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SEÑORA JUEZ DE INSTRUCCIÓN CAUTELAR MIXTO DE LA CIUDAD DE
BALDIVIA.-
- Formula incidente de actividad procesal defectuosa de nulidad de
imputación.-
- Otrosí.-
AGAPITO ORTEGA CHAVEZ, de generales conocidas dentro del proceso
penal que me sigue el ministerio público a instancia del Sr. ERNESTO
TOLEDO BALDERRAMA, por el ilícito de Abigeato, ante su autoridad con las
debidas consideraciones de respeto expongo y pido:
I. ADMISIBILIDAD DEL INCIDENTE
Como es de conocimiento de su probidad, los incidentes de actividad procesal
defectuosa son medios por los cuales, se hace posible el saneamiento del
proceso, ante la existencia de defectos relativos o absolutos, todo con el fin de
evitar la vulneración de garantías y derechos, asimismo teniendo presente la
competencia que ostenta su autoridad emanada de la ley 1970, e
individualizada en el Art. 54 num. 1) y el primer párrafo del Art. 279, ambos
articulados plasmados en la norma antes mencionada, sumándose a lo
señalado por la Jurisprudencia constitucional, cuya sentencia fundadora se
edifica en la S.C. No. 225/2002 – R de 6 de marzo de 2002, cuya razón de la
decisión señala:
“..el recurrente reclama el ilegal secuestro …. por las autoridades recurridas, dentro de un proceso de investigación iniciado por orden fiscal a raíz de una denuncia de estafa, de lo que se infiere que esa supuesta ilegalidad debe ser representada ante el juez cautelar, quien con plena jurisdicción y competencia resolverá lo que fuere de ley, en ejercicio del control jurisdiccional que le reconoce el art. 279 de la ley No. 1970...”
Dicho entendimiento fue ratificado a través de la S.C. No. 0865/2003-R de 25
de junio de 2003 y ampliado a través de la S.C. No. 0241/2006 – R de 15 de
marzo de 2006 en los siguientes términos:
“III.2........En ese sentido, si bien la fiscalía ejerce la dirección funcional de las investigaciones en los procesos penales es el juez cautelar quien ejerce el control jurisdiccional del proceso lo que implica que el control de la investigación le compete a dicha autoridad desde el momento en que se abre la
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causa a razón de una denuncia hasta que la misma pasa a juicio oral momento en el cual el control jurisdiccional es ejercido por un tribunal de sentencia.”
La mencionada línea jurisprudencial ha sido ratificada por el actual Tribunal
Constitucional Plurinacional a través de reiteradas sentencias como ser la
S.C.P. No. 2300/2012 de 16 de noviembre de 2012 y la S.C.P. No. 0123/2013
de 1 de febrero de 2013, asimismo es necesario resaltar que el estado el cual
transitamos no constituye un óbice para la compulsa del fondo del presente
incidente (mutatis mutandi la S.C.P. No. 0178/2014 de 30 de enero de 2014, en
la cual se declara la nulidad de una imputación en audiencia conclusiva).
Situación que hace viable la admisibilidad y su posterior consideración
por su autoridad del presente incidente, por lo cual amparada en el art.
314 concordante con los art. 169, num. 3, ambos del CPP., tengo a bien
incoar el presente incidente de actividad procesal defectuosa, bajo los
siguientes fundamentos:
II. ANTECEDENTES DE RELEVANCIA
II.I.
Resulta obligatorio de mi parte manifestar a su autoridad que el presente
incidente esta enteramente dirigido a la imputación de fecha 22 de febrero
de 2013, pues es la única resolución o requerimiento fiscal, dirigida en
contra de mi persona, pues la ampliación de la imputación está
relacionada con otra persona, es más mi persona no fue notificado
personalmente con dicha resolución, pues el conocimiento de la
existencia de dicha resolución por parte de mi persona es totalmente
vaga, asimismo nunca se me notifico con la conminatoria para una
declaración ampliatoria en relación a la segunda imputación, por
supuesto para hacerme conocer hecho alguno que se me endilgue.
Ahora bien, de la revisión del cuaderno de investigaciones y relacionando los
documentos mencionados en la imputación de fecha 22 de febrero de 2013,
pruebas individualizadas en la parte in fine del numeral 3) y que lleva el título
de “ELEMENTOS DE CONVICCIÓN” plasmados en la imputación y tomando
en cuenta el texto plasmado en la mentada imputación, se tiene:
a) informe policial en el que se relata la denuncia formalizada por la
víctima.
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Informe creemos se refiere al informe de 2 de enero de 2012, emitido por el
Sgto. Enrique Tarqui Zúñiga, quien relata la denuncia interpuesta por el Sr.
AGAPITO ORTEGA CHAVEZ en contra de mi persona, y que del texto de
dicho informe con relación a mi persona se tiene:
“... el día miércoles 19 de diciembre de 2012 por la mañana llama por vía celular al Sr. Ricardo Toledo diciéndole que va ir el Sr. AGAPITO ORTEGA CHAVEZ bueno hijo y el Sr. Justo Claro va a soltar las chivas y le encuentra a una sra. Es esposa del Sr. Radel Lanoza en la propiedad de Quirquincho donde le dice la sra. Esposa del sr. Radel lanoza, Eliceo dijo que no le suelte las chivas entonces el Sr. Justo Claros no lo hizo caso y lo solto al rato volvieron Eliseo Toledo Marras y Redel Lanoza le dice carneamos a la gallina donde el sr. Justo claros le dice como voya carnear algo que no es mio..” (SIC.)
b) El muestrario fotográfico:
Medio que seguramente se impugnara en su debido momento, muestrario que
además no alla relación alguna con mi persona.
II.II.
Ahora bien, teniendo presente las documentales descritas se tiene que el
representante del Ministerio público a través de la primera imputación de fecha
22 de febrero de 2013, imputación que bajo el título “Relación fáctica de los
hechos y antecedentes” señala:
- En el primer párrafo como su autoridad evidenciará una descripción de
lo sucedido en fecha 20 de diciembre de 2012, actos que supuestamente el
señor justo Claros ha realizado, sin que se señale a mi persona en acto
alguno.
- El segundo y tercer párrafo de dicho título describe la denuncia incoada
y las acciones realizadas por el policía en el puesto del Sr. Ricardo Toledo,
nuevamente sin señalar ni relacionar de forma alguna a mi persona.
II.III
Bajo el numeral 4) intitulado “Fundamentación de la imputación” de la primera
imputación presentada, se tiene:
- El primer párrafo se encuentra trascrito el artículo 350 primera parte del
CP.
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- En el segundo párrafo señala primero que:
“...el denunciante es una persona dedicada a la crianza de ganado bovino en el sector de la comunidad de Ibibobo”
Asimismo señala directamente con relación a mi persona y el Sr. Ricardo
Toledo lo siguiente:
“... es ahí que los imputados.... por identificación que hizo la víctima fueron quienes en principio se apropiaron de una cabeza de ganado vacuno a la que procedieron a faenar en pleno campo montañoso de la zona el Quirquincho, en fecha 1 de enero de 2013............”
- En el tercer párrafo de manera directa endilga el ilícito a mi persona
señalando:
“El imputado propietario del corral en el que se encontró los rumiantes ajenos actuó en esta conducta en forma conjunta con el imputado AGAPITO ORTEGA CHAVEZ Marras, de donde nace que los coimputados participaron de manera conjunta, extremo que constituye la coautoria .......”
- Finalmente en el cuarto párrafo concluye:
“Los indicios racionales que se tiene del hecho y la participación de los imputados se hallan patentizados en el informe policial, muestrario fotográfico y no existe un solo indicio que nos lleve a dudar que no serían responsables los coimputados ....”
III. MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DEL INCIDENTE.-
Como su autoridad evidenciará, se tiene por parte del Ministerio público una
imputación en la cual NO SE PLASMAN HECHOS, SINO MERAS Y
CONTRADICTORIAS, CONCLUSIONES DE MANERA DIRECTA, SIN QUE
MEDIE TAREA INTELECTIVA QUE SE PUEDA CONTROLAR, que como
pasare a demostrar resultan conclusiones totalmente subjetivas, carentes de
sustento sea indiciario o en base de algún elemento de convicción, en total
contradicción con las dos únicas documentales, que menciona la imputación, y
que valga la redundancia son las mismas que supuestamente deberían
sustentar la imputación, teniendo como corolario de dicha actuación del
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ministerio público, la total ausencia de fundamentación y motivación, por lo cual
el representante del ministerio público, ha desconocido el principio de
Objetividad al cual se encontraba conminado por el art. 70 del CPP, pues
realiza una imputación carente de fundamentación, contradictoria y ajena a la
realidad de los indicios que el mismo fiscal señala sustentan su requerimiento
de imputación, actuación que desconoce el mandato del art. 73 del CPP, pues
dicho articulado obliga al Ministerio público a realizar todas sus actuaciones
debidamente fundamentadas con elementos reales o mínimamente fundada en
indicios reales, omisión que sumada al mandato del num. 3 del art. 302 del
CPP, en lo que atañe a la fundamentación de los hechos inexistentes
endilgados a mi persona, la motivación en derecho o la subsunción legal o
nexo causal entre los inexistentes hechos y los elementos del tipo penal
imputado, situación que imposibilita de manera total y abierta mi derecho a la
defensa, pues una imputación ambigua, contradictoria y generalizada carente
de fundamentación fáctica, intelectiva y jurídica atentan poder ejercer y
formular debidamente mi defensa de manera amplia.
Mas de manera inicial Sr. Juez, resulta imperioso recordar, que la
jurisprudencia constitucional señalada en la línea seguida por las S.C. No.
0129/2004-R de 28 de enero, 1691/2004-R de 18 de octubre; 1670/2010-R, de
25 de octubre, 1557/2012 de 24 de septiembre, entre otras, en las cuales el
Tribunal constitucional Plurinacional, señala supuestos en los cuales dicho
tribunal realiza la fiscalización de la tarea intelectiva o valoración probatoria
realizada por el ministerio Público, motivos que también hacen viable el control
jurisdiccional sobre este aspecto, pues esta tarea no presupone que su
autoridad realice actos investigativos, SINO MAS BIEN QUE
REALICE EL CONTROL INTELECTIVO DE LA
FUNDAMENTACIÓN REALIZADA POR EL
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU
IMPUTACIÓN, más aún, si a través de dicha imputación, se pretende a la
vez sustentar una limitación a un derecho tan fundamental como lo es la
libertad, amenazado a la fecha por la mentada imputación, poniendo en riesgo
además la estabilidad familiar, como demostrare llegado el momento propicio.
Ahora con relación al requisito de la fundamentación de todo actuado en
materia penal, resulta obligatorio tomar como parámetro para el desarrollo de la
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fundamentación del presente incidente, los fundamentos jurídicos señalados en
el auto supremo No. 73/2013-RRC de 19 de marzo, el cual en concordancia
con lo propugnado por el jurisconsulto Costarricense Dr. Francisco Dall”Anese
(Revista de Ciencias Penales No. 6 del año 1992), nos enseñan que toda
fundamentación se encuentra compuesta de cuatro elementos, los cuales
vienen a ser; Una fundamentación fáctica, una fundamentación descriptiva,
una fundamentación intelectiva y una fundamentación jurídica, siendo la
fundamentación fáctica la cual describe los hechos en toda resolución
acusatoria, que obligatoriamente deben estar sustentados en los elementos de
prueba, que deben ser emergentes de la tarea intelectiva o fundamentación
intelectiva realizada por el juzgador o acusador y la fundamentación descriptiva
en la cual se realiza la tarea de describir o detallar los elementos de prueba
compulsados, situación que evidentemente no será requerida a la
magnitud que señala el Auto Supremo citado, pues teniendo presente
que, a través, de este incidente se acusa la carencia de fundamentación y
motivación de una imputación, señalaremos solamente que:
La imputación carece de fundamentación, pues la
fundamentación fáctica debería emerger de la tarea intelectiva
realizada de la compulsa de los indicios o dicho de otra
manera, los inexistentes hechos en la imputación por su
puesto con relación a mi persona y los escasos hechos que
conforman la fundamentación fáctica debían obligatoriamente
emerger de la fundamentación intelectiva realizada de los
indicios, estos indicios que se encuentran individualizados y
señalados en la parte in fine del numeral 3) de la imputación,
numeral en el cual también, se ha consignado de manera
totalmente parcial y ampliamente cercenada la fundamentación
descriptiva de dichos indicios.
En la misma línea debe tenerse presente que el art. 302, del Código de
procedimiento penal señala textualmente que:
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“Si el fiscal estima la existencia de suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación del imputado, formalizará la imputación a través de resolución debidamente fundamentada que contendrá”
Lo cual por lógica y de una simple interpretación literal nos trae que la
imputación formal debe ser una resolución debidamente fundamentada basada
en indicios suficientes que demuestren:
a. Primero la existencia del hecho.
b. Segundo la participación del imputado en uno de los grados señalados en el
código penal.
Dos presupuestos que deben basarse en indicios, ahora resulta imperante
para los fines del presente incidente, llegar a la definición de indicios, pues es
sobre estos que se sustentará la imputación, por lo cual impele recurrir al
manual de actuaciones investigativas de fiscales, policías y peritos, publicado
bajo asistencia técnica y financiera del programa de administración de justicia
de USAID y el proyecto de apoyo a la reforma procesal penal de la cooperación
técnica Alemana GTZ, y que fue aprobado mediante resolución conjunta de la
fiscalía general de la republica y el comando general de la policía nacional
Número 001/2007 de 22 de febrero de 2007, el cual en su página 145 define la
palabra indicio bajo los siguientes términos:
“.. son las manifestaciones exteriores que quedan como resultado del delito que adquieren gran utilidad para orientar el esclarecimiento de la verdad”
Definición que de la misma manera da como ejemplos los objetos, cosas,
huellas, manchas, etc.
Ahora bien, para una mejor comprensión es necesario sumar el concepto
citado, con la doctrina más aceptada en materia penal, la cual es sustentada
por el Dr. Jose Cafferata Nores, el cual en su libro “La prueba en el proceso
penal”, Pág. 192 y ss. Jurisconsulto el cual con relación al indicio señala:
“El indicio es un hecho (o circunstancia) del cual se puede mediante una operación lógica, inferir la existencia de otro”“.... Su fuerza probatoria reside en el grado de necesidad de la relación que revela entre un hecho conocido (el indiciario), psíquico o físico, debidamente acreditado, y otro desconocido (el indicado), cuya existencia pretende demostrar. Para que la relación entre ambos sea necesaria será preciso que el
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hecho “indiciario” no pueda ser relacionado con otro hecho que no sea el “indicado”, es lo que se llama “univocidad” del indicio. Si el hecho indiciario admite una explicación compatible con otro hecho distinto del indicado, o al menos no es óbice para ella, la relación entre ambos es contingente: es lo que se llama indicio anfibológico”
Teniendo presente lo señalado diremos:
III.I. LA IMPUTACIÓN CARECE DE FUNDAMENTACIÓN INTELECTIVA, Y
DESCONOCE EL MANDATO SEÑALADO EN LOS ARTS. 72, 73 Y 302 DEL
CPP CONCORDANTE CON LOS ARTS. 40 num. 11) y 57 DE LA LOMP.-
Ahora tomando en cuenta lo previamente fundamentado, Sra. Juez, su
autoridad evidenciará que la imputación, consta de conclusiones subjetivas
expresadas de manera totalmente general y sin individualizar hecho
concreto de manera clara y concisa que emerja de una tarea intelectiva
basada en los dos indicios antes individualizados, pues señala como
conclusión generalizada el supuesto acto ilícito:
1.- La apropiación indebida de ganado.
Prosiguiendo con el desarrollo de los fundamentos del presente incidente
debemos señalar que del tenor de la imputación, se tiene que primero se
describe los actos realizados por el Sr. Justo Claros, en la cual se presenta la
primera contradicción con la imputación pues el Sr. Justo Claros JAMAS
MENCIONO ACTO ALGUNO REALIZADO POR MI PERSONA, TAL COMO
REFIERE EL MENTADO INFORME DESCRITO UT SUPRA, asimismo la
imputación de manera posterior realiza un resumen totalmente antojadizo de la
supuesta denuncia interpuesta por el Sr. Claros y de las actuaciones de la
policía montada a instancia del denunciante, para de manera posterior acusar
directamente y con total vehemencia una supuesta participación en el hecho
ilícito investigado sin especificar ni individualizar cuales serían los supuestos
actos que mi persona habría realizado, mediante la cual mi persona
supuestamente incurrió en el hecho ilícito investigado, pues textualmente y de
manera directa la imputación señala:
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“El imputado propietario del corral en el que se encontró los rumiantes ajenos actuó en esta conducta en forma conjunta con el imputado AGAPITO ORTEGA CHAVEZ Marras, de donde nace que los coimputados participaron de manera conjunta, extremo que constituye la coautoria“(sic.)
Asumiendo con dicho argumento, que me atribuye una conducta ilícita, sin
señalar que actos ha realizado mi persona, y principalmente que parte de los
indicios individualizados en la imputación demuestran una supuesta conducta
ilícita, que en el caso de autos ES INEXISTENTE, pues de las documentales
que menciona el representante del ministerio público principalmente del informe
del policía, no existe hecho alguno que pueda relacionarse a mi persona a un
supuesto hecho ilícito, por lo cual sorprende que el representante del ministerio
público sin señalar indicio o elemento de convicción del cual emerja una
supuesta actuación ilegal de mi persona, me atribuya directamente la co autoria
del ilícito imputado, más aún si del mentado informe mi persona es nombrada
en una sola ocasión, cuando refiere:
“.... al rato volvieron AGAPITO ORTEGA CHAVEZ..”
Pues resulta sorprendente que el ministerio publico, pueda sustentar sobre
este indicio una imputación formal, indicio que es totalmente anfibológico, para
los fines de una correcta imputación formal y que claramente no demuestran de
forma alguna una acción ilegal por parte de mi persona.
III.I.I. DOCUMENTALES OMITIDAS EN LA COMPULSA REALIZADA POR
EL MINISTERIO PUBLICO PARA LA IMPUTACIÒN.-
a. Informe de fecha 6 de marzo de 2013
Sra. Juez resulta de magna relevancia el informe de fecha 6 de marzo de 2013
que se adjunta que textualmente señala:
“Que en fecha 22 de diciembre del 2012 a horas 18:30 p.m. el Sr Justo Claros Valderrama quien se presento en el puesto policial de ibibobo a informar verbalmente, que en el puesto ganadero del Sr. Ricardo Toledo habría encontrado huellas de faeno de un animal vacuno.... ”
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Informe que de manera posterior describe las actuaciones del policía en fecha
1 de enero de 2013, más en dicho informe su autoridad verificará que a mi
persona no se la nombra en parte alguna y que demuestra claramente la
contradicción con la imputación cuando esta última resolución del
representante del ministerio publico, señala que fue el Sr. Justo Claros quien
supuestamente me habría identificado como autor del supuesto hecho ilícito.
b. Acta de inspección del mes de marzo de 2013.
Sra. Juez de dicho medio probatorio su autoridad podrá verificar la declaración
realizada por el Sr. Justo Claros quien es el principal testigo de la investigación
y etapa preparatoria en curso, el cual señaló:
“Según la entrevista realizada al Sr. Justo Claros manifiesta los presuntos autores principales serían los Sres. Radel Lanoza Toledo y esposa donde al Sr. Justo Claros Indico que tio estese callado y no cuente a nadie el animal no es de usted es de lejos quien el mismo abría observado gotas de sangre que sería de ganado (vacas)”
Indicio claro dirigido a otra persona y no a mi persona como autor del supuesto
hecho ilícito.
c. Informe de fecha 19 de marzo de 2013
Sra. Juez dicho informe clarifica aún mas la declaración de dicho testigo e
incluso se solicita un mandamiento de aprehensión pues señala:
“Por tanto señor fiscal se tiene que es plenamente identificado por el Sr. Justo Claros que el principal autor es el Sr. Radel Lanoza Toledo quien había cometido el delito de abigeato junto a su esposa, por tanto señor fiscal se solicita el mandamiento de aprehensión.”
Como conclusión nótese, Sra. Juez que en la única conclusión donde se me
nombra en la imputación se está atribuyendo un tipo penal y no hechos,
limitando de esta manera a mi persona, la facultad de ejercer mi legítima
defensa de manera amplia e irrestricta, situación que al ser totalmente omitida
por el representante del ministerio público, vulneran mi derecho fundamental a
la defensa amplia e irrestricta, reconocido por nuestra constitución política del
estado en su art. 115 romano II y 119 romano II. Omitiendo flagrantemente
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todos los indicios cursantes en el cuaderno de investigaciones. Siendo
relevante señalar que además de la inexistencia de hechos acusados, en la
imputación no existe tarea intelectiva alguna la cual se pueda controlar un
supuesto de hecho indiciario que se acuse a mi persona, más aun sobre la
base de los dos indicios totalmente anfibológicos.
III.II. IMPUTACIÓN CARENTE DE FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA
DESCONOCIENDO NUEVAMENTE LOS ART. 73 CONCORDANTE CON EL
ART. 302 NUM. 3 AMBOS DEL CPP Y LOS ARTS. 40 NUM. 11)
CONCORDANTE CON EL ART. 57 AMBOS DE LA LEY 260.
Teniendo como base lo fundamentado en el anterior título y para demostrar la
ausencia de fundamentación fáctica de la imputación, corresponde iniciar con
la siguiente interrogante:
¿Cuál la acción o el hecho imputado a mi persona que se subsuma en los
elementos contenidos en el tipo penal motivo de la imputación?
Con relación a esta interrogante NO SE TIENE UNA RESPUESTA
RAZONABLE pues, demostrado como está que no existe relación alguna con
mi persona y todos los indicios cursantes en el cuaderno de investigaciones,
resulta imperioso indagar en la imputación cual el sustento fáctico, emergente
de las contradictorias conclusiones que según el Ministerio público señala
como emergentes de los indicios detallados en la imputación, mediante el cual
el representante del Ministerio público, describa los actos supuestamente
ilícitos realizados por mi persona y que se encuadren en el tipo penal,
búsqueda que como su autoridad evidenciará, es totalmente insulsa pues la
única relación hacia mi persona en la imputación formal de fecha 22 de febrero
de 2013 es:
“El imputado propietario del corral en el que se encontró los rumiantes ajenos actuó en esta conducta en forma conjunta con el imputado AGAPITO ORTEGA CHAVEZ Marras, de donde nace que los coimputados participaron de manera conjunta, extremo que constituye la coautoria“
Más siendo este el único momento en el cual mi persona es nombrada y que
en teoría del Misterio público es relacionada al hecho ilícito en la imputación,
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por lo cual se plasma una evidente falta de fundamentación fáctica, requisito
previo con el cual recién su autoridad o cualquier persona, pueda pasar a
realizar un control de la motivación con relación a los elementos objetivos y
subjetivos que presenta el delito imputado a mi persona, ausencia de
fundamentación fáctica o la consiguiente motivación, pues en ningún momento
se llegan a describir las acciones mediante las cuales mi persona se haya
apoderado o faenado ganado alguno, ni mucho menos existen descripción
alguna mediante la cual se expongan las inexistentes y extrañadas acciones
supuestamente ilícitas de manera individual, más aun si se considera que en el
presente proceso al momento de la primera imputación existían dos imputados,
esta inexistencia de hechos que se me endilgan y que son la razón que al
presente mi persona se encuentre en total incertidumbre, y por ende privada de
ejercer mi legítimo derecho a la defensa, por lo cual urge que el representante
del ministerio público aclare cuales son los actos que supuestamente mi
persona ha realizado, pues se me atribuye la comisión de un hecho ilícito en co
autoría sin expresar de manera clara, concisa, puntual e individualizada, cuales
son los actos realizados por mi persona a través de los cuales minimamente
demuestren la participación en el ilícito, tarea que como evidenciará será
totalmente imposible, al demostrar a través de todos los informes la total
ausencia de indicios que relacionen a mi persona con el ilícito.
Por lo cual la imputación formal de fecha 22 de febrero de 2013 desconoce
abiertamente el mandato señalado en el art. 302 num. 3, concordante con el
art. 73 ambos del CPP. Ya que no se ha observado una descripción del hecho
que se me imputa, pues lo único que se encuentra es una simple y llana
calificación jurídica provisional que no me permite apreciar cuales los motivos
concretos y actos u omisiones en base a los cuales se me atribuye
responsabilidad penal del ilícito, pues resulta necesario en éste punto hacer
hincapié, que la atribución de la comisión de una conducta antijurídica debe
estar debidamente fundamentada, en este contexto la imputación formal
claramente adolece de falta de fundamentación fáctica que incluso refleje un
resultado dañoso extremo totalmente ausente en la imputación, limitando
arbitrariamente mi defensa y desconociendo uno de los principios mas
importantes del proceso penal el cual es el principio de intimación o acusación
previa, elemento esencial para el ejercicio del derecho a la defensa, pues así
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se ha manifestado el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la doctrina
emitida por este alto Tribunal, señalando:
“III.2 La observancia de los principios de imputación e intimación como garantía para el ejercicio del derecho a la defensaEl ejercicio del derecho a la defensa técnica y material exige que el imputado tenga conocimiento en forma clara, precisa y circunstanciada sobre los hechos que se le atribuyen, de manera que pueda estar en condiciones de refutar o contradecir los hechos atribuidos dentro de una investigación penal, esto determina que el principio de imputación adquiera la naturaleza de derecho fundamental al originarse directamente del derecho de defensa, ya que toda persona sometida a proceso en conocimiento de los cargos existentes en su contra desde el primer momento del proceso, tiene la posibilidad de prestar su declaración, en la lógica de que una de las formas de materialización del derecho a la defensa, en la posibilidad de que el imputado pueda ofrecer su versión de los hechos y proponer pruebas que desvirtúen la acusación; siendo obligación de todas las autoridades que intervienen en el proceso de instruir de cargos y advertir al imputado de sus derechos constitucionales mediante una relación oportuna, expresa, precisa, clara y circunstanciada de los hechos y sus consecuencias legales; lo que implica, que tanto la imputación de cargos y la intimación del imputado resultan de tanta importancia para el ejercicio del derecho de la defensa. En ese sentido, el art. 84 del CPP establece que: "Toda autoridad que intervenga en el proceso se asegurará de que el imputado conozca, los derechos que la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y este Código le reconoce" (A.S. No. 041/2012 de 12 de marzo de 2012, S.P.S.)
De la misma manera no se puede desconocer que los hechos o el elemento
fáctico de la imputación, deben ser claros, preciso y circunstanciado, SIENDO
UN REQUISITO SINE QUA NUN, para la defensa así como, para la
prosecución del presente proceso, pues debe tomarse en cuenta que uno de
los elementos del proceso penal, son los hechos, siendo estos los que
quedarán incólumes hasta una virtual sentencia, elemento fundamental
reconocido por la doctrina y la jurisprudencia como el elemento objetivo del
proceso penal (véase los fundamentos jurídicos de la SC No. 0366/2005 –R
de 14 de abril). Que al presentarse estos en la imputación de manera
totalmente ambigua, limitan abiertamente mi derecho a la defensa y por ende al
debido proceso legal, derechos fundamentales reconocidos
constitucionalmente e internacionalmente en los tratados sobre derechos
humanos como son el pacto de San José de Costa rica que dispone en su Art.
8, ap. 2 la “comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación
formulada”, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su art. 14
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ap. 3, a, que refiere a la garantía “a ser informada sin demora en un idioma que
comprenda y en forma detallada de la naturaleza y causas de la acusación
formulada”, normativa que no solamente se refiere a la calificación jurídica del
tipo o tipos penales sino fundamentalmente a una relación histórica del hecho,
con indicación de las circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión, ello
concierne claramente al derecho a la defensa ya que si no se conoce
efectivamente el hecho atribuido, no puede ejercerse una adecuada defensa,
limitación tan relevante de mi derecho fundamental a la defensa que se verifica
en la imputación en la frase:
“....actuó en esta conducta en forma conjunta con el imputado Eliseo Toledo
Marras.....”
III.III. IMPUTACIÓN CARENTE DE FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
Como claramente se evidencia la fundamentación jurídica en la imputación, es
totalmente inexistente, puesto que dicho requisito formal expresado en el
adjetivo penal en su articulado 302 numeral 3) “Descripción del hecho o los
hechos que se le imputan y su calificación provisional”, formalidad que no
solamente se limita a expresar el tipo penal por la provisionalidad de este en la
etapa procesal que ahora transitamos, sino mas bien en subsumir de manera
fundamentada tal como señala la parte inicial del art. 302 de CPP, el hecho
descrito en la calificación provisional, pues de entender a contrario sensu,
implicaría una total discrecionalidad, a favor del ministerio público para imputar
cualquier hecho sea este ilícito o no, por lo cual una debida fundamentación
jurídica de la imputación se tiene cumplida cuando se ha determinado los
hechos imputados, emergentes de indicios o elementos probatorios, y estos
hechos son correctamente subsumidos en los tipos penales
provisionalmente imputados, situación que es totalmente ausente en la
imputación que motiva el presente incidente, pues como se tiene demostrado
líneas arriba, NO EXISTE HECHO CONCRETO QUE PUEDA SUBSUMIRSE
EN EL TIPO PENAL ENDILGADO, pues es humanamente imposible, subsumir
elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de abigeato a términos tan
generales como “....actuó en esta conducta en forma conjunta con el imputado
Eliseo Toledo Marras.....”, tal como se ha señalado al momento de acusar la
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inexistencia de fundamentación fáctica, sumándose a esto las citas realizadas
en el inciso 5) intitulado “Imputación formal y calificación provisional del delito”
de la imputación, título que solamente contiene citas normativas. Más en parte
alguna de dicho título o de toda la imputación, se consigna hechos atribuidos
a mi persona, ni mucho menos se realiza un nexo causal entre los
elementos subjetivos y objetivos del tipo penal que sean concordantes
con los hechos, que tal como se demostró estos últimos son inexistentes,
desconocimiento flagrante del principio de tipicidad y certeza de la norma
jurídica, ya que la inexistencia de una operación lógica que demuestre la
subsunción de los hechos endilgados a mi persona al ilícito penal evidencian
en el obrar del acusador, una conducta arbitraria vulneratoria al debido
proceso, el principio de legalidad, seguridad jurídica y principalmente obvia la
certeza del tipo penal principio de respeto obligatorio en materia penal.
IV. CARENCIA TOTAL DE ELEMENTOS DE CONVICCIÓN OBJETIVOS
PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
Sr. Juez, de lo desarrollado ut supra, resulta necesario también sumar la
denuncia sobre, la carencia de fundamentación en la solicitud de medidas
cautelares personales, pues dichas medidas deben estar sustentadas en
elementos de convicción, situación que es totalmente diametral al sustento
probatorio en relación a la fundamentación de los hechos que son inexistentes
de la imputación que ahora se impugna, ya que los indicios que sustentan la
imputación no son requeridos para la aplicación de medidas cautelares
personales pues el artículo 233 del código de procedimiento penal señala la
exigencia textual de elementos de convicción.
Siendo estos elementos de convicción sustancias materiales que su autoridad
pueda palpar y valorar, situación totalmente disímil con relación a los
fundamentos de la imputación, en donde se sustenta sobre indicios, dicha
diferencia es evidentemente clara por encontrarse de por medio la posible
limitación de un derecho fundamental como lo es el derecho a la libertad.
Pues dicha norma nos señala claramente, que debe existir elementos de
convicción, o dicho de otro modo elementos que demuestren la creencia firme,
pues eso es la convicción la creencia firme, que demuestren la existencia de
15
los peligros procesales así como la participación en uno de los grados de
autoría del imputado.
Pues con relación al requisito señalado en el numeral 1) del artículo 233 del
CPP, el Sr. Representante del ministerio público en su imputación, no señala
elemento objetivo que sustente la supuesta co autoría, dándolo por
demostrado, por lo cual se evidencia claramente la carencia total de
fundamentación e inexistencia de elemento objetivo, sobre este punto.
Con relación al peligro de fuga el representante del ministerio público señala
los inc. 1, 2 y 5 pero solamente reseña conclusiones sin señalar cuales son los
elementos de convicción que demuestren la existencia de dichos peligros
procesales, siendo incluso totalmente contradictorio, pues señala inexistencia
de domicilio sin embargo cursa en el cuaderno de investigaciones un croquis
de mi domicilio, señala la inexistencia de familia sin embargo en su propia
imputación hace referencia de vínculos familiares, con relación a las facilidades
de salir del país o permanecer ocultos, el representante del ministerio público
transcribe el artículo que señala el peligro procesal adhiriendo que “los hechos
demuestran que tienen facilidades para ingresar por rutas alternas al territorio
nacional”, sin explicar cuales rutas alternas cuando mi persona, jamás ha salido
del país para asumir dicho criterio, asimismo con relación al daño resarcible,
sobre este punto no adjunta prueba alguna que demuestre un desmedro
económico o físico que mi persona le haya causado al denunciante, daño
económico que debe ser cuantificado y claro para evidenciarse existente.
Con relación a la supuesta obstaculización, su autoridad evidenciara que
nuevamente el ministerio público emite conclusiones directas sin sustentar
estas con elementos objetivos que la demuestren.
Finalmente siendo un aspecto de magna relevancia se debe acusar, que NO
SE INDIVIDUALIZA LOS PELIGROS PROCESALES QUE
SUPUESTAMENTE EXISTEN ES DECIR NO EXISTE UNA
FUNDAMENTACIÓN DE LOS PELIGROS PROCESALES CON RELACIÓN A
CADA UNO DE LOS IMPUTADOS, PUES ESTOS ADEMÁS DE CARECER
DE SUSTENTO PROBATORIO SON DESCRITOS DE MANERA
TOTALMENTE GENERAL, LIMITANDO ABIERTAMENTE MI DERECHO A
LA DEFENSA Y LA POSIBLE CONTRADICCIÓN EN LA AUDIENCIA
CAUTELAR QUE SE REALIZARÁ DESPUÉS DE UN AÑO DE PRESENTADA
LA IMPUTACIÓN EN MI CONTRA.
16
VI. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Ahora bien como su autoridad muy bien conoce, la normativa adjetiva penal
señalada en los artículos 72 (Objetividad), 73 (Requerimientos debidamente
fundamentados), 302 num. 3 (fundamentación de hechos y calificación
provisional) todos del Código de procedimiento Penal, concuerdan que todo
requerimiento de imputación debe estar debidamente fundamentado, tanto en
los hechos así como en derecho o ley sustantiva y adjetiva penal, asimismo de
lo detallado ut supra su autoridad evidenciará la carencia de fundamentación
fáctica, pues no se ha señalado los hechos en forma clara y concisa, en lugar y
tiempos, más ante la ausencia de los señalado la imputación se constituye en
un accionar que además de vulnerar el principio de objetividad al que se
encuentra regido el ministerio público, se incurre en un indebido procesamiento
dentro de los alcances del Art. 117 romano I y II y art. 115 de la Constitución
Política del Estado.
Se ha desconocido la objetividad (art. 72 del CPP) en la labor del ministerio
público al momento de la valoración de los indicios, pues estos son totalmente
anfibológicos, y contradictorios, omitiendo la razonabilidad en la compulsa pues
se ha realizado un detalle parcializado de los indicios con la finalidad de no
incurrir en contradicción en el texto de la imputación, actuando arbitrariamente,
al omitir detalles de tal envergadura, que demuestran claramente mi correcto
accionar, y por ende la total falta de tipicidad en este, situación que
ampliamente desconocen el principio de imputación o acusación previa
reconocido internacionalmente a través del art. 8 párrafo II del Pacto de San
Jose de Costa Rica, pues mi persona tiene derecho a conocer de manera
detallada el accionar que supuestamente encaje en un tipo penal, siendo la
carencia de fundamentación fáctica la cual limita abiertamente mi derecho a la
defensa, pues con los términos generales como “...“....actuó en esta conducta
en forma conjunta con el imputado Eliseo Toledo Marras.....”, pretenden
subsumir el tipo penal imputado, que contienen diferentes elementos objetivos
y subjetivos, para tener como indicio un accionar ajeno a la normativa
sustantiva penal, la carencia de fundamentación intelectiva, demuestra
arbitrariedad y por ende desconocimiento del principio de razonabilidad, pues
me priva conocer cual el camino lógico e intelectivo que ha conducido a la
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errónea conclusión, al representante del ministerio público, asimismo ante
dicha omisión se priva a mi persona realizar un correcto control de dicha
valoración, pues al individualizar el indicio, realizar una descripción parcializada
y sacar de manera directa la conclusión, sin que se encuentre de por medio un
silogismo que permita su control, y se demuestre si es correcto o incorrecto el
indicio al cual llego el Ministerio Público, situación que denota nuevamente la
carencia de fundamentación esta vez en su elemento intelectivo.
La normativa procesal penal vigente en el país se halla subsumida, entre otros,
al derecho fundamental a la defensa, previsto por el art. 115 de la CPE, que se
define como el derecho que tiene todo imputado a manifestar y demostrar su
inocencia o atenuar su responsabilidad penal; asimismo la ley adjetiva
reconoce que cuando las partes consideren vulnerados sus derechos y
garantías procesales y constitucionales, invocando actividad procesal
defectuosa al amparo de los arts. 167 al 169 del CPP, pueden demandar ante
vuestro juzgado la corrección o enmienda, en ese marco legal los arts. 54 y 279
del mismo cuerpo adjetivo legal, constriñen al juez cautelar a ejercitar un
debido control de los actos del Ministerio Público, de los órganos coadyuvantes
y de sus propios actos a fin de garantizar el debido proceso; en la misma línea
los arts. 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
establecen el régimen de igualdad ante la ley, asimismo el derecho a un
recurso efectivo ante los tribunales competentes que amparen contra actos que
violen sus derechos fundamentales, aspecto también contemplado por el art.
14 inc. 1) y 4) de la Convención Americana de Derechos Humanos; en
consonancia con lo expuesto, el art. 302 del CPP establece una serie de
requisitos que debe observar el Ministerio Público al presentar la imputación
formal, que si no se observan implican la vulneración de los derechos a la
defensa y al debido proceso del imputado previstos por la Constitución; en
consecuencia, de la interpretación del art. 169.3 del CPP tal omisión constituye
defecto absoluto inconvalidable por el órgano jurisdiccional, asimismo, el art. 73
del mismo cuerpo legal y los arts. 40 num. 11) concordante con el art. 57
ambos de la ley 260 o ley Orgánica del Ministerio Público, obligan a los
Fiscales a fundamentar sus requerimientos observando el principio de
objetividad y verdad material.
18
Ahora la provisionalidad al que refiere el Art. 302 numeral 3) del adjetivo Penal,
no puede interpretarse en sentido más gravoso en relación a mi persona como
imputada, por cuando dicha calificación ya marca los parámetros de mi
defensa, en consecuencia, corresponde al ministerio público tomar los
recaudos necesarios de previsibilidad para no provocar indefensión frente a un
hecho y calificación penal, situación que no se tomo en cuenta, pues de
manera arbitraria sin que se detallen hechos que encajen en tipo penal alguno,
se tiene que la imputación concluye a modo de convicción por parte del
representante del ministerio público, que mi persona cometió en grado de co
autoría el delito de ABIGEATO. Sin embargo, esta conclusión tan lacónica
resulta insostenible por cuanto ninguna conclusión podría tener sustento
JUNTO LOS INNUMERABLES INDICIOS CURSANTES EN EL CUADERNO
DE INVESTIGACIONES Y QUE FUERON OMITIDOS POR EL
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE FUERON
DETALLADOS UT SUPRA. En consecuencia, no bastaba la sola mención del
citado ilícito, para sustentar la imputación, pues era conveniente especificar
cuál las conductas desplegadas por cada uno de los imputados y que se
consoliden en la conducta ilícita imputada, lo cual por supuesto debía ser
consecuencia lógica de una debida fundamentación intelectiva, descriptiva y
jurídica y una debida motivación, que es totalmente inexistente en la imputación
pues no se demuestra por lo menos indiciariamente que se hubiera descrito la
actividad reprochable, que en la especie no existe, pues se puede evidenciar
de la simple lectura de la imputación la inexistencia de una aclaración respecto
al acto o hecho antijurídico, concreto, atribuido a mi persona, máxime sí a esto
añadimos que la propia imputación recoge como antecedente el informe en el
cual se describe la denuncia interpuesta, en la cual NO EXISTE REFERENCIA
ALGUNA HACIA MI PERSONA, olvidando de esta forma el representante del
Ministerio público, que los fundamentos de una resolución de esa magnitud
(imputación formal), debe guardar absoluta coherencia con los antecedentes de
la investigación, bajo el razonamiento, además, de que si la conclusión del
representante del ministerio público se basa en indicios estos deben ser
indicios unívocos y no indicios anfibológicos que conduzcan a diversas
interpretaciones tal como se presenta en la imputación ahora acusada de
nulidad, por lo cual resulta totalmente evidente que la imputación peca de falta
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de certeza elemento esencial para la prosecución del proceso así como para el
ejercicio de mi legítima defensa.
Asimismo la carencia de fundamentación jurídica implica la total falta de
motivación elemento fundamental para una correcta fundamentación, pues la
inexistencia del nexo causal entre los inexistentes hechos atribuidos a mi
persona y los elementos del delito, demuestran claramente una imputación
arbitraria.
VI.I. DOCTRINA
Bajo este acápite de manera inicial se debe citar a la Dra. Rosaura Garcia
quien en la publicación virtual “http:/www.revistacienciaspenales.com” bajo el
título “Requisitos para la suspensión del proceso a prueba ante la infracción
juvenil”, señala los requisitos necesarios de una imputación bajo los siguientes
términos:
“..........la imputación e intimación formal, parte de los derechos generales de audiencia y defensa; el primero como “el derecho a una acusación formal. Necesariamente debe cumplirse con cualquier persona que se pretenda someter a un proceso y comprende: individualizar al imputado, describir detallada, precisa y claramente el hecho de que se le acusa, y hacer una clara calificación legal del mismo, señalando los fundamentos de derecho de la imputación; y el segundo, como el derecho de todo imputado a ser instruido de cargos”
De manera concordante el jurisconsulto Edwar Carlos Enriquez en su obra
“Garantías Constitucionales en materia penal”, pag. 105, ahora con relación al
principio de imputación nos señala:
“...información del hecho imputado esta garantía mínima se refiere al conocimiento efectivo que debe tener el imputado del hecho que se le atribuye.”
Asimismo el jurisconsulto Jose Cafferrata Nores en su obra “La prueba en el
proceso penal” pág. 10, con relación a la imputación y el respectivo cuidado en
dicha labor señala:
“..para vincular a una persona con el proceso, como posible responsable del delito que en el se trata hacen falta motivos bastantes (fundados en pruebas)
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para sospechar de su participación en la comisión de un delito ... lo cual impide una imputación arbitraria (la más próxima manifestación del principio de inocencia es la de no ser imputado arbitrariamente), ello impedirá el sometimiento de aquella al procedimiento si se tiene la certeza de que no hubo “participación en un hecho típico, antijurídico, culpable y punible”, o ésta aparece como improbable (ya que la improbabilidad de su participación es, lógicamente, incompatible con sospechas motivadas al respecto)”
Finalmente con relación a la errónea apreciación y compulsa de pruebas
inexistentes en el cuaderno de autos y el cuaderno de investigaciones, es
pertinente citar al Dr. Clemente Carballo Espinosa el cual en su obra “Manual
de Recursos, Excepciones e Incidentes” pág. 248 que señala:
“Los incidentes a que se ha hecho referencia, emergen de lo que constituye actividad procesal defectuosa y de ninguna manera pueden considerarse los únicos; por cuanto, son innumerables las formas de vulnerar los derechos y garantías fundamentales, ..............., en especial los que emergen del accionar del Ministerio Público, quienes como representantes del Estado y la sociedad deben actuar bajo los principios de legalidad y objetividad, evitando utilizar datos falsos para fundamentar sus resoluciones: sean resoluciones de imputación o de acusación; por cuanto, de utilizarse datos falsos, una vez verificado, constituye defecto absoluto y corresponde su anulación.”
VI.II. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
El Tribunal Constitucional Plurinacional, con relación a la certeza, el principio
de legalidad, la fundamentación de la imputación y la proscripción de la
arbitrariedad en las actuaciones del Ministerio público, se ha manifestado en
concordancia con los fundamentos del extinto Tribunal Constitucional y el
Tribunal Constitucional Transitorio, pues se tiene:
CON RELACIÓN AL PRINCIPIO DE IMPUTACIÓN, LA DEBIDA
FUNDAMENTACIÓN DE LA IMPUTACIÓN Y GARANTÍA DE CERTEZA,
ELEMENTOS DEL DEBIDO PROCESO Y DERECHO A LA DEFENSA
Sobre este acápite se tiene la ampliamente conocida Sentencia Constitucional
Fundadora No. 0760/2003-R de 4 de junio, la cual presenta como supuestos
fácticos la ausencia de audiencia cautelar para la detención preventiva dictada
por el juez y ratificada por los Vocales superiores, más el Tribunal
Constitucional, de la revisión de antecedentes, constató que existían hechos
conexos a los demandados, por lo que ingresó al análisis de la imputación
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formal, concluyendo que estuvo ausente la garantía de certeza en la
imputación, establecida en el art. 302.3 CPP, restringiéndose, por tanto el
derecho a la defensa; por lo que revocó la Resolución revisada y declaró la
procedencia del recurso bajo la siguiente razón de la decisión:
“...La imputación formal ya no es la simple atribución de un hecho punible a una persona, sino que la misma debe sustentarse en la existencia de indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo, en alguno de los grados de participación criminal establecidos por la ley penal sustantiva; o lo que es lo mismo, deben apreciarse indicios racionales sobre su participación en el hecho que se le imputa. (...) la inobservancia de estas exigencias básicas y esenciales del debido proceso de ley, importan una violación a los derechos y garantías del imputado, al estar ausente la garantía de certeza en la imputación, establecida en el art. 302.3 CPP, que es la que circunscribe en forma provisional el objeto del proceso, situación que restringe gravemente el derecho a la defensa, ya que el procesado en tales circunstancias no puede conocer con certidumbre los hechos que configuran el ilícito que se le imputa y, consiguientemente, no puede preparar su defensa en forma adecuada (amplia e irrestricta), como proclama el orden constitucional (art. 16.II). Debe tenerse presente que lo que se le imputa a un procesado no son figuras abstractas, sino hecho concretos que acaecen en el mundo exterior, que se subsumen en una o más de las figuras abstractas descritas como punibles por el legislador. Es cierto que la ley le otorga al Fiscal un amplio margen de discrecionalidad; sin embargo, tal discrecionalidad encuentra su límite en la exigencia de fundamentación, dado que discrecionalidad no supone arbitrariedad, menos ausencia de control”
Dicha sentencia fundadora, sustenta la línea jurisprudencial seguida por la S.C.
No. 1718/2003-R de 24 de noviembre, en la cual entre otras denuncias se le
atribuye al representante del ministerio público la emisión de una imputación
carente de fundamento, vulneratorio al debido proceso y su derecho a la
libertad, el tribunal constitucional CONCEDE LA TUTELA en lo atinente a la
inexistente fundamentación de la imputación bajo la siguiente razón de la
decisión:
“III.4No obstante la detención ilegal de la que fue objeto José Ismael Nuñez Nogales, el Fiscal hizo la imputación formal, la misma que es acusada de no tener fundamentación. Al respecto, es preciso señalar que este Tribunal mediante SC 760/2003 de 4 de junio, estableció con relación a la “imputación” en sentido lato, que “la imputación formal ya no es la simple atribución de un hecho punible a una persona, sino que la misma debe sustentarse en la existencia de indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo, en alguno de los grados de participación criminal establecidos por la ley penal sustantiva; o lo que es lo mismo, deben apreciarse indicios racionales sobre su participación en el hecho que se le imputa”. En el caso examinado, el Fiscal recurrido imputó al hijo de la recurrente de la
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presunta comisión de los delitos de robo agravado, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones gravísimas y allanamiento de domicilio previstos en los arts. 332, 252, 270 y 298 CP. Sin embargo, en la parte que realiza la imputación formal, no especifica cuáles son los hechos que determinan el por qué se le atribuye participación en los delitos señalados, inobservancia de una exigencia esencial del debido proceso que importa una violación a los derechos y garantías del imputado, al estar ausente la garantía de certeza en la imputación, establecida en el art. 302.3 CPP, que es la que circunscribe en forma provisional el objeto del proceso, situación que restringe gravemente el derecho a la defensa, ya que el procesado en tales circunstancias no puede conocer con certidumbre los hechos que configuran el ilícito que se le imputa y, consiguientemente, no puede preparar su defensa en forma adecuada (amplia e irrestricta), como proclama el orden constitucional (art. 16.II). Así expone la sentencia constitucional antes citada, que como corolario concluye en que: “Es cierto que la ley le otorga al Fiscal un amplio margen de discrecionalidad; sin embargo, tal discrecionalidad encuentra su límite en la exigencia de fundamentación, dado que discrecionalidad no supone arbitrariedad, menos ausencia de control”
Asimismo dicha línea jurisprudencial es nuevamente replicada a través de la
S.C. No. 1655/2004-R de 14 de octubre, en la cual se denuncia que el Fiscal
recurrido imputó ilegal e indebidamente contra sus personas sin fundamentar
su determinación, vulnerando sus derechos a la libertad, a la defensa y la
garantía del debido proceso, verificándose dicha denuncia el Tribunal
Constitucional CONCEDE LA TUTELA bajo la siguiente razón de la decisión:
“III.1.El art. 73 del CPP dispone que los Fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica. Lo que implica que el Ministerio Público, debe examinar los hechos para adecuar los mismos a tipos penales que la Ley establece, señalando claramente cada uno de ellos, durante la fundamentación de la imputación.”“Al respecto la citada SC 760/2003-R, refiere claramente que........ sin embargo en la parte motiva del escrito de imputación formal, que lleva el rótulo de “FUNDAMENTACIÓN DE HECHO Y DERECHO”, no especifica cuales son los hechos que determinan que se le atribuya su participación en el delito en grado de cooperación (complicidad); tampoco especifica en cuál de las 14 modalidades típicas previstas en el art. 33.m L1008 se subsume el hecho principal en el que la imputada prestó su cooperación; la inobservancia de estas exigencias básicas y esenciales del debido proceso de ley, importan una violación a los derechos y garantías del imputado, al estar ausente la garantía de certeza en la imputación formal establecida en el art. 302.3 CPP...” . Por ello es necesario que el Ministerio Público como acusador, particularice el hecho cometido por los imputados para tipificar concretamente el delito y su grado de participación como señala el art. 302-3 del CPP, de modo que éste a su vez pueda asumir defensa sobre los hechos que se le atribuyen durante la etapa preparatoria en igualdad de condiciones.”
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CON RELACIÓN A LA FUNDAMENTACIÓN DE LA IMPUTACIÓN CON
DATOS ERRÓNEOS O INEXISTENTES VULNERA EL DEBIDO PROCESO Y
EL DERECHO A LA DEFENSA.
Así se manifestó el tribunal Constitucional Transitorio, a través de la S.C. No.
0010/2010-R de 6 de abril, sentencia que además adhiriéndose a la línea
jurisprudencial ut supra, expone un nuevo supuesto de hecho el cual refiere
directamente que la fundamentación imprecisa y errónea con relación a los
documentos que se encuentran en el cuaderno de investigación vulnera el
derecho a la defensa y el debido proceso, pues ante la denuncia por los
recurrente de que se presentó la imputación formal sin fundamentación y con
datos incorrectos respecto a su declaración informativa, el tribunal
constitucional Transitorio verificando la contradicción en la fundamentación,
señala como vulnerado el derecho al debido proceso por carecer la imputación
del requisito de fundamentación y CONCEDE LA TUTELA BAJO LOS
SIGUIENTES TERMINOS:
“c) Sobre la falta de fundamentación de la imputación y los datos incorrectos El principio de imputación deriva del derecho a la defensa, e implica que la imputación que realice el Estado contra una persona debe estar correctamente formulada, para que el derecho a la defensa pueda ser ejercido de manera adecuada. Para ello, de conformidad a la doctrina, la imputación debe ser precisa, sustentada en un relato ordenado de los hechos, con todas las circunstancias de modo tiempo y lugar, que le permitan al imputado afirmar o negar elementos concretos. En ese entendido, el art. 302 del CPP, determina que: ..........El Tribunal Constitucional, en la SC 0760/2003-R de 4 de junio, señaló que la falta de fundamentación y cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 302 inc.3) del CPP, restringe el derecho a la defensa, ya que “…el procesado en tales circunstancias no puede conocer con certidumbre los hechos que configuran el ilícito que se le imputa y, consiguientemente, no puede preparar su defensa en forma adecuada.......... En el caso analizado, se constata que la imputación no cumple con los requisitos exigidos por el art. 302 del CPP, pues, por una parte la Resolución no se encuentra debidamente fundamentada -como lo exige esa norma- ya que luego de hacer referencia al informe del investigador asignado al caso y a las declaraciones informativas de los imputados, se limita a sostener, de manera general, que los imputados “son con probabilidad autores del delito”, cuando se debió realizar un análisis individualizado para cada imputado respecto a los indicios sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo.A lo dicho se suma que en la propia fundamentación existen contradicciones que tornan impreciso el relato de la imputación.”
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Dicha línea jurisprudencial es nuevamente replicada ahora por el Tribunal
Constitucional Plurinacional a través de la Sentencia Constitucional
Plurinacional 0741/2012 de 13 de agosto de 2012, en la cual ante la denuncia
en la cual los recurrentes señalan lesionado su derecho a la libertad, habida
cuenta que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta
comisión de los delitos de robo agravado, daño calificado incendio y asociación
delictuosa, se los privó de su libertad ilegalmente en virtud a órdenes de
aprehensión emitidas por el Fiscal codemandado, quien, luego de las
ejecuciones de las mismas, recién libró mandamientos de comparendo a
efectos de tomarles su declaración informativa, para finalmente emitir
resoluciones de aprehensión carentes de fundamentación; de otro lado, requirió
su detención preventiva en la imputación formulada contra los imputados, la
que tampoco goza de una debida motivación; aspectos que no obstante fueron
denunciados ante el Juez cautelar; sin embargo, no merecieron reparación
alguna, prosiguiendo con la celebración de audiencia para la consideración de
medidas cautelares, en la que les impuso detención preventiva, mediante una
resolución no fundamentada, por lo cual el tribunal Constitucional Plurinacional
verificando dicha denuncia CONCEDE la tutela bajo los siguientes
razonamientos:
“III.4. Exigencia de fundamentación en la imputación
En la SC 0010/2010-R de 6 de abril, se menciono lo siguiente: “El principio de imputación deriva del derecho a la defensa, e implica que la imputación que realice el Estado contra una persona debe estar correctamente formulada, para que el derecho a la defensa pueda ser ejercido de manera adecuada. Para ello, de conformidad a la doctrina, la imputación debe ser precisa, sustentada en un relato ordenado de los hechos, con todas las circunstancias de modo tiempo y lugar, que le permitan al imputado afirmar o negar elementos concretos”. En ese entendido, el art. 302 del CPP, ..........El Tribunal Constitucional, en la SC 0760/2003-R de 4 de junio, señaló que la falta de fundamentación y cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 302 inc. 3) del CPP, restringe el derecho a la defensa, ya que: “…el procesado en tales circunstancias no puede conocer con certidumbre los hechos que configuran el ilícito que se le imputa y, consiguientemente, no puede preparar su defensa en forma adecuada (amplia e irrestricta)…”“.....III.7.2. Análisis de las actuaciones del Fiscal demandado...........Sobre la falta de fundamentación de la imputación. Tal como se demostró en el Fundamento Jurídico III.4, la debida fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas, a la que toda autoridad está obligada a tiempo de emitirlas, es una exigencia que nace del debido proceso y precautela el ejercicio pleno del derecho a la defensa. En ese entendido, la imputación formal, conforme a lo establecido en la citada SC 0010/2010-R, debe ser
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precisa, sustentada en un relato ordenado de los hechos y con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que permitan al imputado admitir o rechazar los mismos, cumpliendo a cabalidad lo preceptuado por el art. 302 del CPP; al margen de lo cual, cuando se solicite la aplicación de medidas cautelares, el fiscal de manera inexcusable debe fundamentar debidamente la existencia de los tres requisitos para que la medida a adoptarse esté amparada por ley; su incumplimiento determina que se esté frente a una acción arbitraria o de hecho que lesiona las garantías del debido proceso y la seguridad jurídica procesal; y por ende la libertad de los imputados. En el presente caso, se constata la existencia de dos imputaciones presentadas por el Fiscal demandado, la primera de 15 de mayo de 2012 a horas 12:00, contra Daniel y Bernardino, ambos Terrazas Fernández; y la segunda de ampliación de 16 del mismo mes y año a horas 11:00, contra Wilder Terrazas Fernández y Claudio Terrazas Aguada; de las que se extraen similares datos y sindicaciones a los imputados. De un lado, en ambos documentos se sostiene de manera general que los imputados al prestar su declaración informativa ante el suscrito Fiscal, negaron su participación en el hecho atribuido, indicando que se encontraban en la comunidad de Pekin a tres horas de donde sucedieron los supuestos ilícitos, extremos que no son evidentes, pues de la revisión de las actas de declaración informativa, cada uno de los imputados declaró de manera individual diferentes sucesos; Bernardino y Daniel Terrazas Fernández, indicaron lo que se señaló en la imputación, es decir, que se encontraban en Pekin con su padre, sin embargo, Claudio Terrazas Aguada, se abstuvo de declarar; y, Wilder Terrazas Fernández indicó que se encontraba en Riberalta con su esposa desde el mes de febrero; lo que demuestra contradicciones evidentes. Con relación a la fundamentación y calificación provisional, las dos imputaciones resultan ser idénticas, que luego de hacer referencia al informe del investigador asignado al caso, la entrevista realizada al denunciante, el acta de aprehensión, las declaraciones informativas de los imputados, “la imputación formal”, el informe de inicio de investigación, el requerimiento al Director de la FELCC y “otros actos procesales”, se limitan a sostener, de manera general, que los imputados son con probabilidad autores del delito, cuando se debió realizar un análisis individualizado para cada imputado respecto a los indicios sobre la existencia del hecho y su participación en el mismo. ..................Por todo lo expuesto, corresponde otorgar la tutela solicitada en este punto, bajo el entendido que la imputación formal presentada por el Fiscal codemandado, carece de los contenidos exigidos por el art. 302 del CPP, aspecto que se encuentra vinculado directamente con el derecho a la libertad física o personal, en dicha imputación formal está inserta la petición de aplicación de la medida de detención preventiva, la cual, como se ha visto, contiene datos imprecisos y carece de fundamentación.”
SE VULNERA EL DERECHO A LA DEFENSA Y LA GARANTÍA DE
LEGALIDAD PENAL ANTE UNA IMPUTACIÓN EN LA QUE REALIZA UNA
TIPIFICACIÓN ARBITRARIA.
En la Sentencia constitucional No. 1691/2004-R de 18 de octubre, modificando
la línea jurisprudencial vigente hasta dicha fecha, ante la denuncia de que el
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Fiscal de materia del Distrito de Tarija, vulneró los derechos de su
representada a la libertad, a la igualdad, al debido proceso y a la presunción de
inocencia, al haber dispuesto su aprehensión con un requerimiento sin
contener los requisitos de ley, pese a que el delito atribuido hacía improcedente
la medida y sin considerar su presentación voluntaria. Además que en forma
posterior cambió la tipificación de su conducta para subsanar sus errores. El
Tribunal Constitucional, de la revisión de antecedentes estableció que la
autoridad recurrida incurrió en una arbitraria calificación del hecho investigado,
aspecto que determinó modular la línea jurisprudencial respecto a su
competencia en la materia; por lo que confirmó la resolución revisada que
concedió la tutela bajo el siguiente razonamiento:
“Si bien es cierto que este Tribunal ha sentado la línea jurisprudencial según la cual, este órgano jurisdiccional no entra a analizar problemas vinculados a la calificación de la supuesta conducta delictiva (tipicidad), ello no significa que cuando se presenta una lesión grosera al principio de legalidad y dentro de ello al principio de certeza que el tipo penal representa, no deba ejercer tal control destinado a restablecer la eficacia material de los derechos y garantías de las personas, que es uno de los cometidos primordiales que la Constitución y la Ley del Tribunal Constitucional le encomienda; dado que tal omisión, de un lado significaría consolidar un atentado intolerable contra uno de los pilares básicos en los que se asienta el Estado de Derecho diseñado por la Ley Fundamental del país, vulnerando con ello a su vez el derecho a la seguridad jurídica, al que es acreedora toda persona” "..................De lo expresado se constata que el Fiscal recurrido, de manera indebida, sin sujeción ni sustento alguno en la Ley, calificó el comportamiento de la recurrente arbitrariamente, calificación con la que intentó justificar la medida de aprehensión adoptada, y sustentó la supuesta autoría del hecho por parte de la recurrente con apreciaciones enteramente subjetivas, lo que determina que sea aplicable la tutela que brinda el art. 18 de la Constitución Política del Estado".
Sentencia Constitucional fundadora que sustenta la línea jurisprudencial
seguida por las S.C. No. 1544/2004-R de 14 de octubre de 2004; S.C. No.
1872/2004-R de 6 de diciembre entre otros.
LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN EN LA SOLICITUD DE MEDIDAS
CAUTELARES VULNERA EL DERECHO A LA DEFENSA Y EL PRINCIPIO
DE IMPUTACIÓN.
Así se manifestó el Tribunal Constitucional en la S.C. No. 731/2007-R de 20 de
agosto ante la denuncia de vulneración al derecho a la libertad y la defensa así
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como a la garantía al debido proceso porque dispuso su detención preventiva
no obstante que la imputación formal carecía de una justificación fáctica y
jurídica. El Tribunal Constitucional, de la revisión de antecedentes, constató
que el fiscal se limitó a solicitar el señalamiento de audiencia para la
consideración de medidas cautelares de carácter personal, sin ninguna
fundamentación; extremo que debió ser advertido por el juzgador teniendo
presente que le corresponde como autoridad cautelar, ejercer el control
jurisdiccional de la investigación, por lo que se vulneró los derechos
fundamentales señalados y se revocó la resolución revisada y se declaró la
procedencia del recurso bajo los siguientes razonamientos:
“......la fundamentación de la imputación formal no sólo se limita a los indicios relativos a la existencia del hecho y la participación del imputado, sino también a uno de los efectos que puede derivar, esto es a la adopción de medidas cautelares sobre el imputado y sus bienes, porque entre la imputación y la adopción de medidas cautelares, sean personales o reales, existe una clara relación de causalidad, conforme lo determinó la citada SC 0760/2003-R. En ese sentido, debe tenerse presente que el art. 302 del CPP establece que la imputación presentada por el fiscal -una vez concluida la investigación preliminar-, debe ser formalizada mediante resolución fundamentada, conteniendo entre otros aspectos, la solicitud de medidas cautelares si procede; lo que significa que el representante del Ministerio Público al solicitar la aplicación de medidas cautelares debe hacerlo también de manera fundamentada, estableciendo con precisión la existencia de los requisitos previstos en los art. 233 y 240 del CPP, sea que se trate de detención preventiva o medidas sustitutivas, así como la indicación concreta de cual o cuales circunstancias concurren al caso concreto de las descritas en los arts. 234 y 235 del CPP; esta necesaria fundamentación resulta exigible ante la necesidad de que el imputado a tiempo de asumir conocimiento de la imputación formal a través de la respectiva notificación, conozca los fundamentos de la solicitud, a efecto de que en ejercicio de su derecho a la defensa, vinculado a la concesión de tiempo y medios adecuados para su preparación (art. 8.II.c de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), pueda en su caso preparar una estrategia de defensa a ser desarrollada en la audiencia cautelar, que le permita refutar, contradecir e incluso acreditar la inexistencia de las circunstancias que fundamentan la petición fiscal o la presentada por la parte querellante; defensa que resultaría limitada en el caso de que recién en la audiencia se conozcan los argumentos del Ministerio Público y del querellante para solicitar la aplicación de una medida cautelar”
Sentencia fundadora que sustenta la línea jurisprudencial seguida por las S.C.
No. 0010/2010-R de 6 de abril y la S.C.P. No. 0741/2012 de 13 de agosto de
2012 antes mencionadas.
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CON RELACIÓN A LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN E INEXISTENTE
INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS HECHOS CUANDO EXISTEN MÁS DE UN
IMPUTADO
El Tribunal Constitucional transitorio, a través, de la S.C. No. 0401/2010 – R, de
28 de junio de 2010, la cual ante varías denuncias, pero principalmente ante la
denuncia relacionada con la carencia de fundamentación de la imputación asi
como la falta de individualización de los hechos imputados, el máximo tribunal
de nuestro estado, concediendo la tutela solicitada señalo:
“III.3. Sobre la falta de fundamentación de la imputaciónEl principio de imputación, deriva del derecho a la defensa, e implica que la imputación que realice el Estado contra una persona debe estar correctamente formulada, para que el derecho a la defensa, pueda ser ejercido de manera adecuada. Para ello, de conformidad a la doctrina, la imputación debe ser precisa, sustentada en un relato ordenado de los hechos, con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que permitan al imputado afirmar o negar elementos concretos.El art. 73 del CPP, señala:......”“......En el presente caso, se evidencia que la imputación formal, emitida, por el Fiscal de Materia, no cumple con los requisitos exigidos por el art. 73 y 302 del CPP, toda vez que, no se encuentra debidamente fundamentada; del examen de la misma, se advierte que el Fiscal a tiempo de imputar formalmente por la presunta comision del delito de asesinato, lo hizo de forma genérica, sin especificar el grado de participación de las cuatro personas imputadas con el ilícito que se les atribuye, limitándose a establecer lo siguiente: "…que la conducta de los protagonistas del hecho, se tiene información de los testigos, que los mismos han cometido el delito y se dieron a la fuga en una camioneta doble cabina de propiedad de Valentín Huanca"; en base a dicha generalización, ésta autoridad define que la conducta de las personas aprehendidas, se adecua a las previsiones del ordenamiento penal, en consecuencia -como se dijo- este Tribunal aclaró que la imputación formal ya no es la simple atribución de un hecho punible a una persona, sino que la misma debe sustentarse en la existencia de indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo, debiendo apreciarse indicios racionales sobre su participación en el ilícito que se le imputa.Asimismo, en el caso de la imputación formal, esta debe superar con creces a la imputación genérica; en cuanto a la certeza de la existencia del hecho y la participación de los imputados, el fiscal debe examinar y adecuar el hecho al tipo penal, señalando claramente cada uno de ellos, en la fundamentación de la imputación; consiguientemente, es un deber la exigencia de especificar los hechos, individualizar el grado de participación y tipificar racionalmente la conducta del imputado; esto tiene como efecto, el ser un presupuesto del derecho a la defensa, marcando un límite de la investigación que se realiza en la etapa preparatoria, sobre cuya base se desarrollará el proceso penal y que imprescindiblemente tiene que ser de conocimiento del imputado para que éste ejerza todos los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Política
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del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y el mismo Código de Procedimiento Penal; sin embargo, en el presente caso, los imputados se encuentran coartados de hacer una defensa amplia e irrestricta, toda vez que la imputación formal, carece de fundamentación, al no especificar el grado de participación de cada uno de los imputados en el hecho investigado y no especifica los resultados y elementos que las investigaciones preliminares hayan aportado, más aún, considerando que la imputación formal, marca el inicio de la etapa preparatoria del juicio, conforme ha establecido la SC 1036/2002-R de 29 de agosto; además, si bien es cierto que la ley otorga al fiscal un amplio margen de discrecionalidad, esta encuentra su límite en la exigencia de fundamentación, dado que la discrecionalidad no supone arbitrariedad, menos ausencia de control.”“...................ahora bien, todas estas irregularidades, debieron ser advertidas por la Jueza de Instrucción en lo Penal, que ejerce el control jurisdiccional de la investigación, conforme establece el art. 54 inc. 1) del CPP, pero no sucedió dicho extremo.Se concluye, la vulneración al derecho a una defensa amplia e irrestricta de los imputados ahora accionantes, por cuanto la imputación formal carece de fundamentación y requisitos señalados en la presente Sentencia; aclarar que cualquier denuncia de actividad procesal defectuosa, al ser ésta, una vía idónea (SC 0008/2010-R), debe ser interpuesta ante el juez cautelar, antes de acudir a esta vía extraordinaria, situación que se dio en el presente caso.”
Entendimiento jurisprudencial seguido por el actual tribunal Constitucional
Plurinacional a través de la S.C.P. No. 0741/2012 de 13 de agosto de 2012,
citada ut supra.
Líneas jurisprudenciales emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional,
cuya observancia es obligatoria al amparo del art. 203 de la CPE, concordantes
con los Arts. 8 de la ley 027 y el art. 15 en su romano II de la ley 254 (véase la
S.C.P. No. 846/2012 de 20 de agosto).
VI.III. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL
Bajo el presente título, se debe citar la jurisprudencia emitida, en el caso
Barreto Leiva contra Venezuela, la cual resaltando el derecho comunicación
previa y detallada de la acusación (artículo 8.2.b de la convención) señala:
“28. Para satisfacer el artículo 8.2.b convencional el Estado debe informar al interesado no solamente de la causa de la acusación, esto es, las acciones u omisiones que se le imputan, sino también las razones que llevan al Estado a formular la imputación, los fundamentos probatorios de ésta y la caracterización legal que se da a estos hechos. Toda esta información debe ser expresa, clara, integral y suficientemente detallada para permitir al acusado que ejerza plenamente su derecho a la defensa y muestre al juez su versión de los hechos. La Corte ha considerado que la puntual observancia del artículo 8.2.b,
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es esencial para el ejercicio efectivo del derecho a la defensa.” (Corte IDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, Párrafo 28)
Asimismo con relación al momento desde el cual el Estado se encuentra
obligado a cumplir con el mandato o respeto a la comunicación previa la Corte
señala:
“29. Ahora bien, el derecho a la defensa debe necesariamente poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y solo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena. Sostener lo opuesto implicaría supeditar las garantías convencionales que protegen el derecho a la defensa, entre ellas el artículo 8.2.b, a que el investigado encuentre en determinada fase procesal, dejando abierta la posibilidad de que con anterioridad se afecte un ámbito de sus derechos a través de actos de autoridad que desconoce o a los que no puede controlar u oponerse con eficacia, lo cual es evidentemente contrario a la convención. En efecto, impedir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia la investigación en su contra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos es potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de derechos fundamentales de la persona investigada. El derecho a la defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto y no simplemente como objeto del mismo.30. Por todo ello, el artículo 8.2.b convencional rige incluso antes de que se formule una “acusación”, en sentido estricto. Para que el mencionado artículo satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que la notificación ocurra previamente a que el inculpado rinda su primera declaración, ante cualquier autoridad pública.31. Evidentemente, el contenido de la notificación variará de acuerdo al avance de las investigaciones, llegando a su punto máximo, expuesto en el párrafo 28 supra, cuando se produce la presentación formal y definitiva de cargos. Antes de ello y como mínimo el investigado deberá conocer con el mayor detalle posible los hechos que se le atribuyen.” (Corte IDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, Párrafo 29, 30 y 31)
Ahora bien con relación a la formalidad de la comunicación previa que
obligatoriamente debe cumplirse en todo proceso señaló:
“45. Es admisible que en ciertos casos exista reserva de las diligencias adelantadas durante la investigación preliminar en el proceso penal, para garantizar la eficacia de la administración de justicia. Asiste al Estado la potestad de construir un expediente en búsqueda a la verdad de los hechos, adoptando las medidas necesarias para impedir que dicha labor se vea afectada por la destrucción u ocultamiento de pruebas. Sin embargo, esta potestad debe armonizarse con el derecho de defensa del investigado, que supone, Inter Alia, la posibilidad de conocer los hechos que se le imputan.”
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46. La transición entre “investigado” y “acusado” y en ocasiones incluso “condenado” puede producirse de un momento a otro. No puede esperarse a que la persona sea formalmente acusada o que como en el presente caso se encuentre privada de la libertad para proporcionarle la información de la que depende el oportuno ejercicio del derecho a la defensa.47. El hecho de que el señor Barreto Leiva hubiese podido conocer por los medios de comunicación o por su declaración previa ante el congreso (Supra Párr. 33) el tema de la investigación que se estaba realizando, no relevaba al Estado de cumplir con lo dispuesto en el artículo 8.2.b de la Convención. El investigado, antes de declarar, tiene que conocer de manera oficial cuales son los hechos que se le formulan, no sólo deducirlos de la información público o de las preguntas que se le formulan. De esta forma su respuesta podrá ser efectiva y sin el margen de error que las conjeturas producen; se garantizará el principio de congruencia, según el cual debe mediar identidad entre los hechos de los que se informa al inculpado y aquellos por los que se le procesa, acusa y sentencia y se asegura el derecho a la defensa” (Corte IDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, Párrafo 45, 46 y 47)
Finalmente con relación al derecho humano reconocido por el Art. 8.b.c de la
convención referente a la concesión de tiempo para preparar la defensa y los
supuestos necesarios para que una investigación sea declarada en reserva
(art. 281 CPP boliviano) la Corte señala:
“53. Al respecto, esta Corte se remite a lo ya expuesto en los párrafos precedentes (supra párrs. 45 y 46), y únicamente agrega que aunque reconoce la existencia de la facultad e incluso la obligación del Estado de garantizar en la mayor medida posible el éxito de las investigaciones y la imposición de sanciones a quienes resulten culpables, el poder estatal no es ilimitado. Es preciso que el Estado actúe “dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permiten preservar tanto la seguridad pública como los derechos fundamentales de la persona humana.”54. Uno de esos derechos fundamentales es el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, previsto en el artículo 8.2.c de la Convención, que obliga al Estado a permitir el acceso del inculpado al conocimiento del expediente llevado en su contra. Asimismo, se debe respetar el principio del contradictorio, que garantiza la intervención de aquel en el análisis de la prueba.55. Si el Estado pretende limitar este derecho, debe respetar el principio de legalidad, argüir de manera fundada cuál es el fin legítimo que pretende conseguir y demostrar que el medio a utilizar para llegar a ese fin es idóneo, necesario y estrictamente proporcional. Caso contrario, la restricción del derecho de defensa del individuo será contraria a la convención.” (Corte IDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, Párrafo 53, 54 y 55)
Jurisprudencia internacional, que debe ser tomada en cuenta pues esta integra
el bloque de constitucionalidad señalado en el art. 410 romano II, asimismo por
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los mandatos señalados en los artículos 256 romano I y el art. 13 romano IV
todos de la constitución política del Estado, puesto que así se ha
manifestado este Tribunal Constitucional Plurinacional en la S.C. No.
0110/2010 –R de 10 de mayo al señalar:
“..Las sentencias emanadas de la CIDH, por su naturaleza y efectos, no se encuentran por debajo de ni de la Constitución Política del Estado tampoco de las normas jurídicas Infra – Constitucionales, sino por el contrario, forman parte del bloque de constitucionalidad y a partir del alcance del principio de supremacía constitucional que alcanza a las normas que integran este bloque, son fundamentadoras e informadoras de todo el orden jurídico interno, debiendo el mismo adecuarse plenamente a su contenido para consagrar así la vigencia plena del Estado Constitucional, enmarcado en la operatividad del sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos.” (el resaltado no pertenecen al original)
Precedente constitucional por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través
de la S.C.P. No. 770/2012 de 13 de agosto de 2012 emitido por Sala Plena,
sin soslayar que nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, es parte de la
Convención interamericana de derechos humanos, ratificada el 19 de julio de
1979 y reconociendo de manera incondicional la competencia contenciosa de
la Corte Interamericana el año 1993 de acuerdo con lo estipulado por el art. 62
de la Convención, siendo de carácter obligatorio la jurisprudencia que emana
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, situación que también es
una conclusión de la aplicación de los artículos 26 (buena fe en el
cumplimiento de los tratados) y artículo 27 (imposibilidad de alegar
disposiciones de derecho interno contrarios a los tratados), ambos
articulados plasmados en el Convenio de Viena sobre Derechos de los
Tratados.
VII. PETICIÓN EXPRESA.-
Con los fundamentos y jurisprudencia vinculante al amparo del art. 203 de la
CPE, y compulsados los elementos adjuntos en calidad de prueba al presente
incidente del cual se evidenciará el defecto absoluto sustanciado al emitir la
imputación formal en mi contra sin precisarse de manera concreta los hechos
en base a los cuales se me pretende incriminar el delito de abigeato, impetro a
su autoridad sustanciar el presente INCIDENTE DE ACTIVIDAD PROCESAL
DEFECTUOSA DE NULIDAD DE IMPUTACIÓN basado en lo fundamentado ut
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supra aplicando en justicia la disposición legal señalada en el art. 169 numeral
3 del CPP., al haberse conculcado derechos fundamentales como el derecho a
la defensa y la garantía y derecho al debido proceso legal, además de
principios procesales básicos del sistema acusatorio, y ejerciendo el rol de
contralor de garantías declare NULA LA IMPUTACIÓN FORMAL EN TANTO
SEAN CORREGIDOS LOS ERRORES INSUBSANABLES DENUNCIADOS
TODO EN PROCURA DDE LOS PRINCIPIOS Y DERECHOS QUE
PROCLAMA LA CPE.
OTROSÍ 1.- Determinaciones en mi nuevo domicilio procesal ubicado en la
calle Potosí lado de la Casa de Justicia (Of. Dr. Palavecino).
OTROSÍ 2.- Adjunta la documental probatoria mencionada en el tenor de la
presente, asimismo solicito a su autoridad conmine al representante del
ministerio Público, remita ante su autoridad el cuaderno de investigaciones,
teniéndose a dicho cuaderno de investigación y la documental mencionada
como prueba del presente incidente.
Villa montes, 16 de abril de 2014
ELISEO TOLEDO MARRAS
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