Nº 73 Bogotá, ColombiaValor $500 Octubre de 2010

¡Viva Chile! ¡Viven los mineros! / 22Cuando Florencio Ávalos sintió en su rostro el roce de la brisa que sopla en el desierto de Atacama, se le hizo realidad lo que siempre piensan los mineros al entrar al socavón: volver a salir.

Trabajo decente / 12 y 13Informe nacional elaborado por la Campaña Colombiana por Trabajo Decente y la Es-cuela Nacional Sindical (ENS).

Un teatro enclavado en las montañas / 23Conozca el trabajo de la Aso-ciación Cultural Teatridanza, de Chapinero, cuyo proyecto artístico resultó ganador de la convocatoria Localidades Culturalmente Acti-vas, de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.

no a la privatización de la etb

MOVILIZACIÓNLa batalla de los trabajadores en Europa

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2 Nº 73, octubre de 2010

Jornada mundial por el trabajo decente7 de o c tubre

La Redacción

Esta importante jornada internacional de protesta convocada por la Confe-deración Sindical Internacional, CSI,

y la Confederación Sindical de las Américas, CSA, tuvo total acogida en las principales ciudades colombianas, donde las organi-zaciones sindicales, sociales, estudiantiles, campesinas e indígenas, salieron masiva-mente a las calles para marchar como señal de protesta ante las precarias condiciones de empleo que padece la clase trabajadora. Con muchas actividades académicas, foros y mo-vilizaciones Colombia participó en la Jornada mundial por el trabajo decente convocada por las confederaciones sindicales internacio-nales. A nivel mundial, este año la Jornada se orientó a la promoción de tres demandas básicas para la recuperación económica: 1) El crecimiento y puestos de trabajo, y no medidas de austeridad, resultan esenciales para superar la crisis y poner fin a la pobreza. 2) Los servicios públicos de calidad no deben ser recortados. 3) El sector financiero ha de pagar por el daño que ha causado.

En Bogotá

En horas de la mañana se hizo la presenta-ción del informe nacional de trabajo decente en el Congreso de la República para llamar la atención de las autoridades nacionales. En horas de la tarde se llevó a cabo la movili-zación, unas tres mil personas participaron en la jornada reclamando un trabajo digno y decente. La marcha salió de la plaza de toros a las cuatro de la tarde hasta la plaza de Bolívar, a donde los trabajadores llegaron pasadas las seis de la tarde.

Federaciones sindicales internacionales, sin-dicatos del sector salud, educativo y todos los trabajadores bajo una sola bandera, camina-ron las calles capitalinas para recordarle al gobierno de Juan Manuel Santos un trabajo decente y digno para todo colombiano.

En Medellín

Al grito de ¡Viva la Jornada mundial por el tra-bajo decente!, y bajo un sol radiante, cerca de 5 mil personas marcharon esta mañana por

las calles céntricas de Medellín para exigir mejores condiciones salariales y laborales, respeto a las libertades sindicales, garantía del derecho a la salud y demás derechos humanos fundamentales; reclamos estos que se resumen en una sola frase: trabajo decente para una vida digna.

De manera entusiasta y pacífica participaron representaciones de sindicatos y centrales obreras, muchos educadores, organizaciones del sector salud, diversas ONG y organizacio-nes comunitarias de los barrios de Medellín, entre otros. La marcha salió de la sede del sindicato de maestros en el barrio Boston, giró por las avenidas La Playa y La Oriental (don-de se sumó la marcha de los profesionales y usuarios de la salud) y terminó al medio día en el Centro Administrativo La Alpujarra. Carlos Julio Díaz, presidente de la CUT Antioquia, una de las organizaciones coordinadoras de la marcha, manifestó su complacencia por la buena respuesta ciudadana a la convocatoria de la Jornada, y señaló cómo la demanda de mejores condiciones laborales contrasta con el despido de 1.200 trabajadores de la Dian, ocurrido ayer, por efecto de la política de ajuste fiscal del gobierno Santos.

Días atrás se había realizado la 2ª Caravana de protesta contra las políticas laborales y antisindicales de las multinacionales asen-tadas en el país. Unos 350 sindicalistas, a bordo de 5 chivas, un planchón con altopar-lantes, y un buen número de motos y carros

particulares, recorrieron el Valle de Aburrá e hicieron paradas en algunas empresas emblemáticas, como Philip Morris, Coca Cola, Meodoro, Global de Pinturas (Pintu-co), Parmalat, Noel, Holasa, entre otras. Rosa América Peñalosa, coordinadora de la Caravana, dio cuenta del éxito de esta acti-vidad y señaló que se hizo para denunciar la renuencia de las multinacionales a respetar el derecho de asociación y precarizar las condiciones laborales. “Han arrasado con la mediana y pequeña industria y el empleo decente, fomentan la tercerización a través de cooperativas de trabajo asociado, órdenes de prestación de servicio, contratos uniperso-nales y ventas por catálogo; pagan salarios irrisorios y en algunos casos destruyen el medio ambiente”, señaló.

En Cali

Convocados por la CUT Valle y otras orga-nizaciones sociales, se movilizaron miles de marchistas desde tres sitios diferentes; Anti-gua Estación, Parque Banderas y Sena, para confluir frente a la gobernación del Valle. Durante todo el recorrido se expresaron las consignas de rechazo al empleo basura, lla-mado así por las formas de subcontratación que ha adoptado, donde no rigen las leyes laborales, se pagan salarios de miseria, con jornadas extenuantes, sin seguridad social, sin vacaciones ni prestaciones sociales, sin continuidad laboral y sin derecho legal a or-ganizarse sindicalmente.

Igualmente se denunciaron los altos índices de pobreza (57%) y desempleo (12,8%), la falta de una política seria de parte del go-bierno y empresarios para generar nuevos empleos en condiciones dignas. También se exigieron verdaderas garantías para el derecho fundamental a la salud, la cual debe ser responsabilidad indelegable del Estado junto a los otros componentes de la seguri-dad social (Pensiones y ARP), con cobertura y servicio de calidad y contratación directa con estabilidad para sus trabajadores.

También se expresó un enérgico rechazo por el cierre de empresas y despidos masi-vos tanto en el sector estatal como privado con la actitud complaciente del gobierno de turno. En el Valle del Cauca cada semana se cierra una pequeña o mediana empresa, cada hora se pierden tres empleos que no se vuelven a recuperar, trabajadores estatales de la salud y la educación, corteros de caña (actualmente en conflicto), transportadores, del sector de la construcción, portuarios, alimentos y bebidas, industria química, me-talúrgica y cementera, entre otros, son los más afectados por esta crisis donde según el capitalismo imperial, los trabajadores son los únicos responsables.

Exigimos al gobierno de Santos solución inmediata a la grave situación de hambre, miseria y desempleo que vive nuestro país, y cumplimiento a lo que dicen la Constitu-ción, la Ley y los Convenios Internacionales suscritos por el gobierno colombiano sobre el derecho al trabajo y el derecho de asocia-ción, el derecho a la vida y a la salud.

En Cartagena

Convocados por la Subdirectiva CUT Bolívar, por Fetrabol CTC y por sindicatos de la CGT, participaron más de 1.000 personas, el ma-gisterio, los trabajadores administrativos, de la salud, Uso, Sutimac, se concentraron en la India Catalina y desfilaron en combativa demostración hasta la Alcaldía Distrital, de 4:30 p.m., 6:30 p.m. Con cánticos y consignas alusivas a la exigen-cia de trabajo decente y rechazando el recorte salarial implícito en la ley del primer empleo, los trabajadores cartageneros cumplieron esta nueva cita por los derechos laborales.

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EDITORIAL

Alma de esclavosCristina de la Torre

ElEspEctador.com

Con excepciones honrosas como la de Horacio Serpa, gobernador de Santander

que en defensa de las regalías re-gionales ofrece rendir cuentas de lo suyo y pide cárcel para los corruptos, no son gobernantes de provincia y sus compinches de la motosierra los únicos usurpadores de estos recursos. También las multinacio-nales mineras han hecho su agosto, gracias a la sospechosa inacción de Ingeominas, el organismo designado para fiscalizarlas. Y al mutismo de la Contraloría, cuyos secretos vino a desenterrar la nueva titular de la entidad, Sandra Morelli. No conten-tas con las gabelas de fábula que el gobierno saliente les concedió, esas firmas sacan robustas tajadas de los impuestos y regalías que deben pagarle a Colombia. Navegando en la cresta mundial del “superciclo” mi-nero que ahora se vuelca sobre las reservas del Tercer Mundo, acaso vuelve a animarlas el caduco derecho natural en virtud del cual los recursos naturales de la tierra (y, claro, del subsuelo) no pertenecen a Estado o nación alguna sino a la humanidad entera. El Primer Mundo se sintió la humanidad entera. Y a la luz de aquel faro floreció el colonialismo que le exprimió a la famélica África hasta el último gramo de riqueza, hasta la última gota de sangre. Menos sufrió América Latina, pero también sufrió. A medias por la amenaza o la inva-sión, a medias por la testa humillada de sus élites.

La desidia de Colombia para fiscalizar a las multinacionales del sector se trocó en parálisis desde 2004, cuando Ingeominas asumió como autoridad minera. Según el representante Da-vid Barguil, la entidad no las vigila, no verifica su información contable y tributaria, no hace auditoría a sus contratos de explotación ni somete a las compañías a control de aduanas a la hora de exportar. Se limita a acep-tar, acto de fe, las autoliquidaciones de regalías e impuestos que ellas presentan. Ingeominas nunca creó los mecanismos de seguimiento, fis-calización y control para verificar pro-ducción y costos, base de cálculo de los tributos al Estado. La Contraloría identificó cinco posibles detrimentos fiscales relacionados con la liquida-ción de regalías por la Drummond y Cerro Matoso, por un monto de 284

opinión

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Los trabajadores del Viejo Continente, convencidos del argumento de su fuerza como única manera de frenar

el despojo de sus derechos por parte de los planes de “ajuste” promovidos por el Fondo Monetario Internacional, en mari-daje con las burguesías de los gobiernos de la Unión Europea, han escenificado multitudinarios levantamientos en los últi-mos meses. Las protestas obreras azoran a los mandatarios del bloque comunitario y se han expandido desde Atenas, Roma, Varsovia, Praga, Bruselas, para recalar en Francia, donde se desenvuelve una parálisis productiva que incorpora a más sectores sociales, sin que nadie pueda pronosticar con acierto el final de la cre-ciente rebeldía popular.

El pleito común de los asalariados euro-peos tiene que ver con la impugnación del rebajamiento a los salarios, la congelación de las mesadas pensionales, el aumento de los años laborados para acceder a las pensiones parciales y plenas, el aba-ratamiento de las indemnizaciones por despidos, al lado de estipulaciones que consagran un peor régimen laboral para las nuevas generaciones. Las simpatías cosechadas por las gestas huelguísticas, nacen de la comprobación por parte de las gentes de que las medidas impuestas constituyen el final de las clásicas obli-gaciones oficiales, el recorte del funcio-namiento estatal y de las inversiones y transferencias de igual carácter, mientras se les mantienen todas las garantías eco-nómicas y jurídicas a las multinacionales, ahítas de ganancias.

Las políticas de hierro y fuego desatadas contra los trabajadores con motivo de la reciente crisis, se aplican con igual saña en el contorno de la UE, sin importar las diferencias entre los países que han pa-gado caro su ingreso al flamante bloque de integración consumidos por los prés-tamos, como España y Grecia, y los que se alzan con la parte del león: Alemania y Francia, dos de las cinco principales economías del planeta; lo que demuestra el apremio de la burguesía internacional por incrementar los niveles de plusvalía con mayor ahínco que los que exhibe en las labores de extracción del oro, embu-tiendo trabajadores en las entrañas de la tierra, sin consideración de sus exis-tencias, aunque muestre como trofeos noticiosos a los que algunas veces so-breviven a las desgracias causadas por la imprevisión.

La batalla de los trabajadores en Europa

mil millones. Para explotar nuestro níquel recibió la primera beneficios tributarios por 920 mil millones entre 1995 y 2007. Por regalías, sólo pagó 283 mil millones en el mismo período. Si Cerro Matoso dejó de pagar 24 mil millones entre 2004 y 2008 por su ex-plotación en Montelíbano, Córdoba, ya podrá inferirse cuánto se birló en los 21 años anteriores, desde 1982, cuando inició trabajos.

Si en predios del carbón y el níquel llueve, en los del oro no escampa. Un incremento astronómico en los precios del dorado metal, las exor-bitantes exenciones que el gobierno anterior concedió a las multinacio-nales del ramo, la facilidad con que concedía explotaciones y la no me-nos atractiva oportunidad de lavar ac-tivos por este medio han despertado una fiebre que amenaza desplazar el narcotráfico a un segundo lugar en la economía ilegal. En los últimos seis años se cuadruplicaron los títulos mineros. Dice La Silla Vacía que el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República calculan en 3,5 billo-nes las regalías que el Estado dejó de recibir en el último año. Si para 2010 y 2011 se esperan regalías por 18 billones, ¿a cuánto ascenderá lo no pagado?

Ha dicho el Presidente que la ley de regalías busca redistribuirlas en be-neficio de todos y no de pocos. Que atacará la corrupción que ha rodea-do su manejo en las regiones. Pero engavetó su propuesta de campaña enderezada a lograr que los delitos contra el erario no prescribieran. Tampoco ha dicho esta boca es mía frente a la desfachatez de multina-cionales que ven —con razón— en nuestra “confianza inversionista” el alma del esclavo.

Europa asiste al desmonte de las conquis-tas laborales, no sin la oposición del movi-miento del proletariado y de las juventudes que, como en los sucesos de Francia, se asimilan a la condición de huelguistas ra-sos, proclamando sus consignas: “los viejos en la miseria, los jóvenes malviviendo: esa sociedad no la queremos”, y, “precisamente porque somos jóvenes tratamos de luchar contra esta vida en la que nos preparan para que trabajemos hasta la muerte”.

En 2005, los jóvenes franceses, sin estar influidos por los ecos de las luchas de los pueblos sometidos por el neocolonialismo a finales de los sesentas, sino pensando en su propio porvenir, derrotaron a Dominique De Villepin cuando intentó imponer la ley del primer empleo. Ojalá, en nuestra nación prospere un movimiento que integre a los trabajadores con la juventud para provocar la derrota de la medida de igual contenido anunciada por el gobierno de Juan Manuel Santos.

El movimiento obrero europeo padece las mismas calamidades sufridas por la pobla-ción laboriosa del Tercer Mundo. En con-secuencia, las resistencias comunes a los embates contra nuestros logros propiciará la forja de indestructibles lazos entre los contin-gentes obreros de los cinco continentes, se impondrá el anhelo de que la sociedad tenga en el trabajo el parámetro del desarrollo y la superación de las dificultades, entonces re-girá la solidaridad recíproca sin que medien filantrópicas conductas.

El reverdecimiento de las movilizaciones europeas, portador de esperanzas para las expectativas revolucionarias y demo-cráticas de los pueblos, ha sido posible por la supresión de las influencias políticas de los partidos que, desde el seno de las agremiaciones, corroen la voluntad de pro-greso y avance de los oprimidos. De igual manera, los llamamientos a la concordia entre las clases sociales, la pérdida de la independencia del movimiento obrero, y la conciliación entre trabajadores y patronos, prédicas con las que actúan algunas co-rrientes sindicales de importancia mundial, tuvieron que ser desechadas para hacer germinar la inconformidad y mostrarla como ejemplo en todos los rincones de la Tierra. Aprendamos del esfuerzo y brindemos nuestra solidaridad con las reivindicacio-nes en cuestión. En Colombia avanzará la causa de los trabajadores con el ejemplo de la clase obrera europea, no con el que nos ofrecen los esquiroles al servicio del gobierno de Santos y del imperialismo.

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Juan Pablo Fernández M

Economista. invEstigador dEl cEntro dE Estudios dEl trabajo, cEdEtrabajo.

Millones de colombianos económica-mente activos comprueban a diario la dureza del mundo del trabajo. 72

de cada cien están o desempleados o en el rebusque, estadísticas que en el menos malo de los casos permanecen invariables. Luego no se está ante una economía que allane el camino para transitar hacia el establecimien-to del empleo decente, bien remunerado y estable como pilar, sino que, por el contrario, se tiende a un mercado laboral cuyas condi-ciones de contratación del factor trabajo se envilecen cada día con mayor profundidad.

La informalidad es un problema estructural en los países periféricos. Un estudio de Gar-cía (DNP, Oct. 01/09) explica que la informa-lidad, en promedio, acosa a “más del 47% del empleo en el Oeste de Asia y en África del Norte, más del 70% en África Subsaha-riana, alrededor del 50% en América Latina, casi el 70% en Asia Meridional y Sudoriental y el 24% en las economías en transición.” El estudio también señala que para las diez principales ciudades de Colombia, la infor-malidad cubre entre el 50 y el 75 por ciento de los trabajadores.

El rebusque, más que una deformación del mercado por costos salariales, es un fenóme-no propio de la globalización, la consecuen-cia de la internacionalización de los procesos de las grandes factorías. La producción se encadenó, ya no a través de localizaciones dentro de los países, sino en procesos con-tinentales o transcontinentales. Las materias primas básicas van de la periferia a las me-trópolis, regresan a la periferia convertidos en bienes intermedios y vuelven a las me-trópolis, mediante la combinación de mano de obra de bajo costo con maquinaria impor-tada, transformados en bienes finales. Las gabelas al capital y el abaratamiento de los costos de nómina, como lo muestra el caso colombiano, permitieron que la productividad laboral creciera a tasas reales superiores a las de la remuneración del trabajo (26% vs. 16% –salario mínimo–), creando, además de una mayor acumulación del gran capital, un creciente residuo en el mercado laboral: la informalidad.

El bajo crecimiento en el salario mínimo real de la última década (1,6% promedio anual) se combinó con una disminución en el ingre-so de quienes poseen formación más allá del nivel secundario (técnicos, tecnólogos y profesionales). Cifras del Ministerio de Edu-cación muestran que el salario promedio, entre 2007 y 2009, para técnicos y tecnó-logos cayó en 10%, para profesionales 7%, y para quienes poseen especialización o maestría en 13 y 10 por ciento, respectiva-mente. El favorecimiento al capital impactó

negativamente a todos los participantes en el mercado laboral.

Pero los neoliberales niegan este análisis. Plantean que para rebajar la informalidad se deben reducir los requisitos para ser formal. He aquí el quid de la ley de formalización y el primer empleo. Existe en el proyecto un punto sobre formalización empresarial que, según Alejandro Gaviria “parte de un supuesto cuestionable”, pues dice que “las empresas informales son ovejas descarria-das que pueden ser conducidas (…) hacia el mundo del bien.” Pero, agrega Gaviria, “la informalidad no es una opción: es un impera-tivo, es la única forma de supervivencia para muchas empresas medianas y pequeñas.” (El Espectador, Jun. 13/10)

Así como la reforma tributaria dio exencio-nes a la inversión de monopolios y trasna-cionales, la ley en trámite en el Congreso presupone que los incentivos fiscales sirven de base para promover la inversión o el en-ganche de trabajadores. El mismo Gaviria explica que “en el período 2004-2007, du-rante los años de bonanza, los subsectores industriales que se beneficiaron en mayor grado de los descuentos tuvieron tasas de inversión similares a los subsectores que, por distintas razones, se beneficiaron en mucho menor grado”. Y concluye: “No son estímulos (…) sino simples regalos tributarios” (El Es-pectador, mar.14.10) Por su parte, Stefano Farné, del Observatorio Laboral de la Uni-versidad Externado, habla de la “quimera” de la ley de primer empleo, pues esta “tiene una aplicación limitada” y señala que en el continente este tipo de leyes han “mostrado resultados poco contundentes” (El Tiempo, sep. 25/10).

El capital genera tantos empleos como le es necesario, decía Keynes. Suponer entonces que los estímulos aumentarán la demanda de trabajo en Colombia tiene débiles fundamentos económicos. Pero al crear un segmento más barato de contrata-ción en el mercado laboral, se generaría un efecto negativo sobre los trabajadores con salario superior al mínimo, pues, aunque no se contraten más personas, sí se crea un mecanismo que presiona el salario hacia abajo. En adelante, en el mundo laboral la vejez empezará después de los 26 años. La ley no introduce cambios a las políticas que “incentivan” el empleo en Colombia, pero sí crea formas que jalan hacia abajo el salario y así, combinadas con otras propuestas gu-bernamentales –como los salarios mínimos por regiones y por actividades económicas–, se conseguirá al fin reducir el salario mínimo en Colombia, una vieja añoranza del Banco Mundial.

Trabajo precario y ley de primer empleo

Tomado de El Rayo Sintraelecol Cundinamarca

Los compañeros de la Central Hidro-eléctrica del Guavio, reunidos el 10 de septiembre, con firmeza decidieron

emprender unas jornadas de protesta, sin perjuicio de la normal operación, realizadas entre el 14 y 17 de septiembre, consistente en no recibir ninguna clase de alimentos, incluyendo que los trabajadores de mante-nimiento no salieran de la caverna a la hora del desayuno, almuerzo y comida. Así trans-currieron las duras jornadas sin ingreso al casino. Esta manifestación de inconformidad se implementó por la lamentable situación de la planta y el poco avance en las pro-puestas empresariales dentro del proceso de exploración con miras a la firma de una nueva Convención Colectiva de Trabajo, el cual contempla unas particularidades para el Guavio como son: la prima de localización, nivelación y retroactivo, transportes el día jueves, compensatorios, etc.

La central, ubicada a 200 Km. de Bogotá, tiene una capacidad instalada de 1.213 Mw., es considerada uno de los activos más im-portantes de Latinoamérica dentro del Grupo Endesa. Los trabajadores han demostrado compromiso operacional con la empresa, pero no soportan más las condiciones so-ciales, ambientales y laborales en las que a diario se tienen que enfrentar, como el difícil acceso por el deterioro de la vía, comunica-ciones, bienestar, etc.

El valioso respaldo de los trabajadores del Guavio al proceso, que en la actualidad se desarrolla con Codensa y Emgesa, ha sido oportuno y definitivo para el despliegue de los conversatorios, los cuales se han reformulado en cuanto a los ofrecimientos de la Compañía. Pero además se obtuvo llamar la atención sobre la problemática de la Central y que los directivos de la empresa, en cabeza del señor Lucio Rubio, atendieran y resolvieran algunos de los inconvenientes presentados.

Este es el estado en que se encuentra la carretera para ir a trabajar a la Central de Guavio de propiedad de la multinacional Endesa-Emgesa, los trabajadores están expuestos constantemente al peligro de derrumbes, desbordamiento de quebra-das y a quedar aislados de la civilización, ya que para llegar a Mámbita se gastan entre 6 a 7 horas desde Bogotá. La Em-presa Emgesa no realiza el mantenimiento de las carreteras con el pretexto de que ellos pagan impuestos. Y ¿Qué hay de las regalías por generar energía, para los municipios que se encuentran alrededor de la central más grande del país? En las fotos se pude observar cómo los trabaja-dores y comunidad tienen que soportar estas calamidades

La Central Hidroeléctrica del Guavio es la central en funcionamiento más grande de Colombia, con una capacidad instalada de 1.213 MW., distribuidos en 5 unida-des, es subterránea y está ubicada en la inspección de policía de Mámbita en el municipio de Ubalá, en Cundinamarca (Esta central es algo parecido a la mina donde estuvieron atrapados los mineros en Chile).

trabajadores de la central Hidroeléctrica del Guavio

¡Ayuno con sabor a protesta!

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Escuela Nacional Sindical ENS

Hoy la situación de los y las jóvenes en el mercado laboral colombiano es poco esperanzadora. Su tasa de

desempleo ascendió un punto, de 21,7% en mayo de 2009 subió a 22,6% a mayo de 2010. Esto significa que 1`228.000 personas jóvenes se halla desempleadas, casi la mitad (48,7%) de los 2’519.000 desempleados que, según el Dane, hay en Colombia. Más gra-ve es el caso de las mujeres jóvenes, cuya tasa de desempleo pasó de 28,4% a 28,9%; mientras que en los hombres jóvenes pasó de 17,1% a 18,1.

Es el reflejo de las evidentes fallas de un modelo de desarrollo centrado en el libre mercado, sumado a las consecuencias ne-gativas de las políticas laborales que impuso el gobierno de Álvaro Uribe Vélez durante los 8 años de mandato, las cuales ahondaron la precarización laboral y generaron una ruptura con el contrato de trabajo estable. Prolifera-ron las órdenes de prestación de servicio, contratos temporales de empleo y las coo-perativas de trabajo asociado, instrumentos que fueron empleados en la reducción de espacios para el trabajo decente y digno de los jóvenes en Colombia. Y todo esto bajo un débil control por parte del Estado.

La estrategia económica esbozada por Juan Manuel Santos deja entrever algún interés por responder a tres exigencias, que se relacionarían con la generación de empleo: ampliar la base de personas ocupadas por el sector formal de la economía, retrasar el ingreso de los más jóvenes al sistema labo-ral, y hacer atractivo para los empresarios la generación de nuevos puestos de trabajo. Así lo dejó entrever en el discurso de po-sesión, donde expresó que impulsaría una Ley de Primer Empleo tomando como base la propuesta del Partido Liberal, y a través de dicha norma, se darían “[…] incentivos a quienes contraten a los jóvenes que ingresan al mercado laboral".

Para la generación de nuevo empleo los em-presarios ponen como condición el desmonte o eliminación parcial o total de parafiscales, y en ese sentido es una propuesta con un sa-bor agridulce, pues se generan unos empleos formales, pero en condiciones laborales más débiles frente a los empleados formalizados actualmente. Por ello, las personas que ob-tengan un empleo formal tendrán que asumir los parafiscales, carga prestacional que has-ta hoy asumía en gran medida el empleador (Revista Dinero. Bogotá, marzo 2010. Con-sultado el 11 de agosto de 2010. Tomado de: www.dinero.com/edicion-impre).

Las cinco locomotoras de desarrollo pro-puestas por Juan Manuel Santos: vivienda, política agropecuaria y de tierras, inversión en infraestructura, innovación, y apoyo al

sector minero energético, que según él darán impulso al crecimiento económico y genera-rán empleo, van en contravía de las ramas por actividad económica, donde se concentra la proporción más alta de población ocupada entre 14 y 26 años. Las cifras presentadas por el Dane para el trimestre móvil octubre-diciembre de 2009, muestra la participación de los jóvenes por sector económico de la siguiente manera: comercio, hoteles y res-taurantes (27,7%), agricultura, ganadería, pesca, caza y silvicultura (19,6%), servicios, comunales, sociales y personales (16,7%), industria manufacturera (13,7%), transporte, almacenamiento y comunicaciones 9,1%, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (5,7%), construcción (5,1%) y otras ramas (2,4%).

La Ley de Primer Empleo debe estar sopor-tada por políticas locales e internacionales que garanticen el trabajo decente para la población menor de 26 años, de modo que el trabajo de éstos no se limite a la subsistencia, sino que constituya un medio de crecimien-to económico-social personal y colectivo. Un sustento mínimo de las condiciones de decencia en el trabajo para los jóvenes, es que estos puedan recibir un pago justo, tener la estabilidad necesaria, beneficiarse de la seguridad social y puedan ejercer sin obstáculos y con libertad el derecho a sindi-calizarse, a través de un contrato de trabajo que garantice su inserción laboral en condi-ciones dignas.

Desafortunadamente el gobierno saliente tomó como punta de lanza aspectos como el microempresarismo, el emprendimiento juvenil y la baja capacitación de los jóvenes; elementos que chocan con un trabajo formal adecuadamente remunerado y en condi-ciones dignas. Está por verse si el nuevo gobierno sigue esa senda o la cambia. En ningún caso la propuesta esbozada de Ley de Primer Empleo menciona o contempla la necesidad de proteger los derechos laborales

Empleo para los jóvenes, pero con estabilidad laboral y en condiciones dignas

de la juventud mediante reformas legales (a las leyes 100 de 1993 y 789 de 2002) que garanticen contratos de trabajo directos, con estabilidad laboral, acceso a organizaciones sindicales, de manera que dicha población sea menos vulnerable ante el riesgo del desempleo.

Las altas tasas de desempleo en la población joven, aumentan su vulnerabilidad en el mer-cado laboral, ya que la falta de oportunidades de ocupación puede llevar a aceptar condi-ciones de trabajo precarias, o al “rebusque” en la informalidad.

Sería ingenuo pensar que quienes dejaron de trabajar o de buscar trabajo en los últi-mos cuatro años, ahora se dediquen princi-palmente a estudiar. Sobre todo en el caso de las mujeres jóvenes, pues casi un millón y medio de ellas se retiraron del mercado laboral para dedicarse al trabajo doméstico no remunerado.

Por otro lado, tras el incremento de la inacti-vidad juvenil puede esconderse el desánimo generalizado ante la falta de oportunidades, y lo que es peor, subyace la posible vincula-ción a la ilegalidad mediante la delincuencia común, el narcotráfico y los grupos armados –en especial en los hombres del sector rural–, como última alternativa de subsistencia.

Finalmente, la Central Unitaria de Trabajado-res de Colombia, CUT, ha sustentado la tesis de que la promoción de los derechos sindica-les fortalece los ingresos de los trabajadores, dinamiza sectores estratégicos como la cons-trucción, potencia el mercado interno y por lo tanto, contribuye a crear más puestos de tra-bajo en condiciones dignas. Lo anterior debe ir de la mano de un sistema educativo sólido, adecuadamente financiado por el Estado y de calidad, que sirva como punto de partida para una inmersión del joven en el mundo laboral con las herramientas adecuadas.

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Edmundo Zárate

profEsor univErsitario

La crisis económica mundial, que va completando su tercer año sin que muestre signos de haber sido abatida,

ha dejado muchas enseñanzas. Una de las destacables es que el presupuesto público de la nación es una herramienta fundamental para contrarrestarlas.

En efecto, en Estados Unidos, aún bajo el gobierno neoliberal de Bush, los recursos públicos se emplearon para contener el desastre económico (causado por el sector privado, valga la pena subrayarlo). Obama apretó el acelerador hasta completar dos billones de dólares (millones de millones). Si hubiera habido regla fiscal, no se hubiera podido usar ese dinero.

Similar análisis se puede hacer para Gran Bretaña, Francia, Japón y las demás eco-nomías desarrolladas. Los acuerdos mo-netarios del euro, conocidos como Tratado de Maastrich, pueden verse como una regla fiscal, con la diferencia de que se rompió por todos los firmantes a medida que la crisis se fue explayando.

¿Qué es la regla fiscal?

Una regla fiscal establece que el gobierno no puede exceder sus gastos más allá de ciertos porcentajes, en relación con los ingresos. Cuando los ingresos superan cierto límite el excedente debe ahorrarse total o parcial-mente. Cuando caen de ese límite, los gastos deben recortarse automáticamente.

Bajo este esquema la regla fiscal tiene altas posibilidades de convertirse en un obstá-culo para enfrentar las crisis económicas pues, por definición, durante la crisis cae el ingreso, lo que ocasionará caída en el gasto, siendo que lo que se requiere es aumentar el gasto, comportamiento prohibido por la regla fiscal.

La regla fiscal tiene dos normas aplicables en épocas de abundancia o de crisis: 1) a los pagos por deuda pública (intereses o capital) nunca se les castiga con la restricción. 2) al resto de gastos siempre se les aplica. El ob-jetivo es obtener un excedente, digamos del uno por ciento del PIB anual, que se ahorrará. Ello se llama superávit primario que, como se comprende, se obtiene recortando el gasto de funcionamiento y de inversión del Estado, no el de deuda.

La experiencia internacional

La regla fiscal se presenta como una forma de ahorro para las futuras generaciones

cuando se atraviesa por épocas de bonan-za. El ejemplo es Noruega, gran productor petrolero, que ha creado un enorme fondo con los recursos petroleros. Se busca que cuando se agote el recurso el gasto público no se restrinja. Pero en esta descripción se evita recalcar que hoy (no mañana) el pueblo noruego ya cuenta con estándares de vida decentes.

En cambio, el cuento al revés ya lo hemos oído en los países pobres de hoy: que debe ahorrarse hoy para vivir bien mañana, pero ese mañana nunca llega. Y ahora cuando aparentemente Colombia va a entrar a una minibonanza derivada del saqueo minero y petrolífero, se quiere aprobar que las migajas que le van a quedar al país se ahorren para épocas de estrechez, como si hoy no hubiera un desempleo del 12% de la población eco-nómicamente activa, ni una tasa de pobreza que alcanza al 45% de los colombianos.

Nótese que en Colombia existió una forma de ahorro forzado de los ingresos petroleros, el Fondo de Ahorro y Estabilidad Petrolero (Faep), creado en 1995, cuyos recursos malgastó Uribe durante 2007-2008, unos 2,5 billones de pesos, en pleno auge de los precios del petróleo.

Que en Chile, otro de los ejemplos, se haya logrado ahorrar solo está poniendo de pre-sente que las migajas son más altas, bien porque el volumen del saqueo de cobre es muy alto, bien porque las regalías que le quedan al país son mayores.

Otro ejemplo es Brasil, pero al analizar los éxitos en el manejo de sus cuentas públicas se anota: “Otro elemento que contribuyó al mejor desempeño fiscal fue la reforma tribu-taria, que generó ingresos cercanos al 35% del PIB, una de las tasas de tributación más altas de la región” , mientras que en Colombia es del 15% del PIB.

La regla fiscal en Colombia

Se pretende que la regla fiscal sea de orden constitucional, es decir, que ni la ley ni las tutelas estén por encima de ella: Si un gasto obliga a exceder el tope puesto por la regla, no se puede hacer, así sea social o así lo dis-ponga una tutela, pues primaría lo dispuesto por la regla fiscal.

Uno de los argumentos que se ha esgrimido para malvender la idea en Colombia es que con ello se envía un mensaje de seguridad a los inversionistas. Pero si queda claro en estos años es que la inversión minera y petro-lera está creciendo desaforadamente en todo el planeta por cuenta de la creciente escasez de esos productos y de la superabundancia de capital a causa de la crisis. De lo contrario

no se explicaría porqué ha llegado a borbo-tones a Colombia en los últimos cinco años. Y que en los sectores manufactureros esté cayendo constantemente.

No está por demás llamar la atención sobre un supuesto: la inminente bonanza petrole-ra. Que el ministro santista de Minas, Ro-dado Noriega, la haya puesto en duda en pasados días, invita a que se esté aún más alerta sobre las reales intensiones de la tal regla fiscal.

Ahora bien, hay unos cuantos aspectos téc-nicos. Para diseñar la regla se hacen unos supuestos para los próximos cinco o diez años: tasa de crecimiento del PIB, precio del petróleo y los minerales, y recaudo de impuestos, por ejemplo. Entre más altas sean estas previsiones, mayor ha de ser el ahorro derivado de la regla fiscal. Teniendo

la reGla fiscal

Que los pobres sigan pagando los platos rotos

en cuenta que en general los futurólogos del Estado colombiano se han pifiado por exce-so de optimismo, es previsible que pongan al país a ahorrar cifras escandalosamente altas, agravando aún más la situación del 90% de la población.

Finalmente, no puede quedar la idea de que no nos preocupa la suerte de las genera-ciones futuras. Por supuesto que Colombia necesita ahorrar, pero no a costa de sus pobres. Para el caso relacionado con la re-gla fiscal, el ahorro debe buscarse con un incremento significativo de las regalías (en China las hay hasta de un cien por ciento sobre el precio del carbón y del petróleo en boca de yacimiento), de los impuestos a la renta de sociedades, de impuestos por fusiones y adquisiciones de empresas de-dicadas a estas actividades. No a costa de los mismos de siempre.

Nº 73, octubre de 2010 7agenda legislativa

Jorge Enrique Robledo

sEnador dE la rEpública

Resalta que en el debate sobre regalías se ocultan las relaciones entre esta reforma a la Constitución y el déficit

fiscal, déficit que llega al alto nivel del 4,6 por ciento del PIB en 2010, es decir, a una diferencia de 24 billones de pesos entre los recaudos y los gastos del gobierno nacional. Es también por este déficit, crónico en el pe-ríodo neoliberal, que a municipios y departa-mentos se les recortaron las transferencias de la nación en 76 billones de pesos entre 2002 y 2016.

En lo gastado por el gobierno en este lapso también hay que contar lo que ha recibido por las privatizaciones de las empresas que representaban buena parte de un siglo de ahorro nacional. Hace poco, además, la alta burocracia que despacha desde Bogotá se gastó los 1.700 millones de dólares que la Nación tenía en el Fondo de Ahorro y Es-tabilización Petrolera (Faep), y sin que esa decisión tuviera nada que ver con la parábola de la vacas gordas y las flacas, en tanto a los municipios productores de regalías los obligan a mantener en dicho fondo 1,8 billo-nes de pesos.

Aunque parezca mentira, en 2009 quedaron sin ejecutarse más de 4 billones de pesos de regalías, pero no de los municipios y depar-tamentos productores de hidrocarburos, car-bón y níquel (regalías directas), sino de las indirectas del Fondo Nacional de Regalías (FNR) que administra el gobierno a través de Planeación Nacional y que son las desti-nadas a las entidades territoriales no produc-toras. Este hecho escandaloso obedece a la incapacidad del gobierno que ve la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio, a la colocación en TES de parte de esos recursos y a que así también se manipula el déficit fiscal. Y como la reforma en trámite elimina el FNR, todo lo que allí repose terminará en las arcas del gobierno central.

El presupuesto nacional de 2011 también muestra lo que buscan. Allí se cambia la des-tinación de parte de los recursos del Fondo Nacional de Regalías (FNR), los cuales, hay que insistir, son platas destinadas a munici-pios y departamentos donde no hay minas ni hidrocarburos, así el gobierno oculte este hecho o, peor aún, falte a la verdad dicien-do que la totalidad de las regalías van a las entidades territoriales productoras. Y los cambios consisten en que el gobierno tomará para sus necesidades –para vías nacionales y las EPS, por ejemplo– recursos que hoy les pertenecen a las entidades territoriales no generadoras de regalías.

Que van a expropiar los derechos consti-tucionales y los recursos de municipios y departamentos para gastárselos en asuntos del gobierno nacional y enjugar su déficit, también lo muestran otros hechos. El Minha-

cienda dice que las regalías deben “contribuir al equilibrio fiscal” y que hay que golpear los gastos “chichigüeros”. En principio, ninguna objeción a que se hagan obras mayores. ¿Pero con la plata de gastos que son muy importantes para los municipios, así los tilden de “chichigüeros”?

De ahí que sea bastante ingenuo pensar que lo que les van a quitar a unos municipios y de-partamentos se los van a dar a otros, cuando lo que ocurrirá será la centralización de esas platas en el gobierno nacional y en el exterior bajo el control del Banrepública. Y que en el proyecto de ley se repita la palabra “regio-nal” también los desnuda. Porque mientras que los municipios y los departamentos son entes precisamente definidos por la ley, las regiones son en buena medida una ficción, en cuyo nombre el gobierno nacional hará lo que se le venga en gana.

La centralización a la que aspiran se ve de otra manera. La ley reglamentaria será “de iniciativa” del gobierno, lo que significa que será al antojo de Bogotá, las regalías no ha-rán parte del presupuesto nacional, luego ni siquiera tendrán ese control parlamentario, y en la madrugada de la aprobación en pri-mer debate le agregaron una parágrafo que dice que si el Congreso no la reglamenta, lo hará el gobierno. Una bomba contra la descentralización. Una especie de dictadura fiscal. Realmente escandaloso, pero no en la decadencia del tapen-tapen de la Colombia de Santos, por supuesto.

Coletilla: enorme repudio ha causado entre los demócratas de Colombia y el mundo la decisión del Procurador Ordóñez de liquidar políticamente a la senadora Piedad Córdo-ba. Donde la Corte Suprema de Justicia con razón no encuentra nada, el Procurador, sí, pero porque se establece el delito de opinión y se hace sobre la tesis maniquea de que si hay congresistas en parapolítica, tiene que haberlos en farcpolítica.

Rodrigo Uprimny

dirEctor dEl cEntro dE Estudios “dEjusticia” y profEsor dE la univErsidad nacional.

tomado dE elespectador.com

Muchos ciudadanos no se interesan por las discusiones sobre hacienda pública, como la relativa a las rega-

lías, pues les parecen aburridas y técnicas.

Es una actitud comprensible, pero proble-mática, pues en esas discusiones se juega mucho el destino de nuestros derechos, cuya realización depende en parte de los recursos con que cuenta el Estado para protegerlos.

Un ejemplo de un tema importante, pero que no despierta la atención ciudadana, es la propuesta del Gobierno de reformar la Constitución para modificar el reparto y la destinación de las regalías, pues se trata de recursos importantes: unos $5 billones por año en la actualidad, que podrían llegar a $10 billones en 2020. ¿Qué es lo que está en juego?

La regalía es lo que el Estado colombiano recibe por la explotación de los recursos naturales no renovables, como el petróleo o el carbón. Esos dineros son repartidos hoy de dos formas: aproximadamente un 80% son regalías directas, que van a los depar-tamentos y municipios en donde se explotan o transportan los recursos no renovables; el resto va al Fondo Nacional de Regalías (FNR), para ser repartido a las otras entida-des territoriales.

La situación actual hoy es mala, pues existen profundas desigualdades regionales. Por ejemplo, cinco departamentos (Casanare, La Guajira, Meta, Cesar y Arauca), que tienen aproximadamente el 6% de la población, han recibido más del 50% de las regalías. El in-greso per cápita por regalías en Casanare es de $2,2 millones, que es 45 veces superior a los $49 mil que recibe un nariñense.

Además, por una grave corrupción, muchos dineros se han perdido. Y los que no han sido robados, no han sido tampoco bien usados para el desarrollo regional o el mejoramiento de la vida de los habitantes, sino para obras locales, muchas veces innecesarias, como el velódromo de Arauca. Por ello, los depar-tamentos que más regalías han recibido, como La Guajira, no han logrado reducciones significativas de la pobreza.

El Gobierno tiene entonces razón en que es necesario reformar el reparto y la destinación de las regalías, con el fin de lograr mayor equidad social y regional.

Nadie niega que los departamentos y mu-nicipios productores deban recibir regalías suficientes para compensar el impacto am-biental y social de esas explotaciones mine-ras en sus territorios. Pero las regalías deben beneficiar a los colombianos más pobres, sin importar en qué departamento vivan.

Es necesario también controlar el despilfa-rro y robo de esos dineros, con el fin de que financien el desarrollo social y la integración regional, y no obritas locales desarticula-das.

Pero la propuesta gubernamental no deja de suscitar muchos interrogantes.

Jurídicamente no es claro que sea necesario reformar la Constitución, pues parecería que basta con modificar las Leyes 141 y 756, que son las que regulan específicamente el repar-to y la destinación de las regalías.

De otro lado, hoy todas las regalías están destinadas a los departamentos y municipios, vía regalías directas o vía FNR. Es cierto que el reparto es muy inicuo, pero existe el riesgo de que la reforma decida concentrar esos dineros en el ámbito nacional (por ejemplo, para financiar el alto déficit fiscal), lo cual se-ría un golpe financiero a la descentralización. Y es que aún no es siquiera claro cómo se repartirán los recursos.

Finalmente, la institucionalidad propuesta para manejar las regalías y evitar su robo y despilfarro es confusa y enredada. No se prevén tampoco mecanismos de control ciudadano al uso de los recursos. No es entonces claro que la reforma evite la co-rrupción y logre un manejo transparente de esos dineros.

El debate entonces apenas comienza y es importante que la ciudadanía esté atenta, pues no podemos seguir regalando las regalías, que son patrimonio de todos los colombianos.

reGalías

Un debate ciudadanoLas regalías y la voracidad

del gobierno nacional

8 Nº 73, octubre de 2010

Pedro Santana Rodríguez

prEsidEntE corporación viva la ciudadanía tomado dE caja dE HErramiEntas

Esta semana que termina fue pródiga en hechos que ponen de manifiesto uno de los problemas que la elite no

quiere reconocer, por supuesto que nos referimos a la profunda penetración de las mafias en el conjunto del aparato de Estado. Cuando por ejemplo, se lanza una política de seguridad ciudadana como ocurrió esta semana en el Distrito de Agua Blanca en la ciudad de Cali no se está frente a un hecho de menor importancia, por el contrario, se trata de enfrentar uno de los problemas más complejos de la vida cotidiana que los ciu-dadanos y ciudadanas identifican como uno de los principales problemas que aquejan a ciudades como: Bogotá, Medellín, Cali y otras del país. Echamos de menos que en el diagnóstico que se hace, falte uno de los elementos centrales y fundamentales que el Gobierno no quiere aceptar. Este problema tiene que ver con la infiltración mafiosa en el conjunto de la estructura del Estado, vale decir, en el poder Ejecutivo pero sobre todo en el poder Judicial, en la Fiscalía General de la Nación y en las Fuerzas Armadas gu-bernamentales y de Policía. Mientras que la fiebre se busca en las sábanas pretendien-do que con la extensión de los horarios de actuación de la justicia sean las 24 horas del día o que se penalice a los jóvenes que hayan cumplido los 16 años, pero, se ignora el cáncer que corrompe a las instituciones y no se quiera enfrentar el problema de la infiltración mafiosa en los organismos del Estado estaremos dando palos de ciego para enfrentar el problema de la criminalidad en nuestros principales centros urbanos.

Desde esta perspectiva las declaraciones de Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso Sierra” ante la Fiscalía en el proceso que se sigue contra el senador Mario Uribe primo del ex presidente, Álvaro Uribe Vélez, son una muestra fehaciente de lo que las autorida-des se niegan a reconocer y a enfrentar. En efecto, el Tuso Sierra en su declaración ante una Fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia muestra la profundidad de la infil-tración de las mafias del narcotráfico no sólo en la política colombiana sino en el aparato de justicia y en las Fuerzas Armadas y de Policía. En su declaración no sólo implica a Mario Uribe Escobar en negociaciones con los grupos paramilitares en la compra de tierras, apartamentos y regalos sino en acciones que el entonces Senador realizó para favorecer a los grupos criminales. Pero también implica al gobernador de Antioquia Alberto Builes y al senador Oscar Arboleda Palacio, así como al concejal de Medellín Diego Arango y a la ex representante a la Cámara condenada por parapolítica Rocío Arias así como al ex vice-ministro del Trabajo Augusto Pineda. Sobre el tamaño de esta infiltración habla por si sola la cifra de 101 congresistas que son inves-tigados actualmente por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Quizás los hechos

nuevos tienen que ver con las revelaciones que comprometen en asuntos criminales al senador Mario Uribe Escobar.

Pero en la línea de la infiltración a los orga-nismos del Estado las declaraciones de Juan Carlos Sierra alias “El Tuso Sierra”, que era uno de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia, nos muestra la profundidad de dicha penetración. “Ser amigo de la “Oficina de Envigado” era estar in. Se trabajaba en llave con el Cuerpo Técnico de Investigacio-nes, CTI, la Fiscalía, el Ejército, el DAS y la Policía. El contacto con la Policía era el mayor Francisco Rodríguez, quien fue asesinado en la guerra contra “La Terraza”. Había uno al que se le pagaban $28 millones, el coronel Luís Alberto Moore Perea. El general Mario Montoya era de la nómina de la Oficina. No me consta, pero oí hablar de $20 millones. En términos generales, la Oficina de Envi-gado trabajaba a sus anchas y en llave con las autoridades. En la nómina de la “Oficina” había desde coroneles hasta policías rasos. Entre ellos, dijo Sierra, el entonces coronel Luís Alberto Moore, quien alcanzó el grado de general y pasó a retiro hace poco. Así miso El Tuso relató que viajó a España con pasaporte diplomático al lado de Víctor Horacio Uribe Escobar, hermano de Mario Uribe”.

Al mismo tiempo en la diligencia judicial, rea-lizada el 5 de octubre del presente año, Elkin Casarrubia Posada, alias “El Cura”, segundo comandante de los grupos de paramilitares en el Urabá antioqueño contó que los para-militares de esta región del país agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia y que actuaban en los Llanos con el nombre de los “Urabeños” tenían alianzas con los batallones de la zona para combatir a las guerrillas. Se-ñaló en concreto que los batallones 33, 35 y Vélez de Urabá apoyaban a los paramilitares en la zona y señaló al general Rito Alejo del Río como a uno de los colaboradores.

Estas dos declaraciones ponen sobre la mesa uno de los problemas más apremiantes y fren-te al cual los funcionarios del alto Gobierno guardan silencio. Se trata de la infiltración mafiosa en los organismos de seguridad del Estado y en la rama judicial del poder público. Mientras no se proceda a una limpieza a fondo de los organismos de seguridad y de la rama judicial así como de los poderes políticos la guerra contra las mafias y el crimen no tiene futuro cierto. Precisamente uno de los vacíos fundamentales de la política de Seguridad Ciudadana anunciado por el presidente Juan Manuel Santos en el Distrito de Agua Blanca, tiene como su vacío principal la ausencia de esta depuración que es absolutamente nece-saria si se quiere derrotar la criminalidad y la delincuencia ligada a las mafias.

Reza, peca y empata

No podemos dejar de señalar las medidas recientemente tomadas por el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez en torno a Piedad Córdoba y a Bernardo Moreno ex secretario general de la Presidencia de la República así como contra María del Pilar

Hurtado, Andrés Peñate y Mario Aranguren así como contra otros altos funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

En el caso de Piedad Córdoba en primer tér-mino no creemos que la senadora Liberal sea colaboradora de las Fuerzas Armadas Revo-lucionarias de Colombia, Farc. En muchas ocasiones no hemos estado de acuerdo con sus declaraciones o posturas políticas, pero, nos parecen totalmente infundadas como lo señala Daniel Coronell en su columna de la Revista Semana las suposiciones y conclu-siones a que llega Ordóñez en su falló que destituye a Piedad Córdoba y la inhabilita por 18 años para ocupar cargos públicos. Por ejemplo, no creemos que el Procurador tenga atribuciones para despojar de su curul a los congresistas. Ahora será el Consejo de Estado y la Corte Constitucional las que determinen las decisiones del procurador Ordóñez en este caso. Piedad Córdoba se convierte en una víctima de la tesis de Ordóñez que hay que encontrar culpables en la llamada Farcpolítica sin que sus argu-mentos jurídicos contra Piedad en éste caso sean sólidos.

En relación con los altos funcionarios del Gobierno de Uribe, la Fiscalía General de la Nación está próxima a tomar decisiones de fondo alrededor de las interceptaciones ilega-les a los magistrados de la Corte Suprema, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes de la oposición. El regreso de Uribe a la vida política, su anunciada oposición a los proyectos de tierras y víctimas, tiene que ver más, a mi juicio, con las investigaciones judiciales a funcionarios de su Gobierno a los cuales defenderá para tratar que no lo involu-cren en las investigaciones que van llegando muy cerca de su entorno cotidiano. No queda hoy la menor duda que el beneficiario de la empresa criminal como la ha llamado la Corte Suprema de Justicia era el propio Uribe que tarde que temprano tendrá que responder por lo que sucedió durante sus ocho años largos de Gobierno. La pregunta que nos hacemos es hasta qué grado llegarán las solidaridades de sus funcionarios. Las graves acusaciones del “Tuso Sierra” contra Mario Uribe son una manifestación de lo que nos espera en el futuro inmediato que no es más que la revelación de la profunda infiltración mafiosa en altos orga-nismos del Estado bajo el mandato del ahora ex presidente Uribe. Bogotá, octubre de 2010

La infiltración mafiosa en el Estadopolítica

Nº 73, octubre de 2010 9

El congreso de los Pueblos es un proceso de carácter social y popular que convoca todas aquellas dinámicas y procesos de

pueblos, sectores y regiones que estén dispues-tas a emprender una construcción legislativa común para mandatar el futuro y el presente de nuestro país, con una perspectiva latinoameri-cana y mundial.

Objetivos

En la Minga Social y Comunitaria venimos ca-minando la palabra, articulando y convocando las distintas maneras que el pueblo colombiano ha tenido para expresarse y organizarse como propuesta de mejor país. Reconociéndonos en esa apuesta como parte de 518 años de resis-tencia indígena y 200 años de lucha popular por un país donde quepamos todos y todas. Hoy llamamos a toda la sociedad colombiana a que nos hagamos presentes en la construcción del Congreso de los Pueblos para emprender la marcha comunitaria hacia la dignificación de la vida de nuestro país y nuestra gente.

Buscamos evaluar y proyectar el camino andado en los procesos de articulación política y social durante las últimas dos décadas en nuestro país. Para ello nos proponemos:

Desarrollar las líneas temáticas que trazarán 1. en adelante la motivación y construcción co-mún del “El Plan de Vida Digna Nacional”.Elaborar el marco de un “mandato de manda-2. tos” que recoja los acumulados de distintos pro-cesos regionales, sectoriales y de pueblos. Construir y proponer una plataforma de mo-3. vilización y acción para proyectar y asumir los próximos años de manera conjunta y con una apuesta estratégica frente al país.Definir los criterios organizativos y meto-4. dológicos de la articulación social y política con todos los procesos que le apuesten a la construcción de propuesta de país.Recoger y fortalecer una agenda interna-5. cional para avanzar en la integración de los pueblos.

Los ejes temáticos del Congreso de los Pueblos

La perspectiva del diálogo que proponemos, parte de las siguientes consideraciones:

La profundidad de la crisis mundial que vivi- •mos, expresa la crisis de la civilización occi-dental y, en consecuencia, la inviabilidad del capitalismo como modelo de vida.La puesta en cuestión de toda la racionalidad •que ha estructurado nuestros críticos siste-mas sociales actuales.La urgencia de un nuevo pensamiento y un •nuevo ordenamiento que restablezca el equi-librio social y natural del planeta. El paradigma de lo comunitario como visión- •acción de un nuevo proyecto social: el buen vivir. La negación sistemática de los poderes exis- •tentes a aceptar la necesidad de replantear el orden impuesto. El sentido de la acción social en este momen- •to histórico: de la exigencia de los derechos al ejercicio de los derechos, a la vida plena e integral.

El Congreso de los Pueblos debe permitirnos por lo tanto la puesta en marcha de un proyecto de país que ponga en todos los escenarios los ejes que consideramos fundamentales para una Colombia digna. Inicialmente, desde la Minga ve-níamos caminando en torno a cinco puntos que fueron fundamentales para hacer converger a muchos procesos sociales del país; el camino nos ha mostrado que es necesario incluir otras visio-nes y complementar esos puntos a la luz de una propuesta integral de país. Desde la perspectiva planteada hemos construido siete ejes temáticos que convoquen y sintonicen los acumulados de acción y pensamiento que los distintos procesos y organizaciones que nos comprometemos a tejer en Congreso de los Pueblos:

Tierra, territorio y soberanía: Para dar cuenta 1. de la construcción territorial y regional que como comunidades realizamos a diario, en una apuesta de autonomía y autodeterminación.Economía para la vida y contra la legislación 2. del despojo: Estamos enfrentando un mode-lo de producción en el cual el despojo y la desigualdad han sido la regla general. Propo-nemos dar cuenta de otra lógica económica posible, protagonizada por la gente. Construyendo poder para el buen vivir: La 3. política y las dinámicas del poder entendidos como proceso y como medio para liberar las potencialidades de la vida social y natural que permita recuperar su integralidad y su armonía.Cultura, diversidad y ética de lo común: Dan-4. do cuenta de las múltiples maneras en las que construimos vida en común, pensándo-nos un país diverso.Vida, justicia y caminos para la paz: Es impo-5. sible construir un país para todos y todas sin hacer una apuesta por la paz y la justicia. La esencia del conflicto la constituye el desequi-librio social y natural que el modelo dominan-te ha producido, por tal razón, nuestro marco para pensar su superación no es coyuntural ni parcial, parte del carácter de la vida misma y la dimensión de sus relaciones.Violación de derechos y acuerdos incumpli-6. dos: En todos estos siglos de camino, los acuerdos que hemos hecho con los gobier-nos han sido traicionados, tergiversados, rotos e irrespetados; de la misma forma, nuestros derechos han sido sistemáticamen-te violados y desconocidos. Como un ejerci-cio de memoria que fortalezca y fundamente nuestra lucha, tenemos que dar cuenta de esta historia, de la manera como se han desconocido nuestros intereses.Integración de los pueblos y globalización de 7. las luchas: Colombia no es nuestra frontera li-mitante. En América Latina y el mundo entero los pueblos vienen caminando otras visiones de mundo y de relacionamiento internacional posible que se corresponden con nuestras propias apuestas. Articularlas y proyectarlas en conjunto es nuestro reto.

Cómo llegamos a esta primera sesión del Congreso de los Pueblos

Desde la construcción de mandatos de •pueblos, regiones, sectores y clases: hacer legislación para nuestro país requiere bases

sólidas de propuesta, surgidas en la movili-zación, desde la experiencia de vida y lucha de los procesos. Al Congreso de los Pueblos hay que llevar los mandatos que tenemos, entendidos como acumulados de pensa-miento y propuesta que son construidos de manera colectiva, tienen legitimidad social, destacan las contradicciones más importan-tes que afrontamos y que también desarro-llen metodologías para su cumplimiento y seguimiento. Para ello necesitamos sistema-tizar nuestro pensamiento, nuestras palabras y recorridos de lucha (planes de vida, planes de equilibrio, programas, manifiestos, plata-formas, pliegos, conclusiones de encuentros, tulpas de pensamiento, propuestas e idearios políticos). Articulémoslos entorno a lo que nos mandatamos como procesos.

A partir de un ejercicio de encuentro y con- •versación con quienes quieren participar del Congreso de los Pueblos: en nuestro país son muy diversas las formas en las cuales la gente se ha dado su propia organización y lógica de lucha. Potenciar un encuentro entre ellas requiere de paciencia, de reco-nocimiento mutuo, de la construcción de

bases éticas comunes y de sintonizar la mirada frente a las apuestas que tenemos y las maneras que tenemos para viabilizarlas. Localmente, regionalmente, nacionalmente e internacionalmente impulsaremos distintas dinámicas para encontrarnos, interlocutar y convocarnos en movilización hacia el Con-greso de los Pueblos.

Al ritmo y en medio de movilización: El •Congreso de los Pueblos surge en medio y gracias a la capacidad de movilización de la gente en torno a sus luchas. En este caso, además de la concentración en Bogotá, realizaremos una serie de actos a nivel re-gional que permitan que el país entero esté en Congreso de los Pueblos.

Generando comunicación efectiva, difusión y •posicionamiento social de la apuesta del Con-greso de los Pueblos: Esta es una propuesta para todos y todas, necesitamos que las ma-neras de difundirla y posicionarla sean también para todos y todas, que se sienta como parte de la vida nacional, que exista en los imagina-rios de país de la gente como parte del proceso de recuperación de nuestras identidades.

Propuesta de país para una vida dignaHacia una aGenda común leGislativa y popular

por un mandato de mandatos para los y las colombianas

popular

10 Nº 73, octubre de 2010tratado de libre comercio

Esta fue la conclusión de la asamblea de organizaciones de la Red Colom-biana de Acción Frente al Libre Co-

mercio, Recalca, que se reunió el pasado 2 de octubre en Bogotá con la participación de más de 120 delegados de 16 departamen-tos del país, entre quienes se encontraban dirigentes de las organizaciones sociales y sindicales más importantes como la CUT, la CTC, Fecode, Salvación Agropecuaria, la CNA, la Acin y la Gran Coalición Democrá-tica, entre otras.

Durante la asamblea se reconoció el papel que ha jugado Recalca como articulación de organi-zaciones sociales para entrabar la aprobación de los TLC y se destacó el hecho que ninguno de esos acuerdos ha sido implementado. Sin embargo, se llamó la atención sobre la agen-

Mario Alejandro Valencia

Economista

En mayo de 2010, en plena campa-ña electoral, al preguntársele sobre el TLC con la Unión Europea el

entonces candidato Juan Manuel Santos declaró que estos “siempre dejan ganado-res y perdedores” y añadió que aun así “lo firmaría”. Consecuente con su promesa, el 6 de octubre el vicepresidente de Colom-bia, Angelino Garzón, emprendió una gira de catorce días por Europa para buscar la aprobación de un Tratado de Libre Comer-cio que arruina a los lecheros colombianos, no solo a los pequeños y a los medianos, sino a todos los lecheros. Un TLC que terminará de quebrar lo que queda de la producción alimentaria y que le entregará en bandeja de plata a las transnacionales europeas (ejemplo: BP, Hocol, Unión Fe-nosa, Endesa, Gas Natural, Anglogold As-hanti) las riquezas naturales no renovables de nuestro territorio, como es evidente en la política minera, petrolera y ambiental que dejó el anterior gobierno y que ha prome-tido continuar y profundizar el de Santos, bajo la figura de las “locomotoras”.

Para que no quede duda, el pasado 8 de octubre en Madrid, Angelino Garzón intervi-no durante una hora en el Foro de la Nueva Economía de The Wall Street Journal, pa-trocinado por Endesa, en el que declaró que “es un buen negocio invertir en Colombia”, porque es “una tradición de Estado garanti-zar la seguridad no sólo a nivel jurídico sino administrativo, político y de seguridad para la inversión nacional y extranjera”. Discurso en el que no se ahorró en elogios al presi-

dente de Endesa por la “labor que cumple en Colombia” y en el que, para tranquilidad de los inversionistas españoles presentes en el evento, agrega: “vamos a mantener todas las políticas que fueron valoradas positivamente por el pueblo colombiano, del presidente Álvaro Uribe”, incluida la firma de “tratados de libre comercio con el mayor número de países posibles”.

Con el cuento de los “ganadores y perde-dores” en el TLC se han entregado vitales sectores de la producción colombiana, con la quimera de ganar acceso en otros productos que ni siquiera produce el país. Del lado del gobierno colombiano no exis-te un solo estudio que demuestre cuáles son los famosos productos nuevos que vamos a vender en el mercado europeo, ni cuáles son las empresas colombianas que invertirán en ese continente. Pero como se pregona la reciprocidad en estas supuestas negociaciones, valdría la pena preguntarle al gobierno ¿cuáles son los sectores de la producción europea que se van a arruinar por cuenta de firmar un TLC con Colombia? ¿Alguien ha escuchado alguna vez a un funcionario europeo decir: “habrá ganado-res y perdedores”? yo no, sencillamente porque los únicos perdedores serán los de este lado del ‘charco’.

El vicepresidente Angelino Garzón fue a Europa a manifestar el “interés de Colombia en que el Parlamento Europeo apruebe el acuerdo comercial”. Cuando se conmemo-ran 518 años de la llegada de los conquis-tadores españoles a América, habrá que preguntarle a Garzón ¿cómo puede ser del interés de los colombianos un TLC que nos recoloniza? 12 de octubre de 2010

da neoliberal del nuevo gobierno de Santos y Garzón, que “a través de la propaganda dan la idea engañosa de que todo está mejorando cuando en realidad se busca profundizar la entrega del territorio nacional y sus riquezas a las transnacionales de las potencias, y por ello insisten en la aprobación de los TLC”, manifes-tó su vocero Héctor Moncayo.

Frente a este panorama, la asamblea aprobó por unanimidad intensificar las tareas a nivel nacional e internacional para evitar que sean ratificados e implementados los TLC con Es-tados Unidos, Canadá y la Unión Europea, y redoblar esfuerzos por denunciar y resistir el conjunto de las medidas del actual gobierno que apuntan a deteriorar más la calidad de vida de los colombianos y de su medio am-biente. Bogotá, 4 de octubre de 2010

El “interés” de Colombia en un tratado que nos arruina

comunicado de prensa recalca

“fortaleceremos la lucha contra los TLC y las políticas que lo implementan”

ME ASESINARON:Por asumir mi res-ponsabilidad con dignidad como dirigente político, social y sindical, dentro de la socie-dad colombiana. Decidieron acabar-me físicamente. Pero hoy más que nunca estoy vivo, yo estoy con ustedes compañeros. Ade-lante. Tus amigos, amigas y compañeros, siempre te recordaremos.

XII ANIVERSARIO DEL MAGNICIDIO DE JORGE LUIS ORTEGA GARCÍAvicepresidente de la cut nacional

(febrero 8 de 1952 † octubre 20 de 1998)

Nº 73, octubre de 2010 11sindicalismo internacional

Bruselas, 29 de septiembre de 2010 (CSI En línea): La CSI presenta hoy su informe bianual sobre las normas

fundamentales del trabajo en los EE.UU., coincidiendo con el Examen de las Políticas Comerciales de los EE.UU. en la OMC, que tendrá lugar el 29 de septiembre y 1 de octu-bre. El informe revela un magro historial en materia de protección de los trabajadores, es-pecialmente en lo que respecta a los derechos sindicales y el trabajo infantil, áreas en las que siguen produciéndose violaciones graves.

La legislación de los EE.UU. excluye a gran-des grupos de trabajadores y trabajadoras del derecho de sindicalización, como los trabajadores agrícolas, muchos trabaja-dores del sector público, los trabajadores domésticos, los supervisores y contratistas independientes. Por otra parte, para la ma-yoría de los trabajadores del sector privado resulta sumamente difícil formar sindicatos, y

la presión antisindical de los empleadores es frecuente. El informe señala que existe toda una industria antisindical de 4 mil millones de dólares destinada a socavar la organiza-ción sindical. Un 82% de los empleadores contratan este tipo de empresas, las cuales emplean un amplio abanico de tácticas anti-sindicales. Los empleadores suelen obligar a los trabajadores a escuchar propaganda antisindical y los amenazan con el cierre de la empresa si votan a favor de la formación de un sindicato.

El informe señala además que la Ley de li-bre elección del trabajador (Employee Free Choice Act), que corregiría algunos de los desajustes a los que están sujetos los tra-bajadores y las trabajadoras, sigue siendo bloqueada por los republicanos del Senado a pesar de haber sido aprobada por el Con-greso y contar con el apoyo de la mayoría en el Senado.

Asimismo, los EE.UU. no aportan solucio-nes eficaces al trabajo infantil en muchos casos, especialmente en la agricultura, uno de los peores debido a las condiciones peligrosas a las que están expuestos los ni-ños. Muchos de los niños son trabajadores agrícolas migrantes, a menudo latinoameri-canos. La AFL-CIO calcula que trabajan en la agricultura entre 300.000 y 800.000 niños en condiciones peligrosas. Por otra parte, el número de inspecciones del trabajo infantil ha ido disminuyendo.

confederación sindical internacional, csi

EE.UU.: problemas pendientes con el derecho de sindicalización y otros derechos fundamentales

En cuanto a la discriminación, el informe se-ñala que las mujeres siguen ganando menos que los hombres (77,1%). Aun cuando las mujeres representan el 47,8% del total de las cifras del empleo, sólo el 29,0% de los ejecu-tivos y directivos de alto nivel son mujeres. Además, las mujeres no tienen garantizada ninguna licencia familiar pagada. Por último, el informe señala que el trabajo forzoso sigue siendo un problema en los EE.UU., en par-ticular el trabajo forzoso de los trabajadores migrantes en la agricultura.

El Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, evaluando el impacto de las políticas gubernamentales derivadas de las interpretaciones unilaterales y arbitrarias que ha dado el gobierno nacional y sectores empresariales de los sectores pú-blicos y privado, acerca del Acto Legislativo 01 de 2005, que reforma las pensiones en nuestro país; la circular 048 de 2010 de la procuraduría general de la nación, así como diversas sentencias de las altas cortes, la ex-pedición de decretos como el 1529 de 2010 y otras circunstancia especiales como los pronunciamientos de la OIT en los años 2008, 2009, 2010, a través del comité de libertad sindical, de la comisión de normas, avaladas por el consejo de administración, por lo que adquieren carácter vinculante en nuestro país, pronunciamientos que se han originado por queja presentada ante el comité de libertad sindical de la OIT por los sindicatos, la CUT ha decidido recolectar la siguiente información, la cual debe ser enviada al comité ejecutivo nacional, antes del próximo miércoles 27 de octubre de 2010 a las 12 del medio día, así :

Relación de quejas presentadas ante la OIT por la violación de las convenciones colectivas de trabajo, o los regímenes especiales, en cuanto a pensiones se refiere.

En este caso se requiere conocer de las que-jas ya presentadas ante la OIT y el tramite adelantado en cada caso, indicando las per-sonas afectadas, las circunstancias en que se produce la violación, la norma violada, en que sitios, en que tiempo, personas responsables de estos atropellos.

Violación de las clausulas convencionales relativas a pensiones, o de las normas esta-blecidas en régimen especial sobre pensiones, o desconocimiento de estas normas por parte de la empresa o autoridad encargada de su cumplimiento, con ocasión de la entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2005, desde el 01 de agosto de 2010.

En este caso se requiere con precisión y soportes:

Texto de la clausula convencional, acuerdo, o norma desconocida o violada. relación de

las personas afectadas, indicando, nombres y apellidos, cedula de ciudadanía, edad, tiempo de servicio o semanas de cotización, cargo al interior de la empresa.

Fecha en que se produjo la vulneración, des-conocimiento o violación; persona o personas que son responsables del acto de violación, indicando nombres y apellidos, y cargo, do-cumento, carta, circular, concepto o demás medios de prueba escritos por medio de los cuales se compruebe la violación cometida.

En el caso de que aun no haya producido la vulneración, desconocimiento o violación, pero se conozca por medio de algún documento la determinación de hacerlo, se debe adjuntar el documento que así lo señale.

Igualmente la relación numérica de las personas que completarían los requisitos establecidos en la respectiva convención co-lectiva, pacto, o régimen especial, después del 31 de julio de 2010. indicando cuantos obtendrían su pensión en cada año, 2010, 2011,2012,2013,2014…hasta el año, 2020, o hasta la fecha establecida en la respectiva norma o clausula.

La anterior documentación se requiere con carácter urgente a fin de ser adjuntada ante procesos en curso en la OIT, y para que la OIT tenga las reales dimensiones del impacto de la vulneración que se plantea en cabeza del gobierno nacional a los convenios suscritos y vigentes , en especial los numero 87, 98, 151 y 154, desconociendo los derechos de asociación, negociación colectiva, huelga, labores en alto riesgo, regímenes especiales, así como el desconocimiento a diversas sen-tencias judiciales.

Se reitera de la oportunidad en que se debe enviar la documentación dado que esta será llevada directamente a los organismos espe-cializados de la OIT, por lo que se debe allegar antes del próximo miércoles 27 de octubre a las 12 del día (Secretaría General) con oficio remisorio.

Fraternalmente.

Tarsicio Mora Godoy (Presidente)

Domingo Tovar Arrieta (Secretario General)

Circular urgente

CSI EnLínea

12 Nº 73, octubre de 2010t raba jo de cen te

Elaborado por la Campaña Colombiana por Trabajo Decente

y la ENS

En el año 2009 existían en el país cer- •ca de 20 millones de personas en la pobreza, y alrededor de 8 millones en la indigencia. En el campo las condi-ciones eran aún más graves, ya que de cada 100 hogares 64 eran pobres y 29 vivían en condiciones de indigencia. Si bien entre el 2002 y el 2009 la pobreza pasó de 53,7% a 45,5%, los niveles de crecimiento que el país ha tenido no se equiparan con reducciones significativas del nivel de la pobreza. La indigencia aumentó entre el 2005 y el •2009. Pasó de 15,7% a 16.4%, situación que resulta preocupante e inmoral si se tiene en cuenta que se está presentando en un periodo de buen comportamiento del PIB. La distribución del ingreso empeoró. En- •tre 2005 y 2008 el Índice de Ginni pasó de 0,58 a 0,59. Y según el informe de la ONU – Hábitat (Foro Urbano Mundial de la ONU, en Río de Janeiro. marzo 25 de 2010), el 10% de la población más rica de Colombia se queda con la mitad de los ingresos laborales del país, frente al 0,9% que se queda en el lado de la población más pobre.

Crecen sectores que no generan em-pleos y desaparece el empleo formal

En el año 2009 la industria manufacturera cayó 6,3%. Otros sectores que cayeron en 2009 fueron: comercio, reparación, res-taurantes y hoteles (2,9%), que se explica por la caída del consumo de los hogares. El sector del transporte tuvo una variación negativa de 1,2%. Todos estos sectores eran potenciales generadores de empleo formal, empleos que han pasado a ser precarios o desaparecieron.

Entre los sectores que tuvieron crecimien-tos significativos se destaca: la construc-ción (12,8%), gracias a que el rubro de obras civiles creció 33,9%; el sector mine-ro, que registró un crecimiento de 11,3%; y los establecimientos financieros, con 3,1%. Todos los anteriores, o generan empleo precario y mal remunerado, o generan ín-fimos empleos.

Oportunidades de trabajo

Aumentó el desempleo, hay más jefes de hogar sin trabajo y más personas buscan-do empleo.

En el año 2009 la tasa de desocupación, promedio anual, se ubicó en 12%, presen-tando un incremento con respecto al año anterior, cuando era de 11,3%. Es muy grave el crecimiento de la tasa de des-ocupación en los jefes de hogar, al pasar de 5,5% a 6,2%, pues ellos y ellas son quienes generan los ingresos principales de las familias.

En el año 2009 existían en el país cerca de 2´513.000 desocupados, 297.000 más que en 2008, periodo en el que los des-ocupados alcanzaban los 2´216.000. Esto significa que hoy existen más personas en busca de empleo.

Creció el nivel de ocupación en 979.000 personas con respecto a 2008, es decir, hubo un crecimiento en la tasa de ocupa-ción de 51,9% a 53,9%. También creció la población económicamente activa en 1´277.000 personas, llegando a 20´941.000 personas. También aumentó la tasa global de participación, que pasó de 58,5% en 2008 a 61,3% en 2009. Es decir, en 2009 hubo más hombres y mujeres compitiendo en el mercado laboral.

Cada año hay más personas saliendo a buscar trabajo, a una economía que crea muy poco empleo. Esposas, hijos, parien-tes, entre otros, se ven forzados a salir en busca de empleo para no afectar los ingresos del hogar. En consecuencia, la tasa de inactividad pasó de 41,5% a 38,7% de 2008 a 2009; es decir, para este último año había 717.000 inactivos menos que en el mismo periodo de 2008, y se observó un repunte en el subempleo, tanto subjetivo como objetivo, que se ubicaron en 29,7% y 10,9% respectivamente.

Explosión de la informalidad

En 2009 el empleo aumentó en posicio-nes ocupacionales caracterizadas por la informalidad, como cuenta propia, que se incrementó en 8%; trabajadores familiares sin remuneración, que creció en 30,5%; y trabajadores sin remuneración en otras empresas, que aumentaron en 17,3%.

Debe destacarse que en 2009 el 42,6% del total de ocupados era cuentapropista, seguido de los empleados particulares que participaban con 34,5%. El sector público sólo participa con 4,6% de los ocupados, con una increíble disminución del 8% entre el 2008 y el 2009.

Los datos del primer semestre del 2010 mantienen esta grave tendencia. La tasa de ocupación llegó a 55,2%, el desempleo pasó de 12,3% a 12.5%, crecieron las tasas de subempleo objetivo y subjetivo, a junio la primera creció en 0,4% y la segunda 0,6% a junio, llegando a 32,7%.

Al hacer el análisis por posición ocupacio-nal, registramos un crecimiento del 4,4% en los empleados cuentapropistas, 3,5% en jornalero o peón, 2,9% en empleado particular. Y disminuciones en la categoría patrón o empleador, ubicándose en -3,7%. Y el número de empleados del gobierno tuvo una variación de -1,4%.

Desprotección social e inseguridad laboral

Dos terceras partes de los y las trabaja-doras no cuentan con protección social integral. Para 2009 sólo el 44% estaba afiliado al régimen contributivo de salud, el 31% a un fondo de cesantías, el 29% a

una caja de compensación familiar, el 35% a un fondo de pensiones, y el 37% a una aseguradora de riesgos profesionales.

En Colombia se registraron 743 muertes calificadas como profesionales en 2008, y 588 en 2009. Las enfermedades calificadas como profesionales se incrementaron en 12%, al pasar de 6.145 en 2008 a 6.891 en 2009. En cuanto a los accidentes cali-ficados como profesionales, 360.800 ocu-rrieron en 2008 y 410.410 en 2009.

Equidad en el trabajo: las mujeres siguen siendo discriminadas

En los últimos 10 años la tasa global de participación femenina se mantuvo en promedio en 48,6%, mientras la mascu-lina en 73,6%. Persisten obstáculos para el empleo femenino, asociados a barreras de acceso, dificultades de calificación y la presencia de estereotipos y roles socia-les que asignan a las mujeres labores de cuidado.

La tasa de desempleo para las mujeres llegó en 2009 al 15,8%, superior a la masculina en 6,5 puntos. En relación al año anterior, esta diferencia creció, ya que para ese momento era de 6 puntos. Así que la desigualdad entre hombres y mujeres lejos de disminuir, aumenta y se acentúa.

Las mujeres se encuentran en las posicio-nes ocupacionales más precarias y con menor cubrimiento en seguridad social. Son el 95% de las personas que trabajan en labores domésticas y el 57% de quie-nes realizan este trabajo sin remuneración.

3º Informe Nacional de Trabajo Decente en Colombia 2009El contexto socioeconómico impide la generación de empleo de calidad.

La desigualdad y la pobreza: un escenario en contravía para el trabajo decente.Hubo explosión de la informalidad.

Representan el 21,69% de los patrones o emplea-dores; y apenas llegan al 38,63% de los obreros o empleados particulares.

… y los jóvenes también

El 22,6% de los y las jóvenes se encuentra des-empleado. Esta tasa supera ampliamente a la media nacional, que se ubica en 11,6% en junio 2010. Es decir, 1´228.000 jóvenes no tienen tra-bajo, lo que representa el 48% de la totalidad de los desempleados del país. La peor situación la llevan las mujeres jóvenes, que sufren 28,9% de desempleo.

Nº 73, octubre de 2010 13t raba jo de cen te

imaginario público. Durante el gobierno Uri-be sólo se concertó en cuatro ocasiones el salario mínimo, mientras que se impusieron decisiones laborales claves como: el régi-men de prestaciones sociales para los em-pleados públicos y los trabajadores oficiales del nivel territorial; la reestructuración de 412 empresas de propiedad pública, como Telecom, el Instituto de Seguros Sociales, Adpostal e Inravisión; y se reglamentó mal la negociación colectiva en el sector público.

En 8 años del gobierno Uribe disminuyó la negociación de convenciones colectivas. Mientras entre 2001-2002 se negociaban 447 convenciones colectivas de trabajo por año, entre 2008 y 2009 se negociaron sólo 307, lo que representa una disminución del 31,2%. Y respecto al número de trabajado-res beneficiados, se pasó de 176.140 entre 2001 y 2002, a 124.200 en 2007 y 2008. En promedio fue una reducción del 29,48%.

Se incrementaron los Contratos Sindicales cuya negociación se ha dinamizado en los últimos tres años, estimulada ampliamente por el anterior gobierno como otra estrate-gia de reducción de costos laborales y de flexibilización laboral.

Otro tanto ocurre con los Pactos Colecti-vos que se “negocian” entre empresas y grupos de trabajadores no sindicalizados. En esta forma de contrato los trabajadores no tienen autonomía. En muchas ocasio-nes los pactos colectivos son una estra-tegia antisindical para que no se forme un sindicato, o para debilitar el existente, presionando a los trabajadores para que renuncien a la convención del sindicato y se acojan al pacto colectivo.

3º Informe Nacional de Trabajo Decente en Colombia 2009El contexto socioeconómico impide la generación de empleo de calidad.

La desigualdad y la pobreza: un escenario en contravía para el trabajo decente.Hubo explosión de la informalidad.

Huelgas y protestas laborales

Durante el 2009 se registraron 103 ac-ciones de movilización, reivindicación y protesta por parte de las y los trabajadores colombianos, lo que supera ampliamente lo ocurrido en 2008.

Estas movilizaciones ocurren por la imple-mentación de medidas de recorte de dere-chos laborales, planes de reestructuración de empresas o falta de pago de salarios y prestaciones, lo que impulsan la protesta. Se realizaron 28 huelgas en el país, 27 movilizaciones o marchas, 24 jornadas de protesta, 20 tomas o bloqueos.

Sin libertades sindicales, disminuye la afiliación sindical

En los primeros meses de 2010, el anterior gobierno y algunos empresarios anuncia-ron públicamente su satisfacción frente al supuesto crecimiento de afiliación sindical, el cual anunciaban en un 75%. Lo irónico de la noticia es que los empresarios y el go-bierno no lograron demostrar esas cifras de afiliación, simplemente porque hace años el Ministerio de la Protección Social abandonó esta función y no hay cifras oficiales sobre el tamaño del sindicalismo en Colombia.

Por el contrario, al realizar una compara-ción del número de afiliados a sindicatos en 2002 y en 2008, encontramos que la masa bruta de sindicalizados que se perdieron durante el gobierno de Álvaro Uribe se aproxima a 120.000. La tasa de sindicali-zación en Colombia es hoy del 4,2 % del total de ocupados a diciembre de 2009, la más baja de América Latina.

No cesan la violencia y la impunidad

Desde el 1º de enero de 1986, al 30 de agosto de 2010, han sido asesinados en Colombia al menos 2.842 sindicalistas (2.568 hombres y 272 mujeres). El 25,7%, o sea 731, se ha cometido contra dirigentes

sindicales. Se han registrado además 270 atentados, 215 desapariciones forzadas, al menos 4.770 amenazas de muerte y 1.696 desplazamientos forzados.

Entre 1999 y 2009 fueron asesinados en el mundo un total de 1.717 sindicalistas. Su-ramérica es el continente más peligroso, ya que concentra el 73% del total registrado, con la escandalosa cifra de 1.253 asesina-tos. Asia participa con un 17% del total (233 asesinatos), Centro América y el Caribe con el 5,4% (79 asesinatos), África con el 4,6% (79 asesinatos), Oriente Medio con el 3% (50 asesinatos), mientras que Europa, con 8 asesinatos, participa con el 0,4%.

Las cifras son contundentes: en Colombia se presentó el 63,12% de los asesinatos contra sindicalistas ocurridos en todo el mundo. Situaciones similares, aunque en menor medida, se presentaron en Filipinas, con el 5,44%, y Guatemala, con una parti-cipación de 3,45%.

Durante el año 2009, en Colombia se regis-traron 707 violaciones a la vida, libertad e integridad de las y los trabajadores sindica-lizados. Se registraron 47 asesinatos, 412 amenazas de muerte, 129 desplazamien-tos forzados, 53 hechos de persecución y hostigamiento, 34 detenciones arbitrarias, 18 atentados de muerte, 7 casos de tortu-ra, 3 desapariciones forzadas y 4 allana-mientos ilegales. En este periodo llama la atención el aumento en el homicidio contra dirigentes. Mientras en 2008 fueron asesi-nados 16 dirigentes sindicales, 21 perdie-ron la vida en 2009.

Del 1º de enero al 23 de agosto de 2010, persistió la violencia contra los trabajadores y trabajadoras sindicalizadas en Colombia. En los 8 primeros meses de este año se pre-sentaron 35 homicidios, 11 de ellos contra dirigentes sindicales; además ocurrieron 15 atentados, 14 de ellos contra dirigentes.

¿Qué está investigando la Fiscalía?

Debido a la presión del movimiento sindical internacional y las múltiples recomendacio-nes de los órganos de la OIT, la Fiscalía General de la Nación creó una Subunidad de investigación, cuyo trabajo, a junio de 2010, no permite hablar de resultados im-portantes. La Subunidad tiene asignados 1.344 casos, pero realmente sólo está investigando 1.150, debido a que no ha encontrado 194 expedientes físicos. Res-pecto de los 1.150 casos físicos que están investigando, 555 (48,26%) se encuentran en etapa preliminar. Es decir, en casi la mitad de los casos no hay identificación del presunto autor. 312 casos (27,1%) se encuentran en instrucción, etapa en la que se adelanta la investigación formal contra alguna persona identificada. En 175 casos (15,21%) hay acusación frente a los jueces por parte de la Fiscalía. La Fiscalía ha pre-cluido 47 casos (4%), es decir los dejó de investigar por razones procesales. Final-mente, en 63 casos (5,47%) la Fiscalía se abstuvo de dictar medida de aseguramiento contra el procesado.

El 73% de los jóvenes que trabajan lo hacen en la informalidad, 20 puntos por encima del promedio nacional. Las diferencia por género resulta más complicada de analizar, ya que al contrario de los esperado, la informalidad ataca más a los hombres jóvenes (75%) que a las mujeres (69%). Las muje-res son más solicitadas para trabajos artesanales y de acabado, como las confecciones, por ejemplo.

Diálogo social y negociación colectiva: inexistentes

El Diálogo Social en Colombia es prácticamente inexistente, y ni siquiera se halla como tal en el

14 Nº 73, octubre de 2010sa lud

Movilización nacional por la defensa de la salud del 6 de 0ctubre de 2010

por la defensa de la salud como derecHo fundamental autónomoRebanadas de Realidad

CUT, Bogotá, 06/10/10

Unos tres mil trabajadores participaron esta mañana en la jornada de protes-ta convocada por la Mesa Intersecto-

rial por la defensa de la salud como derecho fundamental y que reclama al gobierno so-lución a la crisis que afronta la red pública hospitalaria y por una reforma concertada al actual sistema de salud.

La marcha salió del Parque Nacional, trabaja-dores del sector salud de hospitales de Cundi-namarca y Bogotá acompañaron esta jornada. Los manifestantes hicieron una primera para-da frente al Ministerio de la Protección Social luego continuaron por la Carrera Séptima hasta el Parque Santander en el centro de la ciudad, la lluvia que cayó en la mañana no opacó los ánimos de los manifestantes que con arengas como “la salud es un derecho fundamental autónomo, defendámosla todos”, “el pueblo lo dice y tiene la razón, primero lo primero, salud sin restricción” llamaron la atención de todos los transeúntes.

El director del Departamento de Seguridad Social de la CUT, Witney Chávez calificó como exitosa esta movilización nacional

“estamos muy satisfechos de la respuesta de los trabajadores, tanto administrativos como personal de enfermería y personal médico, in-cluso de especialistas, porque en todo el país se reportaron acciones de protesta contra las medidas que viene adoptando el gobierno”.

Aldo Enrique Cadena, presidente nacional de Sindess, una de las organizaciones con-vocantes y animador de esta marcha, opinó: “Fue una gran jornada, indicadora de que podemos hacer cosas mayores. Los gerentes nunca habían marchado unidos a los traba-jadores, por ello no podíamos presumir que todos saldrían con la primera invitación, por eso lo que hicieron hoy es algo muy importan-te, bastante esperanzador. La participación de los usuarios fue notoria, lo mismo que la de los profesionales, la academia, los estu-diantes. Hay en la calle mucha simpatía por lo que hicimos, incluso de los que no creían en nosotros. Considero que si mantenemos la línea e insistimos en el propósito esca-laremos en simpatía, en adherentes, y se nos facilitarán las cosas. Con la experiencia de esta jornada, los errores a corregir y el entusiasmo que existe, debemos comenzar a preparar la próxima jornada, no debemos desaprovechar la marea alta”.

Nº 73, octubre de 2010 15sindicales

Patricia García

notas obrEras

El pasado sábado 4 de septiembre un grupo de obreros de la empre-sa Agrícola Guacarí decidió unirse

para poner coto a los atropellos cotidianos a los que los somete la compañía, para lo cual fundó el Sindicato de Trabajadores de Agrícola Guacarí, Sintraguacarí y se afilió a la Unión Nacional de Trabajadores de las Flores, Untraflores, agremiación que ha ve-nido luchando por cerca de una década por la defensa de los intereses de los floristeros en la Sabana de Bogotá.

La finca de C.I. Agrícola Guacarí Ltda. se localiza en el kilómetro 4.5 de la vía Briceño-Zipaquirá y cuenta con cerca de quinientos operarios. Hace parte de Sun Burst Flora-mérica o Grupo Nannetti —consorcio de la familia de dicho apellido y un fondo de especuladores norteamericanos—, el mayor exportador de flores de Colombia, que cuenta con más de 18 plantaciones y varios miles de trabajadores.

A los proletarios de Guacarí ya les adeuda casi treinta días de salario y la prima de ju-nio; desde hace tres meses, aunque hace los descuentos de los sueldos, no les abona a los fondos correspondientes las cuotas de salud, pensiones ni entrega los cheques del subsidio familiar. De tal manera que quienes requieren atención médica no la pueden obtener a causa de la conducta irrespon-sable de la firma y aquellos que aspiran a jubilarse tienen en veremos esa prestación. De manera atrabiliaria está presionando al personal para que se pase a cooperativas de trabajo asociado o a empresas temporales, para acabar de envilecer los salarios y las condiciones laborales. Como si esto no fuera suficiente, el gerente y la funcionaria de sa-

lud ocupacional humillan al obrerismo y han llegado a la mezquindad de retirar el botiquín y de suspender el suministro de agua Cristal, sometiendo a quienes laboran a beber agua no enteramente potable.

Semejantes abusos se cometen no sólo en Guacarí, sino que los Nannetti y sus socios también han procedido de igual manera con los trabajadores de Splendor Flowers, la Fragancia, Jardines de Colombia, Flores de la Vega, entre otros. Por ello, en las fincas Ipanema y la Herradura, de la Fragancia, y en Splendor los trabajadores han protestado enérgicamente.

Los patrones pretenden descargar las difi-cultades que enfrenta la floricultura a causa de la revaluación del peso incrementando de manera brutal la carga de trabajo y reducien-do la paga a niveles que ya son francamente insuficientes para la subsistencia. La revalua-ción tiene origen en el ingreso de capitales extranjeros al país, que se están apoderando de nuestras minas, empresas y se han dedi-cado al agio. Este es un mal causado por las políticas de liberalización económica, es de-cir, de entrega de la economía nacional a los monopolios imperialistas. La “bonanza” de inversión extranjera, tan alabada por las cor-poraciones financieras, por los políticos de la coalición gobernante y por los economistas mercenarios ha permitido el enriquecimiento fabuloso de una ínfima minoría, mientras que viene sumiendo en la indigencia a millones de colombianos, como lo prueban las cifras de desempleo. Se adujo que el ingreso de caudales foráneos y la apertura comercial fomentarían el desarrollo y menguarían el desempleo con base en el florecimiento de las exportaciones. El resultado ha sido el contrario, a tal punto que aun los propios exportadores, que han figurado entre los pri-meros abogados del complot de desproteger la economía nacional —pues buscan com-

Crece la organización de los trabajadores de las flores en la sabana de Bogotá

petir en los mercados foráneos sometiendo a los asalariados a una labor extenuante y a una remuneración exigua— se enfrentan a los riesgos de la bancarrota, consecuencia del sinnúmero de gabelas concedidas a los monopolistas extranjeros, quienes manipu-lan incluso el valor de las monedas en su propio beneficio. Pero los empresarios de la floricultura y de otros gremios similares, en

vez de exigir al régimen disposiciones que protejan las industrias nacionales, reclamos en los que los trabajadores no dudarán en acompañarlos, imploran subsidios estatales y más disposiciones laborales regresivas.

No se puede permitir que se continúe con la política de “competir” sobre la base de exte-nuar y hambrear a nuestro pueblo. Mientras que a los asalariados se les mantiene bajo condiciones tan oprobiosas, el número de desempleados aumenta y la miseria sofoca a los pueblos de la sabana de Bogotá, como Facatativá, Madrid, Mosquera, Zipaquirá, Gachancipá y otros. El arrojo de los obreros de Guacarí, la valentía que han demostrado al organizarse son un ejemplo para todos los pobladores. La paciencia se está colmando. Hay que impulsar resueltamente la protesta obrera, de los desempleados, de las juven-tudes contra las disposiciones criminales del gran capital y del gobierno pro yanqui.

Cerca de site mil recicladores marcharon el pasado martes 19 de octubre desde el Parque

Nacional hasta la Plaza de Bolívar exigiendo ser tenidos en cuenta por la administración distrital al momento de adjudicar el manejo de las basuras de la ciudad. Igualmente, la protesta se adelantó contra el inminente cierre de bodegas y la prohibición de todas las formas del transporte (carretas, trici-clos, etc.) y el trabajo del reciclaje po-pular y social que existe a lo largo del proceso de manejo de las basuras.

Con la consigna de “Si le toca a uno nos toca a todos”, entre otras, marcharon y

seguirán marchando los recicladores y las reciladoras de Bogotá en defensa de su derecho humano al trabajo y por una política pública de reciclaje, trabajo que por demás contribuye a la descontaminación de la ciudad.

En la marcha estuvieron presentes recicladotes de toda Colombia, además de los miembros de Gaia América Latina y demás organizaciones locales, regionales y nacionales. Contó con un gran soporte de la Red Latinoamericana de Recicladores, la Asociación Re-cicladores de Bogotá, Wiego y la Asociación Nacional de Recicladores.

“SI LE TOCA A UNO... NOS TOCA A TODOS”

16 Nº 73, octubre de 2010educación

Comité Ejecutivo CUT Bogotá-Cundinamarca

Héctor Bermúdez Rojas (Presidente); Maria Doris González (Vicepresidenta, Responsable de Asuntos de Salud y Seguridad Social); Carlos Arturo Rico Godoy (Segundo Vicepresidente, Responsable Relaciones Internaciona-les); Manuel Téllez González (Secretario General); Miguel Ángel Delgado Rivera (Fiscal); José Meyer Álvarez (Departamento Tesorería y Finanzas), Carlos Raúl Moreno (Departamento de la Juventud y Menor Trabajador); Raúl Alfonso Soto Ariza (Departamento de Asuntos Legislativos y Jurídicos); Óscar Gustavo Penagos (Depar-tamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente); Alfonso Ahumada Barbosa (Departamento de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva); July González Villadiego (Departamento de la Mujer, Derechos Humanos y Solidaridad); Nohora Bulla Gutiérrez (Departamento de Educación, Formación, Capacitación, Investigación y Proyectos); Alfredo Manchola Rojas (Departamento de Trabajadores Informales y Relaciones con Organizaciones Sociales); Winston Francisco Petro (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas, Publicidad y Propa-ganda); Fraydique Alexander Gaitán (Departamento de Asuntos Relacionados con las Empresas Transnacionales y Responsabilidad Social Empresarial).

Consejo editorialWinston Francisco Petro (Director del Departamento de Comunicaciones),

Fraydique Alexander Gaitán (Departamento de Asuntos Relacionados con las Empresas Transnacionales y Responsabilidad Social Empresarial; Miguel Ángel Delgado (Fiscal), Óscar Penagos (Dept. Recursos Naturales

y Medio Ambiente ), Nohora Bulla (Dep. de Educación), Jorge E. Charry (asesor editorial).

avenida Caracas nº 44-54 of. 402teléfonos: 2455966 / Fax: 2 456432

Bogotá d.C. Colombiaemail: elperiodicocut@gmail.com

cutsubdirectiva@hotmail.com issn: 1900-0898

diseño y diagramación: Éditer estrategias educativas, ctovarleon@gmail.com / 2329558.

Caricaturas: internet. Fotografías: jorge Becerra, Manuel a. Mora, Manuel téllesy tomadas de internet.

asistencia editorial: Yolanda rodríguez.

edición: 20.000 ejemplares. tarifa postal reducida Ministerio de Comunicaciones.

Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusivaresponsabilidad de sus autores.

Álvaro Morales

EjEcutivo dE fEcodE

Desde su posesión, el Comité Ejecutivo de Fecode declaró que asume como una de las banderas centrales de su

gestión la lucha por la conquista del derecho de negociación colectiva. Esto tiene una ex-traordinaria importancia. Se trata de que el sindicato más grande del país, que nunca ha podido ejercer el derecho de la negociación colectiva, decide emprender una gran cruzada para arran-cárselo al patrón-gobierno.

Si bien la historia de esta Fe-deración es la historia de la conquista de los derechos por la vía de la movilización, lo que ahora se impone es que, de una vez por todas, el Estado colombiano deje de burlar los acuerdos internacionales que ha incorporado a su propia le-gislación, y puedan los educa-dores, y los demás funcionarios considerados como “empleados públicos”, negociar con el Es-tado las condiciones laborales, salariales, de prestaciones y profesionales.

La farsa de la primera “concerta-ción” del Gobierno con los maes-

tros bajo el Decreto 535

Para dar inicio a la etapa de lucha por el de-recho de negociación colectiva, Fecode pre-sentó el 24 de marzo de 2009 su primer pliego nacional de peticiones a la ministra Cecilia Ma-ría Vélez. Lo hizo el día en que se cumplían 50 años de haber sido fundada esta Federación, para dar a entender que la mejor forma de conmemorar la efemérides del medio siglo de lucha era iniciando una nueva pelea. Y lo hizo en el marco del recién expedido Decreto 535 para demostrar, en la práctica, que la nueva medida gubernamental era sólo una fachada para limpiar la imagen en la OIT y en el ámbito internacional. En efecto, desde el primero de los 40 días hábiles que duró la “concertación” quedó claro que el Gobierno, en cabeza de la ministra Vélez, no estaba interesado en una verdadera negociación con el sindicato que agrupa a los maestros colombianos: la Ministra vetó temas cruciales contenidos en el pliego de peticiones de los docentes, como negociación de un estatuto docente único que acabe con la odiosa división del gremio creada a partir de la expedición del Decreto 1278 en el año 2002; garantía de financiación suficiente y oportuna de la educación pública y cese de la política de contratación de la prestación del servicio educativo con operadores privados; respeto al régimen especial del magisterio en materia de pensiones y servicio de salud; evaluación y promoción escolar.

Excluidos los temas principales, la “concerta-ción” giró en torno a asuntos como el régimen de traslados, la protección a los docentes amenazados, la jornada laboral docente, la carga laboral y duración de la hora de clase, la relación número de alumnos por maestro,

las garantías para el ejercicio de la actividad sindical y algunos otros temas menores. El resultado de este proceso fue un documento firmado entre las partes el 23 de mayo de 2009, en el que se consignan “acuerdos, desacuerdos y compromisos”, que hoy, a un año y cinco meses de firmado, es un elefante blanco, pues el gobierno que lo firmó y el go-bierno actual, no han cumplido ni una coma de lo pactado. En realidad para lo único que sirvió este documento fue para mostrarlo como un trofeo que permitió reforzar el trabajo

hecho en Ginebra en junio de este año por el ex embajador del gobierno colombiano ante la OIT, Angelino Garzón, el flamante Vicepresidente de la administración Santos y su es-cudero Julio Roberto Gómez, para lograr la exclusión de Colombia de la lista de países sancionados por violar los con-venios de la OIT. El propio An-gelino, en reunión con Fecode, presentó este hecho como un triunfo de su gestión en la OIT. Y tiene lógica que reclame esta acción contra los trabajadores

como un triunfo de su labor como funcionario del gobierno uribista; al fin y al cabo, este fue uno de los propósitos de la expedición del Decreto 535 de 2009.

El derecho de negociación se conquista con movilización

El nuevo Pliego Nacional de Peticiones apro-bado por la Junta Nacional de Fecode para ser presentado al inicio de 2011 comienza con la exigencia al Gobierno de negociar un proyecto de ley que unifique en uno sólo los estatutos docentes que en la actualidad rigen y dividen al magisterio en dos grandes grupos, uno con derecho a estabilidad, ascenso en el escalafón y régimen especial de pensiones y otro que carece de esos derechos. Recoge además los aspectos más relevantes de la actual problemática de la educación y del ejercicio de la profesión docente, como la lucha contra la privatización de la educación pública; la defensa del régimen prestacional especial en materia de salud y de pensiones; la lucha por un verdadero salario profesional; la consecución de un régimen de traslados que respete prioridades como ubicación segu-ra de docentes amenazados, unidad familiar, tratamiento de problemas de salud; el derecho a formación y capacitación financiada por el Estado, y otros temas de importancia para los educadores. El contenido total del pliego deberá ser difundido profusamente entre los más de 300.000 educadores estatales, para que lo adopten como la bandera principal por la que habremos de luchar a lo largo de 2011, pues también quedó claro en la Junta Nacional que la principal herramienta con la que contamos para coronar exitosamente esta tarea es la movilización, la lucha callejera, la huelga, la confrontación abierta de las regre-sivas políticas neoliberales del gobierno de Juan Manuel Santos, continuador del nefasto mandato uribista.

Al emprender la lucha por la conquista de las reivindicaciones planteadas en el Pliego de Peticiones, el magisterio debe tener claro que nuestro gremio no puede dejarse engañar por los cantos de sirena del santismo, que utiliza como carnada de su anzuelo para atrapar incautos, el pasado sindical de su vicepre-sidente Angelino Garzón, transfuguista que pasó desde hace tiempos de las filas obre-ras a las toldas de los opresores. Pecan por ingenuos o por oportunistas quienes piensen que Angelino piensa diferente a Santos y que Santos va a dar marcha atrás en el proceso de contrarreforma a la educación que él mismo inició como ministro de Hacienda de Pastra-na haciendo aprobar en el Congreso el Acto

Legislativo 01 de 2001, principal arma del modelo neoliberal en la educación.

La lucha por la conquista de las reivindi-caciones contenidas en nuestro pliego de peticiones se constituye en la principal tarea del magisterio colombiano en esta etapa. Actuemos pues en consecuencia. Ante las respuestas negativas dadas por la ministra de Educación, María Fernanda Campo, en la audiencia que tuvo con Fecode el pasa-do 19 de agosto, no nos queda otra salida que la de recopilar fuerza para la lucha y la movilización que logre doblegar la actitud intransigente del gobierno de Juan Manuel Santos.

la lucHa de los maestros por la neGociación de su plieGo de peticiones

Una bandera democrática

Nº 73, octubre de 2010 17s ind i ca les

Agencia de Información Laboral

El miércoles de esta semana la Direc-ción General de la Dian anunció la desvinculación de más de mil super-

numerarios de la entidad, con el argumento de que falta presupuesto para cubrir la nó-mina de estos trabajadores; argumento que de inmediato fue rechazado por Sintradian y Sindian, las dos organizaciones sindicales de este ente oficial, que desde ese mismo momento han venido realizando asambleas informativas, mítines, marchas y eventos pacíficos en las diferentes seccionales de Bogotá y el resto del país, con el fin de tratar de reversar la medida.

Sostienen los sindicatos que el argumento presupuestal es “flojo”, o por lo menos cues-tionable, por cuanto recientemente la entidad logró una adición presupuestal. Sin embargo, el director de la entidad, Juan Ricardo Or-tega, insiste en la desvinculación de estos supernumerarios, todos de reciente vincula-ción: del 2008 en adelante. En todo caso, le exigen al gobierno aportar los recursos que hacen falta, si es que en verdad el problema tiene origen en el desajuste presupuestal de la entidad.

Al respecto Pedro Caro Estupiñán, presiden-te de Sinedian, señaló: “Las declaraciones del director generan incertidumbre sobre la institución. La necesidad presupuestal era de $34 mil millones, que fue lo que se con-siguió, pero ahora dice que no es suficiente. De todas maneras no hay una información confiable, que permita identificar cuánto es realmente el faltante”.

Otro punto importante que señalan los dos sindicatos de la Dian, a los cuales está afi-liado cerca del 10% de los supernumerarios que serán despedidos, es que la ausencia de éstos no le permitirá a la entidad cumplir con las metas del recaudo de los ingresos corrientes de la nación, pues los supernume-rarios cumplen tareas en todos los procesos de la institución: desde la documentación y correspondencia, hasta auditoría, cobranzas, cobro de impuestos, funciones aduaneras, etc.

Y otro aspecto no menos grave, es que con la decisión del recorte masivo del personal el nuevo director está incumpliendo los acuer-dos de buena fe a los que el año pasado lle-garon los sindicatos y el anterior director de la institución, los cuales tienen que ver con la ampliación de la planta (personal vinculado formalmente) y un pago de bonificaciones. Pero lo que hace ahora el nuevo director es todo lo contrario.

Caro Estupiñán afirma que incluso no hay claridad sobre el número exacto de super-numerarios que serán retirados del servicio,

porque ni la misma dirección ha dado bien el dato. Según su información, saldrán 1.012 en todo el país; funcionarios que, insistió, son necesarios para el buen desempeño de la entidad.

“El año pasado cumplimos resultados por debajo de la meta prevista, este año se vincu-laron supernumerarios y estamos cumplien-do la meta. Pero ahora con este recorte esa meta no se va a poder cumplir; con el agra-vante de que a los funcionarios que quedan se le va a aumentar y recargar el trabajo, que es el otro temor”, señaló. Además, agregó, hay problemas estructurales asociados a la carrera administrativa, porque los funciona-rios de carrera no pueden desempeñar como es debido algunas funciones que cumplen los supernumerarios.

Es más, Caro Estupiñán no descartan que esta vez ocurra lo mismo que ocurrió en el 2002 bajo la dirección de Mario Aranguren, cuando, argumentando dificultades estruc-turales, desvinculó de la entidad un número grande de funcionarios que no eran de ca-rrera, para luego volverlos a vincular, incluso en mayor número. Es decir: cambiar unos supernumerarios por otros, en un acto de puro y simple clientelismo.

Actualmente, entre funcionarios de carrera y supernumerarios, la Dian tiene en todo el país un total de 9.774 trabajadores y traba-jadoras.

Descontento por declaraciones del director

Otra arista del problema interno que ahora tiene la Dian, tiene que ver con las decla-raciones que el miércoles pasado hizo su nuevo director Juan Ricardo Ortega ante la Comisión Tercera de la Cámara, donde tuvo lugar un debate sobre el funcionamiento de la entidad. Allí éste hizo cuestionamientos sobre el funcionamiento de la Dian que en-contró, y señaló fallas internas en el desem-peño de la entidad.

Según Luis Ramiro Torres, Presidente Sin-tradian, sindicato mayoritario en la Dian, con 1.540 afiliados, estas declaraciones del direc-tor han generado desconcierto y rechazo al interior de la entidad. “Él es el representante legal, nombrado para defender la entidad y resolver los problemas que pueda tener, pero se ha dedicado es a enlodarla ante la opinión pública, la ha dejado mal parada, para justificar sus decisiones”, dijo, y agre-gó que tales declaraciones han generado disgusto entre los directivos y subalternos inmediatos del director, que en privado las han rechazado. “Esperamos que ese des-contento y ese rechazo se hagan públicos, porque pública fue la enlodada”, puntualizó el directivo sindical.

El gobierno se contradice

Por su parte José Luciano Sanín Vásquez, director de la Ens, llamó la atención sobre lo contradictorio que resulta que el Gobierno Santos esté hablando de fomentar el empleo formal, cuando en las entidades del Estado, como la Dian, persiste un alto componente de empleo informal, pues los supernumera-rios no son otra cosa que eso: trabajadores informales. Son funcionarios sin estabilidad laboral, discriminados laboral y salarialmen-te, precarizados. En la actualidad quedan unos 2.500 funcionarios en tal condición en la Dian, según cálculos de los sindicatos,

sindicatos de la dian recHazan el despido de más de mil supernumerarios

¡Injustificados! unos 300 de ellos con más de 15 años como supernumerarios.

Como también está en contravía –agregó el director de la Ens– de la Sentencia C-614 de 2009 de la Corte Constitucional, que orde-na que las entidades del Estado no pueden seguir vinculando por contratos temporales o como supernumerarios a trabajadores que cumplen labores misionales. O sea que lo que la Dian debe hacer, según esta senten-cia, es vincular a su planta de cargos a todos sus supernumerarios, y en ese sentido se ha-bía avanzado en los acuerdos logrados con los sindicatos y la administración anterior.

18 Nº 73, octubre de 2010

Confluencia de Mujeres para la Acción Pública

La historia colombiana ha mostra-do que las mujeres hemos venido soportado el rigor de violencias

sistemáticas a lo largo y ancho del país. A 200 años de la construcción errática independentista seguimos bajo el yugo de la opresión y la exclusión en una so-ciedad androcéntrica liberal que niega nuestra condición de sujetas de derechos e impide el disfrute social y político del mundo democrático del siglo XXI desea-do también por nosotras.

En este orden de ideas partimos por el reconocimiento de la existencia de un sistema de relaciones de poder opresivo contra las mujeres, el patriarcado, pre-sente a lo largo de la historia de la huma-nidad y sustentado en la naturalización e invisibilización de las diversas formas de violencia, opresión y exclusión hacia las mujeres, expresadas en:

La desigualdad salarial, el acoso •sexual, triple jornada laboral, cosifi-cación del cuerpo de la mujer como estrategia de mercado.

Aunque las mujeres campesinas tra- •bajan toda su vida, las titulaciones de tierras en la mayoría de casos están a nombre de sus padres, hermanos o esposos.

Un sistema de salud que no contempla •las necesidades y cuidados propios del ciclo femenino, y solo reconoce nuestro papel de madres; y a pesar de ello la gran mayoría de muerte de mujeres se deben a factores relacio-nados con la maternidad, el parto y posparto, además de las relacionadas con enfermedades que podrían ser prevenidas y detectadas a tiempo, como el cáncer.

Las decisiones sobre el cuerpo de las •mujeres son tomadas por la sociedad, por las instituciones del gobierno, por la Iglesia o por el saber médico insti-tucionalizado que patologiza, penaliza y condena, el derecho de las mujeres a decidir sobre sí mismas.

Las condiciones de desigual econó- •mica, política y social aunado a los factores de subordinación y discrimi-nación histórica hacia las mujeres, son exacerbadas en contextos de fuerte militarización, como es el caso colombiano.

La persecución, represión, desplaza- •miento y muerte de las mujeres y sus organizaciones.

La ausencia o poca presencia de las •mujeres en espacios políticos de re-presentación y toma de decisiones.

El aumento cada vez mayor de muerte •y violencia física hacia las mujeres, las niñas y los niños

En este contexto de violencias, impuni-dad, inequidad y exclusión las mujeres hemos juntado voluntades y sueños; hemos Caminado la palabra, tejiendo las ideas y propuestas; hemos desarrollado acciones de resistencia social, cultural y política aportando en la construcción de nuestras ciudades, de nuestras regiones. Desde nuestras visiones e intereses, pero también aunando nuestras luchas a los sectores populares igualmente exclui-dos de los escenarios de vida digna.

En tal sentido, el Congreso de los Pueblos es para las mujeres de la Confluencia un espacio de participación y unidad en el cual podemos y debemos ir aportando en la construcción de una propuesta de

¡Porque construimos ciudad región y país actuamos en el Congreso de los Pueblos!

país, un mandato de mandatos. Una pro-puesta de Nuevo País que reivindique no solo la igualdad, sino el reconocimiento pleno de más de la mitad de la población colombiana: las mujeres. Una propuesta de país que esté en contra de cualquier forma de opresión y de dominación de unas personas hacia otras por razones de raza, etnia, clase, género, sexo, orien-tación sexual y se comprometa con su destrucción. Una propuesta basada en la participación incluyente. Esto debe darse desde la cotidianidad, el lenguaje, los gestos, las actitudes; en todos los espa-cios de participación política y de toma de decisiones, de vocerías, de discusio-nes y desde una lucha frontal contra las construcciones sistémicas, culturales y sociales que sostienen la opresión.

En esta apuesta conjunta de un nuevo país en igualdad, equidad para todas y todos la Confluencia de mujeres para la acción pública le apuesta:

A una educación que no reproduzca •los roles que históricamente se le han asignado a las mujeres y en los que

se ha basado el sistema de opresión. Es de vital importancia que el modelo de educación se transforme pues éste es transversal a la constitución de una nueva sociedad.

Le apostamos a la defensa de la so- •beranía alimentaria, el territorio y el medio ambiente, como un derecho fundamental de los pueblos.

Le apostamos a la participación po- •lítica de las mujeres en espacios de poder no sólo institucionales, sino también en espacios de organización social donde se representen los idea-les y principios de construcción de una nueva nación desde la participación popular y la dignificación de los pue-blos.

Es por esto que aplaudimos y estamos dispuestas a seguir trabajando en este espacio del Congreso de los Pueblos para fortalecer la propuesta de cons-trucción de un nuevo país para todas y todos. Porque sabemos que sin no-sotras, no es posible. Bogotá, 12 de octubre de 2010.

mujer y género

Nº 73, octubre de 2010 19

July González Villadiego

dpto. dE la mujEr, dErEcHos Humanos y solidaridad

Teniendo en cuenta las conclusiones del pasado plenario sindical convocado por el Comité Ejecutivo de la CUT Bo-

gotá Cundinamarca, el 11 de octubre pasado, nos encontramos con los y las responsables de las Secretarías de Derechos Humanos de nuestras organizaciones filiales, con el obje-tivo de organizarnos como Departamento y acordar las actividades hacia la celebración del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

A la convocatoria acudieron compañeras y compañeros comprometidos con la defen-sa de los Derechos Humanos en nuestra Central. Igualmente contamos con la parti-cipación de la CUT Nacional y algunos inte-grantes del sindicato Sintraemcali quienes, en una actitud solidaria, se vincularon para compartir sus experiencias en la temática que nos convoca. Aprovechamos la opor-tunidad para expresarles nuestros agrade-cimientos.

Atendiendo las propuestas recibidas en el plenario sindical, conformamos dos espacios organizativos que nos permitirán realizar una mejor labor y vincular a nuestras organiza-ciones sindicales: El Equipo de Derechos Humanos y el Equipo de Solidaridad.

En estos equipos participan las organizaciones sindicales Sintraime, Sintrateléfonos, Sindis-tritales, Sintraelecol, la Uso y la Ade. Valga la ocasión para invitar a otras organizaciones a que participen en esta dinámica como un com-promiso que tenemos con las trabajadoras y trabajadores de Bogotá-Cundinamarca.

Además de discutir las líneas generales aprobadas en la Junta Nacional de la CUT en su Plan Estratégico, intercambiamos

opiniones alrededor de la celebración del 10 de diciembre. Estamos discutiendo la propuesta de un evento regional para el 7 de diciembre con el fin de hacer una reflexión sobre la solidaridad e impulsar la Jornada de Movilización para el 10 de diciembre que se discute en la CUT Nacional. Asumimos estos compromisos y hacemos la invitación para que nos vinculemos activamente a todas las jornadas orientadas en la defensa de los Derechos Humanos.

Un compromiso muy importante en este tema y que será una prioridad en el trabajo pro-yectado desde el Departamento de Derechos Humanos, es la jornada de los Jueves de Solidaridad en la plazoleta Manuel Gustavo Chacón (Ecopetrol). Espacio de reflexión y denuncia al que pueden llegar todos los sectores sociales que sientan vulnerados sus derechos o que sientan la necesidad de brin-dar su solidaridad a los sectores en Conflicto. Preparamos una gran jornada para el 25 de noviembre Día de la NO violencia contra la mujer, desde las 12:00 M. Fecha en la que realizaremos un plantón en protesta contra las distintas violencias que sufrimos las mu-jeres. Desde hoy las y los invitamos.

Un objetivo fundamental, como resultado de nuestra reflexión, es la reactivación de la Red de Apoyo y Protección a los Derechos Humanos en Bogotá-C/marca. Este será otro espacio de encuentro, que acompañará el trabajo de Derechos Humanos y Solidaridad del movimiento social y sindical en la región y al que pueden llegar los distintos grupos poblacionales organizados: jóvenes, muje-res, comunales, estudiantes, trabajo informal, organizaciones de DD.HH. etc.

Con relación a los equipos de trabajo confor-mados, tienen la responsabilidad de encon-trarse para construir propuestas dirigidas a las actividades programadas y a la elaboración del Plan de Acción para el 2011; en tal sentido, el

próximo 9 de noviembre a las 2:00 p.m. en la sede de la CUT Bogotá, nos reuniremos como Departamento para avanzar en la organización de las actividades que se realizarán en los próximos días y el 6 de diciembre a las 9:00 a.m. nos volveremos a encontrar para elaborar el Plan de Acción. Invitamos de antemano a las organizaciones sindicales que aún no lle-gan, para que se integren a esta propuesta de trabajo, que permitirá el fortalecimiento como organización y como Central.

¡Nos preparamos para el 25 de noviembre y el 10 de diciembre!

Hacemos un llamado también a las Secreta-rías de la Mujer en las organizaciones, para que nos acompañen el 26 de octubre a las 3:00 p.m. en la Subdirectiva, con el fin de discutir las acciones a realizar en conmemo-ración del 25 de noviembre.

La coyuntura actual amerita de todo nuestro compromiso y esfuerzo para enfrentarla, sin tu participación será más difícil. ¡Vin-cúlate!

derechos humanos

20 Nº 73, octubre de 2010s ind i ca les

Manuel Ángel Téllez González

sEcrEtario gEnEral cut bogotá cundinamarca

Metrovivienda, Empresa Industrial y Comercial de la Capital de la Repú-blica de Colombia y el sindicato de

Empleados Distritales-Comité Dependencial Metrovivienda, después de amplias discusio-nes con argumentos de parte y parte, logra firmar la primera convención colectiva de trabajo, que ampara a todos los trabajadores oficiales de esa entidad.

Se acordó fortalecer la gestión pública con rentabilidad social, asegurando el acceso a la población vulnerable por falta de vivienda digna de interés social prioritaria, desarrollan-do el sentido de pertenencia de los usuarios y trabajadores por la entidad. Se conceden permisos remunerados para el ejercicio de la gestión y actividad sindical. Se reconocen como accidente de trabajo los accidentes ocurridos en cumplimiento de las actividades propias del ejercicio sindical.

A partir de la fecha se cubrirán las vacantes existentes y las que dejen los trabajadores que se pensionen, fallezcan, se retiren o sean des-vinculados de Metrovivienda, de aquellos tra-bajadores que vienen prestando sus servicios por diferentes modalidades de vinculación.

Se reconoce a Sindistritales, a la CUT o al Sindicato de Industria o de rama de la cual haga parte el sindicato, como representan-tes de los trabajadores. En caso de conflic-to sobre aplicación de normas laborales, susceptible de interpretación, se aplicará la favorabilidad al trabajador.

A partir de la firma de la convención colectiva de trabajo, los contratos a término indefinido no les será aplicable el plazo presuntivo y la cláusula de reserva. Se establece tabla indemnizatoria en caso de terminación del contrato de trabajo sin justa causa.

Avances económicosSe establece una recompensa a sus traba-jadores por servicios prestados por periodos de cinco años consecutivos del 15% sobre el sueldo devengado en el último año. Se incrementa el salario a partir del 1° de enero de 2010 a todos los trabajadores oficiales: técnicos y asistenciales en el 1% adicional al porcentaje de incremento de los servidores públicos del Distrito Capital, decretado por el gobierno Distrital, es decir el 4,04%, a y los profesionales el 2%.

Se inicia el estudio y trámites correspon-dientes para establecer mecanismos de nivelación salarial para los niveles asisten-ciales y técnicos de los servidores públicos de Metrovivienda con la participación activa

sindistritales en metrovivienda

CUT firma convención colectiva de trabajode Sindistritales. La convención colectiva de trabajo tendrá vigencia por anualidades. Desta-camos la voluntad política de la administración de Metrovivienda para lograr acuerdos en la etapa de arreglo directo: Doctora Olga Teresa de Jesús Ávila Romero, doctor Jorge Ramírez Hernández y la disposición del Gerente Gene-

ral, doctor Francesco Ambrossi Filardi, y de la Comisión Negociadora del Sindicato, Compa-ñeros: Marisol Medina, Jenny Vega, Héctor Suárez y Jairo Amaya, y la asesoría sindical de Carmen Elisa Quitián por Sindistritales, Fran-cisco Maltés por la CUT Nacional, y Manuel Téllez por la CUT Bogotá Cundinamarca.

Nº 73, octubre de 2010 21s ind i ca les

Benjamín Rizzo Madrid

EscuEla dE pEnsamiEnto cut bogotá cundinamarca

En la primera parte del documento sobre los procesos de unidad del mo-vimiento sindical tocamos el tema a

nivel internacional, concluimos que a pesar de todos los esfuerzos que culminaron con la constitución de la Confede-ración Sindical Internacional, CSI, que agrupa un poco mas de 50 millones de trabajado-res, persiste un bloque de trabajadores agrupados en La Confederación Sindical Mun-dial y trabajadores afiliados a poderosos sindicatos asiáticos y de otras remotas regiones del planeta, lo que implica que aún persiste parcelación en movimiento sindical mundial y habrá que seguir trabajando en el proceso de unificación de trabajado-res del mundo, una necesidad urgente en este mundo globalizado y con aceleradas transformaciones en las relaciones labora-les, obviamente en detrimento de la clase trabajadora.

Los procesos de unidad del movimiento sindical en nuestro país, hoy sumido en la más preocupante atomización, muy a pesar de los avances en la materia aprobados por unanimidad en el V Congreso de la CUT realizado en el 2006.

Previo al primer evento histórico de organiza-ción y unidad en nuestro país, permítaseme hacer una rememoración y conmemoración a los casi mil trabajadores asesinados por el ejercito nacional en la Huelga de las Bana-neras contra la compañía gringa United Fruit Company, hecho acaecido el 6 de diciembre de 1928 en la localidad de Ciénaga en el departamento del Magdalena. Honor y gloria a los líderes de este heroico suceso de los obreros bananeros.

En Colombia el 7 de agosto de 1935, nació la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, Cstc, constituida por traba-jadores del partido Liberal y del partido Comunista de Colombia, posteriormen-te, se constituyo en la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, hecho acaecido en el gobierno de Alfonso López Pumarejo, quien utilizó al movimiento sin-dical para consolidar el proyecto político de la burguesía. Esta organización fue impul-sora de importantes reformas en diversos aspectos de la vida nacional. Posterior a su creación, la naciente organización se afilia a la Confederación de Trabajadores de América Latina, Ctal y a la Federación Sindical Mundial, FSM.

En mayo de 1950, en el X Congreso, por orientación del partido Liberal, se separa del

bloque Ctal-FSM y se afilia a la Confedera-ción Interamericana de Trabajadores, CIT, posteriormente a la Orit.

En mayo de 1984, el XX Congreso en Ibagué desnuda los vicios de un sindicalismo clien-telista, burocrático y de un accionar distante de los intereses de los trabajadores. Con estos escándalos se pone fin al eje CTC-Orit-Ciosl.

El segundo episodio organizati-vo en la historia del movimiento sindical colombiano se remonta al 12 de junio de 1946, fecha en la cual se funda la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, organización que en sus principios declaró ser de orientación cristiana. Su lucha reivindicativa se circunscribía a lo puramente económico, por lo que no tenía una visión de lucha reivindicativa por la cla-se trabajadora y más bien era

proclive al proyecto capitalista, fue utilizada por el partido Conservador en el gobierno de Ospina Pérez para debilitar la CTC, ofreció su incondicional respaldo al golpe militar del 13 de junio de 1953 y siempre mantu-vo estrecha relación con los gobiernos de turno. Este proceso culmina en medio de bochornosos escándalos de toda índole, hecho de muy poco aporte para el proceso organizativo sindical.

1º de mayo de 1964, nace al mundo sindical la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, Cstc, fruto del trabajo unitario desarrollado por el Comité de Unidad Sindi-cal y Solidario, Cuass. Esta naciente organi-zación aglutina trabajadores de orientación política comunista y se afilia al eje Cpustal-FSM, alcanzó gran poder de convocatoria, fue objeto de permanente hostigamiento por su marcada beligerancia en la lucha sindical. En 1983, el IV Congreso, decidió iniciar un proceso unitario hacia la creación de una Central Unitaria con criterio amplio, democrático, clasista y pluralista. En ese propósito se disolvió el 18 de noviembre de 1986 para dar paso a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.

El 30 de abril de 1971 nace la Confederación General del Trabajo, CGT, de orientación socialdemócrata cristiana, surge como disi-dente de la UTC y su afiliación internacional es al eje Clat-CMT.

Sindicalismo no confederado

Constituido por un vasto sector sindical autónomo e independiente, en el seno del cual ejercían sus actividades diversas co-rrientes ideológicas de izquierda, fruto de una subjetiva interpretación del marxismo. En consecuencia, surge un gran espectro de organizaciones políticas, cada una con el control de importantes organizaciones

sindicales históricamente reconocidas en el escenario sindical colombiano.

Es meritorio reconocer que estas organiza-ciones desarrollaron arduas luchas en benefi-cio de la clase obrera colombiana y, algo muy importante, la educación y concientización de los trabajadores, lo que se ha convertido en factor de decaimiento del movimiento sindical en nuestros días. En este panorama de or-ganizaciones no confederadas, sobresalen: Fenaltrase, Fenasitrap, Fedepetrol, Fecode, Sittelecom, bancarios y muchas otras impor-tantes organizaciones sindicales.

Por su influencia partidaria dentro del mo-vimiento sindical, surgen, como lo mencio-namos anteriormente, una gran gama de partidos con marcada influencia y control de algunas organizaciones sindicales, vea-mos:

Procesos unitarios históricos del movimiento sindical mundial e internacional (Segunda parte)

El PTC, Partido de los Trabajadores de Co-lombia; el PST, Partido Socialista de los Tra-bajadores; el PCC-ML, Partido Comunista de Colombia, Marxista Leninista; Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario; el PCC, Partido Comunista de Colombia; los CTS, Colectivos de Trabajo Sindical; los CIS, Comités de Integración Sindical, y Unidad y De-mocracia. Toda esta franja que representaba el 51% de los trabajadores sindicalizados, es decir, 445.075 trabajadores, se unió al proceso de unidad por la creación de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT.

Adenda: La frase de la semana la pronunció el presidente chileno Piñera, cuando intervi-no al iniciar el rescate de los 33 mineros por la capsula “Fenix II” del interior del socavón: “La esperanza es el sueño de los hombres despiertos”.

22 Nº 73, octubre de 2010opinión sindical

María Antonieta Cano

docEntE bogotá

La ministra de Educación actual, María Fernanda Campo, ha destacado como uno de los mayores logros del Gobier-

no anterior el incremento de la cobertura, principalmente fruto de dos medidas: una, el aumento de la carga laboral a los docentes, que denominan “racionalización del servicio”, y, la otra, un mayor número de estudiantes por aula, generando una de las tasas de ha-cinamiento escolar más altas del planeta, lo que llaman “mejor utilización de la capacidad instalada”.

A escala mundial, la proporción de alumnos por maestro oscila entre 9 y 72. Los estudios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, indican que en países de Asia, África y América Latina dicha relación es tres veces mayor que en las naciones desarrolladas. En Colombia no hay parámetros oficiales que regulen el número de estudiantes por aula lo que ha permitido los absurdos niveles de aglomeración existentes.

De acuerdo con otro estudio de la Organiza-ción para la Cooperación y el Desarrollo Eco-nómico, Ocde, “Panorama de la educación 2009”, la relación alumno-profesor disminuye en la medida en que el nivel de la educación aumenta. En naciones como Dinamarca,

por ejemplo, el promedio de alumnos por docente es 10,6; en Hungría es 10,9; y en Italia es 11,3; para sólo mencionar algunos casos que alcanzan un nivel en la calidad de la educación por encima del promedio mun-dial. Colombia está en la otra orilla, donde es común encontrar aulas con más de 50 estudiantes, cifra comparable a la de países como República Centroafricana, Chad, Con-go, Mozambique y Senegal, en los que hay hasta 100 alumnos por aula y en los que es sabido el bajo nivel de la calidad.

La importancia de este indicador radica en que determina para el estudiante la oportu-nidad de adquirir conocimientos, es decir, el acceso real que tiene a la enseñanza y, para el profesor, la garantía de hacer un efectivo seguimiento al proceso de apren-dizaje de los educandos y a la interacción en el salón de clases. El gobierno de San-tos insiste en aumentar la cobertura por la vía del hacinamiento; en otras palabras, continuar convirtiendo en establos las ins-tituciones educativas oficiales. Según dice la ministra, falta por vincular un millón de estudiantes más al aparato educativo na-cional; en consecuencia, se debe exigir del Gobierno que se tomen todas las medidas para que ese aumento de la cobertura no se haga en detrimento de la calidad de la que tanto dice preocuparse. Amanecerá y veremos.

¿Salones de clase o establos?

Miguel Ángel Delgado R.

fiscal cut bogotá-cundinamarca

Cuando Florencio Ávalos sintió en su rostro el roce de la brisa que sopla en el desierto de Atacama, se le hizo

realidad lo que siempre piensan los mineros al entrar al socavón: volver a salir. Fueron mil seiscientas cincuenta y seis infinitas y oscuras horas para treinta y tres vale-rosos mineros, a setecientos metros de profundidad. La nación chilena y con ella toda la humanidad, estuvo orando por la salvación de estos hombres. No soporta-ban más infaustas noticias en este lustro sobre la muerte de mineros: Colombia, Amagá, 16 de junio de 2010, mina de carbón San Fernando, explosión, 73 muertes. EU, Virginia Occidental, 5 de abril de 2010, mina de car-bón, explosión, 29 muertes. Sierra Leona, Mongere, 19 de marzo de 2010, mina de oro, derrumbe, más de 200 muertes. China, Hegang, 21 de noviembre de 2009, mina de carbón, explosión, 104 muertes. EU, Utah, Huntington, 6 de agosto del 2007, mina de carbón, derrumbe, 6 muertes. Rusia, Kemerovo, Siberia, 19 de marzo del 2007, mina de carbón Ulyanovskaya, explosión, 110 muertes. EU, Kentucky, Molino de Holmes, 20 de mayo del 2006, mina de carbón Darby Nº 1, explosión, 5 muertes. México, Coahuila, 19 de febrero 2006, mina de carbón Pasta de Conchos, explosión, 65 muertes. EU, Virginia Occidental, Tallmansville, 2 de enero 2006, mina de carbón, explosión, 12 muertes. China, Qitaihe, 28 de noviembre de 2005, mina de car-bón Dongfeng, explosión, más de 134 muertes. China, Fuxin, 14 de febrero de 2005, mina de carbón Sunjiawan, explosión, 214 muertes.

Por fin en Copiapó, Chile, en la mina de cobre y oro San José, la presión de los familiares, la insistencia y sapiencia de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, la suerte y la tecno-logía, le ganaron el pulso a la muerte. Quizá, como nunca antes, esta epopeya de vida sirva para que el mundo comprenda que la riqueza de la Tierra no se puede amasar a costa del sacrificio y la explotación de los trabajadores. Que ello es así, lo testimonian las protestas y movilizaciones que de manera simultánea se han dado con estas desdichas. No solo por lo ocurrido, sino por las condiciones sórdidas en que los dueños de la minería fuerzan a laborar a los mineros. “Creo que Chile se ha dado cuenta que nosotros lidiamos a diario con la muerte” sostiene Cristian Arancibia Valencia presidente de la Federación Minera de Chile, FMC. “Las multinacionales de la minería, aliadas a los dueños de las minas, ganarán en este año 30 mil millones de dólares, un poco más que el presupuesto de todo Chile”. “La ecuación es: precio del cobre alto, igual a inseguridad igual a muertos, pregona Rodrigo Ramos en La Otra Voz”. Lecciones para tener en cuenta, ahora que en nuestro terruño se anuncia, con bombos y platillos, la bonanza minera.

Y es que la historia de los proletarios del mun-do tiene similitudes extraordinarias, grabadas por la lucha, la represión y la desventura. Chile y Colombia las tienen. El 21 de diciembre de 1907, en Iquique en medio de “la huelga de los 18 peniques” realizada por los obreros de las salitreras en pos de condiciones de trabajo y vida dignas, fueron masacrados más de 2.000 obreros, en la llamada matanza de la escuela Santa María. El 6 de diciembre de 1928, en

Ciénaga, Magdalena, tam-bién en medio de la Huelga de las Bananeras contra las oprobiosas condiciones de trabajo, fueron ejecutados, por la metralla oficial, cer-ca de 2.000 jornaleros. Las circunstancias y detalles de estos aberrantes hechos, son casi calcados, cambian solamente los nombres de los verdugos (Perpetrado-res: Chile, presidente Pedro Montt, al servicio de intereses de empresas británicas, ge-neral Roberto Silva Renard. Colombia, presidente Miguel Abadía Méndez, al servicio de la norteamericana United

Fruit Company, general Cortes Vargas). El objetivo idéntico, mantener la explotación a favor de empresarios extranjeros y sofocar la naciente lucha sindical.

Los eventos fatales de los mineros son un denominador común en la vida de nuestros pueblos. En la última década, en Chile murie-ron 403 mineros producto de derrumbes y ex-plosiones y en Colombia tan solo en el último año perecieron 134 trabajadores, incluyendo los dos mineros de la población de Tasco, en Boyacá, accidentados en octubre (casi de manera simultánea con el rescate en Copia-pó), a 35 metros de profundidad en la mina “La Esperanza” y muertos ante la incapacidad de las autoridades para rescatarlos. Según Ingeominas, la tierra se traga 13 mineros cada 30 días. Tanto en Chile como en Colombia, a pesar que en el país austral, la minería es más “tecnificada”, la voracidad de las multi-nacionales y de los empresarios ha impedido que los gobiernos de estos países ratifiquen el Convenio 176 de la OIT sobre seguridad y salud en las minas, vigente desde 1968.

Si hoy podemos alegrarnos que los 33 mine-ros de San José estén vivos, este júbilo no es suficiente para olvidar y resarcir el sufri-miento y sacrificio que centenares de miles de obreros del socavón han vivido y viven a diario en las latitudes del universo: La escla-vitud ignominiosa que la raza negra africana padeció durante siglos, tuvo como uno de sus apremios la extracción de la riqueza del subsuelo; o los 8.499 niños, que según la OIT, están empleados buscando oro, car-bón, esmeraldas, arcillas y otros minerales en distintas canteras y minas colombianas. Jamás olvidaremos los dos mil y más obreros masacrados en Iquique, Chile. Ni los mártires de Amagá de 1977 y 2010.

“He venido a acompañarlos a hacer guardia una noche en la carpa de la huelga. Al igual que hace nueve años, los mineros de Amagá

le están pregonando a los millones de opri-midos de Colombia, con su altiva actitud e indomable valentía, que los derechos no se mendigan sino que se conquistan en la lucha contra el enemigo explotador. Los múltiples combates que hoy se efectúan… como esta heroica huelga de Amagá,… son los prelu-dios necesarios de la transformación que demandamos.”, dijo Francisco Mosquera, el

22 de enero de 1977, en medio de la huelga de los mineros de Villa Diana en Amagá, es-tas palabras que cobran inusitada vigencia ante estos hechos, son el corolario de esta gesta de sobrevivencia para los sindicalistas del mundo.

Tierra acogedora la patria chilena. ¡Viva Chile, porque viven los mineros!

¡Viva Chile! ¡Viven los mineros!

Nº 73, octubre de 2010 23cu l tu ra l

Ya inició el Festival de Literatura de Bogotá, “Letras Capitales”, un evento masivo que contará con la participa-

ción de más de 42 escritores nacionales e internacionales. Conozca la programación y los invitados.

Durante dos meses, las 20 bibliotecas públi-cas de Biblored y otros espacios culturales de la ciudad, abrirán sus puertas al Primer Festival de Literatura de Bogotá, el cual rea-lizará más de 30 eventos literarios totalmente abiertos al público.

El Festival, coordinado por la Fundación Fahrenheit 451, cuenta con el apoyo de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño –ins-titución adscrita a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte–; el respaldo de Bi-blored, también efectuará una importante serie de eventos en El Gimnasio Moderno; la Universidad Nacional; la Universidad Pedagógica; y la Universidad Distrital. Los eventos se desarrollan todos los sábados de octubre y noviembre en diferentes pun-tos de la ciudad y las temáticas van desde recitales, conversatorios, foros abiertos, conferencias, lecturas y talleres (todos gratuitos).

Entre la lista de 42 artistas invitados, se destaca la poeta de origen palestino, Na-thalie Handal. Esta traductora y narradora ha sido traducida en más de quince idiomas y su obra ha sido destacada por varios de los más importantes diarios de Estados Unidos.

Para el cierre del Festival, el día 27 de no-viembre, se cuenta con la participación del

escritor, pintor y activista sudafricano, Bre-yten Breytenbach, cuya obra es reconocida por tratar en ella sus propios sufrimientos como poeta prisionero y exiliado que anhela volver a su tierra.

“Letras Capitales” también reúne un selecto grupo de 40 escritores nacionales entre los que se destacan Alfredo Molano, Víctor Ga-viria, Gustavo Bolívar, Gonzalo Mallarino, Gonzalo Márquez Cristo, Guillermo Busta-mante, entre otros.

Todos los sábados la Fundación Rafael Pombo desarrollará talleres para niños en las bibliotecas públicas de Bogotá; de igual forma, se dispondrá de encuentros con es-critores a lo largo de la ciudad.

Las letras se toman Bogotá

Equipo de Comunicaciones Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Conozca el trabajo de la Asociación Cultural Teatridanza, de Chapinero, cuyo proyecto artístico resultó ganador

de la convocatoria Localidades Culturalmente Activas, de la Secretaría de Cultura, Recrea-ción y Deporte.

Gracias a la Asociación Cultural Teatridanza, los habitantes de la Bogotá rural que colinda con el vecino municipio de La Calera, pueden disfrutar cada semana de espectáculos tea-trales, conciertos musicales, talleres lúdicos y hasta obras de títeres y marionetas. De no ser por Teatridanza, estas personas que viven en esta alejada pero hermosa zona de la ciudad (conformada por siete barrios de la localidad de Chapinero) tendrían que emprender largos viajes hacia la zona urbana de La Candelaria, Chapinero o Usaquén, sectores de la ciudad donde se encuentran la mayoría de teatros y escenarios culturales del Distrito Capital.

Ese es el gran aporte de Teatridanza: lle-var la cultura hacia uno de los rincones de Bogotá más apartados, en lo que ellos han denominado 'Teatro de la Montaña'. Gracias a su proyecto, al que han denominado “Ciat: Centro Integral de Arte Teatridanza: Escuela de Formación Artística”, fueron ganadores de Localidades Culturalmente Activas. A través de esta convocatoria, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte adjudicó un total de $470 millones a artistas y organi-zaciones sin ánimo de lucro que desarrollan desde hace algún tiempo procesos de for-mación y creación artística que promueven el desarrollo social de ciudadanos que se desenvuelven en áreas como arte dramático, música, danza, artes audiovisuales, literatura y artes plásticas.

Teatro en las montañas

La Asociación Cultural Teatridanza es una en-tidad sin ánimo de lucro, fundada en 1992 por Roberto Antonio Nieto y Ligia Cortés, quienes hasta el momento han llevado al escenario más de 15 montajes dirigidos a público de todas las edades, especialmente el infantil.

En la sede del teatro, ubicado en el kilóme-tro 5 vía La Calera, en el barrio San Isidro, desde hace cuatro años llevan a cabo todos los domingos a las 2:00 p.m. una intensa programación artística que incluye obras de títeres y teatro, pantomima, cuentería y hasta conciertos; así como talleres de for-mación artística con énfasis en plastilina, títeres, teatro y durepox (artesanías mol-deadas a mano).

Así, todos los domingos, este teatro se convier-te en el plan lúdico de decenas de personas, especialmente niños y jóvenes, que encuentran su única alternativa de esparcimiento y diverti-mento del fin de semana en este mágico territo-rio rodeado de un verde intenso y ambientado por el canto de los pájaros.

¿Pero cómo logra financiar su trabajo este teatro independiente? Además de recibir aportes económicos eventuales como los re-cibidos por parte del premio de Localidades Culturalmente Activas, desde sus comienzos los directores de Teatridanza han recibido el apoyo de entidades como el Teatro R101 y la Alcaldía Local de Chapinero a través del Proyecto Acceso a Espacios Culturales. Y desde hace un par de meses, fue incluido en el programa Salas Concertadas, de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Con los montajes de sus creaciones teatra-les han realizado dos giras por Suramérica, llevando sus historias contadas de títeres a Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Bolivia y Paraguay.

El proyecto en Localidades Culturalmente Activas

A Teatridanza cada ocho días, específicamen-te los domingos, llegan creadores nacionales y extranjeros a contar historias que son com-partidas con la familia de los siete barrios que componen este hermoso lugar de Chapinero. Además, entre semana, funciona la Escuela de Formación Artística, donde todas las acti-vidades del teatro son gratuitas.

Con el premio de la convocatoria Localidades Culturalmente Activas de la Secretaría de Cul-tura, se dictarán al público tres talleres: teatro, danza contemporánea y música.

Estos espacios van dirigidos a niños entre los 7 y 14 años, con una intensidad de 40 horas por taller; al finalizar se realizarán dos mues-tras abiertas para todo el público:

7 de noviembre a las 2:00 p.m.: Montaje de •teatro y danza

14 de noviembre a las 2:00 p.m.: Muestra •de música

El objetivo principal de la escuela es la cons-trucción integral de persona-artista, enseñando a compartir, apropiarse sanamente a un grupo con una meta común, donde lo más importante es crecer como seres humanos íntegros.

Un teatro enclavado en las montañas

24 Nº 73, octubre de 2010

La constitución deL estado nacionaL

La nación una construcción de larga duración

Miguel Ángel Urrego

instituto dE invEstigacionEs Históricas univErsidad micHoacana dE san nicolás dE Hidalgo

Establecer una fecha cuando Colombia se constituye en una nación es un punto de partida erróneo. La razón principal es que

la nación es resultado de un largo proceso históri-co, de una acumulación de dinámicas de diferente naturaleza. Lo cierto es que no podemos sostener que la nación existía antes de la Independencia. El Virreinato se había conformado definitivamente en 1739, aunque realmente se había establecido por la corona española en 1717, y comprendía un vasto territorio muchísimo más extenso que la actual Colombia. El hecho de que fuese parte de los dominios de la Corona y del imperio español determinó que todo lo concerniente a la suerte del virreinato fuese definido en Madrid, de manera que no existía autonomía, aspecto determinante en la vida de las naciones. Por ello es incorrecto afirmar que Colombia se independizó de España, es mejor decir que el Virreinato asumió la soberanía.

El segundo elemento que determina la ausencia de nación antes de la Independencia es que no existía identidad entre las instituciones y el te-rritorio, o para decirlo de una mejor manera las instituciones no lo controlaban. La mayor parte del territorio del Virreinato no tenía funcionarios de la Corona y el cobro de impuestos se efectuaba con un sistema muy poroso que permitía la evasión. De allí que las reformas borbónicas intentaron racionalizar la administración pública, no sola-mente aumentando el número de impuestos sino haciendo su cobro más eficiente.

Realmente la única institución que tenía la fuerza para tener una presencia en la mayor parte del virreinato era la Iglesia católica. Las diversas co-munidades religiosas actuaron en los resguardos indígenas y zonas de colonización, por ello el cle-ro se convirtió en un porcentaje significativo del territorio del Virreinato, en un mediador entre la población y el Estado. La injerencia de la Iglesia en los asuntos del Estado y la nación se percibirá hasta el día de hoy.

La Independencia y la construcción de la nación

La Independencia logró romper la relación colo-nial, generó autonomía y permitió el ejercicio de la soberanía, y aunque los demás elementos de la nación no estaban presentes, fue suficiente para que a medida en que se construía la Indepen-dencia se formularan nuevas leyes y se crearan instituciones.

La Independencia se culminó formalmente hacia 1830, con el fin de la República de Colombia, también conocida como Gran Colombia. No obs-

tante, el debate sobre la forma que debía adoptar la república –si era centralista o federalista, si era un Estado laico o no, si la soberanía residía en el pueblo o en la nación, etcétera– adoptó la forma de pugna entre dos partidos políticos –el Liberal y el Conservador– que no se pudo resolver por medio de una guerra civil ni por las Consti-tuciones que se redactaron en el siglo XIX. Los liberales tuvieron la oportunidad de imponer su proyecto político cuando impusieron las reformas liberales a mediados del siglo XIX o cuando triunfaron en la guerra civil de 1860-1861, pero sus contradicciones internas, que los llevó a varias divisiones, el reacomodo del liberalismo y el esta-llido de una nueva guerra civil le impidieron a este partido realizar las reformas que necesitaba.

La Regeneración o el triunfo del conservatismo y la realización de la nación

El conservatismo pudo triunfar gracias a que el liberalismo salió di-vidió de la guerra civil de 1876-1877 y a que el sector triunfante les permitió retornar nuevamente al poder. En efecto, el sector denomi-nado los independientes, con Rafael Núñez a la cabeza, abrió las puertas a una alianza con los conservadores y luego los respaldó en la guerra civil de 1885, en la redacción de la Constitución de 1886 y en la imposición del proyecto político conservador.

Por supuesto, el liberalismo radical intentó detener las reformas conser-vadoras a través de la guerra, primero en 1895 y luego con la Guerra de los Mil Días, pero en ambas ocasiones fue derrotado. Tal circunstancia permitió al conservatismo establecer una hegemonía, generar la derrota histórica del proyecto del partido Liberal y definir los rasgos esenciales de Colombia como una nación. Es, por tanto, la coyuntura histórica en que la realización de la nación se percibe más claramente.

La Violencia, el Frente Nacional y neoliberalismo

Otras tres coyunturas tendrán una singular importancia en la perspec-tiva de la construcción de la nación en Colombia. La primera fue La Violencia que flageló al país a partir de la década del treinta del siglo XX y cuyos efectos se extenderán hasta el día de hoy bajo la forma de conflicto interno. La Violencia tuvo enormes repercusiones en la constitución del territorio, las instituciones, la ciudanía, la democracia y en el actual conflicto interno.

nÚMeRo 3

El Frente Nacional permitió cancelar definiti-vamente las disputas entre los partidos tradi-cionales y gobernar a partir de la alternancia en el poder y el reparto equitativo de la buro-cracia. Tal modelo, aunque logró desarmar las bases campesinas del bipartidismo, atizó una nueva serie de conflictos, pues el país se había transformado radicalmente –con la ur-banización, la industrialización y la irrupción de las clases medias– y el acuerdo entre los partidos Liberal y Conservador se hizo sin que se incluyese a los sectores populares y sus demandas quedaron sin resolver, entre ellas la reforma agraria, con lo cual se estimuló un nuevo ciclo de violencia.

Finalmente, el neoliberalismo triunfó en la década del noventa del siglo pasado y con ello infringió una derrota al movimiento obrero y las organiza-ciones sindicales no pudieron enfrentar la oleada de privatización de las principales empresas del Estado. La nación quedó debilitada con la irrup-ción del neoliberalismo. Para agravar la situación este proyecto coincidió momentáneamente con un intento de hacer hegemónico el paramilitarismo, es decir, de lograr un control total del país –de su economía, su política, sus instituciones y su cultura–.

En resumen, la nación es resultado de un largo proceso histórico y se inició formalmente con la Independencia. El modelo de nación que se consolidó con el movimiento de la Regeneración fue el de la Iglesia y el partido Conservador. No obstante, nuevos procesos históricos generaron dinámicas que no se manifestaron en la trans-formación del Estado y sus instituciones, lo cual generó profundos desequilibrios. Tendremos oportunidad de ahondar en estos procesos en los próximos artículos.

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