Solicitan libertad de tres implicados en desfalco a la DIAN

Este martes un juez decidirá si les concede libertad o no a los procesados.

Ante el juez 61 de conocimiento se solicitó la libertad de las contadoras Andrea Bottina

Montero y Jazmín Viviana Silva y del representante legal Fernando Briceño por

vencimiento de términos.

Todos son investigados por el desfalco a la DIAN y se les imputó cargos por los delitos de

concierto para delinquir, falsedad en documento privado en concurso homogéneo y

sucesivo, falsedad en documento público, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de

particulares, exportación e importación ficticia, cohecho por dar y ofrecer, peculado por

apropiación y lavado de activos.

La defensa de los implicados argumentó que era posible su libertad por vencimiento de

términos, al considerar que desde el momento de la acusación, el 13 de enero de 2012

hasta la fecha, han pasado más de 240 días y aún no ha iniciado el juicio.

Igualmente, el abogado señaló que las audiencias no se han efectuado por la demora en

los traslados por parte del Inpec, el descubrimiento completo del material probatorio que

supera los 7 millones de folios y el paro judicial.

“Aunque todos reconocemos que es un proceso complejo, la juez ha garantizado que se

lleve a cabo el proceso sin ninguna obstaculización. La demora se debe al derecho a la

defensa pues es necesario hacer el descubrimiento probatorio primero”, señaló el

abogado.

Para el representante de la Fiscalía todo se debe a maniobras dilatorias dirigidas por la

defensa a fin de lograr la libertad.

Los procesados se encuentran en la cárcel el Buen Pastor y la Modelo en Bogotá.

Impiden recuperar cargos a dos integrantes de red que desfalco a Dian

Procuraduría los acusó y los suspendió provisionalmente. Juez los dejó libres.

ELTIEMPO.COM conoció que, por haber intervenido en el millonario desfalco a la

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Procuraduría les impidió el

reintegro en sus cargos a dos exfuncionarios de la entidad que pretendían regresar

después de que un juez los dejara en libertad.

Los funcionarios cobijados por el pliego de cargos son Raúl Vargas y Ramón Angulo

Hernández, considerados como la conexión entre los miembros de la red --de por lo

menos 26 personas-- y una sociedad de fachada desde la cual se fraguó el desfalco a la

Dian por medio de falsas importaciones, señalan las investigaciones penales y que llevaron

a la captura de ambos en julio del año pasado.

Vargas y Angulo fueron dejados en libertad por vencerse los términos para llamarlos a

juicio, situación que se presentó, entre otras razones, por las demoras en el proceso

causadas por el paro judicial del año pasado y por supuestos actos dilatorios de sus

apoderados. Ellos, de inmediato, exigieron a la Dian ser restituidos en sus funciones.

Con la decisión de la Procuraduría, los funcionarios tendrán que seguir fuera de la Dian

hasta que culmine el proceso disciplinario. Ambos deben responder por incumplir con sus

deberes al ocultar pruebas que demostraban que la firma R&B Consultores evadía el

impuesto al IVA mediante la presentación de falsas importaciones. Esa fue una de las

empresas de papel creada por Blanca Yazmín Becerra --cerebro del desfalco-- para llevar a

cabo sus planes.

El organismo de control advirtió que, a pesar de haberse caído la medida de

aseguramiento por vencimiento de términos y tener el derecho de ser reintegrados a sus

trabajos, "este despacho considera prudente ordenar la suspensión provisional de Vargas

y Angulo por tres meses y sin derecho a remuneración en tanto se adelante este proceso".

A juicio del Procurador Segundo Delegado para la vigilancia administrativa, a cargo del

proceso, aún reposan pruebas en las áreas de trabajo donde se desempeñaban y

compañeros suyos que podrían ser testigos en el caso mantendrían contacto directo con

ellos. "Esto permite considerar una posibilidad de cierta interferencia en el trámite

disciplinario", agregó el funcionario en su decisión.

Los funcionarios se involucraron con la red hace dos años, durante una visita de

inspección a la sede de la firma en un lujoso edificio del sector de Ciudad Salitre, en el

occidente de Bogotá.

Después de negociar el ocultamiento de las pruebas con una abogada, Vargas se encargó

de autorizar las devoluciones fraudulentas del IVA. Angulo, quien se desempeñaba como

Analista de la Auditoria tributaria en la Dian encubrió el ilícito.

Por estos mismos hechos la Fiscalía les imputó cargos y pidió la medida de aseguramiento.

Como prueba, el ente acusador presentó ante los jueces formularios de reintegro del IVA

por las exportaciones falsas que hacía la empresa y las devoluciones de impuestos al IVA

autorizadas.

Según la Procuraduría, existen elementos suficientes para achacar a los funcionarios

posibles faltas por encubrir acciones ilegales mediante "un informe para el archivo de la

investigación (sobre evasión de impuestos que abrió la Dian) sin tener en cuenta los

hallazgos encontrados durante el registro (a las oficinas de la empresa) o dar parte de

ellos a las autoridades".

150 personas ma s sera n vinculadas al desfalco a la DIAN

Vicefiscal anunció que investigarán otras seis ciudades donde habrían creado empresas ficticias.

Jorge Perdomo, Vicefiscal General de la Nación, indicó que en lo que se conoce como el

cartel de las devoluciones de la DIAN aún faltan por investigar seis ciudades más del país

donde pretenden identificar los hechos de corrupción efectuadas por empresas de papel.

Perdomo aseguró que en los próximos meses se dará a conocer la estructura de la

organización “macrocriminal” dedicada a desfalcar a la DIAN a través de la devolución de

IVA, de la cual se encuentran en extinción de dominio 186 bienes de Blanca Jazmín

Becerra.

“Todo empezó con Blanca Jazmín Becerra quien como funcionaria conocía todos los

procedimientos, crea una firma para hacer el desfalco a la DIAN. Para ello se asocia con

revisores fiscales, contadores, etc.”, dijo el Vicefiscal.

La Fiscalía logro evidenciar que se crearon empresas ficticias o de papel que intentaban

que la DIAN devolviera el dinero generado por efecto del IVA.

En la primera fase hubo un desfalco de 112 mil millones de pesos en Bogotá y más de 30

mil millones de pesos en Medellín. Y falta por investigar en Barranquilla, Santa Marta,

Pereira, Cúcuta, Ibagué y Manizales. Se estima que sean 150 personas más las que

terminen vinculadas al caso.

Hasta el momento en el caso del desfalco a la DIAN hay 10 personas condenas, 3 personas

pendientes por fallo condenatorio, 42 personas judicializadas por delitos como fraude

procesal, lavado de activos, estafa y concierto para delinquir.

“Se habló de empresas solicitantes a través de las cuales se obtenía este dinero irregular

como Metales Medellín, Fundalcer, Indecol, Maometales, Samuel Metales, entre otras;

empresas de la organización criminal que operaban en Medellín con ayuda de Blanca

Jazmín Becerra”, indicó.

Conceden libertad a otros dos investigados por el fraude

Por vencimiento de términos un juez concedió la libertad a Katherine Cano Martínez y

Enrique Martínez Clavera, investigados por el desfalco a la DIAN. Según el funcionario

judicial pasaron más de 380 días desde la presentación del escrito de acusación y no se ha

iniciado el juicio.

En enero pasado quedaron libres Miriam Teresa Peña Palacios, Ramón Antonio Angulo y

Raúl Vargas.

La Fiscalía se ha opuesto a las constantes peticiones de libertad de los investigados por el

caso. El lunes pasado el ente acusador pidió que se rechace la petición de libertad

solicitada por la defensa de la contadora Andrea Botina Montero, procesada por el

desfalco a la DIAN con documentos falsos para el cobro de las devoluciones del IVA.

Botina Montero está procesada por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en

documento privado en concurso homogéneo y sucesivo, falsedad en documento público

en concurso homogéneo y sucesivo, fraude procesal en concurso homogéneo y sucesivo,

enriquecimiento ilícito de particulares, exportación e importación ficticia en concurso

homogéneo, cohecho por dar y ofrecer, peculado por apropiación y lavado de activos.

Según advirtió la Fiscalía, las causales por las cuales fue cobijada con la medida de

aseguramiento no se han extinguido y es clara su participación en una empresa criminal

que tenía funciones definidas.