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REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN:C/ Desengaño 12, 1º3-A
28004 MadridTEL: 91 522 23 56
n.º 32212 de enero
de 2018Precio 1 €
Apoyo: 1,50 €
EDITORIALEste 2018 empieza con todos los conflictos polí-ticos y sociales abiertos y con la incapacidad de la Monarquía y su gobierno para resolverlos a su favor. O sea a favor del capital financiero y de la minoría capitalista.
Los partidarios del régimen se las prometían muy felices con que la aplicación del 155 daría un vuelco en la situación en Cataluña y permiti-ría el restablecimiento del orden. O sea, del orden de la banca y el gran capital.
Pero la verdad es que el único recurso que parece tener el Gobierno es la llamada justicia y sus tribunales que impiden, por el momento, que ocho diputados electos, tres en la cárcel y cinco refugiados en Bélgica, puedan ejercer el manda-to popular. Porque el 21 de diciembre, a pesar del carácter tutelado de las elecciones la Monarquía no consiguió derrotar al pueblo catalán. Es mas, una amplia mayoría afirmó alto y fuerte que solo era válida una salida democrática, el ejercicio pleno del derecho a decidir. Ejercicio que la exis-tencia del régimen, sus instituciones y leyes im-piden ejercer.
Pero para el gran capital y sus instituciones 2017 es un año perdido. La para ellos urgente reforma de la pensiones, o sea avanzar en su li-quidación no ha dado un solo paso. Y la propia fragilidad del Gobierno, que incluso es parlamen-tariamente minoritario, no da ninguna garantía de que esta deseada reforma, pueda aplicarse sin que la más amplia resistencia se organice, y más cuando la inmensa mayoría de militantes y res-ponsables sindicales están en contra.
A ello se suma el galimatías de la financiación de las regiones. Estas asumen competencias cre-cientes en todos los aspectos: educación, sanidad, transporte, servicios sociales varios, sin que el Estado transfiera los recursos necesarios. Es más, da menos que lo que tenia prometido. Este Estado
parasitario es un ladrón que roba a todos los pue-blos en beneficio del gran capital (la renta salarial no deja de disminuir) aumentando los gastos mi-litares. Roba a todos e intenta enfrentar a unos contra otros, trampa en la que caen algunos para no plantear la lucha unida contra el régimen.
Es en estas condiciones que la presión enorme que viven nuestras organizaciones para reanudar el dialogo social, solo se puede interpretar como un intento para dar vida a un gobierno débil, de-rrotado y gangrenado por la corrupción.
¿Que puede unir la resistencia dispersade los pueblos y los trabajadores de todo el país?En primer lugar la convicción de que hay una concordancia absoluta entre la defensa de los
derechos sociales comunes a todos los traba-jadores y los derechos democráticos, en parti-cular el derecho a decidir, que forman parte de la tradiciones y experiencia de lucha bajo el franquismo y que es una exigencia recuperar para restablecer la alianza entre los trabajado-res y los pueblos.
Es la batalla en la organizaciones que se reclaman del movimiento obrero y la demo-cracia. No se puede apoyar el 155 y decir de-fender los derechos obreros.
No se puede hablar de democracia y per-mitir que diputados electos estén huidos o en la cárcel. Va en ello la defensa de los derechos adquiridos después de la muerte de Franco, de la reconquista de los perdidos y de la existen-cia misma de las organizaciones obreras y de-mocráticas.
2018 representara sin duda una nueva eta-pa crucial en la lucha contra el régimen, para abrir la vía de la Republica, republica del pue-blo, de los pueblos con todo su contenido so-cial y político.
Los trabajadores y los pueblos frente al régimen
a Acabar con los recortes socialesa Liberar a los presos políticosa Derogar la reforma laborala Conseguir la unidad de los trabajadores
y los pueblos
LUCHAR POR LA REPÚBLICA
Los dos reyes y las dos reinas durante la celebración de la Pascua Militar
EN DEFENSA DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA Hacia una conferencia estatal
230 DELEGADOS DE 42 PAISES PARTICIPAN EN LA 9ª CONFERENCIA MUNDIAL ABIERTA
ACTOS PÚBLICOS: Campaña en defensa de la Seguridad Social y de las pensiones
CATALUÑA: l Tras las elecciones del 21 de diciembre l Campaña en defensa de los sindicatos
ENTREVISTA CON CARLOS SÁNCHEZ MATO Concejal de Ahora Madrid
ait8 a 10de diciembre de 2017
ARGELAcuerdo Internacional de los trabajadores y de los pueblos
9ª ConferenciaMundial Abiertacontra la guerray la explotación
p. 7
p. 8
p. 3
p. 4 y 5
p. 6
2 Nº 322 / ENERO DE 2018
El 20 de diciembre tuvo lugar una con-centración en la plaza del Ayuntamiento de Getafe, a la que asistieron unos 200 vecinos, donde se planteó la exigencia a la alcaldesa Sara Hernández (PSOE), que cumpla con la moción aprobada en Pleno el 13 de septiembre, y que read-mita a los 25 despedidos de la empre-sa municipal de Limpieza y Medio Ambiente (LYMA).
Al acto, organizado por el Comité de Apoyo a los Despedidos, se suma-ron: CCOO, CGT, IU, PCE, POSI, la Asociación Vecinal Aires Nuevos e Iniciativa Comunista. Intervinieron: Raúl Cordero, secretario general de la Unión Comarcal Sur de CCOO de Madrid; Jesús Mijarra, secretario ge-neral del sindicato de limpieza de Madrid de CGT; Vanesa Lillo, porta-voz IU Getafe; Jesús Béjar por el Comité local del POSI; Yolanda Hidalgo, secretaria PCE Getafe; Pepe Jiménez, presidente de Aires Nuevos; y Paco García Cediel de Iniciativa
Comunista. El acto estuvo presentado por Pablo García-Cano, del comité de apoyo a los despedidos.
Tomaron la palabra también: Raúl Martínez (CGT), por el Comité de Huelga de “Avanza”, y Leandro Pulido (CCOO) de Coca-Cola Fuenlabrada, Sol Sánchez, que fue diputada de Unidos Podemos y es coportavoz de Izquierda Unida Madrid y Paqui Márquez, que cerró el acto, en nombre de los despedidos. Al acto siguieron actuaciones musicales de “Juanjo Anaya y los Incrédulos”, del cantautor cubano “Orlis Pineda”, y del grupo de rap “Demencia Lírica”.
La concentración fue todo un éxito, acudieron sindicalistas de John Deere, Corrugados, Coca-Cola, de enseñanza y otros sectores, así como miembros de Ágora, los concejales Enrique Herrero y Javier Alcolea, militantes de Podemos a título particular, y también varios socialistas, como el ex alcalde de Getafe, Pedro Castro, así como nu-
merosos vecinos y un grupo de estu-diantes.
Todos los intervinientes señalaron la voluntad de seguir luchando por la readmisión de los despedidos de LYMA y por hacer cumplir a la alcal-desa la moción aprobada en el pleno. Varios plantearon la necesidad de la unidad y de seguir sumando apoyos a ésta reivindicación; otros señalaron la responsabilidad política del gobierno; por poner en cuestión la gestión públi-ca de una empresa, vulnerar los dere-chos de los trabajadores, dejándoles en indefensión, como han señalado varias sentencias, además de por haberles procesado, encima, por lo penal, pi-diéndoles hasta 6 años de prisión, por unos hechos que se deberían haber in-vestigado y aclarado y, en todo caso, haber aplicado una sanción individua-lizada y proporcional al supuesto daño causado, pero nunca con el despido; por estar gastándose un dineral en to-dos los procesos, cuando además tie-
nen al concejal de LYMA procesado por falsificar una pretendida confesión de una trabajadora… La campaña por
la readmisión continúa en enero cuan-do se cumple un año de los despidos.
Paco Cepeda
El 3 de enero los trabajadores de la em-presa de Autobuses Interurbanos del sur de Madrid, del grupo ADO-AVANZA, que llevan 3 meses en huelga, han ce-lebrado una asamblea informativa con una votación en cada turno, para valorar la última oferta de la empresa y han decido por 143 votos a favor, 37 en con-tra y 3 nulos, continuar con los paros parciales hasta el 15 de febrero reivin-dicando la recuperación de derechos y la mejora de la calidad del servicio pú-blico. Los paros serán de 5 a 9 y de 18:00 a 21:00 horas, durante los martes, miércoles y jueves.
El 26 de diciembre los trabajadores de Avanza hicieron una marcha desde las cocheras de la empresa, cortando un carril de la carretera de Toledo, hasta la plaza del Ayuntamiento.
El 21 de diciembre se aprobó en el pleno del Ayuntamiento de Getafe una moción que presentó “Ahora Getafe” a inicia-tiva de los concejales Enrique Herrero y Javier Alcolea, que contó con 16 votos a favor (7 AG, 7 PSOE, 1 IUCM, 1 No adscrita) y 11 abstencio-nes (PP y C´s). En la moción se manifiesta el apoyo del Ayuntamiento
a las reivindicaciones de los trabajado-res y se “insta al Consorcio Regional de Transportes y a la Consejería Regional de Transportes a contribuir responsablemente a solucionar este conflicto, de la manera más beneficiosa para la plantilla y, en definitiva, para todos los usuarios del transporte públi-co; A que se dirija a la Dirección de Avanza, que tiene un 40% de las conce-siones de transporte de todo Madrid, para que negocie realmente con el Comité de Huelga, atienda sus justas demandas, cumpla los acuerdos suscri-tos y mejore las condiciones del servi-cio; A realizar las mejoras presupues-tarias necesarias desde el Consorcio y la Consejería para desarrollar las rutas de transporte, aumentar el servicio pú-blico y potenciar la movilidad de la población en el Sur de Madrid”.
Pablo García-Cano
Según denuncian UGT Bimbo, C C O O y U p t a ( U n i ó n d e Profesionales y Trabajadores Autónomos), el fabricante “ame-naza a unos 800 transportistas, que dejarán de trabajar si el 8 de enero no aceptan jornadas inhu-manas, menos vacaciones, menos salario y la pérdida de derechos”.
Repartidores autónomos de la empresa Bimbo reclamaron ya en marzo del año pasado en Vitoria la readmisión de los 130 trabaja-dores despedidos entre Euskadi y Navarra, además de otros 30 en La Rioja y Aragón, y advirtieron de que en la próxima reestructu-
ración de la compañía -que en julio de 2016 se hizo con la pro-piedad de Panrico y comercializa desde entonces las marcas Donuts y Bollycao- podrían ir a la calle 800 repartidores en toda España, de una plantilla que en la actua-lidad asciende a 1.500.
En concreto, los sindicatos aseguran que los trabajadores au-tónomos económicamente depen-dientes (Trades) que transportan a los comercios la mercancía que sale de las fábricas de Bimbo de-jarán de trabajar para la empresa si no se adhieren al acuerdo que ha suscrito con UGT Donuts y
ATA, representación sindical de la antigua Panrico.
Los sindicatos aseguran que el nuevo acuerdo “reduce condi-ciones laborales, recorta salarios y pone en riesgo” la salud de los transportistas autónomos.
“Pretende que trabajen 60 horas semanales, una jornada la-boral que define como ‘razona-ble’”, recuerdan desde CCOO.
“En el eje de la discusión se establecen, por parte de la empre-sa, situaciones que rozan la escla-vitud de un colectivo que ya de por si está tremendamente casti-gado.
Las condiciones económicas, los periodos de descanso o el es-tablecimiento de la jornada labo-ral son sin duda elementos inque-brantables para la correcta ejecu-ción del servicio y para garanti-zar a los trabajadores una situa-ción profesional en el marco de la legalidad “, declaran desde Upta.
CCOO y UGT Bimbo han anunciado que denunciarán esta situación ante la Inspección de Trabajo, al tiempo que exigen a Bimbo que “deje de amedrentar a sus autónomos y que respete las condiciones que pactó en 2011”.
Silvia Martínez
El Salario Mínimo subirá un 4% en 2018El 26 de diciembre, se anunciaba la fir-ma de un acuerdo entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, los líderes de UGT y CC OO y los de las patronales
CEOE y CEPYME, para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Ese acuerdo prevé una subida del 4% en 2018, que situaría el SMI en
736 euros mensuales en 14 pagas. También prevé subidas progresivas, del 5% en 2019 y del 10% en 2020.Pero para que esas subidas se hagan
realidad -suponiendo que el gobier-no correspondiente cumpla el acuerdo, no sería la primera vez que se incumplen- se han incluido dos condicionantes: que la economía crezca por encima del 2,5% y que la afiliación media a la Seguridad Social aumente en 450.000 perso-nas al año. Según Rajoy, “son lími-tes muy prudentes, porque quedan por debajo de lo que estamos lo-grando”, pero, como señala el dia-rio El País, el propio gobierno, en el último plan presupuestario envia-do a Bruselas, ha rebajado la previ-
sión para 2018 del 2,6% al 2,3%. La Comisión Europea y el FMI prevén un 2,5% y el Banco de España un 2,4% para 2019, la previsión de Bruselas es del 2,1% y la del Gobierno, en el 2,3%, ambas cifras por debajo de lo contem-plado en el acuerdo.
El hecho es que, si las previsiones se cumplen, la subida del SMI queda-ría detenida en el tramo de mayor incremento (el aumento del 10% para 2020, que dependería de los resulta-dos económicos de 2019). ¿Qué su-cedería entonces? El acuerdo señala que, en cuanto se constate el incum-plimiento, el Gobierno “abrirá un proceso de negociación” con empre-sarios y sindicatos para determinar cuánto sube el SMI al año siguiente.
Lo que sí ha obtenido el Gobierno es un importante rédito con este acuerdo: una foto en la portada de los principales periódicos y, sobre todo, resucitar el “diálogo social”, algo que necesita desesperadamente para aplicar las “reformas” que tiene en cartera, algunas incluso comprome-tidas con Bruselas. En especial, la reforma del sistema público de pen-siones. Y a cambio ha “pagado” más bien poco. Una subida de 19 euros al mes del SMI
Resulta lícito preguntarse si los dirigentes de UGT y CCOO no debe-rían haber exigido bastante más a cambio de lo que logra el gobierno.
L. G.
Paqui Márquez interviene en nombre de los despedidos de LYMA
Principales protagonistas del acuerdo social
Movilización de los trabajadores de Bimbo en Vitoria delante de la empresa
MOVIMIENTO OBRERO
GetafeConcentración por la readmisión de los despedidos de LYMA
Los trabajadores de Avanza siguen con la huelga
Bimbo amenaza con despidossi no se acepta la esclavitud
3ENSEÑANZA
Nº 322 / ENERO DE 2018
HAY QUE ORGANIZAR LA RESISTENCIA EN DEFENSA DEL ACTUALSISTEMA DE PENSIONESLas reformas de pensiones de 2011, de Zapatero, y 2013 de Rajoy, de acción destructiva lenta y sistemática, no se las detuvo en el año que termina. Su lega-do para el 2018 consiste en una reduc-ción del poder adquisitivo de las pen-siones del 2.3% en los últimos dos años, un aumento de la edad de jubila-ción por encima de los 65 años de seis meses, las falsas deudas que el Estado imputa a la Seguridad Social siguen aumentando. Si no se remedia en 2019 tendrá efecto el Factor de Sostenibilidad sobre la pensión inicial de los nuevos jubilados. Las reformas laborales con su secuela de precariedad y bajos sala-
rios siguen intactas. Hay que revertir esta situación.
En medio de una confusión creada por el gobierno, el capital financiero, desde los sindicatos se dibuja una línea de salida cuando denuncian que la so-lución al problema de la Seguridad Social es de falta de ingresos y cuya solución pasa por complementar los ingresos por cotizaciones con aportes o transferencias del Estado.
Con ese objetivo, adjuntamos el llamamiento a una conferencia esta-tal promovida por sindicalistas de CCOO y UGT, proponiendo una sa-lida política que ayude a reforzar la
resistencia del movimiento obrero y alcanzar la unidad, requisito impres-cindible para derrotar a los que ata-can al sistema de Seguridad Social. Se indica la forma de asociarse a esa iniciativa y nos indican que habrá actos de campaña en diversas ciuda-des, en muchas casos aún por ajustar d i a y s i t i o : Ta r ragona ( IMET, Avinguda de Ramon y Cajal 70. día 29 de enero), Sant Boi de Llobregat (el 24 de enero), Barcelona, Sabadell, Madrid, Getafe, Villatobas (Toledo), E l Ti e m b l o ( S o r i a ) Va l e n c i a , Castellón, Sevilla, Bilbao, Álava.
J.M.F.
Congelada la base máxima de cotización a la Seguridad Social
Cada año, hasta ahora, el gobierno incrementó la base máxima de co-
tización. En 2013 y 2014 las incrementó un 5%, en 2015 el 0.25%, el 1% en 2016 y un 3% en 2017 h a s t a a l c a n z a r l o s 3.751,2 euros. Frente a la congelación de las ba-se máximas que supo-nen renunciar a un incre-mento de los ingresos por cotizaciones, el go-bierno dispuso que las bases mínimas se incre-mentarán un 4%.
Las bases de cotiza-ción son un elemento clave en el sistema de Seguridad Social, dado
que las cotizaciones de los trabaja-dores activos constituyen los in-
gresos que se destinan cada mes para abonar prestaciones de los trabajadores jubilados. La base máxima supone que la cotización de un trabajador que gane 3.751,2 euros al mes es la misma que la de otro trabajador que gane una can-tidad superior. Lejos de subir los topes de las bases máximas, reivin-dicación sindical reiteradamente defendida, el gobierno se escuda en la prórroga de los presupuestos de 2017 para congelarlos. El go-bierno, parece haber optado por incrementar los ingresos por coti-zaciones desde los trabajadores con menos salarios, es decir con bases mínimas, donde se concentra aproximadamente el 4% de los afi-liados a la Seguridad Social.
Argentina
Movilizaciones masivas contra la reforma de las pensionesEl gobierno Macri al anunciar el recor-tes de pensiones ha encendido el recha-zo de millones de trabajadores que han respondido con fuertes movilizaciones. La iniciativa, además, de rebajar las pensiones y subvenciones sociales de más de 17 millones de personas, eleva-rá la edad de jubilación -de manera optativa- de los 65 a 70 años para los hombres y de los 60 a 63 para mujeres, y afectará no solo a los jubilados, sino también a otros colectivos como el de los padres con Asignación Universal por Hijo, las personas discapacitadas u otros como los veteranos de la Guerra
de Malvinas. Con anterioridad se dis-puso la retirada de la prestación a 170.000 personas con discapacidad. El plan del gobierno supone un ahorro de 100.000 millones de pesos (5.705 millones de dólares) que, según la opo-sición, destinará a reducir el déficit fiscal, que en 2017 cerrará en un 4,7 por ciento del (PBI) y una inflación del 25%.
La cita para aprobar la reforma era el 14 de diciembre, pero la sesión del Congreso fue suspendida al no conse-guir quórum, gracias a la gran movi-lización de miles de personas ante sus
puertas. Una nueva convocatoria del Congreso el 20 de diciembre y los acuerdos con los gobernadores pero-nistas permitió a Macri salvar la refor-ma por 128 votos contra 116. Una fuerte movilización con miles de ma-nifestantes ante el Congreso, cortes de carreteras y piquetes en las principa-les avenidas, además de una huelga general convocada por la CGT dejaron paralizados a trenes, aviones y metro, marcaron de nuevo el rechazo a la re-forma y dejaron patente la disposición de la clase obrera y sindicatos argen-tinos.
ChileLA LUCHA POR LA VUELTA A UN SISTEMA DE REPARTOLa experiencia chilena fue precursora de la sustitución de una seguridad so-cial basada en el sistema de reparto por un sistema de pensiones basado en la capitalización de las aportaciones indi-viduales. Fue implando en 1981 con el nombre de sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
El modelo de AFP fue presentado por todo el mundo por el Banco Mundial como modelo a imitar frente a los sis-temas de reparto. El sistema es obliga-torio y administrado por sociedades anónimas privadas, las AFP. En la pre-sentación de sus éxitos se cuenta la importancia de forzar el ahorro y el fortalecimiento de un sector financiero nacional, pero su capacidad para ofre-
cer seguridad ante los riesgos a cubrir de sus afiliados (pensiones, invalidez, etc.) redujo la población protegida, y cuando se hizo evidente que la mayoría de los jubilados tendrían pensiones muy inferiores al salario mínimo se ge-neralizó el rechazo. El éxito financiero de las AFP se quedaba enredado en co-misiones, gastos de propaganda y altos sueldos de los gestores.
Gestionan más de 200 mil millones de dólares, más del 75% del PBI de Chile, a disposición de grandes consor-cios, pero condenando a millones de chilenos al a retiros totalmente indig-nos.
En 2013, fundada por varios sin-dicatos , nació la Coordinadora
N a c i o n a l d e Tr a b a j a d o r a s y Trabajadores NO+AFP con el obje-tivo de “terminar con la estafa de que somos víctimas los trabajadores por parte de las AFP desde su implemen-tación en 1981. De ahí en adelante trabajamos una propuesta adecuada para nuestro país: un sistema de re-parto solidario”. A raíz de las crisis bursátiles a mediados de 2016 se logró el agrupamiento de los sindicatos con movilizaciones masivas y el apoyo de cientos de miles de chilenos. El 26 de marzo de 2017 dos millones de traba-jadores se manifiestan en las grandes ciudades exigiendo el fin del sistema de pensiones impuesto por Pinochet y por la vuelta a un sistema de reparto.
Puerta del sol, 9 de octubre 2017. Marcha por las pensiones dignas
Chilenos por un Sistema Público Solidario de Pensiones (2016)
Resultado del debate para rebajar las pensiones y subvenciones sociales
Suscribir el llamamiento de alerta de 200 sindicalis-tas
Por una conferencia es-tatal en defensa del siste-ma Público de seguridad social
Difunde:Plataforma de sindicalis-tas Por la democracia y la independencia sindical
plataformasindicalistas .blogspot.com
4Nº 322 / ENERO DE 2018
ACTUALIDAD POLÍTICA
Después del 21-DEl próximo 17 de enero es la fecha fijada para constituir el Parlamento catalán elegido en las elecciones del 21-D. Hay que recordar que fueron convocadas por el gobierno de la Monarquía a través de la aplicación del 155, para supuestamente desblo-quear la situación, imponer el orden constitucional y derrotar a las fuerzas independentistas, pero ninguno de es-tos objetivos se han conseguido. Su derrota ha sido inapelable y las fuer-zas independentistas siguen teniendo mayoría de diputados –aunque no de votos- y la situación está lejos de des-bloquearse.
Pero desde el punto de vista polí-tico, los resultados electorales no han cambiado el panorama. Ha habido, eso sí, algunos datos a tener en cuen-ta. Uno de ellos, por ejemplo, el hecho de que en las diez principales ciuda-des de Catalunya haya ganado una fuerza política radicalmente antina-cionalista y ajena a la clase obrera,
aunque muchos obreros les hayan votado. Lo que por otro lado, viene a confirmar que el constitucionalismo de “izquierdas” que representa el PSC, y a otro nivel Catalunya En Comú-Podem, asociado al establish-ment autonómico y a la ausencia de un combate real por las reivindicacio-nes, les ha alejado del voto obrero que ha dirigido su indignación social en otra dirección.
Sin embargo, los resultados elec-torales, por significativos que puedan ser no debe impedirnos ver el bosque, es decir, lo que es substancial. El fra-caso de quienes querían imponer el orden constitucional contra las aspi-raciones democráticas de una parte importante de la ciudadanía catalana, y al mismo tiempo, la falta de una alternativa que plantee claramente la ruptura con el régimen a partir de con-jugar de manera indisoluble la lucha por los derechos nacionales con la lucha por los derechos sociales, hace
preveer que la situación puede derivar de nuevo hacia el mismo bloqueo que existía con anterioridad a la convoca-toria electoral. Con el agravante de que la propia const i tuc ión del Parlamento y del gobierno están, en el momento en que se escribe este ar-tículo, prácticamente en el aire, por la existencia de diputados electos que se hayan en la cárcel y otros en Bélgica, y como consecuencia también de la pugna entre JxC y ERC a cuenta de quién debe ser invest ido como Presidente de la Generalitat.
En efecto, el trasfondo político de la situación sigue siendo el mismo y este no ha cambiado: el mantenimien-to de un orden político que impide la democracia y contra el que no valen maquillajes ni proclamas de fin de se-mana, sigue siendo el problema. La continuidad de un régimen, y de un gobierno –el del PP- completamente doblegado y que actúa por cuenta del aparato de Estado, que enarbola el
artículo 2 de la Constitución para negar toda posibilidad de diálogo y negocia-ción, que encarcela y procesa a quien ose desafiarlo, es el problema. Un pro-blema que casi todos parecen querer soslayar de una manera u otra. Pero los obstáculos políticos no desaparecen porque se les ignore.
Desde el punto de vista de las or-ganizaciones que se reclaman de la clase obrera, hacer ver que no existe tal problema o que puede ser solucio-nado con una operación más o menos profunda de maquillaje, es condenar a quienes se reclaman de la izquierda a no tener otra perspectiva que la del alineamiento con el gobierno del PP o directamente con el aparato de Estado en los temas considerados “vitales” por este. Y desde el punto de vista de quienes desean o creen que la indepen-dencia es la única solución es la única manera de acabar con un régimen an-tidemocrático, fiar la misma no a la fuerza que podría desplegar una
Alianza entre los trabajadores y los pueblos del Estado español que abrie-ra el camino a la República, sino a las instituciones de la UE, es un camino que conduce a ningún sitio.
¿Qué piensan hacer al respecto las fuerzas políticas que van a sentarse en el Parlamento catalán cuando se cons-tituya?
Si nos atenemos a lo que dijeron durante la campaña electoral, y a las manifestaciones realizadas una vez co-nocidos los resultados, pocas cosas van a cambiar. Con matices más o menos importantes, las diferentes alternativas no contemplan otros planes que no sean repetir con ligeros matices lo planteado hasta ahora. Las opciones van desde el autonomismo –es decir, el mantenimiento de la situación ac-tual, tal vez incluso empeorándola, como puede deducirse de lo que pro-ponen o sugieren tanto el PP como C’s, o en el caso del PSC, una mejora bas-tante improbable del financiamiento y el blindaje de determinados temas, así como una reforma constitucional toda-vía más improbable sino imposible- o volver a la unilateralidad una vez ago-tado el diálogo y/o la bilateralidad. Es decir, volver a una actitud política que entendida en los términos en los que se ha expresado en los últimos meses, propone como la vía a seguir la inde-pendencia de Catalunya y la creación de un Estado propio, sin tener en cuen-ta la opinión manifiestamente contraria de al menos la mitad de la población catalana, y con la pretendida ilusión de que la UE acudirá en auxilio de quie-nes la promuevan.
Hay otro camino que tiene que ver con la exigencia de libertad para los presos y de anulación de todos los pro-cedimientos, de restablecimiento de las instituciones catalanas para que recuperen un funcionamiento autóno-mo, pero también con la defensa de las conquistas comunes de los trabajado-res de todo el Estado, de las pensiones, de la Seguridad Social. Con la defensa de los servicios públicos. Con la nece-sidad de combatir las políticas que empobrecen a los trabajadores y recor-tan sus derechos. Por tanto, con la ne-cesidad de unir fuerzas para traer la República y abrir un proceso constitu-yente en el que todas las opciones de encaje territorial estén contempladas, y esté garantizado el derecho de auto-determinación.
Todos los militantes del movimien-to obrero que se reclaman de la libertad y de la democracia, de los derechos sociales y nacionales, están llamados a esta tarea.
Corresponsal
El laberinto nacionalista
Dimisiones de Artur Mas y Carles MundóEl pasado martes 9 de enero dimitió, antes de tomar posesión de su cargo, Carles Mundó. Carles es uno de los con-sejeros detenidos y después liberado bajo fianza. Es miembro de ERC y so-naba como posible presidente de la cá-mara catalana. Ha señalado que aban-dona la política en activo. Era uno de los valores en alza de ERC. Al mismo tiempo y por la tarde de ese día dimitió como presidente del PDCAT, Artur Mas , an t i guo p r e s iden t e de l a Generalitat. Detrás de esta dimisión, un paso al lado como ha señalado, está su desacuerdo con l a pos ic ión de Puigdemont de mantener su opción de ser presidente, desde el exilio, o de for-zar nuevas elecciones. Artur Mas le ha llegado a pedir a Puidgdemont, que sea generoso como lo fue él, en referencia a su renuncia ser presidente ante el ve-to de la CUP.
Estos dos casos vienen a dejar un corolario de acontecimientos en el nacionalismo catalán, que ante la presión del estado y por otro lado, el apoyo continuado de la población de Cataluña, no ha sabido hacer ninguna alterna-tiva seria.
No han aguantado el tirón de la proclama-ción de la República, han quedado consterna-dos ante la implacable represión de la "justicia franquista", y no tienen una propuesta para seguir adelante.
Abandonados por la Europa, UE, que cre-yeron iban a estar a su lado, sin el apoyo de los empresarios, auténticos saboteadores de la voluntad popular, no buscan la unidad de los pueblos y los trabajadores del estado español. Lo que les lleva a una situación de impasse agravada por los excelentes resultados electo-rales conseguidos. O subordinación a la UE y la monarquía, o unidad con los trabajadores y los pueblos.
Corresponsal
Resultados electoralesNo ha habido tantos cambios como algunos quieren hacer ver. ¡El triun-fo de la dercha! ¡Los obreros votan a los fachas! Bueno si vemos con respecto a 2015 los independentis-tas han sacado el mismo porcentaje y la suma de Ciudadanos y el PP ha crecido dos puntos. Este es el “triunfo” de una campaña con las instituciones intervenidas por el Estado, los grandes empresarios
chantajeando con irse de Cataluña, ¿qué harán cuando se proclame la República?, con el poder judicial trabajando a tope a favor del régi-men y los candidatos en la cárcel o en el exilio.
Triste papel del PSC, donde Iceta que creía que iba a ser presidente ha sacado los mismos votos o menos porque no ha sido capaz ni de sumar los votos de Unió a los que llevaba
vergonzosamente en su candidatu-ra. Podemos ha pasado de ser el partido más votado en la Elecciones Generales a sacar un pobre 7%, me-nos de los que sacaba Iniciativa per Cataluña. Aquí ha jugado, sin duda, un papel importante sus diversas posturas y su crítica situación inter-
na que les llevó a disolver su orga-nización en Cataluña días antes de las elecciones. Su principal dirigen-te hizo campaña contra Podem y a favor de los independentistas. La clave, sin duda, es la derrota del PP, que pasa a cuatro diputados, de la monarquía y de la represión.
C's 37 1.102.099 25,37 %
JUNTSxCAT 34 940.602 21,65 %
ERC-CatSí 32 929.407 21,39 %
PSC 17 602.969 13,88 %
CatComú-Podem 8 323.695 7,45 %
CUP 4 193.352 4,45 %
PP 3 184.108 4,24 %
PACMA 0 38.520 0,89 %
Recortes Cero - Grupo verde 0 10.114 0,23 %
PU M+J 0 573 0,01 %
xSí 62 1.620.973 39,54 %
C's 25 734.910 17,93 %
PSC 16 522.209 12,74 %
CatSíqueesPot 11 366.494 8,94 %
PP 11 348.444 8,5 %
CUP 10 336.375 8,2 %
unio.cat 0 102.870 2,51 %
PACMA 0 29.785 0,73 %
Recortes Cero - Grupo verde 0 14.390 0,35 %
Ganemos 0 1.158 0,03 %
PIRATA.CAT/XDT 0 326 0,01 %
Elecciones autonómicas 2017
Elecciones autonómicas 2015
Carles Mundó en un acto de ERCArtur Mas ex-president de Cataluña y presidente del PDCAT
5ACTUALIDAD POLÍTICA
Nº 322 / ENERO DE 2018
El gobierno de la Monarquía, que tute-la las instituciones catalanas y convocó elecciones regionales para el 21 de di-ciembre, ha decidio convocar el Parlamento catalán para el próximo 17 de enero.
Aquellas elecciones del 21 de di-ciembre habían sido convocadas para infligir una derrota a las fuerzas políti-cas catalanas partidarias de la indepen-dencia o del derecho de autodetermi-nación.
Todo se había preparado. Pero los partidos nacionalistas han logrado 70 diputados sobre 135, por lo tanto la mayoría absoluta, aunque no tengan la mayoría de los votos debido a la ley electoral que privilegia a las re-giones rurales. En cualquier caso, esos resultados han infligido una de-
rrota a la Monarquía y a sus institu-ciones.
El 6 de enero, Pascua Militar, la mi-nistra de Defensa declaraba en ABC que en los pasados meses “estábamos pre-parados” para intervenir en Cataluña, “porque si no, no serviríamos para na-da”. Luego, en el Palacio Real ante los representantes de todos los ejércitos, la propia ministra de Defensa proclamó que “no hay particularismo capaz de quebrar nuestra vocación de proyectar al futuro la continuidad histórica de España como nación”. Es la posición de las Cortes, de la Justicia, pero es contra-ria a la posición expresada por enésima vez por el pueblo de Cataluña en unas elecciones, y plasmada en su Parlamento. Unos están por la libre separación, otros por la libre unión en formas diversas.
El aparato judicialcontra el pueblo catalánEl 4 de enero, el ex vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, encar-celado desde el 2 de noviembre de 2017, ha recurrido al Tribunal Supremo para exigir su libertad. Pero los jueces han de-cidido mantenerlo en la cárcel por razones puramente políticas: según el juez Llarena, se trata de obstaculizar a la ma-yoría nacionalista del Parlamento catalán.
El ministro del Interior, Zoido, ra-tificó el 26 de diciembre que a Rajoy no le temblará el pulso antes de detener a nuevos candidatos a la presidencia de la Generalidad, como Elsa Artadi o Marta Rovira. El gobierno decide a quién mete en la cárcel, y la Guardia Civil prepara los informes para que los jueces lo ejecuten.
En efecto, entre los 70 diputados partidarios de la independencia, tres es-tán en la cárcel y cinco están refugiados en Bruselas. Hay un conflicto: ¿podrán participar en la sesión parlamentaria del 17 de enero o se verán obligados a ceder su puesto en la lista elegida? Es un au-téntico embrollo político-jurídico. Pero el fondo de la cuestión es que el régimen de la Monarquía es incompatible con los derechos de los pueblos y con la orga-nización independiente de los trabaja-dores. Y ahora tratan de impedir que funcione el Parlamento elegido y elija el gobierno que corresponde a la volun-tad del pueblo
La monarquía en el corazónLa prensa partidaria del régimen, o sea la casi totalidad de las ediciones, se lan-zó a una campaña descarada de apoyo a la monarquía, al rey y a su padre Juan Carlos, que abdicó hace cuatro años. En ocasión del 80 aniversario del Borbón padre, grandes festejos y pomposos elo-gios se organizan y son difundidos en todo el país. Se explica que Juan Carlos instauró la democracia en España renun-ciando a los poderes absolutos que Franco le había conferido. Es evidente que no tenía los poderes absolutos, por-que él y sus asesores hicieron todo por integrar en el poder a las direcciones de los aparatos que se reclamaban del mo-vimiento obrero así como a los naciona-listas (en particular al partido de Jordi Pujol hoy dirigido por Puigdemont, que
ha sido el primero en romper el pacto constitucional).
Evidentemente, la situación aparen-temente sin salida en que se encuentra el país obliga a todas las fuerzas some-tidas al capital financiero a poner en el centro a la Monarquía, a costa de todos los pueblos, saqueando a todos los pue-blos. El régimen está desnudo.
Por eso es interés de los trabajadores y de los pueblos del Estado español res-tablecer los vínculos de solidaridad y de luchas comunes, poniendo en el centro la confluencia entre las reivindicaciones sociales y democráticas, y en lo inme-diato las consignas de libertad incondi-cional de los presos políticos, de cese de las persecuciones judiciales y de retira-da del artículo 155.
Angel Tubau
Iniciativa en defensa de los sindicatos El procés amenaza con romper a los sindicatos en Cataluña. Las luchas entre españolistas e in-dependentistas, o simplemente partidarios de la autodeterminación, ha llegado a las instancias de los sindicatos. Esto ha llevado a una amena-za de escisión que nos recuerda a la división en los sindicatos yugoslavos como condición para la ruptura del país.
Por eso un grupo de sindicalistas de UGT ha puesto en marcha una iniciativa en defensa de su sindicato contra división y la intervención de todo tipo de enemigos que tratan de depurar a los supuestos nacionalistas y otros que quieren aprovechar esto para fortalecer un sindicato na-cionalista, conocedores que a pesar de todo, los trabajadores siguen utilizándolos como herra-mienta para defender sus derechos, no en vano las ultimas elecciones sindicales fueron de las más votadas.
Las organizaciones políticas no han dudado en pretender llevárselos a sus posiciones, con la división y debilidad que supone no solo para los propios sindicatos sino para el conjunto de la cla-se trabajadora, justo cuando se anuncian nuevas reformas laborales, la liquidación de la seguridad social y una nueva reforma de pensiones que ahondará más, entre otras cosas, en la pobreza de nuestros jubilados.
Unos les acusan de ser sindicatos estatales y por lo tanto no defensores del denominado
“procés” obviando que la defensa del derecho a decidir del pueblo de Catalunya ha sido una posición claramente defendida, en particular por la UGT, y es perfectamente compatible con la defensa de la unidad de nuestros sindicatos. De hecho las conquistas de los trabajadores son comunes desde Cádiz a Barcelona. Y es preci-samente esta unidad lo que permite que los trabajadores con sus organizaciones puedan jugar un papel fundamental ,insustituible en la defensa de los derechos democráticos y nacio-nales. Nada tiene que ver con los que otros quieren imponer al utilizar la unidad de la cla-se obrera de todo el estado y la consitutición, como principio para poder justificar no solo la prisión para los “Jordis” y los ex consellers, sino también la intervención del estado en las cuentas y en la vida política a través del Artículo 155.
Por ello, un centenar de militantes, delega-dos y afiliados de UGT, han desarrollado una campaña en la línea de la unidad y la defensa de su sindicato, bajo el lema “La UGT somos todos/as, cabemos todos/as” que pretenden culminarla con su presentación al conjunto de afiliados y delegados del sindicato”
En el mismo se afirma:“Como sindicalistas estamos comprometi-
dos en la lucha por la libertad y la democracia para dar respuesta y encontrar las mayorías so-
ciales que puedan hacer factibles los cambios que se reclaman. No hay nada inamovible o que no se pueda luchar para modificar. El sindicalis-mo representa todo aquello que es contrario a la resignación...”
“Muchos de nosotros tenemos posiciones diferentes en relación a la situación política que se vive en Catalunya, como también las tenemos en relaciona a otros temas. Es normal. Y desde la normalidad de la discrepancia, desde la plu-ralidad que es propia en el movimiento obrero, queremos afirmar que todas tiene legítimamen-te cabida en UGT y merecen ser debatidas...”
“Rechazamos la división entre los trabaja-dores, sea cual sea la bandera con la que se quie-ra justificar...”
Los enemigos de los pueblos y de los traba-jadores saben bien donde morder, y son conoce-dores que los sindicatos, es decir los trabajado-res organizados, son un peligro para sus aspira-ciones por eso la defensa de nuestras organiza-ciones sindicales es una tarea de primer orden, y no comprender como un valor inherente de nuestros sindicatos su carácter de unidad de la clase trabajadora de todo el estado, no seria sino renunciar a la fuerza que les otorga.
“ La pluralidad de nuestra afiliación es nues-tra fuerza, preservarla es una obligación de todos y todas”
Corresponsal
Oriol Jnqueres,y Carles Puigdemon en el parlamento catalán
Coordina la recogida de firmas: Miquel GonzálezE-mail de contacto: [email protected]
Manifiesto en defensa del sindicato
Por la libertad de los presos políticos, 11 noviembre en Barcelona
El rey demócrataUn mes después de las elecciones de junio del 77, Juan Carlos escribía a “su querido hermano” el tirano Sha de Persia. Le explicaba que ha seguido el camino de la democracia para prevenir una revolución como la de Portugal. Logró la victoria completa y decisiva para el partido de Suárez. “Sin embargo, el Partido Socialista también obtuvo un porcentaje de votos más elevado del esperado, lo que supone una seria amenaza para la se-guridad del país y para la estabilidad de la monarquía, ya que me han informado fuentes fidedignas de que su
partido es marxista. […] Es imperativo que Adolfo Suárez reestructure y consolide la coalición política centrista […] Me tomo la liberad de solicitar tu apoyo en nombre del partido político del presidente Suárez; las elecciones municipales se van a celebrar dentro de seis meses […] Me tomo la libertad de someter a tu generosa consideración la posibilidad de conceder $ 10.000.000 como tu contribución personal para el for-talecimiento de la monarquía española”.
Corresponsal
Después del 21-D¡Libertad de los presos políticos catalanes
y cese de las persecuciones judiciales!
Jesús Béjar, Isabel Cerdá, Manuel Cusó, Enrique Dargallo, Pablo García-Cano,
Luis González, Blas Ortega.
I nformación Obrera busca, con el in-tercambio de noticias, propuestas y
opiniones, ayudar a la lucha de los tra-bajadores en defensa de sus intereses y por la democracia frente a las institu-ciones del capital.
Ayudar a la unidad de trabajadores y pueblos contra la OTAN y el euro, con-tra la Unión Europea del tratado de Maastricht, contra la Monarquía. Por una solución democrática: Cortes sobe-ranas, derecho de autodeterminación, unión de los pueblos en un marco repu-blicano que libremente decidan.
Ayudar a los trabajadores a defender y recuperar sus sindicatos como instru-mento de sus intereses, basado en la democracia obrera y plenamente inde-pendiente del Estado, patronal e insti-tuciones internacionales del capital.
Ayudar a resolver la crisis de repre-sentación política de los trabajadores, necesitados de instrumentos de acción política, de unidad.
Entre sus redactores y colaboradores hay sindicalistas independientes, mili-tantes del Partido Socialista, de Iz-quierda Unida, y militantes de la Cuarta Internacional.
Como tribuna libre de la lucha de clases está abierta a contribuciones de militantes, grupos o corrientes del mo-vimiento obrero en un terreno de clase o de defensa de la democracia.
Forma parte del Acuerdo Internacio-nal de los Trabajadores, confluencia de grupos, partidos, organizaciones y mili-tantes obreros de orígenes diversos, comprometidos en la defensa de la cla-se obrera, de sus reivindicaciones y de la independencia de clase de sus orga-nizaciones contra los planes de la Orga-nización Mundial del Comercio, el FMI, el Banco Mundial, la OTAN y la UE.
Comité de RedaCCión
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6Nº 322 / ENERO DE 2018
TRIBUNA LIBRE
El pasado 7 de noviembre, el gobierno de Cifuentes aprobó el Anteproyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES). Se prevé que próximamente se inicie su tramitación en el parlamento autonómico. El PP pretende con ello, una vez más, saltarse todos los cauces verdaderamente democráticos, que pasan por su discusión en las universidades y en el conjunto de la sociedad, sustituyéndolo por un paripé de supuestas consultas, sin transparencia, ni tiempo para nada, ni participación realmente representativa. Como siempre, las formas antide-mocráticas no son algo anecdótico, sino que obe-decen al contenido profundamente regresivo del proyecto de ley.
Antes de valorar su contenido hay una pre-misa crucial. Efectivamente la universidad públi-ca madrileña adolece de problemas serios, resul-tado del ataque sistemático que viene padeciendo por parte de los gobiernos del PP, al dictado del capital financiero a través de la UE y el FMI. En primer lugar, los recortes presupuestarios, que se han traducido en destrucción de empleo, preca-rización de las condiciones laborales, subida de matrículas y reducción de becas, todo lo cual dificulta, cada vez más, el derecho a la educación superior. En segundo lugar, los decretos que de-bilitan a la universidad pública, como el que des-regula la duración de los estudios, conocido co-mo “3+2”, que prepara el terreno para la existen-cia de títulos de primera, títulos de segunda, etc. Por tanto, la primera cuestión que debe ser plan-teada es la exigencia ineludible de anulación de los recortes y restitución de todos los fondos necesarios para un funcionamiento adecuado de la universidad, así como la derogación de todas las normas legales que lo atacan.
En cuanto al contenido específico del proyec-to, en el preámbulo ya se deja ver su orientación con toda nitidez. Así, lo primero que se plantea es una mezcolanza de instituciones “de educa-ción superior”, definiendo que “su objeto princi-pal [de la ley] lo constituyen las universidades, pero también pretende facilitar la integración de estas con otras instituciones en un Espacio Madrileño de Educación Superior” y menciona, entre otros, “instituciones sanitarias”, “universi-dades extranjeras”, “instituciones de enseñanzas artísticas” o “centros de formación superior pro-fesional” (págs. 9 y 10).
A partir de eso, no sólo no afronta la penuria presupuestaria sino que lanza una bomba contra las universidades públicas como único posible garante del derecho a la educación: “el sistema de financiación diseñado combina una aportación básica de recursos con otra variable (…) como un sistema de incentivos (…) para un sistema universitario competitivo” (p. 14). Sabemos per-fectamente que significa esto: seguir fielmente las exigencias del “mercado”, es decir, del gran capital.
De hecho, carga más la bomba abriendo la posibilidad de que cada universidad se especia-lice en docencia o investigación, contradiciéndo-se pues primero plantea que se debe “atender la investigación con la misma intensidad que la docencia” (p. 11), para después establecer que “la ley trata de favorecer que las universidades y su profesorado voluntariamente puedan acordar la dedicación temporal y preferente a una de las dos” (p. 18). En la práctica esto se complementa perfectamente con el “decreto 3+2”, de cara al objetivo de que haya universidades de primera y otras de segunda.
El proyecto de ley, de ponerse en marcha, pondría los medios para una mayor precarización laboral, tal y como señala UGT en su documen-to Consideraciones de la UGT al Borrador del Anteproyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior, al preguntar “¿Por qué redefinir, al margen de los convenios, estatutos y otras leyes de carácter superior, la figura del profesor?”. Hay una sola respuesta: para atacar la negociación colectiva, debilitando la actuación sindical para así promover esa mayor precariza-ción. Y ocurre lo mismo con los trabajadores de administración y servicios, cuyas condiciones laborales han empeorado considerablemente en los últimos años.
Proyecto privatizadorEl proyecto impulsa asimismo una mayor priva-tización, cuyas consecuencias ya las conocemos (valga el ejemplo de la privatización de la repro-grafía con su corolario de destrucción de empleo, deterioro de las condiciones laborales y empeo-ramiento del servicio). De hecho, la redacción discrimina a las universidades públicas impo-niéndolas plazos más cortos para su adaptación normativa al nuevo marco. Todo esto ataca la
autonomía universitaria, como denuncia CCOO en su documento CCOO Informa: Valoración del Proyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior. Este ataque se concreta en particular en la concesión de un mayor poder a los llamados “consejos sociales”, en los que se integran no sólo representantes de la administra-ción, sino también “de la sociedad” que, dando una participación puramente testimonial a los sindicatos, abre la puerta de par en par a las gran-des empresas privadas.
Todo el proyecto está revestido de una serie de rimbombantes formulaciones, un blablablá de “competitividad”, “alto rendimiento”, “excelen-cia”, cuyo trasfondo es el ya señalado: cuestionar la financiación adecuada de las universidades públicas. Por esto mismo, como denuncian tanto CCOO como UGT, se omite un compromiso pre-supuestario real, apelando a meras formulaciones genéricas. No sólo en relación con el empleo y los medios materiales, sino también a las tasas y las becas, que con toda desfachatez propone que sean “asequibles”… sin romper con la subida de las primeras y bajada de las segundas que ha pre-sidido la política universitaria los últimos años, expulsando a decenas de miles de estudiantes de la universidad por razones meramente económi-cas.
No solamente los principales sindicatos, tam-bién los grupos políticas (PSOE, Izquierda Unida, Podemos…), han mostrado expresamen-te su rechazo. Es correcto pero insuficiente. El gobierno de Cifuentes es un gobierno débil que, por esto mismo, de ninguna manera podría llevar adelante sus planes de destrucción de una univer-sidad pública digna de este nombre si se le en-frenta una movilización, para echar abajo esta concreción de dichos planes que es el proyecto de LEMES. Es urgente: toda la universidad pú-blica, trabajadores y estudiantes, así como el conjunto de la sociedad que defiende los dere-chos democráticos y entre ellos el de la enseñan-za, deben movilizarse en este sentido y no nos cabe duda de que están dispuestos a ello, de for-ma unitaria con sus sindicatos, asociaciones es-tudiantiles, etc. Necesitamos una convocatoria de movilización no testimonial, sino para ganar efectivamente la reivindicación, que en este caso sólo puede tomar la forma concreta de retirada del proyecto, sin ambages ni medias tintas.
El día 12 de diciembre un 80% de los 30000 trabajadores de la enseñanza pública dependien-tes del Gobierno Vasco fueron a la huelga con-vocados por todos los sindicatos y tras un otoño de huelgas parciales en cada uno de los sectores
de la enseñanza, huelgas que por su fuerza ya anunciaban la firme voluntad de los trabajadores en defenderse frente a un 40% de interinidad, frente al bloqueo salarial y los recortes en finan-ciación que han eliminado o amenazan con ha-cerlo numerosos servicios auxiliares.
Algunos de esos casos como los de Barakaldo han tenido reflejo en nuestras páginas.
Por otro lado es de destacar que estas movi-lizaciones siguen reivindicando la derogación de la LOMCE, ley creada para desmantelar la ense-ñanza pública en todo el estado, pero también la LOMCE vasca llamada HEZIBERRI, elaborada por el PNV y que ahora se pretende aplicar con la complicidad del PSE-PSOE.
Tras esta demostración de fuerza el Gobierno Vasco ha movido ficha proponiendo diversos avances que sindicatos como ELA y CCOO con-sideran que abren el camino a la negociación, propuestas centradas en Ofertas Públicas de
Empleo de 5000 plazas, compromisos de sustituir las bajas desde el primer día en Primaria y la estabilidad de los interinos.
Tras los particulares balances de la huelga del día 12 resulta llamativo que sea el portavoz del Gobierno Vasco, Ercoreca, quien ponga el dedo en la llaga planteando la cuestión de la división autonómica, con la evidente intención de enfrentar a los trabajadores del sector con la llamada opinión pública: (…) las condiciones laborales de los tra-bajadores dependientes de la administración vas-ca son más que aceptables y manifiestamente mejores que las de otras autonomías (…)”.
Es decir, que es necesario romper la división autonómica y unir fuerzas a nivel estatal por la derogación de la LOMCE y las mejores condi-ciones laborales para todos”. Igualar por arriba, por supuesto…
MikelONCorresponsal, BilbaoLas aulas el dia de la huelga de la enseñanza pública
En defensa de la universidad pública, ¡hay que impedir la aprobación de la LEMES!Xabier Arrizabalo MontoroMiembro de la Junta de Personal Docente e Investigador de la Complutense por CCOO
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con el consejero de Educación e Investigación, Rafael Van Grieken
Enseñanza pública vasca: La fuerza de la unidad…
7ACTUALIDAD POLÍTICA
Nº 322 / ENERO DE 2018
José Luis Rodríguez Zapatero llegó al go-bierno en marzo de 2004 de manera ines-perada –todas las encuestas daban otro re-sultado– aupado por la ola de rechazo a la guerra de Irak y a la manipulación de los atentados del 11-M que hizo el gobierno Aznar.
El gran capital político que tenía ZP empezó a hacer aguas cuando el 12 de ma-yo de 2010, por sorpresa y en compare-cencia ante el Parlamento, anunció un re-corte del 5 % de salario a los empleados públicos y la congelación de las pensio-nes, entre otras medidas que suponían un recorte de más de 15.000 millones. Unos meses después, en pleno agosto, anuncia-ba una reforma express, pactada con el PP, del artículo 135 de la Constitución para poner el pago de la deuda por encima de cualquier otra cosa, por encima de los ser-vicios públicos y de las inversiones.
La traición de Zapatero a su electorado llevó al PSOE a una derrota aplastante en las elecciones Municipales y Autonómicas del 23 de mayo de 2011, y posteriormen-te en las elecciones generales de noviem-bre de 2011, que dieron mayoría absoluta al PP. En ambas elecciones, el PSOE tuvo sus peores resultados desde 1979.
Tras las elecciones del 20 de diciem-bre de 2015, el aparato del PSOE y los “barones regionales” impusieron a Pedro Sánchez un acuerdo con la derecha “mo-derna” de Ciudadanos que impidió un acuerdo de izquierdas con Podemos y otros. Hubo que ir a nuevas elecciones, que se celebraron en junio de 2016, y en las que el PP volvió a ganar sin mayoría suficiente para formar gobierno. El apara-to del PSOE obligó entonces a dimitir a Pedro Sánchez y la Gestora que se formó
dio el gobier-no al PP, con el apoyo de Ciudadanos.
La deci-s i ó n d e l a Gestora des-encadenó una verdadera rebelión en la mi-litancia del PSOE, que, bajo el lema “no es no” (al PP) llevó a Pedro Sánchez a ga-nar la Secretaría General derrotando a Su-sana Díaz.
Ahora, el apoyo de Pedro Sánchez a la aplicación del artículo 155 contra Catalu-ña y el silencio cómplice ante la repre-sión hacen que muchos militantes y votan-tes se planteen ¿dónde ha quedado el “no es no”? El PSC vive una situación convul-sa. Las posibilidades de un acuerdo “de izquierdas” para echar a Rajoy se han eva-porado.
Las elecciones catalanas han demos-trado que por el camino del apoyo a la aplicación del 155, y de renuncia a defen-der el derecho a decidir, el PSC no va re-cuperar su electorado perdido. A pesar de aliarse con los regionalistas de Unió De-mocrática, el ala más derechista del cata-lanismo burgués, ha aumentado poco res-pecto de sus resultados de 2015, y queda muy lejos del millón de votos que sacó en 2003 o los 800.000 de 2006.
¿Seguirá el PSOE por este camino, que le convierte en subsidiario y muleta del PP? Es una vía que le lleva a la irrele-vancia política. ¿Será capaz de reacciona a tiempo y volver a la oposición al PP? La pelota está en el tejado de los dirigentes del PSOE, pero su resultado interesa a to-do el movimiento obrero.
Luis González
En octubre de 2016, la Junta de Andalucía aprobó un decreto que establecía la jorna-da de 35 horas/s para todos los empleados públicos andaluces. Una norma que desa-fiaba lo establecido por el gobierno estatal, que fijó en la Ley de presupuestos de 2102, como norma básica, de obligado cumpli-miento para todas las administraciones públicas, una jornada mínima de 37.5 horas semanales.
Muchas voces advirtieron entonces de que la Junta de Andalucía no tenía potestad legal para regular la jornada de sus empleados, y que el Gobierno Central podía recurrir al Tribunal Constitucional, que ya había anulado normas similares en Castilla-La mancha y País Vasco y acuerdos de varios ayuntamien-tos. Como se esperaba, el Gobierno recurrió la norma y el TC la suspendió cautelarmente primero y anuló definitivamente más tarde. Los trabajadores públicos de Andalucía de-bían trabajar, como mínimo, 37 horas y media a la semana.
Tras la sentencia, el Gobierno Andaluz y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO, llegaron a un acuerdo en la Mesa General de la Función Pública de Andalucía, según el cual, la Junta computará como trabajadas 2 horas y media a la semana que sus empleados cumplirán en casa desarrollando tareas “como prepa-ración de clases, estudio de casos clínicos, investigación o formación on line, entre otros”, según ha declarado la Consejera de Hacienda, M.ª Jesús Montero. En el caso de los profesores, se incluiría trabajo en casa en tareas de “corrección de exámenes, pre-paración de clases y tutorías”. La duda es si esa interpretación resistirá en los tribunales, en el caso del que el Gobierno del PP vuelva a recurrir a ellos.
La única salida para recuperar el derecho de los empleados públicos a que se cum-plan los acuerdos firmados en sus Mesa de negociación es acabar con el Gobierno Rajoy.
Corresponsal
La Junta computará como trabajadas 2 horas y media a la semana que sus
empleados cumplirán en casa desarrollando tareas “como
preparación de clases, estudio de casos clínicos, investigación o formación on line, entre otros
ENTREVISTA A CARLOS SÁNCHEZ MATO, CONCEJAL DE AHORA MADRID (por Xabier Ar r i zaba lo)
“Los gobiernos municipales fueron la expresiónde la movilización popular, sin esa ola, no somos nada”
Xabier Arrizabalo: Caracterizas como “chanta-je”, a nuestro modo de ver muy acertadamente, el ataque del ministro Montoro al Ayuntamiento de Madrid, realizado a las órdenes de las políticas de ajuste ordenadas por el capital financiero a través de la troika (FMI, UE y BCE). ¿Podrías explicar-nos brevemente los términos de este chantaje?
Carlos Sánchez Mato: Creo que es evidente para cualquier observa-dor sagaz que las polí-ticas que en el ámbito económico ha desarro-llado la ciudad de Ma-drid en estos dos años y medio eran una ame-naza muy clara a las tesis de los defensores de las políticas de ajus-
te. Hemos demostrado en el ámbito local que era compatible incrementar sensiblemente el gasto social y la inversión con superávit de las cuentas públicas y reduciendo incluso la deuda. No po-dían permitir que nos saliera bien porque sería la muestra clara que, incluso dentro del sistema que queremos superar, hay alternativa a sus políticas.
X.A.: ¿Cuál es tu opinión acerca de la diferencia de posición que finalmente ha habido, en este asunto, en el seno del gobierno municipal? Lo preguntamos sin ningún ánimo de alentar la división, sino de conocer, porque quienes nos reclamamos de los intereses de la clase trabajadora no tenemos nada que ocultar y no razonamos en claves sectarias ni maximalistas ni de ajuste de cuentas.
C.S.M.: Todos coincidíamos en lo adecuado de nuestra línea política y el rechazo a las tesis de las políticas de ajuste e incluso a lo vergonzoso del chantaje político practicado. Pero también es evidente que las presiones han sido muchas y hay quien considera que la correlación de fuerzas no nos permite vencer en la actual situación y que
es preferible llegar a un acuerdo. En nuestro caso, consideramos que no hay margen posible de plantear alternativa si nos plegamos a los estrechos márgenes económicos impuestos. Hacer nuestra política con “sus” presupuestos es sen-cillamente imposible.
X.A.: Sabemos que el ba-lance de la gestión muni-cipal no puede ser blanco o negro, dado el contexto institucional en el que esta-mos, presidido por ataques antidemocráticos como el que comentamos. Y no me-nospreciamos los avances que puedan lograrse. Pero nos parece que, desde al-gunas posiciones, se pone todo el énfasis en una vía institucional cuyos límites constatamos cada vez más. En concreto, vemos que se abandona el terreno más propio de los trabajadores y trabajadoras que es el de la movilización unitaria (con partidos, sindica-tos, etc.), en torno al cual sí podrían abrirse salidas reales. ¿Compartes esta apreciación?
C.S.M.: Está claro, y la experiencia en las ciuda-des en las que gobiernan fuerzas de izquierda lo está volviendo a dejar meridianamente claro, que la institución tiene unos límites demasiado insufi-cientes para satisfacer los intereses de nuestra cla-se, la trabajadora. En el caso de Madrid ni siquiera ha bastado el respeto a la legalidad y la utilización de estrategias de desborde imaginativas para poder impulsar fiscalmente el gasto. Cuando los poderes económicos y políticos ven que esto puede ser una amenaza, usan todas las armas que tienen a su al-cance y bloquean el proceso. Precisamente por eso
es imprescindible la movilización fuera de la institu-ción que es el único instrumento (y a veces es insu-ficiente como en el caso de Grecia) para impulsar a los gobiernos. Sin eso, la orfandad es muy evidente y caemos sin otro orgullo que haber peleado hasta la extenuación por mantener unos mínimos princi-pios. Los gobiernos municipales fueron la expresión de la movilización popular. Cuando la ola se retiró, hay quien creyó que no era necesaria para gobernar. Nosotros sabemos que sin esa ola, no somos nada.
Sánchez Mato es Concejal Presidente del Distrito de Vicálvaro y Responsable de Políticas Económi-cas de IU. Hasta el pasado 18 de diciembre era Concejal de Economía y Hacienda, cargo del que fue destituido por negarse a aceptar el chantaje del gobierno de Rajoy.
Carlos Sánchez Mato se ha distinguido por ser un conce-jal que se ha negado a los re-cortes hasta donde le ha deja-do la legalidad vigente, y por otro lado oponiéndose varias veces a lo que la alcaldesa y la mayoría de la candidatura de Ahora Madrid proponían sobre varios temas: plan de extensión de Madrid hacia el norte, Operación Chamartín, y otro temas mas profanos (Venezuela..etc.)
Publicamos una entrevista que ha concedido a Infor-mación Obrera sobre esta des-titución y su posición frente al gobierno.
Nos gustaría señalar a este respecto la contradicción que se ha dado en Getafe, cuando en el último pleno municipal presentamos una moción de apoyo a Ahora Madrid y los 5 concejales de Podemos abandonaron la sala para no votarla. “Gracias” a esta es-pantada, la moción no salió por un solo voto. Esta moción fue presentada por nosotros antes de la destitución de Carlos Sánchez Mato y de la aprobación del plan financie-ro (PEF) que exigía Montoro. Al conocer la sustitución de Sánchez Mato enmendamos la propuesta para dejarla en un apoyo al ayuntamiento de Madrid y de rechazo a las po-líticas de Montoro. No salió por culpa de quienes han que-rido mostrar su malestar con nosotros dando la espalda a Ahora Madrid y apoyando al gobierno.
Enrique Herreroy Javier Alcolea,
concejales en Getafe
Carlos Sánchez Mato y Manuela Carmena durante el encuentro de ayuntamientospor la modificación de la Regla de gasto celebrada en Madrid en marzo de 2017
Del 135 al 155¿A dónde llevan al PSOE?Las 35 horas de los funcionarios andaluces
Mª Jesús Montero,Consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía
8INTERNACIONAL
Nº 322 / ENERO DE 2018
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La extensión de las intervenciones y debates no tiene cabida en las páginas de nuestro periódico, pero próxima-mente se recogerán íntegramente en un boletín del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y los Pueblos. Entendemos que, más allá del evidente interés informativo sobre la situación de la lucha de clases en cada país, el conjunto de las intervenciones pone de relieve un hecho fundamental: los ata-ques del capital en su fase agónica son los mismos en todo el mundo y se tra-ducen en privatizaciones, pérdida de derechos y conquistas, deterioro de las condiciones de vida y trabajo. Esta
constatación, que es de hecho el origen del AIT, tiene una conclusión inapela-ble: la clase obrera, para defenderse de estos ataques y avanzar en el camino de la emancipación, necesita organizar-se también a escala internacional.
Así lo señalaba un delgado turco: “Las organizaciones sindicales parti-cipan en numerosas reuniones oficia-les en el mundo. Pero esta conferencia tiene una dimensión más política y más práctica. Se inscribe en un com-bate antiimperialista. Nos brinda la oportunidad de reunirnos con com-pañeros de sectores y países diferen-tes, lo que no permiten las reuniones
oficiales. Esto da más poder a la cla-se obrera.”
Muchas intervenciones trataron la cuestión de la soberanía nacional, “pi-soteada por el imperialismo” en pa-labras del delegado venezolano Raúl Ordóñez, diputado en la Asamblea Constituyente, que añadía: “El hecho de que la CMA se posicione en defen-sa de la soberanía nacional es un punto de apoyo en el combate por la soberanía del pueblo venezolano.”
El delegado brasileño Luiz Eduardo Greenhalgh, miembro fundador del PT, exdiputado en la Asamblea Nacional de Brasil y miembro del directorio nacio-nal del PT, se pronunciaba en el mismo sentido. El descubrimiento en las cos-tas brasileñas de un inmenso yacimien-to petrolífero, y la negativa de Lula y Dilma a la exigencia estadounidense de privatizarlo, desencadenó un ataque feroz a la soberanía de Brasil, bajo la forma del golpe de estado de Temer y el intento de inhabilitación de Lula y Dilma. Este delegado dice: “La CMA nos sirve para demostrar que lo que está sucediendo en Brasil no es una primicia nacional. Todos estamos en los mismo procesos y tendremos que adoptar iniciativas comunes.”
Sin duda, algunas de las manifes-taciones más extremas de los ataques del capital se concentran en África.
El delegado nigeriano Saïdou Abdou , sec re t a r io gene ra l de l Sindicato Nacional del Petróleo, ex-plica: “En la multinacional que nos emplea, no existe convenio colectivo. Nuestros empleadores niegan categó-ricamente al sindicato el derecho a existir. El secretario del sindicato y algunos miembros del buró han sido despedidos. (…) En el sector del pe-tróleo estamos directamente enfren-tados con los imperialismos extran-jeros. Las multinacionales imponen sus reglas, pero el petróleo es un re-curso de Níger y debe beneficiar a los nigerianos.”
Rose Chae, delegada camerunesa, secretaria general de la Unión de Sindicatos Libres de Camerún, dice: “A menudo presentan a Camerún como un remanso de paz en África Central. Pero no son más que cenizas que ocultan el fuego. Como demues-tra la llamada ‘crisis anglófona’ o la guerra en el norte con Boko Haram. Esperamos de esta 9ª CMA estrate-gias y resoluciones para erradicar, sobre todo en África Central, todas estas guerras que nada tienen que ver con nuestros pueblos, y la explota-ción que los empobrece cada vez más.”
Oleg Bulaev, delegado ruso, diri-gente del Partido Revolucionario de
los Trabajadores, hace hincapié en el i n t e r n a c i o n a l i s m o o b r e r o : “Rechazamos la división de los tra-bajadores sobre la base de la nacio-nalidad: no hay más que una clase obrera. (…) Las guerras en el tercer mundo forman parte de una estrate-gia contra las clases obreras, que provoca emigración e intenta hacer competir a los trabajadores para que renuncien a sus derechos.”
La declaración final, aprobada por unanimidad por la conferencia, co-mienza con una resolución de apoyo incondicional al pueblo palestino en su lucha por recuperar sus derechos nacionales. Tras una exposición sobre la ofensiva mundial desatada por el imperialismo y la defensa encarnizada de la clase obrera en todo el mundo, concluye llamando a la solidaridad internacional.
Contra la guerra y la explotación.En defensa de:• los derechos socioeconómicos
de los trabajadores y de la ju-ventud;
• la independencia de las organi-zaciones sindicales;
• las libertades democráticas;• la soberanía de los pueblos y de
las naciones.Corresponsal
En apoyo a los trabajadores de los centros Call de Jerusalén, se celebró una comida pa-ra recaudar fondos en Getafe. En el marco del citado evento hubo un animado debate en el que no faltaron las referencias a la última de-cisión del provocador presidente de los EEUU, Donald Trump, de trasladar la emba-jada de los EEUU a Jerusalén.
En Getafe llevamos ya tiempo haciendo una campaña de apoyo a este sindicato de trabajadores árabes y la idea es continuar apo-yando a los palestinos en su lucha contra el sionismo.
Días antes, nos escribieron los compañe-ros para informarnos del éxito de las últimas
elecciones sindicales donde su sindicato ha conseguido la mayoría absoluta. Las eleccio-nes se celebraron en Haifa y Nazaret en cinco de estas empresas dedicadas a hacer llamadas telefónicas.
Esta victoria tiene una mayor importancia por el acoso continuo al que son sometidos por parte de las autoridades israelíes.
“Esta gran victoria confirma nuestra cre-dibilidad entre la clase obrera y nos anima a trabajar para establecer comités de traba-jadores en otros centros”, nos comentan los compañeros que nos animan a seguir apoyan-do su lucha.
Corresponsal
Mesa de la Conferéncia Mundial Abierta
Vista general de la Conferéncia
Comida para recaudar fondosen Getafe
ait8 a 10de diciembre de 2017
ARGELAcuerdo Internacional de los trabajadores y de los pueblos
9ª ConferenciaMundial Abiertacontra la guerray la explotación
La 9ª Conferencia Mundial Abiertacontra la guerra y la explotación del AITse clausuró en Argel el 10 de diciembrecon la participación de 230 delegados de 42 países
A lo largo de los tres días que ha durado la conferencia 90 delegados han tomado la pala-bra, haciendo balance de sus experiencias políticas y enmarcándolas en la situación mundial. Esta rica discusión constituye la base para una acción y reflexión común a escala interna-cional. Todas las fuerzas presentes, a partir de la realidad política y sindical de sus respec-tivos países, convergen en la necesidad de dotar a la clase obrera de los medios políticos y organizativos para acabar con el poder del capital.
La decisión principal de esta conferencia es la constitución de un Comité de Enlace in-ternacional que permita continuar el diálogo y la acción común.
La 9ª CMA ha contado con delegaciones de los siguientes países: Azania, Argelia, Alemania, Benín, Brasil, Burkina Faso, Camerún, Chile, Costa de Marfil, Congo, Cuba, España, Federación de Rusia, Francia, Gabón, Guadalupe, Guinea, Isla Mauricio, Irak, Irán, Líbano, Mali, Martinica, México, Níger, Palestina, Perú, Portugal, República Democrática del Congo, Reunión, Rumania, Ruanda, Senegal, Serbia, Suecia, Suiza, Chad, Togo, Túnez, Turquía, Ucrania, Venezuela.
Las delegaciones de Bélgica, Haití y Marruecos no han podido hacerse presentes por dificultades técnicas con los visados.
Acto en Getafe en apoyo a los trabajadores palestinos de Sawt el Amel
Trabajadores palestinos de Sawt el Amel
