Embed Size (px)
Citation preview
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Ciencia Política
NUEVAS MIRADAS SOBRE EL CONTROL DE LA TIERRA:
ACAPARAMIENTO DE TIERRAS EN COLOMBIA
Monografía de grado presentada por:
Sergio Carvajal Gallego
201213053
Director de tesis:
Carlos A. Brando
Lector:
Luis Sánchez-Ayala
Bogotá D.C., diciembre 2016
2
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN 3 CAPÍTULO I EL DEBATE INTERNACIONAL SOBRE LAND GRABBING 6 El ‘literature rush’ y las distintas etapas del debate 6 Hacia una definición más integral para América Latina y Colombia 9 CAPÍTULO II UNA MIRADA HISTÓRICA AL CONTROL SOBRE LA TIERRA EN COLOMBIA: PERIODOS Y TRANSFORMACIONES 14 Primer periodo: 1820 – 1944 15 Segundo periodo: 1944 - 1968 22 Tercer periodo: 1968 - 1984 29 Cuarto periodo: 1984 – 2016 36 CAPÍTULO III ACAPARAMIENTO DE TIERRAS EN COLOMBIA: UNA MIRADA A LAS DINÁMICAS REGIONALES CONTEMPORÁNEAS 42 Altillanura (Meta y Vichada) 43 Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó) 45 Montes de María (Bolivar y Sucre) 47 Piedemonte (Meta) 48 Urabá (Antioquia) 49 Zona Bananera (Magdalena) 51 Bajo Río Mira (Nariño) 52 Colombia 53 Tendencias generales 55 CAPÍTULO IV CONCLUSIONES, REFLEXIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 59 BIBLIOGRAFÍA 62 APÉNDICE A. METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LITERATURA SOBRE ACAPARAMIENTO DE TIERRAS 73
3
INTRODUCCIÓN
En los últimos años, el fenómeno denominado ‘land grabbing’ o acaparamiento de
tierras, ha recibido atención de académicos, organizaciones no gubernamentales y
movimientos sociales que denuncian los impactos negativos de este fenómeno en la
población rural más pobre. De otro lado, organizaciones internacionales, gobiernos y
empresas agroindustriales rechazan el sesgo populista e ideologizado que según ellos hay
en dicho concepto, a la vez que pregonan la necesidad de desarrollar las sociedades agrarias
a través de grandes inversiones en tierras y mega proyectos productivos agrícolas. En lo
que coinciden ambos sectores, es en que el problema de la tierra ha vuelto a adquirir
relevancia política y social en el marco de las recientes dinámicas del capitalismo
globalizado.
El acaparamiento de tierras se ha vuelto un fenómeno social relevante en la mayoría de
países con entornos rurales en desarrollo. En Colombia, uno de los 7 países del mundo entre
los que se cree que se distribuye la mitad de la tierra disponible para la agricultura (Fischer, van
Velthuizen, Shah, y Nachtergaele, 2002), el fenómeno también ha despertado inquietudes que
la investigación social ha ido abordando paulatinamente.
El presente estudio aborda la pregunta por las formas que reviste el acaparamiento de
tierras en Colombia, insistiendo en sus particularidades como forma contemporánea de
control sobre la tierra y las relaciones sociales asociadas. Situando algunos aspectos del
control sobre la tierra en un marco histórico, se investigan la dimensiones políticas de las
transformaciones agrarias que el país ha experimentado desde el siglo XIX. Identificando
las diferencias en los procesos, los mecanismos y las características con las que se da el
acaparamiento de tierras contemporáneo en distintas regiones del país, se ofrece un
panorama general sobre los rasgos del proceso, y se sugieren trayectorias sugestivas de
investigación.
Explorar miradas frescas sobre el problema de la tierra es naturalmente importante en un
país como Colombia, en el que una significativa porción de la población habita el campo.
4
Según el Informe de Desarrollo Humano de PNUD para 2011, cerca del 31,6% de la
población habitaba en municipios de carácter rural, y estos a su vez, ocupaban más del 90%
de la superficie del país (PNUD, 2011). Pero la pertinencia de estas miradas es aún mayor
cuando se tiene en cuenta que el éxito del proceso de paz que atraviesa el país actualmente,
depende de las transformaciones que efectivamente se logren en el campo; escenario
predilecto del conflicto armado. Se espera que este estudio nutra las consideraciones que se
hagan sobre el punto de “Reforma Rural Integral” del Acuerdo Final para la Terminación
del Conflicto, aunque no se encuentre en él un comentario puntual sobre su contenido.
Arrojando luz sobre las distintas dimensiones del control sobre la tierra, se espera
contribuir, así sea subsidariamente, al denso trabajo de caracterización de los nuevos
conflictos que acompañan las más recientes transformaciones de la sociedad.
El estudio está organizado en cuatro capítulos además de esta introducción. El primero
estudia la trayectoria del concepto de ‘acaparamiento de tierras’ a la luz de las
discusiones más relevantes que se han dado sobre él en la literatura internacional. De esta
manera, se ofrece una definición del concepto estudiado y se describen sus características
fundamentales. La definición atiende a las particularidades históricas del fenómeno en
Colombia, y destaca su carácter relacional e inherentemente político.
El segundo capítulo revisita la historia agraria de Colombia desde la Independencia hasta
nuestros días, explorando las transformaciones del control sobre la tierra. Este trabajo de
contextualización histórica permite hacer énfasis en los rasgos distintivos de cuatro
periodos diferentes. El acaparamiento contemporáneo de tierras se comprende así como una
forma particular de control sobre la tierra, que se enmarca en los procesos más amplios de
transformación que tienen ocurrencia en el último periodo.
El tercer capítulo presenta una síntesis de la literatura sobre acaparamiento de tierras en
Colombia, organizada temáticamente según las regiones estudiadas por cada texto. Se llama
la atención sobre los rasgos comunes del proceso, y sobre los silencios que aún existen en
el campo de estudio. Finalmente, en el cuarto capítulo se ofrecen algunas consideraciones
5
concluyentes, y se esbozan algunas recomendaciones orientadas a definir una futura agenda
de investigación.
Parte integral de este trabajo es una matriz de análisis realizada en Excel que se encuentra
en el Apéndice A. En ella está consignada de manera sucinta y organizada la evidencia
recolectada en el ejercicio de revisión de literatura del tercer capítulo. Se espera que dicha
matriz cumpla un doble propósito. En primer lugar, ilustrar el proceso de análisis y
organización de la información según los conceptos y categorías propios del campo de
estudio de acaparamiento de tierras. Y en segundo lugar, se espera que pueda constituir un
aporte como herramienta metodológica para la construcción de conocimiento en esta área.
6
CAPÍTULO I
EL DEBATE INTERNACIONAL SOBRE LAND GRABBING
Este capítulo estudia la trayectoria del concepto de acaparamiento de tierras a través de las
discusiones que se han dado sobre él en la literatura internacional. En primer lugar, se
examina la emergencia del debate, y se muestran los aportes que enfatizaron los rasgos más
relevantes y novedosos del fenómeno. Posteriormente, se presenta la definición elaborada
por Borras, Kay, Franco y Spoor (2012) para estudiar el fenómeno en América Latina, y se
hace énfasis en sus aportes analíticos. Finalmente, se discute esta definición con el fin de
adecuar el rango temporal de análisis a las particularidades del caso colombiano.
El ‘literature rush’ y las distintas etapas del debate
Algunos meses después de la crisis financiera del 2008, la noticia de transacciones de tierra
de más de 1 millón de hectáreas entre agentes estatales de distintos países encabezaron los
titulares de prestigiosos medios de comunicación internacionales (The New York Times:
Rice, 2009; The Economist, 2011). Las alarmas se dispararon luego de que ONG
internacionales como GRAIN (2008) y Oxfam (2011) denunciaran públicamente una serie
de grandes compras de tierra en África. Las transacciones tendrían como objetivo la
producción de alimentos y biocombustibles en territorios supuestamente vacíos. El ‘global
land rush’ despertó temores por los impactos que estas dinámicas podían tener sobre los
pobladores rurales más pobres, y sobre la soberanía alimentaria de los países afectados. El
‘boom’ mediático llevó a numerosos académicos, organizaciones internacionales, grupos
empresariales, instituciones financieras internacionales, y otras ONG a centrar su atención
en comprender este fenómeno.
Rápidamente se reconoció que no se daba solo en África, sino también en Asia, América
Latina y algunas ex repúblicas soviéticas, y que además, la tierra adquirida se destinaba a la
7
también al desarrollo de zonas de urbanización, ecoturismo, y de reserva ecológica
(Zoomers, 2010). El fenómeno, ahora bautizado como ‘land grabbing’ -o acaparamiento de
tierras-, ayudó a refrescar y comunicar reflexiones de campos tan diversos como la ecología
política, la geografía, la historia agraria, la economía política internacional, la ciencia
política, la sociología, los estudios del desarrollo y las ciencias agrícolas.
El ‘literature rush’ sobre acaparamiento de tierras, como lo denominó Oya (2013a y b),
tomó su forma inicial a través de una gran variedad de estudios de caso que buscaban
identificar la escala, los motivos, y los procesos que caracterizaban el fenómeno en lugares
específicos. Esta fase, denominada por algunos como de “making-sense” o de
reconocimiento, tuvo lugar entre 2007 y 2012, y permitió la recolección de información
valiosa a través de acercamientos investigativos rápidos y de etnografías breves (Edelman,
Oya y Borras, 2013). Los efectos negativos denunciados -entre los que se destacaba el
(potencial) desplazamiento de poblaciones-, volvieron urgente una agenda de investigación
sobre el tema que fue acogida con igual entusiasmo por movimientos sociales y por
académicos. En muchos casos, se buscó dar relevancia a las investigaciones a través de la
cuantificación de los tratos de tierras en cuestión. Fue así que surgieron iniciativas como
Land Matrix, o la base de datos de GRAIN: grandes bancos de datos interactivos a los que
personas particulares podían aportar, y en los que se reportaba principalmente el tamaño de
las tierras negociadas.
Una segunda ola de investigaciones complejizó el panorama y problematizó los
presupuestos de la primera. Marc Edelman y Carlos Oya, por ejemplo, llamaron la atención
sobre cuestiones metodológicas evadidas muchas veces en los ejercicios de cuantificación
mencionados anteriormente. Edelman (2013) por su parte, advirtió sobre las dificultades
que entraña toda cuantificación de tierra, señalando que muchas veces el origen de las
cifras son los registros incompletos o defectuosos del Estado (en contextos de gran
informalidad en la tenencia de la tierra), o las declaraciones de los propietarios (que tienden
a ser inferiores con el fin de reducir la carga fiscal). Oya (2013b) en cambio, señaló que las
cuantificaciones realizadas con base en reportes periodísticos, podían padecer del síndrome
8
de la falsa precisión, en tanto presentaban como verdadera información que no había sido
confirmada.
Ambos denunciaron una suerte de “fetichización de las hectáreas”, refiriéndose con ello a
la obsesión de muchas publicaciones de esta primera etapa con estudiar compras
escandalosamente grandes en términos de la extensión de la tierra negociada. Entre mayor
fuera la cantidad de hectáreas reportadas, mayor notoriedad adquiría el caso. El problema
radicaba en que esto podría llevar a los investigadores a ignorar cuestiones críticas del
fenómeno y quizás con mayor relevancia, como la escala del capital invertido, las
características de la tierra en cuestión, o las relaciones que tienen los pobladores locales con
ella.
“De seguro que una granja de tamaño medio con irrigación y dedicada a la cosecha de
productos con alto valor agregado, o una concesión minera de igual tamaño dedicada a la
extracción de un metal raro, es mucho más valiosa que una plantación de árboles de mayor
tamaño, o que una extensión enorme de pastos semi-áridos” (Edelman, 2013, p. 497)
Otra discusión tuvo que ver con la necesidad de dar una perspectiva histórica más amplia al
estudio del acaparamiento de tierras. El énfasis que se le dio durante el “literature rush” a
la narrativa de la crisis del 2008 como causa primordial del fenómeno, dejó en boca de
algunos analistas, un sabor determinista que terminaba por presentarlo como un proceso
inevitable, impersonal y motivado por fuerzas globales incontrolables (Borras, Kay, et al.,
2012; Edelman y León, 2014). Consecuentemente, la gran narrativa de la crisis restaba
importancia a las dinámicas regionales que tenían lugar con anterioridad al acaparamiento.
Por el contrario, ubicar los procesos en sus contextos locales no solo permitiría comprender
mejor su respectiva especificidad, sino que también ubicaría los procesos en un escenario
de confrontación entre distintos grupos sociales por los beneficios derivados del control
sobre la tierra. De esta manera, el land grabbing deja de ser percibido como el plan maestro
de unas oscuras fuerzas transnacionales que operan sobre lugares vacíos, y pasa a ser
estudiado con relación a las interacciones concretas e históricas que se dan en los territorios
(Edelman y León, 2014).
9
Una tercera discusión que se dio tenía que ver con la necesidad de ampliar el repertorio de
preguntas y perspectivas desde el que se investiga el fenómeno, con el fin de dar mayor
alcance o trascendencia a su estudio. Mientras que una gran cantidad de textos de la etapa
de reconocimiento se enfocó en cuantificar la tierra negociada, o en denunciar los
desplazamientos provocados, otros investigadores han subrayado la relevancia de
comprender cómo se transforman las vidas de los habitantes que permanecen en los
territorios y que son vinculados a los nuevos procesos productivos. En esta línea, Tania Li
sostuvo que la transformación de los regímenes laborales debía ser estudiada más a fondo
(Li, 2011).
También fue destacada la utilidad del debate sobre land grabbing para reformular
cuestiones clásicas de la economía política agraria, como aquellas que se refieren al debate
entre granjas pequeñas y granjas grandes (Baglioni y Gibbon 2013), a la naturaleza de la
transformación agraria a través de procesos de desposesión (Hall, 2013), a las relaciones de
poder que se establecen alrededor del control sobre la tierra y otros recursos (Peluso y Lund
2011), o a la configuración de reacciones desde abajo a estos procesos y su capacidad de
influencia (Hall, Edelman, Borras, Scoones, White, y Wolford, 2015). En síntesis, se puede
decir que la nueva etapa de reflexión sobre el acaparamiento de tierras ha avanzado en el
estudio del fenómeno desde una perspectiva relacional, es decir, haciendo énfasis en la
relevancia política y social del control sobre la tierra, más que en el recurso en sí.
Hacia una definición más integral para América Latina y Colombia
La pregunta por la manera en que el acaparamiento de tierras estaba sucediendo en
América Latina fue abordada por académicos y activistas en diversos medios. El informe de
la FAO titulado “Dinámicas del mercado de tierras en América Latina y el Caribe:
Concentración y extranjerización” coordinado por el chileno Sergio Gómez, se destacó
como una contribución fundacional al debate en la región. La compilación contenía
monografías que estudiaban a partir de fuentes secundarias las dinámicas de concentración
de tierras del último quinquenio en 17 países de América Latina y el Caribe. Se
preguntaban en particular, por la presencia y prominencia del fenómeno de land grabbing,
10
definido como “transacciones de tierras mayores a 1000 ha […]; en las que participa el
Gobierno directamente de una de las partes; el comprador es extranjero; y su destino es la
producción de alimentos básicos, materias primas para agrocombustibles, ganadería o
monocultivos”. Ciñéndose a esta definición, el estudio concluyó que el land grabbing se
encontraba en una etapa inicial en América Latina, y que sólo se presentaba realmente en
Argentina y Brasil.
El informe motivó una discusión más amplia sobre el tema en América Latina. La
evidencia recolectada para los distintos países fue la base sobre la que se elaboró una serie
de reflexiones más profundas que se alimentaron de las discusiones dadas en la literatura
especializada. Dos asuntos fueron contundentemente cuestionados: el énfasis que el
informe había dado a la participación de extranjeros (‘extranjerización de la tierra’), y la
enorme cantidad de hectáreas que tenían que negociarse para que la operación fuera
considerada ‘acaparamiento’. Numerosos investigadores señalaron que tanto en África
(Smalley y Corbera, 2012), como en América Latina (Borras, Kay, Gómez, y Spoor, 2012),
el énfasis en los actores extranjeros podía ocultar casos de acaparamiento en los que la
participación de las élites locales y de los Estados domésticos era fundamental. De igual
manera, el planteamiento de Marc Edelman sobre la “fetichización de las hectáreas”
contribuyó a cuestionar las perspectivas demasiado concentradas en la escala geográfica del
fenómeno.
Poniendo en diálogo los resultados del informe de la FAO, con las críticas que la literatura
académica sobre land grabbing había hecho a los supuestos iniciales del debate, Borras,
Kay, Gómez, Franco y Spoor (2012) propusieron una definición más amplia del concepto,
con el fin de que este pudiera captar mejor las características regionales del fenómeno. Su
definición consta de tres elementos interconectados que ofrecen un marco teórico mucho
más sólido que el utilizado por el informe de la FAO.
En primer lugar, el concepto de acaparamiento de tierras describe una operación de
control, entendiendo por ello, un conjunto de prácticas que establecen formas específicas
de acceso o exclusión a los beneficios derivados de la tierra (Borras, Kay, Gómez, y Spoor,
11
2012). Definido en términos de control, el concepto puede describir procesos de
acumulación de capital y de dominación política que no están asociados necesariamente a
transacciones de los derechos de propiedad sobre la tierra (Peluso y Lund, 2011). Las
empresas involucradas en este tipo de operaciones pueden recurrir, por ejemplo, a figuras
jurídicas como el arrendamiento, el ‘leasing’, o las ‘alianzas productivas’, que aunque
aseguran el control sobre la tierra y los beneficios de su explotación por largos periodos de
tiempo, no implican necesariamente una transferencia formal de los títulos de propiedad, ni
la expulsión de los propietarios originales.
En otras palabras, una mirada desde la perspectiva del control presta atención al conjunto
de mecanismos (además de los derechos de propiedad) que definen cómo se distribuyen los
beneficios derivados de la tierra. Por ello mismo, se puede hacer hincapié en la dimensión
interrelacional de la tierra, es decir, en el conjunto de relaciones sociales que se transforman
cuando el control sobre el espacio pasa de un agente a otro. A medida que cambian los usos
de la tierra, o la dinámica organizativa de los procesos productivos, por ejemplo, se
transforman también las relaciones de poder entre quienes tienen que ver con la tierra. En
este sentido, es importante tener presente que al estudiar este fenómeno, se estudian
siempre procesos de territorialización, es decir, procesos en los que espacios determinados
son dotados de significados, según la interacción de ciertas relaciones de poder que se dan
en ellos (Delaney, 2005, p. 16). El estudio del acaparamiento implica siempre una mirada a
la dimensión política y social del control sobre la tierra.
En segundo lugar, el acaparamiento de tierras presta atención a la escala de los fenómenos
de control de la tierra, concentrándose sobre todo, en la escala del capital involucrado.
Aunque también considera la cantidad de tierra que es objeto de control, el énfasis en el
capital busca evitar concepciones abstractas del espacio en las que se asume que un número
determinado de hectáreas, representan lo mismo en un lugar y en otro, y que además su
control tiene el mismo impacto (Borras, Kay, Gómez, y Spoor, 2012, p. 850). Por otro lado,
al enfocarse en la escala del capital, el concepto busca capturar la economía política del
control sobre la tierra. De acuerdo con Oya (2013a), prestar atención a las lógicas del
capital es clave para poder relacionar las preocupaciones por los impactos del land
12
grabbing, con la pregunta más amplia por las transformaciones del mundo agrario, su papel
en el desarrollo del capitalismo, y sus efectos sobre distintos grupos sociales. Este criterio
permite también acotar mejor el campo de estudio, en tanto excluye del análisis fenómenos
como el ‘green grabbing’, que se refieren al cerramiento y protección de grandes territorios
con el fin de conservar sus ecosistemas o sus características ecológicas.1
En tercer lugar, el acaparamiento de tierras estudia procesos que se desarrollan de acuerdo
con las dinámicas estratégicas de acumulación de capital que responden a la convergencia
de crisis de distinta índole. Basándose en este criterio, algunos autores han ubicado
temporalmente el acaparamiento de tierras contemporáneo alrededor de las crisis de 2008
(Akram-Lodhi, 2012). Otros autores controvierten esta periodización, advirtiendo que la
convergencia de crisis alimentaria, energética, climática y financiera que tuvo lugar entre
2007 y 2008, es sencillamente la expresión de un proceso de reorganización que empezó en
la década de 1970 con la liberalización y globalización de los mercados de alimentos
(McMichael, 2014, pp. 49-54). Por el contrario, para Edelman y León (2014) estos procesos
no pueden ser pensados como eventos que suceden siempre de la misma manera en
distintas regiones, como si atendieran invariablemente a las mismas causas. En
consecuencia, señalan que a pesar de interactuar con dinámicas globales similares, se dan
siempre en contextos históricos específicos. En otras palabras, “no hay un gran único
proceso de acaparamiento de tierras, sino más bien una serie de contextos cambiantes,
fuerzas y procesos emergentes, y luchas que están generando nuevas condiciones y
facilidades para el control de […] la tierra” (Peluso y Lund 2011, 669).
Este elemento ha servido a diferentes autores tanto para describir las causas del fenómeno,
como para ubicarlo temporalmente. Las lecturas más causalistas hacen énfasis en que el
acaparamiento de tierras es el resultado global de las decisiones de ciertos países que se
enfrentaban a la convergencia de crisis en el 2008. De esta manera, otorgan especial
1 El “green grabbing” ha ganado relevancia tanto a nivel internacional, como en Colombia. Aunque estos procesos sean igualmente relevantes en el estudio de dinámicas espaciales de control, han sido excluidos de esta consideración por no implicar siempre grandes escalas de capital. Una investigación que explore este tipo de acaparamiento y su relación con los procesos aquí descritos es fundamental, pero excede los propósitos del presente trabajo. Para profundizar sobre el concepto de green grabbing, consultar The Journal of Peasant Studies, Vol. 39, N° 2 (2012).
13
importancia a los actores internacionales y a sus movimientos (Deninger y Byerlee 2011, L.
Cotula 2012). Quienes desafían esta lectura, critican la sobredeterminación internacional
del fenómeno, y llaman la atención sobre la importancia de los contextos, procesos y
actores locales. Insisten en la multicausalidad del proceso, y sostienen que lo relevante del
mismo es que se da según las dinámicas contemporáneas del capitalismo global: “demandas
cambiantes del conjunto de cultivos comodín2 y otros sectores alimentarios, un aumento
sustancial en la demanda de minerales y otras materias primas básicas (sobre todo madera),
y políticas relacionadas con las estrategias para mitigar el cambio climático” (Borras, Kay,
Gómez, y Spoor, 2012, p. 851). Desde esta segunda lectura, el ejercicio de periodización
debe tener en cuenta cómo interactúan estas dinámicas globales con los contextos locales, y
aunque las crisis de distinta índole (políticas, económicas, sociales, ambientales) juegan un
papel, el fenómeno no queda sujeto a una única causa.
Al estudiar el caso colombiano se vuelve necesario reformular críticamente la periodización
que se ha hecho del fenómeno, pues como se verá más adelante, las particularidades que
enmarcan el acaparamiento de tierras se deben a procesos previos al 2007-2008. Desde las
últimas décadas del siglo XX, Colombia vivió una serie de transformaciones que afectaron
de manera importante las relaciones sociales en el campo. Una mirada histórica sobre el
problema tradicional del control sobre la tierra nos ayuda a comprender mejor las
particularidades de este proceso, en tanto nos permitirá precisar la manera en que el
acaparamiento se inserta en transformaciones mucho más profundas.
2 Los cultivos comodín o los ‘flex crops’, como la palma de aceite, la soya, el maíz o la caña de azúcar entre otros, son cultivos que pueden ser aprovechados según la necesidad o la rentabilidad del momento, para la producción de alimentos, de forrajes, o de agrocombustibles. Distintos autores han señalado la importancia de estos procesos en las dinámicas del capitalismo contemporáneo y su relación con avances tecnológicos que permiten un aprovechamiento íntegro de la biomasa (Borras et al., 2014; Fradejas, et al., 2016).
14
CAPÍTULO II
UNA MIRADA HISTÓRICA AL CONTROL SOBRE LA TIERRA EN
COLOMBIA: PERIODOS Y TRANSFORMACIONES
Este capítulo es un esfuerzo por revisitar brevemente la historia agraria del siglo XX en
Colombia desde una perspectiva que incorpora las nociones asociadas al concepto de
acaparamiento de tierras. Aunque no se pretende rastrear este fenómeno en el pasado, sí se
busca dar cuenta de la evolución histórica de los rasgos del control sobre la tierra que son
relevantes para la comprensión del acaparamiento contemporáneo de tierras. Para ello se
consultaron textos que ofrecían información sobre los problemas relacionados con las
distintas formas de acceso y control sobre la tierra, aunque este no fuera su tema central.
La periodización adoptada busca señalar que en distintos momentos ha habido una
fluctuación de la concentración formal de la propiedad sobre la tierra, y que además, dicho
movimiento ha estado acompañado de transformaciones importantes en las relaciones
sociales que se tejen alrededor de esta. Cada periodo está caracterizado a partir de seis
categorías de análisis:
• Las formas de acceso a la tierra,
• los usos y actividades que tienen lugar en ella,
• las políticas públicas y las instituciones relacionadas con dicho estado,
• los actores beneficiarios del control sobre la tierra,
• los conflictos que surgen en razón de este orden, y
• las razones que explican el fin del periodo.
El análisis histórico a partir de estas seis categorías caracteriza el sentido del control sobre
la tierra en cada periodo. Consideradas en conjunto, describen el entramado de relaciones
sociales que en cada momento se teje alrededor de la tierra. No obstante, cabe mencionar
15
que el ejercicio de periodización cuenta ciertamente con algunas limitaciones: su carácter
esquemático difícilmente se corresponde con una realidad compleja. Esto quiere decir, en
primer lugar, que ciertos rasgos con que se caracterizan los periodos pueden estar presentes
por más o menos tiempo en la realidad. Los límites temporales de cada periodo no pueden
interpretarse como barreras cerradas, definitivas e inflexibles. En segundo lugar, es
importante tener en cuenta la enorme heterogeneidad que hay entre las dinámicas de una
región y otra. De Colombia se dice a menudo que es un país de regiones3, queriendo
señalar la enorme variabilidad con que se dan los procesos históricos en una región y en
otra. Siendo así, es muy probable que las dinámicas que tuvieron lugar en una región,
difieran mucho de las que tuvieron lugar en otra. Contemplar estas precisiones es, sin
duda, muy pertinente; pero por cuestiones de tiempo y extensión, escapa a los alcances de
este trabajo.
A pesar de las limitaciones, el ejercicio de periodizar distintos momentos conserva su
relevancia por dos razones. En primer lugar, porque permite destacar las particularidades
con que se expresa en momentos diferentes un fenómeno aparentemente igual. Al historizar
el control sobre la tierra, se ofrece una mirada más amplia de la trayectoria de las relaciones
sociales que se configuran a su alrededor. En segundo lugar, porque una comprensión
adecuada del acaparamiento de tierras, como anotan Edelman y León (2014), debe
“observar el momento presente como un epifenómeno resultante de un conjunto de
procesos materiales y sociales anteriores; restaurando así la agencia de clases sociales en
contienda, en vez de entender sus acciones como determinadas completamente por varias
deus ex machina” (p. 197).
Primer periodo: 1820-1944
En este primer periodo el fomento a la colonización y la concesión de baldíos desde el
Estado es la forma primordial de acceso a la tierra. En un primer momento que va de 1820
a 1870, el Estado ofreció tierras a élites adineradas con el fin de recaudar dinero para pagar
3 El texto académico clásico que plantea esta interpretación es: Colombia: país fragmentado, sociedad dividida. Su historia (Palacios y Safford, 2002).
16
las deudas adquiridas en las guerras de independencia. A partir de 1870 se fomentó tanto la
colonización campesina como la comercial; no obstante, el reparto de la tierra terminó
siendo profundamente desigual. De acuerdo con Catherine LeGrand (1988), la estructura
latifundista de la tierra dominante en Colombia no fue el resultado del dominio colonial –
como comúnmente se cree-, sino más bien de la incapacidad estatal de regular
efectivamente las políticas públicas con las que se intentó fomentar la colonización de las
fronteras agrícolas.
Además del recaudo fiscal, el fomento de la colonización tuvo el objetivo de estimular la
producción de cultivos exportables en el vasto territorio que permanecía cubierto por
bosques. El monte fue tumbado para dar paso a cultivos de maíz, café, algodón, tabaco,
banano, y maderables. En otras regiones predominaron actividades menos productivas
como la ganadería extensiva, o la especulación (LeGrand, 1988, p. 125). La ganadería ha
sido asumida muchas veces como un ejercicio que se regía por lógicas de control territorial,
más que de rentabilidad económica, pues permitía asegurar un dominio sobre grandes
territorios y su población, con bajos costos (Reyes, 1978; Fals Borda, 1982; LeGrand,
1984). Algunos autores, sin embargo, atribuyen el crecimiento de la ganadería a la falta de
vías, crédito, y mano de obra para la producción agrícola. Estudios regionales como los de
Jane Rausch en los Llanos orientales (2003), o el de Eduardo Posada-Carbó en la costa
atlántica (1988) se inscriben en esta línea. Shawn van Ausdal recalca que la tala de bosques
y el sembrado de pastos africanos requirió de importantes esfuerzos e inversiones, de
manera que la lógica económica también jugó un papel importante en el crecimiento de la
ganadería (2009).
La promoción de la colonización y la venta de baldíos fue una forma de salirle al paso a la
grave crisis fiscal en que el Estado se encontraba desde la Independencia. Por otro lado, las
tierras también fueron utilizadas en este mismo periodo como forma de pago a quienes
prestaban servicios al Estado. Militares, constructores de ferrocarriles y de vías se vieron
beneficiados de esta política pública (LeGrand, 1984; 1988). La precariedad de las
instituciones políticas y judiciales, y el clientelismo dominante en ellas, impedía controlar
adecuadamente el reparto de las tierras y permitió que muchas veces, la conformación de
17
grandes latifundios se hiciera a expensas de pequeños colonos que se habían asentado
anteriormente en los mismos baldíos. Las prácticas de los terratenientes y dejaba a los
colonos ante una disyuntiva: o se vinculaban como arrendatarios o aparceros de los
“legítimos” propietarios, o migraban nuevamente hacia territorios más alejados (LeGrand,
1988).
A pesar de que la legislación de entrega de baldíos de finales del siglo XIX y principios del
siglo XX contenía disposiciones particularmente favorables para los pequeños campesinos
colonos, fueron las grandes élites quienes más se beneficiaron (LeGrand, 1988). Solo en la
región de Antioquia la economía cafetera se consolidó a partir de las explotaciones de
pequeños productores asociados equitativamente (Parsons, 1949; Kalmanovitz y López,
2012).Como se puede apreciar en el Cuadro 1, la mayor cantidad de tierra fue entregada a
grandes terratenientes, quienes además, aprovecharon la presencia de los colonos para
emplearlos como mano de obra.
18
Cuadro 1: Distribución de las concesiones de baldíos por tamaño entre 1827 y 19314
Tamaño de la concesión Total (1827-1931)
1-20 ha Nº de concesionarios 2.171 Nº de hectáreas 34.182
21-100 ha Nº de concesionarios 1.304 Nº de hectáreas 75.546
101-500 ha Nº de concesionarios 850 Nº de hectáreas 205.946
501-1000 ha Nº de concesionarios 290 Nº de hectáreas 231.256
1001-2500 ha Nº de concesionarios 316 Nº de hectáreas 588.694
2501-5000 ha Nº de concesionarios 134 Nº de hectáreas 536.840
Más de 5000 ha Nº de concesionarios 78 Nº de hectáreas 1’093.963 Fuente: LeGrand 1988
No es de extrañar que la dinámica de concentración y expulsión de los colonos hubiera
dado pie a álgidos conflictos agrarios que explotaron a finales de los años 20 y principios
de los 30. Organizaciones de colonos y campesinos realizaron masivas invasiones a grandes
propiedades inutilizadas o subutilizadas (Tovar, 1975; LeGrand, 1988; Palacios, 2011). De
acuerdo con LeGrand, esto fue posible gracias a que para 1928 ya existía una normativa
que protegía los derechos de estos sujetos. Adicionalmente, señala que varios líderes
políticos de la época pertenecientes a los partidos tradicionales, pero sobre todo al Liberal,
coincidían en que el problema agrario se había vuelto un problema nacional, no solo por la
escalada de las luchas que emprendieron organizaciones como el Partido Agrario Nacional,
el Partido Comunista de Colombia o la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, sino
también porque veían en el latifundio improductivo un obstáculo al desarrollo.
4 Aunque estos datos no describen la estructura de la propiedad agraria en este periodo, en tanto no dan cuenta de la totalidad de la propiedad privada sobre la tierra, sí dan cuenta de la concentración generada por las políticas de adjudicación de baldíos.
19
De acuerdo con el profesor Albert Berry, la gran concentración de la tierra durante este
periodo generaba enormes ineficiencias en la producción agrícola (1973) 5. El predominio
del latifundio improductivo tradicional en esta época fue un gran obstáculo para el
desarrollo de relaciones propiamente capitalistas o modernas en el campo (García Nossa,
1973; Arrubla, 1976; Bejarano, 1976; Kalmanovitz, 1996). Fals Borda (1982), sin embargo,
señala que desde los años 30 la naciente clase de empresarios agrícolas empezó a desplazar
poco a poco a los latifundistas tradicionales en ciertas regiones del país, haciendo énfasis en
el impacto de este proceso sobre las formas de organización del trabajo, que dependían
cada vez más de jornaleros libres y asalariados. Marco Palacios en un trabajo reciente,
destaca la importancia de los derechos de propiedad y las instituciones en el desarrollo
económico de la época. En su concepción, los derechos de propiedad de tipo oligárquicos
de la época, alimentaron el conflicto entre latifundistas y campesinos, al tiempo que
favorecieron un modelo de desarrollo rentista e improductivo (Palacios, 2011).
En 1936 se aprobó la Ley 200, impulsada por el presidente liberal Alfonso López Pumarejo
para dar tratamiento a la conflictiva situación del campo. La ley regulaba la extinción de
dominio a terrenos improductivos6, la parcelación de haciendas, la formulación de derechos
de propiedad más estables y la obligación del reconocimiento a la propiedad que aparceros
y arrendatarios tenían sobre las mejoras que realizaban en los predios. Para algunos autores,
la medida buscaba modernizar el campo a través del modelo Junker7 (Bejarano, 1976).
Aunque algunos campesinos y colonos que participaron en las invasiones de los años 20 se
5 Este argumento ha sido explorado tanto teórica como empíricamente numerosas veces por distintos estudiosos del campo de la economía del desarrollo. De acuerdo con Albert Berry, “desde hace mucho tiempo la relación inversa (RI) entre el tamaño de la finca y la productividad de la tierra ha sido un elemento clave en el argumento de que tal distribución de la tierra puede ser equitativa y a la vez promotora del crecimiento” (Berry, 2014, p. 345). En términos teóricos, esto se debe a que: i) las fincas grandes suelen tener mayor proporción de tierra sin utilizar, ii) tienen tasas de cosecha más bajas por año, iii) tienen un patrón de cultivo menos valioso, y iv) a veces tienen rendimientos por cultivo más bajos (Lipton, 2009, p. 72). Es importante anotar, sin embargo, que también se reconoce la importancia de otros factores en la productividad además de la distribución de la tierra, tales como el acceso a bienes públicos, servicios, y mercados, y la existencia de instituciones sólidas. “Aunque el tamaño de las fincas no sea el determinante principal de la productividad de la tierra, gana importancia a medida que los otros factores asociados al crecimiento de la finca disminuye en los países en desarrollo” Cf. Lipton 2009, 65. 6 Que solo podía tener lugar luego de 10 años. 7 En los debates clásicos sobre la cuestión agraria, el camino Junker (o nobleza terrateniente) se refiere al camino de modernización de la agricultura seguido por países como Prusia, consistente en un sistema de grandes propietarios que se tecnifican y emplean jornaleros. Cf. Kautsky 2015.
20
vieron beneficiados por la ley, muchos historiadores consideran que terminó por legitimar
la propiedad adquirida ilegalmente por los terratenientes (Fals Borda, 1982; Fajardo, 2002;
Palacios, 2011). Por otro lado, se dice que aunque el proyecto intentó modernizar a la clase
trabajadora, llevó a que muchos terratenientes echaran a los aparceros de sus tierras para no
reconocerles la propiedad sobre sus mejoras (LeGrand, 1988; Berry, 2002; Machado,
2009a).
Aunque a corto plazo la presión ejercida por la ley a las haciendas para que se volvieran
productivas incentivó el crecimiento de la ganadería, sentó a largo plazo las bases para que
efectivamente algunas propiedades rurales se modernizaran. La Ley 200 también logró
atenuar las luchas agrarias y diezmar las organizaciones que las agitaban. El fin –analítico-
de este primer periodo no se da por una transformación que aliviane la desigualdad en el
control de la tierra, sino más bien por las transformaciones que tuvieron lugar en los años
40 con respecto a las características de la producción agrícola.
En síntesis, la literatura coincide en que este periodo está dominado por la gran
concentración de la propiedad causada por las políticas de concesiones de baldíos. Las
tierras entregadas se concentraron en manos de hacendados pertenecientes a élites
regionales pre-existentes que no tenían la capacidad ni el interés inmediato de poner a
producir intensivamente las tierras que poseían. Es por ello que al lado de pequeñas
explotaciones de cultivos para exportación (café, algodón, tabaco), predominó la ganadería
extensiva y la especulación. Mención aparte merece la economía bananera que desde
principio de siglo, e impulsada por capital norteamericano, definió un paisaje capitalista en
las regiones de Urabá y Magdalena. Como lo destacan algunos historiadores, las
transformaciones políticas y legales de la república liberal (1930-1946) sentaron las bases
para que la agricultura diera un salto cualitativo hacia la modernización de los procesos
productivos (Fals Borda, 1982; LeGrand, 1988). Esta transformación es parte fundamental
de la caracterización que se hace del siguiente ciclo de concentración.
21
Tomado de: Catherine LeGrand, 1988, p. 77.
Mapa 1: Adjudicaciones de tierras baldías por municipios, 1901-1931
22
Segundo periodo: 1944-1968
El segundo periodo está caracterizado por la consolidación de un poder terrateniente con
aspiraciones comerciales. Como respuesta a las transformaciones en las formas de
organización del trabajó que generó la Ley 200 de 1936, los gremios agricultores y
cafeteros presionaron para que el gobierno aprobara la Ley 100 de 1944, que declaraba la
utilidad pública de los contratos de aparcería, postergaba en cinco años más la entrada en
funcionamiento de la extinción de dominio que contenía la Ley 200, y reglamentaba
algunos aspectos relacionados con la parcelación de las haciendas. Lo que buscaban con
esto era “recuperar sistemas de producción con relaciones sociales premodernas. […] Ello
permitía conservar al trabajador atado a una tierra que no le pertenecía, pero que le
brindaba una subsistencia mínima y lo mantenía en la pobreza.” (Machado, 2009a, p. 231)
La modernización de la agricultura comercial se dio a expensas de formas premodernas de
asociación laboral, y el desarrollo del campo se dio en simultáneo con el convulsionado
periodo de la Violencia. El poder terrateniente en esta época facilitó los procesos de
acumulación de capital que permitieron la transformación de los procesos productivos de la
agricultura.
Por un lado, la adquisición de tierras en este periodo se basó en la adjudicación de baldíos.
La promoción de la colonización siguió siendo una política de Estado hasta finales de los
años 50 (Arango, 1987; Sánchez, 1989). Aunque el trámite para la obtención de títulos
recibió mayor acompañamiento institucional, la demarcación de los terrenos siguió siendo
muy rústica. De estas incapacidades técnicas se aprovecharon grandes terratenientes que
extendieron ilegítimamente los linderos de su lote. La política de baldíos del gobierno
conservador de Ospina Perez (1946-1950) fue particularmente laxa, al establecer que en
zonas de pastos naturales, eran permitidas adjudicaciones de hasta 5000 hectáreas
(Machado, 2009a, p. 246). Por otro lado, el despojo medió la adquisición de algunas tierras,
particularmente tras el estallido de la Violencia en 1948. Paul Oquist (1978), estimo que
fueron despojadas cerca de 393.468 parcelas8, tanto en regiones habitadas por pequeños
8 Aunque el trabajo de Paul Oquist ha sido objeto de importantes críticas por parte de la literatura posterior sobre la Violencia, se decidió incluir la cifra presentada sobre la cantidad de parcelas despojadas con fines
23
cafeteros (Arango, 1987, p. 207), como en las zonas de reciente colonización del Sumapaz
y de los Llanos orientales (LeGrand, 1988; Rausch, 2003). Además de la apropiación
violenta de facto, se consolidó también un grupo de personas dedicadas exclusivamente a
comprar a bajos precios las tierras de campesinos que migraban para venderlas luego a
terratenientes (Memoria Histórica, 2015). Un cuerpo importante de literatura ha sostenido
que la Violencia partidista encontró en los conflictos agrarios previos un importante
catalizador (Sánchez, 1989). En palabras de Pierre Gilhodes, fue la oportunidad perfecta
para “la revancha de los terratenientes” (Gilhodes, 1970, p. 45), refiriéndose a la manera en
que estos aprovecharon el desorden para desplazar campesinos que habían participado en
las luchas por la tierra de los años 20 y 30.
Las transformaciones en el uso de la tierra constituyen una de las características principales
de este periodo. En él se da una transición (lenta, progresiva y quizás aún precaria) hacia
una estructura productiva más moderna, mecanizada e intensiva. La agricultura comercial
recibió un importante impulso de distintas políticas públicas, y pasó de ocupar el 19% del
área cultivada, a cerca del 41% en la segunda mitad de los años setenta (Ocampo, Bernal,
Avella, y Errazuriz Cox, 2015, p. 267). De acuerdo con el Informe de la Misión de Estudios
del Sector Agropecuario, la inversión de capital durante este periodo permitió “importantes
innovaciones en las técnicas de producción, con un mayor uso de maquinaria y utilización
de fertilizantes” (1990, p. 54). Según Astrid Martinez, el número de tractores importados
aumentó sustancialmente desde 1945, atendiendo sobre todo a la expansión de los cultivos
comerciales en el Valle del Cauca, Cundinamarca y Tolima. De 6.500 tractores que había
en 1950, se pasó a 24.621 en 1976 (Martínez, 1986, p. 92).
Las transformaciones de la estructura productiva agrícola estuvieron impulsadas por las
políticas de sustitución de importaciones de alimentos y de materias primas, adoptadas por
el gobierno como respuesta a la disminución del comercio internacional a raíz del estallido
de la Segunda Guerra Mundial (Arango, 1987). Aunque la guerra duró apenas 6 años, la
política se orientó luego a cubrir la demanda de las ciudades en crecimiento. Las facilidades
ilustrativos. En la revisión de literatura realizada no se encontraron datos diferentes, pero es probable que la cantidad sea menor, teniendo en cuenta que en 1954 había 919.00 explotaciones agrícolas.
24
de crédito que los gobiernos de la época ofrecieron a los agricultores comerciales fueron
determinantes (Kalmanovitz y López, 2006; Machado, 2009a; Fajardo, 2014). La Ley 100
de 1944 complementó este estímulo al restablecer el acceso a mano de obra barata a través
de la legalización de la aparcería. El Cuadro 2 permite observar la importancia que fue
adquiriendo el capital (relacionado con el crédito) y el trabajo en el crecimiento de la
productividad agrícola desde los años 50. Entre 1950 y 1965, la contribución del factor
capital aumentó 30%. La del trabajó, por su parte, aumentó 22%, mientras que la del área
disminuyó 2%.
Cuadro 2: Fuentes de crecimiento de la producción agrícola 1950-1975
Tasas de crecimiento
(Promedio anual) Contribución al crecimiento
(En porcentaje)
Periodo Producto Área Capital Trabajo Área Capital Trabajo Total factores Productividad
1950-1955 3,75 2,93 0,06 0,97 14 1 11 26 72
1955-1960 3,17 0,39 1,32 1,76 2 18 24 44 52
1960-1965 2,26 2,01 1,56 1,69 12 31 33 76 24
1965-1970 4,48 -0,88 5,68 1,68 -3 56 16 69 31
1970-1975 4,63 2,38 5,02 0,93 7 48 9 64 36 Fuente: Misión de Estudios del Sector Agropecuario 1990
El sesgo de las políticas públicas hacia la agricultura comercial evidencia la influencia que
tenían quienes controlaban la tierra sobre el Estado. La presión de la Sociedad de
Agricultores de Colombia (SAC) y de la Federación Nacional de Cafeteros en favor de la
ley 100 de 1944 ha dado píe para que haya sido interpretada por la literatura como un
verdadero pacto de terratenientes (LeGrand, 1988; Machado, 2009a; Arango, 2014). Una
mirada de la economía política intersectorial de la época, revela incluso que la agricultura
siempre fue destinataria privilegiada de las políticas de fomento económico por encima de
otros sectores como la industria. Una explicación coherente de esta tendencia, tiene que ver
con la importancia política que tenían las élites agrarias en el funcionamiento de las redes
25
clientelares 9 (Brando, 2012, p. 255). Así pues, es importante señalar que las
transformaciones que caracterizan este periodo son incomprensibles en su integridad, si no
se tiene en cuenta el entramado de relaciones políticas que rodean el control de la tierra.
Mapa 2: Departamentos afectados por el despojo de tierras durante la Violencia
Fuente: Elaboración propia a partir de Oquist, 1978.
9 El clientelismo ha estado tradicionalmente asociado al funcionamiento de la democracia colombiana, y su escenario privilegiado ha sido siempre el campo. Algunos aportes destacados sobre el tema se encuentran en: Leal Buitrago y Davila Ladrón de Guevara, 2010; Martz, 1997; Reyes, 1978.
26
Las transformaciones de este periodo no estuvieron exentas de contradicciones y de
conflictividad. La concentración y el despojo de tierras motivó la formación de diversos
movimientos guerrilleros, que estaban dirigidos en buena medida por antiguos líderes
agrarios que habían sido expulsados por terratenientes conservadores o por el avance de la
agricultura capitalista (Sánchez, 1989, p. 150). En consecuencia, las masas campesinas
generaron agendas y mandatos autónomos con respecto a las élites partidistas que las
controlaban inicialmente, e incluso fueron capaces de dirigir su hostilidad hacia ellas. Se ha
dicho que de alguna manera, este proceso alcanzó su culmen en 1963 con el surgimiento de
las FARC como guerrilla.
La concentración de tierras también fue problemática para quienes pensaron en el
desarrollo económico como una necesidad. Personajes liberales como Lauchlin Currie o
Carlos Lleras Restrepo asociaban la falta de productividad del trabajo y de la tierra en el
campo a la coexistencia de grandes latifundios y de diminutos minifundios (Currie, 1950,
pp. 44-71). De acuerdo con este último, la desigual distribución de la tierra alimentaba los
descontentos populares, y la migración desordenada de campesinos sin tierra hacia la
ciudad ponía en riesgo el orden público (Sánchez, 1989, p. 173). Por otro lado, las visiones
influenciadas por el marxismo y el estructuralismo vieron también la concentración de la
tierra como un obstáculo para el desarrollo, pero profundizaron en sus implicaciones
políticas. Según Antonio García Nossa la estructura agraria bimodal dificultaba
enormemente la asimilación de las dinámicas económicas capitalistas, al tiempo que
cristalizaba rígidas formas de organización social que se extendían a los partidos políticos y
al Estado. En su opinión, la estructura bimodal estrangulaba definitivamente el desarrollo
económico justo y equitativo, y la “organización democrática del Estado por medio de la
auténtica participación de las masas campesinas” (García Nossa, 1967, p. 6). El Cuadro 3
muestra los resultados de los primeros estudios estadísticos que documentan, aunque sea
parcialmente, la desigual estructura de la tenencia de la tierra en Colombia10. En él se puede
apreciar que en 1954, los predios mayores a 1000 hectáreas representaban el 0,37% de las
explotaciones, pero ocupaban cerca del 27% del área total. Al mismo tiempo, el 70,5% de
10 Es importante tener en cuenta que los datos recolectados tanto en la Muestra Nacional Agropecuaria de 1954, como en el Censo Nacional Agropecuario de 1960, son parciales y no cubren la totalidad del territorio nacional.
27
las explotaciones eran de menos de 10 hectáreas y ocupaban alrededor del 7% de la
superficie. En 1960 la tendencia se profundiza, pues el 30% de la superficie era ocupada
por el 0,2% de las explotaciones mayores a 1000 hectáreas, y apenas el 8,8% de la
superficie era controlada por el 76,5% de las explotaciones menores a 10 hectáreas
Cuadro 3: Número y superficie de las explotaciones según su extensión 1954 y 1960
Fuente: IGAC 2012, que recolecta datos de la Muestra Nacional Agropecuaria de 1954 y del Censo
Agropecuario 1960.
La llegada de Alberto Lleras Camargo a la presidencia en 1958 puede ser interpretada como
el antecedente del evento que da fin a este periodo. En 1961, amparado en la necesidad de
resolver los conflictos agrarios que se agudizaban desde 195811, dar empuje al desarrollo
capitalista, y evitar la posibilidad de una revolución popular, Lleras presenta la Ley 135 de
reforma agraria. La ley reafirmaba la función social de la tierra consignada en la Ley 200
de 1936 y fortalecía los instrumentos jurídicos y políticos con los que contaba el Estado
11 Un excelente recuento de la relación entre los crecientes conflictos agrarios y la política de reforma agraria de 1961 se encuentra en el reciente informe del Centro de Memoria Histórica titulado Tierras y conflictos rurales. Historia, políticas agrarias y protagonistas, 2016.
Extensiones (hectáreas)
Número de explotaciones Porcentaje Superficie (miles de
hectáreas) Porcentaje
1954 1960 1954 1960 1954 1960 1954 1960
Menores de 5 504.566 700.225 54,9 62,5 927,1 1.239 3,4 4,5
5 a menos de 10 143.549 169.145 15,6 14,0 982,6 1.165 3,6 4,3
10 a menos de 50 186.646 201.020 20,3 16,6 3.970,5 4.211 14,4 15,4
50 a menos de 100 37.814 47.763 4,1 3,3 2.586 2.680 9,4 9,8
100 a menos de 500 38.335 36.010 4,2 3,0 8.117,8 6.990 29,3 25,6
500 a menos de 1000 4.912 4.141 0,5 0,3 3.749,1 2.731 13,6 10,0
1000 y mayores 3.178 2.761 0,37 0,2 7.415 8.322 26,8 30,4
Total 919.000 1.209.672 100 100 27.748,1 27.338 100 100
28
para intervenir en favor de su cumplimiento a través de la expropiación o la compra. De
esta manera, se buscó beneficiar a campesinos sin tierra a través de la entrega de tierras que
provenían de baldíos, tierras inadecuadamente explotadas o de terrenos trabajados por
aparceros. En 1968 la reforma es fortalecida por Carlos Lleras Restrepo a través de la Ley
1, que entre otras cosas, establece la creación de la Asociación Nacional de Usuarios
Campesinos (ANUC), una organización que centraliza los intereses del campesinado con el
fin de organizar mejor la presión en defensa de la reforma. De igual manera, la reforma de
1968 buscaba acabar con la aparcería, dándole el derecho a las tierras explotadas a quienes
tuvieran un contrato de esta naturaleza. Los efectos redistributivos de esta medida fueron
pobres, debido a que la mayoría de propietarios prefirió expulsar los aparceros.
La literatura ha hecho un balance negativo de la reforma agraria12. Hay un consenso
generalizado acerca de la marginalidad de sus efectos. Absalón Machado y Álvaro Balcazar
por ejemplo, coinciden en que las medidas adoptadas fracasaron completamente en su
propósito de alterar la estructura agraria de la distribución de la propiedad (Balcazar,
López, Orozco, y Vega, 2001; Machado, 2009b). Aunque tampoco es muy entusiasta,
Mariano Arango destaca que entre 1961 y 1967, el Instituto Colombiano de Reforma
Agraria (INCORA) intervino 1.210 predios con 2.187.186 hectáreas, y resalta además el
fortalecimiento que adquirió el proceso desde 1968. En su concepto, los resultados de la
reforma fueron algo más que marginales (Arango, 1987). En un texto posterior, reconoce
sin embargo, el pobre desempeño de la reforma en términos redistributivos, en tanto la
mayoría de tierras se asignaron a través de la adjudicación de baldíos (Arango, 2014, p.
169). Lorente, Salazar y Gallo son incluso más contundentes en su juicio, pues muestran
que entre 1960 y 1970, periodo de la primera etapa de la reforma, se presentó un
crecimiento en la cantidad de predios que medían entre 20 y 1000 hectáreas, al tiempo que
disminuían los menores a 10 hectáreas. Aunque reconocen que este movimiento simultaneo
genera un leve descenso en el Gini, sostienen que la concentración de la tierra era
efectivamente mayor en el 70 que en el 60 (Lorente, Salazar y Gallo 1994, 37).
12 Para una revisión extensa sobre la literatura dedicada al tema de las políticas de reforma agraria en Colombia, consultar Machado 2013.
29
Según lo visto, en el segundo periodo estudiado hay una acumulación de tierras a través de
la adjudicación de baldíos y del despojo en la Violencia. Los usos de la tierra se
transforman en tanto hay un proceso de modernización de los procesos productivos que
impulsan la agricultura comercial. Las políticas estatales de crédito y de trabajo son claves
para la acumulación de capital y reflejan la consolidación de un poder terrateniente con
aspiraciones comerciales. Las desigualdades que se generan dan espacio a movimientos
campesinos que reivindican la lucha armada, y la necesidad de corregir este problema es
llevada a la esfera pública por políticos liberales, y por teóricos marxistas. El fin del
periodo está determinado por el proceso de reforma agraria, y particularmente, por su
fortalecimiento en 1968. A pesar de que la literatura coincide en que sus efectos sobre la
estructura agraria bimodal fueron marginales, se verá que da inicio a un periodo de
importantes transformaciones de los procesos que tienen lugar en el campo.
Tercer periodo: 1968-1984
Entre 1968 y mediados de la década de 1980, Colombia vivió un modesto proceso de
desconcentración de la tierra. Algunos autores lo atribuyen a la entrada en funcionamiento
de los mecanismos de reforma agraria que habilitaban la Ley 135 de 1961 y la Ley 1 de
1968. La naturaleza de este proceso, o sus características principales, están definidas por la
tensión que existe entre las aspiraciones de los campesinos por mayores y mejores
resultados del proceso de reforma por un lado, y la protección a los derechos e intereses de
los propietarios, terratenientes y capitalistas agrarios que gestionan políticos del
establecimiento por el otro lado. Este periodo está a su vez caracterizado por un importante
dinamismo del sector agrícola, que si bien presenta algunos índices de desconcentración de
la tierra, fue favorable a los intereses de los empresarios capitalistas.
Las formas de acceso a la tierra en este periodo variaron según las distintas etapas de la
reforma agraria. Según Darío Fajardo, entre 1961 y 1967 hubo un momento de
organización institucional en el que se inicia el apoyo a la producción, hay adecuación de
tierras y dotación de crédito a los pequeños campesinos. En esta etapa, el INCORA
adjudicó 28.173 hectáreas, y entregó 1.560.084 hectáreas de baldíos. De 1968 a 1972 hubo
30
un periodo de “marcada acción reformista” en el que la organización campesina
centralizada (ANUC) apoya (y presiona en favor de) la intervención estatal. En este periodo
el INCORA promovió con mayor fortaleza la colonización dirigida, y logró adjudicar
129.764 hectáreas de lotes expropiados, y entregó 1.802.023 hectáreas de baldíos, tanto a
pequeños campesinos, como a grandes terratenientes (Arango, 2014; Berry, 2002). El
Informe Final de la Misión de estudios del sector agropecuario (1990) señala que como
efecto de las leyes de reforma agraria, aumentó significativamente la proporción de
explotaciones que estaban bajo responsabilidad del propietario. Simultáneamente, el
arriendo y el colonato disminuyeron como forma de tenencia de la tierra, ya fuera porque el
INCORA se encargó de titular baldíos de colonización, o porque los aparceros fueron
expulsados por los terratenientes ante el miedo de perder los predios explotados por estos.
En el Cuadro 4 se puede apreciar cómo la superficie explotada bajo responsabilidad de
propietarios pasó de ser el 78,8% en 1960, a ser el 91,3% en 1988.
Con el tiempo, las tensiones entre campesinos y terratenientes arreciaron y comenzaron a
expresarse en confrontaciones, invasiones masivas de tierra y fortalecimiento de los grupos
guerrilleros. Los usuarios campesinos decían que “sólo una más rápida redistribución de la
tierra calmaría los ánimos” (Zamosc, 1986, p. 67). En 1973, tras la llegada a la presidencia
del conservador Misael Pastrana, el proceso de reforma agraria experimentó un
estancamiento y posterior retroceso asociado a la celebración del Pacto de Chicoral
(Fajardo, 2014, p. 45). La política de reforma agraria abandonó su enfoque redistributivo y
se concentró en la adjudicación de baldíos en las zonas de frontera agrícola (Fajardo, 2014,
p. 46). No obstante, Mariano Arango señala que a diferencia de procesos previos de
colonización, el que tuvo lugar entre 1962 y 1982 fue significativamente más equitativo,
“pues el 52% de la superficie fue entregada a campesinos y un 48% a medianos y grandes,
que entre 1917 y 1931 acapararon el 90%” (Arango, 2014, p. 105). Distintos autores
señalan sin embargo, que la venta obligada o presionada de mejoras a hacendados por parte
de colonos fue una realidad que no desapareció del todo en este periodo (Molano, 1989;
Berry, 2002).
31
La reforma agraria tuvo algunos efectos en las actividades y usos que se le dieron a la
tierra. La entrega de tierras a pequeños campesinos se tradujo en una expansión de los
cultivos tradicionales y de la ganadería en algunas regiones (Ocampo, Bernal, Avella, y
Errazuriz Cox, 2015). No obstante, Mariano Arango señala que la legislación de reforma
agraria tuvo un sesgo “contra la recomposición campesina” desde el principio. En su
concepto, la adjudicación de tierras favoreció principalmente a los empresarios de la
agricultura comercial, pues evitó la migración descontrolada de habitantes rurales pobres a
la ciudad, y permitió la formación de una reserva de mano de obra en los territorios
(Arango, 2014, pp. 161-163). La expansión del área sembrada ha motivado a algunos
autores a denominar la década de 1970 como una “verdadera edad de oro de la agricultura
colombiana” (Ocampo, Bernal, Avella, y Errazuriz Cox, 2015, pp. 261-267). Como se
puede ver en el Cuadro 5, los cultivos comerciales y de plantación experimentaron el mayor
crecimiento en términos de área sembrada, al pasar de 852.000 hectáreas en 1965, a
1.134.000 en 1984. La economía cafetera también recibió un importante impulso gracias a
las facilidades crediticias que ofrecieron los gobiernos de la época.
La creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en el gobierno de Carlos
Lleras Restrepo jugó un papel fundamental en las transformaciones que se dieron en este
periodo. Además de centralizar los intereses de los campesinos, establecía un canal de
interlocución con el gobierno a través del cual podían participar activamente en la
definición de las políticas de reforma. Esta presión democrática fue clave para que el
INCORA avanzara efectivamente en sus propósitos entre 1968 y 1972 (Zamosc, 1986). El
Pacto de Chicoral, promovido por importantes sectores del conservatismo, el liberalismo, y
los gremios de propietarios que se oponían a la reforma agraria, también fue fundamental.
En una reunión llevada a cabo en Chicoral, Tolima, se definió la necesidad de capitalizar la
agricultura comercial, y de proteger la propiedad de la tierra ante el peligro de expropiación
que representaba la reforma agraria. Dicha voluntad se expresó en las Leyes 4 y 5 de 1973,
y en la Ley 6 de 1975. La primera de ellas, condicionaba la posibilidad de expropiación de
las tierras al incumplimiento de unos mínimos de productividad que nunca fueron
definidos, pero que terminaron por obstaculizar cualquier intento redistributivo al interior
de la frontera agrícola. La segunda, creó el Fondo Nacional Agropecuario, que suministró
32
“crédito generoso” a la agricultura comercial y a la ganadería de cría, leche y doble
propósito (Arango, 2014, p. 170). Finalmente, la Ley 6 de 1975 restableció la legalidad del
contrato de aparcería, aunque este estuviera prácticamente extinto desde 1968. Estas
reformas representaron, en realidad, la reafirmación del dominio de las clases capitalistas
agrícolas, y evidenciaron nuevamente el poder político que tenían quienes controlaban la
tierra (Zamosc, 1986; Machado, 2009b; Berry, 2002; Fals Borda, 1982).
Los datos disponibles sobre la estructura de la propiedad rural en este periodo provienen del
Censo Agropecuario de 1970, de las Encuestas Agropecuarias y de Hogares que se
desarrollaron entre 1984 y 1986, y del registro catastral. Las diferencias metodológicas en
la recolección de la información de las distintas muestras llevan a Kalmanovitz y López a
afirmar, siguiendo a Berry, que la información catastral no es conceptualmente compatible
con la información censal (Kalmanovitz y López, 2006, pp. 319-326). Esto sin embargo, no
ha impedido que distintos autores aventuren proyecciones o estimaciones sobre las
tendencias generales que rigen este periodo. Heath y Deininger (1997), por ejemplo,
afirman que después de 25 años de reforma agraria, el Gini de tierras mostró una muy
ligera reducción, al pasar de 0,86 a 0,84. Mariano Arango por su parte sostiene que el
índice de concentración de Gini en las unidades de explotación en relación con la
superficie, cambió de 0,803 en 1960 a 0,748 en 1988 (Arango, 2014, p. 174). Tal y como se
puede ver en el Cuadro 6, Lorente, Salazar y Gallo comparan la información recogida en
1960, 1970 y 1984 con el fin de mostrar las tendencias generales de la variación. A pesar de
que hay consenso entre los distintos autores con respecto al leve descenso en la
concentración de la tierra, hay quienes lo conciben como un resultado efectivo del proceso
de reforma agraria (Arango, 2014), y hay quienes lo atribuyen a procesos naturales de
herencia, y de transacción en el mercado, más que a la reforma (Balcazar, López, Orozco, y
Vega, 2001). Finalmente, todos parecen estar de acuerdo en que a pesar de los cambios
vividos en este periodo, la estructura bimodal de la tenencia de la tierra se mantuvo
(Machado, 1998; Balcazar, López, Orozco, y Vega, 2001; Berry, 2002).
En síntesis, se puede decir que las políticas de reforma agraria transformaron las formas de
acceso a la tierra en este periodo, desconcentrando de alguna manera la propiedad de la
33
tierra y favoreciendo inicialmente los intereses de los campesinos. No obstante, la
influencia política de los terratenientes y de los empresarios agrícolas, se impuso sobre los
esfuerzos de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos por profundizar la reforma,
logrando consolidar la expansión de la agricultura comercial hasta finales de los años
ochenta (Fajardo, 2014). Desde mediados de los ochenta, las transformaciones estructurales
que vivió el país afectaron al mundo rural y reversaron la tendencia a la desconcentración.
El periodo que se analiza a continuación está también caracterizado por una renovación de
las clases terratenientes y de sus redes de poder. Así pues, se da inicio a un nuevo ciclo de
concentración que se extiende hasta nuestros días.
34
Cuadro 4: Evolución de superficie de las explotaciones según el régimen de tenencia de la tierra (1960-1988)
1960 1988 Variación
Formas de tenencia Hectáreas (miles) Porcentaje Hectáreas (miles) Porcentaje Hectáreas (miles) Porcentaje
Propiedad 18994.6 76,8 29116.7 91,3 10122.1 53,3
Arriendo 2331.8 9,4 1103.9 3,5 -1227.9 -52,7
Colonato 2888.8 11,7 1123.2 1,7 -2334.9 -85,3
Otras 526.3 2,1 1123.2 3,5 596.9 113,4
Total 24741.5 100 31897.7 100 7156.2 28,9 Fuente: Misión de estudios del sector agropecuario, 1990.
Cuadro 5: Crecimiento del sector agrícola (1954-1984)
Área (Miles de hectáreas) Valor de la producción (Millones de pesos de 1975)
Periodo Comerciales. y de plantación13
Tradicionales y mixtos
dinámicos14
Tradicionales y mixtos de lento
crecim.15 Total Comerciales. y
de plantación
Tradicionales y mixtos
dinámicos
Tradicionales y mixtos de
lento crecim. Total
1950-1954 373 351 1.215 1.939 3.276 8.206 8.296 19.778 1955-1959 460 379 1.253 2.093 4.644 8.792 8.329 21.764 1960-1964 652 401 1.176 2.228 7.648 9.570 8.546 25.764 1965-1969 852 465 1.220 2.537 10.999 11.598 9.477 32.073 1970-1974 936 690 939 2.565 14.926 15.580 7.374 37.879 1975-1979 1.199 755 943 2.900 19.7782 19.919 9.836 49.537 1980-1984 1.134 765 952 2.850 21.481 21.919 9.919 53.319 Fuente: Ocampo, Bernal, Avella, y Errazuriz Cox, 2015.
13 Arroz, cebada, sorgo, ajonjolí, algodón, palma africana, soya, azúcar, banano de exportación y cacao. 14 Papa, tabaco, yuca y plátano. 15 Maíz, trigo, fríjol y panela.
35
Cuadro 6: Número, propietarios y superficie según su extensión (1960-1970-1984)16
DANE 1960 IGAC 1970 IGAC 1984
Tamaño (ha) Predios Propietarios Superficie Predios Propietarios Superficie Predios Propietarios Superficie
0 - 1 272.193 298.271 84.770 261.489 286.534 90.443.8 379.030 447.831 133.650.9
1 - 3 280.833 311.415 457.002 248.148 275.167 401.012.1 294.000 366.135 506.352
3 - 5 113.759 127.627 414.069 104.159 116.862 377.220 135.174 173.942 507.112
5 – 10 117.004 134.236 786.544 109.789 125.965 729.248 145.622 190.401 1’010.770
10 – 20 80.195 91.145 1’099.391 82.086 93.299 1’106.014 111.569 146.412 1’547.710
20 – 50 65.061 74.653 1’957.094 73.361 84.177 2’2.13.834 102.221 136.006 3’193.079
50 – 100 28.447 32.923 1’676.484 33.006 38.203 1’942.902 45.894 62.155 3’136.664
100 – 200 16.262 19.418 2’139.059 18.437 22.017 2’420.273 24.166 34.487 3’293.681
200 – 500 9.551 11.530 2’674.797 10.981 13.257 3’036.353 12.614 19.034 3’714.278
500 – 1000 2.414 3.162 1’730.858 2.737 3.586 1’970.405 2.761 4.856 1’840.438
1000+ 1.236 1.695 2’875.589 1.326 1.819 3’084.295 1.168 1.889 3’349.299
Total 986.955 1’106.075 15’895.657 945.528 1’060.886 17’372.003 1’254.219 1’583.148 22’233.’37
Fuente: Lorente, Salazar y Gallo 1994.
16 El trabajo realizado por Lorente, Salazar y Gallo para hacer compatibles los resultados, implicó descontar los Departamentos de Antioquia (que tiene un censo propio diferente al nacional, y que por lo tanto no se incluye en los resultados del estudio del IGAC de 1970, ni en el de 1984), Caquetá, Guajira, Arauca, Guaviare, Putumayo, San Andrés y Vichada. La omisión de estos últimos se debe al deficiente registro catastral en estas zonas. Para mayor información sobre las pautas metodológicas que los investigadores tuvieron en cuenta para hacer esta tabla, consultar Lorente, Salazar y Gallo 1994, pp 495-500. Para una discusión crítica sobre estas pautas, ver Kalmanovitz y López 2012, pp 321-333; Berry 2002 p 52.
36
Cuarto periodo: 1984 - 2016
Hacer un balance de este periodo resulta complejo por su actualidad y por el número de
procesos distintos que ocurren simultáneamente en distintas regiones y niveles de análisis.
En primer lugar, habría que decir que es un periodo de transformaciones estructurales que
afectan tanto la composición y estructura de las clases sociales rurales, como los usos de la
tierra y los procesos productivos. Los narcotraficantes, como nuevo actor social, acceden al
control de la tierra y transforman el latifundio tradicional. La intensificación del conflicto
armado y las políticas económicas de la época motivan transformaciones importantes en los
procesos productivos, que tienden cada vez más hacia el predominio de la agricultura
comercial basada en cultivos permanentes. La inserción en los mercados internacionales y
la modernización de la agricultura se realiza, al parecer, en un escenario profundamente
desigual, en el que no sólo la tierra se encuentra en pocas manos, sino también, y de manera
fundamental, el control general sobre el territorio, los procesos productivos y las relaciones
sociales rurales.
Esclarecer las formas de acceso a la tierra en este periodo resulta difícil por la enorme
multiplicidad de procesos simultáneos que tuvieron lugar, cada uno con sus especificidades,
en distintas regiones y en distintos momentos. Uno de ellos fue la compra de tierras con
dinero del narcotráfico. A principios de la década de 1980 el narcotráfico se consolidó en
Colombia como una importantísima fuente de capital ilícito. Rápidamente, quienes
controlaban el negocio de exportación de marihuana y cocaína acumularon grandes
fortunas que invirtieron en tierras de calidad, transformando así la composición de las
clases terratenientes de manera importante. Alejandro Reyes sostiene que “la apropiación
de tierras tiene la lógica económica de ser un ahorro a largo plazo, que se valoriza con la
inversión pública, y la lógica social de representar uno de los fundamentos principales del
dominio regional” (Reyes, 2009, p. 74). Las regiones donde más tierras compraron los
narcotraficantes fueron la Costa Atlántica, principalmente en Córdoba, el Magdalena
Medio, los Llanos orientales, Cauca y el eje cafetero (Machado, 1998, p. 86). Como
correlato de este proceso, se establecieron en las apartadas regiones de frontera agrícola
nuevos frentes de colonización conformados por campesinos que vieron en la siembra de
37
cultivos ilícitos una oportunidad. Fuera de cualquier regulación estatal, esta forma de
acceso a la tierra afectó severamente miles de hectáreas de bosques y selvas nativas (Reyes,
2009).
Por otro lado, durante la década de 1990 el despojo y la apropiación violenta de tierras por
parte de paramilitares y otros actores armados se incrementó dramáticamente, generando,
entre muchas otras cosas, una enorme ola migratoria de habitantes rurales hacia centros
urbanos de todo el país (Ibañez, 2011). La intensificación del conflicto armado durante esta
época estuvo acompañada de una intensa lucha por la tierra, ya fuera por cuestiones de
dominio territorial, o por las oportunidades de acumulación que esto ofrecía en el futuro
(Memoria Histórica, 2012)17. Los procesos mencionados impactaron sustancialmente la
estructura de la propiedad de la tierra y la composición social del campo.
Los usos de la tierra también cambiaron importantemente en regiones donde los
narcotraficantes adquirieron propiedades. En muchos casos, la vocación de la tierra pasó de
ser agrícola, a estar dedicada a actividades poco intensivas en trabajo como la ganadería.
Según el Informe Final de la Misión de estudios del sector agropecuario, este proceso
transformó el latifundio tradicional, pues introdujo innovaciones tecnológicas en la
actividad ganadera como la extensión del fluido de energía eléctrica hasta las fincas, la
tecnificación de los establos, el mejoramiento de los pastos y la importación de
reproductores de raza (Misión de Estudios del Sector Agropecuario, 1990, p. 158).
El cambio en la vocación de la tierra afectó sobre todo a la agricultura campesina. La
agricultura comercial, por el contrario, se vio beneficiada en ciertas regiones de influencia 17 El fenómeno del despojo de tierras ha sido extensamente estudiado y se ha constituido como un cuerpo bibliográfico mismo. Al respecto hay dos tipos de trabajos. El primero, comprende estudios de caso que documentan los mecanismos, impactos y actores concretos que, a través de la coacción violenta, desplazan a los ocupantes originales de tierras en territorios específicos (Salinas y Zarama, 2012). El incluye estudios más generales que elaboran definiciones comprensivas del fenómeno y lo enmarcan en las lógicas del conflicto armado colombiano (Reyes, Duica y Anibal, 2007; IEPRI, CNMH, 2009, Gutierrez Sanin, 2014). Una de las definiciones más elaboradas lo caracteriza como “el proceso mediante el cual, a partir del ejercicio de la violencia o la coacción, se priva de manera permanente a individuos y comunidades de derechos adquiridos o reconocidos en su condición humana, con relación a predios, propiedades y derechos sociales, económicos y culturales” (IEPRI, CNMH, 2009, p. 30). Estos estudios documentan con detalle algunos mecanismos por medio de los cuales se ha dado la concentración de tierras reciente, y en tanto se refieren al desplazamiento de población, contribuyen además a identificar con detalle algunas de sus consecuencias (Osorio Pérez, 2006).
38
de los narcotraficantes debido a la protección que brindaron los ejércitos privados que estos
financiaron. El Gráfico 1 muestra la evolución de los cultivos transitorios y los permanentes
entre 1990 y 2013, evidenciando una sostenida sustitución de los primeros por los segundos
(Ocampo y Perry, 1995; Suescún, 2013). Aunque sea impreciso asociar tajantemente los
cultivos permanentes con la agricultura comercial, y los transitorios con la agricultura
campesina o familiar, autores importantes como Berry (2002), Fajardo (2014), o
Kalmanovitz y López (2006), suelen tener en cuenta esta distinción para describir la
tendencia de la agricultura comercial a ocupar el área que otrora ocupaba la producción
agrícola campesina18. Es valioso mencionar que esta transformación tuvo efectos en la
organización laboral del campo. De acuerdo con datos del CEGA, entre 1991 y 1996, con la
disminución de la siembra de cultivos transitorios se perdieron cerca de 120.000 empleos.
Al mismo tiempo, el crecimiento de los permanentes generó 131.000 empleos nuevos
(Balcazar, Vargas, y Orozco, 1998, p. 20).
18 Los cultivos transitorios incluyen: maíz, trigo, cebada, arroz, papa, ajonjolí, algodón, hortalizas y algunas especies de flores como las alstroemerias. Los cultivos permanentes, por su parte, son: palma de aceite, cacao, café, plátano, caña de azúcar y cultivos de flores a cielo abierto y bajo invernadero como las heliconias, las rosas, y los claveles (DANE, 2016). El hecho de que los primeros sean asociados a la producción campesina y los segundos a la comercial tiene que ver en buena medida con la naturaleza técnica de cada uno. Los transitorios utilizan tecnología intensiva en insumos, que es de fácil acceso para pequeños propietarios. La brevedad de su plazo permite además una recuperación de la inversión en poco tiempo, y por lo mismo, suponen un menor riesgo de inversión. Los permanentes por su parte, requieren usualmente de mayor área disponible para que la inversión sea rentable; además exigen mayor disponibilidad de capital y de mercados, son más intensivos en mano de obra, y por su largo periodo de maduración, demoran más el retorno de la inversión (Misión de Estudios del Sector Agropecuario, 1990, p. 34).
39
Gráfico 1: Superficie cosechada según el tipo de cultivo (1990-2013)
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico del Sector Agropecuario 2013
La transformación de la agricultura estuvo impulsada también por los efectos de la
restructuración de la política económica y de los mercados que tuvo lugar a finales de los
ochenta. La apertura comercial, iniciada por el presidente Virgilio Barco en 1989 y
continuada por Cesar Gaviria desde 1990, redujo significativamente la protección
arancelaria a la mayoría de productos agrícolas –menos al azúcar y el arroz- con el fin de
fomentar la competencia, e impulsar así, su inserción en la economía global (Balcazar,
Vargas y Orozco, 1998). Algunos analistas sostienen que esta medida desató una crisis de
rentabilidad en la agricultura a principios de los noventa (Arango, 1994). La crisis consistía
en que a pesar de que la productividad de algunos cultivos hubiera aumentado, los bajos
precios de venta hacían inviable su producción, y por tanto, reducían su área cosechada
para ser remplazados por otros más rentables. Este proceso ha recibido el nombre de
especialización productiva, y a mediano plazo, fue uno de los factores que determinó la
40
sustitución de los cultivos transitorios por los permanentes (Ocampo y Perry, 1995;
Suescún, 2013).
Distintos actores lograron beneficiarse de los procesos ocurridos en este periodo. En primer
lugar, podría mencionarse a los terratenientes tradicionales que lograron vender sus tierras a
precios altos. La relativa urgencia que tenían los narcotraficantes de lavar dinero, y la
enorme capacidad adquisitiva de los mismos, crearon una oportunidad valiosa para quienes,
golpeados por la intensificación del conflicto, querían abandonar el campo (Reyes, 2009;
Fajardo, 2014). Aprovechando la situación, muchos propietarios vendieron sus tierras a
precios extremadamente altos, contribuyendo sin embargo, a un aumento notable de la
concentración de tierras (Kalmanovitz y López, 2012). Estas transacciones posicionaron a
los narcotraficantes como importantes personalidades en lo regional y lo local,
especialmente en territorios en los que el poder estatal se encontraba más privatizado
(Misión de Estudios del Sector Agropecuario, 1990; Thoumi, 2002). Con las
transformaciones en los usos del suelo que acompañaron estos procesos, no solo aumentó la
concentración de la tierra, sino también del control sobre la fuerza de trabajo. Quienes
controlaban las tierras dedicadas a los cultivos permanentes ampliaron su esfera de
influencia en la medida en que aumentó el número de trabajadores dedicados a ellos. Por
otro lado, el despojo de tierras benefició ampliamente a los comandantes de los grupos
paramilitares y de los otros grupos armados al margen de la ley que lo ejercieron, pues
impusieron su dominio y en algunos casos, construyeron órdenes sociales a su voluntad
(Memoria Histórica, 2012). Sus socios o contribuyentes, se beneficiaron también de estas
acciones, ya que en algunas regiones recibieron invitaciones para desarrollar
megaproyectos agroindustriales en tierras apropiadas violentamente (Verdad Abierta,
2014).
Las cifras que documentan el aumento de la concentración de tierras en este periodo
provienen de distintas fuentes, y por ello mismo, resulta difícil compararlas19. Albert Berry
(2002), aunque advierte de la incompatibilidad real entre cifras de censos y cifras
19 El Atlas de la Distribución de la Tierra en Colombia ofrece una discusión completa sobre las dificultades de comparar distintos índices calculados con información distinta e incompleta. Ver: IGAC 2012, p. 99.
41
catastrales -que son las que se han producido desde 1970-, sostiene que algunos indicadores
podrían dar cuenta del aumento en la concentración, como por ejemplo el aumento en el
porcentaje del área cultivada de los cultivos permanentes con respecto a la de los cultivos
transitorios. Por otro lado, la realización del Censo del Minifundio en Colombia en 1996,
permitió a investigadores como Absalón Machado y Claudia Rincón concluir que entre
1984 y 1997 la tendencia predominante de la estructura de la propiedad había sido la
fragmentación de la pequeña propiedad y la concentración de la gran propiedad (Machado,
1998; Rincón, 1997). Mariano Arango amplia este diagnóstico a partir de una comparación
de los datos de las Encuestas Nacionales Agropecuarias de 1994 a 2005, y calcula un
aumento del índice Gini de tierras de 0,905 a 0,920. La tendencia es igualmente descrita
por el Atlas de Distribución de la Tierra del IGAC, pues muestra un aumento en el Gini de
tierras, calculado a partir de la información catastral, de 0,853 en el 2000 a 0,863 en el
2009. Estas cifras confirman lo anunciado por el Informe de la Misión de estudios del
sector agropecuario en 1990, según el cual, lo que se ha dado es un acelerado proceso de
“contrarreforma agraria”, en el que los más afectados son los campesinos y los jornaleros
rurales.
42
CAPÍTULO III
ACAPARAMIENTO DE TIERRAS EN COLOMBIA: UNA MIRADA A LAS
DINÁMICAS REGIONALES
En el marco de las transformaciones históricas identificadas en el anterior capítulo, este
ofrece una síntesis cualitativa de los rasgos regionales que caracterizan el acaparamiento de
tierras contemporáneo en Colombia. Aunque en los últimos años se haya ido consolidando
el estudio de este fenómeno en el país, la gran mayoría de textos encontrados se construye
alrededor de estudios de caso sobre regiones particulares, o sobre un tipo de cultivos en
específico. El objetivo de este ejercicio es ofrecer una mirada global sobre lo que se ha
escrito hasta ahora, con el fin de subrayar tanto las particularidades que adquiere el
fenómeno en distintos contextos locales, como las tendencias generales que subyacen a
estos procesos. Esta síntesis aporta a la discusión actual sobre acaparamiento de tierras en
Colombia, y ayuda a identificar los vacíos teóricos que deben constituir a futuro una agenda
de investigación sobre el tema.
Aunque no es exhaustivo, el ejercicio de revisión de literatura de este capítulo procuró
cierta sistematicidad. En otras palabras, por cuestiones de tiempo, no pudieron ser revisados
absolutamente todos los textos existentes sobre procesos de acaparamiento de tierras en
Colombia. No obstante, la recopilación de conocimiento estuvo dirigida por una pregunta
de investigación exploratoria, que permitió distinguir conceptos claves y priorizar las
lecturas más relevantes sobre el tema. La búsqueda, selección y síntesis de la información,
siguió una serie de protocolos que buscaban darle rigor al ejercicio, y permitir que las
discusiones derivadas fueran pertinentes para el campo de conocimiento en exploración
(Dijkers, 2015). El ejercicio se realizó en una matriz de análisis cuya metodología y
resultado final puede ser consultado en el Apéndice A.
43
Gráfico 2: Cantidad de textos por región estudiada
Altillanura (Meta y Vichada)
Con 12 textos, la Altillanura ha sido la zona más estudiada. Esto se debe principalmente al
reiterado interés que han mostrado los gobiernos recientes por promover el desarrollo
agroindustrial allí. Esta extensa región comprende la mitad oriental del Departamento del
Meta, y todo el Departamento de Vichada. Tradicionalmente, ha sido una región de frontera
con vías de comunicación limitadas, por lo que su integración a circuitos comerciales está
apenas en desarrollo. El territorio ha sido el escenario de disputas entre grupos armados al
margen de la ley, como las FARC y los paramilitares, y aunque el desplazamiento forzado
ha hecho parte de su historia, no se ha presentado con la misma intensidad que en otras
zonas del Meta o del país (Osorio Pérez, 2015).
44
En la Altillanura hay una gran variedad de proyectos diferentes ocurriendo
simultáneamente, por lo que la mayoría de la literatura se ha referido primordialmente a las
dinámicas generales de la región (Álvarez, 2012; ILSA, 2014; P. Gómez, 2015; Osorio
Pérez, 2015). Algunos textos han profundizado individualmente sobre las dinámicas de la
palma (Marín-Burgos, 2014) o los cultivos forestales (M. Gómez, 2015). Otros incluso, se
han enfocado en el funcionamiento específico de compañías particulares como Poligrow
(SOMO-Indepaz, 2015).
La presencia de empresas que funcionan a través de fondos de capital extranjero, y de
créditos subsidiados por el Estado, ha dado cabida a importantes debates públicos en los
que se denuncia la "extranjerización de la tierra", y se señalan las potencialidades neo-
coloniales de estos emprendimientos (Álvarez, 2012; Osorio Pérez, 2015; Robledo, 2015;
Revista Semillas, 2015). Por otro lado, grandes firmas nacionales como Manuelita, Riopaila
Castilla o el Grupo Sarmiento Angulo, también han comprado grandes extensiones de tierra
en la región (Contraloría, 2013), dando cuenta del importante papel que simultáneamente
han jugado las élites nacionales.
La informalidad de los títulos de la tierra, y la gran cantidad de baldíos han propiciado que
algunas empresas agroindustriales recurran a estrategias irregulares con el fin de acceder a
derechos de propiedad. Estas estrategias son variadas, y van desde la fragmentación en
pequeñas compañías para solicitar baldíos como sujetos de reforma agraria20, hasta el
despojo de habitantes sin títulos (Álvarez, 2012; Contraloría, 2013; ILSA, 2014: Robledo
2015; P. Gómez 2015).
Otros estudios han profundizado en las maneras en que el control de la tierra por parte de
estos megaproyectos transforma las condiciones de vida de los habitantes. Patricia Gómez
(2015) ha explorado desde una perspectiva geográfica, cómo los cercamientos y la 20 La ley 160 de 1994, a través de la cual se creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, buscó promover el acceso de campesinos a la propiedad rural a través del mercado de tierras. La ley creó la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que es la empresa básica de producción agrícola cuya extensión permite a las familias beneficiadas remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que contribuya a la formación de su patrimonio. Así mismo, “determinó que en ningún caso una sola persona podía tener más de una UAF y que tampoco podían ser destinatarios de baldíos las personas naturales o jurídicas que tuvieran un patrimonio superior a 1000 salarios mínimos” (Osorio, 2010).
45
privatización de caminos y senderos han afectado la relación que los pobladores
tradicionales entablan con el espacio. De otro lado, Robinzon Piñeros (2016) ha investigado
las transformaciones en los regímenes laborales asociadas a la expansión de la palma de
aceite y la caña de azúcar. En su estudio describe los flujos de trabajo y capital que hay
entre la Altillanura y el piedemonte del Meta, y denuncia la precarización y flexibilización
de la que son víctimas los trabajadores de la palma. La vinculación a través de Cooperativas
de Trabajo Asociado dificulta la actividad sindical, y a menudo, los liderazgos
reivindicativos son amedrentados por grupos paramilitares. Juan Ricardo Aparicio (2016)
ha estudiado la manera en que las compañías que llegan a territorios afectados por la
violencia, aprovechan el discurso de la paz para ganar mayor aceptación entre la población.
En consecuencia, ha interpretado la promoción de ciertas prácticas de memoria y
reconciliación en Mapiripán, Meta, como mecanismos para movilizar afectos en favor de
los procesos productivos que empiezan a tener lugar allí.
Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó)
Con 9 textos, el del Bajo Atrato, en el Departamento del Chocó, es un caso paradigmático
porque describe una situación clara de transición agraria mediada por la acción violenta de
un grupo que deliberadamente busca nuevas fronteras para la acumulación de capital. Este
proceso de formación de relaciones sociales capitalistas en el campo fue denominado por
Marx como "acumulación primitiva"21. La importancia mediática que adquirió el caso tras
la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte
Constitucional a favor de las comunidades afectadas, explica también la atención recibida
por parte de académicos y ONG.
En 1997 grupos paramilitares del Urabá antioqueño, con apoyo de las Fuerzas Armadas,
incursionaron violentamente en las selvas de Curvaradó y Jiguamiandó amparados en el
desarrollo de operaciones antisubversivas (Osorio Pérez, 2015). El desplazamiento masivo
generado por la intensidad de los bombardeos fue aprovechado por los paramilitares para
21 Derek Hall (2013) ofrece una discusión extensa sobre el papel que ha tenido el concepto de acumulación por desposesión y de acumulación primitiva en la literatura de acaparamiento de tierras.
46
apropiarse de las tierras abandonadas, muchas de las cuales estaban tituladas
colectivamente a comunidades negras. Tres años después, empresarios agrícolas de Urabá -
contactados e invitados por los mismos paramilitares-, ocuparon la región con miles de
hectáreas de palma de aceite (Memoria Histórica, 2012; Grajales, 2015).
Una parte importante de los textos encontrados ha estudiado los mecanismos ilegales
empleados por las empresas para proteger jurídicamente sus inversiones, revelando así una
larga lista de triquiñuelas jurídicas que incluyen la falsificación de títulos de propiedad, la
presión a notarios, y transferencias fraudulentas por parte de supuestos representantes de
los Consejos de las comunidades negras. El lúcido análisis de Jacobo Grajales sugiere que
estos eventos revelan la fluida interacción que hay entre lo legal y lo ilegal en los procesos
de acaparamiento de tierras (Mingorance et al., 2004; Grajales, 2011; 2013; García Reyes,
2014).
Otros textos han mostrado que los paramilitares y los empresarios palmeros formaron
liderazgos comunitarios, organizaciones sociales, cooperativas de trabajo, y ofrecieron
servicios públicos para legitimarse ante la población. Las oportunidades laborales que
ofrecían los cultivos de palma eran restringidas a quienes decidieran vincularse a tales
organizaciones, generando así una división social entre los miembros de la comunidad
(Osorio Pérez, 2015). Rey Martinez (2011) y Marín-Burgos (2014) por su parte, han
evidenciado los distintos apoyos crediticios que recibieron los empresarios palmeros por
parte de entidades nacionales e internacionales para el desarrollo de estos proyectos.
Finalmente, Jacobo Grajales (2015) ha estudiado las distintas formas de resistencia legal
que han ejercido las comunidades para recuperar sus tierras.
Un vacío llamativo en la literatura sobre este caso tiene que ver con el poco conocimiento
que se tiene sobre las transformaciones en las relaciones sociales y laborales que tuvieron
lugar una vez la tierra estuvo en control de paramilitares y palmicultores. Aunque mucho se
ha escrito sobre el desplazamiento forzado generado, poco se ha estudiado qué pasó con
quienes permanecieron en el territorio (Li, 2011).
47
Montes de María (Bolívar y Sucre)
La región de Montes de María, conformada por 15 municipios de Sucre y Bolívar, ha sido
abordada por 9 textos. Entre 1968 y 1990 albergó una pujante economía campesina
productora de alimentos que coexistió con grandes propiedades ganaderas (Coronado y
Dietz, 2013). En la década de 1990 grupos armados al margen de la ley aprovecharon su
estratégica conexión al mar, y su geografía montañosa para el tráfico de armas y drogas, y
para la siembra y procesamiento de coca (De los Ríos et al., 2012). Masacres, asesinatos
selectivos, enfrentamientos y desplazamientos masivos transformaron profundamente el
paisaje de los Montes de María. El despojo de tierras aumentó significativamente la
concentración y precedió la transformación agroindustrial que experimentó la región
(Memoria Histórica, 2010).
En 2002 la región fue declarada Zona de Rehabilitación y Consolidación en un intento del
gobierno, con el apoyo de Estados Unidos, de retomar el control militar e institucional de la
región (González, 2012). Simultáneamente se promovió la inversión agroindustrial (luego
de que las tierras de los desplazados habían sido compradas a precios bajos). Empresarios
pertenecientes al Grupo Empresarial Antioqueño adquirieron desde entonces, cerca de
60.000 hectáreas (Coronado y Dietz, 2013) que han dedicado al cultivo industrial de palma
de aceite (Marín-Burgos, 2014), caña de azúcar, arroz, tabaco (Ojeda et al., 2015) y teca
(De los Ríos et al., 2012). La mayoría de los textos estudiados insisten en la relación que
hay entre conflicto armado y transformación agraria, haciendo del desplazamiento, y de los
mecanismos de adquisición de tierra sus temas centrales (Memoria Histórica, 2010;
Memoria Histórica, 2012; De los Ríos et al., 2012; Gómez, Sánchez-Ayala, y Vargas,
2015).
Otros textos han descrito la relación entre políticas públicas y empresarios agroindustriales,
evidenciando que tanto el gobierno nacional, como los mandatarios locales, han
privilegiado las condiciones de rentabilidad de los empresarios (González, 2012). Marín-
Burgos (2014), en un estudio detallado sobre el tema, describe el sistema de puertas
giratorias que hay entre líderes del gremio palmero, y ciertas instancias gubernamentales
48
locales y nacionales. Coronado y Dietz (2013) muestran que el sistema de incentivos que
ofrece el Estado ha terminado por constituir un modelo de desarrollo que excluye a todos
los que se niegan a sembrar este tipo de cultivos. De igual manera, señalan que el esquema
de alianzas productivas, muy practicado en la región, concentra enormemente el control
sobre el territorio en las manos de los grandes empresarios.
Algunos otros, han abordado las dimensiones cotidianas de las transformaciones vividas.
Ojeda y sus colegas (2015) muestran cómo el control del agua ha sido concentrado por las
empresas, a la vez que los regímenes laborales han tendido a la flexibilización y a la
precarización. Aparicio (2016) por su parte, evidencia que el trabajo de las fundaciones
asociadas a las empresas ha remplazado la labor de organización social que cumplían los
sindicatos en otras épocas, restando sin embargo, el contenido clasista, reivindicativo y
contestatario de sus discursos. Varios de los autores mencionados coinciden en que si bien
las condiciones socioeconómicas de los habitantes vinculados a los proyectos
agroindustriales han mejorado un poco, existen malestares y conflictos por la concentración
del control en manos de los empresarios.
Piedemonte (Meta)
La importante transformación que desde los años 2000 ha vivido el suroccidente del
Departamento del Meta, ha sido documentada y estudiada por 4 textos. Desde los años 50,
campesinos colonos poblaron la región. Tradicionalmente, han enfrentado la apropiación
violenta de tierra por parte hacendados, o de distintos grupos armados que se disputan el
control de la zona a través de acciones violentas dirigidas en muchas ocasiones, a la
población civil. Con ayuda del gobierno de Estados Unidos, en 2002 se dio inicio al Plan de
Consolidación Integral de la Macarena (PCIM), que buscaba asegurar el control militar
sobre la región para introducir paulatinamente instituciones estatales y económicas que
permitieran el desarrollo local (Gutiérrez Lemus, 2012). Aunque los primeros cultivos de
palma en el Meta se establecieron en la década de 1960 en el noroccidente del
Departamento, el PCIM los impulsó en el Piedemonte. Se estima que en 2015, había cerca
49
de 7.000 hectáreas de palma sembradas, y dos plantas extractoras en construcción además
de la que ya existe en el municipio de Puerto Rico (Fajardo, 2015).
La literatura ha hecho énfasis, por un lado, en las desigualdades que se generan a través del
esquema de alianzas productivas. De acuerdo con Darío Fajardo (2015), los contratos de
alianza productiva han sido muy rentables para las compañías que llegan a la región
atraídas por los bajos costos de la tierra. Aunque deban contribuir con capital semilla y con
capacitación técnica a los pequeños productores que deseen vincularse, el esquema les
garantiza proveedores exclusivos, y un mercado constante. El acceso a crédito cobija a las
grandes empresas y excluye a los campesinos asociados, pues estos muchas veces, tienen
títulos deficientes de tierra. A pesar de que las condiciones socioeconómicas de los
pequeños productores han mejorado, se mantiene un desbalance enorme en el control sobre
la tierra y los procesos productivos.
Por otro lado, David Maher (2015) ha planteado una relación entre la violencia perpetrada
por los paramilitares y las Fuerzas Militares, y el crecimiento del sector palmero en la
región. Para ello compara el crecimiento del área sembrada con datos de desplazamiento en
el sur del Meta, sugiriendo que la palma ha crecido gracias al despojo de tierras.
Finalmente, señala que la pacificación de las relaciones laborales entre los palmeros y los
jornaleros ha estado mediada por la violencia paramilitar y las intimidaciones a los
sindicatos. Robinzon Piñeros (2016), en un lúcido estudio, muestra que la producción de
palma y caña de azúcar en torno a la infraestructura vial ha terminado por expulsar la
economía campesina hacia las regiones marginales. Señala además, que el crecimiento de
estos cultivos se ha dado en tierras dedicadas tradicionalmente al latifundismo ganadero.
Por último, Piñeros muestra que los incentivos gubernamentales a la agroindustria (zonas
francas, garantías jurídicas), han consolidado una hegemonía corporativa en el territorio.
Urabá antioqueño
3 textos se han concentrado en la región del Urabá, ubicada al norte del Departamento de
Antioquia. Al igual que muchas de las otras regiones mencionadas, esta fue una frontera
50
agrícola hasta la segunda mitad del siglo XX. Su desarrollo temprano está asociado a la
agroindustria bananera y a la ganadería extensiva. Desde los años 70 los conflictos agrarios
se alimentaron de la incursión de grupos guerrilleros que motivaron grandes invasiones de
tierra, infiltraron los sindicatos y extorsionaron a los terratenientes. En 1989 fueron
fundadas las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, un grupo paramilitar
financiado por narcotraficantes, ganaderos y propietarios de plantaciones de bananos
(Memoria Histórica, 2012). La intensificación del conflicto desde entonces, ha generado
enormes desplazamientos, sea por el peligro de los enfrentamientos, o por amenazas
relacionadas con filiaciones políticas (Muñoz et al, 2015).
En todos los textos encontrados el conflicto armado juega un rol fundamental. Desde una
aproximación etnográfica, Teo Ballvé (2012) relaciona el acaparamiento de tierras con el
proceso de formación del Estado, describiendo cómo el proceso de descentralización a
finales de los 80 genero oportunidades para que los paramilitares se pudieran asociar con
élites locales, y desde los años 2000, promover la integración económica a través de los
agronegocios en tierras despojadas. Ballvé señala que los paramilitares formaron líderes
sociales que promovieron este tipo de negocios, y reflexiona sobre la importancia del
control territorial y social en la construcción de una hegemonía.
Muñoz y sus colegas (2015) muestran que el conflicto armado está íntimamente
relacionado con una desigual estructura de la propiedad de la tierra. Su artículo se destaca
en la literatura por utilizar métodos cuantitativos además de cualitativos. En él presentan
una tipología de los mecanismos de apropiación de la tierra que incluye la venta forzada, el
uso de documentos falsos para reclamar tierras abandonadas, el desalojo armado y la
ocupación de facto. Llama la atención que ninguno de los tres artículos arroja mucha
información sobre las transformaciones laborales generadas luego de los cambios en el
control sobre la tierra.
51
Zona bananera (Magdalena)
Los 2 estudios sobre la Zona Bananera del Departamento de Magdalena exploran la
relación entre el control de la tierra por parte de empresarios agrícolas y la violencia.
Huyendo de los altos niveles de violencia, empresarios bananeros del Urabá desplazaron su
producción al Departamento de Magdalena en la segunda mitad de los 80. La producción
creció vertiginosamente, pasando de 60.000 toneladas en 1985 a 270.000 toneladas en
1990. Se estima que en 1991, la industria bananera empleaba cerca de 9.000 personas
(Grajales, 2011).
Según Jacobo Grajales (2011), este súbito crecimiento estuvo acompañado de un rápido
proceso de organización sindical que exigió mejores condiciones laborales. Su estudio se
concentra en mostrar cómo la violencia paramilitar fue utilizada para pacificar las
crecientes tensiones entre empresarios y sindicatos, planteando que el tema del control
sobre la tierra es relevante, no solo por el desplazamiento que puede precederlo, sino
también por las implicaciones que tiene sobre el manejo de las relaciones laborales en los
nuevos contextos de agricultura industrial más propensos a la movilización social.
La apertura comercial de los 90, sumada a las fuertes presiones que la guerrilla ejercía
sobre los empresarios -y se podría especular que las tensiones laborales descritas por
Grajales también influyeron-, golpearon duramente la rentabilidad de los cultivos de
banano en la zona22, y sumieron al sector en una dura crisis. La crisis motivó a los
empresarios de la región a sustituir el cultivo de banano por el de palma, pues ofrecía
mayor estabilidad, resistía mejor a las enfermedades y a los cambios climáticos, requería
menos pesticidas y productos químicos y podía aprovechar los canales de riego que ya
existían, consumiendo sin embargo, menos agua (Goebertus, 2008).
El texto de Juanita Goebertus (2008) identifica las razones que explican el desplazamiento
forzado en esta región. En primer lugar, la baja presencia institucional ha hecho posible el
22 Un artículo publicado por Mariano Arango en 1994 recoge testimonios del gremio bananero a propósito de los efectos de la apertura comercial. Contrastar ambas fuentes ofrece un interesante panorama de las condiciones que pudieron motivar las transformaciones descritas por Goebertus. Cf. Arango 1994.
52
cobro de extorsiones por parte de grupos armados. En segundo lugar -y esta es quizás la
más interesante para nuestro estudio-, está la reducción en la demanda de mano de obra que
se da por la transición hacia los cultivos de palma. La exigencia de conocimientos técnicos
que requieren hacen escasas las oportunidades laborales para los antiguos trabajadores del
sector bananero. Es importante recalcar que esta transición puede amenazar la seguridad
alimentaria, en tanto el banano era comestible, mientras que el fruto de la palma no lo es.
Goebertus (2008) y Grajales (2011) señalan que la expansión de la producción
agroindustrial se ha beneficiado de tierras adquiridas ilegalmente. Los grupos armados
ilegales han presionado a pequeños propietarios para que se desplacen y transfieran
rápidamente las escrituras de la tierra a personajes que las compran baratas.
Bajo Río Mira (Nariño)
La experiencia que se dio entre las comunidades negras del Bajo Rio Mira, en Nariño,
contrasta con muchos de los otros casos que la literatura de acaparamiento de tierras ha
estudiado y a los que se ha hecho referencia en este texto.
De acuerdo con el único texto encontrado sobre el caso, la siembra de palma en la región se
ha dado a través de tres modalidades diferentes. Por un lado, están las grandes plantaciones,
entre las que se destaca Palmas de Tumaco por su extensión. Por otro lado, están los
palmeros independientes, que han cultivado en mucha menor extensión. Finalmente, están
los pequeños cultivadores asociados en cooperativas, como Cordeagropaz.
Esta última modalidad es predominante en regiones regidas por la titulación colectiva de
tierras a comunidades negras. En ellas, los grandes productores han promovido el cultivo a
través del esquema de alianzas productivas, garantizándoles a los productores asociados la
compra de los frutos. Roosbelinda Cárdenas (2011) señala que de esta manera, el control
sobre el acceso a la tecnología necesaria para procesar el fruto de la palma está en manos de
Palmas de Tumaco. Aunque la tierra y el cultivo pertenezcan a la comunidad, el acceso a la
tecnología y al mercado está altamente concentrado por las grandes compañías.
53
Aún así, el modelo ha permitido que algunos habitantes se beneficien económicamente, y
se consoliden como "pequeños palmicultores" que le venden a la Planta. Cárdenas señala
que cooperativas como Cordeagropaz han jugado un papel importante en la formación de
sujetos capitalistas capaces de manejar crédito y de administrar sosteniblemente sus
recursos. Este proceso es denominado "empresarización verde".
Es lamentable que el caso no haya recibido mayor atención aún, pues su estudio comparado
podría contribuir a un posible desarrollo de la literatura sobre la relación entre conflicto
armado y estructura de la propiedad de la tierra. De igual manera, llama la atención sobre
las distintas formas de organización del trabajo que se pueden dar donde las comunidades
tienen el control sobre la tierra. Todos estos temas permanecen aún por explorar.
Colombia
Esta categoría reúne 6 textos que se refieren a características generales del proceso en
Colombia. Uno de ellos es el informe publicado por la FAO titulado "Dinámicas del
mercado de la tierra en América Latina y el Caribe: concentración y extranjerización".
Yamile Salinas (2011) fue la encargada de escribir el capítulo sobre Colombia. Su tesis
principal es que el mercado de tierras debe ser estudiado de manera diferencial por el
enorme impacto que ha tenido la violencia y la ilegalidad. En su texto recoge las posiciones
de distintos grupos sociales y partidos políticos, evidenciando la tensión entre las
concepciones desarrollistas de algunos, y los llamados a considerar los derechos de grupos
étnicos y campesinos de otros. Aunque se menciona el interés de grupos extranjeros por
comprar tierras como algo novedoso, señala también que la informalidad en los títulos de la
tierra ha sido un obstáculo para que este tipo de inversión se realice.
Otros textos hacen análisis cuantitativos sobre los impactos socioeconómicos de procesos
de acaparamiento de tierras. Aunque en su formulación no se valen de este concepto, los
estudios se preguntan por los impactos de la expansión de la palma de aceite23. Tanto
23 Esto introduce una discusión interesante acerca de la pertinencia de equiparar necesariamente el cultivo de palma de aceite con acaparamiento de tierras. En principio, se podría pensar que el cultivo de palma, en tanto
54
Castiblanco et al. (2015) como Díaz Granados (2012) comparan la trayectoria de índices e
indicadores en municipios palmeros y no palmeros de todo el país. El estudio de
Castiblanco et al. (2015) encontró que a nivel nacional, los indicadores que mayor
diferencia presentan entre municipios palmeros y no palmeros son el Índice de Necesidades
Básicas Insatisfechas (INBI), y el Índice de Ingreso Municipal (IM). En los municipios
palmeros, el INBI ha descendido más, y el IM aumentado más que en los no palmeros. A
nivel regional, el estudio sugiere que mientras en la zona oriental (Meta, Vichada,
Casanare, Arauca) hay una correlación estadísticamente significativa entre los cultivos de
palma y mayores índices de desigualdad de tierra y propietarios, en la zona central ocurre lo
contrario. A manera de hipótesis, sugieren que esto se debe a que en la zona central la
producción de palma se da a través del esquema de alianzas productivas. Díaz Granados
(2012) por su parte, alcanza conclusiones similares, y sugiere que "donde mayor
crecimiento en área sembrada se ha dado, son mayores las mejoras en las condiciones de
vida" (27).
También hay estudios que reflexionan sobre los impactos de la promoción excesiva de
monocultivos destinados a agrocombustibles o a maderables, en la seguridad y la soberanía
alimentaria. Ávila y Carvajal (2015) revisan la literatura sobre agrocombustibles, con el fin
de identificar distintas perspectivas sobre sus impactos ambientales y socioeconómicos. El
estudio concluye que en Colombia el monocultivo de agrocombustibles, por su naturaleza
misma, requiere de grandes extensiones de tierra, generando deterioros ambientales del
suelo, y también conflictos por su uso. Ellos asocian al modelo de desarrollo basado en su
cultivo, un aumento de la pobreza rural, pérdida del patrimonio cultural, y dependencia
tecnológica y económica. La intensividad del uso de la tierra se extiende también al uso de
recursos hídricos, lo que podría terminar por restringir el acceso que campesinos y
pobladores rurales pobres necesitan a estos.
describe una operación de control sobre el territorio y sus pobladores, requiere de una inversión intensiva de capital, y se da según las dinámicas contemporáneas de acumulación del capitalismo global, es siempre un ejercicio de acaparamiento. Esta consideración debe ser explorada con mayor cuidado, pues cuestiones como la de los pequeños productores, o las alianzas productivas, de seguro complejizan el debate. No obstante, se incluyó esta literatura porque se encontró –casi de manera accidental- y se decidió que tenerla en cuenta podría aportar a la discusión, y enriquecer el análisis.
55
Finalmente, Ávila y Carvajal sostienen que la sustitución de cultivos de alimentos por
cultivos destinados a la producción de agrocombustibles puede amenazar el acceso a
alimentos, sobre todo, a los sectores más pobres del campo, pues sus precios aumentan ante
la necesidad de transportarlos desde otras regiones. Esta necesidad de importar los
alimentos que ya no se producen, amenaza además la soberanía alimentaria del país.
Tendencias generales
Aunque la literatura revisada muestra que el fenómeno se desenvuelve de manera diversa
según su interacción con el contexto de cada territorio, también permite identificar
tendencias generales. En cada caso, la transformación en los usos del suelo está mediada
por mecanismos particulares, que pueden ir desde la violencia, como en los casos del
Chocó, los Montes de María, el Urabá antioqueño o la Zona Bananera, hasta la negociación
balanceada entre pequeños y grandes productores, como en el caso de Nariño. A pesar de
esto, las transformaciones descritas se dan todas según las dinámicas de acumulación de
capital que han tomado forma desde los años noventa, en las que los cultivos flexibles,
como la palma de aceite y la caña de azúcar, pasan a ocupar el espacio que antes ocupaban
bosques (como en el Chocó), pastos de ganadería (como en la Altillanura y el Piedemonte
del Meta), cultivos transitorios (como en Montes de María o el sur de Bolívar), u otros
cultivos permanentes (como en la Zona Bananera). El ingreso de nuevos actores, y la
redefinición de los procesos productivos asociados a la tierra, alteran las estructuras de
poder y autoridad que dominaban los territorios, configurando a su vez nuevas soberanías y
nuevas hegemonías.
La literatura examinada capta estas transformaciones al prestar atención a mecanismos de
control sobre la tierra diferentes a los derechos de propiedad sobre la misma (Ribot y
Peluso, 2003). Al analizar, por ejemplo, el modelo de alianzas productivas en el caso de la
palma, se revela que aunque los pequeños productores sean propietarios de la tierra, y por
ello mismo puedan acceder a los beneficios que se derivan de la venta del fruto de la palma
que cultivan en ella, dependen en gran medida de las decisiones que tome quien controla
los otros mecanismos relacionados con el procesamiento del fruto. Es decir, como los
56
pequeños productores están obligados por contrato a vender a un único comprador (que
suele ser la empresa grande que les ha dado el capital y el conocimiento para cultivar la
palma), dependen de él para poder acceder a los beneficios que les puede dar la tierra de la
que son propietarios. Este único comprador, además de tener control sobre los mercados
internos (pues tiene el monopolio de la compra del fruto), y por ende de los precios de
compra, tiene control también sobre la tecnología necesaria para extraer el aceite de los
frutos de la palma antes de que se pudran. Mientras la gran empresa maximiza los
beneficios del acceso a la tierra a través del control sobre la mayoría de mecanismos (el
mercado, el capital, el conocimiento y la tecnología), el pequeño productor se beneficia del
único control del que dispone: la propiedad sobre la tierra y sobre su fuerza de trabajo.
Según algunos de los textos encontrados, los extensos plazos de estos contratos (10-30
años), no dejan más alternativa al pequeño productor que vender la tierra en caso de que
este modelo no esté siendo rentable para él (Fajardo, 2015; Ojeda et al., 2015).
Por otro lado, la mayoría de estudios reseñados señalan el vínculo que hay entre el
desarrollo de políticas públicas nacionales e internacionales y la creación de nuevas
fronteras de control sobre la tierra. De esta manera, se comprende el rol activo que tiene el
Estado en la producción y configuración de los territorios. Los vínculos entre empresarios
palmeros y funcionarios del gobierno (Marín-Burgos, 2014), la influencia que estos tienen
sobre la formulación de políticas públicas (Coronado y Dietz, 2013), o las facilidades
crediticias que otorgan entidades públicas nacionales e internacionales para promover
ciertos tipos de cultivos (Rey Martinez, 2012; Fajardo, 2014), son tan solo algunos de los
mecanismos que facilitan la redefinición de las relaciones sociales y de poder que se dan
entre los habitantes de las regiones. La promoción de discursos de seguridad, desarrollo
económico y paz, también juega un papel importante en la generación de sentidos y
significados sobre los territorios. En conjunto, estos elementos arrojan luz sobre la
proposición anticipada en el primer capítulo de este estudio, en donde se había dicho que el
acaparamiento de tierras podía entenderse como un proceso de territorialización.
El contraste entre los casos nos permite formular interrogantes sobre la manera en que
distintas configuraciones de los regímenes laborales y de propiedad, pueden generar
57
distintos resultados sobre la definición de las desigualdades de poder relacionadas con el
control sobre la tierra. Comparando cómo se configuraron las alianzas productivas en el
caso de Montes de María y en el Bajo Río Mira, se puede observar que los resultados
fueron muy diferentes. No es lo mismo asumir estas desigualdades donde los títulos de
propiedad de los campesinos están pobremente definidos, que en lugares donde los
derechos de los pequeños productores están bien definidos por un régimen de propiedad
colectiva. Una exploración más detallada de estas diferencias permanece pendiente y debe
ser abordada por futuras investigaciones.
Algunos sesgos dentro del campo han derivado en vacíos teóricos o metodológicos que
deberían ser resueltos en el futuro. En términos metodológicos, la mayoría de los textos
revisados están guiados predominantemente por acercamientos etnográficos relativamente
rápidos, o por revisiones de prensa y literatura que varían en su calidad. Los valiosos
conocimientos que se han producido de esta forma sobre los significados que se construyen
alrededor de la tierra, las relaciones de poder asociadas a su control, y los discursos que
legitiman los órdenes establecidos, deben ser mirados críticamente con el fin de reconocer
sus limitaciones, y ampliar su alcance a través de apuestas metodológicas más íntegras. La
pertinencia de construir de líneas de base para análisis cuantitativos sobre las distintas
dimensiones estudiadas por el acaparamiento de tierras es tanto mayor cuanto en el
horizonte cercano se vislumbra la puesta en marcha de los planes de desarrollo rural
producto de los Acuerdos de Paz. Aunque algunos trabajos han integrado metodologías
cuantitativas, o instrumentos de análisis espacial más sofisticados (Muñoz et al., 2015;
Gómez, Sánchez-Ayala, y Vargas 2015), con el fin de complementar las perspectiva de los
actores involucrados, es necesario que futuras investigaciones empíricas perseveren en este
camino.
Otro vacío tiene que ver con el exceso de estudios sobre procesos de acaparamiento en los
que se da una transición hacia los cultivos de palma de aceite. Es entendible que este tipo
de procesos haya recibido tanta atención, pues tal y como la literatura lo ha mostrado, es un
proceso que genera transformaciones profundas en las vidas de las personas que se
relacionan con ellos. Aún así, es fundamental que futuras investigaciones exploren otras
58
operaciones que también cumplen con los criterios contenidos en la definición de
acaparamiento, de manera que se pudieran identificar las particularidades de cada proceso,
si es que las hay.
59
CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES, REFLEXIONES FINALES Y RECOMENDACIONES
A lo largo del trabajo se ha procurado responder a la pregunta por las formas que reviste el
acaparamiento de tierras en Colombia desde una aproximación que describe sus
particularidades como forma de control sobre la tierra y las relaciones sociales que se
configuran alrededor de ella. Desde una perspectiva histórica, y de un análisis sistemático
de distintos casos regionales, se concluye que el acaparamiento de tierras adquiere siempre
formas particulares a partir de su interacción con contextos y condiciones muy puntuales,
pero que se inserta también en una serie de transformaciones estructurales que empezaron a
tener lugar a mediados de la década de 1980.
Aunque se module diferenciadamente según el contexto y las condiciones previas de los
territorios, una de las consecuencias fundamentales del acaparamiento de tierras es la
concentración, en pocas manos, de la tierra y del control sobre otros mecanismos de acceso
a los beneficios de los procesos productivos que se basan en ella. Esta dinámica tiene un
profundo impacto sobre las relaciones sociales y de poder que dan forma al orden social de
los territorios.
Siguiendo a Peluso y Lund (2011), se podría decir que se trata de un proceso activo de
creación de nuevas fronteras de control sobre la tierra, entendidas estas no como sitios en
los que “lo salvaje”, “lo vacío” o “lo virgen” se encuentra con “la civilización” o “el
desarrollo”, como a veces lo plantea el discurso oficial para justificar su apoyo a estos
procesos en lugares como la Altillanura, sino por el contrario, como “sitios en los que las
autoridades, las soberanías, y las hegemonías del pasado reciente están siendo desafiadas
por nuevos cerramientos, territorializaciones y regímenes de propiedad” (668).
El trabajo se estructuró en tres capítulos. En el primero, se reconstruyeron los momentos
claves del debate internacional sobre acaparamiento de tierras. Este recuento muestra cómo
60
el aporte de herramientas analíticas de distintas disciplinas y perspectivas, ha permitido una
mirada compleja y relacional sobre problemas agrarios clásicos y contemporáneos. La
integración de dimensiones históricas, espaciales, ecológicas, económicas, políticas y
culturales, al análisis de los fenómenos relacionados con el control sobre la tierra ha
refrescado los estudios sociales rurales, y es sin duda, una de las características que hace
tan sugestivo este campo de estudio.
En el segundo capítulo, a través de un análisis histórico inspirado por estos enfoques, se
mostró que en cada uno de los cuatro periodos identificados, ha habido transformaciones
importantes en términos de las relaciones sociales que se tejen alrededor de la tierra. Es
llamativo que el problema de las relaciones de poder asociadas a este control, aparezca casi
siempre de manera tangencial en la literatura histórica que fue revisada para este capítulo.
Las categorías analíticas derivadas de los estudios sobre acaparamiento de tierra tienen el
potencial de refrescar la historiografía agraria, en tanto definen como tema central de la
indagación histórica, el conjunto de mecanismos de control sobre la tierra, y de las
relaciones de poder que se tejen a su alrededor.
El último capítulo presenta el análisis de los 44 textos encontrados sobre acaparamiento de
tierras en Colombia. Se identificaron las principales características de las más recientes
transformaciones en los mecanismos de control sobre la tierra, en cada una de las siete
regiones estudiadas por los textos. Esta literatura revela que el fenómeno, lejos de ser
homogéneo y predecible, se desenvuelve de manera diversa según su interacción con los
elementos contextuales que configuran cada territorio, y que sus impactos se dan en
múltiples dimensiones.
La posibilidad de retratar la multidimensionalidad de estos procesos resulta ser un aporte
fundamental de esta perspectiva con respecto a otras, que estudian los impactos de las
transiciones agrarias a partir de indicadores estadísticos unidimensionales. No obstante, el
diálogo que se da entre este tipo de estudios, y los estudios de caso reseñados puede ser
sumamente productivo, pues enriquece las conclusiones que tanto el uno como el otro
presentan. Los estudios con enfoques cualitativos, desarrollados a través de métodos
61
históricos o etnográficos permiten dar cuenta de la manera en que se experimentan las
desigualdades que se producen como correlato de estos procesos, no solo en términos
socioeconómicos, sino también en términos de relaciones de poder.
Finalmente, la agenda de investigación que se perfila a futuro debe estar orientada a superar
los vacíos generados por ciertos sesgos que han afectado el estudio del acaparamiento de
tierras en Colombia. Como se dijo en el tercer capítulo, es necesario ampliar el repertorio
de planteamientos metodológicos utilizados para investigar, con el fin de ampliar los
alcances de los análisis realizados. De igual manera, es necesario abordar un abanico más
amplio de procesos productivos, pues la excesiva atención que han recibido los procesos de
acaparamiento en los que se da una transición hacia los cultivos de palma de aceite, puede
contribuir a que procesos distintos, pero igual de relevantes, sean ignorados.
La mirada fresca, rigurosa, compleja y multidimensional de la realidad rural que se esboza
paso a paso a través del estudio del acaparamiento de tierras en Colombia, resulta
sumamente pertinente en una coyuntura dominada por la incertidumbre. Lo que está en
juego en la supuesta integralidad del problema rural, es lo que le da profundidad al
significado de la paz. En contravía de lo que plantean algunas visiones, no es solo que la
tierra sea improductiva, como si los problemas del campo fueran problemas económicos
que se solucionan prestando atención a la variación de unos índices. Los problemas del
campo, y su relación con la guerra, solo pueden ser comprendidos cuando se atiende a su
más radical integralidad, es decir, cuando se da cuenta de las múltiples dimensiones en que
los conflictos dan forma a la experiencia de los habitantes rurales. Se espera que este
estudio aporte al menos a la reflexión acerca de los retos que enfrenta la investigación
social, para atender a las exigencias que formula el presente.
62
BIBLIOGRAFÍA
Akram-Lodhi, A. H. “Contextualising land grabbing: contemporary land deals, the global
subsistence crisis and the world food system”. Canadian Journal of Development
Studies 33 (2012): 119–142.
Alonso. “Fradejas, A., Liu, J., Salerno, T., y Xu”. Y. (2016). Inquiring into the political economy
of oil palm as a global flex crop. the Journal of Peasant Studies 43 (2016): 141–165.
Álvarez, P. Mercado de tierras en Colombia: ¿Acaparamiento o soberanía alimentaria? Instituto
Mayor Campesino. Bogotá: ARFO, 2012.
———. “Una mirada sobre la transformación del campo: el caso de los agrocombustibles en
Colombia”. En La cuestión agraria hoy. Bogotá: ILSA, 2008.
Aparicio, Juan Ricardo. “Affective capitalism, humanitarianism and extractivism in Colombia:
Old and new borders for future times”. Inédito. Sin publicar., 2016.
Araméndez, Salgado, y C. “Los conflictos rurales y los escenarios a futuro”. En P. desarrollo y
paz. Bogotá: Planeta Paz, 2012.
Arango, M. Esquema de políticas de reforma agraria en Colombia. Lecturas de Economía (23),
1987.
———. “La apertura y la crisis agraria”. Lecturas de Economía 40. (1994).
———. La tierra en la historia de Colombia. Bogotá: Academia Colombiana de Ciencias
Económicas, 2014.
Arrubla, M. La agricultura en Colombia en el siglo XX. Bogotá: Colcultura, Biblioteca Básica
Colombiana, 1976.
Ávila, Alvaro Javier, y Yesid Carvajal. “Agrocombustibles y soberanía alimentaria en
Colombia”. Cuadernos de geografía. Revista Colombiana de Geografía. 24, núm. 1 (2015):
43–60.
Baglioni, E., y P. Gibbon. Land Grabbing, Large- and Small-scale Farming: what can evidence
and policy from 20th century Africa contribute to the debate? Third World Quarterly, 2013.
Balcazar, Á., N. López, M. L. Orozco, y M. Vega. Colombia: alcances y lecciones de su
experiencia en reforma agraria. Santiago de Chile: CEPAL, Red de Desarrollo
Agropecuario, 2001.
63
Balcazar, Á., A. Vargas, y M. L. Orozco. Del proteccionismo a la apertura. ¿El camino a la
modernización agropecuaria? Bogotá: Tercer Mundo, IICA - Misión Rural, 1998.
Ballvé, Teo. “Everyday state formation: territory, decentralization, and the narco landgrab in
Colombia”. Environment and Planning Development 30 (2012): 603–22.
Bejarano, J. A. “Orígenes del problema agrario”. En La agricultura en Colombia en el siglo XX.
Bogotá: Colcultura, 1976.
Berry, A. “Aspectos jurídicos”. políticos y económicos de la tragedia de la Colombia rural de las
últimas décadas: hipótesis para el análisis. Estudios Socio-jurídicos 16 (2014): 7–41.
———. ¿Colombia encontró por fin una reforma agraria que funcione? Revista e Deconomía
Institucional. 4 (6), 2002.
———. “Reseña: Lipton”. Michael. Land Reform in Developing Countries: Property Rights and
Property Wrongs. Londres: Routledge, 2009. Revista de Estudios Socio-jurídicos 16
(2009).
Binswanger, H. P., K. Deininger, y G. Feder. “Relaciones de producción agrícola: Poder,
distorsiones”. insurrecciones y reforma agraria. In Manual de Economía del Desarrollo
(Vol, 1993.
Boamah, F. “Imageries of the contested concepts ‘land grabbing’ and ‘land transactions’:
Implications for biofuels investments in Ghana”. Geoforum 54 (2014).
Borda, Fals, y O. Historia de la cuestión agraria en Colombia. Editado por Bogotá: Carlos
Valencia, 1982.
Borras, S., y J. Franco. “From Threat to Opportunity? Problems with the Idea of a ―Code of
Conduct for Land-Grabbing‘”. Yale Human Rights and Development Law Journal 13
(2010): 507–523.
———. “Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: A Preliminary
Analysis”. Journal of Agrarian Change 12 (2012).
———. Towards a broader view of the politics of global land grab: rethinking land issues.
reframing resistance, 2010.
Borras, S., J. Franco, R. Isakson, L. Levidow, y P. Vervest. Towards understanding the politics of
flex crops and commodities: Implications for research and policy advocacy. Think Piece
Series on Flex Crops & Commodities (1), 2014.
64
Borras, S., J. Franco, C. Kay, y M. Spoor. El acaparamiento de tierras en América Latina y el
Caribe. Roma: FAO, 2011.
Borras, S., C. Kay, S. Gómez, y J. Wilkinson. “Land grabbing and global capitalist accumulation:
key features in Latin America”. Canadian Journal of Development Studies 33 (2012): 402–
416.
Brando, C. A. “The Political Economy of Financing Late Development: Credit, Capital and
Industrialisation; Colombia 1940–67”. Tesis de doctorado, London School of Economics,
Department of Economic History, Londres, 2012.
Buitrago, Leal, F., Davila Ladrón de Guevara, y A. Clientelismo: el sistema político y su
expresión regional. Bogotá: Uniandes, 2010.
Campesina, Via. “(2012)”. Conferencia campesina internacional: ¡Detengamos los
acaparamientos de tierras! Cuaderno de la Vía Campesina 3. (s/f).
Carbó, Posada, y E. La ganader(a en la costa atlántica colombiana. Coyuntura económica,
XVIII (3), 1870.
Cárdenas, Roosbelinda. “After titling: Oil palm landscapes and Afro-Colombian territories”.
Sussex, 2011.
Cardona Calle, Diego, y Jairo Hernán Álvarez Tamayo. “Extractivismo y agro–industria en la
orinoquia colombiana. Expresiones de la colonialidad en la última década”.
En Extractivismo. Conflictos y resistencias. Bogotá: Censat Agua Viva - Amigos de la
Tierra Colombia, 2014.
Castiblanco, Carmenza, Andrés Etter, y Alberto Ramirez. “Impacts of oil palm expansion in
Colombia: What do socioeconomic indicators show?” Land Use Policy 44 (2015): 31–43.
Contraloría. “Informe sobre acumulación de tierras con antecedentes de baldíos apropiados
porgrandes inversionistas nacionales y lavado de activos (Departamentos de Meta y
Vichada).” Bogotá: Contraloría General de la República, 2013.
Coronado, Sergio, y Kristina Dietz. “Controlando territorios, reestructurando relaciones socio-
ecológicas: la globalización de agrocombustibles y sus efectos locales, el caso de Montes
de María en Colombia”. Revista Iberoamericana XIII, núm. 49 (2013).
Cotula, L. “The international political economy of the global land rush: a critical appraisal of
trends, scale, geography and drivers”. The Journal of Peasant Studies, 2012.
65
Currie, L. Bases de un programa de fomento para Colombia. Bogotá: Banco de la República,
1950.
DANE. (2016). Bogotá: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, s/f.
De los Rios, Edwin, Carmen Andréa Becerra, y Fabían Oyaga. Montes de María. Entre la
consolidación del territorio y el acaparamiento de tierras. Bogotá: ILSA, 2012.
Deininger, K. “Forum on Global Land Grabbing: Challenges Posed by the New Wave of
Farmland Investment”. Journal of Peasant Studies 2 (2011): 217–247.
Delaney, D. Territory. Oxford: Blackwell Publishing, 2005.
Díaz Granados, José Ignacio. “Impacto de la agroindustria de la palma de aceite sobre el
desarrollo socioeconómico colombiano (1993-2005)”. Tesis de Economía, Universidad de
los Andes, 2012.
Dijkers, Marcel. “What is a Scoping Review?” KT Update 4, núm. 1 (2015).
Economist. “(2011”. Mayo 5). The surge in land deals: when others are grabbing their land.
Retrieved Agosto 1 (2016). http://www.economist.com/node/18648855.
Edelman, M. “Messy hectares: questions about the epistemology of land grabbing data”. The
Journal of Peasant Studies 40 (2013): 485–501.
Edelman, M., y A. León. “Ciclos de acaparamiento de tierras en Centroamérica: Un argumento a
favor de historizar y un estudio de caso sobre el Bajo Aguán”. Anuario de Estudios
Centroamericanos, 2014.
Edelman, M., C. Oya, y S. M. Borras. “Global Land Grabs: historical processes, theoretical and
methodological implications and current trajectories”. Third World Quarterly 34 (2013):
1517–1531.
Fajardo, D. Las guerras de la agricultura colombiana 1980-2012. Bogotá: ILSA, 2014.
———. Tierra. Bogotá: ILSA, 2002.
———. “Transformaciones recientes de la agricultura colombiana. El caso del piedemonte de la
Orinoquia”. Revista Semillas, 2015.
Fajardo, D., y H. Mondragón. Colonización y estrategias de desarrollo. Bogotá: IICA, 1997.
FAO, IFAD. Unctad y Banco Mundial. Roma: FAO, 2010.
Fischer, G., H. van Velthuizen, M. Shah, y F. Nachtergaele. Global Agro-ecological Assessment
for Agriculture in the 21st Century. Roma: FAO/IIASA, 2002.
66
Gaitán, G. Colombia: la lucha por la tierra en la década del treinta. Bogotá: Ediciones Tercer
Mundo, 1976.
Garay, L. J. Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996. Bogotá:
Departamento Nacional de Planeación, 1998.
———. Derecho Real de Superficie. Bogotá: Oxfam, 2013.
García Reyes, Paola. “Tierra, palma africana y conflicto armado en el Bajo Atrato chocoano,
Colombia. Una lectura desde el cambio en los órdenes de extracción”. Estudios Socio-
jurídicos 16, núm. 1 (2014): 209–44.
García Nossa, A. Reforma agraria y dominación social en América Latina. Buenos Aires: S. I. A,
1973.
———. Reforma agraria y economía empresarial en América Latina. Editado por Santiago de
Chile. Universitaria, 1967.
Gascón, J., y D. Ojeda. Turistas y campesinado. Madrid: Foro de Turismo Responsable; ACA;
PASOS, 2014.
GB, Oxfam. “(2011)”. Land and power: The growing scandal surrounding the new wave of
investments in land. Retrieved Septiembre 10 (2016). http://policy-
practice.oxfam.org.uk/publications/land-and-power-the-growing-scandal-surrounding-the-
new-wave-of-investments-in-l-142858.
Gilhodes, P. Las luchas agrarias en Colombia. Bogotá: Ediciones tigre de papel, 1970.
Goebertus, Juanita. “Palma de aceite y desplazamiento forzado en Zona Bananera”. Colombia
Internacional 67 (2008): 152–75.
Gómez, C., L. Sánchez-Ayala, y G. Vargas. “Armed conflict, land grabs and primitive
accumulation in Colombia: micro processes, macro trends and the puzzles in between”. The
Journal of Peasant Studies 42 (2015).
Gómez, Marcela. “Monocultivo forestal avanzado. Insumos para la reflexión”. Revista Semillas,
2015.
Gómez, Patricia. Vichada: Acaparamiento de tierras en la última frontera agraria. Bogotá:
Departamento de Geografía, 2015.
Gómez, Sergio. Dinámicas del mercado de tierras en América Latina y el Caribe: Concentración
y extranjerización. Santiago: FAO, 2012.
67
González, Lina María. “Plan de Consolidación, gobernabilidad y concentración de la tierra en los
Montes de María 2002-2011”. Revista Arcanos 1, núm. 17 (2012).
GRAIN. “Acaparamiento de Tierras en Argentina: Un ‘manual de Instrucciones’ para entregar el
territorio.”, 2011. http://www.sinpermiso.info/sites/default/files/textos//grain1.pdf.
———. “Seized: the 2008 landgrab for food and financial security. Retrieved Agosto”, 2008.
http://www.grain.org/system/old/briefings_files/landgrab-2008-en.pdf.
Grajales, Jacobo. “Land grabbing, legal contention and institutional change in Colombia”. The
Journal of Peasant Studies 42, núm. 3–4 (2015): 541–60.
———. “State Involvement, land grabbing and counter-insurgency in Colombia.” Development
and Change 44, núm. 2 (2013): 211–32.
———. “The rifle and the title: paramilitary violence, land grab and land control in
Colombia”. The Journal of Peasant Studies 38, 4 (2011): 771–92.
Gutiérrez Lemus, Omar Jaime. “El Ariari, entre la integración y la violencia”. En Conflicto y
territorio en el oriente colombiano, 187–300. ODECOFI. Bogotá: Odecofi - CINEP, 2012.
Hall, D. “Primitive Accumulation, Accumulations by Dispossession and the Global Land
Grab”. Third World Quarterly 34 (2013): 1582–1604.
Hall, R., M. Edelman, S. Borras, I. Scoones, B. White, y W. Wolford. “Resistance, acquiescence
or incorporation? An introduction to land grabbing and political reactions ‘from
below’”. The Journal of Peasant Studies 42 (2015): 467–488.
Harvey, D. El enigma del capital y las crisis del capitalismo. Madrid: Akal, 2012.
Heath, J., y K. Deininger. Implementing Negotiated Land Reform: The Case of Colombia.
Washington: Banco Mundial, 1997.
Ibañez, A. M. La persistencia de la concentración de la tierra en Colombia: ¿Qué pasó entre
2000 y 2010? Notas de Política (9), 2011.
Ibañez, A., y P. Querubin. Acceso a tierras y desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá:
CEDE-Uniandes, 2004.
IEPRI, CNMH. (2009). Aproximación conceptual. Bogotá: IEPRI, s/f.
IGAC. (2012). Bogotá: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), s/f.
ILSA. Procesos socio-territoriales Orinoquía. Itinerarios y tendencias. Bogotá: ILSA, 2014.
Kalmanovitz, S. “El desarrollo histórico del campo colombiano”. En J. O. Melo, Colombia hoy.
Bogotá: Presidencia de la República, 1996.
68
Kalmanovitz, S., y E. López. La agricultura colombiana en el siglo XX. Bogotá: FCE, Banco de
la República, 2012.
Kay, C. Estudios rurales en América Latina en el periodo de globalización neoliberal: ¿una
nueva ruralidad? Revista Mexicana de Sociología, 71 (4). 607-645, 2009.
LeGrand, C. Colonización y protesta campesina en Colombia 1850-1950. Bogotá: Universidad
Nacional de Colombia, 1988.
———. “De las tierras publicas a las propiedades privadas: acaparamiento de tierras y conflictos
agrarios en Colombia”. Lecturas de Economía 13 (1870): 13–50.
Li, T. “Centering labor in the land grab debate”. The Journal of Peasant Studies 38 (2011): 281–
298.
Lipton, M. Land reform in developing countries: property rights and property wrongs. Londres:
Routledge, 2009.
Lorente, L., A. Salazar, y Á. Gallo. (1994). Bogotá: Tercer Mundo, s/f.
Machado, A. De la estructura agraria al sistema agroindustrial. Bogotá: Universidad Nacional
de Colombia, 2002.
———. Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia. Bogotá: Universidad
Nacional de Colombia, 2009.
———. La cuestión agraria en Colombia a fines del milenio. Editado por Bogotá: El Áncora,
1998.
———. La política de reforma agraria y tierras en Colombia. Bogotá: Centro Nacional de
Memoria Histórica, 2013.
———. La reforma rural. Bogotá: Centro de Investigaciones para el Desarrollo, 2009.
Maher, David. “Rooted in violence: economic development, international trade and the expansion
of palm oil in Colombia”. New Political Economy 4, núm. 2 (2015): 299–330.
Marín-Burgos, Victoria. “Access, Power and Justice in Commodity Frontiers. The political
ecology of acces to land and palm oil expansion in Colombia”. Tesis de Doctorado,
Universidad de Twente, 2014.
Martínez, A. Planes de desarrollo y política agraria en Colombia 1940-1978. Bogotá: CID,
Universidad Nacional, 1986.
Martz, J. D. The Politics of Clientelism in Colombia. New Jersey: Transaction Publishers, 1997.
McMichael, P. “A Food Regime Genealogy”. Journal of Peasant Studies 1 (2009): 171–196.
69
———. Rethinking Land Grab Ontology. Rural Sociology, 2014.
Memoria Histórica. Historia, políticas agrarias y protagonistas. Bogotá: Centro Nacional de
Memoria Histórica, 2016.
———. La tierra en disputa. Memorias de despojo y resistencia campesina en la costa Caribe
(1960-2010). Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica, 2010.
———. Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares. Bogotá. Bogotá: Centro de
Memoria Histórica, 2012.
Mingorance, Fidel, Flaminia Minelli, y Hélène Le Du. El cultivo de la palma africana en el
Chocó. Legalidad ambiental, territorial y Derechos Humanos. Colombia: Human Rights
Everywhere, Diócesis de Quibdó, 2004.
Molano, A. “Aproximación al proceso de colonización de la región del Ariari-Güejar-
Guayabero”. En La Macarena, 289–305. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia,
1989.
Mundial, Banco. (2011). Washington D. C.: World Bank, s/f.
Muñoz, Juan Carlos, José Antonio Fortou, Sandra Johansson, y Jorge Giraldo Ramírez. “This
Land is My Land: Understanding the Relationship between Armed Conflict and Land in
Urabá, Colombia”. ECARES working paper. Bélgica: ECARES, 2015.
Ocampo, J. A., J. Bernal, M. Avella, Errazuriz Cox, y M. “Industrialización e intervencionismo
estatal (1945-1980)”. En J. A. Ocampo, Historia económica de Colombia. Bogotá: Fondo
de Cultura Económica, 2015.
Ocampo, J. A., y S. Perry. El giro de la política agropecuaria. Bogotá: Fonade, DNP, 1995.
Ocampo, Sebastián. “Agroindustria y conflicto armado. El caso de la palma de aceite”. Colombia
Internacional 70 (2009): 169–90.
Ojeda, Diana, Jennifer Petzl, Catalina Quiroga, Ana Catalina Rodríguez, y Juan Guillermo Rojas.
“Paisajes del despojo cotidiano: acaparamiento de tierra y agua en Montes de María,
Colombia”. Revista de Estudios Sociales 54 (2015).
Oquist, P. Violencia. Bogotá: Instituto de Estudios Colombianos, 1978.
Osorio, C. “El futuro agroindustrial de la Orinoquía ya arrancó”, el 22 de noviembre de 2015.
http://lasillavacia.com/historia/el-futuro-agroindustrial-de-la-orinoquia-ya-arranco-19998.
Osorio Pérez, Flor Edilma. Territorialidades en suspenso. Bogotá: CODHES, 2006.
70
———. “Tramas entre paramilitarismo y palmicultura”. Memoria y sociedad 19 # 39 (2015): 11–
28.
Oya, C. “Methodological reflections on ‘land grab’ databases and the ‘land grab’ literature
‘rush’”. The Journal of Peasant Studies 40 (2013): 503–520.
———. “The Land Rush and Classic Agrarian Questions of Capital and Labour: a systematic
scoping review of the socioeconomic impact of land grabs in Africa”. Third World
Quarterly 34 (2013): 1532–1557.
Palacios, M. ¿De quién es la tierra?: Propiedad. Bogotá: FCE, 2011.
Palacios, M., y F. Safford. Colombia. Su historia. Bogotá: Norma, 2002.
Parsons, J. Antioqueño Colonization in Western Colombia. Berkeley, 1949.
Peluso, N. L., y C. Lund. New frontiers of land control: Introduction. The Journal of Peasant
Studies, 2011.
Pérez, F.E. “Hacia una nueva visión de lo rural”. En ¿Una nueva ruralidad en América
Latina? Buenos Aires: CLACSO, 2001.
Piñeros, Robinzon. “Territorios corporativos del agronegocio y movilidad territorial del trabajo
en monocultivos para la producción de agrocombustibles en la altillanura y el piedemonte
metense.” Bogotá, 2016.
PNUD. “Razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano.” Bogotá:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2011.
Rausch, J. Colombia: el gobierno territorial y la región fronteriza de los Llanos. Medellín:
Universidad de Antioquia, 2003.
Restrepo, J. C., Bernal Morales, y M. A. La cuestión agraria. Bogotá: Penguin Random House,
2014.
Revista Semillas. “El acaparamiento, extranjerización de tierras y modelo agro industrial en la
Orinoquía”. Revista Semillas, 2015.
Reyes, A. Guerreros y Campesinos. Bogotá: Norma, 2009.
———. La reforma rural para la paz. Bogotá: Penguin Random House, 2016.
———. La violencia y el problema agrario en Colombia. Análisis Político, 1987.
———. Latifundio y poder político. Bogotá: CINEP, 1978.
Reyes, A., L. Duica, y W. Anibal. El despojo de tierras por paramilitares en Colombia.
Retrieved Octubre 2, 2016. http://www.ideaspaz.org/tools/download/52149.
71
Ribot, Jesse, y Nancy Lee Peluso. “A Theory of Access”. Rural Sociology 68, núm. 2 (2003):
153–81.
Rice, A. Noviembre 22). Is there such a thing as agro-imperialism? Retrieved Agosto 1, 2016.
http://www.nytimes.com/2009/11/22/magazine/22land-t.html?pagewanted=all&_r=0.
Rincón, C. Estructura de la propiedad rural y mercado de tierras. Bogotá: Trabajo de grado para
optar por el título de magister en Economía, Universidad Nacional, 1997.
Robledo, J. E. Noviembre 20). La extranjerización de las tierras rurales atenta contra Colombia,
2015. http://www.moir.org.co/La-extranjerizacion-de-las-tierras.html.
Rubio, R. Estudios sobre el conflicto armado colombiano. Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia, 1986.
Salinas, Y. “El Caso de Colombia”. En S, 179–208. Santiago: FAO, 2012.
Salinas, Y., y J. Zarama. Justicia y Paz. Bogotá: Centro de Memoria Histórica, 2012.
Sánchez, G. Violencia. In Nueva Historia de Colombia. Bogotá: Planeta, 1989.
Sanin, Gutierrez, y F. “Propiedad”. seguridad y despojo: el caso paramilitar. Revista de Estudios
Socio-jurídicos 16 (2014).
Scheidel, A., y A. Sorman. Energy transitions and the global land rush: Ultimate drivers and
persistent consequences. Global Environmental Change, 2012.
Schutter, De, y O. “How not to think of land-grabbing: three critiques of large-scale investments
in farmland”. Journal of Peasant Studies 2 (2011): 249–279.
Smalley, R., y E. Corbera. “Large-scale land deals from the inside out: findings from Kenya’s
Tana Delta”. Journal of Peasant Studies 39 (2012).
SOMO-Indepaz. “Reconquista y despojo en la Altillanura. El caso Poligrow en Colombia”.
Bogotá: SOMO-Indepaz, 2015.
Suescún, C. A. “La inercia de la estructura agraria en Colombia: Determinantes recientes de la
concentración de la tierra mediante un enfoque espacial”. Cuadernos de Economía 32
(2013).
Thoumi, F. El imperio de la droga. Bogotá: Planeta, 2002.
Torrez, Sánchez, F., Villaveces Niño, y M. J. Tendencias y factores socioeconómicos y
espaciales asociados a la adjudicación de baldíos en Colombia. Bogotá: Universidad de
los Andes, 1961.
72
Tovar, H. El movimiento campesino en Colombia durante los siglos XIX y XX. Bogotá: Ediciones
Libres, 1975.
Vacía, La Silla. (2013. Julio 10), 2016. http://lasillavacia.com/historia/los-pasos-de-santos-para-
permitir-la-acumulacion-de-baldios-45183.
———. “(2013”. Agosto 3). En los baldíos, Santos tendrá que escoger entre los cacaos y su
discurso en La Habana. Retrieved Octubre 15 (2016). http://lasillavacia.com/historia/en-
los-baldios-santos-tendra-que-escoger-entre-los-cacaos-y-su-discurso-en-la-habana-45332.
Zamosc, L. The agrarian question and the peasant movement in Colombia. Cabridge: Cambridge
University Press, 1967.
Zoomers, Annelies. “Globalisation and the foreignisation of space: seven processes driving the
current global land grab”. The Journal of Peasant Studies, 2010, 429–47.
73
APÉNDICE A.
METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LITERATURA SOBRE
ACAPARAMIENTO DE TIERRAS
Los criterios de búsqueda e inclusión de la literatura fueron definidos con el objetivo de
incluir los textos más relevantes para el análisis propuesto. En primer lugar, se tuvieron en
cuenta escritos cuyo tema central fuera el acaparamiento de tierras, y no otros fenómenos
relacionados, pero diferentes. Basta recordar que en el segundo capítulo fue definido el
fenómeno a partir de tres elementos interconectados: se trata de una operación de control
sobre la tierra y sobre la población que se relaciona en ella y con ella; es grande en la escala
de la tierra involucrada, pero sobre todo, del capital; y finalmente, se inscribe dentro de
dinámicas particulares de acumulación, que en el caso colombiano, empiezan a mitades de
la década de 1980, y se intensifican en los primeros años de los 2000. Esta periodización
del fenómeno fue definida en el tercer capítulo, y hace parte también de los criterios que se
tuvieron en cuenta para incluir o excluir textos de la revisión. La aparición en revistas
académicas evaluadas por pares no fue un criterio definitivo para la inclusión de textos,
pues al debate han contribuido otro tipo de publicaciones que sin duda han arrojado
información importante, y que han sido referenciadas por varios textos de carácter
formalmente académico.
La búsqueda de textos se realizó a través de la combinación de diferentes términos, como
‘acaparamiento’, ‘tierras’, ‘concentración’, ‘despojo’, ‘conflictos’ y ‘Colombia’, en el
buscador de la Biblioteca de la Universidad de los Andes y en bases de datos
multidisciplinarias, electrónicas y académicas como Web of Science, EBSCOHOST,
JSTOR, Science Direct, SciELO, Redalyc y Scopus. Se tuvieron en cuenta además, los
resultados de búsqueda en Google Scholar que tuvieran al menos una citación y aparecieran
en las primeras 10 páginas. Otra fuente importante de material fue la sección de referencias
bibliográficas de los textos encontrados. Finalmente, se consultó con algunos profesores y
académicos de la Universidad de los Andes que tenían alguna cercanía con el tema.
74
La búsqueda inicial arrojó cerca de 800 entradas. La aplicación de los filtros de inclusión y
exclusión en la revisión de títulos disminuyó sustancialmente el material a 60 entradas
relevantes. Al ser filtrados con un poco más de detalle en la lectura de resúmenes e
introducciones, el número de entradas terminó por reducirse definitivamente a un total de
44. Teniendo en cuenta que la mayoría de los textos encontrados eran estudios de caso, se
decidió clasificarlos según la región en que se enfocaran24.
Una vez clasificados por regiones, se elaboró una matriz para descargar la información de
cada texto y facilitar el análisis. La matriz está compuesta de 6 columnas. La primera se
titula “Caso”, y contiene los nombres de las regiones estudiadas. La segunda se titula
“Mecanismos de acceso a los beneficios de la tierra”. Esta columna se estructura alrededor
de una plantilla conformada por 9 categorías, que enuncia cada una un tipo de mecanismo
de acceso y control sobre los beneficios de la tierra. Estas categorías son formuladas por
Ribot y Peluso (2003) con el objetivo de identificar el conjunto de mecanismos a través de
los cuales un agente puede regular el acceso a los beneficios que se derivan del control
sobre un determinado recurso o proceso productivo. Las categorías fueron útiles para
organizar, clasificar y sistematizar la información contenida en cada texto.
La tercera columna, titulada “Impactos”, sirvió para consignar reportes de impactos
específicos del proceso sobre las comunidades, siempre que fueran reportados por los
textos consultados. La cuarta columna se titula “Dirección de los cambios en el uso de la
tierra”, y sirve para clasificar la naturaleza y dirección de las transformaciones descritas, de
acuerdo con la tipología propuesta por Borras y Franco (2012) (Ver Cuadro 7). La quinta
columna se llama “Dirección de la transformación de las relaciones basadas en el control
sobre la tierra”, y al igual que la anterior, permite clasificar la dirección de estas relaciones
de acuerdo con la tipología propuesta por Borras y Franco (20012) (Ver Cuadro 8). Estas
dos columnas fueron útiles para analizar el sentido general de las transformaciones
descritas en cada región. Finalmente, la sexta columna contiene el listado de los textos
encontrados para cada región.
24 Cabe mencionar que algunos textos se referían a dos o más regiones.
75
Cuadro 7: Carácter, dirección y orientación de las transformaciones en los usos de la
tierra
Tipo ideal De A A Producción de comida Producción de comida A1 Para consumo Para intercambio doméstico A2 Para consumo o intercambio doméstico Para exportación A3 Para exportación, monocultivos, y
producción industrial Para consumo, intercambio doméstico y agricultura de pequeña escala
B Producción de comida Producción de agrocombustibles B1 Para consumo o intercambio doméstico Para exportación B2a Para consumo o intercambio doméstico Para uso local, intercambio doméstico,
controlado por corporaciones B2b Para consumo o intercambio doméstico Para uso local, intercambio doméstico, no
controlado por corporaciones C Otros usos Producción de comida C1 Bosques Para consumo o intercambio doméstico C2 Bosques Para exportación C3 Tierras marginales u “ociosas” Para consumo o intercambio doméstico C4 Tierras marginales u “ociosas” Para exportación D Otros usos Producción de agrocombustibles D1 Bosques Para uso e intercambio doméstico D2 Bosques Para exportación D3 Tierras marginales u “ociosas” Para uso e intercambio doméstico D4 Tierras marginales u “ociosas” Para exportación
Tomado de: Borras y Franco, Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: A Preliminary Analysis, 2012.
Cuadro 8: Dirección de la transformación de las relaciones basadas en el control sobre
la tierra
Cambio en las relaciones de control
Proveedor de alimentos Cultivo ecológico
A: Redistributivo Sí Sí B: Redistributivo Sí No C: Redistributivo No Sí D: Redistributivo No No E: No distributivo/concentración Sí Sí F: No distributivo/concentración Sí No G: No distributivo/concentración No Sí H: No distributivo/concentración No No
Tomado de: Borras y Franco, Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: A Preliminary Analysis, 2012.
76
Matriz de análisis25
Caso Mecanismos+de+acceso+a+los+beneficios+de+la+
tierraImpactos Dirección+del+cambio+en+el+uso+de+la+
tierraDirección+de+la+transformación+en+las+
relaciones+basadas+en+la+tierraBibliografía+sobre+el+caso
Altillanura Derechos Álvarez,.2012Distintos.mecanismos:.Compra.de.baldíos.asignados.a.sujetos.de.reforma.agraria,.mecanismos.fraudulentos.de.acceso.a.baldios.(fragmentación.de.empresas).(Gómez.2015,.Contraloria.2013),.apropiación.violenta.(Gómez.2015).
B2a:.De.tierras.dedicadas.a.la.producción.de.comida.para.el.consumo.y.el.intercambio.doméstico,.a.monocultivos.para.agrobustibles.de.uso.local,.intercambio.doméstico,.y.controlado.por.corporaciones.
D.(Reconcentración./.G,.H.. Aparicio,.2016
Tecnología Cardona.Calle.y.Álvarez,.2014En.algunas.zonas.se.requieren.mecanismos.de.adecuación.de.los.suelos,.que.por.su.costo,.permanecen.en.control.de.las.empresas.(SOMOVIndepaz.2015)
C3:.De.tierras.marginales.u.ociosas,.a.monocultivos.de.comida.para.consumo,.e.intercambio.doméstico.
Contraloría,.2013
Capital P..Gómez,.2015Fondos.extranjeros.en.el.caso.de.empresas.como.Mónica,.Cargill,.Timberland.Holdings,.Poligrow,.y.nacionales.de.grandes.compañías.como.Riopaila.Castilla,.Grupo.Luis.Carlos.Sarmiento.Angulo,.Manuelita.(Contraloría.2013)..Crédito.subsidiado.del.gobierno.a.estoas.empresas.(Se.dividían.y.se.registraban.como.pequeñas.empresas).(Contraloría.2013)
Acaparamiento.del.crédito D3:.De.tierras.marginales.u.ociosas,.a.producción.de.monocultivos.para.agrocombustibles.de.uso.doméstico.
M..Gómez,.2015
Mercados ILSA,.2014Vías.de.comunicación.son.limitadas.y.algunas.tienen.acceso.limitado.(ColombiaAgro)..La.construcción.de.vías.se.hace.en.función.de.las.empresas.y.el.comercio..(P..Gómez.2015)
Construcción.de.infraestructura.de.uso.privado.genera.cercamientos.e.imposibilita.tránsitos.tradicionales.entre.zonas.
MarínVBurgos,.2014
Trabajo Osorio.Pérez,.2015Oferta.de.trabajo.limitada..Muchas.veces.es.traido.de.otras.partes.del.país.(P..Gómez.2015,.Piñeros.2016)..Funciona.a.través.de.Coperativas.de.Trabajo.Asociado.(Flexibilización.del.trabjo)
Precarización.del.trabajo Piñeros,.2016
Conocimiento Revista.Semillas,.2015Se.han.generado.discursos.legitimadores.que.cercan.la.disponilidad.y.el.acceso.a.la.tierra.por.parte.de.los.pequeños.campesinos:.la.tierra.es.infertil.y.su.uso.requiere.grandes.inversiones.(P..Gómez.2015,.Salinas.2012,..
Robledo,.2015
Autoridad SOMOVIndepaz,.2015Grupos.paramilitares.hacen.presencia.en.la.región.y.han.expresado.que.ven.favorablemente.las.inversiones.agroindustriales.(Osorio.2015)..Políticas.públicas.regionales.a.veces.se.orientan.hacia.la.provisión.de.bienes.y.servicios.públicos.únicamente.a.las.compañías.(P..Gómez.2015)
Relaciones.sociales
Identidad
25 Versión completa anexa en formato Excel.
77
78
79
80
