La Normalización en el PerúLa Normalización es una actividad necesaria, de elevada importancia que según AENOR (1993) "pretende establecer un proceso por el cual se unifican criterios

respecto a determinadas materias y se posibilita la utilización de un lenguaje común en un campo de actividad concreto", y que además puede ser creativa y

apasionante si se enfoca adecuadamente.La normalización tal como se entiende actualmente, se inicia con la creación del

Instituto Nacional de Normas Técnicas Industriales y Certificación (INANTIC) con ley de Promoción Industrial Nº 13270 de noviembre de 1959, que continuó sus

actividades hasta 1970. La Ley General de Industrias D.L. Nº 18350 y posteriormente, los D.L. 19262 y 19565 crean y fijan objetivos y funciones del

Instituto Nacional de Investigación Tecnológica y Normas Técnicas (ITINTEC), que funcionó hasta noviembre de 1992.

Actualmente las labores de normalización están a cargo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

(INDECOPI), creado por Ley 25818 del 24 de noviembre de 1992.

• ¿QUÉ ES UNA NORMA TÉCNICA?Es la expresión práctica de la normalización mediante la cual el fabricante, consumidores, usuarios y administradores acuerdan las características técnicas que deberá reunir un producto o un servicio. La ISO (1992) la define como: "Especificación técnica accesible al público, establecida con la cooperación y el consenso o la aprobación general de todas las partes interesadas, basadas en los resultados conjuntos de la ciencia y la tecnología y la experiencia, que tiene por objetivo el beneficio óptimo de la comunidad y que ha sido aprobado por un organismo cualificado a nivel nacional, regional o internacional." Es decir que es un documento técnico voluntario que contiene especificaciones de calidad, terminología, métodos de ensayo, información de rotulado, etc. Los participantes en la redacción de las normas, son:

- Fabricantes a través de sus organizaciones sectoriales y en su condición de empresa;

- Usuarios y consumidores a través de sus organizaciones y a título personal;

- Administración pública, como veladora del bien público y de los intereses de los ciudadanos;

- Centros de investigación y laboratorios aportando su experiencia y dictamen técnico;

- Profesionales a través de asociaciones y colegios profesionales o empresas;

- Expertos en el tema que se normalice, nombrados a título personal.