[No publicar hasta el 24 de julio de 1996] Amnistía ... · Durante la última de estas operaciones, efectuada en abril de 1996 con el nombre en clave de «Uvas de la ira», tanto

[No publicar hasta el 24 de julio de 1996]

Amnistía Internacional

ISRAEL/LÍBANO

Homicidios injustificables durante la operación “Uvas de la ira”

Julio de 1996RESUMENÍNDICE AI MDE 15/42/96

DISTR: SC/CO/GR/PO (29/96)

En la frontera entre el Líbano e Israel existe un conflicto continuo desde los años setenta, que ha dado lugar a importantes operaciones militares israelíes contra grupos armados palestinos, en 1978 y 1982, y contra Hezbolá, en 1993 y 1996. Millares de civiles han muerto como consecuencia de este conflicto.

Durante la última de estas operaciones, efectuada en abril de 1996 con el nombre en clave de «Uvas de la ira», tanto las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) como Hezbolá atacaron deliberada o indiscriminadamente a civiles, lo que supone una violación de las leyes de la guerra que prohiben: los ataques directos contra civiles, los efectuados de manera indiscriminada, las represalias contra civiles y el empleo de la población civil como escudo.

Durante la operación «Uvas de la ira», las advertencias que Israel y, más tarde, Hezbolá hicieron a la población civil libanesa e israelí, respectivamente, parecen haber tenido por objeto sembrar el pánico en ella más que garantizar su seguridad. Los ataques injustificables de las FDI descritos en este informe se efectuaron: contra una ambulancia donde viajaban civiles, seis de los cuales resultaron muertos; contra una casa de Nabatiyya Alta en la que perdieron la vida nueve civiles, y contra el recinto de la ONU en Qana, donde murieron 102 civiles. Hezbolá atacó injustificablemente con cohetes zonas pobladas del norte de Israel, hiriendo a muchos civiles.

Amnistía Internacional pide a Israel y a Hezbolá que se comprometan públicamente a respetar las leyes de la guerra, en particular las relativas a la protección de la vida de los civiles. El gobierno israelí debería también iniciar una investigación judicial sobre los homicidios de civiles perpetrados por las FDI durante la operación «Uvas de la ira» y recomendar medidas para impedir que se cometan nuevos homicidios injustificables.

Los combates de abril acabaron al llegar las partes contendientes a un «acuerdo» que contiene cláusulas sobre la protección de los civiles y para supervisar la aplicación del cual se creó un Grupo de Vigilancia, formado por

Estados Unidos, Francia, Siria, Líbano e Israel. A Amnistía Internacional le preocupa que el «acuerdo» no sea lo suficientemente firme como para garantizar la protección de los civiles y que la labor del Grupo de Vigilancia se vea obstaculizada por motivos políticos.

Amnistía Internacional insta a los cinco gobiernos del Grupo de Vigilancia a que acepten solicitar ayuda a la Comisión Internacional de Encuesta, creada de acuerdo con el artículo 90 del Protocolo 1 Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, para investigar los presuntos casos de quebrantamiento de las leyes de la guerra. Este organismo internacional posee la objetividad y competencia necesarias para desempeñar tal función con eficacia y proporcionar mayor protección, por tanto, a los civiles.

PALABRAS CLAVE: HOMICIDIOS INDISCRIMINADOS1 / HOMICIDIO EN MASA1 / CONFLICTO ARMADO1 / PERSONAS DESPLAZADAS1 / MILITAR ES/ ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES / MUJERES / NIÑOS / ONU / MANTENIMIENTO DE LA PAZ / DELEGACIONES / LÍBANO / FOTOGRAFÍAS /

Este informe resume un documento titulado: ISRAEL/LÍBANO: Homicidios injustificables durante la operación «Uvas de la ira» (Índice AI: MDE 15/42/96/s), publicado por Amnistía Internacional en julio de 1996. Para más información o para tomar medidas en relación con este asunto, consúltese el documento completo.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDOTRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

Amnistía Internacional

ISRAEL/LÍBANO

Homicidios injustificables durante la operación “Uvas de la ira”

Julio de 1996Índice AI: MDE 15/42/96/s

Distr: SC/CO/GR/PO

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDOTRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

Índice AI : MDE 15/42/96/s Amnistía Internacional, julio de 1996

ISRAEL/LÍBANO: OPERACIÓN “UVAS DE LA IRA”

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN1

2. «UVAS DE LA IRA»: INFORMACIÓN GENERAL2

3. LAS LEYES DE LA GUERRA43.1 Prohibicion de los ataques directos contra civiles53.2 Prohibición de los ataques indiscriminados 53.3 Prohibición de los ataques de represalias contra la población civil63.4 Prohibición del uso de la población civil como escudo6

4. VIOLACIONES DE LAS LEYES DE LA GUERRA74.1 Advertencias: ¿para proteger o para aterrorizar a la población civil?74.2 Ataques injustificables de Hezbolá a la población civil94.3 Homicidios injustificables cometidos por las FDI durante la operación «Uvas de la ira»10Ataque a una ambulancia donde viajaban civiles el 13 de abril de 199611Ataque a una casa de Nabatiyya Alta el 18 de abril de 199613Ataque al recinto de la ONU en Qana el 18 de abril de 199616La investigación de las FDI sobre Qana22

5. MEDIDAS PARA QUE EL GRUPO DE VIGILANCIA SEA EFICAZ23

6. RECOMENDACIONES26

Amnistía Internacional, julio de 1996 Índice AI : MDE 15/42/96/s


Fotografía de la portada: refugiados del recinto de la FPNUL en Qana antes del ataque israelí del 18 de abril de 1996, en el que resultaron muertos 102 de ellos. [Fotografía de Najla Abu-Jahjah].



ISRAEL/LÍBANO

HOMICIDIOS INJUSTIFICABLES DURANTE LA OPERACIÓN “UVAS DE LA IRA”

1. INTRODUCCIÓN

Desde 1975, millares de civiles han muerto en los combates entre Israel y los diversos grupos armados del Líbano, la gran mayoría de ellos debido a ataques israelíes. El hecho de que, en más de veinte años de conflicto, las muertes de civiles hayan sido tan numerosas y se hayan producido con tanta regularidad podría hacer creer que constituyen una consecuencia "inevitable" de este conflicto y que no hay que concederles demasiada importancia. Han hecho falta sucesos como el ataque a Qana donde más de cien civiles murieron en‒ el recinto de las Naciones Unidas (ONU) el 18 de abril de 1996 para‒ poner de manifiesto la importancia del problema. Pero si los combates continúan o incluso se intensifican otra vez, ¿qué garantías hay de que no se producirán tales muertes?

El «acuerdo» a que llegaron las partes contendientes al final de la escalada más reciente de los combates en abril de 1996 incluye compromisos relativos a la protección de la vida de los civiles. Pero los mecanismos concebidos para su aplicación resultan poco efectivos y podrían quedar subordinados a las necesidades políticas de las distintas partes implicadas. Además, el hecho de que Hezbolá e Israel no admitan responsabilidad ninguna en las muertes de civiles ni den pasos concretos para evitar que éstas se repitan indica que los compromisos contraídos podrían no ser más que meras promesas incumplidas. Aunque no quepa duda de que sólo se podrá encontrar una solución real si se llega a una paz justa y duradera entre todos los implicados en el conflicto del sur del Líbano, mientras éste continúe es una necesidad apremiante que las partes contendientes hagan todo lo posible para proteger la vida de los civiles. No se trata sólo de una obligación legal o moral; para los civiles atrapados por este motivo entre dos fuegos, es cuestión de vida o muerte.

Este informe se centra en la escalada de los combates que tuvo lugar en abril de 1996, cuando Israel emprendió en el Líbano un importante



ataque con el nombre en clave de operación «Uvas de la ira». Más de 150 civiles murieron en los combates, todos ellos como consecuencia de asaltos israelíes. El informe contiene información recogida en viajes realizados a Israel y el Líbano en abril y mayo de 1996. Durante estas visitas, los delegados de Amnistía Internacional, entre los que figuraba un perito militar de alta graduación, se reunieron con autoridades civiles y militares, incluidas las fuerzas de la ONU, así como con víctimas y testigos oculares. Después de estas visitas, Amnistía Internacional solicitó repetidas veces más información a las autoridades israelíes, especialmente en relación con los casos concretos descritos en este informe, pero no recibió ninguna respuesta. La conclusión principal del presente informe es que ambos bandos, violando el derecho internacional, son responsables de atacar deliberada o indiscriminadamente a civiles.

Amnistía Internacional no toma partido en el conflicto del sur del Líbano ni pretende juzgar las declaraciones hechas por las partes contendientes para justificar el uso de la fuerza militar. Ante esta situación, como ante todas las demás, lo único que a la organización le preocupa es que, mientras continúe el conflicto, las partes cumplan totalmente sus obligaciones con respecto a la protección de la vida de los civiles y al trato recibido por los presos y otras personas que no toman parte activa en las hostilidades, incluidos los combatientes heridos o hechos prisioneros.1 Estas obligaciones aparecen en tratados internacionales para la protección de los derechos humanos y en los que contienen las leyes de la guerra, así como en normas que forman parte del derecho internacional consuetudinario.

2. «UVAS DE LA IRA»: INFORMACIÓN GENERAL

En la frontera entre el Líbano e Israel existe un conflicto continuo desde los años setenta, que ha dado lugar a importantes operaciones militares israelíes contra grupos armados palestinos, en 1978 y 1982, y contra Hezbolá, en 1993.

1 Amnistía Internacional está en contra del encarcelamiento de personas por sus convicciones políticas, religiosas o de otra índole, o por su origen étnico, sexo, color, lengua, origen social o nacional, posición económica, nacimiento u otra condición siempre que no hayan utilizado ni propugnado la violencia; pide juicios inmediatos y justos para los presos políticos, y está en contra de la pena de muerte, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las “desapariciones” en todos los casos. Además, la organización está en contra del homicidio deliberado o indiscriminado de personas civiles en situaciones de conflicto armado. Índice AI : MDE 15/42/96/s Amnistía Internacional, julio de 1996


En la «Operación Litani», de marzo de 1978, Israel ocupó territorio libanés situado al sur del río Litani, y se calcula que alrededor de mil civiles murieron a lo largo de ella. El 19 de marzo de 1978, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó dos resoluciones sobre el Líbano: la 425, en la que se pedía a Israel que se retirara de todo el territorio libanés, y la 426, por la que se creaba la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) «con el objeto de confirmar la retirada de las fuerzas israelíes, restablecer la seguridad y la paz internacional y ayudar al gobierno del Líbano a asegurar el restablecimiento de su autoridad efectiva en la zona». En junio de 1978, las fuerzas israelíes se retiraron, pero siguió ocupada una parte del territorio libanés, lindante con Israel a la que éste suele denominar su «zona de seguridad». En esta región, las fuerzas israelíes han contado con la ayuda de una milicia libanesa de alrededor de 3.000 hombres, conocida como Ejército del Sur del Líbano (ESL), a la que Israel proporciona formación, financia y controla.

En junio de 1982, las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) invadieron el Líbano emprendiendo una operación a gran escala con el nombre en clave de «Paz para Galilea». Llegaron hasta la misma Beirut, que fue sitiada y bombardeada durante dos meses, hasta que las fuerzas de la Organización para la Liberación de Palestina aceptaron salir de la ciudad. Unas 18.000 personas murieron, según informes, y otras 30.000 resultaron heridas durante la invasión; la gran mayoría de ellas eran civiles. Las fuerzas israelíes ocuparon Beirut hasta julio de 1983, cuando se retiraron al río Awali, al norte de Sidón. Toda la zona comprendida entre este río y la frontera libanesa-israelí siguió ocupada por ellas hasta 1985, cuando retrocedieron a la «zona de seguridad».

Entre 1982 y 1985, las fuerzas israelíes destacadas en el Líbano sufrieron ataques continuos, principalmente de grupos armados libaneses entre los que destacaban los surgidos de la comunidad chiita, la más numerosa del sur del Líbano. Antes de 1985 predominaban ya dos de estos grupos: Harakat Amal (Movimiento de la Esperanza), fundado en 1975 y dirigido desde 1980 por Nabih Berri, actual presidente del parlamento libanés, and Hezbolá (Partido de Dios), fundado en 1982 y dirigido desde 1992 por Shaykh Hasan Nasrallah. Las relaciones entre Amal y Hezbolá se han caracterizado a menudo por la rivalidad, lo que ha provocado a veces enfrentamientos armados.

El Acuerdo de Ta’if de septiembre de 1989, propiciado por la Liga



Árabe, puso fin a la guerra civil libanesa, estipulando ciertas reformas constitucionales y apoyando la presencia militar siria en el Líbano. En 1991, por decisión del gobierno libanés, se desarmó a todos los grupos armados del país, con excepción de Hezbolá, que desmanteló su estructura militar en Beirut, pero la mantuvo en el sur del Líbano para continuar su conflicto con Israel. Por consiguiente, Hezbolá ha estado en condiciones de emprender acciones militares contra la ocupación israelí de la «zona de seguridad». Desde 1991, los combates en el sur del Líbano han sido fundamentalmente, por tanto, un enfrentamiento entre Hezbolá, por un lado, e Israel y su milicia aliada, el ESL, por el otro.

El 25 de julio de 1993, tras el homicidio de siete soldados israelíes en el sur del Líbano, Israel emprendió la operación «Rendición de Cuentas» (conocida en el Líbano como «Guerra de los siete días», en la que las FDI efectuaron los ataques de artillería y aéreos más intensos sufridos por blancos del sur del Líbano desde 1982. El objetivo declarado de la operación era conjurar la amenaza que suponía Hezbolá y obligar a la población civil a dirigirse hacia el norte, hasta Beirut, a fin de ejercer así presión sobre el gobierno libanés para que reprimiese al grupo armado. En el transcurso de la semana que duró el asalto israelí, sufrieron grandes destrozos más de cincuenta y cinco pueblos y se vieron desplazados trescientos mil civiles. Según fuentes oficiales del Líbano, murieron 118 civiles libaneses y resultaron heridos otros 500 (además de un soldado libanés y ocho combatientes de Hezbolá que perdieron también la vida). Según fuentes oficiales de Israel, dos civiles israelíes murieron y otros 24 resultaron heridos debido a cohetes Katyusha disparados por el grupo armado libanés.2 Los combates acabaron al llegar las partes contendientes, con la mediación del gobierno de Estados Unidos, a un «acuerdo» oral donde, al parecer, se estipulaba que los combatientes de Hezbolá no lanzarían cohetes al norte de Israel y que los israelíes no atacarían a personas o blancos civiles del Líbano.

El «acuerdo» de 1993 no puso fin a las muertes de civiles. Aunque gran parte de los combates se libraron entre miembros de Hezbolá y contingentes de las FDI y el ESL dentro de la «zona de seguridad», hubo ataques de represalias de los que continuaron siendo víctimas

2 Para un examen completo de la operación «Rendición de Cuentas», de 1993, y de quebrantamientos de las leyes de la guerra cometidos por ambos bandos y que provocaron la muerte de personas civiles, véase Human Rights Watch/Middle East y Human Rights Watch/Arms Project Civilian Pawns: Laws of War Violations and the Use of Weapons on the Israel-Lebanon Border, mayo de 1996.Índice AI : MDE 15/42/96/s Amnistía Internacional, julio de 1996


los civiles libaneses e israelíes establecidos fuera de la “zona de seguridad” y en el norte de Israel, respectivamente.

Entre enero y marzo de 1996, los combates en el sur del Líbano causaron la muerte de cuatro civiles libaneses, así como de dos combatientes de Hezbolá, siete soldados de las FDI y tres milicianos del ESL. El 8 de abril, una bomba colocada al borde de una carretera mató a un muchacho libanés de catorce años e hirió a otros tres que jugaban con él en el pueblo de Bar’ashit, al norte de la «zona de seguridad» israelí. Aunque las FDI no se hicieron responsables del ataque, Hezbolá culpó a los israelíes y, el 9 de abril, tomó represalias disparando sobre el norte de Israel cohetes Katyusha que hirieron a seis civiles israelíes, a uno de ellos de gravedad. El mismo día, Israel respondió con un ataque al pueblo de Khirbat Salim, donde resultaron heridos dos civiles. El 10 de abril murió un soldado de las FDI y otros tres cayeron heridos como consecuencia de un ataque de Hezbolá a la posición que ocupaban en la «zona de seguridad».

El 11 de abril de 1996, Israel emprendió la operación «Uvas de la ira», que duró diecisiete días y en las primeras etapas de la cual las fuerzas aéreas israelíes atacaron blancos en Beirut por primera vez desde 1982. El 11 de abril, Israel empezó a utilizar la emisora de radio del ESL para advertir a los habitantes de diversas localidades libanesas que evacuasen la zona «para salvar la vida». Hezbolá también hizo advertencias parecidas a los civiles del norte de Israel. Al cabo de unos días, más de trescientos mil libaneses, así como treinta mil israelíes, se vieron obligados a huir de sus casas. A partir del 13 de abril, la armada israelí bloqueó los puertos de Beirut, Sidón y Tiro. Mientras duró la operación, Israel mantuvo una barrera de fuego constante con sus fuerzas de artillería, aéreas y navales. Entre los blancos figuraban las carreteras y una central eléctrica situada al norte de Beirut. Al mismo tiempo, a lo largo de la operación, Hezbolá lanzó a diario cohetes Katyusha sobre zonas pobladas del norte de Israel. Las hostilidades acabaron el 26 de abril, al llegar las partes contendientes a un nuevo «acuerdo», esta vez escrito, con disposiciones relativas a la protección de los civiles y para supervisar la aplicación del cual se ha creado un Grupo de Vigilancia formado por Estados Unidos, Francia, Siria, el Líbano e Israel.

Según autoridades israelíes, durante la operación «Uvas de la ira», las FDI hicieron 25.132 descargas de artillería y 2.350 incursiones



aéreas en el Líbano, alredededor de la mitad de las cuales comportaron ataques a algún blanco. Las mismas fuentes señalan también que Hezbolá disparó 746 cohetes Katyusha, 533 de los cuales aparecieron en el norte de Israel y otros 70 en la «zona de seguridad». La FPNUL calcula que el número total de cohetes Katyusha y granadas de mortero ascendió a 1.200, la mitad de los cuales se dispararon contra el norte de Israel.

Según informes militares libaneses, como consecuencia de estos ataques, en el Líbano murieron 154 civiles, junto con cinco militares, y resultaron heridos 351 civiles y 11 militares más (aunque es díficil determinar el número exacto de civiles heridos). Fuentes oficiales israelíes señalan que en el bando de Israel resultaron heridos 62 civiles y dos soldados; no hubo ningún muerto. Las mismas fuentes sitúan el número de miembros de Hezbolá muertos en 50, mientras que este grupo armado afirma que perdió 14 hombres.

3. LAS LEYES DE LA GUERRA

No todas las muertes de civiles que se producen en tiempo de guerra son inevitables. Utilizando un eufemismo propio de los portavoces militares, el «daño colateral» se da por descontado en la guerra. Pero hay claras normas que imponen límites al modo de dirigir las hostilidades y que, en particular, proscriben el empleo de ciertos medios o métodos bélicos. Su fin es proteger lo máximo posible la vida de los civiles, y entre ellas figura la prohibición de todo ataque directo a personas u objetos civiles, incluidos los de represalias contra ellos. Asimismo, prohiben cierto tipo de ataques que, aunque vayan aparentemente dirigidos contra blancos militares legítimos, tienen un impacto indiscriminadado o desproporcionado sobre personas u objetos civiles. Por último, las normas dejan bien sentados los pocos casos en que las personas u objetos civiles podrían perder su protección, como, por ejemplo, cuando se les utiliza con fines militares.

La exposición más completa de estas normas se encuentra en el Protocolo 1 Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo 1). Aprobado en 1977, este protocolo ha sido ratificado por más de 140 Estados, pero en general se considera que sus disposiciones fundamentales, la mayor parte de las cuales son las relativas a la protección de la población civil mencionadas en el presente informe, forman parte del derecho internacional



consuetudinario y obligan, por tanto, a todos los Estados.3

3.1 Prohibicion de los ataques directos contra civiles

En el artículo 48 del Protocolo 1 se expone la «norma fundamental» para la protección de la vida de los civiles:

«A fin de garantizar el respeto y la protección de la población y de los bienes de carácter civil, las Partes en conflicto harán distinción en todo momento entre población civil y combatientes, y entre bienes de carácter civil y objetivos militares y, en consecuencia, dirigirán sus operaciones únicamente contra objetivos militares».

Esta norma se conoce a menudo como principio de distinción. En el artículo 51(2) del Protocolo 1 se explica de manera inequívoca que «No serán objeto de ataque la población civil como tal ni las personas civiles». Las autoridades civiles y militares israelíes han subrayado que aceptan la legitimidad de este principio, observando que es un factor decisivo en todas sus maniobras, preparativos y operaciones militares. Hezbolá, aunque no pone en duda el principio de la distinción per se, ha declarado públicamente que sus ataques con cohetes Katyusha a Israel iban dirigidos a civiles y se lanzaron en respuesta a otros efectuados por los israelíes contra civiles libaneses (véase el apartado 4.2, más abajo).

3.2 Prohibición de los ataques indiscriminados

Además de prohibir los ataques directos a civiles, el derecho internacional proscribe los que se realizan indiscriminadamente. Tal como se explica en el artículo 51(4) del Protocolo 1, se entienden como tales aquellos que «los que no están dirigidos contra un objetivo militar concreto» o los que emplean métodos o medios de combate que no pueden dirigirse contra un objectivo militar concreto. También se consideran indiscriminados los ataques «cuando sea de prever que causarán incidentalmente muertos...que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.»

Se producen ataques indiscriminados cuando las fuerzas armadas hacen caso omiso del principio de la distinción y atacan un blanco militar sin considerar las posibles consecuencias para los civiles. Unas

3 De los Estados del Grupo de Vigilancia, Francia, Israel, el Líbano y Estados Unidos no han firmado el Protocolo 1.Amnistía Internacional, julio de 1996 Índice AI : MDE 15/42/96/s


veces se hace uso de armas incapaces de alcanzar un blanco militar con precisión, ya sea por sus propias características o debido a las circunstancias en que se emplean; otras, las tácticas o el método de ataque utilizados muestran un claro desprecio de la vida de los civiles. Hay indicios (véase el apartado 4.3, más abajo) de que las FDI realizaron diversos ataques indiscriminados durante la operación «Uvas de la ira», cuando, al atacar lo que, según ellas, eran blancos militares, mataron a muchos civiles.

3.3 Prohibición de los ataques de represalias contra la población civil

Como ya se expuso (en el apartado 2, más arriba), un rasgo característico del conflicto entre Israel and Hezbolá es que casi siempre que un bando realiza un ataque que causa la muerte de civiles, el bando contrario lo utiliza como excusa para efectuar, a su vez, un ataque de represalias contra civiles. La razón de ello parece ser la idea de que resulta necesario convertir en blanco a los civiles del territorio controlado por el bando contrario, porque sólo de este modo se asegurarán de que los civiles del territorio propio no serán atacados de nuevo. Por supuesto, en la realidad este planteamiento ha provocado directamente repetidas escaladas del conflicto, en las que las víctimas han sido, fundamentalmente, civiles.

El derecho internacional establece de manera clara e inequívoca la prohibición de las represalias contra civiles. En el artículo 51(6) del Protocolo 1 se estipula:

«Se prohíben los ataques dirigidos como represalias contra la población civil o las personas civiles.»

El motivo de tal prohibición está explicado con realismo más que suficiente en el desarrollo del conflicto de la frontera libanesa-israelí: en vez de evitar la muerte de civiles, las represalias tienden a minar la poca protección con que éstos puedan contar y crean un círculo vicioso de ataques y contraataques donde las víctimas son civiles. La ley es clara: las muertes de civiles causadas por un bando no pueden servir de excusa para un ataque de represalias contra civiles al otro bando. En este sentido, la política de desquite aplicada por Hezbolá contra centros de población israelíes constituye un claro quebrantamiento del derecho internacional.



3.4 Prohibición del uso de la población civil como escudo

A lo largo del conflicto del Líbano, Israel ha hecho notar repetidas veces que los grupos armados con que ha estado combatiendo, incluido Hezbolá, utilizan a la población civil como escudo desde detrás del cual emprender sus ataques. Las autoridades israelíes sostienen que los combatientes de Hezbolá fijan sus puestos de combate muy cerca de personas y bienes de carácter civil, utilizan casas u otras construcciones civiles a modo de arsenales o para emprender ataques y emplean vehículos civiles como medio de transporte. Hezbolá niega estas acusaciones, aunque hay datos indicativos de que sus combatientes emprendieron ataques desde lugares muy próximos a objetos civiles (véase el apartado 4.3, más abajo). El Protocolo 1 prohibe el empleo de tales tácticas; en el artículo 51(7) se estipula:

«La presencia de la población civil o de personas civiles o sus movimientos no podrán ser utilizados para poner ciertos puntos o zonas a cubierto de operaciones militares, en especial para tratar de poner a cubierto de ataques los objetivos militares ni para cubrir, favorecer u obstaculizar operaciones militares.»

Además, el artículo 58(b) obliga a las partes de un conflicto a evitar «hasta donde sea factible... situar objetivos militares en el interior o en las proximidades de zonas densamente pobladas».

Las autoridades israelíes sostienen, además, que tienen derecho a responder a los ataques y que, si mueren civiles, es porque Hezbolá les utiliza como escudo. Como se expone más adelante (véase el apartado 4.3), está fue la principal razón que dieron para explicar la muerte de más de 100 civiles en el recinto de la ONU en Qana. Sin embargo, cuando se redactó el Protocolo 1, los participantes, entre los que figuraban peritos militares de muchos países, eran plenamente conscientes de la importancia de la protección de los civiles frente a las necesidades militares. Dar carta blanca a una fuerza armada para atacar sin tener en cuenta la vida de los civiles, por el simple hecho de que los civiles en cuestión están siendo «utilizados como escudo», minaría los esfuerzos por protegerlos. Por esta razón, aunque prohiba la táctica de utilizar a civiles como escudo, el derecho internacional deja bien sentado que el uso de tal táctica no da derecho al otro bando a matar civiles. En el artículo 50(3) del Protocolo 1 se estipula:

«La presencia entre la población civil de personas cuya condición no



responda a la definición de personal civil no priva a esa población de su calidad de civil.»

Además, el artículo 51(8) deja bien sentado que, aun cuando un bando se escude en civiles, tal quebrantamiento del derecho internacional no «dispensará a las Partes en conflicto de sus obligaciones jurídicas con respecto a la población civil y las personas civiles, incluida la obligación de adoptar medidas de precaución previstas en el artículo 57.” Entre tales medidas figura: abstenerse de emprender un ataque, e incluso detener uno ya iniciado, si es de esperar que cause pérdidas desproporcionadas de vidas civiles, y advertir los ataques con antelación.

4. VIOLACIONES DE LAS LEYES DE LA GUERRA

4.1 Advertencias: ¿para proteger o para aterrorizar a la población civil?

Las autoridades israelíes hicieron diversas advertencias a los habitantes de los pueblos, ciudades y zonas pobladas del sur del Líbano para comunicar que los civiles deberían abandonar estos lugares. Algunas eran generales; otras iban dirigidas a pueblos específicos e indicaban horas concretas antes de las cuales la población debería marcharse. La mayoría de estas advertencias se hicieron en árabe a través de la «Voz del Sur» (Sawt al-Janub), emisora de radio dirigida por el ESL.

En una de las advertencias emitidas el 11 de abril se decía:

«El ejército israelí atacará y bombardeará cualquier pueblo si desde él o desde sus alrededores se disparan cohetes Katyusha, así como todo lugar donde actúen los hombres de Hezbolá. Si por casualidad hay hombres de Hezbolá cerca de alguna casa, ésta será atacada.»

Las advertencias dirigidas a pueblos concretos el 12 de abril eran parecidas a la siguiente:

«Pedimos a los habitantes de Jibshit, Nabatiyya, Qulayla y Al-Mansuri que abandonen sus pueblos antes de las cuatro menos cuarto de la tarde a más tardar, porque el ejército israelí bombardeará estos lugares.»

El 13 de abril se emitió la siguiente advertencia:



«A consecuencia de la continuación de las actividades subversivas de Hezbolá, el ejército israelí intensificará sus acciones contra los elementos terroristas. Después de las advertencias emitidas por la ‘Voz del Sur’ a cuarenta y cinco pueblos, la presencia de cualquier persona en estos lugares se considerará subversiva; es decir, los elementos subversivos y quienquiera que se encuentre con ellos serán atacados. Quienes no hagan caso de estas advertencias, obran así por su cuenta y riesgo. El ejército israelí pide a todos los habitantes que no se hayan marchado todavía que lo hagan inmediatamente para que no haya víctimas no deseadas.»

Las FDI y el gobierno israelí afirman que este tipo de advertencias se hicieron para garantizar la protección de la vida de los civiles.4 Las autoridades libanesas y, de hecho, muchas personas más (incluidos algunos comentaristas de Israel), sostienen que el objetivo fundamental de las advertencias era crear una crisis humanitaria masiva, a fin de presionar a los gobiernos libanés y sirio para que reprimiesen las actividades de Hezbolá en el sur del Líbano. En realidad, el propio Israel hizo explícito tal objetivo durante la operación «Rendición de Cuentas», de 1993. Desde luego, el efecto de las advertencias de abril de 1996 fue, como anteriormente, sembrar el pánico entre centenares de miles de personas para que huyeran del sur del Líbano. No cabe duda de que esta situación supuso una terrible carga para las organizaciones humanitarias y las autoridades libanesas desde el punto de vista de la provisión de alojamiento y suministros de ayuda humanitaria de emergencia.

En el artículo 51(2) del Protocolo 1 se estipula:

«No serán objeto de ataque la población civil como tal ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil.» (la cursiva es nuestra).

A pesar de las afirmaciones de las autoridades israelíes, cuesta conciliar la naturaleza de las advertencias y el tiempo transcurrido entre ellas y los ataques con una intención verdadera de proteger la

4 Véanse, por ejemplo, las declaraciones que hicieron las FDI en su Communique del 9 de mayo en relación con el ataque a Qana: "A fin de reducir al mínimo el número de víctimas civiles, especialmente en vista de la costumbre de Hezbolá de utilizar civiles como protección, las FDI hacen público el lanzamiento de la operación [”Uvas de la ira”], con intención de dar a la población civil la oportunidad de evacuar la zona de combate a tiempo".Amnistía Internacional, julio de 1996 Índice AI : MDE 15/42/96/s


vida de los civiles. El texto de la advertencias muestra claramente que se pretendía amenazar a la población civil como tal (al decir, por ejemplo: «la presencia de cualquier persona en estos lugares se considerará subversiva»). En ocasiones, las hostilidades comenzaron antes de acabar el plazo fijado por las FDI en sus advertencias, como fue el caso del ataque efectuado el 12 de abril al pueblo de Sohmor, situado en el oeste del valle de la Bekaa. Además, había millares de civiles que no podían marcharse aunque quisieran los‒ ancianos, los enfermos y quienes carecían de medio de transporte tenían especiales problemas , y otros que sí podían preferían‒ quedarse para proteger sus propiedades. En realidad, más que ofrecer mayor protección a los civiles, el uso de tales advertencias pareció quitársela, ya que las FDI daban por sentado que los que no se dejasen intimidar y se quedasen o los que no pudieran marcharse eran «subversivos» y les decían que serían «atacados».

A los pocos días de comenzar la operación «Uvas de la ira», Hezbolá también emitió advertencias pidiendo a la población civil que se marchara y amenazado a quienes se quedasen. El 17 de abril, por ejemplo, su emisora de radio advirtió, en inglés y en hebreo, a los residentes del norte de Israel que se fueran, porque el grupo armado pensaba continuar bombardeando la zona con cohetes: «Todos los habitantes que se queden en los asentamientos de la región tendrán que atenerse a las consecuencias», se decía en la advertencia. Anteriormente, la misma emisora, citando a una «fuente» de la «Resistencia islámica», había amenazado con que Hezbolá:

«...convertirá los asentamientos sionistas del norte de la Palestina ocupada en un infierno e impedirá que todo colono regrese a ellos mientras el sur esté sometido a agresión sionista...[y pedía] a los que se queden en los refugios [del norte de Israel] que no salgan de ellos porque serán bombardeados continuamente y no se permitirá ninguna forma de vida en ellos.

4.2 Ataques injustificables de Hezbolá a la población civil

Aunque Hezbolá como grupo no ha firmado tratados internacionales relativos a la protección de los civiles en tiempo de guerra, está obligado a observar ciertos principios fundamentales contenidos en ellos. Entre tales principios figuran los referentes al trato que han de recibir los civiles y quienes quedan fuera de combate, así como los relativos al modo de dirigir las hostilidades.

Aunque continúa centrando su operación militar en blancos de las FDI



y el ESL situados en la «zona de seguridad», Hezbolá declaró a Amnistía Internacional que, desde 1992, ha estado emprendiendo ataques contra centros de población de Israel en respuesta a los efectuados por los israelíes contra civiles libaneses. De todos modos, las armas utilizadas en estos ataques (cohetes Katyusha), cuando se disparan a la distancia a que normalmente lo hace Hezbolá, no tienen el grado de precisión necesario para acertar un blanco militar específico.

La víspera de la operación «Uvas de la ira», Hezbolá intensificó sus bombardeos sobre el norte de Israel. El 9 de abril, tras la explosión de la bomba que mató al muchacho libanés en Bar’ashit, disparó cohetes Katyusha al norte de Israel, hiriendo a diversos civiles. La ciudad de Qiryat Shemona resultó particularmente vulnerable a los ataques con Katyusha. La mayoría de sus habitantes se marcharon o fueron evacuados por las autoridades israelíes los primeros días del enfrentamiento de abril, y los que se quedaron vivían en refugios. A lo largo de los combates de abril, Hezbolá continuó disparando con regularidad sobre Israel cohetes Katyusha, la mayoría de los cuales cayeron en Qiryat Shemona y otras partes del norte de Galilea. El 12 de abril, tras el ataque de las FDI a blancos de Beirut, el jefe de Hezbolá, Shaykh Hasan Nasrallah, dijo: «Nuestra respuesta al bombardeo de Beirut no será sólo al norte de Palestina. Se producirá en otras partes, en cualquiera». El 14 de abril de 1996, un portavoz del grupo armado declaró a la prensa: «estamos disparando decenas de cohetes contra asentamientos sionistas.»

Los ataques de Hezbolá con cohetes sobre zonas pobladas del norte de Israel constituyen un claro quebrantamiento del derecho internacional, independientemente de que hayan sido emprendidos en respuesta a ataques israelíes que causaron la muerte de civiles. Hezbolá ha



declarado a Amnistía Internacional que, como consecuencia del «acuerdo» de abril de 1996, ya no emprenderá tales ataques, pero que presenterá una queja al Grupo de Vigilancia por medio del gobierno libanés.

4.3 Homicidios injustificables cometidos por las FDI durante la operación «Uvas de la ira»

Los tres casos siguientes son ejemplos de los homicidios injustificables de civiles cometidos por las FDI durante la operación «Uvas de la ira». Amnistía Internacional ha podido recoger información detallada sobre los tres. También se han puesto en conocimiento de la organización otros presuntos casos de violación de las leyes de la guerra, pero o bien ha sido imposible recoger información suficiente sobre ellos o bien la información disponible no demuestra que se hayan producido.

●Ataque a una ambulancia donde viajaban civiles el 13 de abril de 1996

El 13 de abril de 1996, alrededor de las dos menos veinte de la tarde, un helicóptero de las FDI disparó cohetes a un vehículo donde viajaban 13 civiles que huían del pueblo de Al-Mansuri, matando a dos mujeres y cuatro niñas. El ataque se produjo cerca del puesto de control 1-23 del batallón de la ONU integrado por tropas de Fiji, situado al sur de Tiro. El vehículo era un break Volvo de color gris, con luz de foco azul y sirena. En la capota llevaba pintada con toda claridad una media luna roja, y también aquí, así como en los costados, aparecía escrita en árabe la palabra «ambulancia». Tenía también escritas las palabras al-waqf al-islami- fil-Mansuri, «Dotación Islámica de Al-Mansuri».

Unas imágenes de vídeo filmadas por reporteros presentes en el lugar muestra al vehículo acercándose al puesto de control a velocidad moderada, con la luz intermitente y la sirena encendidas, y lleno de



mujeres y niños. Viajaba en convoy con otros vehículos, repletos también de civiles y entre los que figuraban un camión de reparto y un tractor. Testigos oculares vieron dos helicopteros de las FDI (muy probablemente, aparatos de combate Apache) sobrevolando a baja altura la zona. En cuanto el Volvo pasó el puesto de control en dirección norte, un misil disparado por uno de los helicópteros (seguramente un Hellfire aire-tierra guiado por láser) alcanzó la parte posterior del vehículo o explotó justo detrás de él y arrancó completamente la puerta trasera. La ambulancia chocó entonces contra una casa situada casi al borde de la carretera. Según ‘Abbas ‘Ali Jiha, el conductor:

«...la ambulancia fue alcanzada por detrás y salió lanzada fuera de la calle. Yo me aparté corriendo de ella llevando conmigo a dos de mis hijos, Mahdi [que sobrevivió] y Mariam [que murió], y dije a los periodistas que había muertos y heridos en el vehículo.»

Dentro del vehículo murieron dos mujeres: la esposa de ‘Abbas Jiha, Muna Habib Shuwayh, de veintiocho años, y una vecina suya, Nawkha Ahmad al-’Uqla, de cincuenta. También perdieron la vida cuatro niñas: Zeinab, de diez años; Hanan, de cinco; Mariam, de dos meses y medio (hijas, las tres, de ‘Abbas Jiha), y Hudu’ Fadi Khalid, de once años (nieta de Nawkha al-’Uqla). Otros cinco niños más que viajaban en la ambulancia, así como ‘Abbas Jiha y su primo ‘Ali ‘Ammar, sobrevivieron.

Los soldados de la ONU y otros testigos oculares que se encontraban en el lugar inmediatamente después de recibir el vehículo el impacto dijeron que no había en él armas ni pertrechos de ninguna otra clase, sino sólo ropa y algunas provisiones. Las imágenes de vídeo de los muertos y heridos filmadas en el vehículo momentos después del ataque apoya estas declaraciones. Amnistía Internacional no cuenta con datos indicativos de que el conductor o alguno de los demás ocupantes de la ambulancia tuviesen relación con Hezbolá. ‘Abbas Jiha, campesino emigrado a Alemania que había regresado a Al-Mansuri unos quince meses antes de la operación «Uvas de la ira», dijo a Amnistía Internacional que no era miembro de Hezbolá y que no estaba implicado en ninguna acción militar. Declaró que, al comenzar la operación israelí, se ofreció voluntario para conducir el vehículo en casos de emergencia, tales como llevar suministros de alimentos y de material sanitario a Al-Mansuri, localidad que estaba sometida a bombardeos esporádicos. El 13 de abril, el día del ataque, decidió utilizarlo para evacuar a su familia del pueblo al enterarse de que las FDI habían advertido por medio de la emisora de



radio del ESL que Al-Mansuri y otras localidades serían atacadas.

Kashafat al-risalah al-islamiyya, asociación benéfica islámica afiliada a Amal, tiene una red de ambulancias y servicios médicos en el sur del Líbano y presta ayuda a ambulancias particulares proporcionando suministros de material sanitario y enseñando a personas voluntarias a administrar primeros auxilios. El vehículo en cuestión era propiedad del pueblo de Al-Mansuri y en épocas normales permanecía estacionado cerca de la casa del alcalde, quien se quedaba con las llaves. Cuando comenzó la operación «Uvas de la ira», quedó a cargo del centro de operaciones de la asociación islámica en Tiro, donde se le puso gasolina y se le destinó a diversos servicios humanitarios con uno de los conductores habituales de la asociación. El día del ataque había hecho dos veces el trayecto entre Tiro y Al-Mansuri. En su último viaje al pueblo, el 13 de abril, lo conducía ‘Abbas Jiha, quien iba allí a evacuar a su familia.

De acuerdo con el derecho internacional, los vehículos de transporte sanitario marcados con símbolos que les identifican como tales (includas la cruz y la media luna rojas) están protegidos de todo ataque a menos se utilicen «al margen de sus fines humanitarios, con objeto de realizar actos perjudiciales para el enemigo» (Artículo 13 del Protocolo 1). Las circunstancias en que se produjo el ataque y las declaraciones de las FDI indican claramente que éstas querían atacar a este vehículo concreto y que no lo hicieron por error. Los miembros de las FDI entrevistados por los delegados de Amnistía Internacional dijeron que, en el momento en que fue atacado, el vehículo estaba siendo utilizado por un «terrorista de Hezbolá» y que era un «vehículo de rescate» y no una ambulancia marcada debidamente como tal. En las declaraciones públicas realizadas por las FDI poco después del ataque se habla de «un vehículo perteneciente a un terrorista de Hezbolá» y se añade que «si durante el ataque fueron alcanzados otros individuos, es porque habían sido utilizados por Hezbolá para poner a cubierto sus actividades... que nosotros sepamos, el terrorista fue alcanzado.»

Las FDI no han proporcionado datos que demuestren que el vehículo que atacaron o, puestos al caso, cualquier otro parecido hubiese sido utilizado en algún momento por Hezbolá con fines militares. Observadores independientes entrevistados por Amnistía Internacional indicaron que el grupo armado libanés podría haber dado algún uso



indebido a ambulancias, pero no ofrecieron ejemplos concretos que corroboren tal posibilidad. De todos modos, no cabe duda de que el vehículo en cuestión estaba participando en actividades humanitarias legítimas en el momento en que fue atacado ni de que circulaba en convoy con otros vehículos civiles que salían, no entraban, de la zona que las FDI habían advertido a los civiles que evacuaran. Además, la tripulación del helicóptero israelí tuvo que ver, en el momento del ataque, los símbolos de ambulancia en el vehículo. Al atacarle, las FDI demostraron un desprecio absoluto de la vida de los civiles y quebrantaron el derecho internacional.

●Ataque a una casa de Nabatiyya Alta el 18 de abril de 1996

El 18 de abril de 1996, alrededor de las seis y media de la mañana, un ataque aéreo israelí causó la muerte de nueve personas: Fawzia Khawaja ‘Abed, de cuarenta años; siete hijos suyos (Lulu, de doce años; Muhammad, de once; ‘Ali, de ocho; Hoda, de siete; Nada, de cuatro; Murtada, de tres, y Nur, nacida hacía sólo unos días) y su primo Ahmad ‘Ali Basal, de diecisiete años. Los aviones militares israelíes demolieron completamente los dos pisos de la casa de Nabatiyya Alta donde dormían, y les dejaron enterrados bajo los escombros. A otros dos jovenes que se encontraban también allí, Ibrahim, de quince años, y su hermana Nujud, de dieciocho, se les pudo sacar con vida de entre los escombros y sobrevivieron. Los aviones regresaron para atacar una casa vecina, cuyos ocupantes no sufrieron ningún daño, y más o menos al mismo tiempo, unos helicópteros bombardearon otra más, habitada por un miembro de la familia ‘Abed, Ghunwa Hasan ‘Abed, y su esposo, ‘Abbas Basal (cuyo hermano murió con el resto de la familia ‘Abed en la primera casa). El edificio resultó dañado, pero no sus habitantes. Según uno de los supervivientes, Nujud:

«Alrededor de las cinco de la mañana me despertó el ruido de aviones sobrevolando el lugar. Continuó hasta después de las seis. Luego, sentí de pronto mucho calor y escombros que caían, y cuerpos alrededor mío.»


Fawzia ‘AbedLulu ‘AbedHoda ‘AbedNada ‘Abed

Murtada ‘AbedMuhammad ‘Abed’‘Ali ‘AbedAhmad ‘Ali Basal

Ocho de las nueve personas muertas en el ataque efectuado a una casa de Nabatiyya Alta el 18 de abril de 1996

Nabatiyya Alta se encuentra cerca de una extensión de terreno montuoso incluido en la «zona de seguridad». Las posiciones de las FDI y el ESL son claramente visibles por encima de las casas de la localidad, y la zona es particulamente vulnerable a los bombardeos. El dueño de la casa de dos pisos, ‘Ali Jawad Mally, se había marchado de Nabatiyya al empezar la operación «Uvas de la ira» y había dejado las llaves a los vecinos para que se refugiaran en la casa en caso de emergencia, porque pensaba que era más segura que otros edificios debido a su situación. Los ‘Abed eran una de las familias que de vez en cuando buscaban refugio allí, ya que su casa quedaba totalmente a la vista de una de las posiciones israelíes. La noche del 17 de abril fueron a la casa de Mally porque esa misma tarde se habían producido algunos bombardeos.

En una declaración hecha poco después, las FDI indicaron que el ataque se había emprendido en respuesta a otro de Hezbola contra un puesto israelí de la «zona de seguridad»:

«Inmediatamente después de la operación, los terroristas huyeron a casa de un activista de Hezbolá, en las afueras de Nabatiyya... los helicópteros de las IAF [Fuerzas Aéreas Israelíes] enviados al lugar fueron hostigados con fuego antiaéreo desde la zona situada en torno a la casa donde huyeron los terroristas. Los aviones de las IAF lanzaron proyectiles a la casa y la alcanzaron.»

El entonces primer ministro israéli, Shimon Peres, explicó el ataque señalando que los civiles deberían haber seguido las advertencias de abandonar la zona. Según sus declaraciones, dijo:

«Me sorprende que hubiese todavía civiles en Nabatiyya... tenía que estar vacío. Nosotros no atacamos casas sin motivo declaró .‒ ‒

Disparamos sólo a las casas desde las que Hezbolá lanza cohetes.»

Amnistía Internacional no pudo confirmar si los combatientes de Hezbolá habían disparado o no cohetes u otras armas desde una posición próxima a la casa antes del ataque.

Parece evidente que las tres casas fueron alcanzadas en ataques emprendidos deliberada y directamente contra ellas. Los ataques aéreos se efectuaron con precisión. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de ningún dato que vincule a los ocupantes de las viviendas alcanzadas con Hezbolá ni de que éste estuviese utilizando tales edificios para almacenar armamento o material militar. El dueño de la casa demolida dijo a Amnistía Internacional que era miembro del movimiento Amal, pero que llevaba nueve años sin participar en actividades políticas. Hizo hincapié en que su casa no se había utilizado nunca con fines militares.

Es posible que los combatientes de Hezbolá dispararan cohetes o morteros desde una posición próxima a las casas (aunque, en tal caso, es probable que fueran observados por puestos de las FDI y el ESL desde los que se domina Nabatiyya). Pero no hay indicios de que, si lo hicieron, se refugiaran en los edificios atacados. La casa quedó completamente destruida, y entre los escombros no se encontró, que se sepa (las autoridades israelíes no han indicado lo contrario), a ninguna persona aparte de los nueve muertos y los dos supervivientes. Además, las casas alcanzadas eran, sin lugar a duda, bienes de carácter civil, e incluso si, como alegaron las FDI, los combatientes de Hezbolá entraron corriendo en ellas, tal hecho no justificaría el ataque. Es posible que, como sugieren los comentarios del entonces primer ministro Peres, la decisión de atacar la casa estuviera basada en la suposición de que los civiles habían abandonado la zona, lo cual no hace más que poner de manifiesto que no se tuvo en absoluto en cuenta la necesidad de respetar en todo momento el principio de la distinción.

Ataque al recinto de la ONU en Qana el 18 de abril de 1996●

El 18 de abril, poco después de las dos de la tarde, la artillería israelí atacó el recinto del cuartel del batallón de Fiji de la FPNUL en Qana. En ese momento había dentro de él más de 800 civiles libaneses, de los que murieron 102 y centenares más resultaron heridos. Asimismo, fueron heridos cuatro miembros de la FPNUL.

Los informes de los testigos oculares y las imágenes televisadas del ataque y de la devastación resultante impresionaron a personas de todo el mundo. El secretario general de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, envió inmediatamente a su asesor militar para «investigar el incidente e identificar los pasos que cabría dar para evitar una repetición.» El informe resultante, del general de división Franklin van Kappen, transmitido formalmente al Consejo de Seguridad de la ONU el 7 de mayo de 1996, llegaba a la conclusión siguiente:

«Aunque no se pueda descartar la posibilidad por completo, es poco probable que el bombardeo del recinto de las Naciones Unidas fuera el resultado de crasos errores técnicos o de procedimiento.»

El gobierno israelí, las FDI y el gobierno de Estados Unidos desestimaron los resultados de la investigación de la ONU. El entonces primer ministro de Israel, Shimon Peres, dijo, según informes, que las conclusiones eran «escandalosas». Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos declaró, según una cita del 7 de mayo: «Nos preocupa que [el general de división Van Kappen] optase por extraer conclusiones injustificadas acerca de este caso, que no pueden más que polarizar la situación, en vez de extraer lecciones prácticas con que impedir su repetición.»

En un Communique del 9 de mayo de 1996, las FDI declararon que el bombardeo del recinto de la ONU fue consecuencia de errores cometidos al emprender un ataque de artillería para rescatar a «un contingente de las FDI» que «había caído bajo un mortífero fuego de mortero» (el cual se encontraba cerca del recinto de la ONU). El Communique recalcaba que las órdenes operacionales de las FDI impiden los ataques contra ciertos blancos, incluidas las personas civiles y las «fuerzas y bases de las Naciones Unidas.» Acababa así: «todo intento de afirmar que, como se insinuaba en el informe de la ONU, las consecuencias sumamente desafortunadas del incidente de Qana no fueron del todo accidentales, carece por completo de fundamento.»

Los delegados de Amnistía Internacional, entre los que figuraba un asesor militar de alta graduación, pudieron visitar Qana, inspeccionar el recinto y la zona circundante y entrevistar extensamente a miembros de la FPNUL y a civiles que se encontraban en el lugar en el momento del ataque. Los datos recogidos fueron

analizados después por peritos, y se plantearon cuestiones concretas a las autoridades israelíes, que no respondieron.

Sobre la base de toda la información disponible, Amnistía Internacional cree que las FDI atacaron intencionadamente el recinto de la ONU, aunque las razones de que lo hicieran siguen estando poco claras. Las FDI no han podido justificar su afirmación de que el ataque fue un error. Pero, incluso si pudieran, seguirían siendo responsables de matar a tantos civiles al arriesgarse a emprender un ataque tan cerca del recinto de la ONU.

Esta conclusión se basa en diversos hechos (expuestos detalladamente más adelante), entre los que figuran la precisión y fiabilidad de los sistemas de «adquisición de blancos» de las FDI; el momento del ataque; el orden en que se dispararon los proyectiles, y el tipo de proyectiles utilizados y la dispersión de sus impactos. Considerados en conjunto, estos hechos indican convincentemente que el bombardeo al recinto de la ONU no fue consecuencia de una “dispersión balística” de proyectiles perdidos que iban más allá del mortero de Hezbolá, como afirmaron las FDI, sino de un fuego de artillería distinto, dirigido contra el recinto mismo.

Amnistía Internacional no puede determinar con seguridad si los miembros pertinentes de las FDI sabían o no que había más de 800 civiles libaneses refugiados en el recinto de la ONU en el momento en que fue atacado. No obstante, aun cuando las FDI no contaran con datos concretos acerca de los civiles refugiados allí, la información general que poseían sobre los civiles de los recintos de la ONU (sumada al hecho de que Israel admite que las posiciones de la ONU como tales no son blancos legítimos) tendría que haber bastado para impedir el ataque en cuestión. El hecho de que se procediese a efectuarlo no indica más que una despiadada despreocupación por la protección de la vida de los civiles y constituye, por tanto, un claro quebrantamiento de la prohibición de atacar directa o indiscriminadamente a civiles contenida en las leyes de la guerra.

Es también evidente, sobre la base de la información disponible, que los combatientes de Hezbolá dispararon un mortero desde una posición situada a menos de doscientos metros de la periferia del recinto de la ONU. Todo indica que estaban disparando a una patrulla de las FDI infiltrada en territorio situado al norte de la «zona de seguridad» y que, al parecer, había estado poniendo minas. La intención de los combatientes de Hezbolá al escoger ese lugar para instalar el mortero está poco clara; quizá lo hicieran para protegerse de un contraataque de las FDI porque pensaban que el recinto de la ONU estaba demasiado cerca como para que los israelíes respondieran. Aun cuando no fuera ésta su intención, al tomar posiciones donde lo hicieron, demostraron claramente que no les importaban las

consecuencias que ello pudiera tener para los civiles de la zona próxima. En ambos casos, este hecho constituye un claro quebrantamiento de la prohibición de utilizar a la población civil como escudo establecida en las leyes de la guerra. No obstante, la acción de Hezbolá no justifica en absoluto el ataque de las FDI al recinto de la ONU.

Los hechos siguientes se desprenden de la investigación del caso realizada por Amnistía Internacional, que examinó minuciosamente la información sobre lo ocurrido proporcionada por la ONU, así como por las FDI en su Communique del 9 de mayo:

(a)Antes del ataque, entre mediodía y las dos de la tarde del 18 de abril, unos combatientes de Hezbolá dispararon dos o tres cohetes desde un lugar situado 350 metros al sureste del recinto de la ONU y otros cuatro o cinco desde una posición ubicada 600 metros al sureste de él.

(b)Unos quince minutos antes del bombardeo al recinto de la ONU, tres combatientes de Hezbolá hicieron entre cinco y ocho descargas de mortero contra una patrulla israelí desde un lugar situado alrededor de 200 metros al suroeste del recinto. Los soldados de la FPNUL dijeron a los delegados de Amnistía Internacional que la dotación del mortero cayó bajo el fuego israelí mientras se hallaba todavía cambiando de posición el arma y que sólo entró a la base de la ONU (al menos algunos de sus miembros, desarmados y en busca de sus familiares) una vez acabado el bombardeo al recinto. Días antes, combatientes de Hezbolá habían disparado a un soldado de la FPNUL cuando intentaba impedir que lanzaran cohetes desde un lugar próximo a la base de la ONU.

(c)El bombardeo de las FDI (desde una batería equipada con cañones de 155 mm M-109A2) comenzó a las dos y siete minutos de la tarde, quince minutos después de la identificación del blanco, lo que supone que los israelíes dejarón transcurrir más tiempo de lo normal para atacar un blanco que constituía una amenaza inminente para una de sus patrullas. Una respuesta de artillería de las FDI a un lanzamiento de Katyusha debería tardar, por término medio, cinco minutos. Durante el tiempo transcurrido se realizaron consultas entre el jefe de la batería y el cuartel del Comando del Distrito Norte de las FDI. Según éstas, en tales consultas se discutió si había que atacar o no un blanco tan próximo a un recinto de la FPNUL. Las fuerzas de la ONU no recibieron ninguna advertencia de bombardeo en los quince minutos transcurridos antes del ataque (la advertencia llegó más tarde, una vez comenzado éste y tras ponerse la FPNUL en contacto con las FDI para pedir que detuvieran el bombardeo).

(d)Los testigos oculares sostienen firmemente que, al comienzo del

ataque de las FDI, todos los proyectiles de artillería estaban cayendo en las proximidades de la posición de mortero de Hezbolá y que, sólo más tarde, pero sin ninguna interrupción notable, empezaron a hacer impacto en el recinto mismo. Este testimonio se corresponde con la identificación de dos dispersiones de impactos de proyectil claramente distintas, una de 17 impactos en las proximidades de la posición del mortero y otra de 19 dentro y alrededor del recinto de la FPNUL, resultado, aparentemente, de dos fuegos distintos de artillería.

(e)En total había 36 impactos de proyectil en la zona de Qana (véase el diagrama del informe de la ONU), 17 cerca de la posición del mortero y 19 dentro y alrededor del recinto. El conjunto del extremo sur, los 17 próximos a la posición del mortero, se ajustan a un marco de unos 150 metros (medidos a lo largo del eje longitudinal) por 55 metros. La dispersión de este grupo indica que fueron el resultado de un fuego convergente, preparado cuidadosamente en el transcurso de los quince minutos transcurridos hasta el ataque. El conjunto del extremo norte, los 19 del campamento de la FPNUL y sus alrededores, se ajustan a un marco mayor, de uno 240 metros (medidos a lo largo del eje longitudinal) por 170, que cabría reducir a 100 si se determina que los cinco impactos del extremo occidental eran de proyectiles disparados por un cañon que no estaba bien alineado. El centro de este conjunto de impactos está a 250 metros del centro del marco del extremo sur. Todos estos datos indican que los impactos del recinto de la ONU fueron consecuencia de un fuego distinto de artillería, que tuvo que decidirse deliberadamente.

Diagrama del informe del general de división Franklin van Kappen al secretario general de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, fechado el 7 de mayo de 1996

(S/1996/337)

(f)Las FDI sostienen que cometieron dos errores al identificar las coordenadas de la base de la ONU cuando ordenaron el fuego de artillería y que, como consecuencia de ello, «...aunque la comandancia de las FDI creía que la base de la ONU estaba situada a unos 350 metros del blanco, en realidad su perímetro exterior se encontraba a sólo unos 180.» Pero, aunque esta afirmación fuera cierta, la dispersión normal (para este sistema de armas, dada una distancia de 15.500 metros) indica que solo el 4% del numero total de proyectiles disparados caerían a una distancia de entre 135 y 180 metros del blanco, o, en otras palabras, que nada más que dos proyectiles habrían hecho impacto a menos de 45 metros de la periferia del recinto de la ONU. La dispersión real muestra que 19 proyectiles más del 50% del total cayeron en el recinto de la ONU‒ ‒ o alrededor suyo. Este dato indica también que los proyectiles caídos en el recinto fueron consecuencia de un fuego distinto de artillería.

(g)Es difícil determinar el número exacto de tipos distintos de espoletas utilizadas en los proyectiles disparados. Se lanzaron al azar, según las FDI, proyectiles tanto con espoleta de proximidad (que explotan a varios metros del suelo, de manera que la metralla se disperse antes de caer y mate así a gran número de personas) como con espoleta de percusión (que explotan al hacer impacto). Sin embargo, el informe de la ONU reveló un clara diferencia en el número de espoletas de proximidad utilizadas en el primer conjunto, el del extremo sur (5%), y el segundo, el del extremo norte (casí el 50%). En el informe se afirma: «Casi todas las espoletas de proximidad se utilizaron en la zona del recinto de las Naciones Unidas.» También este dato apunta a que los impactos del recinto de la ONU fueron consecuencia de un fuego distinto de artillería, en el que se decidió utilizar mayor número de proyectiles con espoleta de proximidad.

(h)Más o menos en el momento del ataque se hallaban presentes en la zona un «avión teledirigido de reconocimiento» y dos helicópteros israelíes, hecho que las FDI acabarón confirmando a pesar de haberlo negado repetidas veces en un primer momento (la presencia en la zona del «avión teledirigido» y de al menos un helicóptero está documentada por unas imágenes de vídeo filmadas por un miembro de otra posición de la FPNUL desde la que se divisa Qana). El papel de estos aparatos en el bombardeo, si es que desempeñaron alguno, no está claro. Las FDI mantienen que el «avión teledirigido» no estuvo observando el recinto de la ONU durante el ataque o antes de él y que los helicópteros no llegaron a la zona hasta después del bombardeo. Afirman también que los aparatos no se utilizaron anteriormente para atacar al mortero debido al tiempo meteorológico.

La cuestión de si las FDI estaban a enteradas o no de la presencia de civiles en el recinto de la ONU no es un punto clave del

problema. Ellas sostienen que no tenían conocimiento, en el momento del bombardeo, de que en la base de Qana se habían refugiado civiles libaneses. La FPNUL ha recalcado que, desde el comienzo de la operación, había informado a las FDI varias veces de que había entre 6.000 y 7.000 refugiados libaneses en recintos de la ONU del sur del Líbano. Este dato lo comunicó también, en varias ocasiones, la prensa libanesa e internacional citando a fuentes oficiales de la FPNUL. No se sabe bien por qué los muchos medios de recoger información con que cuentan los servicios secretos de las FDI no sirvieron, como aseguraron éstas, para detectar la presencia de tantos civiles en el recinto. Las FDI tenían que saber, o deberían haberlo supuesto, que había allí un numero no especificado, pero probablemente considerable, de refugiados.

Hay que señalar que también resultaron atacados otros recintos y bases de la ONU durante la operación «Uvas de la ira». Según la FPNUL, a lo largo de los combates fueron 270 las ocasiones en que posiciones suyas (incluidos vehículos y convoys) cayeron bajo «fuego cercano»” de las FDI. Esta cifra incluye ataques de las FDI aéreos y de artillería. Hubo también 15 veces en que cayeron bajo «fuego cercano» de Hezbolá.

Según fuentes de la FPNUL, uno de estos casos tuvo lugar el 17 de abril (la víspera del ataque a Qana), cuando otro recinto de la ONU (la Posición 5-18 del batallón nepalés, en el pueblo de Majdal Zun) cayó bajo el fuego de artillería de las FDI. Ocho proyectiles (con espoletas de humo, de proximidad y de percusión) cayeron directamente en el recinto, causando grandes destrozos en los edificios, pero ningún herido. Había civiles libanes allí en el momento del ataque, pero al comenzar éste buscaron refugio junto con miembros de la ONU. No hay informes sobre actividades de Hezbolá en la zona con anterioridad al ataque, y la FPNUL no recibió ninguna advertencia de bombardeo. Este recinto de la ONU resulta claramente visible desde las posiciones de las FDI y el ESL.

En un caso anterior, del 9 de abril, el puesto de control I-23, situado al sur de Tiro, fue alcanzado por fuego de mortero efectuado desde una posición de las FDI y el ESL. Según fuentes de la FPNUL, unos combatientes de Hezbolá habían disparado 12 cohetes Katyusha desde un sistema móvil de lanzamiento con plataforma en camión, situado en un huerto, unos 400 metros al norte de su base (al parecer, este lugar ya había sido utilizado anteriormente). Las FDI y el ESL respondieron al cabo de cinco o seis minutos con alrededor de veinte descargas de mortero. Uno de los primeros proyectiles cayó exactamente sobre el lugar desde el que se habían lanzado los Katyusha (los delegados de Amnistía Internacional vieron el impacto en el suelo), pero dos de los siguientes fueron a parar al recinto del puesto de control de la ONU, y otro cayó en la carretera situada al borde de él. Los miembros de la FPNUL encargados del puesto de

control lanzaron entonces una bengala roja para indicar que su posición estaba siendo atacada, y en ese momento el fuego se desvió hacia el norte.

Las FDI sostienen que era una «política» de Hezbolá disparar cohetes y morteros desde lugares próximos a posiciones de la ONU e hicieron público el texto de una carta, enviada a la FPNUL el 15 de abril, en la que se identificaban 15 casos en los que Hezbolá había establecido puestos de combate a menos de doscientos metros de una posición de la ONU. Han indicado también que hasta el final de la operación «Uvas de la ira» se produjeron 15 más de tales casos. La FPNUL ha informado a Amnistía Internacional de que, al examinar los 19 casos determinados en la carta de las FDI del 15 de abril, «en la mayoría de ellos» no estaba de acuerdo con la opinión de las FDI de que las posiciones de Hezbola se encontraban a menos de doscientos metros de bases de la ONU: «el fuego de Hezbolá solía estar considerablemente más lejos de lo que suponían las FDI; en algunos casos, hasta a un kilómetro del puesto más próximo de la FPNUL».

La investigación de las FDI sobre Qana∙

El gobierno israelí emprendió una investigación de los sucesos de Qana, dirigida por el general de brigada Dan Harel, jefe de la artillería de las FDI. Amnistía Internacional solicitó en vano una copia del informe completo resultante de tal investigación, cuyas conclusiones se hicieron públicas el 5 de mayo. Anteriormente, según sus declaraciones, el jefe del Estado Mayor de las FDI, Amnon Lifkin-Shahak, dijo:

«Después de todas nuestras investigaciones, no hemos encontrado ningún error por parte de quienes ordenaron el fuego, porque la acción estaba justificada sobre la base de la información que teníamos... La culpa la tiene, ante todo, Hezbolá, que optó por atacar a nuestras fuerzas desde las inmediaciones del campamento de la ONU donde los civiles libaneses estaban refugiados.»

En la investigación de las FDI se llegaba a la conclusión de que los proyectiles cayeron sobre el campamento de la ONU como consecuencia de errores cometidos al trazar sus coordenadas exactas, lo que hizo que los encargados de ordenar el ataque a la posición del mortero de Hezbolá creyesen que el recinto de la ONU estaba más lejos del emplazamiento del blanco de lo que en realidad estaba. Sin embargo, como se indicó anteriormente, sobre la base de la información de que dispone Amnistía Internacional, aun cuando fuera cierto que las FDI determinaron mal las coordenadas del recinto de la ONU cuando ordenaron el ataque, ello no explica la dispersión, cantidad o tipo de los proyectiles que hicieron impacto allí.

Amnistía Internacional cree que la investigación sobre el ataque a

Qana ordenada por el gobierno israelí no fue en absoluto la adecuada. Aunque es evidente que toda investigación de un ataque de este tipo debe realizarse con ayuda de asesores y peritos militares, cabe dudar de que, haciendo responsable exclusivo de su dirección a un miembro en activo de las FDI, tal investigación resulte exhaustiva e imparcial, muy especialmente si el militar en cuestión tiene responsabilidades de mando en la artillería, las mismas fuerzas cuya conducta ha de investigarse. Además, el informe resultante de la investigación se presentó antes de aparecer los resultados completos de la realizada por la ONU, la cual, a diferencia de la israelí, se pudo llevar a cabo examinando directamente el recinto de Qana. Tampocó se pidió en la investigación israelí información adicional a la FPNUL ni se intentó entrevistar a los miembros de ésta que se hallaban presentes en Qana cuando el recinto fue atacado.

Amnistía Internacional cree que el gobierno israelí debería iniciar, urgentemente, una verdadera investigación judicial sobre el ataque al recinto de la ONU en Qana, dirigida por personas cuyo cargo y posición ofrezcan las mayores garantías posibles de su competencia, imparcialidad e independencia. Para realizarla se deberían aprovechar los resultados de la llevada a cabo por la ONU y entrevistar a los miembros de la FPNUL presentes en Qana cuando el recinto de la ONU fue atacado. La investigación debería dar como resultado un informe público completo, donde se identifique con claridad a los reponsables del ataque y se recomienden medidas indemnizatorias y de prevención de hechos similares.

Quienes se encarguen de ella deberían estar facultados también para investigar los demás casos descritos en el presente informe en relación con ataques de las FDI causantes de la muerte injustificable de civiles. Los responsables de los homicidios injustificables de civiles deberían ser puestos a disposición judicial.

5. MEDIDAS PARA QUE EL GRUPO DE VIGILANCIA SEA EFICAZ

La operación «Uvas de la ira» terminó cuando, con la intervención de Estados Unidos y Francia entre otros países, las diversas partes implicadas llegaron a un nuevo «acuerdo». A diferencia del de 1993, éste quedó plasmado en un texto escrito, que se hizo público. Los términos del «acuerdo» incluyen la prohibición de ataques que causen la muerte de civiles. En particular, las «dos partes se comprometen a garantizar que bajo ninguna circunstancia los civiles serán el blanco de un ataque y que las zonas civiles pobladas... no se utilizarán como bases de lanzamiento de ataques». Israel estuvo de acuerdo, además, con que sus fuerzas «no dispararán ningún tipo de arma a personas o blancos civiles del Líbano», y Hezbolá aceptó «no

efectuar ataques con cohetes Katyusha ni con ninguna clase de arma a Israel».

El «acuerdo» es un paso adelante en el sentido de que se reconoce explícitamente la necesidad de proteger la vida de los civiles. Sin embargo, es importante resaltar que, al contraer estos compromisos, las partes se están limitando a aceptar respetar ciertas obligaciones que, de todos modos, ya tienen que cumplir. Además, obrando así, han dejado de hacer mención también de otras obligaciones; en particular, en lo acordado no se indica explícitamente que las represalias y los ataques indiscriminados contra civiles están prohibidos. En el «acuerdo» se incluye también el siguiente punto:

«Sin violar este acuerdo, nada de lo aquí mencionado impedirá a ninguna de las partes ejercer el derecho a la defensa propia.»

El lenguaje utilizado parece dar derecho a los beligerantes a hacer caso omiso de la probibición de atacar a civiles en situaciones en que puedan acogerse al «derecho a la defensa propia.» El gobierno israelí ha insistido ya muchas veces en que tiene derecho a responder a ataques contra su territorio y ha expuesto la razón de la defensa propia para justificar la muerte de civiles.5 Esta disposición podría dar luz verde a las partes para hacer caso omiso de la prohibición de atacar a civiles siempre que determinen que es una cuestión de defensa propia. Parece contradecir las leyes de la guerra, que son aplicables en todos los casos, sin que importen los motivos de los beligerantes ni si éstos están atacando o defendiéndose.

El mecanismo creado para vigilar el cumplimiento del «acuerdo» agrava aún más los defectos de éste. Se trata del denominado Grupo de Vigilancia, que está formado por Estados Unidos, Francia, Siria, el Líbano e Israel, y al que se le ha asignado la tarea de «vigilar la aplicación del acuerdo», por lo que si una de las partes considera que ha habido una violación de lo acordado (incluido un presunto ataque a civiles), ha de presentar una queja ante el Grupo en el plazo de veinticuatro horas. En el «acuerdo» se dejó en manos de éste determinar cuáles son sus funciones y procedimientos. En mayo de 1996, los cinco países celebraron en Washington diversas reuniones con este fin, pero no se llegó a ningún acuerdo definitivo, y a comienzos de julio, las partes no se habían decidido todavía sobre todos los asuntos relativos al funcionamiento del

5 Por ejemplo, en declaraciones hechas por el ministro israelí de Asuntos Exteriores el 18 de abril en relación con el bombardeo de Qana se dijo: “Israel continúa firmemente resuelto a responder a todo acto de agresión que Hezbolá pueda cometer contra él. La defensa propia es un derecho inalienable, reconocido por la Carta de la ONU... Las FDI, por cuestión de principios y de acuerdo con sus compromisos éticos, no atacan a civiles. Sin embargo, nuestras fuerzas devolverán el fuego si se les dispara”.

Grupo de Vigilancia6.

Mientras tanto, desde que acabó la operación «Uvas de la ira» hasta principios de julio, se han producido ya en el sur del Líbano más de 25 casos de agresión armada, en tres de los cuales han resultado muertos o heridos civiles, y Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que el Grupo de Vigilancia haya emprendido ninguna investigación para determinar responsabilidades. Además, se teme que el grupo no informe públicamente de sus descubrimientos y desarrolle sus actividades en secreto. Su incapacidad para actuar debidamente y ciertos indicios de que ello se debe a desacuerdos políticos sugieren convincentemente que no será un organismo eficaz para llevar a cabo investigaciones y garantizar que las partes contendientes cumplan con sus compromisos, especialmente respecto de la protección de la vida de los civiles.

Para que una investigación sea eficaz es preciso que se encargue de ella un organisno verdaderamente objetivo e imparcial, dotado de la autoridad, autonomía y competencia necesarias para tomar decisiones claras sobre los casos que se presenten ante él. Tal organismo tendría que estar formado por expertos en las leyes de la guerra, ya que éstas han de ser el marco esencial de sus investigaciones. Considerando estos requisitos, resulta decepcionante que las partes implicadas hayan optado por no recurrir a los organismos internacionales de investigación ya existentes, los cuales sí tienen la autoridad, autonomía y competencia necesarias.

Antes de que se elaboren los detalles definitivos del Grupo de Vigilancia, Amnistía Internacional insta a los cinco gobiernos a aceptar solicitar los servicios de la Comisión Internacional de Encuesta constituída de acuerdo con el artículo 90 del Protocolo 1 de los Convenios de Ginebra de 1949. Compuesta de «quince miembros de alta reputación moral y de reconocida imparcialidad», está Comisión es competente para «proceder a la investigación sobre cualquier hecho que haya sido alegado como infracción grave tal como se define en los Convenios [de Ginebra de 1949] o en el presente Protocolo o como cualquier otra violación grave de los Convenios o del presente Protocolo». Esta disposición sería aplicable a todos los asuntos relacionados con los ataques directos o indiscriminados a civiles, con los ataques de represalias contra civiles y con el uso de la población civil como escudo7. La Comisión tiene su sede en

6 Según informes, se acordó fijar la sede del grupo en Chipre y destacar investigadores en Naqura, en el sur del Líbano (donde se encuentra la comandancia de la FPNUL), así como que Estados Unidos y Francia se turnaran en la presidencia del grupo. También se llegó a cierto acuerdo, según informes, sobre la composición de los equipos de investigadores.

7 Aunque Francia, Israel, el Líbano y Estados Unidos no han firmado el Protocolo 1, el artículo 90(2)(d) permite remitir cualquier asunto a la Comisión, siempre que todas las partes del conflicto estén de acuerdo en remitirla, independientemente de que estas partes hayan ratificado o no el Protocolo.

Berna, Suiza, y el gobierno de este país (en calidad de depositario de los Convenios y los Protocolos de Ginebra) desempeña la función de secretariado suyo. Entre sus miembros figuran peritos militares, asesores jurídicos, jueces y médicos de todas las partes del mundo.

La Comisión Internacional de Encuesta podría encargarse de investigar, informando después de los hechos que descubra y haciendo las recomendaciones pertinentes, los casos presentados al Grupo de Vigilancia, cuando tales casos guarden relación, fundamentalmente, con un presunto quebrantamiento de las leyes de la guerra, en particular con un presunto ataque causante de muertes injustificables de civiles.

6. RECOMENDACIONES

Son demasiadas las muertes de civiles que se han producido ya como consecuencia del conflicto del sur del Líbano. Las causadas por la operación «Uvas de la ira», algunas de las cuales se han examinado en este informe, han de servir de poderoso recordatorio a las partes contendientes y a otros Estados con influencia en la región, de la necesidad de hacer todo lo posible para proteger a los civiles.

1.Además de cumplir los compromisos contraídos en el «acuerdo», tanto el gobierno israelí como Hezbolá deberían comprometerse públicamente a respetar todas las leyes de la guerra. En particular, deberían abstenerse de afectuar ataques directos a blancos civiles o ataques indicriminados cualesquiera que sean las circunstancias y se emprendan o no para tomar represalias, y deberían también tomar medidas para garantizar que las fuerzas bajo su mando no efectuarán tales ataques. El gobierno libanés debería hacer uso de su autoridad para garantizar que Hezbolá respetará estos compromisos.

2.El gobierno israelí debería iniciar una investigación judicial pública sobre los homicidios de civiles perpetrados por las FDI durante la operación «Uvas de la ira». Los responsables de los homicidios injustificables de civiles tendrían que ser llevados a los tribunales, y se debería también ofrecer una indemnización a las familias de las víctimas. Asimismo, la investigación debería revisar las directrices operacionales de las FDI para la aplicación del principio de distinción y recomendar medidas para evitar nuevos homicidios injustificables.

3.Los Estados representados en el Grupo de Vigilancia deberían solicitar la ayuda de la Comisión Internacional de Encuesta, constituida según el artículo 90 del Protocolo 1, para investigar los presuntos casos de quebrantamiento de las leyes de la guerra que se presenten ante el Grupo.

Por último, hay que señalar que tanto Israel como Hezbolá obtienen las armas y municiones utilizadas en el conflicto de otros Estados que se las venden o ceden. En muchos casos, tales como los descritos en el presente informe, este material es utilizado luego de maneras que causan la muerte injustificable de civiles.

4.Los Estados que venden o ceden material militar a Israel o a Hezbolá deberían pedir garantías efectivas y válidas de que tal material no será utilizado de maneras que causen la muerte injustificable de civiles.

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ISRAEL/LÍBANOHOMICIDIOS INJUSTIFIBLES DURANTE LA OPERACIÓN

«UVAS DE LA IRA»

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[No publicar hasta el 24 de julio de 1996] Amnistía ... · Durante la última de estas operaciones, efectuada en abril de 1996 con el nombre en clave de «Uvas de la ira», tanto