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La pericia contable realizada en el cuerpo de la Corte Suprema de Justicia, en 2009, señaló irregularidades en la declaración patrimonial de 2008 que no conducían a un sobreseimiento como el que dictó el juez.Tampoco cumplieron su rol los fiscales, que tenían conocimiento de las objeciones de los peritos. Amenazas a la familia de un fiscal fueron las razones dadas por entonces.Otro fiscal a cargo de una causa de similar trascendencia, que pasó por la misma situación, cumplió con su deber e hizo lo que debía: apelar y dar sus razones.
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Pericias contables y enriquecimiento ilícito K Amenazas a fiscales
Por Alfredo Popritkin* Toda investigación de enriquecimiento de funcionarios requiere que un contador independiente realice un peritaje contable, para determinar si el incremento patrimonial está o no justificado. Los jueces Julián Ercolini y Rodolfo Canicoba Corral cerraron causas que abarcaron 14 años, sin un estudio técnico para completar una adecuada investigación. La única pericia que se realizó (año 2008), dio que Néstor Kirchner no pudo justificar pasivos por $12 millones, de los cuales $8,3 millones eran deudas con “Austral Construcciones S.A.” de Lázaro Báez. Esta empresa aparece como acreedor y como deudor de Néstor Kirchner en las declaraciones juradas presidenciales.
Víctor Manzanares contador de los Kirchner, reconoció la inclusión de esos 8,3 millones, diciendo que esa deuda tiene por acreedor una empresa constructora, y que el saldo resulta válido pues proviene de certificaciones de obra realizadas sobre inmuebles de propiedad de Néstor Kirchner. El matrimonio declaró alquileres cobrados e intereses ganados de depósitos a plazo fijo, excesivamente inflados. Los ingresos y los pasivos no acreditados pretendían justificar el aumento de activos de los años 2006, 2007 y 2008.
Los vínculos con Báez y los esfuerzos por blanquear activos surgen de manera ostensible del análisis de las evidencias. Además, los peritos contadores detectaron otras irregularidades, como la omisión de un depósito a plazo fijo de U$S222.000. Objetaron que no se les exhibió certificados de depósito ni resúmenes de cuenta. La pericia determinó la existencia de una seña percibida por la venta de un inmueble, por la suma de $1.260.000 que se omitió consignar en la declaración jurada y determinó una deuda no declarada con la AFIP por $1.943.789.
Se consignan préstamos del Banco de Santa Cruz por $8 millones que habrían sido inventados, pues no se lo pudieron acreditar a los peritos. Nada de todo esto fue suficiente para que Oyarbide, Taiano y Noailles pusieran su atención y actuaran como buenos magistrados. A pesar de las objeciones realizadas en la pericia, el juez dictó el sobreseimiento y los fiscales Eduardo Taiano y Guillermo Noailles omitieron apelarlo.
Taiano, quien intervino en tres causas de enriquecimiento K, no apeló ninguna. Se dijo que habría recibido amenazas sobre la integridad de sus hijos aunque no lo denunció penalmente. Si se sintió presionado, debió excusarse en la causa cuando las evidencias para sostener una apelación eran abrumadoras y estaban a la vista. Lo de Noailles no tiene justificación, pues contaba con un informe de expertos de la FIA que marcaron 20 observaciones a la pericia, las que ignoró. Dejó pasar los términos sin apelar el controvertido fallo.
Contrariamente, otro fiscal, Guillermo Marijuan apeló en estos días una causa de similar voltaje político, a pesar de las amenazas contra él y su familia. No debemos perder las esperanzas.
* Investigador de fraudes, presidente de Contadores Forenses ONG y ex perito contador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación