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La Agenda 2030 El documento final de la Cumbre de Naciones Unidas para la aprobación de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible de septiembre de 2015 indica que “duran- te la última generación, cientos de millo- nes de personas han salido de la pobreza extrema” 1 . Los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), establecidos en el año 2000, fueron la base que permitió avan- zar a la comunidad internacional en una dirección confluyente que, además de re- ducir la pobreza extrema, ha posibilitado disminuir el hambre en un 20%; avanzar en la lucha contra el paludismo y la tuber- culosis; disminuir la disparidad de género en la educación de niñas y niños; mejorar el acceso al agua; y disminuir el porcenta- je de personas en zonas insalubres. Esos ODM estaban circunscritos al ámbito social. No obstante, las nuevas realidades socio-económicas y medioam- bientales en esta era de la globalización exigían una ampliación del espectro al que dedicar los esfuerzos internacionales Jesús Gracia Aldaz SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA Las opiniones contenidas en los siguientes artículos sólo compromenten a sus autores y no constituyen posiciones oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ABRIL-JULIO 02/2016 1. http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1 Objetivos de Desarrollo Sostenible, objetivos de España FOTO: NACHO GÓMEZ

Objetivos de Desarrollo Sostenible, objetivos de España · La Agenda 2030 El documento final de la Cumbre de Naciones Unidas para la aprobación de la Agenda 2030 sobre Desarrollo

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La Agenda 2030El documento final de la Cumbre de

Naciones Unidas para la aprobación de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible de septiembre de 2015 indica que “duran-

te la última generación, cientos de millo-nes de personas han salido de la pobreza extrema”1. Los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), establecidos en el año 2000, fueron la base que permitió avan-zar a la comunidad internacional en una dirección confluyente que, además de re-ducir la pobreza extrema, ha posibilitado disminuir el hambre en un 20%; avanzar en la lucha contra el paludismo y la tuber-

culosis; disminuir la disparidad de género en la educación de niñas y niños; mejorar el acceso al agua; y disminuir el porcenta-je de personas en zonas insalubres.

Esos ODM estaban circunscritos al ámbito social. No obstante, las nuevas realidades socio-económicas y medioam-bientales en esta era de la globalización exigían una ampliación del espectro al que dedicar los esfuerzos internacionales

Jesús Gracia Aldaz SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA

Las opiniones contenidas en los siguientes artículos sólo compromenten a sus autores y no constituyen posiciones oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

ABRIL-JULIO

02/2016OFICINADE INFORMACIÓNDIPLOMÁTICA

1. http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1

Objetivos de Desarrollo Sostenible, objetivos de España

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2ARTÍCULO | ANÁLISIS | ABRIL-JULIO 2016

para intentar que nadie se quedara fuera. Fruto de ello fue la adopción de la Agenda 2030 que fija 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), construidos sobre los ODM, pero ampliándolos a las esferas económica, medioambiental y política. Esos 17 objetivos están desagregados en 169 metas y se han elaborado 223 indica-dores para su medición.

El principal cambio de enfoque que im-plican estos ODS es precisamente la uni-versalidad de la agenda, es decir, que se debe aplicar en y por todos los países, inde-pendientemente de su nivel de desarrollo, y todos los países deben rendir cuentas de esa aplicación. Las políticas que se desplie-guen para conseguirlos deben ser, pues, universales e integrales, y todos sus ele-mentos deben tener relación entre sí. Y esa conexión entre políticas debe ser tanto a ni-vel nacional, como regional e internacional.

Desde el Gobierno español hemos tra-bajado activamente en la definición de esa Agenda 2030 participando en el Grupo de Trabajo Abierto para la definición de los mismos, del que formábamos parte 70 países, y hemos suscrito el acuerdo inter-nacional que la respalda, siempre con la intención de aunar desarrollo social, cre-cimiento económico y respeto medioam-biental.

La Agenda de Acción de Addis AbebaUn segundo hito negociador en el ám-

bito de la cooperación para el desarrollo en 2015 fue el acuerdo alcanzado en la capital etíope en julio de 2015 sobre cómo financiar ese desarrollo sostenible, lo que se ha venido a llamar la Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA)2. Si la Cumbre que lanzó los ODM en 2000 tuvo que es-perar dos años, hasta 2002, para que los países se volvieran a reunir en Monterrey (México) en aras de decidir cómo finan-ciarlo, esta vez se invirtió el orden: prime-ro se aprobó la Agenda de financiación en julio y posteriormente la Agenda 2030 de septiembre incorpora la AAAA como su pilar fundamental en términos de medios de implementación.

Aunque tradicionalmente se ha asocia-do la financiación del desarrollo con la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), lo que quedó claro en Addis es que para poder fi-nanciar los ODS no basta con la AOD, sino que hay que ir más allá. En ese contexto, la AAAA recoge una serie de ámbitos que se entienden como fundamentales si se quiere hacer avanzar la agenda de desa-rrollo: fomento de los recursos nacionales públicos de los países socios; el comercio internacional como motor de desarrollo; la adecuada gestión de la deuda y la sos-

tenibilidad de ésta; cuestiones sistémicas como la gobernanza económica mundial o la red de seguridad financiera interna-cional; ciencia, tecnología, innovación y creación de capacidades.

Un grupo de académicos españoles apo-yó la labor preparatoria de este Ministerio de cara a la Conferencia de Addis Abeba con un interesante estudio3 donde se plas-ma con claridad que la ayuda internacio-nal no bastará, que será necesario utilizar más medios y de un modo más eficaz. “En concreto, los recursos domésticos de los países en desarrollo –en torno a 5,9 bi-llones de dólares al año-, multiplican casi por tres lo que se mueven en el ámbito internacional, cualquiera que sea su natu-raleza”4.

Por todo ello, no solo la amplitud del espectro de objetivos (17 ODS) que se desea alcanzar sino también la amplitud de medios que se deben movilizar para conseguir esos objetivos exigen que se su-pere la compartimentación de políticas y se avance con firmeza en el ámbito de la coherencia de políticas.

La COP21 de París La Agenda 2030 se verá también influi-

da por el Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático5 de diciembre de 2015 que en-

El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica interviene en el Consejo de Cooperación al Desarrollo celebrado en el Palacio

de Viana, el pasado 7 de junio. FOTO AECID

2. http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/69/3133. http://www.cooperacionespanola.es/es/documento-de-trabajo-movilizando-los-recursos-y-los-medios-de-apoyo-para-hacer-realidad-la-agenda-de4. Op. Cit. Pág. 11.5. http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf

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laza con el ODS 13. Por su parte, la AAAA recuerda en su párrafo 60 el objetivo de movilización de 100.000 millones de dóla-res anuales para 2020 destinados a lucha contra el cambio climático en los países en desarrollo.

Ese Acuerdo fue firmado por 177 países en Nueva York el 27 de abril de 2016. Se trata del mayor número de Estados en la historia que hayan firmado un instrumen-to internacional en un solo día. Su entra-da en vigor dependerá de la rapidez con que lo ratifiquen 55 países que supongan el 55% de las emisiones de gases de efec-to invernadero, y las previsiones son tan halagüeñas que puede que esa entrada en vigor tenga lugar ya en 2017 o 2018, antes de la fecha prevista de 2020. Es precisa-mente esa meritoria lucha de NNUU con-tra el cambio climático lo que la ha hecho acreedora del Premio Princesa de Astu-rias de Cooperación Internacional 2016.

La firme respuesta internacional es muestra clara de la importancia que se otorga al cambio climático, principal pro-blema medioambiental al que se enfrenta el planeta actualmente. Además de lo an-terior, existe un claro vínculo entre cam-bio climático y desarrollo, viéndose los países en desarrollo –y sus poblaciones

rurales en situación de pobreza- afectados de manera aún más directa y drástica. Las alteraciones climáticas y las emergencias afectan en mayor medida a las poblacio-nes vulnerables y con fuerte dependencia del sector primario, especialmente agri-cultura y pesca, con consecuencia tanto en la disponibilidad de alimentos como de ingresos; a lo que hay que añadir la proli-feración de enfermedades como malaria, dengue u otras derivadas de olas de calor.

Como aportación de España a la lucha contra el cambio climático, el Presidente del Gobierno anunció en París que Espa-ña contribuiría con 900 millones de euros anualmente a partir de 2020. Es la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) perteneciente al Ministerio de Agricultu-ra, Alimentación y Medioambiente (MA-GRAMA) quien está liderando un grupo de trabajo interministerial para concretar una hoja de ruta que permita materializar esa movilización de recursos.

Aplicación en España de la Agenda 2030En relación con la Agenda 2030 y la

AAAA a nivel nacional en España, el nue-vo enfoque holístico que exigen implica un reto que va más allá de la acción exte-rior y afecta a toda la Administración Pú-

blica, que deberá rendir cuentas de su la-bor y para ello se deben tener claros los 17 ODS, las 169 metas y los 223 indicadores.

España debe empezar a poner en mar-cha la implementación de la Agenda 2030 y para ello hemos procedido a convocar los órganos consultivos y de coordinación que prevé la Ley de Cooperación Interna-cional para el Desarrollo (LCID) de 1998 con el objeto de informarles de la Agenda 2030 y de la AAAA, tanto del contenido concreto de ambas como de los compro-misos que implican, con el fin de iniciar el trabajo a nivel técnico.

Así, hemos reunido el 30 de mayo de 2016 a la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional (CICI), el ór-gano más antiguo de la cooperación para el desarrollo creado en 1986 y que reúne a los representantes de toda la Administra-ción General del Estado (AGE). En segun-do lugar, se ha convocado el 6 de junio a la Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo (CICD), que reúne a los representantes de las Comunidades Au-tónomas y Entidades Locales. Por último, hemos reunido el 8 de junio al Consejo de Cooperación al Desarrollo (CCD) del que forman parte la sociedad civil, los sindica-tos, el sector privado y las universidades.

ARTÍCULO | ANÁLISIS | ABRIL-JULIO 2016

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Más adelante, el nuevo Gobierno debe-rá decidir qué adaptaciones normativas hacer en la Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado (LASEE), o en la Ley de Cooperación Internacional para el De-sarrollo (LCID) y/o en otra normativa in-terna que se estime, para adaptarlas a los ODS.

En cualquier caso, habrá que tener en cuenta la coherencia de políticas, enten-dida no solo como coordinación de políti-cas, sino como orientación de estas hacia objetivos comunes, cuestión que será cada vez más relevante.

Aplicación en la UEA nivel regional, la UE ha decido que la

implementación global de la Agenda 2030 la lidere el Vicepresidente Sr. Timmer-mans. En la práctica se está trabajando en varias direcciones.

Por un lado, se están revisando los dos documentos fundamentales que fijaron en su día las directrices básicas de la política europea de cooperación para el desarrollo (el Consenso Europeo de Desarrollo de 2005 y la Agenda para el Cambio de 2011), con la idea de elaborar un nuevo Consen-so Europeo para el Desarrollo que cubra los aspectos vinculados a la cooperación para el desarrollo de la Agenda 2030. Este

proceso se ha iniciado a finales de mayo de 2016 con el lanzamiento de una consul-ta pública6, que será completada con reu-niones específicas y está previsto conclu-ya con un nuevo Consenso suscrito tanto por el Consejo, como por el Parlamento Europeo, la Comisión, el Consejo Econó-mico y Social, y el Comité de las Regiones.

Por otro lado, la Comisión tiene previs-to lanzar en noviembre de 2016 una Co-municación en la que actualizará la Estra-tegia 2020, incorporando facetas internas de la Agenda 2030.

En tercer lugar, el Consejo Europeo de 28 y 29 de junio de 2016 dé luz verde a la Estrategia Global de Política Exterior y de Seguridad que actualiza la Estrategia de 2003. Se busca que tenga un enfoque holístico que aborde, más allá de la segu-ridad que será su hilo conductor, también cuestiones como la cooperación, el cam-bio climático y las migraciones.

Seguimiento a nivel globalEl seguimiento a nivel global de la

Agenda 2030 se hará en el Foro Político de Alto Nivel (FPAN), creado a raíz de la Cumbre de Río+20. El Foro se reunirá anualmente en julio bajo los auspicios del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC) y cada cuatro años bajo

los auspicios de la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU). Se ha arbitrado un mecanismo que se pondrá en marcha por primera vez este año en que los países se podrán someter a Exámenes Naciona-les Voluntarios. España, por lo expuesto arriba, no podrá someterse este año, pero confiamos en que se pueda hacer en un fu-turo próximo.

Una ciudadanía comprometidaFinalmente, tanto el Eurobarómetro

como las encuestas del CIS apuntan cla-ramente a la firme solidaridad de la po-blación española con la dura realidad de muchos colectivos humanos y regiones del mundo. De hecho, el Eurobarómetro publicado a finales de febrero de 2016 confirmaba que los españoles son, junto con alemanes y portugueses, los que más decididamente respaldan la ayuda al de-sarrollo, con un 93% de los encuestados que califican como muy “importante” asistir a las personas de esos países.

Confiamos, pues, en que esa ciudada-nía siga comprometida en este período crucial que se abre ante nosotros con la implementación de la Agenda 2030 y que busca guiar los pasos del desarrollo sos-tenible del planeta en los próximos tres lustros.

ARTÍCULO | ANÁLISIS | ABRIL-JULIO 2016

6. https://ec.europa.eu/europeaid/un-2030-agenda-sustainable-development-public-consultation-revising-european-consensus-development_en

Imagen de la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional, reunida el pasado 30 de mayo. FOTO AECID

5ARTÍCULO | ANÁLISIS | ABRIL-JULIO 2016

No podemos cerrar los ojos y creer, como el profesor Pangloss, el tu-tor de Cándido satirizado por

Voltaire, que vivimos en el mejor de los mundos y todo sucede al ser inevitable.

La realidad es muy otra: si en las últimas décadas del siglo XX asistimos esperanza-dos a una disminución de las guerras, en los últimos años han estallado nuevas crisis de enorme crudeza que se unen a viejas dis-putas sin resolver; padecemos la creciente amenaza trasnacional del terrorismo y ve-mos, con cada vez mayor inquietud, como el número de refugiados y desplazados, hoy más de 60 millones alcanza la mayor cifra de la historia.

Diplomacia preventiva en el MediterráneoMarcelino CabanasEMBAJADOR EN MISIÓN ESPECIAL PARA LA DIPLOMACIA PREVENTIVA

Pero los conflictos del siglo XXI, a dife-rencia del terremoto de Lisboa que sacudió la conciencia de Voltaire y de los ilustrados, sí son evitables; su naturaleza es ciertamen-te compleja: muchos de ellos son hoy más intra estatales que interestatales y la intole-rancia, el extremismo violento y la pobreza se conjugan constituyendo amenazas a la paz y a la seguridad. Sabemos, sin embar-go, que se pueden combatir, que tenemos la capacidad y herramientas para hacerlo, por lo que la prevención de los conflictos se presenta ante todo como un imperativo moral para movilizar voluntades.

La prevención en el Mediterráneo es para España un imperativo moral, pero es además, siempre lo ha sido, una prioridad nacional de nuestra política exterior: Las guerras en Siria o Yemen, la desertificación y crisis alimentarias, las acciones terroris-tas de DAESH o la extensión de Boko Ha-ram nos afectan directamente a todos los

países de la cuenca del mar que comparti-mos.

España por ello convocó los días 30 y 31 de mayo, en Alicante la I Conferencia In-ternacional sobre diplomacia preventiva en el Mediterráneo. Organizada por el Minis-terio de Asuntos Exteriores y de Coopera-ción junto a Casa Mediterráneo, la confe-rencia, que fue inaugurada por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en funciones, José Manuel García-Margallo, se centró en la “prevención de conflictos y agenda de Naciones Unidas”, y contó con la presencia de representantes de países de la región del Norte de África y Oriente Medio, así como de organizaciones internaciona-les, regionales y subregionales.

En esta primera conferencia quisimos dar especial relieve a la agenda de Nacio-nes Unidas, la única organización de carác-ter universal que, gracias a la legitimidad de su Carta y sus principios, tiene un papel

Discurso del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en la inaugurdación de la Conferencia sobre diplomacia preventiva celebrada en Alicante el

pasado 30 de mayo. FOTO EFE

6ARTÍCULO | ANÁLISIS | ABRIL-JULIO 2016

insustituible en la prevención de conflictos.Invitamos también a representantes

de la Unión Europea, la Unión del Magreb Árabe, la Liga Árabe, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la Unión por el Mediterráneo y la Organización de la Coo-peración Islámica.

Reunimos, finalmente, a expertos en diplomacia preventiva y diálogo político y representantes de la prensa, de think tanks y ONGs. Su labor para fortalecer la socie-dad civil y potenciar el diálogo resulta fun-damental para la prevención de conflictos.

Nuestro propósito era, ante todo, es-cuchar las inquietudes de los países de la ribera sur y reflexionar conjuntamente en qué medida la diplomacia puede y debe ser un instrumento para prevenir conflictos y poner esa reflexión al servicio de la comu-nidad internacional.

Así, durante los dos días, representan-tes de países del Mediterráneo, de Nacio-nes Unidas, de la UE y otras organizaciones regionales, así como expertos en preven-ción y mediación, abordaron en 6 paneles las vías para reforzar la diplomacia preven-tiva en el Mediterráneo:

Las discusiones fueron intensas y asis-timos sin duda a debates de alto nivel para profundizar en el uso de las herramientas preventivas.

Entre los oradores principales se en-contraban la Ministra Delegada del Minis-

tro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Mbarka Bouaida; el ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres; la Directora General de UNESCO, Irina Bokova; el Administrador Adjunto del PNUD, Magdy Martínez-Soli-mán; y el Alto Representante de las Nacio-nes Unidas para la Alianza de Civilizacio-nes, Nassir Abdulaziz al-Nasser.

Asimismo, cabría destacar la presen-cia, entre otros panelistas, del Secretario General de la Unión por el Mediterráneo, Fathallah Sijilmassi, la anterior Ministra de Asuntos Exteriores de Moldavia, Natalia Gherman, el Director para países árabes de ONU-Mujeres, Mohammad Naciri, o el Di-rector ejecutivo adjunto de Human Rights Watch, Bruno Stagno.

Nuestro primero objetivo, movilizar a la comunidad internacional y a la sociedad civil para concienciar y reforzar la preven-ción en el Mediterráneo, puede darse por cumplido.

Pero además, y a lo largo de la confe-rencia, escuchamos nuevas iniciativas y propuestas de indudable interés. De los de-bates llevados a cabo durante los distintos paneles en que se estructuraron las reunio-nes se están elaborando unas conclusiones que serán distribuidas a los participantes así como a las Naciones Unidas y organiza-ciones regionales. Sin pretender, en modo alguno, ser exhaustivos, merecen ser desta-cadas algunas ideas que alcanzaron mayor

consenso:- Todos los participantes se mos-

traron de acuerdo en la importancia de la integración regional. Promover la integra-ción regional en el Mediterráneo es inver-tir en paz y estabilidad. Nuestros mayores esfuerzos deben encaminarse a la creación de empleo; la justicia social es un elemento clave para evitar la radicalización y la pre-vención de conflictos, especialmente entre los jóvenes.

- La diplomacia preventiva debe superar la fragmentación y los comparti-mentos estancos tradicionales, integrando los tres pilares de la ONU: paz y seguridad, desarrollo sostenible y protección de los derechos humanos.

- Tratamos el papel central que tie-nen el respeto y promoción de los derechos humanos en la prevención de conflictos, un tema especialmente querido por el Secre-tario General de las Naciones Unidas, que ha lanzado la iniciativa “Human Rights up Front“ para integrar los derechos huma-nos en todos los campos de actividad de la Organización. La alerta temprana es un instrumento eficaz para la prevención y la violación de derechos humanos es un in-dicador clave de potenciales conflictos. Es por ello necesario reforzar el papel preven-tivo del el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, del Alto Comisiona-do para los Derechos Humanos, así como los comités sectoriales y órganos derivados de tratados específicos. Se planteó un inte-

Algunos de los participantes del encuentro celebrado en Alicante. FOTO EFE

7ARTÍCULO | ANÁLISIS | ABRIL-JULIO 2016

resante debate sobre la posibilidad de pa-sar del principio de “de no interferencia” al principio de “no indiferencia“ cuando nos encontramos ante graves violaciones de derechos humanos que amenazan la paz y estabilidad regionales. Las limitaciones al derecho de información son útiles también como indicadores de alerta temprana.

- La buena gobernanza es un fac-tor clave para lograr los Objetivos de De-sarrollo Sostenible y para ello es necesario acompañar a los países del Norte de África y Oriente Medio en los procesos de tran-sición a la democracia, atendiendo a las prioridades y demandas de las institucio-nes públicas y de las organizaciones de la sociedad civil.

- La agenda Mujeres, Paz y Seguri-dad ha avanzado en el marco de las Nacio-nes Unidas con la aprobación de la impor-tante Resolución 2242, pero es necesario seguir impulsando el papel de la mujer en el Mediterráneo, reforzando el mandato de la Alta Representante para violencia sexual en conflicto, creando una red de mujeres mediadoras similar a la ya establecida por la Unión Africana e incluyendo mujeres expertas en procesos de construcción de la paz, como es especialmente necesario en Libia.

- El papel de las ONGs y de la pren-sa en la prevención fue también objeto de debate, desde una doble perspectiva: pue-den ayudar en la construcción de socieda-des libres, democráticas y más resistentes a potenciales conflictos, y por otra parte tienen una función de alerta temprana de los mismos. En general, se constató que los

medios de comunicación tienden a infor-mar sobre los conflictos abiertos: la pre-vención es rara vez noticia y sin embargo, la prensa especializada, por su conocimiento, está llamada a jugar un importante papel preventivo.

La conferencia finalizó con un panel dedicado al diálogo interreligioso e inter-cultural, especialmente interesante para España como impulsora de la Alianza de Civilizaciones. Hubo acuerdo generalizado en que el diálogo entre religiones resulta crucial, no tanto porque éstas sean la causa subyacente de conflictos -como son perci-bidas en ocasiones- sino porque pueden ser generadoras de paz.

Los líderes religiosos tienen un papel relevante que desempeñar en la preven-ción, mediación y resolución de conflictos. Especialmente importantes pueden ser las plataformas de líderes religiosos por la paz y el establecimiento de redes de líderes religiosos locales. Es necesario fomentar el trabajo a nivel local, especialmente con jóvenes, para la prevención del extremismo violento y en ese campo los líderes religio-sos pueden dar a conocer mejor la verdade-ra naturaleza de DAESH y otras organiza-ciones terroristas.

Durante la conferencia, España facilitó también un encuentro entre líderes de las tres religiones de Jerusalén, un proceso que abre una vía para profundizar en la paz religiosa para alcanzar la paz política.

El objetivo de la conferencia no era solo la discusión de ideas, sino también poner sobre la mesa propuestas concretas para reforzar las herramientas preventivas en el

Mediterráneo y así comprobamos en Ali-cante el apoyo a la iniciativa del Secretario General de Naciones Unidas de crear una Oficina Regional de Naciones Unidas en el Norte de África, al nombramiento de un representante de alto nivel del Secretario General de Naciones Unidas para la Pre-vención del Extremismo Violento y de un Enviado Especial para la Libertad de Pren-sa. Igualmente se podría reforzar la labor del Consejo de Seguridad, el órgano princi-pal de las Naciones Unidas para preservar la paz y la seguridad, mediante la creación de un órgano subsidiario dedicado a la di-plomacia preventiva y utilizar de modo más sistemático a las embajadas en países que viven situaciones de conflicto a modo de una red de antenas de alerta temprana que permita conocer y actuar ante situa-ciones que puedan poner en riesgo la paz y seguridad internacionales.

España ha sido tradicionalmente un país de encuentro comprometido con el diálogo y la diplomacia preventiva: la Con-ferencia de Paz de Madrid, la iniciativa de Mediación en el Mediterráneo, la Estrate-gia para el Agua en el Mediterráneo Occi-dental o la Alianza de Civilizaciones son aportaciones reconocidas por la comuni-dad internacional.

La reciente conferencia en Casa Medi-terráneo ha nacido con vocación de iniciar un proceso de diplomacia para la paz que refuerce la prevención como la mejor vía para evitar los conflictos y la mediación para resolverlos. Si hay una lección que podemos sacar de nuestro encuentro en Alicante es que los Estados, de forma ais-lada, no podemos hacer frente a desafíos globales como el cambio climático, la lucha contra el terrorismo o las migraciones.

Preservar la paz y la estabilidad es una tarea compleja que requerirá trabajar con las organizaciones regionales, con la socie-dad civil, y que exigirá un diálogo perma-nente entre las sociedades de los países de la cuenca del Mediterráneo con una mayor presencia de mujeres y de jóvenes. Hemos querido contribuir al giro, cada vez más ur-gente, de una cultura de la reacción a una cultura de la prevención y hacer de la con-ferencia de Alicante un punto de partida para trabajar juntos por unas sociedades abiertas y tolerantes donde la paz, asentada en la democracia, la prosperidad compar-tida y el respeto a los derechos humanos, inspire nuestra convivencia en el Medite-rráneo.

José Manuel García-Margallo reunido con el rabino de Jerusalén, Michael Melchior, el director del

Centro Adam para el Diálogo de Civilizaciones en Palestina, Sheik Falougi, y el patriarca latino de

Jerusalén, Jamal Khader, durante la conferencia internacional de Alicante. FOTO EFE.

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El día 16 de mayo de este año, el Presidente Raúl Castro recibió al Ministro de Asuntos Exteriores y

Cooperación en funciones, José Manuel García-Margallo, y a la Ministra de Fomen-to en funciones, Ana Pastor, en una larga entrevista que reflejó un buen clima en las relaciones bilaterales. Antes, la Unión Europea había firmado un acuerdo para restablecer relaciones institucionales con Cuba, y el Presidente Obama había visitado la isla los días 21 y 22 de marzo. El proceso de reintegración en la comunidad interna-cional que está viviendo Cuba abre nuevas posibilidades para sus ya ricas relaciones con España, aunque es preciso analizar el contexto jurídico, social y empresarial, con el fin de reforzar esas relaciones con cono-cimiento de causa.

El 17 de diciembre de 2014 el Presiden-te de Estados Unidos anunció que iba a promover la apertura de relaciones diplo-máticas con Cuba. El viaje del Presidente Obama en marzo de este año confirmó el viraje de la política norteamericana desde la revolución. Sin embargo, los intereses principales de ambos países son muy di-ferentes. Cuba quiere el fin del embargo estadounidense y la devolución de la ju-risdicción sobre la base de Guantánamo. Las principales prioridades declaradas de EEUU en Cuba son los derechos humanos y la democracia, aunque sin duda se per-sigue también una presencia económica y una mejor imagen internacional. Ambos países ven sus deseos obstaculizados. En

REVISTA DE PUBLICACIONES | ANÁLISIS | ABRIL-JULIO 2016

La evolución reciente de Cuba: posibilidades para España

Martín Ortega Carcelén y Claudia Ramos Hernando

el caso del levantamiento del embargo, el Presidente estadounidense ya solicitó su retirada en el Congreso, que no aprobó su petición. El Presidente confía en que el au-mento de las relaciones con Cuba estimule la sed de democracia y modernización en-tre la población cubana. Además, durante la visita, el Presidente Obama contó con la compañía de empresarios, en su mayoría del sector tecnológico y turístico, para es-timular una presencia comercial en la isla.

Desde 2014, los pasos más importan-tes del Gobierno cubano para renovar el sistema económico han sido permitir la creación de pequeños negocios, la intro-ducción de nuevas tecnologías e internet, y la apertura a la Inversión Extranjera Direc-ta1. Una de las figuras que debe propiciar el cambio es el “cuentapropista”, equivalente al empresario en Cuba, que ha aumentado su número de 144.000 en 2009 a 496.000 en 2016. Los cuentapropistas añadidos a los cooperativistas y a los campesinos pri-vados constituirían un 30% de la población. Sin embargo, este número sigue siendo in-suficiente con respecto al millón de traba-jadores por cuenta del Estado. Según Omar Everlyn Pérez Villanueva, del Centro de Estudios de la Economía Cubana, “es im-posible que un país avance con el 67% del empleo en el sector presupuestado”.

El turismo es el área más beneficia-da por esta incipiente apertura, pues se ha producido un aumento del 17% de los visitantes en 2015 comparado con el año anterior, que contó con tres millones y me-dio de turistas. Esto se debe, en parte, a la promoción de intercambios por parte de la Administración estadounidense, que fa-cilitó la llegada a la isla de más de 161.000 estadounidenses en 2015, un 77% más que

en 2014. El nuevo auge en el turismo ha dejado alrededor de 200 millones de dóla-res al Estado. Se espera que en unos meses también se establezcan vuelos comerciales entre Estados Unidos y Cuba, lo que per-mitiría aumentar drásticamente el turismo norteamericano en la isla caribeña.

Al tiempo, se han abierto más de medio centenar de puntos de acceso a internet en la isla, sobre todo en La Habana. Aunque su coste es muy elevado para los particu-lares, esto ha facilitado la apertura de las fronteras a la información global a diario a unos 200.000 cubanos, aunque desde pun-tos públicos. El Presidente estadounidense impulsó también el desembarco del gigan-te tecnológico Google en la isla, describién-dolo como algo “necesario para que Cuba entre económicamente en el siglo XXI”.

En paralelo a la nueva política de Esta-dos Unidos hacia Cuba, la Unión Europea concluyó en marzo de 2016 un Acuerdo de Cooperación y diálogo político entre la UE y Cuba. Pese a que al principio Raúl Cas-tro se negaba a negociar si seguía en pie la posición común de la UE, las negocia-ciones entre Cuba y la Unión comenzaron en 2014, impulsadas por España2. El nuevo documento crea una base económica y un marco jurídico para el correcto desarrollo del comercio, la cooperación, y las inver-siones3. La UE es el mayor inversor en la isla y un tercio del turismo cubano pro-cede también del continente europeo. Sin embargo, la presencia europea en la isla es todavía limitada debido a los efectos del embargo estadounidense.

El texto del acuerdo, que no se ha he-cho público a falta de ratificación, esta-blece tres apartados: cooperación, diálogo político y relación económica. En el cam-

1. Jorge Hernández Moreno, La apertura de Obama hacia Cuba: una oportunidad hemisférica, Fundación Alternativas, 2015. 2. Joaquín Roy, Las relaciones entre la UE y Cuba en el marco de la apertura de Barack Obama y Raúl Castro, Real Instituto Elcano, 2015. 3. Suzanne Gratius, Lecciones del Acuerdo Cuba-UE, CIDOB, 2016.

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po de la cooperación, la posición común ha impedido una colaboración institucio-nal fluida entre la UE y Cuba. Europa ape-nas tiene presupuestados 50 millones para ayuda a la isla entre 2014 y 2020. En cuan-to al aspecto político, se trata del capítulo más espinoso porque incluye la controver-sia en torno a los derechos humanos y las libertades. En fin, sobre comercio e inver-sión, la relación económica de la UE con Cuba es intensa, pero hasta ahora carecía de un marco jurídico previsible.

Pese a que Cuba está caminando ha-cia una incipiente apertura, el avance es lento. El cuentapropismo sólo conforma el 5% del PIB cubano. Además, las trabas jurídicas son muchas a la hora de expan-dir los negocios. Esta situación provoca que el sector privado recurra al mercado negro y la evasión fiscal. Es cierto que el turismo es la mayor fuente de ingresos de la isla, pero las infraestructuras para soste-nerlo no son suficientes y Cuba no estaría preparada para la llegada excesiva de visi-

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tantes. Algo similar ocurre con los medios tecnológicos: aunque se deseara expandir la Red, no existe infraestructura para ello.

Por otro lado, Cuba ha sufrido las con-secuencias de la crisis venezolana, uno de sus principales aliados y el primer impor-tador de Cuba – Caracas recibe más de un tercio de las exportaciones cubanas. Vene-zuela sufre el desplome de los precios del crudo y una crisis política y económica. El acuerdo para la cooperación entre Cara-cas y La Habana suma 7.000 millones de dólares y da trabajo a 46.000 cubanos en Venezuela. En el caso de que la entente económica se desplome, se daría un shock en la isla. Además, productos esenciales en la economía cubana como el níquel y el azúcar han visto sus precios abaratarse considerablemente. Frente a estas dificul-tades, España está en buena posición para ayudar a Cuba4.

La ley de reforma de la inversión ex-tranjera, promovida por el gobierno de Castro y aprobada en 2014, todavía no ha

dado sus frutos. Un ejemplo de ello es la Zona Especial de Desarrollo Mariel – puerto habanero – que sólo ha aprobado nueve de 400 solicitudes de compañías extranjeras. Otro elemento que no favore-ce la mejora de la economía cubana es la dualidad monetaria (el peso nacional y el dólar), ya que según apunta Pavel Vidal, exfuncionario del Banco Central de Cuba: “la medición de los balances de las empre-sas estatales, de los precios, de la compe-titividad y de la eficiencia está completa-mente distorsionada”5. En fin, otro factor que ralentiza el proceso de modernización en Cuba es la llamada “fuga de cerebros” a Estados Unidos, que ha aumentado en el último año de forma considerable. Cuba es el segundo país con la población más vieja de Iberoamérica, sólo superado por Uruguay.

En contraste con la apertura diplomá-tica, del 16 al 19 de abril se celebró el VII Congreso del Partido Comunista Cubano que, en lugar de anunciar grandes cam-

4. Apoyar el cambio en Cuba. El País, 10 de abril de 2016. 5. Pablo de Llano, Apertura a la caribeña, El País, 10 abril 2016.

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en la ofrenda floral a José Martí, durante su visita a La Habana en mayo de este año. FOTO EFE

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bios, mantuvo el statu quo. Como ya se sa-bía, Raúl Castro dejará de ser Presidente del PCC en 2018 para ser únicamente pri-mer secretario del partido, orientando las políticas nacionales. Pese a los cambios a los que Cuba se enfrenta, el partido afir-mó que los medios de producción del país seguirán perteneciendo al Estado y que los cuentapropistas sólo serán un com-plemento de la economía centralizada. El Gobierno no cede a la nueva realidad del país, ni es consecuente con la nueva aper-tura diplomática, pese a que este congreso sea el último de la llamada “generación histórica”.6

Es difícil prever cómo se compondrán a partir de ahora las relaciones entre Cuba, por un lado, y España, Estados Unidos, y la Unión Europea, por otro. Una conse-cuencia posible es que la apertura cubana reducirá considerablemente el anti-ame-ricanismo no sólo en Cuba sino en toda Iberoamérica7. De hecho, el Presidente de EEUU apuntó en su discurso del estado de la Unión de 2015 que “el giro en la política hacia Cuba tiene el potencial de acabar un legado de desconfianza en nuestro hemis-ferio”.

Muchos analistas apuntan también a la imperiosa necesidad de levantar el em-bargo de EEUU sobre la isla, que consti-tuye una de las fuentes de legitimidad del régimen castrista. El bloqueo de EEUU ha tenido el efecto contrario al deseado y ha sido incapaz de llevar la democracia a Cuba. Desde el final de la Guerra Fría, Cuba ha dejado de representar una ame-naza para EEUU, por lo que el embargo carece de sentido en el actual contexto geoestratégico. Cuba a su vez se benefi-ciaría creando empleo, desarrollando la industria y la tecnología, gracias princi-palmente a la inversión extranjera. España estaría bien situada en ese horizonte.

El futuro de las relaciones entre EEUU y Cuba es incierto también porque de-pende del próximo residente de la Casa Blanca tras las elecciones de noviembre de 2016. En todo caso, hay que subrayar que el levantamiento del embargo es, desde el punto de vista constitucional de Estados Unidos, una decisión del Congreso, mien-

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tras que el Presidente solo puede tomar medidas paliativas. Como ha indicado el Embajador Carlos Alonso Zaldívar: “Se-gún la ley estadounidense que establece el embargo, para que el Congreso disponga de autoridad para anular la prohibición de comerciar con Cuba, entre otras cosas, tiene que haber en La Habana un gobier-no provisional sin relación alguna con los hermanos Castro. Suena extravagante pero así es y deja claro el sentido del blo-queo. Ante tal situación, el Congreso de EEUU puede esperar hasta que se de esa situación o puede tratar de enmendar las leyes que sustentan el embargo. … Ahora bien, sólo el Congreso puede poner fin al embargo.”8

Sin duda, España puede aprovechar la actual apertura cubana desde su posición de socio privilegiado y de sus inversores. Algunos analistas señalan que “España y sus empresas – bien valoradas por el go-bierno cubano por su permanencia en la isla en los momentos más difíciles de los 90 – están bien posicionadas para el mo-mento que se avecina”.9 Ahora mismo, Es-paña es el tercer socio comercial de Cuba, intercambiando 1.000 millones de euros anuales, y es el inversor de la UE más im-portante, contando con 200 empresas en la isla, pertenecientes al sector turístico en su mayoría. Así, el 40% de las plazas hoteleras de Cuba pertenecen a cadenas españolas. Con el fin de potenciar las rela-ciones, España condonó casi mil quinien-tos millones de euros de deuda a Cuba en abril de 2016. 10

La visita de los Ministros en funciones de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Fomento en mayo fue una ocasión idó-nea para reforzar el diálogo político con las autoridades cubanas, y también para seguir fomentando inversiones, y así ase-gurar la presencia de España en Cuba en el futuro, como dos países hermanos en pie de igualdad. Sin duda, hay que insistir en la defensa de la democracia, los derechos humanos y las libertades, que son nues-tras señas de identidad. La transición debe culminar para asegurar una convivencia pacífica. Pero continuar las relaciones económicas y comerciales supone avanzar

hacia esos objetivos, y sirve también para mejorar la situación cotidiana de los cu-banos. Muy diversos sectores económicos en la isla tienen un gran potencial para la inversión española. Existe una ventana de oportunidad entre la apertura económi-ca que ha comenzado Cuba, el final de la transición y el levantamiento formal del embargo por parte de Estados Unidos, que es preciso aprovechar. Es obvio que Es-paña ha mantenido en el pasado reciente unas relaciones personales, económicas y políticas muy activas con Cuba, pero ahora es el momento de renovar la apuesta.

6. El Partido Comunista de Cuba cierra su congreso sin rejuvenecimientos, La Vanguardia, 20 abril 2016; Juan Jesús Aznárez, El congreso del Partido Comunista cubano opta por el inmovilismo, El País, 20 de abril de 2016. 7. Cuba: todo puede cambiar. Memorando de la Fundación Alternativas. 23 de julio 2015. 8. Carlos Alonso Zaldívar, Cuba: preguntas y respuestas, Real Instituto Elcano, 2016, p. 11.9. Cuba: todo puede cambiar, Op.cit.10. Miguel González, España desembarca en Cuba tras pactar la condonación de su deuda. El País, 21 de abril de 2016.

11ARTÍCULO | ANÁLISIS | ABRIL-JULIO 2016

España y los TorosProblemas de Imagen y Autoimagen

UUna de las mayores debilidades de la imagen internacional de España es la identificación que a

menudo se establece en los medios de co-municación entre la cultura española y las corridas de toros. Los españoles que no han vivido en países especialmente sensi-bles al maltrato animal no son realmente conscientes del rechazo emocional extre-mo que pueden suscitar las corridas de to-ros, ni de la consiguiente degradación de la imagen de nuestro país, que por lo de-más goza de una percepción generalmen-te simpática. Nuestras representaciones en estos países reciben a diario cartas de protesta contra las tradiciones taurinas, e incluso comunicaciones de boicot eco-nómico mayor o menor (contra productos comerciales, contra el turismo, etc.) mien-tras España preserve la legalidad de las corridas.

Pero es en situaciones de crisis, o de conflicto de intereses con otros paí-ses, donde más se aprovecha mediática-mente esta vulnerabilidad de la imagen de España. La forma precisa que suele adoptar esta acción es presentar a los aficionados taurinos y, de hecho, a los españoles en general, como gente in-sensible, o incluso cruel, que encuentra especial placer en la tortura de anima-les. Es una acción dirigida a desactivar la empatía que el público pudiera sen-tir hacia España y los españoles, de tal modo que, si se hace con éxito, consigue habilitar políticamente unas medidas pe-nalizadoras que, de otro modo, podrían encontrar rechazo social.

Un ejemplo perfecto del empleo de esta técnica contra España fue la por-tada publicada en 2010 por el tabloide alemán Die Tageszeitung en el marco de la campaña política de los PIGS, en la que aparecía un cerdo a punto de ser estocado por un torero español bajo el

titular ‘España debe sangrar’. El objeti-vo era forzar a España a aplicar medidas de austeridad autolesivas, en vez de me-didas que implicasen alguna forma de solidaridad europea, como la interven-ción del BCE o la emisión de Eurobonos. Se hacía necesario desactivar los senti-mientos de empatía y solidaridad que habían sido generados entre los euro-peos a lo largo de las últimas décadas de construcción política, y, en particular, los sentimientos de los alemanes hacia los españoles. Tras una amplia ofensiva mediática, en la que se ensayaron otras vías dirigidas a quebrar la solidaridad con los españoles—como difundir su su-puesta ociosidad o prodigalidad—la vía de la austeridad depresiva quedó políti-camente expedita.

La sociedad española no podrá de-fenderse de estos ataques mientras des-conozca la significación de las corridas de toros en la cultura española, o el tra-tamiento que han recibido en nuestra historia intelectual. A continuación se exponen algunas reflexiones que pueden contribuir a disipar ciertos prejuicios que

Luis [email protected]

aún subsisten en algunos países sobre la supuesta anomalía moral de los españoles en relación con el sufrimiento animal.

De dónde venimosDemasiado a menudo se recurre en

España al esencialismo cultural para expli-car hechos sociales para los que no se en-cuentra una clara explicación causal, es-pecialmente cuando se trata de dar cuenta de carencias nacionales.

La tendencia a la evasión fiscal, por ejemplo, se ha atribuido a menudo a la supuesta picaresca española, del mismo modo que la conducción irresponsable de los automovilistas se ha atribuido al desdén por las normas cívicas, propio del tradicional anarquismo ibérico. Pero en las últimas décadas se ha podido comprobar que la picaresca fiscal, supuestamente inherente a la cultura española, se ha re-ducido sistemáticamente a medida que se dotaba de medios a la Agencia Tributaria, tal y como había ocurrido anteriormen-te en los países con los que España suele compararse. La irresponsabilidad auto-movilística, por su parte, ha caído drásti-camente con la instauración del sistema de puntos en el permiso de conducir. Las explicaciones esencialistas son, las más de las veces, pseudoexplicaciones, derivadas de la pereza intelectual de presuponer que las cosas están como están porque, sencillamente, son como son.

A este patrón interpretativo se ajusta también la atribución que suele hacer-se de la supervivencia de las corridas de toros—así como de otras tradiciones po-pulares que involucran animales—a una singular insensibilidad atávica del pueblo español respecto al maltrato animal.

Lo primero que hay que hacer cons-tar a este respecto es que no hay ninguna singularidad histórica en las tradiciones españolas en relación con las del resto de Europa o del mundo. Todos los pue-blos europeos—de norte a sur, y de este a oeste—han celebrado ritos y espectáculos que acarrean alguna forma de sufrimiento animal. Es el caso, por ejemplo, del hosti-gamiento de osos con perros, al que a veces se sometía también a los toros, los tejones,

Portada de Tageszeitung.

FOTO PUBLICADA POR LIBERTAD DIGITAL

12ARTÍCULO | ANÁLISIS | ABRIL-JULIO 2016

o las ratas; las peleas de perros o de gallos hasta la muerte, sazonadas con el mor-diente de las apuestas; las competiciones de lanzamiento a distancia de zorros, así como de gatos o perros, que naturalmente morían en el acto; los concursos de deca-pitación al galope de ocas vivas colgadas bocabajo; la quema masiva de gatos, tra-dicionalmente asociados al demonio; o la caza del zorro con caballos y perros, hasta la extenuación y posterior despeda-zamiento del animal. La lista es larga, no muy edificante, y no excluye a ningún país europeo, por lo que no hay motivo para atribuir al pueblo español una particular crueldad ancestral.

Pero hay otra forma común de esen-cialismo cultural, consistente en seña-lar como singularidad española, no ya la crueldad de las tradiciones populares—que pueden reconocerse como presentes en otros pueblos—sino la indiferencia de las élites intelectuales y morales de la Es-paña tradicional, que, a diferencia de las élites ilustradas europeas, se habrían abs-tenido de cuestionar éticamente el mal-trato animal, permitiendo así que espectá-culos como las corridas de toros llegasen a asentarse pacíficamente en la cultura española.

Tampoco esta creencia tiene funda-mento histórico. España fue, de hecho, pionera en el debate moral sobre este asunto, centrado naturalmente en las co-rridas de toros. Ya en la primera mitad del siglo XV el obispo Juan de Torquemada (tío del Inquisidor) condenó la ‘brutali-dad’ y la ‘crueldad inútil’ de las corridas, así como el ‘riesgo de muerte’ en que incu-rren los toreros. Y entrado el siglo XVI el arzobispo Tomás de Villanueva calificaba el espectáculo de los toros como ‘duro y cruelísimo’, preguntándose: ‘¿Hay bruta-lidad mayor que provocar a una fiera para que despedace a un hombre?’

El debate fue extraordinariamente intenso. A principios del siglo XVII el je-suita Juan de Mariana escribió un intere-sante tratado titulado De Spectaculis, en el que daría cuenta pormenorizada de las posiciones taurinas y antitaurinas. ‘Gran disputa es ésta—escribió Mariana—y no sé yo si alguna otra se ha tratado en nuestra edad con mayor porfía.’ Él mismo tomó posición en el debate, calificando las co-rridas de ‘cruel y feo espectáculo’, lo que sería compartido por buena parte de la

Compañía de Jesús en España.También se pronunciarían contra los

toros importantes representantes de las letras españolas del Siglo de Oro, como San Juan de la Cruz, Lope de Vega, o Fran-cisco de Quevedo. Las principales críticas a las corridas se centrarían en (1) el riesgo de muerte en que incurrían los matadores, (2) el tormento innecesario ocasionado a los toros, y (3) los sentimientos de agre-sividad supuestamente exacerbados en el público por un espectáculo sangriento.

Pese a que el debate tuvo su mayor efervescencia en el Renacimiento, no faltaron figuras destacadas de la cultu-ra española que en siglos posteriores se pronunciarían contra la corrida de toros. Entre los grandes representantes de la cultura contemporánea española cabría citar a José Zorrilla, Mariano José de La-rra, o Concepción Arenal en el siglo XIX; a Miguel de Unamuno, Santiago Ramón y Cajal, o Félix Rodríguez de la Fuente en el siglo XX; o a Jesús Mosterín, Manuel Vi-cent, o Salvador Pániker en nuestros días. Nunca ha faltado, en definitiva, un sector significado de la cultura española pública-mente comprometido contra las corridas por razones morales, por lo que tampoco cabría hablar de singularidad española a este respecto.

Finalmente, hay una tercera veta de pensamiento esencialista que, más allá de consideraciones sobre la cultura españo-la—ya sea cultura popular o alta cultura—apunta a la insensibilidad o al desinterés de las autoridades políticas nacionales en regular la tradición, combinado con la se-

cular incuria del Estado español, lastrado siempre por inercias conservadoras. Una vez más, habría que responder que la rea-lidad de los hechos históricos no refleja en absoluto esta vaga creencia.

A finales del siglo XV la propia Isabel La Católica expresó su determinación de no volver a ver una corrida de toros en toda su vida, si bien reconoció que su eventual prohibición era una decisión que no le correspondía a ella. Más adelante, en 1555, las Cortes de Castilla y León, re-unidas en Valladolid, solicitaron formal-mente al Rey Carlos I que ‘fuera servido mandar que no se corran los dichos toros, o que se diera alguna orden para que si se corrieran no hagan tantos daños’. Unos años después, las mismas Cortes reunidas en Madrid reiteraron la solicitud, siendo ya Rey Felipe II.

El Rey respondió que la corrida ‘es una antigua y general costumbre destos nues-tros Reynos, y para la quitar será menes-ter mirar más en ello’. Se expresaba así por primera vez de manera oficial el argu-mento político, de indudable tenor demo-crático, de mantener las corridas de toros por respeto a las tradiciones y la cultura popular, algo que mantendrían diversos mandatarios españoles en el correr de los siglos.

Pero el Rey añadió que ‘en quanto al daño que los toros que se corren hacen, los Corregidores y Justicias lo provean y prevengan’, con lo que iniciaba una tradi-ción de implicación del Estado en la re-gulación moderadora de los espectáculos taurinos, lo que siglos después culminaría con la asunción de esta competencia por parte del Ministerio de Interior; una atri-bución competencial que puede resultar algo folclórica a primera vista, pero que responde al designio político de humani-zar la fiesta de los toros en respuesta a la presión política ejercida por fuerzas so-ciales antitaurinas.

Las cosas cambiarían significativa-mente a principios del siglo XVIII, con la llegada de los primeros Borbones. En 1704 Felipe V prohibió la celebración de corridas de toros en la Capital de España y alrededores, levantando la prohibición en 1725 por razones no especificadas, aunque no difíciles de suponer. Su sucesor Fer-nando VI lo intentaría de nuevo en 1754, autorizando únicamente las corridas ce-lebradas con fines benéficos. La idea era

Juan de Mariana. FOTO: MUSEO DEL PRADO.

13ARTÍCULO | ANÁLISIS | ABRIL-JULIO 2016

restringir las corridas al tiempo que se intentaba compensar sus efectos sociales negativos con otros fines más positivos, pero en 1759 se revocó la medida.

Las disposiciones más serias serían las de Carlos III y Carlos IV. En 1785 la Real Pragmática Sanción de Carlos III prohibi-ría ‘las fiestas de toros de muerte en todos los pueblos del Reyno’ con algunas excep-ciones, como las vinculadas a fines benéfi-cos. En 1805, finalmente, la Real Pragmá-tica de Carlos VI prohibió ‘absolutamente en todo el Reyno, sin excepción de la Corte, las fiestas de los toros y novillos de muerte’. Su irregular aplicación se vio interrumpi-da, en todo caso, por la llegada al poder de José Bonaparte en 1808, que promovió ac-tivamente la fiesta de los toros desde el día de su coronación.

Esto marcaría el curso del siglo XIX, en el que la fiesta de los toros alcanzaría su mayor esplendor artístico y popular. La tradicional lidia a caballo, reservada a los nobles, se vio progresivamente sustitui-da por la lidia a pie, accesible a cualquier hombre del pueblo, siendo reglamentada a lo largo del siglo hasta alcanzar lo que es básicamente su formato actual. Hubo, pese a todo, intentos de prohibir la fiesta. Al calor de la consternación social produ-cida por las cogidas de matadores famosos, como Pepete o Frascuelo, se presentaron en las Cortes sendas proposiciones de ley dirigidas a prohibir las corridas, pero fue-ron rechazadas.

A lo largo del siglo XX los esfuerzos del Estado se dirigirían a la prohibición de festejos taurinos populares (encierros, ca-peas, etc.), circunscribiéndose la lidia a las plazas construidas y a los profesionales de los toros. Antes, durante, y después de la República se iría formando una compleja reglamentación dirigida a preservar la vida de los toreros, así como a moderar las face-tas más sangrientas de la fiesta.

Llegados a este punto, es preciso pre-guntarse: ¿Qué pasó? ¿Por qué fracasaron todos los esfuerzos históricos por prohibir la fiesta de los toros? ¿A qué se debe que el prohibicionismo humanitario no se im-pusiera en España como en otros países europeos? Entre los factores causales más destacados, cabría resaltar brevemente los siguientes:

1. La presencia en la península de una variedad taurina autóctona especialmente brava y propicia a la lidia. Así como la in-

dustria lanar, por ejemplo, se desarrolló ar-tesanalmente alrededor de especies locales privilegiadas (en Castilla, o en Escocia, por ejemplo), las características del toro ibéri-co podrían haber facilitado el desarrollo de la lidia y el espectáculo taurino.

2. La lucha y el juego con el toro pare-cen estar presentes en la cultura española desde tiempos inmemoriales. Resaltaba Ortega y Gasset que la cultura española ha estado ligada a los toros durante los últi-mos tres mil años, y hay indicios históricos de que la vinculación podría ser aún más antigua.

3. Los toros han alcanzado un nivel de desarrollo artístico que no se observa en los espectáculos con animales que han sido prohibidos en Europa en los últimos siglos. En este sentido calificaba García Lorca a la corrida de toros como ‘la Fiesta más culta que hay en el mundo’.

4. La tauromaquia se ha integrado pro-fundamente en la cultura española, tanto en sus expresiones pictóricas como litera-rias o filosóficas, e incluso en el lenguaje coloquial de los españoles. La supresión ra-dical de los toros sería, por tanto, una grave mutilación del acervo cultural de España.

Los factores no son independientes, sino que se refuerzan entre sí. Cabe enten-der que la causalidad haya fluido funda-mentalmente en el orden expuesto, aunque también, probablemente, en orden inverso. La significación cultural alcanzada por la

corrida de toros en todas sus dimensiones habría constituido la mejor defensa contra su prohibición, y cabe suponer que este po-der defensivo haya actuado como parapeto institucional frente a los intentos de prohi-bir otras tradiciones populares con anima-les, provocando el eventual desistimiento legislativo.

A dónde vamosEn las últimas décadas se han produci-

do, sin embargo, algunos cambios sociales y culturales en el mundo occidental que han ocasionado un incremento del desa-grado, o incluso del rechazo, con que se perciben las corridas de toros, sin que Es-paña sea una excepción.

Por una parte, el proceso de urbaniza-ción ha hecho que la población se haya des-acostumbrado a presenciar actos sangrien-tos que eran habituales en el mundo rural, como las matanzas de ganado, de modo que festejos reminiscentes de aquella era rural, como las corridas de toros, provocan una fuerte repulsa visceral en buena parte del público.

Por otra, determinados valores pro-pios de la modernidad, como los derechos humanos, el pacifismo, o el ecologismo, se han venido proyectando lateralmente sobre el mundo animal hasta formar una ideología de los derechos de los animales que está muy presente en el sistema educa-tivo, y que tiene una creciente aceptación

Grabado de La Tauromaquia de Francisco de Goya. FOTO WIKIPEDIA.

14ARTÍCULO | ANÁLISIS | ABRIL-JULIO 2016

social. Esto ha hecho que a la repulsa visce-ral ocasionada por los espectáculos tauri-nos se sume la condena moral de un impor-tante sector de la población, especialmente el más joven.

Todo ello ha provocado la adopción de un conjunto de medidas restrictivas de la proyección social de los toros, como la prohibición de la asistencia de menores de 14 años, la supresión o limitación de las retransmisiones taurinas por televisión, la reducción de subvenciones públicas a di-versos sectores de la industria taurina, la prohibición de festejos taurinos especial-mente cruentos (como el Toro de la Vega) o, en última instancia, la prohibición total de las corridas de toros en comunidades autónomas como Canarias y Cataluña, o en municipios como Almansa.

El efecto acumulativo de esta norma-tiva, junto a la evolución de la conciencia social, es el constante declive en la asisten-cia a espectáculos taurinos. No hay, lamen-tablemente, encuestas fiables que reflejen las actitudes de los españoles ante los to-ros a lo largo del tiempo, pero sí multitud de datos y encuestas parciales, todas las cuales apuntan una tendencia declinan-te, mientras que prácticamente ninguna muestra la tendencia contraria. En el año 2012 el Ministerio de Cultura publicó una Estadística de Asuntos Taurinos que estu-diaba la evolución del sector en el quinque-nio 2008-2012, destacando que el número de espectáculos había caído un 40% en ese periodo, y que sólo un 8,5% de los españo-les había asistido a algún espectáculo tauri-no en toda su vida.

El filósofo Ferrater Mora cuestiona-ba hace algunas décadas la idea de Orte-ga de que España y los toros estuvieran inextricablemente unidos por una histo-ria milenaria, propugnando, por razones morales, una progresiva desvinculación entre ambos. Los datos sobre las actitu-des de los españoles y el declive sosteni-do de la cultura taurina parecen apuntar en esa dirección. Pero se ha producido en

las últimas décadas un interesante desa-rrollo en la industria taurina que podría evitar este desenlace, acogiendo al mismo tiempo la nueva sensibilidad social. Son los llamados espectáculos de recortes o saltos taurinos, entre otros, donde el toro no recibe ningún daño. Si bien surgieron inicialmente como una actividad deporti-va, han ido entroncando progresivamente con la tauromaquia tradicional, tanto en aspectos técnicos como estéticos. Con su desarrollo estaría produciéndose una sín-tesis entre una realidad cultural milenaria y una sensibilidad contemporánea am-pliamente extendida. No habría que ele-gir, por tanto, entre la España de Ortega y la de Ferrater.

Esta vía podría conducir no sólo a una integración de valores culturales tradicio-nales y modernos, sino también de princi-pios políticos modernos, ya que la oposición a la prohibición taurina no se sustenta hoy únicamente en el respeto genérico a las costumbres populares, sino que apela a derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión o artística. Desde ambos lados se defienden, por tanto, prin-cipios esencialmente modernos, por lo que el desarrollo de una corrida ‘incruenta’ o ‘familiar’, potencialmente amparada por los poderes públicos, podría permitir a Es-paña preservar plenamente su vocación de modernidad sin sacrificar ninguno de sus valores esenciales.

En las últimas décadas, los poderes pú-blicos han basculado entre la defensa de la tradición taurina y su prohibición legal, pasando por una serie de posiciones inter-medias de carácter restrictivo. El apoyo a la tauromaquia incruenta podría consti-tuir una opción adicional en el arsenal de medidas de que disponen los poderes pú-blicos para responder a demandas sociales opuestas y principios políticos en conflicto. En una sociedad democrática, la modula-ción normativa de estas demandas y prin-cipios habrá de evolucionar en consonan-cia con la opinión pública, pulsada a través de una diversidad de procesos electorales.

RecapitulandoEl debate ético sobre las corridas de

toros es todo menos nuevo. Es importante subrayar este hecho ya que buena parte de los reproches dirigidos a España por esta cuestión se formulan desde una cierta alti-vez cultural, presuponiendo la inexistencia en nuestro país de un debate ético—actual y tradicional—sobre el sufrimiento de los animales. Puede ser útil, en este sentido, referir a los críticos a las fuentes originales del debate.

Las autoridades públicas españolas, tanto a nivel local como regional o nacio-nal, buscan equilibrar valores cada vez más extendidos en la sociedad española, como la protección de los animales, con princi-pios esenciales a su constitución política, como la libertad de expresión, del mismo modo que lo haría cualquier otra sociedad moderna, teniendo como única singulari-dad el nivel artístico alcanzado por la tau-romaquia española, así como su profundo arraigo en la cultura nacional.

En la sociedad civil española han sur-gido recientemente expresiones taurinas de naturaleza incruenta que reflejan la vo-luntad de hacer compatible la sensibilidad hacia los animales con las tradiciones tau-rinas nacionales. Cabe invitar a los críticos a que conozcan estas expresiones, y que las difundan si lo consideran oportuno.

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NÚMERO 3

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Espectáculo de saltos y recortes.

FOTO: JAVIER UCEDA.

15NOTICIAS | ANÁLISIS | ABRIL-JULIO 2016

El pasado 26 de mayo se ha deba-tido en la Escuela Diplomática el Informe anual de aplicación de la

Estrategia de Acción Exterior. El encuen-tro, organizado por la Oficina de Análisis y Previsión junto con la Escuela Diplomá-tica, aglutinó a un panel de expertos en el ámbito de las relaciones internacionales con el objetivo de favorecer el intercambio de opiniones acerca de esta iniciativa.

Entre los asistentes se encontraban miembros de diferentes centros de pen-samiento, universidades y de revistas es-pecializadas. Los participantes pudieron debatir acerca de este instrumento estraté-gico que supone un importante ejercicio de transparencia y busca situar al ciudadano en el centro de la política exterior.

La valoración general por parte de los expertos fue positiva, destacando la ampli-tud y concreción de la información conte-nida en el Informe y su utilidad para para expertos, académicos, funcionarios, parla-mentarios, periodistas y el público en gene-ral, así como la propia iniciativa de organi-zar un debates sobre el mismo.

Otro de los aspectos valorados por los participantes fue la autocrítica destinada a corregir los ámbitos en los que se han de-tectado deficiencias. El gran reto según los expertos, es continuar con esta práctica,

Presentación del ‘Informe anual 2015 de aplicación de la Estrategia de Acción Exteriores’

convirtiendo el Informe Anual en una he-rramienta que acerque la acción exterior a la ciudadanía.

Por otro lado, se reconoció la labor del Informe a la hora de crear una cultura de política exterior entre la sociedad española, a la vez que se contempló la necesidad de explicar no sólo qué se hace sino también el por qué.

Asimismo, se hizo latente la importan-cia de adaptar el Informe a versiones más reducidas que permitan su difusión a través de canales digitales, con el propósito de lle-gar a un público más amplio. Además, es necesario situar en el centro de los debates políticos y, en la actualidad, de los electora-les, las grandes cuestiones internacionales.

Los retos del desarrollo del sistema de diplomacia pública e información diplo-mática o la adecuación de los medios em-pleados a los objetivos planteados, fueron también objeto de revisión por parte de los asistentes.

El encuentro contó con la participación del Secretario de Estado, Ignacio Ybáñez, que respondió a las cuestiones planteadas por los expertos y afirmó que ahora co-rresponde a los parlamentarios, centros de pensamiento y medios de comunicación di-vulgar el contenido del Informe y fomentar su debate.

Contenido del InformeEl Informe refleja lo realizado en 2015

en cumplimiento de las prioridades y ob-jetivos fijados en la Estrategia española de Acción Exterior.

De acuerdo con el Informe, a pesar de las convulsiones que experimenta el pa-norama internacional, la política exterior española ha mantenido claros sus objeti-vos. En primer lugar, afirmar y reforzar la posición de España como potencia media de vocación global, partiendo de nuestro firme anclaje en los pilares europeo y tran-satlántico. En segundo lugar, orientación de la política exterior española a favorecer y sostener un contexto internacional más pacífico, seguro y próspero.

Señala entre otros como aspectos mejo-rables de la acción exterior el incremento de la cooperación para el desarrollo, que la sociedad civil española demanda, la re-forma del voto rogado, que ha dificultado el voto de un considerable número de es-pañoles en el exterior, o la conveniencia de evaluar el despliegue del servicio exterior del Estado con objeto de adaptarlo a las ac-tuales necesidades de la sociedad y la eco-nomía españolas.