Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en el XIV Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria

Ibagué, 6 oct (SIG). “¡Qué bueno, doctor Tarquino, venir a Ibagué, al Tolima, para encontrarnos una vez más con los jueces y magistrados de la jurisdicción ordinaria!

Entiendo muy bien el orgullo que usted siente por esta bella ciudad que lo vio nacer, la capital musical de Colombia, y por este departamento que ha sido, por tradición, tierra de juristas y también de estadistas.

No más en Chaparral, un municipio de alrededor de 50 mil habitantes –para citar el ejemplo más diciente– han nacido tres presidentes –José María Melo, Manuel Murillo Toro y Darío Echandía- y algunos de los más grandes juristas del siglo pasado y del actual, como el mismo doctor Echandía; el recordado Antonio Rocha Alvira; el penalista, exprocurador y exfiscal Alfonso Gómez Méndez, y el muy lamentado y admirado magistrado Alfonso Reyes Echandía.

Dicen que la Quebrada del Chocho, que riega ese municipio tolimense, es fuente de sabiduría e inteligencia y –ante tan claros ejemplos– de verdad que dan ganas de darse un chapuzón en sus aguas milagrosas.

Hoy este encuentro lleva el nombre del doctor Reyes Echandía, quien no sólo fue un jurista impecable, no sólo se constituyó en el símbolo del holocausto de la Justicia en noviembre de 1985, sino que es un verdadero ejemplo de vida y ejemplo de superación.

El doctor Reyes Echandía nació de una familia numerosa y de pocos recursos, y todo lo que logró fue gracias a su estudio, su dedicación, su esfuerzo y su amor por el Derecho.

Partiendo de oficios humildes, su espíritu lo llevó a educarse bajo parámetros de excelencia y a descollar entre su generación.

La suya es la historia de una carrera deslumbrante: profesor universitario, Viceministro de Justicia, Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y de la Corte Suprema de Justicia, de la que era presidente el infausto día del holocausto.

Sus palabras, su clamor, su dignidad, en medio de las llamas y los fogonazos, resuenan aún en el alma de Colombia.

Él representa, en la historia reciente, la dignidad de la Justicia colombiana, y creo que éste es un momento propicio para reafirmarla y exaltarla por parte del Presidente de la República.

La dignidad de la Justicia

Es cierto que nuestra Justicia, como todos los otros poderes o instancias del Estado, tiene problemas.

Es cierto que adolecemos de un sistema que –por su estructura o la escasez de recursos, o tal vez por ambos– sufre altos niveles de congestión y lentitud que a veces sofocan a los ciudadanos, y que nos sitúan en la retaguardia de las mediciones internacionales.

Es cierto que el Gobierno o el ciudadano del común puede a veces disentir de uno u otro fallo, si bien siempre deben cumplirse con acatamiento y respeto.

Pero nada de esto –óigase bien: nada de esto– puede ser excusa para menoscabar, para desconocer o manchar, la majestad de la Justicia y el trabajo abnegado, valiente, profesional y patriótico de los jueces.

¡Cuánto amor al Derecho y al país se requieren para dedicar la vida, las horas de vigilia, las noches de estudio, a examinar expedientes y casos, y a cumplir –no siempre en las mejores condiciones– con la sagrada función de juzgar!

¡Quién puede desconocer el esfuerzo, la abnegación, de los jueces –desde el que imparte justicia en el más recóndito y humilde municipio hasta el magistrado de la Alta Corte– que superan presiones y riesgos para cumplir con su misión!

Como cabeza máxima de la rama ejecutiva del poder, fervoroso creyente en la doctrina democrática de la división de poderes, hoy quiero hacer un homenaje sincero a los hombres y mujeres que ejercen la función judicial por el bien de Colombia.

Algunos han sido vilmente sacrificados por cumplir con su deber –mártires de la justicia– y a ellos va también nuestro sentido tributo.

Porque la Justicia y quienes la administran, merecen respaldo y protección para que alcancen sus nobles fines.

Bien decía el jurista uruguayo Eduardo Couture: “El día en que los jueces tienen miedo, ningún ciudadano puede dormir tranquilo”.

Por eso el Estado debe proteger la Justicia y a los jueces, y por eso debemos promover el debido reconocimiento a su trabajo.

Resalté el año pasado, y vuelvo a hacerlo hoy, la forma en que la Corte Suprema de Justicia ha enfrentado, en su leal saber y entender, con autonomía y profesionalismo, la tarea histórica de juzgar a quienes traicionaron la confianza que los ciudadanos les dieron en las urnas para servir intereses criminales.

Como lo dije entonces, seguimos confiando en el desempeño de la Corte para ayudarnos a depurar la política en el país, en el entendido de que esta depuración se logra no sólo con condenas sino también declarando la inocencia de quienes han sido injustamente acusados.

No tengo duda de que así lo entiende el Alto Tribunal.

Reitero, pues, en este departamento cuna de juristas, la gratitud y el reconocimiento del Presidente, del Gobierno y del país al trabajo esforzado y valiente de todos los jueces de Colombia.

Los retos de la Justicia ordinaria

Hablé de la congestión que sufre nuestro aparato judicial y no podemos desconocer que éste es uno de los mayores obstáculos para que podamos entregar una justicia pronta y oportuna a los ciudadanos.

A diciembre del año pasado había más de 2 millones 600 mil procesos judiciales en trámite, la mayoría de ellos pertenecientes a la jurisdicción civil.

¡Qué Justicia puede garantizar agilidad con semejante carga!

Y no es sólo un problema de servicio público sino incluso de derechos humanos, pues la Convención Americana de Derechos Humanos establece como tal el derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable.

El recién restablecido Ministerio de Justicia –un compromiso con ustedes y con el país que cumplimos a cabalidad– enfrenta retos que no vienen de hace poco, sino de hace más de 20 años.

Pero no podemos ser inferiores a estos retos, por grandes que sean, y hoy quiero manifestar la total voluntad del Gobierno para contribuir a superarlos.

Miren esto: desde 1987 el exministro de Justicia Enrique Low Murtra –otro mártir de la Justicia y de la Verdad– hablaba de tres fórmulas para devolverle la fe y la confianza al país en su sistema judicial:

Primero, desjudicializar las cuestiones no contenciosas que atendían los juzgados civiles.

Segundo, fortalecer mecanismos no judiciales de solución de conflictos, con mecanismos como el arbitraje y los jueces de paz.

Tercero, simplificar el trámite de los procesos judiciales utilizando la informática y las técnicas modernas.

Desde entonces, ha habido algunos avances en estas materias:

La Reforma a la Ley Estatutaria de Justicia de 1996; la Ley de Arancel Judicial de 2010, que estamos en trance de reformar para superar inconvenientes prácticos que ha presentado; la Ley de Descongestión Judicial del mismo año, y el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que sancioné en enero.

Pero apenas hemos cumplido una parte de la tarea.

Por eso estamos avanzando en otras reformas y normas, desde constitucionales hasta legales o reglamentarias, para asumir esa “trilogía” de retos que proponía Low Murtra.

En cuanto a desjudicializar los procesos, este propósito se incluye en la reforma constitucional a la Justicia, en la que se abre la posibilidad para que abogados y notarios asuman determinadas funciones jurisdiccionales que no atañan al fondo de asuntos realmente contenciosos.

En cuanto al fortalecimiento de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, hemos presentado un proyecto de Ley sobre Arbitraje Nacional e Internacional basado en estándares internacionales, donde participaron los mejores abogados del país, lo presidió el doctor Fernando Hinestrosa, y yo creo –sinceramente- que lo que se presentó es estado del arte en la materia.

Y también cursa en el Congreso un proyecto de Ley para fortalecer a los Jueces de Paz y hacer más simple su elección.

Finalmente, en cuanto atañe a la simplificación de los trámites en la jurisdicción ordinaria, ésta se dará a través del Código General del Proceso, que también estamos impulsando en el legislativo, que busca regular toda la actividad del proceso judicial civil.

¿Y cómo ayudará este código a la descongestión judicial?

Estableciendo la oralidad en procesos concentrados en dos audiencias.

Creando mecanismos para disuadir los recursos innecesarios y simplificar el trámite de las excepciones previas.

Estimulando el recaudo de pruebas por fuera del proceso.

Ofreciendo diversos mecanismos procesales para facilitar el avance de los trámites judiciales, como es el caso del llamado proceso monitorio para facilitar la constitución o perfeccionamiento del título ejecutivo.

Y modernizando los procedimientos, con un mayor y mejor uso de la tecnología, con avances como la notificación electrónica.

En suma, lo que estamos haciendo con todas estas iniciativas constitucionales y legales es generar instrumentos que faciliten y hagan más ágil la función judicial y que, sobre todo, permitan una justicia realmente eficaz para los ciudadanos.

¡Ese es nuestro objetivo central!

Porque, como dije en otro encuentro judicial, “la justicia lenta es una forma de injusticia”.

La Reforma a la Justicia

En cuanto al tema de la Reforma constitucional a la Justicia, ¡qué bueno venir a Ibagué con la excelente noticia que se produjo anoche y que protocolizamos en el acto de posesión del magistrado Luis Guillermo Salazar como miembro de la Sala Penal de la Corte!

En un acto de responsabilidad democrática y republicana –que es ejemplo ante el mundo entero– las tres ramas del poder que ayer estaban representadas nos pusimos de acuerdo sobre las bases de la Reforma que está comenzando su debate en el Congreso, y que ya fue aprobada en primer debate con un texto consensuado.

No es un acuerdo logrado en unas horas, sino el producto depurado de más de un año de discusiones, deliberaciones, estudios, análisis.

Como en los buenos negocios, nadie resultó vencedor en sus posiciones, sino que todos cedimos un poco para alcanzar un resultado que sea el mejor para los colombianos y para nuestra Justicia.

¡Qué ejemplo maravilloso de coherencia y armonía entre las instituciones del Estado!

Ahora sí, con este acuerdo tan positivo y tan generoso, podemos decir que la Reforma constitucional a la Justicia será una realidad.

Pero no será el proyecto de un gobierno, sino –como debe ser– el proyecto de un Estado, de un país que asume la responsabilidad de su futuro y la responsabilidad de dar el salto a la prosperidad con equidad.

¿En qué nos pusimos de acuerdo?

En el tema de la tutela contra sentencias –teniendo en cuenta que ya jurisprudencialmente se ha venido decantando su aplicación–, convinimos en mantener el status quo, preservando la forma en que viene operando esta acción fundamental para todos los ciudadanos.

Lo convenimos, entre otras cosas, observando la actitud comedida y respetuosa que ha venido adoptando la Corte Constitucional a la hora de seleccionar y revisar las acciones de tutela interpuestas contra sentencias de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Algunos dirán que evadimos el problema. No, la decisión de mantener lo que está fue una decisión deliberada, sobre todo pensando en esa decisión frente a las alternativas, costos y beneficios jurídicos y políticos, y la decisión fue: dejemos el status quo, que esté funcionado cada vez mejor, o sea, eso fue una decisión deliberada

Para facilitar la descongestión de los despachos –y lograr así una justicia más pronta para los ciudadanos, que es nuestro objetivo final– se abre la posibilidad de que particulares o funcionarios administrativos puedan resolver conflictos no litigiosos, bajo la orientación de una Comisión Especial de Desjudicialización.

También se abre la puerta para que notarios, centros de arbitraje y conciliación, abogados y determinados empleados judiciales puedan tener función jurisdiccional, para disminuir la congestión.

En cuanto al juzgamiento de los funcionarios con fuero hay varios avances:

Se incluye al Vicepresidente de la República, al Consejo Nacional Electoral, al Procurador y al Contralor General entre los funcionarios que son juzgados por el Senado previa acusación de la Cámara.

Se elimina –atención–, se elimina la Comisión de Acusación de la Cámara y se crea, en su lugar, una Comisión Especial de Instrucción compuesta por 9 instructores con las mismas calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por periodos fijos de 8 años, y que no serán congresistas.

Será esta nueva comisión de expertos instructores la encargada de investigar e instruir los procesos, y de rendir informe a la Plenaria de la Cámara, para que ésta defina si acusa o no ante el Senado.

Se establece una presunción respecto al fuero militar y policial, que consiste en algo muy lógico:

Será la justicia penal militar la que investigue, en primer lugar, los actos cometidos con ocasión del servicio por integrantes de la fuerza pública, pero si esas faltas –

por su naturaleza o por los convenios internacionales que nos vinculan– le competen a la justicia ordinaria, allí serán remitidas sin dilación.

Se crea, también, la doble instancia para el juzgamiento penal de congresistas, y ambas instancias se surtirán –como sé que ustedes lo consideran más conveniente– dentro de la Corte Suprema de Justicia.

Habrá dos salas adicionales: una que investigará y acusará, y otra que juzgará en primera instancia, y la segunda instancia será conocida por la Sala de Casación Penal de la Corte.

También habrá doble instancia en los procesos de pérdida de investidura de los congresistas.

En cuanto a la administración de la Rama, se elimina la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura –y cuando digo que se elimina, es que sus magistrados no serán reemplazados–.

En su lugar habrá una Sala de Gobierno, que será el órgano superior de gerencia de la Rama, conformada por los presidentes de las Altas Cortes, delegados de cada Alta Corte y un delegado escogido por los magistrados y jueces.

Será esta nueva Sala de Gobierno la que presente las listas de candidatos para el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema y el Consejo de Estado por las respectivas corporaciones.

Habrá, además, un Director Ejecutivo de la Rama Judicial, que será un verdadero gerente de la Justicia, quien –junto con la Sala de Gobierno– garantizará la eficiencia que el país viene reclamando.

En cuanto a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, ésta se convierte en Sala Disciplinaria, quedando solamente con funciones como juez disciplinario y para la resolución de conflictos de jurisdicción.

Por lo mismo, a esta sala ya no le corresponderá conocer de acciones de tutela.

Hay una buena noticia para los consumidores colombianos, y es que se establecen –por sugerencia del Consejo de Estado– mecanismos alternativos para proteger sus derechos sin necesidad de acudir a despachos judiciales.

Y todos sabemos –nunca lo hemos desconocido– que la Rama necesita un presupuesto adecuado para garantizar el cumplimiento de su misión.

Para ello, vamos a garantizar en la Constitución un aumento progresivo de los recursos para la Justicia, mediante una fórmula que hemos determinado en un porcentaje igual a la inflación esperada más un incremento adicional del 2 por ciento.

Esto se sumará a la asignación de un billón de pesos para ayudar a la descongestión, a razón de 200 mil millones de pesos cada año durante cinco años, sin perjuicio de que estamos abiertos a escuchar fórmulas adicionales para garantizar el buen trabajo judicial.

Hay más avances –no pretendo ser exhaustivo– como la creación del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria.

En suma: esta reforma consensuada será una reforma que dignificará la Justicia, fortalecerá su autonomía, optimizará su administración y, sobre todo –en esto debo insistir–, mejorará la vida de los ciudadanos pues contribuirá –junto con las reformas legales de que hablé antes– a descongestionar los juzgados y a hacer más ágil la respuesta del Estado a sus demandas.

Apreciados amigos; magistrados, jueces y funcionarios de la Jurisdicción Ordinaria:

¡Qué buen futuro avizoro para la Justicia de nuestro país!

Con jueces comprometidos con su tarea de Patria y de humanidad, Colombia tiene motivos para la esperanza.

Con los poderes públicos obrando en armonía y con responsabilidad, Colombia tiene derecho a soñar con grandes cosas.

Cuando el Estado se comporta como un todo integral, compuesto por poderes autónomos e independientes que trabajan unidos y se dirigen a un mismo fin, no hay meta que no podamos alcanzar.

Yo realmente celebro ese acuerdo de ayer porque es una demostración adicional a lo que el mundo está señalando de Colombia.

Que tenemos una democracia responsable y que tenemos una democracia efectiva y que tenemos una democracia donde hay gobernabilidad; que estamos tomando decisiones responsables en el Congreso, en el Ejecutivo, en la Rama Jurisdiccional, y lo más importante, los tres poderes también se reúnen para tomar decisiones importantes.

Eso es una señal en un mundo donde las crisis que estamos viendo tienen un origen más político y de falta de armonía de los poderes. Es algo que hace resaltar a nuestro país.

Por eso celebro enormemente que hayamos llegado a este acuerdo, y como lo hemos dicho ya varias veces, es un acuerdo que no deja tal vez a nadie totalmente satisfecho, lo cual significa que fue un buen acuerdo.

Todos cedimos, pero de eso se trata el arte de la política, que es el arte de lo posible.

La reforma que acordamos ayer es una reforma posible y al mismo tiempo –afortunadamente- conveniente.

Porque cuando los pueblos se unen, cuando los colombianos trabajamos juntos con visión de Patria ¡El cielo es el límite!

Muchas gracias”.