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En las dos últimas décadas la puesta en marcha de dispositivos de democracia participativa se ha multiplicado de forma exponencial en América Latina. La progresiva visibilidad lograda desde fines de los años 80 por el Presupuesto Participativo de Porto Alegre, bajo la administración del izquierdista Partido de los Trabajadores –PT– brasilero, estimuló y amplió, de hecho, la apertura de un similar campo de experimentación e innovación democrática en un gran número de gobiernos locales en el Brasil, en el resto de la región (Cabannes, 2006)1 –y en más de mil municipios europeos.
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