas mayores, guarderías infantiles, centros de menores, etc.) se encuentren en un mismo municipio y los gestionen cada uno una Administración distinta.

Este Plan tratará de ordenar racionalmente las inversiones en Andalucía, de

manera que la ubicación programada de los servicios garantice la igualdad real de todos los habitantes en el acceso y uso de los mismos, por la proximidad a su lugar de residencia.

Dicho Plan, que se elaborará por el Gobierno Andaluz, contará con la

participación protagonista de las Corporaciones Locales. Así mismo se impulsará la participación de entidades sociales, Colegios Profesionales y de toda la ciudadanía, a cuyo efecto se someterá a exposición pública antes de su aprobación definitiva y posterior tramitación al Parlamento Andaluz. 3ª. ACTIVAR YACIMIENTOS DE EMPLEO. Los Servicios Sociales tienen una dimensión productiva, y son capaces de generar beneficios de desarrollo económico, tecnológico y de empleo para el conjunto de la población y del territorio andaluz.

Para ello se impulsarán iniciativas desde los Servicios Sociales, que proporcionen espacios de integración socio-laboral de personas y colectivos con especiales dificultades, para superar el asistencialismo y favorecer su autonomía económica, personal y social.

Se impulsarán Escuelas Taller, Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción para las personas y grupos con más dificultades de integración laboral, (disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, jóvenes, mujeres y parados mayores de 45 años).

Se aprovechará el impulso generador de empleo de los Servicios Sociales para lograr ocasiones de desarrollo económico y puestos de trabajo en el cuidado de personas dependientes, en la utilización creativa del ocio y de la convivencia (turismo, balneoterapia, actividades infantiles y juveniles, etc.) y en la investigación y el desarrollo tecnológico vinculado al sector. 4ª. PROMOVER ACUERDOS CON LA UNIVERSIDAD Y CON LAS EMPRESAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO DE TECNOLOGIAS vinculadas a los Servicios Sociales, y capaces de generar riqueza mediante su generalización en la actividad económica.

Particularmente se establecerán líneas de colaboración para investigar y desarrollar tecnologías que favorezcan la habitabilidad de las viviendas, en especial para personas con limitaciones en el hogar y en su vida personal y social.

Se vincularán a este empeño de investigación y desarrollo tecnológico, las posibilidades que ofrecen los fondos europeos, a fin de lograr que Andalucía pueda ser una Comunidad puntera en estas líneas de desarrollo tecnológico con tanta potencialidad para el progreso económico y la generación de empleo.

5ª. INCORPORAR INFORMES DE IMPACTO CONVIVENCIAL EN EL DISEÑO DE PLANES URBANÍSTICOS Y DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, dentro de las posibilidades legislativas que en este sentido permitan las competencias de la Comunidad Autónoma. Estos informes permitirán diseñar hábitats que favorezcan la convivencia humana positiva, y evitar acciones urbanísticas que generen riesgos futuros de marginalidad o exclusión, para prevenir conflictos futuros y la necesidad de intervenir para dar respuesta a situaciones que puedan ser evitadas si se realizan a tiempo los diseños adecuados. 6ª. LAS CORPORACIONES LOCALES SE COMPROMETERÁN A DESTINAR EL 0,7 % DE SUS PRESUPUESTOS PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO, como forma de legitimar su liderazgo en materia de sensibilidad ciudadana en torno a las necesidades de los países menos favorecidos, promoviendo, apoyando y canalizando iniciativas ciudadanas que involucren a los andaluces en un esfuerzo solidario que trascienda lo institucional. 7ª. SE ESTABLECERÁN SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN LAS 24 HORAS, que faciliten el acceso de todos los ciudadanos a las prestaciones y servicios a las que tienen derecho, y muy especialmente para dar cobertura permanente a situaciones de crisis personal o familiar y de malos tratos, que puedan requerir una intervención urgente en cualquier momento del día o de la noche, durante todos los días del año. 8ª. REFORMA DE LA ACTUAL NORMATIVA QUE REGULA LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS SOCIALES, PARA REDUCIR A LO IMPRESCINDIBLE LOS REQUISITOS BUROCRÁTICOS, QUE PERMITA UN ACCESO INMEDIATO A LOS MISMOS. Esta revisión de normativa afectará a todos los procedimientos de los Servicios Sociales, y en particular en el caso de las Ayudas Económicas de Emergencia y del Programa de Solidaridad (Salario Social), se tratará de lograr un sistema que permita el cobro inmediato de las prestaciones, sin que la consiguiente tramitación pueda retrasar dicho cobro, rigiendo en todo caso los criterios de solidaridad y eficacia. 9ª. INTEGRACIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIONES SOCIO SANITARIAS, PARTICULARMENTE EN EL CASO DE PROGRAMAS DOMICILIARIOS Y EN CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON AUTONOMÍA REDUCIDA O CON NECESIDAD DE CUIDADOS ESPECIALES. Para ello se procurarán los acuerdos necesarios entre los Servicios Sociales y Sanitarios, con posibilidad de disponer espacios comunes para la atención a los ciudadanos, integración de equipos socio-sanitarios, y complementariedad de los Servicios de Ayuda a Domicilio, Teleasistencias y atenciones sanitarias.

Se trata de lograr una calidad en la atención domiciliaria, ambulatoria y residencial de las personas con necesidad de apoyos socio-sanitarios, que facilite su uso a los destinatarios y que posibilite mayor eficacia y racionalidad en la atención.

10ª. PROPORCIONAR ATENCIONES ESPECIALES A FAMILIAS CUIDADORAS DE PERSONAS CON GRAVES PROBLEMAS DE AUTONOMÍA, para lo cual se ampliarán y diversificarán los actuales servicios domiciliarios, y se dispondrán centros de cuidados diurnos y temporales. 11ª. PROMOVER UN AMPLIO DEBATE SOCIAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS ADOLESCENTES, en el que conjunto a las instituciones sociales, educativas, sanitarias y otras, se impliquen con el protagonismo que les corresponde, los propios adolescentes y sus familias.

Dicho debate tratará de identificar y explicar los comportamientos adolescentes que más preocupan a las familias y a la sociedad, con especial atención a los riesgos del tiempo de ocio en fines de semana, el consumo compulsivo de alcohol y otras sustancias tóxicas, la violencia, los accidentes de trafico, etc. 12ª . ELABORAR PLANES INTEGRALES DE CARÁCTER SECTORIAL DIRIGIDOS ESPECIALMENTE A LAS MUJERES, LOS MAYORES, DISCAPACITADOS, INFANCIA, DROGODEPENDIENTES, MINORÍAS ÉTNICAS, E INMIGRANTES. Estos planes integrales deben de realizarse desde el consenso y con la participación de las Administraciones Públicas y los representantes de las asociaciones y colectivos. Deben de integrarse los servicios que se prestan en un determinado territorio -en lugar de coordinarse-, esto significa que no seria necesario que en un municipio donde existen dos centros de día de mayores dependientes uno de la Consejería de Asuntos Sociales y otro del Ayuntamiento, las actividades, las plantillas se coordinen, sino que el centro de la Junta se transfiera al Ayuntamiento y se integre en el Plan Integral que este Ayuntamiento desarrolle para las Personas Mayores; lo mismo se puede decir en cuanto a las guarderías infantiles, centros de infancia, salario social, etc. 13ª . SOLICITAR EL COMPROMISO DE FONDOS DE LA OBRA SOCIAL DE LAS CAJAS DE AHORRO QUE ACTÚAN EN ANDALUCÍA, para el cumplimiento de los Planes y Programas Sociales Municipales, de manera que a través de estos compromisos planificados, dichos Fondos alcance la mayor rentabilidad social en el conjunto del territorio y para los colectivos con mayores necesidades, aprovechando así parte de la riqueza y del ahorro que se genera en nuestra Comunidad Autónoma. 14ª . SE UNIVERSALIZARÁ LA PRESTACIÓN BÁSICA DE AYUDA A DOMICILIO COMO DERECHO SUBJETIVO DE LOS CIUDADANOS (personas mayores, discapacitados, familias monoparentales, etc.), que precisen estas actuaciones para el logro de su autonomía personal. Cuando esta prestación sea insuficiente, deberán existir centros residenciales donde se garantice la convivencia personal de esos ciudadanos y ciudadanas, para lo cuál se incrementaré el número de plazas residencias en todo el territorio andaluz.

15º PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS Y FAVORECER LA REHABILITACIÓN DE DROGODEPENDIENTES. Las actuaciones que se lleven a cabo en materia de drogodependencias en la Comunidad Autónoma de Andalucía, responderán a los siguientes principios:

- La consideración de las drogodepenencias como enfermedades con repercusiones en los ámbitos biológicos, psicológicos y sociales.

- La necesidad de promover hábitos saludables que favorezcan la cultura de la salud y la solidaridad, y el apoyo a las personas con problemas de drogodependencias.

- La necesidad de integrar las actuaciones en materia de drogodependencias en los sistemas educativos, sanitarios y de servicios sociales.

- La responsabilidad de las Administraciones Públicas en la planificación, desarrollo, coordinación y control de las intervenciones en materia de drogodependencias.

La prevención será el elemento clave de las actuaciones de la Comunidad

Autónoma en materia de drogodependencias. Estará orientada a la promoción de la salud, tanto individual como colectiva, a través de la promoción de valores y habilidades personales y sociales, en los ámbitos familiares, educativos, laborales y comunitarios.

Especial atención se dedicará a prevenir el consumo abusivo de alcohol, especialmente entre los adolescentes y jóvenes, por las graves consecuencias que está teniendo en aspectos sanitarios, de orden público, de violencia, accidentes de tráfico, etc.

Un consumo que afecta a adolescentes y jóvenes con especial incidencia en fines de semana, que se ha convertido en pauta aceptada y parte de las relaciones vinculadas al ocio y tiempo libre, y de cuyos riesgos no existe una adecuada percepción por parte de los propios jóvenes y adolescentes.

En materia asistencial se tendrán en cuenta:

- Garantizar la asistencia a los drogodependientes en condiciones de equidad con respecto a otras enfermedades.

- La oferta de tratamiento debe ser accesible y diversificada, basada en Programas individualizados y que se lleven a cabo, en la medida de lo posible, en contacto con su entorno familiar y social, y utilizándolos recursos del sistema sanitario público.

- Se propone elaborar proyectos experimentales con carácter local de dispensación de heroína, para aquellos enfermos toxicómanos que reúnan condiciones y características establecidas por los centros de la Red Pública de Atención al Drogodependiente.

En este sentido proponemos como modelo de actuación para la prevención y el

tratamiento de la drogodepencia el Proyecto desarrollado por la Diputación Provincial de Cádiz, que figura como anexo a esta Propuesta de Resolución. 16ª ESTRATEGIAS Y MEDIDAS PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES. Para posibilitar esta integración, la FAMP propone las siguientes medidas:

A) Exigir al Gobierno del Estado la reforma urgente de la Ley de Extranjería, para facilitar los trámites que permitan acometer con trabajadores extranjeros y sus familias, zonas del territorio andaluz y actividades económicas en las que existen graves déficit de población o de oferta de mano de obra.

B) Promover la creación de una Oficina Única para las gestiones que deban realizar

los trabajadores inmigrantes, aglutinando en la misma gestiones relacionadas con Trabajo e Interior, exigiendo un convenio con la Administración Central para posibilitar esta Oficina.

C) Promover la creación de la Oficina Única, que aglutine los cometidos de la

Delegación de Gobierno y el Ministerio de Trabajo, para facilitar a los inmigrantes regularizar su residencia en la Comunidad Autónoma.

D) Crear una red estable de atención a trabajadores temporeros en el medio rural,

propiciada por el Gobierno Andaluz en colaboración con las Corporaciones Locales y las Cooperativas y Empresas Agrícolas, de manera que se pueda regularizar la contratación en las zonas más conflictivas.

IX.- LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

El reto actual de las Corporaciones Locales no es sólo brindar más servicios a los ciudadanos y ciudadanas, sino que estos sean de mayor calidad. Esto se debe a la presión de una sociedad civil formada por ciudadanos cada vez más preparados, cultos y exigentes con sus derechos que se derivan del hecho de que con sus impuestos pagan los servicios públicos, y con sus votos eligen a los gobernantes que dirigen estos servicios.

Al mismo tiempo, una Administración Municipal ágil refuerza el papel del municipio como lugar de creación de empleo y convivencia. En un contexto global, donde los municipios compiten entre sí como lugar de residencia o de actividad económica, este factor es decisivo.

Los Ayuntamientos han pasado en estos últimos veinte años de democracia a ser

una Administración en pié de igualdad con las otras Administraciones y progresivamente se han ido transformando del modelo burocrático del que procedía, al igual que las restantes Administraciones, hacia un modelo más participativo, transparente, eficiente y en definitiva capaz de ofrecer servicios de creciente calidad. Todo esto que ha sucedido en la Administración en general, se observa más nítidamente en lo local gracias al factor decisivo de la proximidad del ciudadano/a que obliga a gobernar pensando en éste como factor principal y determinante.

La FAMP ha aportado para ello también su esfuerzo y su trabajo, promoviendo actividades formativas dirigidas a la mejora de competencias y cualificaciones de los empleados públicos locales de Andalucía, con el objetivo de compatibilizar una mayor eficacia y la mejora de la calidad de los servicios de las Administraciones Locales, con la formación individual, la motivación del empleado público y su promoción profesional. La consecución de estos objetivos fundamenta los Planes de Formación Continua de la FAMP, para cuya realización cuenta con la colaboración de los Sindicatos más representativos.

En el ámbito local no existe una situación de homogeneidad en la regulación de las condiciones de trabajo del personal, tal y como ocurre en las Administraciones Central y Autonómica. Sin embargo, debe buscarse la forma de tratar este tema de una manera igualitaria y racional, para que las relaciones y situaciones del personal sean equilibradas entre las distintas Corporaciones Locales, respetando en cualquier caso el principio de Autonomía Local y las peculiaridades concretas que puedan existir.

Es en este aspecto donde la FAMP puede y debe tener un papel bien definido, sirviendo de base para las oportunas negociaciones con los Sindicatos más representativos del colectivo del personal al servicio de la Administración Local de Andalucía, tanto para intentar conseguir, en la medida de lo posible, una regulación básica y homogénea de las condiciones de trabajo y una mejora general de la calidad de los servicios, como en otros aspectos que incidan en las relaciones entre la Administración Local y el personal a su servicio.

Por otro lado consideramos al igual que desde organismos como el Observatorio para la Calidad de los Servicios Públicos, que un Gobierno Local que pretenda desarrollar una política de calidad ha de evidenciar en su gestión los siguientes aspectos:

1. Que entre sus objetivos programáticos e institucionales se encuentra obtener la satisfacción de sus empleados, clientes y de la ciudadanía en general.

2. Que sus líderes políticos expresan su compromiso con esos objetivos, se anticipan a los problemas de la organización y a la evolución de las necesidades de la ciudadanía.

3. Que sus directivos se implican en la mejora continua para alcanzar los resultados establecidos y gestionan dando ejemplo y tomando decisiones sobre hechos y datos.

4. Que planifica, identifica prioridades, mide y evalúa sus efectos, innova y rediseña periódicamente los servicios que presta.

5. Que actúa complementariamente, promueve la cultura de la colaboración y

supera las fracturas competenciales entre las diversas Áreas y Administraciones. 6. Que promueve la participación de los empleados y reconoce a quienes se

esfuerzan compensándolos adecuadamente. 7. Que gestiona sus recursos materiales defendiendo el interés público. 8. Que incorpora herramientas tecnológicas a las funciones más próximas a la

perspectiva de la ciudadanía. Planteando los nuevos cauces que brindan las modernas tecnologías de la comunicación como elementos para mejorar la eficiencia administrativa, posibilitar la relación con los vecinos y vecinas por vía telemática y fomentar nuevos cauces de participación ciudadana.

9. Que tiene un buen sistema de información y seguimiento del gasto público que permite tomar decisiones sobre datos fiables.

10. Que establece relaciones fructíferas con otras Instituciones u Organizaciones, desde el respeto mutuo a la propia autonomía, pero desde la perspectiva de la colaboración y cooperación institucional para la defensa del interés general.

11. Que evidencia el respeto por el entorno, la ecología y el medio ambiente y desarrolla políticas de ahorro de recursos escasos.

12. Que invierte en formación permanente de sus empleados y en desarrollo de los conocimientos.

13. Que analiza las expectativas de la sociedad y escucha a la ciudadanía estableciendo mecanismos activos de participación.

14. Que interactúa, se integra en el entorno, sus organizaciones, los actores sociales y los grupos interesados, y evalúa sus relaciones. Se anticipa desarrollando activamente nuevas potencialidades económicas, culturales y sociales desde una perspectiva ciudadana de progreso y solidaridad.

15. Que incorpora a su política de recursos humanos el estudio del clima laboral y las opiniones de sus empleados.

16. Que establece índices y recoge la perspectiva de los clientes, incluyendo sus quejas y sugerencias, para rediseñar los servicios y reconocer a las unidades que cumplen con los objetivos.

17. Que impulsa la creatividad y la innovación en sus procesos. 18. Que define normas y estándares, que establece o adopta métodos y

procedimientos, que los mide, revisa y mejora. Que se compromete en cumplir ofertas concretas y precisas de servicios al cliente.

19. Que cohesiona la organización con un sistema de comunicación interna. 20. Que publica las características de los servicios que presta y ofrece datos sobre el

cumplimiento de sus objetivos y la percepción ciudadana. Estas veinte medidas están siendo propuestas como referente de las nuevas

estrategias de gestión pública y hoy proponemos se incorporen a las recomendaciones que emita nuestra Federación como modo de invitar a la reflexión sobre nuestro modo de hacer.

Así mismo, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), con el

objetivo de desarrollar las anteriores propuestas, se compromete a:

1. Difundir las experiencias de calidad pioneras y más exitosas, mediante la realización de seminarios, congresos, etc.

2. Formación de cargos públicos y directivos con esta perspectiva enunciada. 3. Puesta en marcha de experiencias piloto y/o políticas de ayudas para su puesta

en marcha en algún Ayuntamiento mediante la contratación de apoyo externo.

X.- PACTO LOCAL ANDALUZ Y FINANCIACIÓN MUNICIPAL.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el objetivo de desarrollar un "Pacto Local" -que clarificase el ámbito competencial de la Administración Local y permitiese resolver con mayor eficacia las demandas de los ciudadanos, mediante el acercamiento de la Administración a los mismos- se planteó formalmente en la 4ª Asamblea General de la FAMP, en Noviembre de 1995.

Esta iniciativa fue favorablemente acogida desde un primer momento por la Junta de Andalucía, consciente de la necesidad de profundizar en la Autonomía Local, y del papel fundamental que tienen en este proceso las Comunidades Autónomas, en cuanto que a ellas están atribuidas la mayor parte de las competencias que afectan al núcleo de interés de las Corporaciones Locales; sin perjuicio de las medidas legislativas y de la garantía de la suficiencia financiera que corresponde a la Administración Central del Estado.

A este efecto, y tras una primera fase de estudio y valoración de las demandas municipales por parte de los diversos Departamentos de la Administración Autonómica, se elaboró conjuntamente (Junta Andalucía-FAMP) un primer Documento de Trabajo, en el que se incluían, entre otras propuestas :

- La constitución de la Mesa del Pacto Local Andaluz, después de una primera reunión con el Presidente de la Junta de Andalucía, en marzo de 1998, configurándose como el órgano encargado de coordinar, supervisar e impulsar los trabajos de las distintas fases de negociación, quedando integradas, en representación de la FAMP por su Presidente, los cuatro Vicepresidentes y el Secretario General; y, en representación de la Junta de Andalucía, por los Consejeros de Presidencia, Gobernación y Justicia, Economía y Hacienda, el Viceconsejero de Gobernación y Justicia y el Director General de Administración Local.

- La constitución de Mesas Sectoriales para los distintos sectores

competenciales: Asuntos Sociales; Trabajo e Industria; Obras Públicas y Transportes; Medio Ambiente; Turismo y Deporte; Educación y Cultura; Presidencia, Gobernación y Justicia; y Salud y Consumo; todas ellas constituidas a lo largo del segundo semestre de 1998.

Junto a la creación de este marco negociador, imprescindible para el desarrollo

del Pacto Local Andaluz, la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 1999 contempló las repercusiones económicas del mismo, autorizando en su artículo 26.4 a la Consejera de Economía y Hacienda para realizar en el Presupuesto las adaptaciones necesarias derivadas de los procesos de traspaso y delegación de competencias acordados en el marco del Pacto Local. En el Anteproyecto de la Ley de Presupuestos para el año 2000 se mantiene dicho mecanismo y se completa con una ampliación de sus objetivos.

El citado Documento de Trabajo contemplaba, finalmente, un proyecto de desarrollo del Pacto Local Andaluz en diversas fases, atendiendo a la complejidad de las materias y al grado de acuerdo entre ambas partes respecto a su descentralización.

Finalmente, en el mes de abril de 1999, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía dió el visto bueno a un Documento de Propuestas para el Desarrollo del Pacto Local Andaluz, cuyo contenido se podría entender como la conclusión de la primera fase del proceso de negociación. Dicho documento fue entregado formalmente a la Presidencia de la FAMP y posteriormente distribuido a todos los Ayuntamientos andaluces. Su estructura contempla dos partes bien diferenciadas y que resumimos a continuación:

1.- Normativa sectorial ya vigente, como consecuencia de la tarea de desarrollo legislativo o reglamentario que han ido realizando los distintos Departamentos de la Administración Autonómica paralelamente al proceso antes señalado, y en la que se han contemplado ya algunas de las demandas contenidas en los documentos elaborados por la FAMP. En esta normativa cabe destacar :

1.1.- La Ley de Servicios Sociales de Andalucía, que contempla ya la posibilidad de atribuir, por delegación de la Junta de Andalucía, determinadas competencias a los Ayuntamientos y Diputaciones.

1.2.- El Decreto 77/1994, de 5 de abril, en el que se recoge la posibilidad de delegar en los Ayuntamientos la mayor parte de las competencias reivindicadas en materia de Urbanismo. 1.3.- En materia de vivienda el nuevo Plan Andaluz de Vivienda 1992/1999, elaborado con la participación efectiva de las Corporaciones Locales; y el Decreto 51/1996, de 6 de febrero, que atribuye a los Ayuntamientos no sólo la promoción y gestión de la vivienda pública, sino también la titularidad de las promociones resultantes. Por su parte, el reciente Decreto de Adjudicación de Viviendas de Promoción Pública, atribuye esta competencia en exclusiva a los Ayuntamientos, y la Ley de Bienes de las Entidades Locales, permite a éstas la enajenación directa de inmuebles de su propiedad destinados a vivienda en los supuestos que en la misma se determinan.

1.4.- Los Planes Intermodales de transporte, que establecen Comisiones de Coordinación con participación de los Ayuntamientos comprendidos en las áreas afectadas. 1.5.- En materia de Medio Ambiente, la Ley 2/1989, de 18 de junio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos, que contempla la posibilidad de delegar en las Corporaciones Locales la administración de los Parques Periurbanos y de los Monumentos Naturales; y el Reglamento de la Ley Forestal de Andalucía, de 1997, que atribuye a las Entidades Locales la administración y gestión de sus montes. 1.6.- La Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, que atribuye a las Entidades Locales una serie importante de competencias y funciones, estableciendo diversos cauces de participación en la planificación de instalaciones. 1.7.- En materia de Cultura, los Reglamentos del Sistema Bibliotecario y del Sistema de Archivos, que establecen la participación de las Corporaciones Locales, y la Ley del Patrimonio Histórico, que les atribuye diversas competencias, de manera directa o mediante delegación. 1.8.- La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, que potencia el papel de los municipios, atribuyéndoles competencias tanto en materia de salud pública como de participación y gestión sanitaria.

2.- Propuestas sobre la base del Documento de Trabajo elaborado conjuntamente por la Junta de Andalucía y la FAMP, y del proceso negociador iniciado en las Mesas Sectoriales, se han desarrollado en las diversas Consejerías afectadas una serie de trabajos, a partir de los cuales se definen en el Documento un conjunto de propuestas de descentralización que conforman la primera fase del Pacto Local Andaluz. En estas Propuestas pueden destacarse :

2.1.- El proyecto elaborado por la Consejería de Asuntos Sociales y en fase de estudio por representantes de la FAMP, por el que se establece el “Plan Concertado Andaluz para la cofinanciación de los Servicios Sociales Comunitarios”, en el que se contempla la delegación, en las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, de la coordinación y gestión de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, y se regula la financiación de los mismos, estableciendo unos criterios objetivos para su distribución entre Ayuntamientos y Diputaciones.

2.2.- El anteproyecto de Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de viajeros, que establece la competencia de los Ayuntamientos para la ordenación, gestión, inspección y sanción de los servicios urbanos de transporte público de viajeros dentro de su término municipal. 2.3.- El anteproyecto de Ley de Carreteras, que amplía la participación y el alcance de las competencias municipales en esta materia. 2.4.- El proyecto de Ley de Turismo, en el que se prevé la atribución de importantes competencias a los Ayuntamientos, contemplando así mismo otros aspectos, como el concepto de Municipio Turístico o la relación entre el turismo y los servicios municipales. 2.5.- En materia de Educación, se propone en esta primera fase potenciar la participación de las Corporaciones Locales en determinados aspectos de la programación de la enseñanza (establecimiento de la Red de Centros y enseñanzas, planificación y gestión de construcciones escolares, cumplimiento de la escolaridad obligatoria, realización de actividades o servicios complementarios, Programas de Garantía Social) y de formación del profesorado. De otra parte, la reivindicación municipal para la desafectación de viviendas de maestros sin autorización previa de la Consejería de Educación y Ciencia se ha recogido en la Ley de Bienes de las Entidades Locales. 2.6.- El Proyecto de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, en tramitación, contempla un conjunto importante de competencias municipales en materia de concesión de licencias, prohibición o suspensión de espectáculos o actividades, establecimiento de horarios, funciones de policía de espectáculos, así como el ejercicio de la potestad sancionadora. 2.7.- En materia de Consumo, y sobre la base de las previsiones contenidas en la Ley de Consumidores y Usuarios de Andalucía, la Consejería de Trabajo e Industria propone la delegación de determinadas actividades inspectoras, así como de la actividad sancionadora en esta materia dentro de los límites cuantitativos que se establezcan.

Ante esta nueva etapa municipal que se inaugura con el inicio de esta legislatura

y con la propia constitución de la nueva dirección de la FAMP, debemos retomar el proceso de negociación con la Junta de Andalucía y concretar, cuanto antes, la transferencia de las competencias ya acordadas.

No obstante ello, sí debemos señalar que el Pacto Local de Estado ha quedado completamente diluido y se ha limitado a la modificación de diversos textos legales, pero, de ninguna manera, ha abordado el debate competencial, dejándolo a la libre iniciativa de las distintas Comunidades Autónomas y de sus Ayuntamientos respectivos,

ni tampoco se ha preocupado de las graves repercusiones que en este proceso tiene la realidad económico-financiera de las Corporaciones Locales.

Efectivamente, si la suficiencia financiera es presupuesto esencial de la Autonomía Local, y ésta no está actualmente garantizada por el vigente sistema de financiación, cualquier proceso que implique un aumento de los servicios y las funciones que tiene atribuidas la Administración Local, conlleva ineludiblemente la asignación de los recursos necesarios para su más eficiente y eficaz prestación, tanto en el caso de que la atribución de competencias se haga como propias, como en cualquiera de los supuestos legalmente previstos de delegación.

Así mismo, las Corporaciones Locales vienen prestando otro tipo de servicios cuya competencia es de titularidad estatal o autonómica. Esta circunstancia ha contribuido históricamente a acentuar notablemente la insuficiencia financiera de las Entidades Locales. Debería, por tanto, contemplarse en cualquier sistema de financiación de los Entes Locales la compensación del coste que éstos gastos de suplencia han supuesto y siguen suponiendo.

Detrás de éstas consideraciones debe quedar claro que el nuevo acuerdo de financiación municipal para el quinquenio 1999-2003 no resuelve, en manera alguna, el problema de la suficiencia financiera de las Corporaciones Locales. Dicha problemática se ha convertido en una situación estructural que no puede resolver una dinámica histórica que exige una definición radicalmente distinta de la financiación municipal que ponga en valor el concepto constitucional de Autonomía Local y permita un funcionamiento adecuado de la prestación de los servicios públicos.

La FAMP quiere convertirse en altavoz de la denuncia de una situación que la inmensa mayoría de los Ayuntamientos están soportando, pero que no ha logrado convertirse en una plataforma conjunta de defensa de los intereses municipales por encima de los intereses partidistas: somos conscientes de que con el actual modelo de participación en los ingresos del Estado y con la estructura de las distintas figuras impositivas locales no va ha existir Autonomía Local porque no es posible la suficiencia financiera.

Independientemente de éstas consideraciones de carácter general, planteamos distintas reivindicaciones más concretas:

A) A la Administración General del Estado: 1.- Denunciar el incremento alarmante de las retenciones en las liquidaciones mensuales de los ingresos por la PIE. A lo largo del ejercicio de 1999 han proliferado las retenciones superiores al 25%, creando una situación caótica en casi la mitad de los Ayuntamientos andaluces. Se demandará la aprobación de una nueva normativa que desarrolle, sin más demora, el procedimiento de compensación de deudas con otras Administraciones Públicas, que funcione, como mínimo, con la misma eficacia que el que existe para la Administración General del Estado.

2.- Se deberá estudiar la situación de las Corporaciones Locales respecto del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), entre otros, subvenciones a empresas municipales prestadoras de servicios públicos, IVA no repercutible, aplicación del IVA en los servicios municipales, en las transmisiones de terreno, etc. Asimismo, sobre el Impuesto de Sociedades, adoptando las medidas necesarias que permitan aliviar la carga financiera de las Corporaciones Locales respecto de dichos tributos. 3.- Demandar que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sea gestionado integramente por la Administración Local, así como la titularidad de las competencias de la gestión censal de las cuotas mínimas municipales y cuotas provinciales del IAE, ya que parece obvio que no se puede pedir el compromiso por parte de las Corporaciones Locales respecto de colaborar en la limitación de su propio endeudamiento y a la consecución de una política presupuestaria racional, cuando dos de las fuentes más importante de ingresos que inciden directamente en su suficiencia financiera, vienen siendo continuamente limitadas por la gestión que ejerce otra Administración distinta. 4.- Exigir compensaciones por los beneficios fiscales que se reconozcan sobre determinados tributos locales, para que no recaigan en detrimento de la solvencia financiera de las Corporaciones Locales. 5- Exigir la supresión de las limitaciones, cada vez mayores, para la capacidad de endeudamiento de las Entidades Locales, contenidas en las últimas Leyes de Presupuestos Generales del Estado y las de Acompañamiento. La concertación de operaciones de crédito como consecuencia del retraso en la percepción de las entregas a cuenta de las participaciones en los ingresos del Estado y de los Fondos comunitarios, no se deberá computar a los efectos de los límites recogidos en los artículos 52, 53 y 54 de la LRHL, por consiguiente, no deben imputarse a las Corporaciones Locales los retrasos producidos por otras Administraciones. 6.- Exigir que la fijación de medidas de especial aplicación que vayan encaminadas a resolver situaciones concretas de Entidades Locales específicas, y que tengan por objeto un aporte de financiación distinto, no implique detraer montantes económicos del Fondo General para el resto de las Corporaciones Locales (Por ejemplo: La Línea de la Concepción, que siendo justo el reconocimiento de su situación peculiar no se estableció en su momento una financiación específica para dicho municipio). Asimismo, exigir una financiación especial para aquellos Municipios que tengan un número de núcleos de población diseminados (anejos, pedanias) y que esta realidad territorial supone un gasto añadido para las arcas municipales en la prestación de cualquier servicio público. Del mismo modo, deben establecerse compensaciones económicas a los Municipios en cuyos términos municipales existan Parques Naturales o Instalaciones Militares, siempre y cuando ocupen un 25% de su término municipal.

7.- Plantear que deben adoptarse las medidas legales o reglamentarias necesarias para la repercusión en la economía municipal de la facturación de la telefonía móvil. 8.- Búsqueda de fórmulas especiales para la financiación de las operaciones de crédito de las Entidades Locales, ya que la propia competencia de las entidades crediticias (bancos, cajas de ahorro, BCL) no permite contemplar unas líneas de crédito específicas que resulten asequibles. 9.- Iniciar, como muy tarde, en enero del año 2002, las negociaciones con el Gobierno Central encaminadas a evaluar el desarrollo del actual sistema de financiación de las Corporaciones Locales a fin de establecer las medidas a adoptar en relación con la financiación de las Corporaciones Locales durante el quinquenio 2004-2009. En todo caso deberán incluirse las siguientes medidas:

9.1.- Mantener como mínimo una proporción estable de la participación de las Corporaciones Locales en los Tributos del Estado con respecto a los ingresos del Estado. Proporción que conjuntamente con la que se derive de la participación en los ingresos de las Comunidades Autónomas asegure la suficiencia de las Entidades Locales siempre que se respete su autonomía en la gestión de su imposición local. 9.2.- Modificar la actual denominación de "Participación en Tributos del Estado" por "Participación en Ingresos del Estado"; término éste último mucho más amplio que viene siendo aplicado para las Comunidades Autónomas en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 9.3.- Efectuar la liquidación definitiva en el primer trimestre del año, lo que implica adelantar en tres meses la fecha fijada actualmente en el 30 de junio. 9.4.- Abonar las entregas a cuenta antes de la primera semana de cada mes devengándose el interés legal del dinero vigente en cada momento, desde el día siguiente al séptimo día. 9.5.- Eliminar de los criterios de distribución de la PIE el correspondiente a las unidades escolares y sustituirlo por la financiación directa de los gastos invertidos en el mantenimiento y conservación de los centros escolares sin que esto signifique detraer fondos de la PIE. 9.6.- Corregir las eventuales disfunciones que se deriven de la actual definición del criterio de capacidad fiscal y sustituir éste por uno más ajustado que tenga en cuenta las bases tributarias de los impuestos municipales obligatorios.

9.7.- Las entregas a cuenta de las liquidaciones definitivas deberán contemplar las cifras de población más actuales respecto del periodo objeto de la cuantificación.

B) A la Administración de la Junta de Andalucía: 1.- Denunciar el incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía en cuanto a la reforma del Plan de Cooperación Municipal propuesto por la FAMP en la última Asamblea. Si bien dicho Plan aumenta cada año en los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía, prácticamente no ha cambiado su estructura, sobre todo en lo concerniente al aumento del Fondo de Nivelación de Servicios Municipales que permanece, de hecho, con las mismas cantidades desde hace varios ejercicios. Reiteramos la necesidad del incremento de dicha partida hasta convertirse en el Fondo de Cooperación Andaluz, regulado con carácter estable y automático. Los criterios para su distribución deben ser acordados con los Ayuntamientos. 2.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la aprobación de una Ley de Ordenación Urbanística que:

- Respete los principios de autonomía municipal y de descentralización que inspiran el pacto Local.

- Atribuya de manera exclusiva a los Ayuntamientos las competencias en la formulación y gestión del planeamiento urbanístico.

- Contenga las medidas necesarias para un abaratamiento del suelo en Andalucía que haga posible el derecho a una vivienda digna para todos los andaluces.

- Garantice el control por la Junta de Andalucía de la legalidad urbanística.

3.- Reinvidicar al Consejo de Gobierno la aprobación inmediata de una Ley de Financiación de las Corporaciones Locales de Andalucía que regule la partición de las Corporaciones Locales en los ingresos de la Comunidad Autónoma. 4.- Exigir el cumplimiento puntual del pago de las transferencias de la Junta de Andalucía a los Ayuntamientos, para evitar el impacto negativo que tiene para las tesorerías municipales. Así mismo reivindicamos la Junta de Andalucía que las transferencias a los Ayuntamientos andaluces para la nivelación de los servicios municipales se hagan efectivas de forma fraccionada de manera que el importe que corresponda a cada Ayuntamientos se perciba por el mismo en doce pagos mensuales de iguales cuantías.

5.- Demandar de nuevo que la Administración Autonómica cumpla escrupulosamente con su obligación de pagar los impuestos locales que le sean imputables, sobre todo el IBI. 6.- Igualmente demandamos el urgente traspaso por la Junta de Andalucía de las competencias que han sido reiteradamente reivindicadas por las Corporaciones Locales, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos e instamos al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que inicie inmediatamente el proceso de transferencias y se vea culminado antes que finalice el año 2001. El proceso de descentralización ha de regirse por los siguientes criterios: 1º.- Se deben descentralizar todas aquellas competencias de carácter administrativo, atendiendo a la capacidad de gestión de cada Corporación Local. 2º.- Las competencias que se atribuyan deben serlas a título de propias o, excepcionalmente como delegadas. Deben atribuirse a las Corporaciones Locales los espacios de acción completos con total capacidad de decisión. 3º.- Limitar las competencias de control de la comunidad autónoma a las de legalidad de los actos de las Corporaciones Locales, suprimiendo la vertiente de oportunidad incompatible con la autonomía local. 4º.- Las Entidades Locales han de incrementar su participación en el gasto público. Para que ello sea posible tanto la administración central como la autonómica deben hacer un esfuerzo descentralizador del gasto público. 5º.- Toda transferencia o delegación de competencias tiene que ir acompañada de la suficiente dotación de recursos económicos.

XI.- VERTEBRACIÓN SUPRAMUNICIPAL.

En todas las manifestaciones (habladas y escritas) que emanan de la Unión Europea, el Estado, etc., el concepto “LOCAL” toma una nueva dimensión, como eje básico y articulador de las políticas de desarrollo y bienestar, ya que es el marco adecuado del concepto “DIMENSIÓN TERRITORIAL”, que identifica los objetivos políticos y las opciones que, teniendo presente las finalidades fundamentales del desarrollo del territorio, complementa las políticas sectoriales, proporcionando un enfoque más integrado, que en definitiva se manifestarán en políticas más cercanas y acordes con las necesidades de los ciudadanos.

Esta visión de “ LO LOCAL” tiene su particular importancia en Entidades

Locales pequeñas, y exponen sus necesidades de unión voluntaria en estructuras territoriales más amplias, pero con características muy similares, y tratan con ello, de mejorar la complementariedad entre Municipios.

Y así es posible poner en práctica políticas que favorezcan una cooperación interurbana eficaz, que explote sus potencialidades sobre la base de una comunidad de intereses y con aportaciones mutuas. Y ello se traduce en la constitución de Mancomunidades y Consorcios.

Estas redes de cooperación entre pequeños Municipios, es la única forma de

lograr una masa crítica, que permita a cada miembro de la red de disponer de equipamientos y servicios que no podrían disponer por sí mismos.

Esta dinámica de vertebración del territorio tiene un reflejo muy concreto, ya que todas las provincias se encuentran estructuradas en una red de Mancomunidades que gestionan el territorio, y que dinamizan las políticas de desarrollo de sus Municipios.

Esta nueva dimensión plantea opciones políticas nuevas, como: a) Promoción de estrategias de desarrollo territorial integrado. b) Mejora de las conexiones entre las redes. c) Refuerza la cooperación con otros niveles administrativos,

fundamentalmente con el Provincial, Regional y Nacional. d) Mejora el atractivo de los territorios para las inversiones, en particular, en las

zonas desfavorecidas. e) Se producen intercambios de experiencias y apoyo a nuevos métodos de

gestión del territorio y de los sectores socio-económicos. f) Promoción de estrategias conjuntas de planificación tendentes a asegurar la

diversidad social y funcional. g) Promoción de una gestión prudente del ecosistema, con la protección y

desarrollo de espacios libres, así como una accesibilidad sostenible en el territorio.

h) Valorización de los recurso endógenos, para potenciar una regeneración económica, que mantenga y diversifique la base económica.

i) Mantenimiento de un nivel mínimo de servicios y desarrollo de medidas medioambientales de zonas sometidas a presión.

j) Diversificación de fuentes de energía y de recursos interesantes para la explotación de sus potencialidades endógenas.

k) Etc.

La visión que así se ofrece de la nueva gestión de “LO LOCAL” es una consecuencia inmediata de la unión y exposición en común de los intereses particulares, pero para una mejor configuración de estas nuevas opciones, se debe trabajar de forma directa en la concienciación de los dirigentes de estas nuevas estructuras, y en la rentabilización de esfuerzos, de recursos materiales y de las potencialidades humanas del territorio.

Y para una visión más integradora, las Diputaciones, están propiciando que se

manifieste un eje integrador, que dimensione y valorice todas las potencialidades de las Provincias, y por ello se está definiendo un nuevo espacio de encuentro y de generación de posibilidades, que no es más que la constitución de Juntas Provinciales de Mancomunidades, tanto de desarrollo como de servicios.

La intención es clara, ya que se pretende dar cauce a los puntos antes referenciados, y a plantear una sola voz, una sola opinión, que refleje las verdaderas dimensiones y perspectivas de la Provincia en su conjunto.

Con ello pretendemos dar otra dinámica a las pautas marcadas por la Unión

Europea, en su documento “Perspectivas Europeas de Ordenación del Territorio” (PEOT), que nos ratifica en la periferia de Europa, ya que nos aleja de las grandes redes del transporte, de las estrategias de integración del territorio y nos aleja aún más del “centro europeo”, por lo cual nos define aún más como zona desfavorecida, marginal, periférica, etc.

Los instrumentos que vamos a trabajar, están a disposición de todo el mundo,

pero lo que pretendemos es definir una voluntariedad política, así como estructurar una serie de planes provinciales y regionales de trabajo, y así poder evidenciar las posibilidades de integrarnos en el contexto europeo, y utilizando una serie de líneas de trabajo, nos hacen estar a la altura de cualquier otra región comunitaria, en lo que a servicios y atenciones a nuestros ciudadanos se refiere.

Como elementos integradores dispondremos de una serie de planes provinciales, que tratarán de afrontar los problemas de nuestros Municipios, y de sus estructuras supramunicipales de apoyo, como son las Mancomunidades y Consorcios.

Los instrumentos que utilizaremos serán aquellos que nos vienen derivados de la

sociedad de la información y las nuevas tecnologías.

Las estrategias de desarrollo se basan en acciones especificas como: A) Creación de una red telemática, que estructure de equipamiento toda la

geografía provincial, a través de las Mancomunidades y agrupaciones empresariales, y poder así cubrir todos los aspectos del desarrollo, el público y el privado, con un soporte tecnológico centralizado en la Diputación.

B) Articulación de paquetes de gestión que den contenidos a este equipamiento

provincial; contaremos con: 1.- Gestión de recursos tributarios y demográficos. 2.- Gestión de red de puntos de información al ciudadano y las empresas. 3.- Gestión de servicios de información geográfica por Municipios. 4.- Autogestión para empresas en internet. 5.- Comercio electrónico para empresas, mercado virtual de empleo, etc. 6.- Participación de los Municipios en la conformación y elaboración de los Mapas Provinciales.

C) Definición de Planes Provinciales que den contenidos a las estrategias de

desarrollo, como:

1.- Pacto Territorial de Empleo con carácter provincial. 2.- Red de Centros de Empleo y Recursos Empresariales en las Mancomunidades. 3.- Dotación de aulas interactivas en Municipios menores de 3.000 habitantes. 4.- Aprovechamientos y gestión de recursos naturales de las Provincias y de los recursos endógenos, especialmente el agua. 5.- Aprovechamiento y ahorro energético, junto a la potenciación de los valores de cada Provincia (ejemplo: el agua, el clima, las tierras, etc.). 6.- Valorización de los recursos humanos de las Universidades.

Para poder definir estas líneas de actualización, tratamos de contar con una serie

de recursos financieros, algunos de los cuales disponemos actualmente con proyectos de desarrollo, pero sobre todo queremos combinarlos con otros recursos que otras Administraciones, de rango superior ponen a disposición, o deben disponer, para las Entidades Locales.

Igualmente trataremos de estar en los centros de gestión de otra serie de recursos financieros, que de una forma u otra puedan incidir en la consecución de los objetivos previstos.

Es importante contar con el apoyo de todas las estructuras de desarrollo de la Provincia, de las entidades sociales y económicas, pero igualmente es indispensable contar con el apoyo de órganos como este foro, para así desenvolver con más incidencia las posibilidades que las Entidades Locales tienen que aportar como soluciones a las demandas de servicios de sus conciudadanos. XII.- NUEVOS RETOS PARA LAS FEDERACIONES MUNICIPALISTAS.

La razón de ser de las Federaciones municipalistas es la promoción y protección de los intereses comunes de las Entidades Locales. Así lo reconoce y garantiza la Carta Europea de la Autonomía Local y la Ley de Bases de Régimen Local.

La defensa de la Autonomía Local y de los intereses que son propios a las Entidades Locales, no es otra cosa que la salvaguarda y desarrollo de un modelo de distribución del poder territorial que lo acerque a los ciudadanos. Son precisamente el mejor servicio a los ciudadanos y su mayor bienestar, los criterios básicos que deben determinar el protagonismo de las distintas Administraciones Públicas, y son estas metas las que dotan a nuestras reivindicaciones de la máxima legitimidad.

Las Federaciones municipalistas deben poner el máximo empeño en la

elaboración de sus alternativas, para proporcionarles el rigor y la justificación precisos para su planteamiento. Ello no siempre es suficiente para lograr que sean atendidas por las Administraciones Públicas ante las que se formulan, es necesario además el tesón y la firmeza en las reivindicaciones.

El impulso reivindicativo que debe imprimirse en el próximo cuatrienio debe basarse en la participación activa de todas las Entidades Locales en las tareas de la Federación. Esto supone un incremento cualitativo de su representatividad, que fortalece la posición negociadora de la FAMP ante sus interlocutores. También contribuye a ello la adopción de acuerdos con el máximo consenso posible. Una Federación fuerte es la mejor garantía de su eficacia.

El actual grado de desarrollo del Estado de las Autonomías ha supuesto un

cambio sustancial de la distribución del poder territorial en España en relación a la situación existente hace veinte años. El proceso de transferencias de competencias desde el Estado hacia las Comunidades Autónomas implica que, hoy en día, la mayor parte de las políticas locales se corresponda con materias cuyas competencias tienen atribuidas las Comunidades Autónomas.

Puesto que la finalidad de las Federaciones o Asociaciones de Municipios es la

protección y promoción de los intereses comunes de las Entidades Locales, y en la medida en que estos intereses dependen cada vez más de las Comunidades Autónomas, se produce una importancia creciente del papel que deben asumir las Federaciones Autonómicas para la consecución de dicho objetivo y una correlativa disminución de los sectores de actuación propios de la Federación de ámbito estatal.

La evolución del panorama de las Federaciones municipalistas en nuestro país responde a esta realidad incontrovertible, como se pone de manifiesto en la paulatina constitución de Federaciones Autonómicas, hasta cubrir en la actualidad el mapa autonómico, y en el incremento de las actuaciones y servicios que desarrollan en beneficio de las Entidades Locales que las integran.

Paralelamente, la Federación Española de Municipios y Provincias mantiene su modelo inicial. Su estructura ha quedado desfasada por cuanto la nueva realidad exige adecuar la organización y relaciones de las Federaciones al cometido propio de cada una de ellas. La reducción notable del núcleo de intereses que compete defender a la FEMP y el mayor protagonismo que en la coordinación con las Federaciones Autonómicas debe asumir, han de plasmarse en la adecuación de sus órganos rectores y de sus actividades.

En efecto, la interlocución con los Gobiernos Autonómicos reside en las Federaciones de este ámbito y la que se produce con el Gobierno de la Nación corresponde prioritariamente a la FEMP. Esta última afecta a cuestiones fundamentales como la financiación, la función pública local y legislación básica, cuestiones en las que deben participar las Federaciones Autonómicas en la medida en que incidan en los sectores de la política local transferidos a las Comunidades Autónomas.

XIII.- DESEMPLEO DE CARGOS ELECTOS LOCALES.

Actualmente sigue sin resolverse el problema que tienen los cargos electos de las Administraciones Locales que ejercen sus funciones en régimen de dedicación exclusiva, y que al cesar en su cargo no tienen derecho a percibir la prestación por desempleo.

El problema descrito, que ya ha sido paliado respecto a los Diputados y

Senadores, se mantiene no obstante respecto a los cargos electos locales.

Por ello, desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias se deben hacer las gestiones oportunas ante la FEMP y las autoridades competentes, para que se lleven a cabo las medidas legislativas o reglamentarias precisas que permitan que los cargos electos locales con dedicación exclusiva y la correspondiente alta en la Seguridad Social, tengan derecho a percibir la prestación por desempleo cuando cesen en su cargo por cualquier circunstancia.

ANEXO DROGODEPENDENCIA: COMPETENCIAS Y ACTUACIONES ANTE EL NUEVO MILENIO. EL PAPEL DE LAS CORPORACIONES LOCALES.

1.- De quién son las competencias.

Si plantearnos el problema en términos exclusivamente legales habremos de convenir que el Estatuto de Autonomía para Andalucía se las atribuye a la Comunidad Autónoma.

Sin embargo esta circunstancia no impide la posibilidad de actuación de las Corporaciones Locales ya sea porque vengan obligadas a la prestación de determinados servicios (protección de salubridad pública, servicios sociales, participación en la gestión de la atención primaria de la salud, etc.), como porque realicen actividades complementarias de las que correspondan a otras Administraciones Públicas. Todos estas actuaciones están amparadas por las normas que le son privativas.

2.- Contenido de las competencias. Las Corporaciones Locales pueden intervenir y en algunos casos además están

obligados a hacerlo, en el ámbito de la salud, de los servicios sociales y de Promoción y reinserción social.

Podemos decir, por tanto, que pueden intervenir en todo el proceso que incluye desde la prevención hasta la reincorporación social de las personas. DIFERENTES ASPECTOS DEL ABORDAJE DE LAS DROGODEPENDENCIAS. Cuando nos planteamos la intervención en las drogodependencias y demás adiciones, habitualmente estamos hablando de tres aspectos principales de la confrontación con el problema:

- La persona consumidora y sus peculiaridades de consumo. - La prevención comunitaria. - La actividad formativa e investigadora.

Comentaremos brevemente cada uno de estos aspectos:

A.- PACIENTE Y PAUTAS DE CONSUMO.

Desde el proyecto del II Plan Andaluz sobre Drogodependencias y

Adicciones se pretende el tratamiento integral de las personas con independencia de sus circunstancias de consumo.

De ello se deducirá ineludiblemente el incremento de la oferta terapéutica

y el desarrollo de los recursos de emergencia social.

B.- PREVENCIÓN COMUNITARIA.

Contando para ello con el concurso de los Corporaciones Locales entre las que lógicamente, incluimos a las Mancomunidades de Municipios.

C. - FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN.

Como instrumento de conocimiento de la realidad y, consecuentemente,

de la correcta toma de decisión sobre nuevos criterios a seguir en la evitación del abuso de las drogas.

UN NUEVO PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD.

Las sustancias y los modos de consumo han cambiado de manera vertiginosa. Al consumo tradicional y legal de tabaco y alcohol se unen, en un primer momento otros sustancias de consumo ilegal como el cannabis, la heroína y la cocaína.

La aparición del SIDA ocasiona una rápida alteración de la administración de algunas sustancias, especialmente de la heroína, que pasan de ser inyectadas a ser inhaladas.

Más adelante nos encontramos con la aparición en el mercado de las denominados drogas de diseño, todos ellos derivados anfetamínicos como la MDMA, MDE o MDA.

Finalmente conocemos adicciones no asociadas a ninguna sustancia como es el caso del juego patológico, el sexo adictivo o la más reciente aparición de adictos a Internet.

Como dice Comas Arnau, el panorama de los hábitos de consumo ha cambiado significativamente. Los años setenta supone el inicio de un ciclo de incorporación de nuevas drogas, respondiendo el drogodependiente a una persona joven cuya demanda de servicios siempre es enfrentada desde la perspectiva de la urgencia y de la inmediatez.

Por otro lado el abordaje del problema se realiza desde la perspectiva sanitaria y

judicial. Es lo que el autor antes citado llamaba una respuesta aparentemente rápida y precisa.

Los años noventa conocen un nuevo ciclo en el que el adicto es una persona que supera los treinta años y alcanza con frecuencia los cuarenta y cinco se trata de un superviviente, de una persona que se ha enfrentado al SIDA, a conatos de suicidio, a sobredosis y que mantiene su consumo en determinados niveles.

En el ínterin, si sumáramos a las diferentes toxicomanías el consumo de alcohol, podríamos estar diciendo que, desde la década de los setenta hasta ahora se han producido cerca de doscientos mil muertos.

Es evidente, por tanto, que ante nuevas formas de consumo y de adicciones será necesario proponer también nuevas formas de plantear el problema y de intentar minimizarlo o, incluso, solucionarlo.

Pero si queremos avanzar un dato más, diríamos que estamos presidiendo cada lado de dos tipos diferentes de consumo, Uno de contenido individual y no asociado a sustancia alguna, como es el caso del juego patológico o la adicción a Internet, y otro caracterizado por el policonsumo en un contexto recreativo, un exponente de lo cual es cierta clase de movida juvenil y de "botellón".

Sin embargo el haber dicho todo lo anterior no significa gran cosa puesto que,

sin duda, en el futuro aparecerán nuevas formas de adicciones.

Si todo lo dicho de manera un tanto desordenada hasta ahora es verdad, y parece que los datos objetivos así lo confirman, podríamos preguntarnos si estamos acertando en el modelo de atención del problema. Si las cifras de fallecidos por las diferentes adicciones son aterradoras, si las personas dependientes son un número creciente, es lícito, al menos, preguntarnos si el modelo de actuación preferente no estará equivocado. La pregunta a realizarse es sí las prácticas de control sanitario y judicial son prioritarias o sí no sería mas importantes las de integración social. Y sobre todas estas consideraciones si no es más importante, incluso, una decidida acción comunitaria en el único ámbito en el que esto sería más razonable, esto es el municipal.

No estaríamos negando la necesidad de potenciar los equipos de atención directa

y los programas de reincorporación social. Estaríamos hablando de acentuar el esfuerzo en la acción comunitaria.

LA PERSPECTIVA COMUNITARIA EN EL ABORDAJE DE LAS TOXICOMANÍAS Y DE LAS ADICCIONES.

Sin lugar a duda alguna son necesarias las actuaciones centradas en las personas, como es importante disponer de redes asistenciales eficientes y como son imprescindibles los recursos de reincorporación social.

Pero frente a todas estas consideraciones entendemos que el elemento esencial de la intervención en el abuso de drogas y en las adicciones es el desarrollo de los programas preventivos como instrumentos de anticipación a una realidad que es multiforme y permanentemente cambiante.

Esa anticipación de la realidad sólo es posible por medio del desarrollo de los programas de prevención.

Los agentes cualificados de estas intervenciones son las Corporaciones Locales como así se reconoce en el Proyecto del II Plan Andaluz sobre Drogodependencias y Adicciones.

Nos identificamos con los postulados del Proyecto del II Plan Andaluz sobre Drogodependencias y Adicciones pero atribuimos una importancia mayor a la intervención comunitaria que el abordaje terapéutico del caso.

Son importantes la terapia del paciente así como la formación e investigación, pero frente a todo ello consideramos mas rentable el esfuerzo preventivo de carácter comunitario en lo que hemos llamado anticipación de la realidad.

Ya hemos convenido en que no se nos pueden ocurrir todas las formas de adicción que se puedan producir en el futuro, estén estas asociadas o no al consumo de alguna sustancia. En cambio sí podemos asegurar que se producirán nuevas formas de adicción y que las actuales tomaron otra forma de consumo y que, incluso, algunas de ellas desaparecerán virtualmente.

De nuestras convicciones deducimos que la mejor inversión es la que correspondería a la acción comunitaria.

LA ACCIÓN COMUNITARIA UNA PROPUESTA PARA EL PRÓXIMO MILENIO.

Para terminar resumiremos nuestras opiniones sobre la acción comunitaria. Hemos acreditado que el Proyecto del II Plan Andaluz sobre drogodependencias y Adicciones recoge los Programas de Prevención Comunitaria que serían realizadas a través de las Corporaciones Locales. También sabemos de la apuesta de la propia Administración Autonómica por los Servicios Sociales Comunitarios. Incluso el programa anual de formación de la Diputación Provincial de Cádiz incluye la celebración de los Encuentros sobre Drogodependencias y su Enfoque Comunitario. Y detrás de este punto de vista se encuentra una consideración general sobre la organización de la realidad social que cada vez se abre más camino. Es por lo que se conoce como tercera vía (A.Giddens), Nuevo pacto Keynesíano (D. Anísi), Nuevo Contrato Social (Elías Díaz), Tercer Paradigma (Muñoz Bustillo) o Nuevo Paradigma (Claus Offe).

En un orden muy similar estarían las interpretaciones de la realidad de autores

como Virgílio Zapatero. Dice Zapatero que el Estado es demasiado pequeño para cosas grandes y demasiado grande para cosas pequeñas. El Estado no tiene por qué encargarse de todo tipo de bienes y servicios.

La confluencia del enfoque comunitario para abordar el problema de las drogodependencias y otras toxicomanías con las ideas de subsidiariedad de las Administraciones así como de la responsabilidad personal y social pueden ser los elementos que permitan realizar una nueva propuesta.

2. Resoluciones sobre el régimen jurídico y de organización de la FAMP

2.1. Estatutos de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias

(Texto aprobado en la 5ª Asamblea General).

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogados los Estatutos aprobados según Acuerdos de la 4ª Asamblea General de la FAMP y del Consejo Municipalista Andaluz de 30 de Octubre de 1.996. DISPOSICIONES FINALES

Primera.- El Consejo a instancias de la Comisión Ejecutiva aprobará en el marco de estos Estatutos, un Reglamento de Asamblea y un Reglamento de Régimen Interior.

Segunda.- Regirán con carácter supletorio los Estatutos y demás disposiciones

de la FEMP. TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.-

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) es una asociación constituida por Municipios, Provincias y otras Entidades Locales que voluntariamente lo decidan, para la defensa y promoción de las autonomías locales, y demás fines determinados en los presentes Estatutos, en el marco del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en defensa de la cultura, el desarrollo socioeconómico y los valores propios de Andalucía, como Comunidad Autónoma en el ejercicio que la Constitución reconoce a toda nacionalidad.

Artículo 2.-

La FAMP tiene personalidad jurídica pública y plena capacidad de obrar, sin más limitaciones que las establecidas en la normativa legal vigente.

Artículo 3.-

El ámbito territorial de la FAMP es el territorio de Andalucía.

Artículo 4.-

La FAMP tiene duración indefinida y sólo podrá disolverse por alguna de las causas previstas en los Estatutos o en las Leyes.

Artículo 5.-

1.- La FAMP mantendrá su colaboración y coordinación con la FEMP, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos Estatutos.

A tal efecto se suscribirá un Protocolo solemne que especifique los derechos y deberes de cada entidad, estableciéndose entre éstos la atribución a la FAMP de la gestión y cobro unificado de las cuotas de las Corporaciones Locales andaluzas asociadas a ambas Federaciones.

Sin perjuicio de las competencias de la FEMP, la FAMP representará y defenderá los intereses de sus asociados también ante la Administración Central y Europea en todo aquello que afecte a su ámbito territorial.

2.- Establecerá relaciones de colaboración con otras Asociaciones similares de España. Asimismo, podrá adherirse o mantener relaciones de colaboración con otras Asociaciones Internacionales que tengan fines análogos a los establecidos en nuestros Estatutos. TÍTULO II.- DE LOS FINES Artículo 6.-

1.- Constituyen los fines de la FAMP:

a. El fomento y defensa de la autonomía local. b. La representación y defensa de los intereses generales de las Entidades

Locales ante otras Administraciones Públicas o instituciones privadas.

c. La prestación, directamente o a través de sociedades o entidades, a las Corporaciones Locales de aquellos servicios que sean de su interés.

d. La difusión de las instituciones locales entre los ciudadanos y demás

instituciones públicas o privadas.

e. El desarrollo y consolidación del espíritu europeo en el ámbito municipal y provincial basado en la autonomía y solidaridad entre los Entes Locales.

f. El desarrollo y consolidación del espíritu comarcal y de cooperación entre

los municipios directamente, con el objetivo de mejorar los servicios, el desarrollo socioeconómico y las comunicaciones.

g. Cualquier otro fin que afecte de forma directa o indirecta a sus asociados.

2.- En ningún caso, la interpretación de estos fines podrá ser tal que su ejercicio invada las competencias de las Entidades Locales asociadas establecidas en el ordenamiento jurídico. Artículo 7.- Para la consecución de estos fines, la Federación realizará las siguientes actividades:

a) Establecerá las estructuras orgánicas pertinentes. b) Facilitará el intercambio de información sobre temas locales. c) Constituirá servicios de asesoramiento y asistencia para sus miembros. d) Organizará y participará en reuniones, seminarios y congresos. e) Se dirigirá a los poderes públicos e intervendrá, en su caso, en la formulación de la normativa legal que afecta a las Entidades Locales. f) Promoverá publicaciones y documentos informativos en materias de su competencia. g) Fomentará la participación de sus asociados en las tareas de la Federación. h) Participará, en su caso, en sociedades o entidades prestadoras de servicios a las Corporaciones Locales. i) Cualquier otra actividad que favorezca el logro de sus fines.

TÍTULO III.- DE LA SEDE

Artículo 8.- La Federación tiene su domicilio en la ciudad de Sevilla, que podrá ser variado por acuerdo de la Asamblea General.

Artículo 9.- Las sesiones de los órganos colegiados de la Federación podrán celebrarse en cualquier lugar del territorio de Andalucía.

TÍTULO IV.- DE LOS ASOCIADOS Artículo 10.- 1.- La Federación está compuesta por socios titulares y de honor. 2.- Podrán ser socios titulares los Municipios, las Provincias y demás Entidades Locales que manifiesten, mediante el correspondiente acuerdo corporativo, su voluntad expresa de adherirse a la FAMP y cumplir los fines estatutarios. La representación de cada socio la ostentar á su Presidente o miembros de la Corporación en quien éste delegue, sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 23 de los presentes Estatutos. 3.- Podrán ser socios de honor las personas físicas o jurídicas que, a juicio de la Asamblea General contribuyan de manera importante y notoria con su labor o preparación técnica a los fines de la Federación. Artículo 11.- 1.- El alta y baja de los socios titulares será acordada por la Comisión Ejecutiva, que hará constar dicho acuerdo en el acta correspondiente y en el Libro de Registro que a tal efecto llevará el Secretario General. 2.- Siempre que proceda por reciprocidad estatutaria, el alta de un socio en la FAMP supondrá su alta automáticamente en la FEMP. Artículo 12.- Son derechos y obligaciones de los socios titulares:

a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de la Federación y sus Órganos de Gobierno. b) Asistir con voz y voto a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias y cuantas reuniones se convoquen válidamente. El socio titular deberá tener la condición detal con anterioridad a la fecha de la correspondiente convocatoria para poder ejercer este derecho. c) Ocupar los cargos orgánicos para los que sean válidamente elegidos. d) Pagar las cuotas y aportaciones extraordinarias que reglamentariamente se establezcan. e) Participar en las tareas y actividades de la Federación. f) Usar las instalaciones y servicios de la FAMP en las condiciones establecidas por la misma.

Artículo 13.- 1.- La condición de socio se perderá:

a) Por decisión voluntaria del asociado, adoptada de acuerdo con lo previsto en el artículo 10. b) Por impago de cuotas y aportaciones extraordinarias por un período superior al año. c) Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva, cuando incurra en incumplimientos graves en su condición de socio.

2.- En los casos a que se refiere el apartado c) será obligada la instrucción de expediente y audiencia previa del interesado por la Comisión Ejecutiva. Contra la decisión de ésta cabrá recurso ante la Asamblea General. Artículo 14.- La pérdida de la condición de socio implicará:

a) La extinción de sus derechos y obligaciones. b) La imposibilidad de reclamar devolución patrimonial alguna. c) La obligación de abonar las cantidades que por cualquier motivo adeudara a la Federación.

MODELO DE ACUERDO PLENARIO DE ADHESIÓN A LA FAMP “Aprobar la adhesión de esta Corporación a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la aceptación de sus Estatutos y Reglamentos, Resoluciones y Acuerdos, y como consecuencia de ello, comprometerse a hacer efectivas, en la forma y plazos determinados en sus Estatutos, las cuotas que reglamentariamente sean estipuladas por los Órganos Rectores de la Federación”.

TÍTULO V.- DE LOS ÓRGANOS DE LA FEDERACIÓN Artículo 15.- 1.- Los órganos de gobierno de la FAMP son los siguientes:

a. La Asamblea General. b. El Consejo Municipalista Andaluz. c. La Comisión Ejecutiva. d. El Presidente.

Los cargos de Presidente y de Vicepresidentes y vocales de la Comisión Ejecutiva y del Consejo Municipalista Andaluz no serán retribuidos. 2.- Otros órganos de la FAMP son:

a. El Secretario General. b. Las Comisiones Sectoriales. c. Las Secciones o Comités.

CAPÍTULO I.- DE LA ASAMBLEA GENERAL Artículo 16.- La Asamblea General es el órgano soberano de la FAMP. Está integrada por los representantes de todos los socios titulares y por los socios de honor. Artículo 17.- Son competencias de la Asamblea General:

a) Aprobar y modificar los Estatutos. b) Elegir a los miembros del Consejo Municipalista y de la Comisión Ejecutiva, así como al Presidente y Vicepresidentes de ésta última. c) Controlar la gestión de los órganos de gobierno de la Federación. d) Aprobar los planes de actuación que se elaboren por la Comisión Ejecutiva. En este sentido se podrán aprobar cuantas se estimen convenientes, incluso directrices de orden presupuestario. e) Disolver la Federación. f) Resolver los recursos, previstos en los Estatutos, que se interpongan ante ella. g) Cualquier otra que le corresponda con arreglo a las leyes y a los Estatutos.

Artículo 18.- 1.- La Asamblea General tendrá carácter ordinario o extraordinario. 2.- La Asamblea se reunirá con carácter ordinario cada cuatros años. A estos efectos tendrá carácter ordinario la Asamblea General prevista en el artículo 33 de los presentes Estatutos. 3.- La Asamblea General se reunirá con carácter extraordinario siempre que lo estime el Consejo Municipalista, por propia iniciativa o a petición de un número de socios que representen al menos la mitad de los votos de la Asamblea, así como cuando sea acordado por la Comisión Ejecutiva y ratificado por el Consejo. 4.- La convocatoria de una Asamblea de la FEMP, cualquiera que sea su carácter, implicará la convocatoria de Asamblea de la FAMP para su previa celebración. Artículo 19. - 1.- La Asamblea General Ordinaria será convocada por el Presidente previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva. La Asamblea General Extraordinaria será convocada por el Presidente, previo acuerdo del Consejo y de la Comisión Ejecutiva. En todo caso, la convocatoria deber á realizarse con al menos treinta días de antelación a la fecha de comienzo de su celebración. 2.- Toda convocatoria de la Asamblea General especificará el lugar, día y hora de su celebración y se acompañará de su correspondiente Orden del Día. 3.- El Orden del Día comprensivo de los asuntos a tratar, ser á aprobado por la Comisión Ejecutiva para la Asamblea General Ordinaria, y por el Consejo Municipalista, a propuesta de la Comisión Ejecutiva, para el caso de Asamblea General Extraordinaria. Este deberá incluir, necesariamente, cualquier tema que, estando dentro de los fines de la Federación, haya sido expresamente solicitado por escrito, al menos por un tercio de los miembros del Consejo o de la Comisión Ejecutiva o por un número de socios que represente al menos el veinte por ciento de los votos de la Asamblea. En caso de Asamblea General Extraordinaria, sólo podrán debatirse los asuntos incluidos en el Orden del Día.

Artículo 20.- 1.- La Asamblea quedará validamente constituida, en primera convocatoria, con la asistencia de socios que representen la mitad más uno de los votos de la asamblea. En segunda convocatoria, una hora más tarde, cualquiera que sea el número de socios representados, salvo que el Consejo determine que algún punto del Orden del Día necesite la asistencia de una mayoría cualificada. La Asamblea podrá deliberar y resolver sobre todos los asuntos del Orden del Día. 2.- En todo caso, se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario General o de quienes reglamentariamente les sustituyan. Artículo 21.- 1.- Para la adopción de cualesquiera resoluciones o acuerdos por la Asamblea General será necesario el voto favorable de la mayoría simple de los votos de la Asamblea General. 2.- Se necesitará la mayoría cualificada de tres quintos de los votos de la Asamblea para la modificación de los Estatutos. La disolución de la Federación deberá acordarse por mayoría cualificada de cuatro quintos de los votos de la Asamblea. En estos casos deberá acreditarse suficientemente la recepción de la Convocatoria, en cuyo Orden del Día, deberán figurar necesariamente estos asuntos para poder ser tomados en consideración. 3.- Para la elección del Consejo Municipalista y de la Comisión Ejecutiva, se aplicará lo dispuesto en los artículos 26 y 32 de estos Estatutos respectivamente. Artículo 22.- 1.- Los votos de cada socio titular son los expresados en la siguiente escala:

a. Corporación de hasta 2.500 habitantes……………………………….2 votos. b. Corporación de 2.501 a 5.000 habitantes……………………………. 3 votos. c. Corporación de 5.001 a 10.000 habitantes……………………………5 votos. d. Corporación de 10.001 a 20.000 habitantes…………………………10 votos. e. Corporación de 20.001 a 50.000 habitantes…………………………15 votos. f. Corporación de 50.001 a 100.000 habitantes………………………..30 votos. g. Corporación de 100.001 a 500.000 habitantes………………………50 votos. h. Corporación de 500.001 a 1.000.000 habitantes…………………….75 votos. i. Corporación de más de 1.000.000 habitantes………………………100 votos.

2.- La adscripción del número de votos se hará en función de la última rectificación padronal.

Artículo 23.- Será admitido el voto por delegación de un socio titular en otro de su misma provincia mediante acuerdo del Presidente de la Corporación. Este acuerdo debe estar en poder de la Presidencia antes de iniciarse la sesión. Artículo 24.- Los debates, acuerdos y resoluciones de la Asamblea serán reflejados en las correspondientes actas que llevará el Secretario General. CAPÍTULO II.- DEL CONSEJO MUNICIPALISTA ANDALUZ Artículo 25.- El Consejo Municipalista Andaluz, como órgano máximo entre Asambleas, es el encargado de desarrollar las Resoluciones aprobadas por la Asamblea. Artículo 26.- El Consejo Municipalista Andaluz estará compuesto por:

a) Los miembros de la Comisión Ejecutiva, cuyo Presidente y Vicepresidentes lo serán, por su orden, también del Consejo.

b) Veintisiete miembros elegidos por la Asamblea General de entre los socios

titulares, con arreglo al siguiente procedimiento: 1.- Las candidaturas serán cerradas, siendo el número de vocales asignados a cada candidatura proporcional al número de votos obtenidos, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de D’Hont. 2.- En el caso de que se presente una sola candidatura, ésta se someterá a votación. En el caso de que hubiese más de una se procederá según el sistema previsto anteriormente. 3.- La mesa de la Asamblea General admitir á las candidaturas suscritas al menos por el cinco por ciento de los votos de la Asamblea.

Artículo 27.- Son competencias del Consejo:

a. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea. b. Velar por el cumplimiento de los fines estatutarios. c. Aprobar el Reglamento de Régimen Interior y el de la Asamblea. d. Aprobar las cuotas anuales. e. Aprobar anualmente los presupuestos ordinarios y las cuentas generales. f. Decidir sobre aquellos asuntos que por su urgencia no puedan ser

presentados a la Asamblea General dando cuenta a la misma cuando se celebre.

g. Cubrir las vacantes que se produzcan en el Consejo y la Comisión Ejecutiva. Artículo 28.- El Consejo funcionará en régimen de sesiones ordinarias, de periodicidad reestablecida, y extraordinarias, mediante convocatoria del Presidente. Con carácter ordinario se reunir á al menos dos veces al año. Se reunir á con carácter extraordinario cuando así lo solicite la Comisión Ejecutiva o un tercio del propio consejo. En este caso la reunión se celebrará en un plazo de quince días. Sus actuaciones quedarán reflejadas en las correspondientes actas. Artículo 29.- 1.- Los miembros del Consejo deberán ostentar la condición de Presidente de la Corporación. Si perdiesen tal condición, pero manteniendo la de cargo electo local, podrán continuar como miembros del Consejo si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

a. Que la pérdida de la Presidencia de la Corporación se haya producido en el

último año de mandato. b. Que la Corporación le otorgue la representación en los Órganos de la FAMP.

En caso contrario causarán baja inmediatamente, siendo sustituidos por el Consejo de entre los socios titulares de la Federación pertenecientes al mismo grupo político del que haya cesado.

c. 2.- Cesarán automáticamente los miembros del Consejo, así como de la Comisión Ejecutiva, que por cualquier motivo dejaren de pertenecer al grupo político por el que fueron elegidos, siendo sustituidos por el Consejo de entre los pertenecientes al mismo grupo.

3.- El mandato de los miembros del Consejo elegidos en la Asamblea abarcar á desde la celebración de ésta hasta que se tome el acuerdo de convocatoria de nueva Asamblea Ordinaria. Una vez realizada la convocatoria de la Asamblea General, quedará disuelto, pasando todas sus competencias a la Comisión Ejecutiva. CAPÍTULO III.- DE LA COMISIÓN EJECUTIVA Artículo 30.- La Comisión Ejecutiva desarrolla las actuaciones generales de la Federación de conformidad con los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo. Artículo 31.- 1.- La Comisión Ejecutiva está compuesta por:

a) El Presidente. b) Cinco Vicepresidentes por su orden. c) Veintiún Vocales.

2.- La Comisión Permanente, compuesta por el Presidente y Vicepresidentes, impulsará y coordinará los trabajos de la Comisión Ejecutiva. 3.- Los miembros de la Comisión Ejecutiva serán elegidos por la Asamblea General de entre los socios titulares de la Federación y deberán ostentar la condición de Presidente de la Corporación. 4.- El Secretario General lo será a su vez de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión Permanente con voz pero sin voto. Artículo 32.- 1.- El Presidente, Vicepresidentes y Vocales de la Comisión Ejecutiva, serán elegidos con arreglo al siguiente sistema:

a) En una primera votación, será elegido Presidente el que mayor número de votos obtenga. b) En una segunda votación serán elegidos los Vicepresidentes en candidaturas cerradas, asignándose a cada candidatura el número que les corresponda, según el procedimiento establecido en la Ley de D'Hont.

c) Los Vocales serán elegidos en candidaturas cerradas. El número de Vocales asignados a cada candidatura será proporcional al número de votos obtenidos, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de D'Hont. c) En el caso de que solo se presente una candidatura integrada para la elección

conjunta del Presidente, Vicepresidentes y Vocales, se someterá ésta a votación. En el caso de que hubiese más de una, se procederá según el sistema previsto en los apartados anteriores.

2.- Las candidaturas se presentarán a la Mesa de la Asamblea General, que admitirá las suscritas por, al menos, el cinco por ciento de los votos de la Asamblea. Artículo 33.- La Comisión Ejecutiva será renovada cuando se renueven las Corporaciones Locales por cumplimiento de su mandato legal y, a tal efecto, será convocada la Asamblea General en un plazo que no podrá exceder de seis meses. Artículo 34.- 1.- Se perderá la condición de miembro de la Comisión Ejecutiva por alguna de las causas siguientes:

a) Por dimisión presentada por escrito al Presidente o a quien estatutariamente le sustituya. b) Por causar baja en la Federación la Corporación Local de la que procedía su cargo. c) Por destitución, cuando incurra en alguna de las acciones u omisiones sancionadas con tal medida en los presentes Estatutos o en los Reglamentos que lo desarrollen. d) Por pérdida de la condición de miembro de la Corporación Local a la que

represente, en la forma establecida en el artículo 29.

2.- Las vacantes de Presidente y Vicepresidentes serán cubiertas por el Consejo de entre los miembros de la Comisión Ejecutiva, hasta la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria. Las vacantes de vocales serán cubiertas por el Consejo de entre los socios titulares de la FAMP, hasta la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria. En cualquier caso se respetará lo establecido en el artículo 29.

Artículo 35.- 1.- Las atribuciones de la Comisión Ejecutiva son las siguientes:

a. Cumplir los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo. b. Mantener relaciones con los poderes públicos y con otras organizaciones que

tengan finalidades similares a las de la Federación. c. Designar los representantes de la FAMP en los organismos en que haya

representación local. d. Aplicar el Reglamento de Régimen Interior. e. Administrar el patrimonio. f. Acordar la realización de todas las operaciones relativas a avales, hipotecas y

demás garantías reales, así como la solicitud de préstamos y créditos. g. Dirigir la realización de estudios y publicaciones. h. Nombrar al Secretario General. i. Admitir a nuevos miembros. j. Tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de los fines estatutarios,

e interponer recursos y ejercer todo tipo de acciones. k. Todas aquellas que expresamente le atribuyan los Estatutos o Reglamento de

Régimen Interior y las que no se atribuyan expresamente por ellos a otros órganos.

2.- La Comisión Ejecutiva podrá delegar en uno o varios de sus miembros las facultades que estime convenientes para una mayor operatividad. Artículo 36.- La Comisión Ejecutiva se reunirá al menos una vez al trimestre, mediante convocatoria del Presidente, por propia iniciativa o a instancia escrita de al menos un tercio de sus miembros, debiendo convocarse, en éste último caso, para celebrarse dentro de los quince días siguientes a la recepción del escrito de solicitud.

CAPÍTULO IV.- DEL PRESIDENTE Artículo 37.- 1.- El Presidente de la Federación es el representante ordinario de la FAMP. Será elegido por la Asamblea General de entre los socios titulares y deberá ostentar en todo momento la Presidencia de su Corporación. 2.- En caso de ausencia o enfermedad será sustituido por los Vicepresidentes por su orden. En caso de vacante se procederá a la elección de nuevo Presidente por el Consejo Municipalista de acuerdo con lo establecido en el Artículo 29.2, asumiendo interinamente la Presidencia los Vicepresidentes por su orden. Artículo 38.- Son atribuciones del Presidente las siguientes:

a) Representar legalmente a la Federación a todos los efectos. b) Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea General, del Consejo y

Comisión Ejecutiva. c) Ejecutar los acuerdos del Consejo y de la Comisión Ejecutiva. d) Dirigir el funcionamiento ordinario de la Federación y administrar su

patrimonio. e) Dirimir con su voto de calidad los empates que se produzcan en los órganos

colegiados de la Federación. f) Delegar algunas de sus facultades en los Vicepresidentes y, a efectos de

ordenación de pagos, en los Vicepresidentes, Vocales y Secretario General. g) Decidir en caso de urgencia, sobre cuestiones reservadas al Consejo o a la

Comisión Ejecutiva. Dichas decisiones deberán ser ratificadas por éstos en la primera sesión que se celebre por el correspondiente órgano.

h) Cualquier otra función que le sea delegada por el Consejo o por la Comisión Ejecutiva.

CAPÍTULO V.- DEL SECRETARIO GENERAL Artículo 39.- Son atribuciones del Secretario General:

1.- La función de jefe de los servicios administrativos de la Federación, la jefatura de personal y aquellas otras funciones que se le atribuyen en estos Estatutos, bajo la dependencia y control del Presidente y la Comisión Ejecutiva. 2.- La representación en el giro o tráfico mercantil y concretamente:

a) Establecer contratos y pactos. b) Percibir la subvención anual que corresponde a la FAMP en los

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y cualquier otra subvención, convenio y toda clase de cantidades y cobros que deba percibir, por otros conceptos, del Estado, Comunidad Autónoma o cualquier oficina estatal y paraestatal, y para ello firmar los documentos públicos o privados que sean precisos o convenientes en nombre de la Federación.

c) Realizar la ordenación de pagos y autorización de fondos en el desempeño de las funciones corrientes de tesorería y régimen económico y financiero.

d) Las funciones de secretario del Consejo y de la Comisión Ejecutiva. e) La ejecución de los acuerdos que adopte el Consejo y la Comisión

Ejecutiva. f) Informar regularmente al Presidente, y por indicación de éste, al

Consejo y a la Comisión Ejecutiva sobre las actuaciones que realice en uso de sus atribuciones.

3.- El Secretario General podrá designar un Adjunto al Secretario General, quién desempeñará las funciones que aquél le atribuya.

Artículo 40.- El nombramiento y cese del Secretario General deberá ser aprobado por la Comisión Ejecutiva a propuesta del Presidente. Artículo 41.- En caso de vacante de la Secretaría General, será cubierta provisionalmente por el Adjunto al Secretario General. En el plazo máximo de un mes a partir de la fecha en que se produzca la vacante, deberá nombrarse nuevo Secretario General en la forma prevista en el artículo 35.

CAPÍTULO VI.- DE LAS COMISIONES SECCIONES Y COMITÉS Artículo 42.- 1.- Podrán constituirse Comisiones de Trabajo Sectoriales para la elaboración de estudios y formulación de propuestas sobre cuestiones directamente relacionadas con los fines de la FAMP. Para ello, podrán proponer a la Comisión Ejecutiva la realización de todas aquellas actividades, previstas en los Estatutos como propias de la Federación, que estimen convenientes, con su correspondiente estimación presupuestaria. 2.- Las Comisiones de Trabajo serán constituidas por la Comisión Ejecutiva y presididas por un miembro de ésta o de una Corporación Asociada que designe la Comisión Ejecutiva. 3.- El Secretario General de la FAMP coordinar á el funcionamiento de estas Comisiones. Artículo 43.- 1.- Podrán crearse en el seno de la FAMP Secciones o Comités por acuerdo de la Comisión Ejecutiva. Estas Secciones o Comités estarán formadas por asociados que se agrupen en torno a un interés específico. 2.- Tendrán autonomía para organizarse internamente, sometiendo sus normas de funcionamiento y sus acuerdos a la aprobación de la Comisión Ejecutiva de la FAMP. 3.- El Secretario General ejercer á en todo caso, la intervención de las cuentas de estas Secciones o Comités y el seguimiento de la actividad de las mismas.

TÍTULO VI.- DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Artículo 44.- 1.- Los recursos de la Federación procederán:

a) De las cotizaciones y suscripciones de los socios titulares. b) De las aportaciones extraordinarias. c) De los rendimientos propios de su patrimonio. d) De otros que eventualmente se produzcan.

2.- Las cuotas anuales serán aprobadas por la Comisión Ejecutiva, que determinará sus cuantías con arreglo a una cantidad fija por habitante. 3.- Las cuotas anuales deben ser ingresadas en la Federación dentro de los tres primeros meses de cada año. TITULO VII.- DE LA DISOLUCIÓN DE LA FEDERACIÓN Artículo 45.- Disuelta la Federación, se proceder a su liquidación por la Comisión Ejecutiva constituida en Comisión Liquidadora, destinándose el patrimonio social, una vez deducidos los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones pendientes, a la realización de fines análogos a los de esta Federación, y distribuyéndose entre sus socios en proporción a las cuantías de sus respectivas cuotas.

2.2. Solicitud de declaración de utilidad pública para la FAMP

ACUERDO DE SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA PARA LA FAMP La declaración de utilidad pública para una asociación, implica una serie de derechos entre los que se encuentra el de disfrutar de las exenciones y beneficios fiscales que las leyes reconozcan a favor de la misma. El Real Decreto 1.786/1.996, de 19 de julio, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, establece en su artículo 2.4 que para solicitar la declaración de utilidad pública, es preciso acompañar, entre otros documentos, “Acuerdo del órgano de gobierno competente, de solicitud de la declaración de utilidad pública”. Considerando que la FAMP cumple los requisitos exigidos al efecto y que los derechos y ventajas que conlleva la declaración de utilidad pública son beneficiosos para el desarrollo de los fines de la Federación, se propone la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Considerar que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias cumple los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley 191/1.964, de 24 de diciembre, de Asociaciones, en la redacción dada por la Disposición Adicional Decimotercera de la Ley 30/1.994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General. SEGUNDO.- Solicitar, de conformidad con lo previsto en artículo 2 del Real Decreto 1.786/1.996, de 19 de julio, la declaración de utilidad pública para la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. TERCERO.- Trasladar el anterior acuerdo, junto con la documentación necesaria, al órgano administrativo competente para el otorgamiento de la declaración de utilidad pública que se solicita.

3. Otras resoluciones

3.1. Moción para ser defendida en la Asamblea de la FEMP

La adaptación del papel de la FEMP a la situación actual del Estado Autonómico y su relación con las Federaciones Autonómicas, implica: 1º) La modificación de sus órganos de gobierno en el sentido siguiente:

La mitad al menos del Consejo Federal de la FEMP debe ser elegido por las Federaciones Autonómicas en función de su representatividad. La creación de un Consejo Territorial, formado por el Presidente/a de la

FEMP y los Presidentes/as de las Federaciones Territoriales, con la función de coordinar la actuación de las respectivas Federaciones.

2º) La firma de Protocolos entre la FEMP y las Federaciones Autonómicas en los que se establezcan el marco de sus relaciones, especialmente en lo relativo a la afiliación y a las cuotas de los asociados. El Consejo Territorial acordará un Protocolo Marco que garantice la igualdad en los aspectos esenciales de dichas relaciones.

3.2. Resolución de apoyo al Pueblo Saharaui

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En los últimos días del mes de septiembre y primeros de octubre, las fuerzas de seguridad de Marruecos han desatado una brutal represión contra la población saharaui en la ciudad ocupada de El Aiún, que ha causado la muerte de diez civiles, centenares de heridos y desaparecidos y más de quinientas detenciones arbitrarias, la violación de algunas de las detenidas y la quema y el saqueo de las propiedades saharauis. Incluso se ha denegado a los heridos la debida atención sanitaria. Esta actuación de las fuerzas de seguridad se ha visto reforzada por la aparición de grupos de colonos marroquíes que están organizando, en la práctica, en milicias paramilitares, que hostigan y siembran el terror entre una población indefensa cuyo único objetivo es vivir en paz y organizar su futuro como país. Durante décadas, de nada han servido las condenas de la invasión y las denuncias de las continuas violaciones de los derechos humanos, realizadas por organismos internacionales como la ONU, OUA, Parlamento Europeo, etc. Ahora parece que la represión puede ir en aumento ante la proximidad de la fecha decretada por las Naciones Unidas para la celebración del referéndum y la certeza de Marruecos de que, en caso de celebrarse, arrojará un resultado positivo para las aspiraciones Saharauis. Todo ello ocurre sin la presencia de los medios de comunicación y observadores internacionales independientes que puedan dar fe de estas atrocidades. Mientras, el ejército de Marruecos refuerza sus posiciones con la excusa de mantener la paz ante lo ellos definen como “revuelta de carácter social”. Estos hechos son un grave atentado contra los derechos fundamentales de las personas y un obstáculo importante en el proceso de paz para la Sahara Occidental. Es responsabilidad directa de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad y de la Comunidad Internacional que no vuelvan a repetirse acontecimientos como los ocurridos en los últimos días. Por todo lo expuesto, se considera necesario adoptar los siguientes ACUERDOS PRIMERO.- Denunciamos, de nuevo, la violación sistemática de los derechos humanos por parte de Marruecos en las zonas ocupadas del Sahara occidental y hacernos un llamamiento a la Comunidad Internacional para que solicite al nuevo Rey de Marruecos, Mohamed VI, un respeto escrupuloso de las libertades de las personas. SEGUNDO.- Solicitamos a las Naciones Unidas la adopción de cuantas medidas sean necesarias para garantizar la pronta finalización de los trabajos de la Comisión de Identificación del censo de votantes, de modo que la resolución de los recursos o apelaciones presentadas no sea motivo de un nuevo retraso de la fecha de celebración del referéndum.

TERCERO.- Pedimos al Gobierno de España que interceda de inmediato ante Marruecos para que cesen las hostilidades y garantice la seguridad de la población saharaui, permitiendo la presencia en el territorio de medios de comunicación y observadores internacionales, a fin de evitar que se repitan hechos similares a las masacres ocurridas en Timor Oriental. CUARTO.- Hacemos un llamamiento a las Instituciones, ONG,S, medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto para que exija a las Naciones Unidas, Reino de Marruecos y Reino de España la protección de los derechos humanos en el Sahara Occidental, como única vía para la celebración del referéndum de Autodeterminación, libre y transparente, en el año 2000, como anunció el Secretario General de la ONU. QUINTO. - Reconocemos los esfuerzos del Secretario General de la ONU, Kofi Annan, por aplicar correctamente el Plan de Paz y dar solución definitiva al contencioso del Sahara Occidental, motivo por el que lo felicitamos. SEXTO.- Remitir certificado del acuerdo a:

Secretario General de las Naciones Unidas. Presidencia del Gobierno de España. Ministro de Asuntos Exteriores. Delegación Saharaui para España. Delegación Saharaui para Andalucía.

3.3. Resolución de apoyo a la candidatura de La Rábida y los Lugares Colombinos, como sede de la Secretaría Permanente

de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno

Quinientos seis años antes que en la Cumbre Iberoamericana celebrada en Portugal se decidiese crear la Secretaría Permanente de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, se inició en la provincia de Huelva, en la Rábida y los lugares Colombinos, una singladura de vocación americanista que ha motivado que los Onubenses siempre hayan estado en primera línea en la cooperación con Iberoamérica. En abril de 1998 nace la idea de que La Rábida opte por la Sede, y en febrero de 1999 nace la comisión institucional de apoyo a la candidatura de La Rábida y Los Lugares Colombinos, con representantes de la Diputación de Huelva y los Ayuntamientos de Palos de la Frontera, Huelva y Moguer, y la universidad de Huelva. Durante año y medio se ha trabajado con convicción y esperanza, en el deseo sincero de continuar cooperando con Iberoamérica “en primera línea ”, tal y como lo hemos realizado desde 1492, para así construir conjuntamente con los países hermanos un futuro solidario de progreso y de bienestar. La FAMP, solidariamente con las justas aspiraciones de los municipios onubenses, solicita al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de España que apoye y promueva la candidatura de la Rábida y los lugares Colombinos a la Secretaría de Cooperación en la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en La Habana los días 15 y 16 de noviembre, tal y como le instaba el Congreso de los Diputados - en calidad de representante del Pueblo Español - en la Proposición No de Ley aprobada el 29 de septiembre de 1999.

3.4. Resolución de apoyo a las reivindicaciones del Foro del Agua

Los Municipios y Diputaciones Andaluzas, reunidas en la 5ª Asamblea General de la FAMP, manifiestan su apoyo a los representantes de las organizaciones ciudadanas, sindicales, apoyadas por Ayuntamientos y Diputaciones, que se manifiestan hoy en la Moncloa. Así mismo expresamos nuestro apoyo a las reivindicaciones del FORO DEL AGUA, fiel reflejo del sentir general de la ciudadanía.

DISCURSOS

1. DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA FAMP Y ALCALDE DE GRANADA Excmo. Sr. D. José E. Moratalla Molina

Sr. Presidente, Sr. Alcalde de Sevilla, Sra. Consejera, Sres. Alcaldes y Alcaldesas, Sres. Presidentes de Diputación, Sras. Concejalas y Sres. Concejales de toda Andalucía, buenas tardes. Quiero, en primer lugar, -y de forma muy sincera- agradecer el apoyo, el afecto, y vuestra elección hacia la ejecutiva y hacia mi persona como Presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Es para mí, como Alcalde de mi ciudad, como Alcalde de Granada, un honor y un gran privilegio ser el Presidente de la Federación de Municipios más importante de España. Es un honor que quiero compartir desde este momento y en toda esta etapa con vosotros. Vosotros nos habéis dado vuestra confianza y a vosotros nos vamos a entregar para mejorar nuestras ciudades y nuestros municipios.

Quiero también agradecer muy especialmente a Alfredo Sánchez Monteseirín, Alcalde de Sevilla, su trabajo en la FAMP durante estos cuatro años. Felicidades Alfredo por tu gestión y vaya desde aquí mi reconocimiento y el de todos los Alcaldes para estos cuatro años de trabajo. Gracias también por tu acogida en esta maravillosa ciudad.

No quiero dejar de recordar a los tres presidentes anteriores que comenzaron a trabajar en el proyecto que todos hemos continuado José Antonio Marín Rite, Femando Martínez, y Pedro Aparicio. Gracias compañeros por vuestro trabajo y por vuestra labor de la que ahora estamos recogiendo los frutos.

Quiero significar, en este tiempo en el que la política no goza de las mayores cotas de prestigio social, la labor que las direcciones regionales de los cuatro partidos han realizado para lograr un consenso que permite la composición de esta nueva Ejecutiva que trabajará para lograr que Ayuntamientos y Diputaciones ocupen un lugar adecuado en Andalucía y en España. Gracias a todas las personas que desde todas las fuerzas políticas han venido trabajando por este objetivo común desde la pluralidad.

Los Ayuntamientos han sido en nuestro país una de las Instituciones que han servido de pilar básico para la construcción democrática y que han servido también como una de las Instituciones que tienen más credibilidad ante los ciudadanos por ser la administración que posee una mayor cercanía a los ciudadanos y ciudadanas.

En Andalucía, sus 769 Ayuntamientos, han contribuido decisivamente en estos veinte años de Ayuntamientos democráticos al indudable avance en los niveles de calidad de vida que se ha producido en nuestra Comunidad Autónoma desde la construcción del Estado de las Autonomías.

Se han conseguido avances muy importantes en tres aspectos destacados: en la

convivencia democrática en cuanto al papel que juega el ciudadano ante la administración y a su participación en la vida pública, en el desarrollo económico de Andalucía y de España y en la generación de empleo, así como en la mejora del bienestar social de miles de ciudadanos y ciudadanas.

En resumen hemos mejorado notablemente la vida de los ciudadanos en aspectos concretos relacionados con sus preocupaciones diarias, con sus preocupaciones más cercanas, la mayoría de las veces con la ayuda de la Junta de Andalucía y de la Administración Central y otras muchas veces con medios propios -siempre escasos-, y -porque no decirlo- una buena dosis de voluntarismo e imaginación.

Pero hoy comenzamos una nueva etapa en Andalucía. Hoy la Federación Andaluza de Municipios y Provincias comienza a trabajar en la encrucijada de un cambio de milenio y de siglo que, más allá de los tópicos habituales, ha de marcar para nosotros también en los pueblos y ciudades de Andalucía, en sus Ayuntamientos, un cambio sustancial que dé a los municipios un mayor protagonismo en el diseño y en la gestión más cercana de los problemas e intereses colectivos.

Esto, que ha sido en años anteriores una declaración de principios prácticamente compartida por todos los actores de la vida política y social, ha de pasar, en esta nueva etapa, a ser una realidad.

Es necesario un mayor poder de los municipios para poder gestionar más eficazmente los recursos. Es difícil que sólo con voluntad e imaginación -necesarias para mejorar la gestión-podamos acometer las soluciones eficaces para gestionar los intereses cotidianos de los ciudadanos.

La política de la vida cotidiana en una ciudad necesita de recursos. Los problemas del tráfico, de la limpieza y del medio ambiente, los problemas sociales, el urbanismo, la vivienda, tantos y tantos asuntos cotidianos que afectan a la vida y a la calidad de vida de todos los ciudadanos son los que diariamente hemos de resolver con eficacia y eficiencia.

No disponer de recursos para ello contribuye a minar la credibilidad de las Instituciones Públicas y de sus gestores. Hemos de hacer un esfuerzo para recuperar esta credibilidad desde los Ayuntamientos -que han sido siempre la avanzadilla de los cambios sociales en nuestro país-, dotándolos de mayores recursos y trabajando en colaboración con las demás administraciones, superando enfrentamientos estériles.

Trabajar en la política de la solución de los problemas de la vida cotidiana de forma conjunta, mejorar á sensiblemente la credibilidad de la política, acercará más la ciudadanía a las Instituciones.

Hemos conocido en estos días por estudios de opinión que los ciudadanos y

ciudadanas Andaluces perciben que ha mejorado su calidad de vida y equiparan su nivel de vida al de otras Comunidades Autónomas. En esa línea hemos de seguir. Para ello el papel de los Ayuntamientos es fundamental.

El Pacto Local Andaluz, impulsado desde la anterior ejecutiva de la FAMP, va a ser el eje vertebrador de esta nueva etapa no sólo en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, sino también en relación con la realidad de todo el Estado y el diseño de las políticas locales a través de la FEMP, en relación con la Administración Central, sino también en el papel que las Administraciones Locales han de jugar en el contexto de los municipios y las regiones de Europa.

No vamos a reivindicar por reivindicar. Vamos a trabajar de forma conjunta con lealtad Institucional, pero firmes en la exigencia de los recursos que sean necesarios para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Hemos tenido un teórico horizonte permanente de equilibrio presupuestario en todo el Estado que aún no se ha cumplido, el famoso 50-25-25. En estos últimos 20 años el desarrollo del Estado Autonómico ha puesto en evidencia que la descentralización autonómica ha mejorado notablemente el bienestar de los ciudadanos y la satisfacción de éstos en cuanto a los servicios que reciben por parte de los poderes públicos.

En los próximos años creemos que el estado, en su conjunto, debe hacer un mayor esfuerzo descentralizador, pero en esta ocasión hacia los municipios.

Hemos de fijar un horizonte nuevo en el equilibrio de los recursos que refuerce aún más el Estado Autonómico, en materias que aún quedan por transferir, pero hemos de trabajar con un gran Pacto, de todos los agentes sociales, por que esa descentralización se dé hacia las corporaciones locales.

El horizonte ha de estar cercano al 40-30-30 del total del gasto público, lo que supone en la práctica casi duplicar el nivel de recursos existentes en los Ayuntamientos, fundamentalmente en los más pequeños.

Articular este Pacto entre Administraciones implica dotar a los Ayuntamientos y Diputaciones de instrumentos para el equilibrio y la cohesión social.

Este pacto local ha de permitir no sólo mejorar los servicios existentes, sino también ser el dinamizador de nuevas fuentes generadoras de actividad productiva y de empleo en nuestra comunidad, en campos relacionados con la creación de nuevos servicios, con nuevos nichos de actividad económica, que en Andalucía deberían ser incentivados desde la iniciativa pública en colaboración con la iniciativa privada.

Los servicios de protección medioambiental, el desarrollo de la cultura, el

turismo rural y ecológico, el desarrollo de los nuevos servicios sociales para las personas mayores, y el fomento de una nueva industria del ocio, son algunos de los ejemplos en los que los Corporaciones Locales tenemos un importante papel de impulsores y dinamizadores.

La subsidiariedad es un principio que orienta buena parte de la política europea para la mejora de la eficiencia, de la eficacia y de la calidad de los servicios públicos, y debe transformarse en una realidad en nuestros municipios y en nuestras provincias.

En un contexto de globalización, entendida ésta no sólo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista tecnológico, de una progresiva globalización de los valores democráticos, y de los valores culturales, el papel activo de los agentes locales en ella debe mejorar sus efectos más sociales y de cohesión social.

La globalización implica el desarrollo de redes empresariales, el desarrollo de nuevas tecnologías de la información, e implica también la aparición de graves problemas sociales, pero debe implicar también la extensión de formas democráticas de convivencia.

Todo ello conlleva el grave riesgo de que las necesidades de las personas, sus necesidades cotidianas y sus derechos queden en un segundo plano en todo este proceso.

Y, como decía, en este proceso acelerado de globalización el papel de los poderes locales es fundamental.

La proximidad a los problemas desde los Ayuntamientos nos hace tener un papel activo. Esta proximidad nos hace estar en la primera línea de las necesidades para posibilitar la solución de los problemas. Los poderes locales pueden imprimir su dinamismo y su equilibrio para mejorar este proceso de globalización.

Desde mi punto de vista los ámbitos desde los que las Corporaciones Locales debemos jugar un papel activo en este proceso de globalización y en el marco de la política de la Unión Europea son cinco: Las políticas activas de empleo, el desarrollo de los servicios sociales, la protección medio ambiental, el desarrollo de las infraestructuras y el de las telecomunicaciones.

Es decir ser activos, emprendedores e innovadores en los pilares básicos de las políticas locales, en el entorno del nuevo marco comunitario de apoyo 2000-2006 que nos pone en este camino.

Andalucía como región objetivo 1, debe trabajar de forma conjunta entre todas las Instituciones para acogernos a esta última oportunidad de financiación, antes de la ampliación de la Unión a los países del este de Europa.

Por otra parte debemos plantearnos una actitud más competitiva frente a otras

regiones españolas o europeas, para atraer hacia nosotros esos fondos no territorial izados de programas ya pactados, de fondos pluriregionales, de los fondos de cohesión y de distintos programas comunitarios.

Estas ayudas deben revertir, en la medida de lo posible en una transformación real de nuestras estructuras productivas y sociales, hacia unas estructuras más competitivas y más reequilibradoras para mejorar las condiciones de vida de los municipios de Andalucía.

Se trata de tener una actitud activa -emprendedora e innovadora- para que la FAMP sea un instrumento idóneo para las administraciones locales andaluzas en colaboración con la Junta de Andalucía y con la Administración Central.

Planteo una actitud activa, desde las corporaciones locales andaluzas, en contraposición a actitudes pasivas que -en el ámbito de la financiación comunitaria- hemos tenido por inercias históricas contrarias a nuestro propio carácter andaluz imaginativo y emprendedor.

Esta actitud activa que hemos de tener no sólo está enmarcada en el ámbito reivindicativo, sino que también es una actitud estratégica que añade a la reivindicación propuestas y proyectos concretos y realizables en Andalucía.

La inmensa mayoría de los Alcaldes y Concejales, de todos los colores políticos, nos sentimos acuciados por los problemas inmediatos, por los problemas del aquí y del ahora, por los problemas urgentes que a veces no lo son tanto.

Tenemos, no obstante, que ser capaces de ver más allá, de proyectar el desarrollo social y económico. En suma proyectar el futuro de nuestra ciudad. Un futuro que tiene que pasar ineludiblemente por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, del desarrollo de servicios a través de INTERNET, de la innovación empresarial, de la formación de nuestros jóvenes en las nuevas oportunidades para el empleo.

La revolución tecnológica que vivimos ya está dando la vuelta a concepciones tradicionales en los ámbitos productivos de la agricultura, de la industria, del comercio, de la cultura y del turismo.

Los municipios no podemos vivir de espaldas a esta realidad social y desde la FAMP vamos a impulsar un programa específico en este campo que nos introduzca en esta nueva era tecnológica para aumentar el dinamismo y la creación de redes empresariales, sociales y de servicios en nuestros pequeños y grandes municipios.

Otro de los grandes retos que vamos a afrontar en los próximos años desde la FAMP y desde los municipios en general, como ya he referido anteriormente, es el del acercamiento de los ciudadanos a la vida política local.

Buena parte de la dinámica que se genera en cualquier municipio está

condicionada por la interacción entre los ciudadanos que viven en él y la gestión de su Ayuntamiento.

Ese hecho favorece, de entrada, un mayor acercamiento del ciudadano a la Institución municipal. Pero las trabas administrativas y burocráticas, la opacidad, la falta de información y, a veces, unas obsoletas estructuras organizativas, han hecho que algunos ciudadanos se sientan cada vez más distantes de la vida municipal.

En esta nueva época los Ayuntamientos y las Diputaciones hemos de hacer un esfuerzo por acercarnos a los problemas de la convivencia ciudadana, de hacer un esfuerzo por humanizar la política local.

Y en ello ha de jugar un papel fundamental la incentivación de la participación ciudadana, no sólo atendiendo a las formas tradicionales, y promoviendo la participación real a través de los mecanismos de participación ya establecidos -como consejos, cartas de derechos ciudadanos-, que con ser importantes no son suficientes.

Es necesario, además, explorar nuevas formas de participación y consulta local, nuevas formas que potencien el asociacionismo a través del paternariado, nuevas formas de diálogo con la sociedad, tratando de buscar la complicidad de los ciudadanos en los proyectos municipales y viceversa.

En este sentido trabajar en aumentar la transparencia, la austeridad, y en mejorar la eficiencia y la calidad de la gestión puede hacernos mejorar también la implicación de la ciudadanía en la gestión de los intereses locales.

En este reto vamos a embarcarnos en los próximos años en la FAMP. Es necesario, para ello, la creación de una carta de servicios que homologue las prestaciones de los municipios, así como la calidad de éstas.

En suma vamos a trabajar desde la FAMP por la regulación de los derechos que los Ayuntamientos tienen que satisfacer a los ciudadanos, con el apoyo de las distintas administraciones, para que en Andalucía tengamos una estructura mínima homogénea que permita que los servicios y prestaciones que son competencia municipal sean un derecho efectivo.

Homologación, equilibrio, diálogo, cohesión territorial y social van a ser principios que regirán esta nueva etapa de este nuevo equipo municipalista andaluz.

Un equipo municipalista que reúne experiencia, ilusión, tenacidad y sobre todo el apoyo unánime para una idea compartida: Poner los Ayuntamientos y Diputaciones al servicio de las necesidades y demandas reales de nuestros ciudadanos y ciudadanas en toda Andalucía.

Rescatemos el espíritu de la generación del 27, el espíritu de dos poetas andaluces universales que se adelantaron a su tiempo: el espíritu de Lorca y Alberti. Adelantémonos, demos un paso al frente, para hacer de nuestro trabajo una constante defensa de los valores en los que creemos, y hagamos del compromiso y de la creatividad unos aliados permanentes para la magnifica tarea de poder construir el futuro desde los municipios. Para ello nos vais a tener, me vais a tener, a vuestra entera disposición. Gracias.

2. DISCURSO DE CLAUSURA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Excmo. Sr. D. Manuel Chaves González Intervención en el acto de clausura

Excmo. Sr. Presidente y Miembros de la Comisión Ejecutiva de la FAMP Excmas. e Ilmas. Autoridades Sras. y Sres. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha celebrado durante estos

días su Vª Asamblea General y ha hecho resumen de sus actividades, valorando el informe de gestión y la labor desarrollada por este Organismo durante estos últimos cuatro años, que han sido fundamentales para el municipalismo andaluz.

La renovación de la Comisión Ejecutiva, a cuyo Presidente y nuevos Miembros

deseo felicitar cordialmente y ofrecer la cooperación institucional de la Junta de Andalucía, cierra una etapa y abre otra que desemboca directamente en un tiempo lleno de expectativas y desafíos.

Se mire por donde se mire, el año 2.000, el siglo XXI o el tercer milenio, son

enumeraciones impregnadas de rotundidad y simbolismo. Entre todos tenemos que conseguir que sea un período de progreso, de crecimiento económico, de bienestar y calidad de vida para el conjunto de los ciudadanos, y los Ayuntamientos y Diputaciones son las instituciones públicas que, por proximidad a los problemas y aspiraciones de los andaluces y andaluzas, más pueden hacer en favor de estos objetivos.

Conseguir que así ocurra, es una obligación compartida y además, en política, es

mucho más complicado que en otros campos o en otras actividades, hacer las cosas por uno mismo. Siempre es necesaria la colaboración de otros, el compromiso eficaz de quienes, en el mismo nivel o en otra dimensión, tienen idéntica o parecida responsabilidad pública.

Hago esta afirmación para añadir a renglón seguido que, en Andalucía, vamos a

seguir trabajando juntos, vamos a implicarnos todos y vamos a desarrollar e impulsar el diálogo y la colaboración, sin otro punto de mira que el interés general de nuestra Comunidad.

Durante estos años se ha consolidado esta práctica, hasta hacerse habitual, y

Andalucía puede sentirse satisfecha, por ejemplo, de haber sido reconocida en la Unión Europea como modelo de concertación económica y social. Creo sinceramente que eso mismo ha ocurrido en otros ámbitos de interlocución más específicos o sectoriales.

Incluso en el terreno político, especialmente resbaladizo porque se interponen

los intereses partidistas o los posicionamientos ideológicos, hemos avanzado en el entendimiento mutuo y la cooperación práctica. No cabe duda que es todo un síntoma de madurez.

En este contexto, la colaboración entre el Gobierno Andaluz y las Corporaciones

Locales, a través sobre todo de esta Federación, tiene una enorme relevancia. Por dos razones íntimamente relacionadas entre sí: por eficiencia política y administrativa, y porque de ése consenso depende, nada más y nada menos, que el bienestar y el progreso de la sociedad andaluza.

En un apresurado recorrido se pueden enumerar y recordar de golpe a numerosos

beneficiarios. Ante todo, el propio sistema democrático. No olvidemos que, en España, la

democracia empezó a ser real, hace ahora poco más de veinte años, cuando un grupo de hombres y mujeres, la mayoría inexpertos en tareas administrativas, abrieron las puertas de los Ayuntamientos e iniciaron una verdadera regeneración de la vida política, partiendo del municipio y en contacto directo con los ciudadanos.

Así empezó la democracia española hace dos décadas, pero es que creo que todo

el ciclo del sistema representativo, de principio a fin, se inicia y termina donde está el ciudadano: en su ciudad, en su pueblo.

Los ayuntamientos son, por tanto, no sólo la administración más cercana -que así

dicho parece algo todavía lejano -, sino especialmente la que hace posible que su destinatario, el ciudadano de a pie, la viva como una experiencia cotidiana y como una realidad favorable, porque le resuelve problemas o porque sabe dónde y cómo plantearlos.

Otro importante beneficio es el autonómico. Tal vez por una deformación en el

uso del término, tendemos a creer, sobre todo en España, que la autonomía tiene un carácter territorial específico o cerrado y que se detiene en ese ámbito intermedio.

No existe, sin embargo, verdadera autonomía si las Comunidades Autónomas no

profundizamos internamente en el mismo proceso constitucional del que partimos, haciendo eficaz y operativa idéntica acción hacia los ayuntamientos.

Y es lógico que, lo mismo que reivindicamos del Gobierno de la Nación, se nos

exija también por parte de las Corporaciones Locales. Es decir, transferencias o servicios y medios o recursos financieros para poder gestionarlos. Estamos hablando de la consecuencia más elemental que se deriva del principio de subsidiariedad, al que se ha recurrido para resolver una mecánica de funcionamiento mucho más compleja, como es la Unión Europea.

La razón es bien simple: los problemas de los ciudadanos deben ser abordados y

resueltos por aquella administración que mejor los puede conocer, que más rápidamente puede acudir y que con más facilidad también es capaz de entender su necesidad o urgencia.

Porque los ciudadanos son siempre los mismos, viven en los pueblos o ciudades

y éstas comparten un territorio determinado. Las que cambian son las administraciones -europea, nacional, autonómica o local-, cada una con sus incidencias particulares.

Por tanto, hay que gradualizar las situaciones, hay que evitar solapamientos

innecesarios, hay que optimizar los recursos disponibles y hay, en fin, que prever las posibilidades, de personal y de medios, que tiene cada uno de estos niveles institucionales para resolver y aportar una solución eficaz.

En base a estos principios tenemos que actuar, y para las administraciones que

asumen y, muchas veces, atienden las mismas o similares necesidades, esto se llama pactar. En política la falta de acuerdo o, lo que es aún peor, el intento de castigar o doblegar a una administración por parte de otra, es un gravísimo error que terminan pagando los ciudadanos.

Durante los últimos cuatro años, en nuestra Comunidad hemos avanzado

sustancialmente en la elaboración y en la aplicación del Pacto Local Andaluz . Cuando se habla de este tema y a él me referí, por ejemplo, en el último Debate

del Estado de la Comunidad, parece que nos fijamos sobre todo en si existe o no un documento firmado, perfectamente articulado y delimitado hasta la última coma, que se da por concluido y acabado en una solemne ceremonia. Como tal no existe y casi mejor que no exista.

Por su propia naturaleza un pacto de estas características, es un acuerdo básico

en sus líneas generales y consensuado entre las partes como un proceso abierto a precisiones ulteriores, a la inclusión de nuevos temas y sometido a una continua profundización.

Así hemos planteado el Pacto Local en Andalucía, cuya propuesta inicial parte

formalmente de la IV Asamblea de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, celebrada a finales de 1.995.

Esta iniciativa fue acogida con satisfacción por la Junta de Andalucía y, tras una

primera fase de estudio y análisis de la situación de partida, elaboramos conjuntamente un documento de trabajo, en el que se incluían estas dos medidas instrumentales:

* la creación de una Mesa del Pacto Local Andaluz, de carácter general, y * la constitución de ocho Mesas sectoriales, destinadas a abordar las cuestiones por áreas o departamentos.

Este trabajo, realizado a lo largo de 1.998, ha empezado a dar frutos muy

concretos, de tal manera que en los Presupuestos de 1.999, se contemplan las repercusiones económicas del Pacto, autorizándose las necesarias adaptaciones de créditos para atender y financiar las delegaciones o traspasos de competencias ya acordados.

Al mismo tiempo, la tarea legislativa y normativa del Gobierno Andaluz

comienza ya a introducir algunas de las demandas contenidas en las propuestas iniciales de la FAMP. Así, por ejemplo, la Ley de Servicios Sociales, el Plan Andaluz de Vivienda, la Ley del Deporte, la Ley de Salud, los Planes Intermodales del Transporte, el Inventario de Espacios Naturales o los Reglamentos del Sistema de Archivos y Bibliotecas, contemplan la delegación o atribución de muchas de estas competencias a los Ayuntamientos.

Dando un paso más en la desconcentración de funciones, el proceso negociador

desarrollado en las distintas Mesas Sectoriales del Pacto Local en Andalucía, ha acordado una serie de medidas de descentralización de determinados servicios en algunos casos y, en otros, la coordinación a nivel comarcal o la ordenación y gestión de los mismos.

Las Corporaciones Locales están teniendo por tanto un papel y una presencia

cada vez más relevante en la aplicación de numerosas actividades concernientes a los Servicios Sociales Comunitarios, a la política de Suelo y Vivienda, al Turismo, a la Educación, al Consumo, a la Mujer, a los Jóvenes o a los Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Estamos avanzando y profundizando el concepto de autonomía en todo el

territorio de nuestra Comunidad y creando, a través de las Diputaciones y Ayuntamientos, una red de auténtico poder político, descentralizada, eficaz y cercana a los ciudadanos.

Pero sabemos que sin capacidad financiera, no existe verdadera posibilidad de

ejercer la autonomía municipal. Solucionar de una vez esta cuestión esencial le corresponde a la Administración Central del Estado. Sin embargo, tampoco en este punto hemos querido mantenernos al margen.

A través del Plan de Cooperación Municipal, la Junta de Andalucía ha puesto a

disposición de las Entidades Locales una cantidad superior a los 250.000 millones de pesetas entre 1.996 y 1.999, pasando las asignaciones anuales entre estas dos fechas de 58.000 a más de 70.000 millones de pesetas en el presente año.

Esta cifra significa, como he dicho en otras ocasiones, inyectar más de 200

millones diarios en las arcas municipales, que se distribuyen con criterios equitativos y con independencia del color político de cada Ayuntamiento.

Con los elementos señalados, tanto de carácter jurídico e institucional como de

contenido económico, podemos afirmar que el Pacto Local Andaluz se hace realidad y se concreta en medidas eficaces. No cabe duda que la situación sería aún más positiva y favorable, si este esfuerzo del Gobierno y de los Ayuntamiento andaluces se hubiera visto complementado con un Pacto Local de Estado.

Sacar adelante esta iniciativa de carácter global, es una prioridad y una urgencia,

cuyo retraso estamos ya lamentando. Como ocurre también con el funcionamiento del Estado de las Autonomías, la culminación del proceso de transferencias y la solución de los problemas de financiación, obligan al Gobierno de la Nación, que debe ser el principal interesado en resolver estos temas, en expresar mayor voluntad política y menos compromisos o ataduras preferenciales.

Desde Andalucía vamos a seguir exigiendo la superación de ambos

inconvenientes y, en relación a los Ayuntamientos, vamos a insistir en la necesidad de que se amplíe su participación actual de los Municipios en los ingresos del Estado (PIE), ya que la dotación aprobada para el próximo quinquenio (1.999-2.003) es claramente regresiva e insuficiente.

Ahogar las ciudades es estrangular uno de los más importantes vectores de

progreso y de futuro. Estamos en el umbral de un nuevo siglo; ante una época de grandes desafíos tecnológicos, económicos, sociales y políticos, a los que hay que responder con capacidad, con eficiencia y con iniciativas emprendedoras.

Desde todos los puntos de vista, las ciudades son el foco y el origen de las

propuestas más trascendentales y decisivas en favor del desarrollo económico, del empleo y del cambio cultural y técnico que se nos exige.

Oigamos lo que dice al respecto un conocido especialista y estudioso del tema:

"En la medida en que la productividad y la competitividad de las economías regionales o nacionales dependen cada vez más de la generación y del tratamiento de la información, son las grandes ciudades las que, con su concentración y articulación de actividades direccionales, empresas innovadoras y sistemas de gestión, decisión y producción de conocimientos, las que se constituyen en los nudos determinantes del nuevo modelo de crecimiento en las sociedades llamadas postindustriales e informacionales" (M. Castells).

Más allá de esta consideración, nuestros pueblos y ciudades son también y

especialmente, los escenarios esenciales de las relaciones humanas, de la convivencia en paz y en libertad, de los intercambios creativos, de la cultura y de la educación, de la salud y el medio ambiente, de la seguridad colectiva, etc.

Debemos, por tanto, salvaguardar y garantizar estos valores como elementos

imprescindibles del bienestar y la calidad de vida. Sólo así podremos convertir a los núcleos urbanos, sea cual sea su dimensión o

apariencia, en aquellos lugares donde, como decía un personaje de Italo Calvino, "a través de los años y de las mutaciones, se da forma a los sueños y aspiraciones de sus habitantes".

Sr. Presidente Sras. y Sres. Concluye la Vª Asamblea General y no quiero terminar esta intervención sin

felicitar antes a todos los presentes, reiterando mi plena colaboración y la del Gobierno Andaluz a las Corporaciones Locales, en particular al Presidente y a la nueva Comisión Ejecutiva de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Según los Estatutos de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias , sus órganos de gobierno son la Asamblea General, el Consejo Municipalista Andaluz , la Comisión Ejecutiva y el Presidente.

Constituyen otros órganos de la FAMP el Secretario General, las Comisiones Sectoriales de trabajo y las Secciones o Comités.

Su composición refleja la pluralidad de fuerzas políticas existente en las

Corporaciones Locales andaluzas. 1. ASAMBLEA GENERAL

De entre sus competencias cabe destacar la aprobación y modificación de los Estatutos de la Federación; la elección de los miembros del Consejo Municipalista y de la Comisión Ejecutiva, así como del Presidente y Vicepresidentes de ésta última, el control de la gestión de los órganos de gobierno de la Federación y la aprobación de sus planes de actuación y cuantas resoluciones se estimen convenientes.

Es el órgano soberano de la FAMP

y está integrada por los representantes de todos los socios titulares y por los socios de honor.

Con carácter ordinario se reúne

cada cuatro años, debiendo ser convocada en un plazo máximo de seis meses desde que se renueven las Corporaciones Locales por cumplimiento de su mandato legal para la consiguiente renovación de sus órganos de gobierno.

La 5ª Asamblea fue clausurada por el Presidente de la Junta de Andalucía, el Excelentísimo Señor Don Manuel Chaves González.

2. CONSEJO MUNICIPALISTA ANDALUZ

Como órgano máximo entre Asambleas, es el encargado de desarrollar las resoluciones aprobadas por la Asamblea.

Está constituido por 54 miembros,

que son los de la Comisión Ejecutiva, cuyo Presidente y Vicepresidentes lo serán, por su orden, también del Consejo, y 27 miembros más elegidos por la Asamblea de entre los socios titulares.

Además del cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea y de los fines estatutarios, son competencias del Consejo aprobar el Reglamento de Régimen Interior y el de la Asamblea, las cuotas anuales, los presupuestos ordinarios y las cuentas generales; decidir sobre aquellos asuntos que por su urgencia no puedan ser presentados a la Asamblea General, sin perjuicio de dar cuenta a ésta cuando se celebre y cubrir las vacantes que se produzcan en el Consejo y en la Comisión Ejecutiva.

COMPOSICIÓN:

PRESIDENTE: D. JOSE E. MORATALLA MOLINA Alcalde de Granada (Granada)

VICEPRESIDENTES:

1º.-D. FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS Alcalde de Málaga (Málaga) 2º.-D. MANUEL JIMENEZ BARRIOS Alcalde de Chiclana de la Fra. (Cádiz) 3º.-D. SEBASTIAN MARTIN RECIO Alcalde de Carmona (Sevilla) 4º.-D. JOSE A. GONZALEZ PAVON Alcalde de Villamartín (Cádiz) 5º.-D. FRANCISCO TOSCANO SANCHEZ Alcalde de Dos Hermanas (Sevilla)

VOCALES:

D. JOAQUIN NAVARRO IMBERLON Alcalde de Adra (Almería) Dª. Mª DOLORES MUÑOZ PEREZ Alcaldesa de Pulpí (Almería) D. FRANCISCO GONZALEZ CABAÑAS Alcalde de Benalup Casas Viejas(Cádiz) D. ANTONIO FERNANDEZ RAMIREZ Alcalde de Pozoblanco (Córdoba) Dª. ISABEL NIÑOLES FERNANDEZ Alcaldesa de Fernán Núñez (Córdoba) Dª. ANGELES JIMENEZ MARTIN Alcaldesa de Sta. Cruz del Comercio(Granada) D. JOSE CEJUDO SANCHEZ Alcalde de Valverde del Camino(Huelva) Dª. ROSARIO BALLESTER ANGULO Alcaldesa de Moguer (Huelva) D. MARCELINO A. SANCHEZ RUIZ Alcalde de Ubeda (Jaén) D. FELIPE LOPEZ GARCIA Pte. de la Diputación de Jaén (Jaén) D. ANTONIO SOUVIRON RODRIGUEZ Alcalde de Vélez-Málaga (Málaga) Dª. ENCARNACION MARTINEZ MERIDA Alcaldesa de Villanueva del Rosario (Málaga) D. JUAN RAMON TRONCOSO PARDO Alcalde de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) D. MIGUEL SANCHEZ DE ALCAZAR Alcalde de Jaén (Jaén) D. PEDRO RODRIGUEZ GONZALEZ Alcalde de Huelva (Huelva) D. LUIS R. RGUEZ-COMENDADOR Pte. de la Diputación de Almería (Almería)

D. JOSE LUIS RODRIGUEZ DOMINGUEZ Alcalde de Gibraleón (Huelva) D. JOSE TORRENTE GARCIA Alcalde de Cúllar (Granada) D. SALVADOR GARCIA COBOS Alcalde de Alora (Málaga) D. ANTONIO CARPIO QUINTERO Alcalde de Montilla (Córdoba) D. FELIX LOPEZ CAPARROS Alcalde de Vera (Almería) D. SANTIAGO MARTINEZ CABREJAS Alcalde de Almería (Almería) Dª. BASILISA IBAÑEZ ALBA Alcaldesa de Nacimiento (Almería) D. SALVADOR PENDON MUÑOZ Alcalde de Ardales (Málaga) Dª.ANA BLANCO SANCHEZ Alcaldesa de Jimera de Libar (Málaga) D. LUIS NAVARRETE MORA Pte. de la Diputación de Sevilla (Sevilla) Dª. ELENA NIMO DIAZ Alcaldesa de Brenes (Sevilla) D. ENRIQUE ABAD BENEDICTO Alcalde de La Rinconada (Sevilla) D. FRANCISCO QUERO FUNES Alcalde de Alcaudete (Jaén) Dª. TERESA VEGA VALDIVIA Alcaldesa de Villacarrillo (Jaén) D. MIGUEL CASTELLANO GAMEZ Alcalde de Loja (Granada) D. LUIS RUBIALES LOPEZ Alcalde de Motril (Granada) D. ANTONIO RAMIREZ MOYANO Alcalde de Nueva Carteya (Córdoba) Dª. ANA CRESPO SANCHEZ Alcaldesa de Conquista (Córdoba) D. IGNACIO CARABALLO ROMERO Alcalde de Chucena (Huelva) Dª. JOAQUINA RECIO JACINTO Alcaldesa Villanueva de las Cruces (Huelva) D. JOSE VAZQUEZ CASTILLO Alcalde de San Roque (Cádiz) D. JOSE Mª REGUERA BENITEZ Alcalde de Ubrique (Cádiz) D. JUAN MANUEL DE JESUS NUÑEZ Alcalde de Barbate (Cádiz) D. BARTOLOME MADRID OLMO Alcalde de Añora (Córdoba) D. JOSE LUIS MANRIQUE GARCIA Alcalde de Los Villares (Jaén) D. ANTONIO GALLEGO DE LA ROSA Alcalde de Bollullos de la Mitación (Sevilla) D. JOSE ALBERTO ARMIJO NAVAS Alcalde de Nerja (Málaga) D. CIPRIANO DUARTE REJON Alcalde de Padul (Granada) D. MIGUEL ANGUITA PERAGON Alcalde de Torredonjimeno (Jaén) Dª. Mª ISABEL RODRIGUEZ VIZCAINO Alcaldesa de Huercal de Almería (Almería) D. JUAN ANTONIO RIVERA MELENDEZ Alcalde de Constantina (Sevilla) D. CRISTOBAL GARCIA ESPADA Alcalde de Palenciana (Córdoba)

SECRETARIO GENERAL D. ANTONIO NIETO RIVERA ADJUNTO AL SECRETARIO GENERAL D. FELIPE PAREJA COLLANTES

3. COMISIÓN EJECUTIVA

Desarrolla las actuaciones

generales de la Federación mediante el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo, para lo cuál tiene las atribuciones establecidas en los Estatutos y, con carácter residual, todas aquéllas no atribuidas expresamente a dichos órganos.

Sus miembros serán elegidos por la Asamblea General de entre los socios titulares de la Federación y deberán ostentar la condición de Presidente de la Corporación. Está constituida por 27 miembros, el Presidente y cinco Vicepresidentes por su orden, que componen a su vez la Comisión Permanente, encargada de impulsar y coordinar los trabajos de la Comisión Ejecutiva, y veintiún Vocales.

COMPOSICIÓN: PRESIDENTE:

D. JOSE E. MORATALLA MOLINA Alcalde de Granada (Granada) VICEPRESIDENTES:

1º.-D. FRANCISCO DE LA TORRE PRADOS Alcalde de Málaga (Málaga) 2º.-D. MANUEL JIMENEZ BARRIOS Alcalde de Chiclana de la Fra. (Cádiz) 3º.-D. D. SEBASTIAN MARTIN RECIO Alcalde de Carmona (Sevilla) 4º.-D. JOSE A. GONZALEZ PAVON Alcalde de Villamartín (Cádiz) 5º.-D. FRANCISCO TOSCANO SANCHEZ Alcalde de Dos Hermanas (Sevilla)

VOCALES:

D. JOAQUIN NAVARRO IMBERLON Alcalde de Adra (Almería) Dª. Mª DOLORES MUÑOZ PEREZ Alcaldesa de Pulpí (Almería) D. FRANCISCO GONZALEZ CABAÑAS Alcalde de Benalup Casas Viejas (Cádiz) D. ANTONIO FERNANDEZ RAMIREZ Alcalde de Pozoblanco (Córdoba) Dª. ISABEL NIÑOLES FERNANDEZ Alcaldesa de Fernán Núñez (Córdoba) Dª. ANGELES JIMENEZ MARTIN Alcaldesa de Sta. Cruz del Comercio (Granada) D. JOSE CEJUDO SANCHEZ Alcalde de Valverde del Camino (Huelva) Dª. ROSARIO BALLESTER ANGULO Alcaldesa de Moguer (Huelva) D. MARCELINO A. SANCHEZ RUIZ Alcalde de Ubeda (Jaén) D. FELIPE LOPEZ GARCIA Pte. De la Diputación de Jaén (Jaén) D. ANTONIO SOUVIRON RODRIGUEZ Alcalde de Vélez-Málaga (Málaga) Dª. ENCARNACION MARTINEZ MERIDA Alcaldesa de Villanueva del Rosario (Málaga) D. JUAN RAMON TRONCOSO PARDO Alcalde de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) D. MIGUEL SANCHEZ DE ALCAZAR Alcalde de Jaén (Jaén) D. PEDRO RODRIGUEZ GONZALEZ Alcalde de Huelva (Huelva) D. LUIS R. RGUEZ-COMENDADOR Pte. de la Diputación de Almería (Almería) D. JOSE L. RODRIGUEZ DOMINGUEZ Alcalde de Gibraleón (Huelva) D. JOSE TORRENTE GARCIA Alcalde Cúllar (Granada) D. SALVADOR GARCIA COBOS Alcalde Alora (Málaga) D. ANTONIO CARPIO QUINTERO Alcalde de Montilla (Córdoba) D. FELIX LOPEZ CAPARROS Alcalde de Vera (Almería) SECRETARIO GENERAL D. ANTONIO NIETO RIVERA ADJUNTO AL SECRETARIO GENERAL D. FELIPE PAREJA COLLANTES

4. PRESIDENTE

Es el representante ordinario de la FAMP; será elegido por la Asamblea General de entre los socios titulares y deberá ostentar en todo momento la Presidencia de su Corporación. Sus atribuciones son la reguladas en los Estatutos, pudiendo delegar algunas de ellas conforme establecen los mismos. Representa legalmente la Federación a todos los efectos, convoca y preside las sesiones de la Asamblea General, del Consejo y de la Comisión Ejecutiva.

El Presidente de la Federación es D. José Enrique Moratalla Molina, Alcalde de Granada.

5. OTROS ÓRGANOS SECRETARIO GENERAL

Son atribuciones del Secretario General la función de jefe de los servicios administrativos de la Federación, la jefatura de personal, la representación en el giro o tráfico mercantil, la de secretario del Consejo y de la Comisión Ejecutiva, coordinador de las Comisiones de Trabajo Sectoriales y de las Secciones o Comités (Redes) y aquellas otras funciones que se le atribuyen en los Estatutos, bajo la dependencia y control del Presidente y de la Comisión Ejecutiva.