Estimados gobernantes,

Ayer, 24 de abril del 2012, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real

Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar a

sostenibilidade del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de

sus prestaciones. Estas medidas se vienen a sumar las tomadas anteriormente, en

el terreno laboral, en el sanitario y en el de la educación. Déjenme decir, que todas

ellas me parecen injustas, ineficaces y carentes del todo principio de equidad.

Es temprano (se publicó ayer) para que pueda hacer una valoración del Real

Decreto publicado. Sin embargo, me gustaría reseñar que ya no comienza bien el

asunto, cuando se redacta esta norma jurídica con el objetivo de "garantizar la

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de

sus prestaciones". Este objetivo es cuestionable, porque como afirmación es

también cuestionable. El Sistema Nacional de Salud, al igual que la educación es

sostenible sí se aplican los cambios estructurais en las direcciones apropiadas, y

teniendo como premisa el interés general, y no el de la minoría que más cuartos

tiene. Este colectivo de amasadores de cuartos, no pagan proporcialmente a sus

rentas, ni en Sanidad, ni en otras áreas.

Como decía antes no voy a hacer una valoración, pero sí querría que vosotros (los

gobernantes) me contestarais a algunas cuestiones sobre este último Real Decreto-

Ley:

Tres. Se añade un nuevo artículo 3 tener, que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 3 tener. Asistencia sanitaria en situaciones especiales.

Los extranjeros en el registrados ni autorizados como residentes en España,

recibirán asistencia sanitaria en las siguientes modalidades:

a) De urgencia por enfermedad grabe el accidente, cualquiera que serla su causa,

asta la situación de alta médica.

b) De asistencia al embarazo, parto y postparto.

En todo caso, los extranjeros menores de dieciocho corderos recibirán asistencia

sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.»

Las personas inmigrantes, no utilizan la Sanidad más que la población autóctona.

Esto queda acreditado por diferentes informes realizados por organizaciones

independientes. Utilizar el "turismo sanitario" como argumento para justificar la

insostenibilidad del sistema, es falaz y favorece comportamientos xenófobos. En el

caso de la utilización de la Sanidad Pública de los ciudadanos europeos, y del gasto

que generan para las arcas del Estado(segundo el informe del tribunal de cuentas),

habría que ver qué responsabilidad tiene el gobierno español en no cobrarles la

asistencia sanitaria prestada a las personas, que sí disponen de medios

económicos, en lugar de culpabilizar a todo los/las inmigrantes por usar nuestra

Sanidad defraudando a la misma. Estas situaciones, de sere importantes en la

factura global, podría ser una oportunidad para ingresar cuartos extra, que en este

momento no se está haciendo. Los convenios bilaterales que no se llevan a cabo o

no existen, y la falla de diligencia del gobierno (que destruye mas que gobierna) si

convirten en verdaderos obstáculos para cobrar las asistencia sanitaria a

ciudadanos europeos que disponen de dinero para pagar.

En lo que se refiere a la desprotección sanitaria de “los otros”, de “los nadies”, de

los que no aparecen ni en las estadísticas nacionales, los mal llamados “sin

papeles” o “ilegales” , es una clara vulneración de los derechos humanos. No se

puede condenar la una persona la desatención sanitaria por estar en situación

administrativa irregular. No se pueden cambiar las leyes, en función de ideologías

con tendencia xenófoba. Desde un punto de vista de salud pública, la desatención

del colectivo de personas inmigrantes, puede tener consecuencias desastrosas.

Enfermedades contagiosas como la tubercoluse, o transmisibles como el VIH,

pueden sentenciar la muerte a estas personas, ser utilizadas como correa de

transmisión de enfermedades y convertirse en un problema, hasta ahora

controlado, de salud pública.

Por otro lado, permitir únicamente la atención en urgencias, puede colapsar todavía

más, los ya colapsados centros de urgencias. El ahorro que si pretende hacer en

términos generales, insisto, no se hará con este colectivo por dejar de darle

asistencia sanitaria. Decía anteriormente que usan menos la Sanidad Pública que la

población autóctona. Además, el compromiso de pago al que se ven obligados a

firmar cada vez que acudan a la Sanidad Pública impide, de no abonarse, la

regularización de la situación administrativa. Otra medida injusta y que atenta

contra unos de los colectivos más desfavorecidos y con menos derechos.

(….)

«Artículo 85 bis. Sistemas de información para apoyo la lana prescripción.

(……)

2. Los sistemas de apoyo la lana prescripción recogerán la información

correspondiente a los precios seleccionados vía aportación reducida, de modo que

él médico pueda tomar en consideración él impacto económico durante la

prescripción de medicamentos y productos sanitarios.

Señores gobernantes, iste artículo que quiere decir? ¿Que los médicos que en los

recetan los fármacos, tendrán que ser también gestores económicos de la

Administración? Sí es así, qué priorizarán los médicos, mi salud o el ahorro

económico para la Administración? Cuánto costarán esos sistemas de apoyo a la

prescripción que recogerán la información de los precios seleccionados?, Cuál es la

diferencia económica entre este sistema y el anterior?, Cuántos cuartos se

pretenden ahorrar?

(…..)

«Artículo 85 tener. Exclusión de la prestación farmacéutica de medicamentos y

productos sanitarios.

(….)

2. La motivación de la exclusión responderá a alguno de los siguientes criterios:

e) Por que esté indicado en él tratamiento de síntomas menores.

Sres gobernantes, me gustaría saber a qué se refieren con "síntomas menores". Si

me preguntan porqué lo quiero saber, es muy sencillo. Por ejemplo, un dolor de

cabeza para alguna persona, sea médico o no, puede ser considerado como un

síntoma menor, sin embargo para otra, puede convertirse, si este permanece de

forma continuada, en un síntoma discapacitante. Algunas personas y profesionales

entendemos que tanto el concepto salud como el concepto de enfermedad, hay que

entenderlo y aplicarlos desde una perspectiva holística.

Tres. Si añade un nuevo artículo 8 tener, que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 8 tener. Cartera común suplementaria de él Sistema Nacional de Salud.

1. La cartera común suplementaria de él Sistema Nacional de Salud incluye todas

aquellas prestaciones cuya provisión si realiza mediante dispensación ambulatoria y

están sujetas a aportación de él usuario.

2. Esta cartera común suplementaria de él Sistema Nacional de Salud incluirá las

siguientes prestaciones:

a) Prestación farmacéutica.

b) Prestación ortoprotésica.

(…)

Tenemos que pagar por los fármacos, incluidos los pensionistas, algo indecente,

falto de valores y nada ético, si me lo permiten apuntar. Además, teniendo en

cuenta que las personas con las rentas más bajas que necesiten de herramientas

ortoprotésicas tendrán que abonar un procentaxe en todos los casos. Las personas

que perciban una pensión no contributiva, las que se encuentren en paro o no

tengan recursos, también tendrán que pagar en estos casos estas prestaciones. Se

culpabiliza la enfermedad, a las personas enfermas y se nos hace pagar por ello.

3. También disfrutará de esta consideración él transporte sanitario en el urgente,

sujeto a prescripción facultativa, por razones clínicas y con un nivel de aportación

de él usuario acuerde al determinado para la prestación farmacéutica.

Las personas que tengamos que acudir la rehabilitación, la diálisis, a tratamientos

de quimioterapia, y a otros considerados, como estos, considerados no urgentes,

veremos mermada, todavía más, nuestra calidad de vida al tener que pagar más,

por el servicio de transporte.

«Artículo 94 bis. Aportación de los beneficiarios en la prestación farmacéutica

ambulatoria.

(….)

4. La aportación de él usuario si efectuará en él momento de la dispensación de él

medicamento el producto sanitario.

Sí una persona trabajadora o no, se encuentra a fin de mes sin cuartos (es muy

habitual en estos tiempos), y tiene la desgracia de ponerse enferma, no teniendo

cuartos para abonar sus mediciñas, ¿cómo si solventarían estas situaciones, que de

momento son hipotéticas?

5. La aportación de él usuario será proporcional al nivel de renta que se actualizará,

como máximo, anualmente.

En estas aportaciones de los usuarios también entrarían las personas que se acojan

a la aministía fiscal? De ser así, sólo abonarían el 60 % de las medicinas?

6. Con él fin de garantizar la continuidad de los tratamientos de carácter crónico y

asegurar un alto nivel de equidad a los pacientes pensionistas con tratamientos de

larga duración, los porcentajes generales estarán sujetos a topes máximos de

aportación en los siguientes supuestos:

(….)

¿Sres gobernantes, sí los pensionistas que cobren menos de 18.000 euros años

pagarán como máximo 8 euros, los que perciban entre 18.000 y 100.000 euros,

asta un máximo de 18 euros, y los que perciban más de 100.000 hasta 60 euros,

paréceles este sistema justo? ¿Quiénes son los que mayor probabilidades tienen de

padecer enfermedades? ¿La mayor carga fiscal sobre quién recae?

9. Él nivel de aportación de los mutualistas y clases pasivas de la Mutualidad

General de Funcionarios Civiles de él Estado, de él Instituto Social de las Fuerzas

Armadas y la Mutualidad General Judicial será de él 30 %.»

¿Porqué este agravio comparativo de los funcionarios con respecto a los demás

trabajadores y trabajadoras? ¿Porqué pagaría el mismo uno funcionario que percibe

1.000 euros/mes que otro que percibe 150.000/mes y más? ¿es, por lo tanto,

justo y equitatitativo este sistema?

«Artículo 94 tener. Protección de datos personales.

1. Él Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá tratar los datos obrantes en los

ficheros de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y de

las entidades que colaboran con las mismas que resulten imprescindibles para

determinar la cuantía de la aportación de los beneficiarios en la prestación

farmacéutica. Te lo dice tratamiento, que en el requerirá él consentimiento de él

interesado, si someterá plenamente al dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y sus disposiciones de

des arrollo.

¿Son conocedores de que se saltan la ley que garantizaba la protección de los datos

de carácter personal de los ciudadanos y de las ciudadanas, no? Se abren vías que

pueden tener consecuencias impredecibles para la Democracia al compartir mis

datos sin mi consentemento. Se intercambiarán datos entre Administraciones para

"determinar la cuantía de la aportación de los beneficiarios en la prestación

farmacéutica". ¿Como los datos relacionados con la salud se consideran

"especialmente sensibles", y, teniendo en cuenta que la Seguridad Social y

Hacienda, vertirán mis datos con Sanidad, podrán estas administración (Seguridad

Social, Hacienda) y sus colaboradoras (por ejemplo ETTs) acceder a mis datos de

carácter personal? Lo digo porque tengo VIH, pronto me quedaré sin empleo, y

tengo recelo de que los datos de mi salud circulen entre computadoras sin nengún

tipo de control. Además recelo de que se utilicen para otros fines como por

ejemplo, para contratar, o mas bien para no hacerlo, motivado por mi enfermedad.

Como apuntes finales:

No es cierto que la Sanidad Pública sea insostenible. El PIB que destina

España a la Sanidad Pública es inferior al destinado poos estados del nuestro

entorno, teniendo una calidad en la asistencia, inferior a la nuestra. Es mas,

nuestra Sanidad Pública se puede (o se podía) equiparar a otras de

reconocida calidad, como puede ser la de Canadá, con el que sólo nos

diferencia en la red social de la que disponen en ese Estado, o la de

Noruega.

La reforma sobre reforma que si está aplicando en la Sanidad Pública, sólo

puede entenderse desde una postura interesada en la privatización de la

misma y que obedece a los intereses del capital y de los mercados

financieiros.

La parte impositiva que se impone para el pagos de fármacos y servicios

sanitarios a colectivos como los/las pensionistas, personas con bajos

recursos, y jóvenes/las mayores de 26 años, no tiene precedentes, vulnera

principios de equidad, es totalmente injusto, no contempla ética social

alguna, rompe con el principio de universalidad y sólo puede entenderse

desde una perspectiva ideológica. Esta Sanidad pretende establecer

ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, diferenciando a los que

tienen cuartos (los de primera), que podrán acceder a un estándar de salud,

de los que no disponen de ellos (ciudadanos de segunda), que, tendrán

problemas de accesibilidad por cuestiones económicas y no podrán disfrutar

de los estándares mínimos de salud.

La expulsión de las personas en situación adminsitrativa irregular (los/las

inmigrantes, mal llamados sin papeles o ilegales) vulnera derechos

fundamentales. En concreto el derecho a salud que tiene que salvaguardarse

independientemente de su situación administrativa en el Estado. Puede

generar problemas importantes de salud pública, teniendo consecuencias

imprevisibles para toda la población, motivada por la no asistencia sanitaria

de este colectivo, y obliga a estas personas a enfermar, quieran o no, y

puede ocasionar muertos por omisión de los cuidados mínimos sanitarios.

Esta normativa producirá pérda de poder adquisitivo, ya mermado por la

crisis, enfermedad por las trabas que dificultan la accesibilidad a los

servicios sanitarios, a los fármacos, y a los medios necesarios para la

prevención de la salud.

Estas normativas producirán muertes, de las que los únicos responsables

serán el actual gobierno.

Prima, non nocere

Primum non nocere

( Lo primero es no hacer daño) Carlos Varela