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OEA Misión Especial: Honduras Boletín de Comité Andrew O’Donohue, Director Sophia Lugo, Directora de Comités en Español HACIA XXII CUMBRE DE LAS AMERICAS

OEA Misión Especial: HACIA Honduras · En un comité de Misión Especial, es imprescindible que los delegados no se olviden de la urgen-cia y magnitud de la crisis que se les presenta

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OEA Misión Especial:Honduras

Boletín de Comité

Andrew O’Donohue, DirectorSophia Lugo, Directora de Comités en Español

HACIAXXII CUMBRE DE LAS AMERICAS

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Contenidos

1. Cartas de Bienvenida......................................32. OEA Misión Especial: Honduras.................5 a. Introducción b. El problema en contexto c. Situación actual d. Discusión, bloques y posibles soluciones3. Papeles de posición........................................204. Bibliografia......................................................21

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Mesa de Directores

Sarah FellayPresidente

Constanza VidalVice Presidente

Cristina ParajónDirectora de Reclutamiento

Délany SisirucáDirectora de Negocios

Viet TranDirector de Comités en Inglés

Sophia LugoDirectora de Comités en Español

Juan MiramontesDirectora Administrativa

João VogelDirector de Desarrollo

Mesa de AsesoresJorge I. Domínguez, PhDVice Rector de Asuntos InternacionalesUniversidad de Harvard

Steven Levitsky, PhDProfesor de GobiernoUniversidad de Harvard

Estimados delegados:

¡Les doy la mas cálida bienvenida a HACIA Democracy 2016! Los comités en español de HACIA Democracy 2015 representan el dinamismo de los acon-tecimientos actuales de la región, al tiempo que discuten los acontecimientos que llevaron a América Latina a donde está hoy. Mientras que el Comité Histórico nos desafía a reproducir el caos y la incertidumbre de la Republica Dominicana en la era de los Trujillo, los otros comités invitan a la perspectiva de varios países y delegaciones a reflexionar sobre los prob-lemas más urgentes de la actualidad latinoamericana.

UNASUR buscará encontrar una solución para erradicar la desigualdad social y promover el desarrollo económico y social en Latinoamérica. A la vez, la Cumbre de las Américas reflex-ionará sobre los impactos complejos de la migración masiva y la globalización de mercados laborales, y también las diferentes maneras de crear seguridad fiscal y financiera a través de la región y del espectro internacional. En el Consejo de Seguridad de la ONU, ustedes tendrán que luchar por la paz en Yemen, y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos decid-irán cuestiones acerca de la culpabilidad de los lideres políticos y militares por sus acciones bajo los mandos de sus gobiernos, y sobre los derechos y las limitaciones de los trabajadores infantiles. En la Organización de Estados Americanos, la comunidad latina deberá respond-er a la situación de extrema inseguridad y criminalidad en Honduras.

Este boletín debe ser el punto de partida en su preparación sustantiva. Les proporcionará conocimiento académico en sus temas, y orientación a los recursos que pueden utilizar para continuar su investigación y aprendizaje. Además, sus Directores y Directores Junior han desarrollado otros materiales importantes de alta calidad, como trabajos de actualización y planes de crisis. Espero que tomen esta cumbre como una oportunidad para conocer mas íntimamente a América Latina y al mundo. Será una experiencia única para formar amistades duraderas con unos de los estudiantes mas inteligentes, apasionados, y talentosos de todo el mundo, unidos por un interés común en nuestra región de América Latina. Que esta conferencia se vuelva un importante paso en sus formaciones como líderes en sus países y en el mundo.

¡Nos vemos en Costa Rica!

Atentamente,Sophia Lugo

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Bienvenidos aHACIA XXII

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Comités en Español

Max LiebeskindLucas UrbisaiaCumbre de las Américas

Bruno GallegosHenry ScottCorte Interamericana

Tábata de PontesUnion de Naciones Suramericanas

Daniel MontoyaConsejo de Seguridad

Andrew DonohueOEA Misión Especial

Daniel MartinezGabinete de Trujillo

Queridos Delegados:

¡Bienvenidos al Comité de la Organización de Estados Americanos—Misión Espe-cial! Espero que estén tan emocionados como yo por discutir un tema de suma im-portancia para América Latina: la inseguridad, la militarización de la policía, y la salud de la democracia en Honduras. Aquel país tiene la tasa más alta de homicidio en el mundo, mientras que las pandillas y el narcotráfico en Honduras han desestabilizado a la región de Centroamérica. Al mismo tiempo, la democracia en Honduras sigue siendo frágil: en 2009, un golpe militar derrotó al Presidente Manuel Zelaya, y la mili-tarización de la policía ha aumentado el poder de las Fuerzas Armadas. Ojalá puedan encontrar una buena solución que proteja a la ciudadanía hondureña, a la democracia, y a la estabilidad regional.

Me llamo Andrew O’Donohue, y estoy muy entusiasmado por ser el director de su comité. Nací y crecí en Nueva York y ahora soy un estudiante de segundo año en Harvard. Estoy estudiando ciencias políticas con un enfoque en los estados de América Latina, y he trabajado como pasante en Argentina y México (así que me quedo con un acento mezclado). He tenido el honor de presidir otras conferencias parecidas a HACIA en Seúl, San Francisco, Boston, y Sao Paulo con la organización Harvard Model Congress, y además competí en el campeonato mundial de debate en Grecia este enero. Pienso que HACIA presenta una oportunidad inolvidable no sólo para debatir las políticas públicas sino también prepararlos para ser los activistas, políticos, y ciudadanos del futuro.

Quedo a su disposición y, al mismo tiempo, les extiendo mi más cálido saludo,

Andrew O’DonohueDirector de OEA Misión EspecialHACIA Democracia 2016

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De parte de suDirector

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Introducción El narcotráfico, las pandillas, y el crimen organizado en la actualidad son problemas de una mag-nitud histórica tanto en Honduras como en todos los países americanos. Sobre todo, el carácter internacional de estos problemas subraya la importancia de la colaboración internacional, para que los países elijan juntos las mejores políticas para combatir estas organizaciones ilegales. En Honduras, el problema de la inseguridad ha llegado a un punto de crisis: el país tiene la tasa de homicidio más alta del mundo, y un hondureño es asesinado cada 73 minutos. Este comité tendrá que recomendar políticas de seguridad al Presidente de Honduras, con el objetivo de proteger los derechos humanos, la seguridad, y la democracia.

Por un lado, muchos países quieren la militarización de la política de seguridad, así que recomien-dan que las Fuerzas Armadas ayuden más a la Policía Nacional para solucionar esta crisis. Tendrán que explicar cuándo las Fuerzas Armadas deben devolver su mando a la Policía Nacional y quién (por ejemplo, el Presidente, el Ministro de Defensa, el Ministro de Seguridad) debe controlar estas policías militares. Además, tendrán que explicar cómo se puede asegurar que los militares respeten los derechos humanos y la democracia de Honduras.

Por otro lado, otros países no quieren a los militares en las calles sino que prefieren que la Policía Nacional solucione la crisis, aunque la policía sea corrupta y el pueblo hondureño no le tenga con-fianza. Tendrán que explicar cómo se puede reformar la policía y cómo la policía puede derrotar a las pandillas y al crimen organizado. La crisis en Honduras ya ha dañado las vidas de demasiadas personas, y ahora es urgente que los delegados se dediquen a formular soluciones concretas para solucionar estos problemas.

Reglas especiales de procedimiento

En un comité de Misión Especial, es imprescindible que los delegados no se olviden de la urgen-cia y magnitud de la crisis que se les presenta. De hecho, según la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, cada 73 minutos una persona es asesinada en Honduras.1 Por lo tanto, después de cada 73 minutos de sesión, todos los delegados tendrán que parar sus acciones por diez segundos de luto. No llorar por la muerte de ese hondureño será una grave falta de respeto al Delegado de Honduras.

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Además, como este comité trata de solucionar una crisis, a veces es necesario que un país actúe de manera rápida y unilateral. Si un delegado quiere pedir a su presidente que tome una acción específica, se tendrá que mandar un mensaje escrito al Director del Comité, el cual puede negar o aceptar el pedido. Por ejemplo, el delegado venezolano puede pedir que el país no venda el petróleo a las Fuerzas Armadas de Honduras hasta que devuelvan el pod-er a la policía, o el delegado de Honduras puede pedir que se designe a un general militar un puesto civil en el gobierno. Con estas acciones unilaterales, se espera que la crisis se ponga aún más interesante y que se solucione más rápido.

Historia y poderes del comitéDe acuerdo al juramento forjado por su Constitución, la Organización de Estados Ameri-canos (OEA) jura promover y mantener un estilo de gobierno democrático y equitativo en todos los Estados miembros. Para la OEA, la democracia no es solamente un objetivo que alcanzar y un ideal que salvaguardar—es una condición para mantener la membresía en la organización.

La OEA asegura que la democracia florezca mediante el arbitraje de disputas entre los esta-dos miembros de una manera que favorece soluciones democráticas. De igual modo que la mayoría de las organizaciones intergubernamentales, incluida la ONU, el beneficio para los miembros de la OEA es en teoría un intercambio balanceado: los estados miembros aban-donan algo de libertad (en este caso, la libertad de seguir instituciones y prácticas políticas no democráticas) con la seguridad de que podrán utilizar los servicios de la Organización para arbitrar sus disputas pacíficamente y proteger sus propios intereses.

Los objetivos de la OEA de preservar la democracia mediante discusión, negociación, e in-tervención estratégica se solidificaron al final de la Guerra Fría en los 1990’s. Al caer el Muro de Berlín en 1989 y disolverse la Unión Soviética, pareció aparente para la mayoría (pero no para todos) que la democracia se convertiría en la más adoptada—y por lo tanto, estadísti-camente, en la más aceptada—forma de gobierno del mundo. No es sorprendente que la OEA “asumiera el manto de protección democrática” en América Latina durante esta época; América Latina, al igual que el resto del mundo, fue afectada por la caída del comunismo y la transición hacia la democracia que muchos países iniciaron después de la Guerra Fría.

Los historiadores alegan, sin embargo, que el espíritu y principios democráticos de la OEA han existido desde el siglo XIX tardío, aunque de manera diferente, cuando los estados americanos comenzaron una serie de juntas regulares para formular acuerdos acerca de cómo arbitrar disputas transnacionales, administrar asuntos de negocios y comercio, y lidi-

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ar con preguntas complejas que afecten a varios actores, como la extradición. Desde el 1889, los estados americanos participantes acordaron organizar una cumbre durante la Conferencia Interna-cional de Estados Americanos. La primera Conferencia tuvo lugar en Washington DC en Octubre del 1889 a Abril del 1890; dieciocho miembros originales acudieron. Estas conferencias continua-ron de manera indefinida. Con la introducción de nuevos miembros y el desarrollo de nuevas crisis internacionales durante el último siglo, las responsabilidades y desafíos de la Conferencia aumen-taron. La Conferencia eventualmente se transformó en la Unión Panamericana, con más autoridad para lidiar con un rango más amplio de desafíos. En 1970, esta conglomeración de estados ameri-canos se convirtió en el Secretariado General de la OEA, o la OEA como se conoce hoy. A través del siglo veinte, la OEA reafirmó su compromiso con la resolución pacífica de conflictos y con los principios democráticos mediante pactos importantes, incluyendo la Carta de la OEA y el Pacto de Bogotá (formalmente conocido como el Tratado Americano de Resolución Pacífica).

Cómo funciona la OEANo es importante recordar los detalles de la OEA antes de los 1990’s para el debate constructivo en este comité—sin embargo, es importante reconocer que la OEA representa la tradición históri-ca de comunicación intergubernamental, cooperación, y democracia representativa en América Latina, la cual busca mantener. Hoy en día, la OEA crea Declaraciones de Planes de acción siem-pre que crisis que amenazan a la democracia en sus estados miembros tienen lugar. Además de ello, facilita reuniones entre los ministros departamentales de dichas naciones.

La OEA moderna está compuesta de 36 estados miembros de América del Norte, América del Sur, y el Caribe, incluyendo a los Estados Unidos y Canadá. Cada miembro de la OEA tiene un embajador permanente que representa a su país en reuniones de la OEA; el Consejo Permanente de la OEA (compuesto de estos miembros) es actualmente presidido por el representante de Santa Lucía y vicepresidido por el representante de Trinidad y Tobago. La mayoría de los miembros de la OEA proviene de países de América Latina, y en un sentido profundo, la OEA es mucho más que reuniones periódicas de estados geográficamente cercanos: es una expresión de la “identidad hemisférica distinta,” la unidad trasnacional, y el orgullo entre sus estados miembros, lo cual es costumbre de la rica tradición política de América Latina.

No se puede subestimar el rol de la OEA como una entidad legislativa que existe para defender los derechos y principios democráticos. Como explican los teóricos de relaciones internacionales, no existe ninguna policía mundial o leyes concretas que puedan forzar a las naciones a adherirse a principios democráticos, especialmente debido a que estos principios son vistos de gran mane-ra como una construcción occidental. En lugar de ello, la ley internacional que respalda a la de-mocracia es creada mediante normas, o principios de conducta y comportamiento esperados y aceptados implícitamente por todas las naciones, creados mediante precedentes establecidos por cada tratado, intervención, acuerdo, veredicto de corte internacional, y acción diplomática que ha

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existido, o que existirá en el futuro. Estas leyes no están escritas—simplemente hay un código de conducta esperado que une a todas las naciones; este código está basado en lo que era considerado aceptable de acuerdo a comportamientos pasados. Las normas cambian constantemente; al térmi-no de la Guerra Fría, el gobierno democrático y la intervención armada por los derechos humanos sin tomar en cuenta el derecho del ofensor a soberanía nacional (por ejemplo la intervención de la ONU en Ruanda, la intervención de la OTAN en Bosnia, o inclusive la reciente intervención de los Estados Unidos en Libia durante la Primavera Árabe) se convirtieron en formas aceptables de comportamiento. Las normas cambian constantemente, y tal vez habrá un día en el cual esto no sea el caso.

Como una organización intergubernamental que arbitra disputas en favor de la democracia, la OEA juega un rol importante en formar ley internacional. Como notan algunos analistas, las decisiones recientes del arbitraje de la OEA han unido el derecho a la democracia con el derecho a intervenir en casos en los cuales la democracia no es respetada, reforzando la norma de intervención por los derechos humanos. La Resolución 1080 de la Asamblea General de la OEA, la cual pasó el 5 de Junio de 1991, autorizó a la OEA tomar acción siempre que la “interrupción irregular o súbita de procesos políticos institucionales democráticos o el ejercicio de poder político del gobierno elegido democráticamente de cualquier estado miembro de la OEA” tuviera lugar. Después, el Protocolo de Washington (no confundir con el controversial Consenso de Washington) en 1992 aseguró la suspensión de los miembros de cualquier estado si su gobierno fuera derrocado por una fuerza no democrática. Esta legislación fue reforzada en 2001 por la Carta Democrática Interamericana, la cual concretamente definía qué era una entidad política elegida democráticamente. Efectivamente, la OEA está de momento estableciendo el precedente de que si alguno de sus estados miembros funciona de manera no democrática, los otros estados miembros tienen el derecho de intervenir.A pesar de esto, la OEA tiene áreas de oportunidad. Algunos argumentan que la OEA no es sufi-cientemente productiva como para detener complots antidemocráticos, y aún más problemática-mente, que la Organización sólo interviene en circunstancias que están en los intereses políticos personales de sus miembros, ignorando el riesgo en el que la democracia se encuentre. Sin embargo, la OEA es una de las organizaciones intergubernamentales panamericanas más influyentes en el hemisferio, con una visión única y democrática.

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El problema en contexto

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Desde la independencia en 1821 hasta hoy en día, el pueblo hondureño, tanto como muchos países de América Latina, ha luchado contra los retos de la inestabilidad política y la dictadura militar. Según el Programa de las Naciones Unidas del Desarrollo (PNUD), este país ha sido sacudido con “casi 300 rebeliones internas, guerras civiles, y cambios de gobierno, más de la mitad de ellos duran-te el siglo XX.”2 Desde el tardío XIX, los vínculos económicos y políticos con los Estados Unidos apoyaron a gobiernos autoritarios y conservadores en el país, en el cual las empresas estadounidens-es dominaron la economía con sus enormes plantaciones de plátano.3 En el año 1963, cuando el candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras ganó las elecciones, los militares conser-vadores al mando de las Fuerzas Armadas expulsaron a los candidatos del PLH, retiraron la con-stitución democrática, y suspendieron las elecciones.4 Este gobierno militar se extendió hasta 1982. En 1980, el pueblo eligió a una asamblea nacional para que escribiera una constitución nueva que se promulgó en 1982, la cual se ha mantenido vigente al día de hoy.5 En el Artículo 272, las Fuerzas Armadas de Honduras se comprometieron a ser una institución “profesional, apolítica, obediente, y no deliberante.”6

A pesar de la democratización, las Fuerzas Armadas siguieron operando de una manera más o menos autónoma e independiente. Por ejemplo, el Ejército siguió siendo el dueño de varias empre-sas estatales y por eso mantuvo una fuente de ingresos independiente del presupuesto civil.7 Durante los años ochenta, los militares se vieron encargados de una guerra interna anticomunista, así que detuvieron, torturaron, y ejecutaron a muchos que sospecharon que fueron de la izquierda.8 Según

Imagen 1. Manifestantes pelean con las Fuerzas Armadas después que el golpe de estado expulsó a Manuel Zelaya.

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el Informe Preliminar del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 179 personas por los menos se desaparecieron desde 1980 hasta 1992.9 Sin embargo, las reformas constitucionales de 1999 devolvieron el mando de las Fuerzas Armadas al Ministro de Defensa y por lo tanto subordin-aron a los militares.10

La situación en Honduras llegó al punto de estallar el 28 de julio de 2009, cuando las Fuerzas Ar-madas de Honduras arrestaron al Presidente Manuel Zelaya y lo mandaron al exilio en Costa Rica.11 Cuando asumió el mando presidencial en enero de 2006, Zelaya, del Partido Liberal (PL), se con-sideró un moderado. Sin embargo, provocó a las fuerzas conservadoras cuando llevó a cabo varias políticas populistas—aumentó el salario mínimo el 60 porciento, mejoró el acceso a la educación para los más pobres, y sobre todo se alió con el Presidente venezolano Hugo Chávez y su Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).12 En 2009, Zelaya anunció que realizaría un referéndum para convocar una asamblea nacional constituyente en la cual se podrían cambiar los “artículos pétreos” de la constitución.13 Estos artículos, denominados “pétreos” porque el Artículo 374 de la Constitución declara que “no podrán reformarse, en ningún caso,” incluyen “la forma de gobierno” y “la prohibición de ser nuevamente Presidente de la República.”14 La Corte Suprema de Honduras resolvió que este referéndum violaría la Constitución, pero Zelaya no se detuvo. El día del referéndum, los soldados de las Fuerzas Armadas rodearon la residencia presidencial y expul-saron a Zelaya.15 Después del golpe de estado, el Congreso Nacional ratificó las acciones de los militares y dio paso al nombramiento de Roberto Micheletti, el Presidente del Congreso y (como Zelaya) parte del Partido Liberal, como Presidente de Honduras.16 Cabe destacar que los Estados Unidos, la Unión Europea, y las Naciones Unidas condenaron este golpe de estado,17 y según el Artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, los países miembros de la Organización de Estados Americanos expulsaron a Honduras.18 A partir del 2011, la OEA levantó la suspensión a Honduras, después de que el Presidente Porfirio Lobo y el ex Presidente Manuel Zelaya firma-ron el Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras.19

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de Micheletti no protegió los derechos humanos. Al contrario, usó el poder militar “de forma arbitraria, innecesaria y despro-porcionada” al reprimir las manifestaciones de la oposición y al violar los derechos a la libertad de expresión, a la huelga, y a la vida.20 Aunque durante las administraciones de Presidente Porfirio Lobo (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014 al presente) el estado hondureño ha acabado con las violaciones más graves de los derechos humanos, la crisis política destacó “la fragilidad el sistema democrático hondureño y los retos críticos en la garantía de los derechos humanos, pro-duciendo una fuerte polarización en la sociedad y erosionando la confianza en la ciudadanía en sus instituciones.”21 El golpe puso en evidencia que todavía hay que limitar el papel que desempeñan las Fuerzas Armadas en la política, por un lado, y fortalecer el sistema democrático, por el otro. Ya que se ha considerado el contexto político pertinente del país, hay que analizar los retos específicos de la inseguridad, la violencia, y la participación militar en los conflictos contra las maras de Honduras.

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La situación actual

Según una encuesta de Latinobarómetro, el problema más importante para el pueblo hondu-reño es la violencia y las pandillas.22 Con razón: en 2013, la ONU informó que Honduras tiene la tasa de homicidio más alta del mundo.23 La tasa se incrementó rápidamente de 31 homicidios por 100.000 ciudadanos a 86.5 homicidios por 100.000 en 2011.24 En otras palabras, cada 73 minutos una persona es asesinada en Honduras.25 El problema del crimen y la inseguridad ahora afecta las vidas diarias de todos y todas. Según una encuesta en 2013, más de un cuarto de hon-dureños dijeron que habían sido victimas de un crimen el año anterior.26 También se ha desar-rollado una cultura de miedo aún en los espacios públicos—por ejemplo, el 60% de las víctimas mujeres fueron atacadas en plena calle.27 Esta inseguridad grave no sólo disminuye la calidad de vida sino también influye en la salud económica del país. El Banco Mundial informó en 2014 que el costo de la violencia cada año suma USD$900 millones, el diez porciento del Producto Interno Bruto de Honduras.28

Imagen 2: Estas barras representan la tasa de homicidio en Honduras desde 2004 a 2013. En comparación, la barra azul representa la tasa de homicidio en los Estados Unidos en 2012.

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Cabe destacar que no se puede analizar el problema de la inseguridad en Honduras sin reconoc-er el crecimiento de las pandillas (o maras) en aquel país. La Dieciocho y la Mara Salvatrucha son las maras más poderosas,29 y juntos emplean a 12.000 niños hondureños.30 Lo que ha alarmado a muchos en la policía hondureña tanto como a la comunidad internacional han sido las redes inter-nacionales de estas maras. Particularmente hay vínculos fuertes entre las pandillas de los EEUU y Honduras. La Dieciocho y la Mara Salvatrucha, por ejemplo, se fundaron en la ciudad norteameri-cana de Los Ángeles, y cuando el gobierno estadounidense deportó a estos pandilleros hondureños a su país de origen, crearon sin querer una red internacional.31 Los investigadores norteamericanos ahora han confirmado que las maras de Honduras se han involucrado más con el narcotráfico y las pandillas mexicanas, como la de Sinaloa y los Zetas.32 Por lo tanto, las maras y el narcotráfico repre-sentan un problema de mucha importancia para el país.

La violencia y criminalidad no sólo han impactado a la ciudadanía en general sino también “se han focalizado en algunos sectores como los abogados, periodistas y comunicadores sociales, personas de diversidad sexual, campesinos e indígenas y las mujeres.”33 Según el Centro Americano para la Solidaridad Sindical Internacional, 31 sindicalistas hondureños han sido asesinados desde el año 2009,34 mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que había 57 muertes

Imagen 3: Este mapa demuestra las rutas de narcotráfico en Centroamérica y destaca la posición clave de Honduras en este comercio.

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violentas de personas vinculadas con el Movimiento Unificado Campesino del Aguán,35 cuya lucha por la tierra ha enfrentado la represión, hostigamiento, y acciones armadas provenientes de la policía, ejército y empresas de seguridad privada.36 Esta violencia sistemática ha dejado al des-cubierto “el grado de impunidad producto de la crisis y descomposición de las instituciones del sistema de seguridad y justicia.”37 Por ejemplo, el Diario Tiempo encontró que quedó impune el 97,5 porciento de las muertes de periodistas y comunicadores sociales—de 2003 a 2013, sólo una muerte resultó en una condena.38 No se puede solucionar el problema de la criminalidad en Hon-duras sin tomar en cuenta este hostigamiento de los comunicadores sociales y la impunidad de la violencia.

La magnitud de la crisis ha subrayado la debilidad institucional y corrupción de la policía hondu-reña.39 Según la Red de Seguridad y Defensa de América Latina, la Policía Nacional mantuvo un presupuesto de USD$281 millones (lo que equivale al 1,5% del PIB y el 6,5% del presupuesto del Estado) con un personal de 12.805 efectivos.40 A comparación, el presupuesto de seguridad de Panamá suma USD$998 millones (el 2,4% del PBI panameño) y el de Costa Rica, USD$857 millones (el 1,8% del PBI costarricense).41 Como el nivel de violencia demuestra claramente, los recursos y el personal de la Policía Nacional de Honduras no son capaces a solucionar los prob-lemas que enfrenta hoy la ciudadanía hondureña. En 2013, la propia Dirección Nacional de Inves-tigación Criminal anunció que no tenía los recursos necesarios para investigar el alto número de casos.42 De hecho, El Heraldo encontró que “unos 60 mil homicidios sin resolver tienen los cuer-pos de investigación.”43

Imagen 4: Juan Carlos Bonilla Valladares, conocido como “El Tigre,” fue el jefe de la Policía Na-cional hasta diciembre de 2013. Se dijo que ordenó varias ejecuciones extrajudiciales.

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Sin embargo, esta falta de recursos no es el único problema de la Policía Nacional. Para empezar, el 84% de la población confía poco o nada en la Policía.44 A comparación, esta cifra representa el 62% en Panamá y el 59% en Costa Rica.45 Además, es claro que la Policía Nacional tiene un nivel alto de corrupción. Varias organizaciones internacionales han afirmado que algunos policías no sólo aceptan coimas sino también participan en los crímenes y protegen los negocios ilegales.46 En noviembre de 2011 el Congreso Nacional decretó la creación de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), la que ahora emplea a más de 2.000.000 de personas.47 No es claro que la DIECP haya hecho mucho para solucionar el problema de la corrupción policial, pero al fin de enero de 2014 había destituido a 748 agentes presuntamente corruptos.48 Se creyó también en enero de 2012 la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública, la cual evaluó a la Policía Nacional y propuso varias reformas. Sin embargo, el Congreso Nacional no aceptó estas políticas y suprimió la Comisión en enero de 2014.49

Debido a estos problemas graves con la Policía Nacional, el Presidente Juan Orlando Hernández ha mandado al ejército que le ayude a proteger la seguridad interna. Mientras que fue el jefe del Congreso Nacional, se creó en 2013 la unidad TIGRES (la sigla significa Toma Integral Guberna-mental de Respuesta Especial de Seguridad) para el combate a la violencia y crimen organizado.50 Esta fuerza especial existe bajo el Presidente Nacional de Honduras,51 los TIGRES recibieron un curso especial impartido por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.52 Además, se creó en 2013 la Policía Militar del Orden Público bajo el Ministerio de Defensa, y ahora esta fuerza cuenta con 5.000 efectivos.53 Desde 2008 a 2014 el presupuesto de defensa aumentó en un 108%, de USD$121 millones en 2008 a USD$253 millones en 2014.54 Según La Prensa, esta militarización de la política de seguridad ha sido bastante popular: en septiembre de 2013, el 77% de los hondureños quisieron a los militares en las calles.55 Además, las Fuerzas Armadas son más respetados que la Policía Nacio-nal, aunque el 59% de la población confía poco o nada en los militares.56 En resumen, el Presidente Hernández y su Partido Nacional han militarizado la política de seguridad y la sociedad hondureña.

Imagen 5: Esta foto retrata a la Policía Militar del Orden Público, la que cuenta ahora con 5.000 efectivos.

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No obstante lo dicho, muchos tienen miedo de que esta militarización amplíe el papel tanto como el poder de las Fuerzas Armadas en la política doméstica. Cabe mencionar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), la que fue creada en 2010 para que esclareciera los hechos antes y después del 28 de julio de 2009, día en que fue derrocado el Presidente Zelaya.57 Para que los hechos no se repitieran, la Comisión recomendó “revisar la función de las Fuerzas Ar-madas, incluyendo la supresión de cualquier misión de carácter político para las mismas, así como establecer claramente la prohibición de utilizarse para funciones policiales.”58 Parece que los mili-tares todavía desempeñan un papel preocupante en la política: en 2012, militares rodearon el Pala-cio Legislativo en medio de un conflicto con la Corte Suprema, y policías militares aparecieron en los anuncios de campaña del Presidente Hernández.59 Y según mucho expertos, los riesgos de esta militarización no valen la pena, porque en otros países latinoamericanos estas políticas no han para-do la violencia sino que a menudo han incrementado las violaciones de los derechos humanos.60 Según Reuters, entre 2012 y 2014 los policías militares fueron acusados en 9 casos de homicidio y 20 casos de tortura, aunque ningún soldado fue acusado por estos crímenes en 2010 ni 2011 (antes de la militarización).61 Sin embargo, la tasa de homicidio en el primer año del mando del Presidente Hernández bajó 13 puntos de porcentaje, aunque no es claro que este efecto sea debido a la intro-ducción de los policías militares.62

Estimados delegados, les queda una pregunta de suma importancia para la democracia, los derechos y la seguridad del pueblo hondureño. ¿Cuáles son las políticas de seguridad que se deben recomen-dar al Presidente Hernández, y qué se puede hacer para que acepte estas propuestas? ¿Es mejor que utilice policías militares o la Policía Nacional? Si prefieren la militarización de la policía, ¿cuándo deben las Fuerzas Armadas devolver su mando a la Policía Nacional? ¿Es mejor que los policías militares estén bajo el Ministerio de Defensa o que el propio presidente les controle? Por otro lado, si deciden que debe usar la Policía Nacional, ¿qué hay que hacer para reducir la corrupción y mejo-rar la confianza pública en estos policías? ¿Es la Policía Nacional capaz de derrotar a las pandillas y los narcos, o es inevitable que el presidente dependa de los militares?

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Discusión, bloques y posibles soluciones

Aunque la mayoría de la población quiere que los militares protejan la seguridad interna en muchos países latinoamericanos,63 los delegados no estarán de acuerdo con respecto al tema de la mili-tarización de la policía. Al contrario, es probable que se dividan en varios bloques, los cuales apo-yarán o denunciarán a esta militarización por razones distintas. Cabe destacar que los delegados pueden colaborar y aliarse con los que quieran, pero siempre tienen que representar los intereses de su propio país. Es probable que las circunstancias y los argumentos presentados cambien estos bloques durante el debate, pero como punto de salida es posible que los países se junten en estos bloques.

Los Países Anti-Militares (Argentina, Chile, Uruguay)

En estos países del Cono Sur, todavía queda la fuerte memoria de dictaduras militares, y han hecho mucho en los últimos años para disminuir el papel de los militares en la política de seguridad. En Chile, se aprobó la Ley 20.502 de 2011, la cual creó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.64 A partir de 2011, los Carabineros de Chile, una institución de carácter militar, dependen directa-mente de este Ministerio, en vez del Ministerio de Defensa Nacional.65 Igualmente, los Presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner castigaron a muchos militares involucrados en la dictadura66 y crearon el nuevo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.67 Aunque parece que el nuevo presidente ha prometido combatir el narcotráfico con policías más militarizados, es claro que Argentina quiere subordinar a las Fuerzas Armadas y sobre todo proteger los derechos humanos. En Uruguay, en septiembre de 2015, la ley de Presupuesto dispuso la eliminación del 50% de las vacantes del soldado y asignó prioridad a la policía.68

Los Países de Izquierda(Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Granada, Nicaragua, Santa Lucía, San Vi-cente y las Granadinas, Venezuela)

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En 2008, el Presidente de Honduras Manuel Zelaya anunció su decisión de integrarse a la ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América fundada por Hugo Chávez.69 Zelaya se acercó a Chávez y también se incorporó a Petrocaribe, otra iniciativa de Chávez.70 Por lo tanto en

2009 los nueve gobiernos de la Alba anunciaron que se movilizarían “ante el intento de golpe de Estado” en Honduras,71 y Chávez afirmó que “el golpe de Estado en Honduras es un golpe contra todo lo que encarna la Alba.72 De hecho, el presidente venezolano amenazó usar fuerza militar con el fin de proteger su embajada en Honduras después de la violencia del golpe.73 Cabe destacar que los dos presidentes hondureños (Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández) después de 2009 han sido conservadores del Partido Nacional. Por lo tanto, aunque algunos de estos países apoyen a la militarización de seguridad, es probable que tengan miedo de que el Partido Nacional use a las Fuerzas Armadas para asegurar su poder. Además, es claro que la violencia y la impunidad han dañado particularmente a los políticos, comunicadores sociales y periodistas de la izquierda. En resumen, es posible que estos países quieran a los militares en las calles, pero sólo lo van a aprobar si es seguro que los militares no van a hostigar a la izquierda.

Los Países del Norte(Canadá, Estados Unidos) La prioridad de los países del norte es prevenir que el narcotráfico llegue a sus fronteras, y por lo tanto han ayudado a entrenar y financiar a los policías militares hondureños. El Presidente de Estados Unidos Barack Obama ha dicho que “no quiere militarizar la lucha contra el narcotráf-

Imagen 6: En Argentina, las Madres de la Plaza de Mayo todavía marchan cada semana y representan la dedicación argentina a los derechos humanos.

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ico.”74 No obstante, Estados Unidos ha fundado a muchos proyectos militares. Paró brevemente el financiamiento de seguridad después del golpe en junio de 2009, pero lo reanudó y aumentó antes del fin del año.75 En 2013 Estados Unidos ayudó a entrenar a los TIGRES, un grupo de policías militares en Honduras.76 Es claro que la política de deportación de Estados Unidos ha creado redes internacionales de pandillas,77 pero es poco probable que el país quiera acabar con ésta. Al fin y al cabo, los países del norte quieren que Honduras mantenga la democracia (o por lo menos la apari-encia) porque se ven como los defensores de este sistema.

Los Países Pro-Militares(Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá) En estos países, los presidentes han usado a las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico, así que quieren que la OEA no denuncie la militarización de Honduras, lo que también condena sus propias políticas domésticas. De hecho, la Policía Nacional de Colombia JUNGLAS también ayudó a entrenar a los TIGRES.78 En El Salvador, por ejemplo, el Presidente Salvador Sánchez Ceren ha empleado a fuerzas especiales militares para atacar a las maras, y ahora estima que hay 7.000 solda-dos en las calles.79 Igualmente, el ex presidente de Guatemala Otto Pérez Molina, anteriormente un general militar, dramáticamente militarizó la policía nacional y expandió la jurisdicción del ejército de 2 a 12 de los 22 departamentos nacionales.80 En México, Panamá, Costa Rica, y Colombia, el problema del narcotráfico también ha llevado a cabo una militarización profunda de la política en América Latina. Por lo tanto, estos países piensan que el uso de los policías militares puede solucio-nar la crisis de la inseguridad y el narcotráfico.

Imagen 7: El Presidente de Honduras Manuel Zelaya (izquierda) se acercó con el fallecido Presidente de Venezuela Hugo Chávez (derecha).

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Papeles de posiciónDurante todas las sesiones de este comité, los delegados deberán de adoptar las creencias y per-spectiva del miembro de comité que se les haya asignado, aunque el mismo esté en contra de sus valores e intereses nacionales. Esto es una parte muy importante de la experiencia que esta confer-encia trata de crear: poder ver al mundo y entender situaciones de la actualidad con ojos diferentes. Será entonces muy importante poder reconocer y utilizar de la forma más creativa y efectiva las motivaciones y poderes de su país para crear soluciones a las crisis que se le presenten, teniendo siempre en cuenta la meta general para la sesión.

Al escribir este papel, es muy importante procurar no solamente reiterar la información que se encuentra en este boletín, sino también incluir un análisis profundo de la posición del país usando sus poderes, afiliaciones, e intereses. Por ejemplo, cada delegado deberá pensar críticamente en las siguientes preguntas: ¿Cómo ha respondido su país al problema de la inseguridad y el narcotráfico, y por lo tanto cuáles son las políticas que se puede recomendar a Honduras? ¿Qué piensa su país del gobierno conservador del Presidente Hernández y las violaciones de derechos humanos bajo su gobierno? ¿Cómo se puede asegurar el futuro de la democracia en Honduras y a la vez disminuir la inseguridad? Por supuesto, se recomienda ir más allá del alcance de estas preguntas en el documen-to de posición en la medida que el delegado considere necesario para estar preparado.

Recomendaciones de Investigación

Si aún les queda alguna duda en cómo abordar este reto, por favor no duden en ponerse en con-tacto conmigo. Estaré disponible por e-mail en la dirección [email protected]. Para material suplementario, les recomiendo que busquen en el “Congressional Research Service,” el cual presenta boletines al Congreso de Estados Unidos. En este boletín se hace referencia a vari-os de ellos, como “Honduras: Background and U.S. Relations,” “Honduran Political Crisis, June 2009-January 2010,” y “Central America Regional Security Initiative”. También el sitio InSight Crime ha publicado varios artículos útiles acerca del tema de la militarización de la policía y los problemas relacionados. Por último, si le interesa mucho el narcotráfico, se recomienda mirar el programa Narcos en Netflix. Le prometo, repito, prometo, que les va a gustar.

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