P L deLcontraloriadelpoderlegislativo.gob.mx/Revista_Rc...mejorar el desempeño de la administración pública y los sistemas de transparencia y rendición de cuentas. rc et ratio,

Poder LegisLativo deL estado de México

contraLoría

año vi, no. 11, JuLio-dicieMbre de 2015

Poder LegisLativo deL estado de México

Lix LegisLatura

contraLoría

contraLorVictorino Barrios Dá[email protected]

consejo

editoriaL

Eduardo Salgado Pedraza, Naim Franco Saucedo, Sergio Prudencio Carvajal y Ulises To-rres Hernández, Directores de Responsabilidades Administrativas, de Situación Patrimo-nial, de Vinculación Municipal y de Auditoría Interna, respectivamente, de la Contraloría del Poder Legislativo.

edición, corrección

y forMación

diseño de LogotiPo

diseño de forros

viñetas

Zoila Román [email protected]

Sergio López Manjarrez

Juan José Domínguez Orozco

María del Rocío Toledo Álvarez

Reyes Rayón Miranda

rc et ratio es una revista de análisis abierta a toda la ciudadanía que tiene como objetivo promover y difun-dir colaboraciones e investigaciones sobre casos exitosos, así como programas y propuestas inéditos, para mejorar el desempeño de la administración pública y los sistemas de transparencia y rendición de cuentas.

rc et ratio, año VI, No. 11, Julio-Diciembre 2015, es una publicación semestral editada por el Poder Legislativo del Estado de México. Plaza Hidalgo s/n, Col. Centro, Toluca, Estado de México, C.P. 50000, Tel. 01 722 2 15 08 21, http://www.cddiputados.gob.mx, [email protected]. Editor responsable: Victorino Ba-rrios Dávalos. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2012-103113481400-102, ISSN número 2007-8633, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor; Certificado de Licitud de Título y Contenido número 16216, emitido por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Impresa por Géminis Editores e Impresores S.A. de C.V., Emma No. 75, Col. Nativitas C.P. 03500, Ciudad de México, México. Tels. 01 55 90 70 50 y 01 55 79 88 05. Este número se terminó de imprimir el 05 de agosto de 2016 con un tiraje de 1000 ejemplares. Distribuida por la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México. Independencia No. 102 Oriente, primer piso, Col. Centro, C.P. 50000, Toluca, Estado de México, Te-léfonos: 01 (722) 2 79 64 00, 2 15 35 17, 2 15 35 19 y 2 15 35 20.

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índice

editoriaL 8

investigaciones y artícuLos

Densificación de las políticas compensatorias y ciudadanía en MéxicoJorge Arzate Salgado

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Problemas de la gobernanza para la gestión ambiental en gobiernos localesGeorgina Leticia Caire Martínez

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Auditoría forenseMuna Dora Buchahin Abulhosn

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Educación para la paz: aplicación de valores en la infancia y juventudMartha Esthela Gómez Collado

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El arte de cambiar una localidad desde sus narrativasLenin Martell Gámez

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docuMento

acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servi-dores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a tra-vés de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de InterésDiario Oficial de la Federación

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Lineamientos de publicación 120

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editoriaL

Este número 11, año VI, de la revista Rc et Ratio se integra por novedosas investiga-ciones y aportaciones de primer nivel que se han realizado desde la Academia y desde la función pública en México. En ellos se reflexionan y proponen temas fundamentales para el avance del país, y se relacionan con construcción de ciudadanía, participación ciudada-na, rendición de cuentas, combate a la corrupción mediante interesantes técnicas como la auditoría forense, educación en valores, diálogo y comunicación. En esta edición dos artículos proponen metodologías para el diseño de la política social y la política ambiental, bajo el enfoque de desarrollo sustentable; de igual forma, un ensayo que describe la técnica de auditoría forense puesta en marcha por la Auditoría Superior de la Federación (asf), así como dos trabajos que proponen nuevas formas de diálogo entre la sociedad: por un lado, a través de los estudios para la paz, por otro, me-diante el modelo de comunicación crítica. Abre la sección Investigaciones y Artículos el trabajo Densificación de las políticas compensatorias y ciudadanía en México, de Jorge Arzate Salgado, quien a través del concepto de agencia ciudadana de Guillermo O’Donnell y del de biopolítica de Michel Foucault, nos alerta sobre implicaciones en términos de construcción social de la ciudadanía por parte de la política compensatoria implementada en los distintos ámbitos de gobierno en México. Enseguida, Georgina Caire Martínez, en su artículo Problemas de la gobernanza para la gestión ambiental en gobiernos locales, realiza los siguientes cuestionamientos: ¿Cuál es el papel de los gobiernos locales en el proceso de desarrollo desde el enfoque de Desarrollo Sustentable? ¿Pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes y al mismo tiempo, colaborar con medidas de adaptación o mitigación de los efectos del cambio climático? Su colaboración tiene el objetivo de revisar los principales problemas de go-bernanza en el gobierno municipal que impiden una gestión ambiental efectiva y realiza algunas recomendaciones al respecto. Auditoría forense es el nombre del siguiente ensayo, donde Muna Dora Buchahin Abulhosn comparte el trabajo que se realiza en la Dirección General de Auditoría Fo-rense de la asf, además de explicar en qué consiste la auditoría forense y cómo funciona, también presenta algunos resultados del “Reporte a las Naciones sobre el abuso y el frau-de ocupacional” que realizó, en el año 2014, la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados.

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Martha Esthela Gómez Collado contribuye en este número con su trabajo Edu-cación para la paz: aplicación de valores en la infancia y juventud, cuya pretensión es, en principio, revisar diversos aspectos sobre la cultura de paz, educación para la paz, educación en va-lores, y luego, exponer un caso que pone en práctica los conocimientos de los conceptos referidos, aplicado con estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cierra la sección el ensayo titulado El arte de cambiar una localidad desde sus narrativas, de Lenin Martell Gámez, cuyo objetivo es reflexionar sobre cómo la comunicación puede ayudar a resolver problemas a través del diseño de estrategias narrativas que contribuyan al cambio social y al desarrollo democrático de una localidad. Como en varios números anteriores, éste en particular se acerca nítidamente a di-versos problemas que a diario padecen los gobiernos municipales en su cotidiano actuar, y como se dará cuenta la lectora y el lector, no son recetas, pero sí elementos que deben reflexionarse en los cabildos, gabinetes ampliados, consejos de asesores o secretariados técnicos en cualquier ámbito de gobierno, si se quiere, desde luego hacer una gestión informada. La aparición de este número coincide con la promulgación, el 18 de julio de 2016, del paquete de leyes que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción, así como de una serie de reformas que tienen la pretensión de combatir el terrible flagelo social que se vive de manera cotidiana en México; es decir, la corrupción. Como se ha visto, no basta con imponer sanciones, sean estas administrativas o de carácter penal, sino que es imprescindible trabajar en el comportamiento ético de los individuos; por tal motivo, en la sección Documento se integra el Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, publicado el 20 de agosto de 2015, por considerarlo un texto novedoso que puede ayudar a otras dependencias públicas a identificar y fomentar la integridad ética en las personas que se desempeñan en el servicio público.

Victorino Barrios DávalosContralor del Poder Legislativo

Editor Responsable

Investigaciones y Artículos

Densificación de las políticas compensatorias y ciudadanía en México

Jorge Arzate SalgadoFacultad de Ciencias Políticas y Sociales, UAEM

Resumen

En este ensayo realizamos una reflexión a la luz del concepto de agencia ciudadana de Guillermo O’Donnell, sobre las impli-caciones en términos de construcción so-cial de ciudadanía por parte de la política compensatoria implementada por los dis-tintos ámbitos de gobierno en México. El argumento es que la densificación de los programas compensatorios, vistos como parte de una biopolítica de la pobreza, al no operar bajo esquemas de ciudadanía ac-tiva, producen y reproducen una no-agen-cia ciudadana; es decir, son el espacio pro-picio para que los programas operen bajo una lógica de dominación y no una lógica de producción de bienestar democrática.

Palabras clave: ciudadanía, agencia, polí-tica social, biopolítica, dispositivo.

Introducción

La pobreza como discurso de Estado se ha convertido en el eje de la política guberna-mental de producción de bienestar, es el ob-jeto de las nuevas políticas sociales de corte neoliberal, las cuales operan mediante pro-gramas compensatorios y, durante las últi-mas décadas, se han expandido dentro del espacio de lo social de manera sistemática

y profunda; así, en países como Brasil, Mé-xico y Argentina, los programas de lucha contra la pobreza han experimentado un proceso de densificación. En este ensayo analizamos la problemática de cómo es-tos programas generan ciudadanía y de qué tipo. Para ello se echa mano del con-cepto de agencia ciudadana de Guillermo O’Donnell así como del concepto de bio-política de Michel Foucault. En términos metodológicos la reflexión sitúa a los pro-gramas compensatorios en un contexto democrático, aunque de baja calidad, bajo el cual, el concepto de ciudadanía pierde sentido. El análisis se sitúa, finalmente, como parte de una discusión sociológica de largo aliento en torno a la construcción social del bienestar, entendida como toda acción histórico-social; es decir, situada en un tiempo y espacio social específico, que genera seguridades en torno a los diversos aspectos sustanciales que preservan y ga-rantizan la vida plena de personas y colec-tivos sociales.

Democracia y agencia ciudadana

Para O’Donnell, la democracia, aún en su versión más limitada, significa la institucio-nalización jurídica de la agencia, entendida ésta como la portación de derechos de ciu-dadanía de los seres humanos, derechos de

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Jorge Arzate SalgadoDensificación de las políticas compensatorias y ciudadanía en México

ciudadanía política, civil, social y cultural. La democracia, en este sentido, tiene como fundamento y fin último, garantizar la con-dición de agencia de la ciudadanía; esto es, que toda acción de Estado debe proteger de manera universal cada uno de los dere-chos de ciudadanía (O’Donnell, 2010). Los derechos de ciudadanía prote-gidos por el Estado, son una herramienta para que las personas se protejan y em-poderen frente a las acciones del mismo Estado; con lo cual, la agencia ciudadana abre un amplio campo de acción políti-ca por parte de quienes son portadores y portadoras de derecho o ciudadanía. Para O’Donnell esto es lo que hace única e in-teresante la apuesta de la democracia: “la democracia política contemporánea es el único régimen resultante de una apuesta institucionalizada, universalista e inclusiva” de la ciudadanía (O’Donnell, 2010: 41). La democracia supone, como regla de acción social y política, la necesaria participación de la ciudadanía en todo el espacio público, no de manera pasiva sino activa, queremos pensar, de manera reflexiva y pragmática. Nada mejor que esta concep-ción de democracia para pensar en la producción del bienestar, entendido de ma-nera amplia como una serie de situaciones, procesos, instituciones y leyes que garan-tizan el cumplimiento de los derechos hu-manos y que proporcionan seguridad a las personas, familias y comunidades en torno a su sistema de necesidades humanas, sociales,

culturales y económicas, histórica y social-mente situadas. En este sentido, los dere-chos sociales son un elemento central en la realización y construcción histórico-social del bienestar, en la medida que representan mecanismos jurídicos para actuar en contra de las formas que adquieren las desigual-dades sociales-económicas y sus efectos en términos de formas de violencia.

Desigualdad-violencia y no-agencia

La joven democracia mexicana presenta actualmente un diagnóstico complicado. Si bien ha podido organizar elecciones medianamente eficientes, deja mucho que desear en cuanto a la eficacia del Estado, principalmente, cuando se trata de garan-tizar el bienestar a toda la población. Los derechos sociales plasmados en la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cPeuM) están lejos de ser una realidad para toda la población. De las enormes dimensiones de vulnerabilidad social existentes en el territorio de la na-ción, el Estado mexicano está plenamente consciente de que:

En México, según datos del Consejo Na-cional de Evaluación de la Política de De-sarrollo Social, correspondiente a 2012, la pobreza afecta a 72.3% de la población indígena, mientras que la incidencia en la población no indígena es de 42.6%. En el ámbito urbano, la incidencia de la pobreza es de 40.6%, mientras que en las zonas rurales

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llega a 61.6%. La desigualdad de ingresos se manifiesta en que 20% de la población tiene un ingreso insuficiente para adquirir la canasta alimentaria básica, y 51.6% no cuenta con recursos suficientes para acce-der a las necesidades básicas de alimenta-ción, educación, salud y vivienda. La bre-cha de género se refleja en que hoy 43% de las mujeres tienen un ingreso de entre uno y dos salarios mínimos, mientras que sólo el 28% de los hombres se encuentran en esta situación (Presidencia de la República, 2014: 133).

Cuando hablamos de agencia ciudadana en México, es necesario no perder de vista que existe una parte muy importante de la población que no es consciente de sus de-rechos ciudadanos debido a su condición vulnerable; es decir, se trata de población en rezago educativo, en situación de pobre-za extrema y/o de marginación, en desafi-liación y/o en situación de desplazamiento territorial. Esta población tiene, en todo caso, una condición de no-agencia, situa-ción derivada de su contexto estructural (o violencia estructural) y situación específica de vulnerabilidad (o formación de desigual-dad-violencia). Esto supone una condición de “minusvalía” política y cívica frente a las diversas formas de poder (el Estado y las organizaciones de mercado, las iglesias e incluso ciertas organizaciones de la so-ciedad civil filantrópicas). Este supuesto se pude matizar, según se trate, en el caso de la existencia de formas de organización

social y política en torno a los núcleos campesinos, comunitarios y/o ejidatarios, entre otras maneras de organización políti-co-popular. No obstante ello, grosso modo, la existencia de una condición de no-agencia para el caso de la población vulnerable en México, tanto en el campo como en la ciu-dad, es una realidad que complica la reali-zación de la agencia ciudadana y a la misma democracia como acción social, política del consenso, la racionalidad, la toleran-cia, la equidad, la justicia social, así como la participación constante en el espacio de lo público. Esta no-agencia ciudadana es una construcción histórico-social compleja, por lo que no se debe suponer su existen-cia a priori; en todo caso, en algunas zonas de la estructura social mexicana, la condi-ción de ciudadanía es algo venidero, que hay que construir de manera social y/o educar a través de la escuela formal o cual-quier otra estrategia de educación no for-mal. La no condición de agencia ciuda-dana supone una forma de vulnerabilidad política, que entraña la desafección frente a las formas de poder y dominación em-blemática en el capitalismo económico; es decir, la no agencia es la condición social y cultural que hace posible la realización, producción/reproducción, de las formas básicas de las desigualdades sociales y eco-nómicas: exclusión, discriminación-estig-ma, explotación económica.

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De regreso con O’Donnell, la agencia ciudadana implica “la presunción de capacidad de tomar decisiones consi-deradas suficientemente razonables como para tener importantes consecuencias” (2010: 40), agregamos, en todo lo relativo a la vida pública, sea para dar el voto en rela-ción con el ejercicio de cargos o bien para realizar y tomar postura frente a cualquier acción en el ámbito de lo público. Esto se complementa con la idea de O’Donnell, según la cual, la ciudadanía política es po-tencialmente empoderadora; es decir, “por cuanto los individuos pueden querer usar esos derechos y libertades a fin de llevar a cabo una variedad de acciones” (2010: 43). Si la agencia es una construcción social, entonces la pregunta es ¿cómo se puede producir en condiciones democrá-ticas limitadas?, esto es, frente a un Estado y un gobierno ineficiente en su administra-ción pública y/o que tiende a vulnerar las garantías en torno a los derechos ciudada-nos. El espacio social de la no-agencia supone una debilidad ciudadana en térmi-nos de acción reflexiva, cívica y política. Partimos del supuesto de que esta no-agen-cia en contextos sociales de precariedad y pobreza constituyen un espacio social pro-picio para generar sistemas sociales cliente-lares y neo-corporativos, donde “el pobre” es una persona asumida por los gobiernos como objeto y no como sujeto activo; de ser así, dicha categoría se emparenta

con la condición de no-agencia; de alguna forma, “el pobre” puede aparecer como un “desvalido” político, usando la expre-sión de Agamben (2006), como homo sa-cer: un(a) rehén desvalido(a) de la política social, justificación moral entonces de la acción bondadosa del “príncipe”, así sea producto de una elección democrática; en consecuencia, aparece la posibilidad, con base en la noción de Foucault (2006), del espacio de la biopolítica para controlar la población pobre mediante técnicas cientí-ficas de conteo, organización e interven-ción no dialógicas pero eficientes para im-plementar “política pública”. “El pobre”, en el espacio de la no-agencia, aparece como dato, luego como “el acarreado”, finalmente como votante cautivo. Esta no ciudadanía “pobre” se reconfigura en el nivel del imaginario polí-tico del Estado y sus agentes como el obje-to manipulable carente de conciencia y de capacidad de diálogo, su condición es de no-palabra y de no-acción; por tal motivo, aparece luego en reglas de operación de los programas sociales de forma cosificada: ciega e inútil como contrincante político, como “niño” incapaz de la representación política y, por tanto, con discapacidad para la contienda dentro de lo público: su voz no vale porque no es científica, no es tam-poco persona, es, en todo caso, un (a) po-bre que necesita la ayuda del Estado para sobrevivir. Esto es grave porque supone un no reconocimiento de sus necesidades

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reales, derivadas de su sistema o formación de desigualdad-violencia. La condición de no-agencia es, entonces, una condición de no ciudadanía activa así como una in-visibilización de la persona, la cual, al ser vulnerable, se transfigura en un pobre que necesita ayuda del Estado para sobrevivir. Se convierte en un número más de la esta-dística, sin tener relato ni historia, se elimi-na su capacidad de palabra y diálogo en la esfera de lo público; quizá en esta situación “el pobre” prefiera continuar con el estatus de no-visible, dado que le resulta más có-modo en términos de ahorro de energía y tiempo, elementos escasos cuando se vive en la precariedad.

Políticas sociales de lucha contra la pobreza sin ciudadanía

Las denominadas políticas sociales de “nueva generación” basadas en la práctica extensiva de programas compensatorios de lucha contra la pobreza — acciones de política pública típicas de los gobiernos neoliberales — han significado una vuelta de timón de las políticas sociales basadas en los principios de universalidad, desmer-cantilización y solidaridad de la cuestión social en la mayoría de los países de Amé-rica Latina, incluido México. La política social mexicana, desde hace décadas, está compuesta en su núcleo duro, por una serie de programas compen-satorios de naturaleza asistencialista, cuyos

diseños se encuentran organizados bajo lo que se conoce como prueba de medios y condicionamientos a las personas benefi-ciarias. Los programas más importantes se dirigen a la lucha contra la pobreza, recien-temente hacia el hambre, a la escolarización a través de las becas y hacia el acercamien-to de servicios de salud mediante el seguro popular como estrategia de bajo costo para las personas sin alguna afiliación, también han tomado importancia los programas de transferencias dirigidos a personas adultas mayores. Estos programas funcionan bajo una lógica instrumental en términos de su economía y vertical en su sentido político; se caracteriza por los siguientes aspectos:

1. Seleccionan a las personas beneficiarias según prueba de medios (en algunos ca-sos mediante mediciones de pobreza); utilizan por lo tanto diversos métodos de focalización hacia las personas más po-bres.

2. Normalmente, los diseños tienden a pri-vilegiar acciones compensatorias en tor-no a las áreas básicas para la sobreviven-cia en un mundo moderno: alimentación, salud y educación.

3. Su implementación es de tipo fordista; es decir, se basa en una lógica de tiempos y movimientos. Lo importante es cubrir mucha población en poco tiempo y a bajo costo.

4. Es notoria la ausencia de trabajadoras y tra-bajadores sociales en la implementación

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de los programas, quienes podrían reali-zar evaluaciones de la situación de vulne-rabilidad de las familias, así como elabo-rar bitácoras sobre los usos y logros de dichas familias para salir de la pobreza, como sucede en algunos programas si-milares en América del Sur (Programa Chile-Solidario, por ejemplo); de esta manera, es muy limitada la participación ciudadana en los procesos de implemen-tación y funcionamiento de los progra-mas.

5 La evaluación de los programas no es ciudadana porque la realizan personas expertas, quienes, en la mayoría de los casos, utilizan metodologías cuantitativas centradas en la idea de eficiencia de los programas y no en el concepto de cam-bio social, donde la voz y participación ciudadana no caben.

Actualmente, la mayoría de los programas compensatorios que funcionan en México, a pesar de la complejización de sus compo-nentes, como es el caso del programa Pro-gresa-Oportunidades-Prospera (P-o-P), no cuentan con mecanismos adecuados que permitan conocer qué procesos de cambio social generan los recursos que bajan a las familias, en razón de que no hay un traba-jo participativo y de ciudadanía en el diag-nóstico y deriva de las familias que reciben apoyos. En este sentido, creemos que las acciones que realizan los programas son “ciegas” en su deriva social, pues no tienen

manera de saber cómo, para qué, bajo qué lógica y para quién realmente se usan las transferencias en efectivo y en especie. Todo el diseño de estos programas parte de supuestos de lo que pueden hacer las transferencias económicas en la vida de las familias y personas que los reciben. Esta situación se podría solucionar mediante el trabajo social, que supone una acción ho-rizontal; es decir, dialógica entre personas beneficiarias y Estado, donde, a través de la reflexión, el diálogo y el trabajo conjunto, las personas beneficiarias se constituyan en “sujetos ciudadanos activos”. La Política Social de Nueva Ge-neración propuesta por el actual gobierno federal reconoce, al menos discursivamen-te, “a los individuos como sujetos de dere-chos y no como receptores pasivos de las políticas públicas, esto es, se promueve que los beneficiarios se conviertan en sujetos activos de su propio desarrollo” (Presiden-cia de la República, 2014: 133). A pesar de este reconocimiento, en términos prácti-cos, habría que cambiar no sólo la mane-ra de comunicar los programas al público usuario — como lo sugiere la nueva Guía de Programas Sociales de Sedesol (2014) —, sino además, modificar el diseño de los programas para llevar las acciones unilate-rales, verticales y administrativas-procedi-mentales hacia otras horizontales, dialógi-cas y participativas; esto es, de naturaleza ciudadana.

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Densificación de la política compensatoria

Los programas compensatorios presentan una expansión sin precedentes; es decir, han tenido un proceso de densificación en el espacio social. El programa P-o-P, en agosto de 2014 (Presidencia de la Re-pública, 2014), tenía una cobertura de 6.1 millones de familias, mientras que el Pro-grama Nacional de Becas (Pronabes), en el ciclo escolar 2013-2014, becó a 7.6 mi-llones de estudiantes de escuelas públicas, este mismo gigantismo en su cobertura de personas beneficiarias lo presenta el Segu-ro Popular. También se ensaya una nueva mo-dalidad de implementación de este tipo de políticas que se denomina “Cruzada Nacional Contra el Hambre”, cuyo ob-jetivo es combatir la carencia alimentaria de la población en situación de extrema pobreza. Las acciones de la Cruzada se am-pliarán en los próximos años a 1012 muni-cipios del país, con lo cual, se alcanzará un 78% de la cobertura de la población ob-jetivo (Presidencia de la República, 2014). La Cruzada ensaya un modelo de interven-ción tipo dispositivo; es decir, opera bajo la lógica de red, donde se acercan una serie de programas compensatorios a un núcleo de población en pobreza alimentaria, si bien, estos programas giran en torno a la pobreza alimentaria, los hay también diri-gidos a la atención de otras regiones de la

vulnerabilidad. El proceso de densificación de la política compensatoria producido desde el Estado encaja con la idea foucaultia-na de técnica biopolítica (Foucault, 2006: 220), puesto que esta red o dispositivo de programas de intervención orientado a la dotación de micro-zonas de bienestar, dis-ciplina a una masa social en términos de sus múltiples espacios vitales como son: alimentación, acceso a una atención de sa-lud básica y escolaridad, que no educación en estricto sentido; esta biopolítica sitúa su campo de intervención en torno a la pobreza, que como concepto, biopolítico es una forma de saber y como tal, supone formas de poder y control social. La densificación de la política so-cial es, en consecuencia, una tecnología de-mográfica que produce articulaciones so-ciales específicas entre sociedad vulnerable y Estado. El asunto importante consiste en dilucidar hasta dónde tales articulaciones generan un proceso democrático centrado en la construcción social del bienestar o hasta dónde producen todo lo contrario: una reproducción de la precariedad así como una serie de relaciones de domina-ción a favor del Estado; entonces, en qué medida anulan a los sujetos. La cuestión es que todos estos programas se mueven bajo lo que podría-mos denominar un paradigma de imple-mentación socio-fordista; el cual, toma decisiones, implementa desde la verticalidad

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y está organizado bajo criterios de costo-beneficio, así como desde una lógica de tiempos y movimientos. Se trata de un modelo de atención burocratizado donde la persona beneficiaria es un número más en las estadísticas y cuya evaluación se con-vierte en una discusión de naturaleza técni-co-científica sobre la eficiencia del mismo modelo socio-fordista que hace funcionar a cada programa, o sea, son discursos auto-referenciales. En este sentido, los resulta-dos de las evaluaciones externas se tornan en discursos técnicos acerca de la eficiencia de cada proceso que olvida evaluar los pro-cesos sociales de cambio y transformación en el nivel microsocial reales, sucedidos en el ámbito de las personas, las familias y las comunidades, así como en lo concerniente al cambio de las formas de desigualdad y violencia realmente producidos o no por la acción de intervención social de los pro-gramas y sus componentes. Este modelo de implementación socio-fordista, como cadena causal de pro-cesos, significa una fuerza de poder del Estado y, concretamente, de sus diversos gobiernos, frente a las personas benefi-ciarias de los programas. En este sentido, es claro que los programas compensato-rios son formas organizacionales de po-der de naturaleza biopolítica, cuyas reglas de operación funcionan como normas de acción social de dominación, no están a discusión y construyen formas relacionales de interacción entre gobierno y personas

beneficiarias. Por su naturaleza de accionar vertical y burocrática, el tipo de relación entre personas beneficiarias y Estado no es de naturaleza ciudadana, en la medida que no es dialógica ni participativa, por lo que tiende a producir y reproducir relaciones de no-agencia. Esta es la clave que expli-ca, por lo menos en parte, el clientelismo como forma de dominación política del Estado hacia personas beneficiarias po-bres. Para Tejera (2014) y Rodríguez (2014), las redes clientelares construidas en torno a las políticas sociales son uno de los signos de nuestra democracia; de tal modo que el clientelismo es la nueva estructura política o neocorporativismo territorial que influye en el comportamiento electo-ral, por lo que es claro que para los diversos gobiernos, de todos los colores y ámbitos, lo impor-tante es construir redes de intermediación política y de personas beneficiarias de programas sociales para su uso político-electoral, antes que terminar con la pobreza.

Conclusiones

Si los diseños de los programas sociales compensatorios suponen, de manera im-plícita y explícita, reglas de acción social que modelan y gatillan la construcción so-cial de la ciudadanía, entonces es necesaria una reflexión sobre el diseño en su dimen-sión ciudadana. Esto supone plantear el asunto de la exigibilidad de derechos, así

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como el de la construcción y existencia de agentes ciudadanos en plena forma. Quizá cada uno de estos programas debería con-tener un componente cívico-ciudadano que eduque a sus personas beneficiarias en ciudadanía activa. O’Donnell (2009), en relación con el concepto de agente como elemento sus-tantivo de la democracia, sugiere que toda ciudadana y ciudadano tiene derecho al Estado: “los ciudadanos, aun los de una democracia de baja calidad, y tal vez en es-pecial sí lo es, porque somos el origen y justificación del poder y la autoridad que se ejerce sobre nosotros, tenemos un dere-cho irrenunciable al Estado” (O’Donnell, 2009: 205), por lo que las acciones de Esta-do tienen que ser auténticas. El derecho al Estado supone una conciencia de derechos que guíe la exigibilidad de los mismos por parte de la ciudadanía: la “inducción de-mocrática”, denominada por O’Donnell, no es más que una herramienta frente a un Estado que se coloque en situación de su-perioridad frente a su ciudadanía; nos dice O’Donell al respecto:

El tema de los programas sociales no pue-de sólo ser el alivio de agudas necesidades. Debe serlo también, en democracia […], el de re-conocer a todos, en sus derechos y dignidad, como titulares de ciudadanía y ofrecerles oportunidades institucionaliza-das de practicarlas (2009: 205).

La autenticidad de las políticas sociales tiene

que ver con la concepción de la vulnerabi-lidad y sus formas; es decir, hay un primer piso epistemológico de naturaleza norma-tiva, ideológica y discursiva, que se vincu-la con la definición de la cuestión social. Esta dimensión es, con base en Foucault, una cuestión de poder. Bajo este panora-ma, es urgente una crítica a los discursos que invisibilizan las formas esenciales de la desigualdad (exclusión, discriminación y explotación económica) y de aquellos que olvidan la liga entre estas formas de desigualdad y la producción de formas de violencia, así como la manera en que los sistemas de desigualdad y violencia produ-cen formas de vida cotidiana. Esto supo-ne un debate, todavía largo, sobre algunos conceptos de uso “normal” como el de pobreza, incluso, el de desarrollo humano. Luego estaría el piso del diseño de las políticas y sus programas; es decir, cómo implementar política pública produ-ciendo de manera pedagógica ciudadanía activa, cómo evitar el estigma del “pobre” como objeto (como no-agencia) y transi-tar al de sujeto como ciudadano(a) (con capacidad de agencia), de qué manera dar la vuelta a los programas construidos bajo el paradigma típico-ideal socio-fordista de la asistencia social masiva de bajo costo y cómo redirigirlos hacia un paradigma cen-trado en los sujetos, dialógico y de alto im-pacto ciudadano. Todas estas son cuestiones comple-jas para un país que presenta una democracia

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de baja calidad, pero centrales para gene-rar un rumbo democrático más firme des-de abajo; es decir, realizar el trabajo desde las necesidades fundadas e identificadas a partir de la agencia ciudadana y hacer de la agencia, una realidad fundada en la ley al mismo tiempo que una virtud cívica.

Bibliografía

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Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) (2014), Guía de Programas Sociales 2014, Mé-xico.

Tejera, Héctor (2014), “Las paradojas de la democracia en la ciudad de México: redes políticas y elecciones”, en Tejera, Héctor et al. (Coordinadores), Continuidades, rupturas y regresiones. Contradicciones y paradojas de la de-mocracia mexicana, México, uaM/conacyt/Juan Pablos, pp. 55-82.

jorge arzate saLgado. Maestro en In-vestigación y Desarrollo de la Educa-ción por la Universidad Iberoamericana y Dr. en Sociología por la Universidad de Salamanca. Profesor de carrera en la Fa-cultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México (uaeM). Es investigador del Siste-ma Nacional de Investigadores de Méxi-co, nivel II. Líneas de investigación: teoría de las desigualdades sociales y educativas, política social comparada en Iberoamé-rica, metodología cualitativa de la inves-tigación, evaluación desde perspectivas cualitativas de programas sociales y educa-tivos compensatorios. Correo electrónico: [email protected]. Página web: www.jorgearzatesalgado.com

Georgina Leticia Caire MartínezCentro de Investigación y Docencia Económicas (cide)

Problemas de la gobernanza para la gestión ambiental en gobiernos locales

en 1997, del Protocolo de Kyoto cuyo pro-pósito es reducir el problema sobre calen-tamiento global. En la discusión del Protocolo de Kyoto — aún no ratificado por países in-dustrializados (Estados Unidos, Australia, entre otros) — existen posiciones diversas sobre quién y cómo se pueden reducir las emisiones de gei; por un lado, se propone la disminución de la actividad productiva, el uso de energías renovables y la adqui-sición de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia energética — Mecanismos de Desarrollo Limpio (MdL) —; por otro lado, hay un rechazo a los mecanismos de mercado propuestos como instrumentos de contención de emisiones de carbono para disminuir el impacto agregado. De este modo, algunos países ricos se niegan a absorber los costos políticos y económi-cos que implica el establecimiento de po-líticas para reducir las emisiones, en tanto que otros se adhieren al protocolo, pero establecen compromisos por debajo de los parámetros deseables (Rodríguez, 2007).2 Sin embargo, sin dejar de reco-nocer la importancia de esta discusión en el ámbito internacional, en esta oportuni-dad, queremos destacar que la única forma de revertir los efectos globales del cam-bio climático es precisamente a partir de acciones locales, aún más, sea lo que ahí se

Introducción

La importancia de promover procesos de desarrollo bajo el enfoque de Desarrollo Sustentable (ds) se incrementa como resul-tado del altísimo nivel de contaminación y el deterioro en los recursos naturales (aire, mares, bosques, entre otros); situación que pone en riesgo la continuidad del modelo de desarrollo actual y la vida misma de los seres humanos. Como enfoque, el ds esta-blece que la calidad de vida está en función del crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y aprovechamiento sus-tentable de los recursos naturales. El desarrollo sustentable se colocó en el debate público internacional a princi-pios del milenio al constatar que los efectos del cambio climático alcanzaban niveles cada vez más preocupantes.1 La comunidad científica demostró que el cambio climáti-co es un problema global que debe ser en-frentado por el orden internacional. Dado que los Gases de Efecto Invernadero (gei) son la causa principal del problema, inves-tigaciones, conferencias y foros buscan estrategias para reducir la cantidad de emi-siones de estas sustancias, sea a través de modificaciones en las actividades humanas o mediante la introducción de nuevas tec-nologías con menor impacto ambiental. La respuesta ante este desafío fue la creación,

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Georgina Leticia Caire MartínezProblemas de la gobernanza para la

gestión ambiental en gobiernos locales

determine, el éxito de las decisiones depen-derá de la capacidad de implementación de los gobiernos locales. ¿Cuál es el papel de los gobiernos locales en el proceso de desarrollo desde el enfoque de ds? ¿Pueden contribuir a mejo-rar la calidad de vida de sus habitantes y al mismo tiempo, colaborar con medidas de adaptación o mitigación de los efectos del cambio climático? En este trabajo propo-nemos revisar los principales problemas de gobernanza en el gobierno municipal que impiden una gestión ambiental efectiva y generar algunas recomendaciones. En la primera parte se exponen brevemente los antecedentes del Desarro-llo Sustentable y su utilidad como enfoque para definir criterios de un desarrollo equi-librado de las sociedades; posteriormente, destacamos los principales problemas am-bientales que inciden negativamente en el desempeño de la gestión ambiental muni-cipal; concluimos con tres estrategias nece-sarias para mejorar la gobernanza ambien-tal en aras de un desarrollo sustentable de los municipios: bienes públicos para una sociedad inclusiva, adopción de innova-ciones tecnológicas y mayor participación para mejorar soluciones y presionar a los gobiernos por resultados, transparencia y rendición de cuentas.

Sobre el desarrollo sustentable

Jeffrey Sachs, en su libro The age of sustainable

development, señala que el desarrollo susten-table es una forma de entender el mundo pero también es un método para encontrar soluciones a los problemas globales (2015: 1-2). Su exposición inicia por destacar la realidad de un mundo densamente pobla-do con 7.2 billones de personas en 2014 y con un crecimiento de entre 75 y 80 millo-nes de personas anuales, que alcanzará los 8 billones en 2020 y 9 billones en 2040. En la búsqueda de su sobrevivencia y mejores condiciones, cada persona toma sus deci-siones en una economía mundial interconec-tada a través de la producción y comercio de bienes y servicios, las finanzas, la mi-gración y redes sociales. De acuerdo con Sachs, el rápido crecimiento económico en el ámbito mundial (entre 3 o 4% por año) se traduce en una gran cantidad de rique-za, cuya distribución, desafortunadamente, es enormemente inequitativa entre países y al interior de cada país; afirma que este modelo económico está dejando secuelas importantes en términos de desigualdad económica y exclusión social. En el espa-cio internacional se observa desigualdad entre países ricos y pobres, en tanto que, al interior de éstos, la tendencia se repro-duce en millones de personas que viven en condiciones de pobreza con un sector de la población muy pequeño que acumula la mayor parte del ingreso nacional (Ortiz y Cummins, 2012). La desigualdad, aunada a los pro-blemas de deterioro ambiental, empieza a

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generar conflictos que amenazan de ma-nera cercana nuestra organización social y nuestra propia existencia. Por un lado, se incrementan los movimientos sociales en demanda de respeto de los derechos hu-manos y de acceso a bienes y servicios de calidad, en tanto que los movimientos mi-gratorios comienzan a representar proble-mas de integración en los países recepto-res; finalmente, el modelo adoptado para el aprovechamiento de recursos naturales, la producción de bienes y servicios y la mo-vilidad de bienes y personas han generado fuertes problemas ambientales: cambios en el clima, en la disponibilidad de agua potable, en la química de los océanos, en la fertilidad de los suelos, en la pérdida de hábitat y de biodiversidad, contaminación del aire por emisión excesiva de gei, entre otros. Paralelamente, estos cambios han provocado contingencias ambientales en diferentes partes del planeta que amenazan asentamientos humanos enteros, sin dife-renciar entre personas ricas y pobres (hura-canes, tormentas, sequías), que afectan su propia persona, sus medios de vida y eco-nomías; peor aún, los cambios generados alteran los procesos clave en el funciona-miento del planeta: ciclos del agua, carbo-no y nitrógeno. Antropoceno es el nombre que recibe esta nueva era en la historia de la tierra para destacar los impactos masivos de la economía mundial que están afec-tando los sistemas físicos y biológicos del

planeta (Sachs, 2015: 36).3 El incremento en la cantidad de conflictos y movimientos sociales denota la tensión existente entre el sistema econó-mico, la organización social y política de la sociedad (actividades antropogénicas para generar bienes y servicios que demanda la población) y el equilibrio de los sistemas biofísicos, equilibrio que, por lo demás, es imprescindible para asegurar su propio funcionamiento. Desde finales de la déca-da de 1980, el Informe Brundtland4 dio a conocer que el modelo de desarrollo esta-ba creando condiciones que afectarían no sólo a terceras actoras y terceros actores, sino que empezaría a poner en riesgo las bases del planeta mismo. La desigualdad en la distribución del ingreso, la falta de opor-tunidades y el estrés en el entorno ambien-tal, implican un proceso de desintegración del sistema social y de destrucción del sustento natural. El informe expone una perspectiva que se distancia de la corriente conservacionista, señala que el problema no sólo se refiere a las externalidades nega-tivas sobre el ambiente, además, destaca la evolución de un estado de deterioro natu-ral y social que potencializa el incremento de un entorno de conflictividad, que tarde o temprano, empezará por afectar el pro-greso económico (Pierri, 2005). El Informe Brundtland define al ds como aquel “desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para

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satisfacer sus propias necesidades”. Tá-citamente, esta definición sacude nuestra conciencia para darnos cuenta del peligro que representa la conducta individualis-ta y egoísta del ser humano y nos invita a reflexionar sobre el futuro del planeta, asimismo, recupera el sentido del Estado, no sólo como poseedor del monopolio de la violencia física, sino como proveedor responsable de los bienes colectivos que necesita la sociedad para subsistir (Bunge, 2009). Desde esta perspectiva, el ds es un concepto normativo, que a través de cri-terios y objetivos, describe una forma de desarrollo ideal al que debemos aspirar. A partir de esta definición, la co-munidad internacional discutió un con-junto de objetivos para guiar el desarrollo económico y social con el propósito de construir un mundo con progreso extendi-do, en el que la pobreza sea eliminada, en el que se impulse la confianza social a través de políticas que fortalezcan la comunidad y en el que el medio ambiente sea prote-gido (Sachs, 2015). Posteriormente, en la reunión de Río+205 realizada en 2012, en el documento El futuro que queremos se in-corporaron los objetivos-guía para orientar las acciones de los diferentes países, en el entendido de que su cumplimiento queda-ría sujeto a las capacidades y prioridades políticas de cada gobierno. El ds mandata una forma de creci-miento económico que mantenga una do-ble noción de sustentabilidad. La primera es

la dimensión ambiental, la cual nos refie-re al cuidado del agua y del aire, la preser-vación de los bosques, la conservación y restauración de los suelos y la protección de la biodiversidad. Se trata de regular el acceso a los recursos naturales mediante la conservación de las condiciones mínimas para mantener el funcionamiento equili-brado de los sistemas biofísicos, donde se procure que las actividades antropogénicas se realicen con el menor impacto posible en el medio ambiente. La segunda es la noción de sus-tentabilidad social. Este concepto está relacionado con el propósito de lograr una distribución más equitativa de la ri-queza generada y asegurar la equidad de oportunidades en una sociedad. Crear las condiciones necesarias para satisfacer las necesidades básicas y asegurar el respeto de derechos humanos, políticos, sociales y culturales de quienes integran una socie-dad, es una importante tarea de los gobier-nos. Esto incluye el conjunto de políticas públicas y programas públicos para pro-veer bienes y servicios públicos de calidad para todas las personas, tales como educa-ción, salud, agua potable y saneamiento, vivienda y entorno ambiental saludable, así como para la creación de ambientes propicios para el respeto y defensa de sus derechos humanos, sociales y políticos. El propósito final sería asegurar un bienestar mínimo para la población con base en la atención de las dimensiones económicas,

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sociales, culturales y ambientales para que las personas puedan desarrollar sus pro-pias capacidades y aprovechar las oportu-nidades en igualdad de circunstancias (Sen y Kliksberg, 2007). La sustentabilidad social es la ha-bilidad de una sociedad para satisfacer sus necesidades básicas de manera justa, inclu-siva y equitativa, con el propósito de man-tener e incrementar la cohesión y el capital social entre sus miembros. Estas condicio-nes son base de la convivencia armónica entre la población y del respeto que pue-dan tener y demostrar para con el medio ambiente. No es difícil comprender que en una sociedad desigual y con alto grado de exclusión resulte sumamente difícil lograr que las personas valoren y actúen con cui-dados hacia sus recursos naturales y cola-boren entre sí. La competencia voraz y el resentimiento social que se generan bajo un sistema de mercado puro en sociedades con altos niveles de desigualdad, impiden considerar el bienestar del “otro” y darse cuenta que, justamente, en el bienestar del “otro” se encuentra el propio; sin embar-go, alcanzar el nivel de cooperación y co-laboración entre las personas que integran una sociedad, no es una tarea sencilla que esté libre de conflictos, todo lo contrario. Lograr estos objetivos es un reto de dimensiones titánicas pues implica mo-ver el status quo de actoras y actores eco-nómicos y políticos. Desde el inicio de las discusiones se estableció que, este tipo de

desarrollo, el ds, debía ser promovido a tra-vés de medidas congruentes con el modelo liberal en lo económico y mantener la pre-valencia de la democracia en lo político; de entrada, la alternativa autoritaria y contro-ladora desde el Estado quedó totalmente excluida. Reconfigurar la distribución del poder en cada sociedad implica modificar los incentivos para ejercer el poder, donde la fórmula principal es la intervención de la sociedad civil y la promoción del modelo de democracia participativa y directa como complemento a la democracia representa-tiva. Para lograr lo anterior, Sachs (2015) señala que además del equilibrio entre los aspectos económicos, sociales y ambientales, debe asegurarse como cuarto objetivo una “buena gobernanza”; es decir, un diseño institucional adecuado para dis-cutir socialmente los objetivos sobre el fu-turo deseado y tomar decisiones públicas sobre los medios técnico-factuales (Agui-lar, 2006: 90) más apropiados, sin imponer costos al medio ambiente o a las personas miembro más vulnerables de la sociedad. Sólo un gobierno honesto, justo y trans-parente es capaz de crear condiciones para impulsar acciones coordinadas en colabo-ración con actoras y actores involucrados. Si entendemos por gobernanza la forma en cómo una organización toma de-cisiones (desde empresas hasta el Estado mismo como organización política y so-cial), el tipo de gobernanza se define a partir

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del conjunto de instituciones formales e informales y procesos que establecen fun-ciones, atribuciones e intereses entre acto-ras y actores públicos, privados y sociales frente a los asuntos de interés colectivo, esto incluye los mecanismos para incorpo-rar la participación de los diferentes gru-pos de interés involucrados; por lo tanto, al “desempacar” el concepto de gobernanza para analizar sus elementos, las preguntas que debemos plantearnos son:

• Quién toma las decisiones;• Cómo se toman las decisiones;• Quién o quiénes influyen en la decisión;• Cuáles son los mecanismos de participa-ción y cómo funcionan;• Cómo rinden cuentas las actoras y los acto-res involucrados,• A quiénes afecta la decisión.

En tanto que los procesos decisionales se realizan tanto en gobiernos como empre-sas, una buena gobernanza abarca organi-zaciones públicas y privadas, lo que quiere decir que existen principios que deben ser incorporados y compartidos por ambos sectores: rendición de cuentas, transparencia y participación social (Sachs, 2015). De acuerdo con Leeuwis y Van den Ban “una gobernan-za efectiva requiere un marco institucional ampliamente aceptado que permita ins-titucionalizar la interacción entre grupos interesados, negociar los intereses contra-puestos y mitigar los conflictos” (2004, en Brenner, 2010).

Si se relaciona esta definición con el ámbito de la gestión ambiental, la conse-cución de sus metas estará en función de la forma de gobernanza ambiental; es decir, la manera como se toman decisiones sobre el acceso y aprovechamiento de los recur-sos naturales, el modo en que se regulan los sistemas productivos de una sociedad y la forma en que se solucionan los con-flictos ambientales. Brenner (2010) afirma que una “buena gobernanza” ambiental debe fomentar la participación de actoras y actores y la toma de decisiones democrá-tica para ampliar su legitimidad. Estas son condiciones que promoverán la coopera-ción entre las diferentes personas actoras en aras de un medio ambiente sano como bien colectivo esperado. La participación social en delibera-ciones y toma de decisiones sobre asuntos públicos es muy importante, pues a través de este proceso se introducen nuevos valo-res, se redefinen los límites entre lo priva-do y lo público y se generan nuevas formas de organización social. Pero lo más im-portante es que, según lo han demostrado diversos estudios, el diálogo con actoras y actores involucrados, el conocimiento del punto de vista del “otro” y el intercambio de información, reducen los niveles de conflictividad y logran transformaciones en el ejercicio del poder. Esto es particular-mente importante si consideramos que, en general, los asuntos ambientales presentan un alto grado de conflictividad, puesto que

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las personas actoras son diferentes en tér-minos de recursos y capacidades y sus inte-reses suelen ser contradictorios. Los gobiernos necesitan de la so-ciedad y del sector privado si reconocemos que actualmente los gobiernos carecen de las capacidades políticas, legales, adminis-trativas, económicas y técnicas suficientes para llevar a cabo acciones unilaterales efectivas; por su parte, la sociedad requie-re del gobierno como mediador de intere-ses, facilitador de diálogo, coordinador de acciones y garante del bien común, estos roles son de gran importancia para alcanzar los acuerdos sobre el bien colectivo que se desea. Ostrom (2000) y Elster (2006) han demostrado que la definición de normas equitativas y de reconocimiento general, emanadas del acuerdo entre las personas actoras (conocidas comúnmente como so-luciones descentralizadas), pueden generar la cooperación necesaria para producir el bien colectivo; por tanto, la participación de personas afectadas o potencialmente afectadas, ya sea por un beneficio adquiri-do o por imposición de costos adicionales en su actividad, es indispensable para lo-grar soluciones más eficaces en términos del bien colectivo deseado. Aunque no existen recetas únicas, de la literatura se desprenden recomen-daciones más o menos constantes para mejorar la gobernanza ambiental. En un contexto de buena gobernanza, el primer paso es reconocer el problema y generar

acuerdos sobre el objetivo deseado; segun-do, entender los procesos y su importancia para las personas actoras que se benefician de éstos y socializar la información; en un tercer momento, es necesario reconocer la existencia de “el otro”, comprender su modo de proceder y negociar “nuevas” formas de hacer las cosas (introducción de innovaciones tecnológicas, conservación de recursos a cambio de pago por servicios ambientales, adopción de nuevas conduc-tas en favor del beneficio colectivo, etcé-tera). Con base en Elster (2006) es impor-tante asegurar que la solución no implique una pérdida o un costo mayor al beneficio esperado de las y los actores en el espacio colectivo. Como se verá en el siguiente apar-tado, precisamente es aquí donde surgen las dificultades y se pone a prueba la crea-tividad de las personas actoras para llegar a acuerdos-decisiones que consideren la internalización de costos ambientales o la distribución de los mismos, mediante la compensación de externalidades y apropia-ción de beneficios, todo lo cual implica una reasignación de los recursos en la sociedad. Dado que todas las decisiones de política pública generan efectos distribucionales, es comprensible el surgimiento de conflictos entre diferentes actoras y actores. Contar con información objetiva y socializarla mediante la participación, el diálogo y la de-liberación es importante para generar con-fianza e impulsar procesos colaborativos;

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de aquí la necesidad de pasar de una demo-cracia representativa a una democracia más participativa en la búsqueda de soluciones descentralizadas para obtener el bien co-lectivo esperado.

Problemas de gobernanza ambiental que afectan la gestión de gobiernos locales en México

La gestión ambiental se define como un proceso que busca aprovechar eficiente-mente los recursos naturales de un terri-torio con base en la interacción entre los sistemas económico y social, así como su impacto en el sistema biofísico. Con fre-cuencia, cuando se habla de gestión am-biental en las ciudades, inmediatamente se piensa en conservación y restauración de sistemas ecológicos así como de educación ambiental, en el mejor de los casos se aso-cia con gestión integral de residuos sólidos, contaminación del aire, provisión de agua potable y sistemas de drenaje y saneamien-to. Efectivamente, todas estas son ta-reas que los gobiernos deben atender para reducir el impacto de las actividades huma-nas; sin embargo, las ciudades se encuentran ubicadas y relacionadas con un territorio, están contenidas en un sistema biofísico del que extraen recursos y sus actividades generan impactos. Por tanto, la gestión ambiental en los municipios debería com-prender tanto las acciones de mitigación

de externalidades propias de la dinámica urbana, como aquéllas orientadas a solu-cionar problemas de degradación de los suelos y bosques asociados a las activida-des agropecuarias. Estas actividades son especialmente perniciosas cuando ocupan los recursos naturales de manera intensiva; por ejemplo, uso excesivo de fertilizantes, prácticas de ganadería extensivas, defo-restación sin control, entre otros. En este sentido, no sólo se debe pensar en cómo mitigar los efectos sino en cómo modificar los “procesos” y la “forma” en que se hacen las cosas para que dichos efectos sean menores, o en el me-jor de los casos, desaparezcan;6 para lograrlo, es necesario pensar y analizar los problemas desde una perspectiva holística.

¿Dónde estamos?

Desafortunadamente, como consecuencia de la escasez de recursos públicos en poder de los gobiernos locales, la distribución de atribuciones del marco legal y la administra-ción fragmentada de los bienes y servicios públicos y privados, la tendencia es pensar a las ciudades de manera fragmentada y aislada de su entorno natural. Un ejemplo ilustrador es la alteración del ciclo hidroló-gico que producen las ciudades al interior de las cuencas: sabemos que las ciudades extraen y consumen agua potable, algu-nas veces extraída del subsuelo y otras de cuerpos de agua superficiales (lagos y pre-sas). En México, sólo 47.5%7 de las aguas

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residuales recibe algún tipo de tratamiento y el resto es arrojado a cuerpos superficia-les sin recibir ninguno; en algunos casos, esto provoca problemas de contaminación tan altos que ponen en riesgo la salud de las personas que lo habitan. Del mismo modo, la urbanización incrementa las es-correntías superficiales en la medida que se extiende el área impermeable, como pa-vimento, estacionamientos o edificaciones, que impiden la debida filtración y disminu-ye la recarga de acuíferos; con ello, también se incrementa la cantidad de sedimentos y contaminantes transportados a cuerpos de agua superficiales y se modifica la quími-ca del agua. Ambas situaciones reducen el tiempo de vida de la infraestructura (pre-sas, carreteras, pavimento, sistemas de dre-naje, etcétera) y afectan los servicios am-bientales de los recursos naturales, lo que pone en riesgo el funcionamiento ambien-tal del ecosistema. En el Estado de México, entre 1980 y 2015, la tasa promedio de crecimiento de la población fue de 3.47%, periodo en el que ésta se duplicó pues pasó de 7.6 a 16.1 millones de personas. La tasa de mortali-dad es de 24.9%, casi tres puntos porcen-tuales mayor al promedio nacional, y la esperanza de vida es de 76 años. En 2010, 50 de los 125 municipios del Estado de México (40%) presentaban un nivel de marginación alto y muy alto. En cuanto a la cobertura de agua potable, 5.6% de la población (912 870 habitantes) carecía de

este servicio y 3.8% (624 680 habitantes) no contaba con servicio de alcantarillado. La población rural era de 1.9 millones y la población urbana alcanzaba los 13.2 millo-nes de personas. A pesar de estas cober-turas, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (cone-vaL, 2014) determinó que en esta entidad, 49.6% de la población vivía en situación de pobreza, en tanto que 7.2% en pobreza extrema, lo que representa una población de 8.26 millones de personas en situación de pobreza. Cabe señalar que el Estado de México y Veracruz son las entidades con mayor cantidad de aguas residuales (15 a 26 m3/seg.) y con menor capacidad de tratamiento. Finalmente, en relación con la gestión de residuos sólidos, la entidad mexiquense genera más de 6.61 millones de toneladas de basura, de la cual se reco-lecta sólo entre 61 y 80% en 13 rellenos sanitarios; un tercio de estos son sitios no controlados, tiraderos a cielo abierto que dan servicio a ciudades pequeñas o locali-dades rurales.

¿Por qué llegamos aquí?

En el caso mexicano, la gobernanza tradi-cional sobre los recursos naturales se ha distinguido por ser más bien jerárquica, au-toritaria, impositiva y, desafortunadamen-te, escasamente inclusiva. Si bien es cierto que el futuro deseado se encuentra implícito en el conjunto de leyes que mandatan el

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cuidado del medio ambiente y de los espacios públicos que exigen la conservación de los recursos naturales y determinan las formas de acceso a los mismos, en muchas ocasiones, dichas leyes resultan ajenas y, en ciertos momentos, irracionales para quienes habitan en las diferentes zonas del país. Probablemente, como resultado de la aparente escisión entre gobierno y sociedad así como del ejercicio jerárquico y autoritario del poder en el manejo de asuntos públi-cos, es frecuente observar que actoras/actores sociales y privados desconocen/rechazan el marco institucional que regula el aprovechamiento de recursos naturales. La multiplicidad de leyes y reglamentos que regulan las diferentes actividades incrementan la complejidad, dificultan su entendimiento, así como su cabal cumplimiento. En México, muchas de estas leyes son la respuesta gubernamental frente a ciertos problemas ambientales; sin embargo, su diseño no considera los costos asociados a su aplicación tales como monitoreo y apli-cación de sanciones. A manera de ejemplo, el siguiente cuadro, sin ser exhaustivo, presenta algunos de los instrumentos que regulan el acceso a los recursos naturales en México:

Cuadro 1. Instrumentos que regulan el acceso a los recursos naturales en México

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cPeuM) (Norma fundamental de donde emanan todas las leyes)

Leyes específicas del sector ambiental Otras leyes con impacto en las formas de acceso y apropiación de recursos naturales

Programas públicos

• Ley General de Equilibrio Ecológi-co y Protección al Ambiente

• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

• Ley de Aguas Nacionales• Ley General para la Prevención y

Gestión Integral de los Residuos Sólidos

• Ley General de Vida Silvestre

• Ley General de Asentamientos Humanos• Ley General de Desarrollo Social• Ley General de Bienes Nacionales• Ley Federal de Derechos• Ley Agraria• Ley de Desarrollo Rural Sustentable• Ley de Expropiación• Ley de Planeación• Ley de Energía• Ley de Energía para el Campo

• Subsidios que ge-neran In-centivos

• Orientan conduc-tas huma-nas

Leyes estatales en materia ambiental: • Código de la Biodiversidad del Estado de México• Ley de Biodiversidad y Fomento al Desarrollo Sostenible en el Estado de México• Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de México • Ley de Fomento para el Desarrollo Forestal Sostenible del Estado de México• Ley Orgánica Municipal del Estado de México• Reglamento Municipal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

Fuente: Cámara de Diputados, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm y Poder Legislativo del Estado de Méxi-co, http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/leyes_y_codigos.html

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La aplicación puntual de un marco insti-tucional con tales características presen-ta múltiples problemas para asegurar el cumplimiento. Existen varios estudios en la literatura que dan cuenta de cómo las escasas capacidades institucionales de los municipios derivan en una gestión públi-ca municipal deficiente, servicios públicos de mala calidad e imposibilidad de detonar procesos de desarrollo. El medio ambiente no es la excepción:

• Desfase entre la asignación de atribucio-nes a las actoras y los actores públicos, sus capacidades institucionales y los recursos asignados para cumplir con los objetivos encomendados.

• Distribución de funciones empalmadas entre ámbitos de gobierno que difuminan la responsabilidad y dificultan la rendición de cuentas.

• El alto costo de los sistemas de monitoreo y vigilancia derivan en sanciones mínimas que reducen los incentivos para el cumpli-miento de normas.

• Bajo nivel de profesionalización de fun-cionarias y funcionarios públicos munici-pales.

• Prioridad sobre temas con mayor utilidad en términos electorales.

• Escasos recursos para diseñar, implemen-tar y coordinar políticas entre ámbitos urbanos y rurales; así como políticas pú-blicas con incentivos contradictorios en-tre actividades productivas y objetivos de conservación.

• Problemas sociales y económicos que dificul-tan el cumplimiento de normas ambientales:

población en situación de pobreza, escaso nivel educativo, desempleo, escasa volun-tad de participar y cooperar, etcétera.

• Incipiente desarrollo de la sociedad civil y escasa presencia de organizaciones am-bientales que presionen a los gobiernos por resultados.

• Marcos regulatorios.

La contaminación y el deterioro ambiental son resultado de centros urbanos con alta densidad poblacional, donde un alto por-centaje de habitantes enfrenta problemas de inclusión social, baja calidad en la oferta de servicios públicos, crecimiento urbano desordenado con zonas de alta margina-ción, sin empleo o empleos informales que sólo ofrecen una sensación de precariedad y vulnerabilidad. A esta situación se suma un medio ambiente contaminado; cuerpos de agua superficiales y subterráneos, con-taminados y sobreexplotados; suelos defo-restados por cambio de suelo y degradados por el uso intensivo y extensivo de activi-dades agropecuarias.

¿Hacia dónde debemos o deberíamos querer ir?

Ante este escenario, el primer reto es adop-tar como objetivo el ds y planear el creci-miento desde los cuatro ejes mencionados, al modificar los actuales mecanismos de go-bernanza por formas más inclusivas y deli-berativas para lograr acuerdos sociales sobre el medio ambiente como un bien colectivo. El ds debe satisfacer los siguientes criterios:

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Esquema 1. Ejes para el Desarrollo Sustentable

Fuente: elaboración propia con base en Sachs, 2015.

En lo económico, la sociedad deberá ser próspera y generadora de riqueza que procure la incorporación de tecnologías y procesos que disminuyan el impacto ambiental. En lo social, la sociedad debe ser incluyente y equitativa, debe evitar acciones discriminatorias por clase social, origen, género o religión; con servicios públicos de calidad que igualen las oportunidades de las y los habitantes para el óptimo desarrollo de sus capacidades y promuevan el respeto a los derechos humanos de cada niña, niño, mujer, hombre, joven, y en general, de cada persona. La mejor manera de reducir la brecha de desigualdad en una sociedad es a través de bienes públicos de calidad: educación, salud, espacios públi-cos, transporte (Toro y Rodríguez, 2001). En esta sociedad ideal, un tercer elemento es procurar un medio ambiente funcio-nal, capaz de producir suficiente agua potable, con bosques y selvas sanas para cuidar la

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biodiversidad del país. Los servicios am-bientales que ofrecen los recursos natura-les son el sustento de la vida humana, son insustituibles. Finalmente, el cuarto eje es plan-tear una sociedad con gobiernos justos, ho-nestos, transparentes, capaces de generar condiciones para el acceso equitativo a la justicia y crear ambientes propicios para la participación social, donde el respeto a los derechos de asociación y de libre expre-sión no se vean amenazados. Esto último, en México, es un reto de gran magnitud pero no imposible. Es imperativo empezar a plantearnos los objetivos que deseamos como sociedad y comenzar a hacer los ajustes necesarios para avanzar en esa di-rección. Acordado el desarrollo de ciu-dades y localidades desde la perspectiva de sustentabilidad, es necesario entender cómo funcionan las interacciones entre las personas actoras, sus intereses y las conexiones entre los diferentes sistemas (política y gobierno, economía, sociedad y cultura y ambiente), para después, compar-tir información, sensibilizar a las personas involucradas e incorporar el conocimien-to así como las innovaciones tecnológicas para aumentar la eficiencia de los servicios públicos y la producción de bienes y, al mismo tiempo, reducir los impactos am-bientales (Sachs, 2015). El punto de parti-da para lograr lo anterior e impulsar pros-peridad es una sociedad educada, inclusiva

y organizada, además de gobiernos respon-sables, transparentes y con procesos claros de rendición de cuentas. Asimismo, las ne-gociaciones que hagamos como sociedad deben alcanzar soluciones que no generen pérdidas a las personas involucradas, sino modelos de negociación de ganar-ganar (Toro y Rodríguez, 2001); en cuyas nego-ciaciones, el ambiente debe aparecer como un actor involucrado que necesita atención para seguir generando beneficios en forma de servicios ambientales.

¿Qué problemas debemos atender para movernos hacia una gestión ambiental más efectiva?

Hemos visto que la existencia de leyes y reglamentos son una condición necesaria para organizar, desde el poder público, a gobiernos y ciudadanía; sin embargo, por sí mismas no son suficientes para lograr su cumplimiento, puesto que se requiere resolver problemas de gobernanza en los municipios; es decir, la forma en cómo se toman las decisiones, se establecen com-promisos, se comparten responsabilidades y se generan actitudes colaborativas para aplicar las soluciones más adecuadas.

1. El ds se asocia con acciones de gestión ambiental limitadas a educación ambien-tal y conservación de recursos naturales, las cuales, generalmente, carecen de rele-vancia en los planes municipales. Se pro-pone utilizar el ds como un enfoque que ayude a comprender la complejidad de las

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la recepción de apoyos diversos, es una ca-racterística recurrente en el ámbito muni-cipal. Esa debilidad se refleja en la escasa o nula vigilancia que ejercen los diferentes comités o consejos sobre las decisiones públicas concertadas de manera colectiva. La cooptación, simulación o manipulación son mecanismos que anulan el poder de la ciudadanía y la eficacia de los espacios de participación. Se propone fortalecer el diálogo con la ciudadanía en espacios for-males con capacidades vinculatorias que, al tiempo que aporten conocimiento sobre problemas particulares del territorio, con-trolen las decisiones del poder público y contrarresten la balanza del poder econó-mico de actoras y actores privados.

5. La sociedad mexicana cuenta con capi-tal social alto para eventos comunitarios pero con muy baja inversión en alianzas para atender asuntos productivos. La cre-dibilidad y reciprocidad entre sectores es particularmente baja, por lo que fomentar actitudes para impulsar la colaboración y reducir los costos de información es una tarea imprescindible. Se recomienda pro-mover una mayor cercanía de los muni-cipios con las universidades y centros de investigación, con el objetivo de resolver los conflictos mediante el uso del cono-cimiento científico para definir las causas y magnitud de los problemas, con ello se podría generar la confianza necesaria para fomentar la cooperación entre diversos ac-tores y actoras.

Entonces, ¿qué acciones podrían proponerse para impulsar un ds en gobiernos municipales?

interacciones entre los sistemas biofísico y socioeconómico, cuyos criterios se apli-quen a soluciones de problemas sociales, especialmente los relacionados con efi-ciencia productiva, inclusión social e im-pacto ambiental que podrían resolverse mediante la incorporación de nuevas tec-nologías.

2. Generalmente, no existe una visión in-tegral de los procesos que originan los problemas ambientales; en consecuencia, se instrumentan soluciones parciales con beneficios en el corto plazo. Se propone realizar análisis integral de los problemas con información objetiva y confiable, sin perder de vista a actoras y actores involu-crados así como del análisis de sus recur-sos e intereses.

3. En general, los municipios mexicanos tienen un alto nivel de dependencia de fi-nanciamiento, del mismo modo, carecen de recursos para adquirir y adaptar Tec-nologías de la Información y la Comuni-cación (tic) para hacer más eficientes sus procesos, así como para identificar e in-troducir innovaciones tecnológicas; dicha situación, normalmente, está asociada a la falta de recursos y al desconocimiento de experiencias a lo largo del territorio nacional. Se propone a los municipios fortalecer espacios de diálogo con acto-ras y actores gubernamentales, sociales y privados para ampliar las alternativas de solución e identificar a las y los actores que cuentan con recursos; eventualmen-te, podrían resultar un complemento para la introducción de nuevas tecnologías.

4. Una participación social débil y, en la ma-yoría de las ocasiones, motivada sólo para

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Como hemos visto, el desarrollo sustenta-ble no trata solamente de realizar acciones de conservación o restauración de eco-sistemas, como enfoque, el ds denota un crecimiento que va más allá del cuidado ambiental y de la disminución de impactos negativos (contaminación, gestión de resi-duos sólidos, deforestación, entre otros), puesto que pasa por la economía y las de-cisiones políticas sobre distribución del ingreso, por lo que pasa también por la ad-ministración pública y la organización polí-tica de una sociedad, precisamente porque es en estos ámbitos donde se toman las decisiones para la distribución y redistri-bución de la riqueza a través de acuerdos sociales y políticas públicas. En consecuencia, promover el ds implica poner la sustentabilidad económi-ca, social y ambiental como objetivo y en el centro de la gestión de cada gobierno local, supone no limitarlo a la mera ges-tión de recursos naturales o, en el mejor de los casos, a los temas relacionados con la mitigación de los efectos del crecimiento económico. Las acciones que proponemos para lograrlo se concentran en tres grandes estrategias:

• Producir bienes y servicios públicos de calidad.

• Incorporar nuevas tecnologías para realizar actividades humanas con mayor eficiencia.

• Fortalecer a la sociedad civil e institucio-nalizar espacios de participación social.

1. Bienes públicos para lograr una sociedad inclu-siva y una economía próspera

Generalmente pensamos en bienes públi-cos como un cuerpo de agua que produce pesquerías, como el agua de un río del cual se abastecen una o varias comunidades, en la luz eléctrica que alumbra una calle, en un bosque que produce oxígeno y captu-ra carbono, etcétera. Pero si revisamos la definición de bien público veremos que este concepto también aplica al Estado y las instituciones que promueven el bienes-tar de la población, por ejemplo, las leyes que se dictan para una mejor convivencia, la educación, la salud, el transporte, un am-biente propicio a la participación y libertad de pensamiento; el acceso a dichos bienes no debe ser condicionado por nivel so-cioeconómico, origen o religión en virtud de que su creación obedece claramente a un esfuerzo social para resolver un proble-ma público. Toro y Rodríguez (2001) señalan que la mejor forma de disminuir la pobreza y crear sociedades equitativas y cohesiona-das, en términos sociales, es a través de una oferta de bienes públicos de calidad capaces de disminuir la diferencia de oportunidades entre miembros de una sociedad y resol-ver las contradicciones al interior de ésta. Los gobiernos tienen el reto de promover el crecimiento económico8 y asegurar que existan oportunidades de desarrollo social para toda su sociedad, pues una que crea y

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debilitar la cohesión social. Aun cuan-do existe un esfuerzo por homologar los contenidos educativos, el bajo nivel de la educación en las escuelas de oferta estatal, sólo contribuye con la acentuación de dife-rencias sociales y reducción de la esperan-za de movilidad social; con este arreglo, al descuidar la calidad de la educación como el bien público por excelencia en cualquier sociedad, se privatiza y queda disponible sólo para un sector con capacidad de pago. Entonces, además de profundizar la bre-cha de diferenciación social y debilitar la cohesión social, se reduce la intensidad de las voces que exigen cuentas al sistema de enseñanza pública. Aunque la educación no es una atribución del gobierno local, podríamos empezar por cuestionar hasta qué punto la federación y el gobierno estatal cum-plen con estas obligaciones, qué es lo que pueden hacer bien y en qué medida el gobierno municipal, como representante de la población (principal afectada por la calidad de la educación), tendría que orga-nizarse y fortalecer la voz de la sociedad para exigir resultados efectivos al sistema educativo e impulsar acciones complemen-tarias que contribuyan a la formación de la futura ciudadanía. No es gratuito que en varios países la educación esté a cargo del gobierno local si, finalmente la falta de una educación de calidad tiene un impacto directo en este espacio, tanto en la esfera económica como en la social.

acepta fenómenos de exclusión social, se vuelve indiferente a las desigualdades so-ciales, contribuye al debilitamiento de la cohesión entre sus miembros y crea con-diciones para el surgimiento de conflictos. Sin educación pública de calidad, ni prosperidad, ni conciencia ambiental. En diver-sos países europeos, 90% de la población escolar de nivel primaria es atendida en el sistema de enseñanza pública; su objetivo es ofrecer una educación básica sólida que comprende conocimientos de expresión oral, lectura, escritura y matemáticas a toda la población en edad escolar independiente-mente de su nivel socioeconómico. En estos sis-temas, niñas y niños de altos y bajos recur-sos, de un mismo barrio o colonia, asisten a la misma escuela, cultivan las mismas ca-pacidades para el futuro y comparten los mismos valores; a su vez, en una edad don-de las diferencias económicas son menos percibidas, niñas y niños tienen las mismas amistades y crean lazos entre sí. En estos sistemas de educación pública la escuela funciona como un mecanismo de inclusión que enriquece la cohesión social entre sus miembros. Por el contrario, en México, como en muchos países latinoamericanos, el siste-ma educativo se divide en público (estatal) y privado, este último con un mayor nivel de calidad, privatiza la educación para el alumnado con mayores posibilidades eco-nómicas, en tanto que en el ámbito social, desde edades tempranas se comienza por

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Otro ejemplo de acción que podría contribuir a la inclusión social es la creación de espacios públicos. En términos genera-les, podríamos señalar que las sociedades inclusivas se preocupan por generar espa-cios públicos de calidad, donde personas de cualquier estrato socioeconómico pueden acceder y realizar actividades recreativas, además de aprender, compartir y ejercer valores sociales, tales como el respeto y la tolerancia. De acuerdo con sociólogos/as y urbanistas, los espacios públicos son lu-gares apropiados para la construcción de ciudadanía y encuentro social; como ejem-plos de espacios públicos podemos men-cionar plazas, museos, bibliotecas, grandes jardines; lugares donde se puede convivir, aprender y disfrutar, donde el entorno no sea agresivo, excluyente e inseguro. En México, las plazas comerciales se han convertido en los “espacios públi-cos” más concurridos por las personas en busca de entretenimiento; sin embargo, estos espacios (que en realidad son priva-dos) resultan excluyentes para un sector de la población, en tanto su acceso y disfrute suponen un nivel socioeconómico deter-minado. Existen diversos argumentos en pro y en contra de los centros comerciales; entre sus aciertos podemos mencionar la comodidad, entretenimiento, consumo, y, principalmente, la sensación de seguridad que no se tiene en las calles; de cualquier modo, la sustitución de las plazas públicas por centros comerciales anula funciones

necesarias para la construcción de ciudada-nía, tales como ser punto de encuentro de todos los sectores de la sociedad, espacio para manifestaciones políticas y cultura-les así como la formación del sentido de pertenencia y responsabilidad en el proce-so de apropiación del espacio. En suma, los centros comerciales son espacios que fomentan la desigualdad, invisibilizan a quienes no tienen capacidad de consumo y promueven un criterio relacional a partir del intercambio entre dinero y mercancía.

2. Incorporación de nuevas tecnologías para reali-zar actividades humanas con mayor eficiencia

A partir de los estudios de Keynes se con-cluyó que el punto de inflexión que dio vuelta a la organización social y económi-ca de la sociedad, y que de alguna manera, cambió el paradigma entre los diferentes modos de producción, fue la tecnología. Los principales cambios en los modos de producción y organización social que se observan a lo largo de la historia están rela-cionados con las principales innovaciones tecnológicas. Cada innovación tecnológica como la máquina de vapor, la locomoto-ra, las computadoras, etcétera, modificó el acceso a los recursos naturales y transfor-mó la relación entre la estructura social y el entorno natural (Sachs 2015). En este momento de la historia de la humanidad es imperioso echar mano del desarrollo de la ciencia y la tecnología para

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para reorganizar los procesos de tal mane-ra que las soluciones activen modelos de ganar-ganar. El problema de un sistema de transporte inseguro e ineficiente ha exis-tido por décadas; la implementación de diversas soluciones se obstaculizó más de una vez por concesionarios/as, organiza-ciones de choferes, personas que se de-dican a la política e intermediarios/as, el tiempo pasó y las condiciones para las per-sonas usuarias permanecieron sin cambio; sin embargo, frente al movimiento inter-nacional contra los efectos del cambio cli-mático, se modificaron las preferencias de actoras y actores involucrados, y fue posi-ble (que no fácil), encontrar una conver-gencia de intereses económicos y políticos que permitió la adopción de nuevas tecno-logías para disminuir el impacto ambiental del transporte masivo, y de manera para-lela, mejoró la calidad de vida de usuarias y usuarios al reducir el tipo de recorrido y mejorar la comodidad del transporte. En este ejemplo, la contaminación ambiental, en el contexto de una preocu-pación internacional, resultó contar con mejores empresarias y empresarios con habilidades políticas en la intermediación ante los gobiernos que la propia ciudada-nía y sus representantes políticos. Indepen-dientemente de lo anterior, lo importante es que se logró una solución con benefi-cios para todas las personas: la sociedad cuenta con un servicio digno, eficiente y no

encontrar soluciones que permitan redu-cir los impactos provocados por el siste-ma de producción mundial sobre el medio ambiente, así como aprovechar eficiente y eficazmente los recursos naturales. Un ejemplo de lo anterior es la introducción de los nuevos sistemas de transporte co-nocidos como brt (por sus siglas en inglés Bus Rapid Transit) en varias ciudades de Latinoamérica. En México, el sistema de transporte brt (Metrobus, Mexibus, entre otros) ha incorporado innovaciones tecno-lógicas para reducir los niveles de emisión de gei y mejorar de manera radical la efica-cia en términos de movilidad; actualmente se transporta a una mayor cantidad de per-sonas a un menor costo y con una reduc-ción importante de gei hacia la atmosfera. Este tipo de fórmulas son las que debemos buscar como sociedad y los gobiernos lo-cales tienen un importante rol en este nue-vo escenario. Sin embargo, hay que reconocer que la introducción de estas innovaciones no siempre es sencilla, recordemos que el desarrollo de nuevas tecnologías suele germinar dentro de grupos de interés en franca competencia, y con frecuencia, la adopción de nuevas tecnologías detona jue-gos de poder que favorecen a un grupo o a otro. El cambio tecnológico en sí mismo requiere de la creación de canales de diálo-go entre el sector empresarial, sociedad y gobierno para encontrar las mejores fór-mulas y alternativas tecnológicas así como

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contaminante; el gobierno soluciona el problema de movilidad con un modelo de negocio de menor costo y operativamen-te menos conflictivo; quienes obtienen la concesión se convierten en empleados(as) formales; y finalmente, los grandes grupos empresariales proveen un transporte inno-vador resultado de actividades de inves-tigación y desarrollo financiadas en gran parte, por el sector privado.

3. Fortalecer a la sociedad civil e institucionalizar espacios de participación social

En la teoría, en una democracia, la partici-pación de la sociedad se realiza a través del voto, esta acción expresa las preferencias de la ciudadanía sobre qué hacer y cómo, lo cual, a su vez, está sujeto a la ideolo-gía del partido político que postula a la candidata o candidato y que, formalmen-te, podemos consultar en las plataformas electorales de cada partido. De este modo, se supone que a quien se elija encabeza-rá el gobierno y atenderá los asuntos pú-blicos con base en ciertos principios, con un presupuesto dado y sujeto a un marco legal. Pasado cierto tiempo (3-6 años), la ciudadanía deberá elegir nuevamente una o un gobernante de entre los mismos parti-dos políticos donde tendrá la oportunidad de evaluar el desempeño de la o del go-bernante anterior y la plataforma electoral de los partidos contendientes; es decir, la aprobación o castigo de la ciudadanía recae

en el partido y no en la o el gobernante saliente. Entonces, ¿cuál es el interés de quien gobierna para rendir cuentas a la ciu-dadanía y mostrar un ejercicio transparente y eficiente de los recursos públicos?, ¿con quién debe quedar bien, con el partido o con la ciudadanía? Este modelo resolvió muchos pro-blemas en algún momento, pero la com-plejidad social que ha alcanzado nuestra sociedad empieza a escaparse de la capa-cidad de gobiernos e instituciones para modificarla. Los gobiernos enfrentan pro-blemas complicados, retos sin los recursos legales, financieros y técnicos suficientes para resolverlos de manera unilateral; con más frecuencia los gobiernos requieren establecer alianzas con actoras y actores del sector privado para responder a las de-mandas de bienes y servicios; por lo tanto, es necesario reconocer que los gobiernos ya no pueden gobernar de manera aislada y de espalda a la ciudadanía. Por su par-te, dicho modelo no genera los incentivos suficientes para que los gobiernos rindan cuentas a la ciudadanía, ya que los contro-les son débiles y carecen de “dientes”, por eso es apremiante contar con capacidades ciudadanas para fiscalizar a los gobiernos a través de mecanismos como monitoreo, control social, vigilancia en el cumplimien-to de planes y programas, denuncias, entre otros. En el modelo de gobernanza am-biental la participación ciudadana es un

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desandar el mal sabor de boca de meca-nismos tales como el clientelismo, manipu-lación, simulación, etcétera y que forman parte del aprendizaje social. La gente pue-de no tener confianza después de tantos engaños, pero los gobiernos locales tienen el reto de recuperar la confianza de la ciu-dadanía mediante la transparencia y la ren-dición de cuentas honesta. La necesidad de la participación es particularmente visible en asuntos ambien-tales, donde la democracia representativa no alcanza a discutir las particularidades de un territorio y sus recursos naturales; en este sentido, los procesos participati-vos ayudan a democratizar la democracia y la complementan a través de prácticas de democracia deliberativa. Las personas no deben ser vistas sólo como votantes, sino como una ciudadanía que puede aportar información para mejorar la comprensión de los problemas, pues tienen experiencia en su territorio, tiene interés directo en proyectos para su bienestar, y por lo tanto, tienen mayor disposición para cooperar y coordinarse entre sí. Los procesos deliberativos arro-jan información y recuperan inteligencia colectiva, ambos elementos son indispen-sables para la resolución de conflictos am-bientales. No se trata de negar la política, sino de hacer política de manera diferen-te para evitar llegar al uso de la violencia; y la creatividad para encontrar diseños de solución en el que todas las personas

elemento clave que implica un cambio en la forma de tomar decisiones y reconocer la necesidad de las capacidades y recursos del “otro”. Incorporar la participación en la toma de decisiones implica varias posi-bilidades: obtener información de la po-blación afectada y mejorar el diseño de políticas públicas, consultar para generar nuevas ideas, incorporar trabajo voluntario en acciones de beneficio colectivo, descen-tralizar decisiones a consejos ciudadanos bajo criterios específicos, monitorear eje-cución de obras y asignación de recursos, entre otras; evidentemente, el grado de in-volucramiento de la ciudadanía variará de acuerdo con el problema en cuestión. La gobernanza ambiental supo-ne amplios espacios en los que la ciuda-danía, actoras y actores clave puedan: 1) recibir información, 2) dialogar, deliberar y escuchar, 3) crear acuerdos y generar compromisos. La repetición constante de estos ejercicios es necesaria pues las per-sonas actoras “aprenden” a participar con la práctica y, paulatinamente, estos proce-sos incrementan el empoderamiento de la ciudadanía en la discusión de asuntos pú-blicos. La gobernanza ambiental camina mejor donde funcionan las instituciones y la sociedad civil está organizada y conso-lidada, los países desarrollados nos llevan años luz en esta materia y, probablemente, no resulte fácil empezar a incorporar a la sociedad en los asuntos públicos, pues no sólo se trata de aprender a participar sino

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involucradas ganen, sólo puede lograrse mediante el diálogo. Como herencia de nuestro sistema político autoritario, aún existen dirigentes políticos que aprueban los procesos parti-cipativos sólo en el discurso, pues en reali-dad los perciben como una amenaza bajo el argumento de que estos procesos atra-san las decisiones, son experiencias caras, muchas opiniones coincidentes no siempre tienen la razón, etcétera, y terminan por si-mular y obstruir los mecanismos de parti-cipación en cuanto pueden; sin embargo, existen ejemplos positivos sobre cómo el acercamiento entre gobierno, sector pri-vado y social, logra generar actitudes de colaboración y cooperación indispensables para encontrar soluciones descentralizadas en la autogestión. Finalmente, la participación so-cial de actoras y actores tanto individuales como colectivos (Organizaciones No Gu-bernamentales ambientales y sociales) en la búsqueda de soluciones sobre los proble-mas ambientales es indispensable pues son quienes, generalmente, hablan en nombre del medio ambiente ante los intereses del poder económico y el poder político. Esta es una razón de peso para propiciar con-diciones que permitan la organización de la sociedad, un ejemplo claro lo ofrecen los casos en donde el acercamiento entre gobiernos y universidades provee informa-ción objetiva sobre los problemas ambien-tales, se valora la incorporación de nuevas

tecnologías en la oferta de servicios pú-blicos, se genera confianza entre personas actoras y se evita la politización de proble-mas ambientales.

Recomendaciones para el éxito de una gestión ambiental

En virtud de que el medio ambiente es un bien colectivo que proporciona beneficios de manera irrestricta a todas las personas que integran una sociedad, es menester que los gobiernos locales organicen las actividades socioeconómicas y el creci-miento sustentable de sus ciudades. Defi-nitivamente, los gobiernos locales tienen una gran responsabilidad en este sentido y su papel es insustituible, pues los cambios en el ámbito global que requiere el planeta sólo pueden conseguirse desde lo local. Los gobiernos locales son la ins-tancia de gobierno más cercana a la po-blación: los centros de población bajo su administración generan presión sobre los recursos naturales (agua residual, residuos sólidos, emisiones gei, aprovechamiento de uso de suelo, etcétera) y tienen atribu-ciones sobre diseño y formulación de po-líticas de suelo para realizar una gestión territorial, debido a su responsabilidad so-bre la elaboración de planes de desarrollo municipal económico y urbano, así como la creación de reservas territoriales. A pe-sar de sus carencias presupuestales, este ámbito de gobierno tiene mayor capacidad

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intergubernamental, marco legal, mecanis-mos de participación social, profesionali-zación de la gestión, uso de información objetiva para toma de decisiones.

Los retos planteados no son una tarea sen-cilla si se considera que la reforma de mar-cos institucionales y procesos de trabajo, implica resolver el conflicto de intereses entre múltiples actoras/actores políticos y económicos que, evidentemente, defende-rán la permanencia del status quo que los beneficia.

Notas

1 Consultar los Informes de evaluación emitidos por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (iPcc). El iPcc es un cuerpo científico e interdisciplinario establecido en 1988 por iniciativa del Pro-grama de las Naciones Unidas para el Me-dio Ambiente (PnuMa) de la Organización de las Naciones Unidas (onu) y la Organi-zación Mundial Meteorológica, para revisar el estado del conocimiento científico en torno al fenómeno del cambio climático y la valoración ambiental y socioeconómica de su impacto sobre la sociedad. Esta or-ganización representa el principal esfuerzo de la comunidad internacional para analizar información y proporcionar evidencia ob-jetiva sobre los efectos del cambio climá-tico que diera certidumbre al conjunto de las naciones para emprender esfuerzos co-lectivos.

para identificar y dialogar con las personas actoras en conflicto y para mediar entre ellas en busca de soluciones descentraliza-das con el objetivo de una mejor gestión ambiental; incluso, diversos estudios han demostrado que, cuando se lo proponen, son los facilitadores más exitosos porque tienen un mejor conocimiento del terri-torio y de la naturaleza de los problemas, además de su interacción cotidiana con personas actoras involucradas. No hay recetas escritas, pero es posible mencionar tres retos principales para una buena gestión ambiental:

1. Colocar en el centro al desarrollo sustentable como enfoque y utilizar sus criterios para definir acciones y medios técnico-factua-les para solucionar problemas ambientales a través de las tres aristas de la sustentabi-lidad en el largo plazo. El medio ambiente debe entenderse como un bien de valor social prioritario para quienes gobiernan y las personas gobernadas y, en consecuen-cia, las acciones no deben ser sólo correc-tivas, sino preventivas.

2. Mejorar la gobernanza, la forma de tomar decisiones y crear soluciones descentrali-zadas y mecanismos de control social que den certidumbre a las personas actoras en el largo plazo. Mejorar los mecanismos de participación social para involucrar a la ciudadanía es imperativo.

3. Aplicar soluciones creativas para lidiar con los problemas técnico-legales-organizativos del municipio en México con el objetivo de mejorar la gobernanza: coordinación

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2 Para mayor información sobre este deba-te y el proceso histórico de la organización internacional en torno al cambio climático, ver http://www.un.org/climatechange/towards-a-climate-agreement/

3 El término Antrophocene fue acuñado por Paul Crutzen y Eugene F. Stoermer, quie-nes a través de un artículo señalaron que la humanidad había conducido al mundo dentro de una nueva era geológica. Este tér-mino fue retomado por Sachs (2015) para analizar las consecuencias del crecimien-to poblacional y desarrollo económico.

4 En 1983 se creó la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo por la onu. Entre sus tareas estuvo la de inte-grar un informe de la situación que preva-lecía entre la tendencia global de desarrollo y el medio ambiente. El escenario aquí co-mentado fue captado por el informe pre-sentado por la Comisión sobre Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas en 1987 titulado “Nuestro Futuro Común”. Conocido como Informe Brundtland — en reconocimiento a Gro Harlem Brundt-land, ex primer ministra de Noruega —, se presentó posteriormente en 1992 en la Conferencia Mundial de las Naciones Uni-das sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizada en Río de Janeiro, Brasil.

5 Nombre abreviado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo

Sostenible, que tuvo lugar en Río de Janei-ro, Brasil (del 20 al 22 de junio de 2012), 20 años después de la histórica Cumbre de la Tierra en Río en 1992. Río+20 fue también una oportunidad para mirar hacia el mundo que queremos tener en 20 años (http://www.un.org/es/sustainablefutu-re/about.shtml).

6 Un ejemplo ilustrativo sobre soluciones que alcanzan impacto cero a través de la tecnología puede consultarse en el libro Lecciones aprendidas del manejo de cuencas, de Helena Cotler y Georgina Caire (2009), en el capítulo dedicado a la experiencia de manejo en la Cuenca Ayuquila-Armería.

7 De acuerdo con María Eugenia de la Peña et al. (2013) esto representa un caudal trata-do de aproximadamente 99.8 m3/seg.

8 Una economía próspera es un poderoso incentivo para la paz y la estabilidad. Penh (2010) ha analizado detenidamente el efec-to que tiene la reducción de la pobreza como estrategia para mitigar los entornos conflictivos y de inestabilidad política.

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georgina Leticia caire Martínez. Es Doctora en Ciencias Sociales con mención

en Ciencia Política por la Facultad Lati-noamericana de Ciencias Sociales (fLacso-México) y Maestra en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investi-gación y Docencia Económicas (cide). Ac-tualmente es Directora de Evaluación Aca-démica en el cide y Titular del Seminario “Redes de Políticas Públicas, Ciudadanía y Gobiernos Locales” en el programa de Maestría en Estudios Regionales del Insti-tuto Mora. Candidata al Sistema Nacional de Investigadores. Líneas de investigación: Gobernanza y participación ciudadana; Desarrollo Sustentable; Gestión integral de cuencas, políticas ambientales y parti-cipación social; Instrumentos y políticas públicas para la gestión del territorio. Tie-ne diversas publicaciones en revistas cien-tíficas y es congresista nacional e interna-cional sobre temas de Gobernanza para el Desarrollo Rural Sustentable en el campo mexicano y política ambiental en México.

El trabajo forma parte de la ponencia dic-tada el 18 de junio de 2015, en el marco del ciclo de conferencias que organiza la Contraloría del Poder Legislativo del Esta-do de México.

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Muna Dora Buchahin AbulhosnAuditoría forense

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Auditoría forenseMuna Dora Buchahin Abulhosn

Dirección General de Auditoría Forense, Auditoría Superior de la Federación

No juzgue nada por su aspecto sino por la evidencia. No hay mejor reglaCharles Dickens

Introducción

El objetivo de este artículo es compar-tir el trabajo que se realiza en la Dirección General de Auditoría Forense de la Audi-toría Superior de la Federación (asf), y a su vez explicar en qué consiste la auditoría forense y cómo funciona. La asf es una entidad de fiscaliza-ción superior de la federación con auto-nomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, cuyo objetivo es fis-calizar la Cuenta Pública mediante audito-rías que se efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, in-cluyendo a los particulares. Conforme a su mandato legal, el propósito es verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas gubernamen-tales, el adecuado desempeño de las entida-des fiscalizadas y el correcto manejo tanto del ingreso como del gasto público.

¿Por qué nació el Área de Auditoría Forense?

Porque el mundo cambió, los procesos de defraudación y las personas tramposas son cada vez más, la corrupción parece ganarle a valores como la justicia y otros aspectos institucionales, ante esto se tienen que mo-dificar las formas de hacer auditorías. Ac-tualmente, los procesos de globalización han traído para las organizaciones y gobier-nos un aumento en la complejidad de las finanzas en el ámbito mundial, provocan-do un enfoque diverso en la función de au-ditoría, es decir, evolucionar e implementar procesos, ser multidisciplinaria, dejar atrás la auditoría en su sentido tradicional, apo-yándose con la ciencia y técnica forense. La vertiginosidad de las acciones a través de Internet y del desarrollo tecnoló-gico permite que personas con alta técnica para defraudar vayan un paso más adelante que las autoridades; y aunque ello no pue-de evitarse, se deben establecer blindajes para que no ocurra y construir paredes para prevenir y disuadir tales conductas. También porque que existen des-víos de recursos por grandes cantidades de dinero en todos los sectores de México, ám-bitos de gobierno, poderes públicos y de-pendencias; bajo esta permisividad que se han otorgado funcionarias y funcionarios

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que deberían servir con base en los prin-cipios constitucionales, se tienen que esta-blecer prácticas para disuadirla.

¿Cómo pensar la auditoría forense?

Delitos no violentos

En la administración pública nadie comete un fraude, desvía recursos o se roba activos con pistola en mano. Este tipo de delitos se conocen como no violentos y:

• Se caracterizan a través de fraude, encubri-miento o distorsión de la verdad.

• No dependen de la aplicación o amenaza de la fuerza física o violencia.

• Hay uso y apropiación indebida de infor-mación.

• Se realizan bajo el amparo de la corrup-ción.

Es notable el aumento de la corrupción en México, especialmente porque los me-canismos de justicia no operan como de-bieran. Ante este panorama es importante preguntarnos: ¿qué hacer ante esta situa-ción?

Fraudes y actos corruptos. Prevención, detección y disuasión

La Asociación de Examinadores de Frau-de Certificados (acfe) realizó un análisis de 1483 casos de fraude ocupacional co-metidos en más de 100 países y clasificaron

al fraude en tres categorías como se ob-serva en la figura 1: apropiación indebida de activos, el cual es el más recurrente con 85.4% de casos, corrupción con 36.8% y fraude en estados financieros con 9% de casos para 2014.

Figura 1. Fraudes ocupacionales por categoría – frecuencia

Fuente: Unidos contra el Fraude acfe – Capítulo México, 2014: 12.

Los delitos de cuello blanco han mostra-do un aumento significativo en las últimas décadas, Edwin H. Sutherland, sociólogo norteamericano, acuñó el término delito de cuello blanco el 27 de diciembre de 1939 en la reunión anual de la American Sociology Society. “Proclamó que los delitos econó-micos cometidos por personas que ocu-paban posiciones de poder en los mundos de la empresa, la política y las profesiones demostraban que las interpretaciones de la

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conducta delictiva centradas en cuestiones como la pobreza, los hogares rotos y los des-órdenes psiquiátricos no eran satisfactorias, puesto que tales circunstancias estaban lejos de ser características de los delincuentes de cuello blanco, situados en los estratos más altos del sistema social” (Geis, s/f: 3); personas de la alta dirección de empresas que re-sultaban ser las mayores defraudadoras del mundo. El Reporte a las Naciones sobre el Abuso y el Fraude Ocupacional (acfe – Ca-pítulo México, 2014) revela que el crecimiento de fraudes mantiene índices similares en todas las regiones del mundo, explica cómo operan las personas defraudadoras; cuáles son sus perfiles; cuáles son las banderas rojas en el comportamiento de acuerdo con el género, posición, edades promedio, entre otros. Si una organización, trátese de pública o privada, aplica las mejores prácticas globales, estará mejor preparada para prevenir, detectar y reducir la comisión de fraudes y actos corruptos. En la medida que conozcamos cómo operan las personas perpetrado-ras de fraude y cómo suceden los hechos, podremos ver a la gente de manera distinta y podremos cambiar el modo sobre cómo percibimos las cosas.

Figura 2. Distribución de pérdidas en dólares por fraude


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Como se observa en la figura 2 “una métri-ca que puede ser eficazmente medida y uti-lizada para analizar el costo del fraude es la cantidad de daño financiero causado en los casos individuales conocidos. De los 1483 casos reportados en nuestro estudio, 1445 incluyeron información sobre la cantidad total de recursos monetarios perdidos por fraude. Para éstos, la pérdida mediana fue de usd 145 000. Además, en nuestros tres últimos estudios, las pérdidas reflejadas en los casos analizados han seguido un patrón relativamente distinto, ya que poco más de la mitad causaron pérdidas de menos de usd 200 000, y más de una quinta par-te implicaron pérdidas de al menos usd 1 millón” (Unidos contra el Fraude acfe – Capítulo México, 2014: 9). Se estima que una organización típica pierde 5% de sus ingresos anuales ante el fraude. Esta cifra se traduce en una pérdida potencial proyectada superior a los 3.5 billones (millones de millones) de dó-lares. En México, ¿cuánto dinero se pierde por fraude? No existe una cuantificación real, en principio porque no existe una es-tadística al respecto y también porque no se denuncia. ¿Por qué no nos preocupa-mos por denunciar? Porque somos cóm-plices, de alguna manera, de la corrupción: las personas que nos prestamos a ella y las que la permitimos. La omisión también es corrupción y forma parte de la cultura, que en la administración pública mexicana se tendrá que trabajar para que las personas

no se callen cuando observan actos co-rruptos.

Realidades:

• El monto del fraude es directamente pro-porcional al nivel de quien lo comete.

• De las personas que cometieron fraude por primera vez, solo 12% lo habían co-metido previamente.

• La detección del fraude no significa que la organización recupera lo perdido.

• La recuperación promedio es 20% de la pérdida. El 40% de las organizaciones de-fraudadas no logra recuperación alguna.

¿Quién puede cometer un fraude y por qué?

El término “honradón” alude a una perso-na que se dice íntegra, pero que realmente no lo es. Sentirse “honradón” es uno de los mejores adjetivos para calificar a servi-doras y servidores públicos que cometen fraudes. ¿Quién puede cometer un fraude? Cualquiera. Hay dos extremos en las po-blaciones, por un lado se encuentran las personas muy honradas que nunca intenta-rán ni cometerán ningún tipo de delito; en el otro extremo están las personas ladronas que tienen la proclividad hacia el robo. El 80% de las personas está en medio y repre-senta la población que en algún momento podría cometer un delito. De acuerdo con Donald Cressey (1961) en cualquier fraude existen diver-sos factores de riesgo, entre los que se

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encuentran: eventos o condiciones que indiquen incentivos y/o presiones para cometer fraude, actitudes para justificar conducta fraudulenta, presiones económi-cas, otras. El criminólogo estadounidense desarrolló un modelo conocido como el triángulo del fraude que explica las razo-nes por las que se comete fraude. Como lo muestra el esquema 1, se integra por tres elementos:

Esquema 1. Triangulo del fraude

Fuente: Cressey, 1961.

Según la hipótesis de Cressey “las personas de confianza se convierten en violadores de confianza cuando se conciben a sí mis-mos teniendo un problema financiero que no es compartible, son conscientes de que este problema puede ser resuelto en secre-to violando la posición de confianza finan-ciera que tienen, y son capaces de aplicar a su propia conducta en esa situación, ver-balizaciones que les permitan ajustar sus concepciones de sí mismos como perso-nas de confianza, con sus concepciones de sí mismos como usuarios de los fondos o propiedades encomendadas” (1973: 30).

Cualquier persona que comete un fraude, un desvío o cualquier conducta ti-pificada como hecho ilícito encuadra en el triángulo del fraude. La motivación son los incentivos y presiones que estimulan a la persona a un comportamiento ilícito; por ejemplo, existen casos donde las per-sonas anhelan una mejor vida, coches de lujo, viajes, entre otros, y como no se los pueden otorgar a menos que roben dinero, encuentran una motivación interna para poder decir: “Sí quiero hacerlo”. La opor-tunidad tiene que ver con los controles, si a una persona se le asigna un puesto y se le brinda la confianza, pero no hay vigilancia ni supervisión, es probable que en algún momento piense que tiene el espacio para cometer un delito y encontrará también la razón que justifique hacerlo a través de expresiones como: “he trabajado mucho y me lo merezco”. Por tal motivo es impor-tante fortalecer y robustecer los controles internos. La racionalización es la capaci-dad de las personas de “racionalizar un acto fraudulento en total congruencia con su código de ética personal o que poseen una actitud, carácter o conjunto de valores que les permiten, consciente e intencional-mente, cometer un acto deshonesto” (Ló-pez y Sánchez, 2011: 43). La segunda fuga de Joaquín Guz-mán Loera1 del Penal Federal del Altiplano l, en el Estado de México, México, el 14 de julio de 2015, es un ejemplo de cómo se maquina un delito en términos del modelo

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de Cressey. Motivación: el reto social y el reto a la autoridad; racionalización: su in-teligencia para orquestar la fuga; oportuni-dad: es evidente que tuvo las condiciones a su favor para fugarse, pues no se aplicaron los controles internos necesarios para im-pedirlo.

¿Qué es el fraude?

Es importante entender la definición de fraude e identificar los elementos que lo conforman. Del latín fraus, fraudis, fraude se entiende como: 1. m. Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete. 2. m. Acto tendente a eludir una disposición le-gal en perjuicio del Estado o de terceros. 3. m. Der. Delito que comete el encargado de vigilar la ejecución de contratos públicos, o de algunos privados, confabulándose con la representación de los intereses opuestos (drae, 2016). El fraude es cualquier omisión o acto intencional diseñado para engañar a otras personas, que produce una pérdida para la víctima y/o una ganancia para la o el perpetrador. De acuerdo con el Baró-metro de las Américas2 2014, México es el cuarto país de América Latina en donde es más común el pago de sobornos, tan sólo por debajo de Haití, Bolivia y Paraguay. El artículo 386 del Código Penal Federal (cPf) señala que: “Comete el de-lito de fraude el que engañando a uno o

aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido” (dof, 18/05/1999). El artículo 223 del cPf señala que comete el delito de peculado:

I. Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organis-mo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibi-do en administración, en depósito o por otra causa.II. El servidor público que indebidamen-te utilice fondos públicos u otorgue algu-no de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y faculta-des con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona.III. Cualquier persona que solicite o acep-te realizar las promociones o denigracio-nes a que se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades, yIV. Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público federal y es-tando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos federales, los distraiga de su ob-jeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a la que se les des-tinó (dof, 18/05/1999).

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Si bien es importante tener presente la diferencia entre fraude y peculado, lo cierto es que en ambos el dinero se desvía para fines ajenos a los que se tenían previstos y se afecta la calidad de vida de la población, principalmente de aquella que se encuentre en situación de pobreza, porque se dejaron de construir escuelas, centros de salud, infraestructura. El uso indebido del puesto para el enriquecimiento propio debería ser severamente castiga-do, pero esta situación, en México, actualmente no ocurre.

Fraude ocupacional

Es el uso de la propia ocupación para el enriquecimiento personal a través de la utiliza-ción o aplicación indebida de los recursos o bienes de la organización empleadora. Se agrupa en tres grandes rubros:

1. Corrupción: soborno, tráfico de influencias, pago de comisiones ilegales, facturas infladas, sobreprecios, deshonestidad, entre otros.

2. Malversación de activos: la malversación de bienes es el más común de todos los fraudes ocupacionales: ingreso de efectivo, robo y/o desvío de activos o inventarios, falsificación de documentos, entro otros.

3. Declaraciones fraudulentas: falsificación deliberada de la situación financiera de una orga-nización lograda a través de incorrecciones u omisiones intencionales de cifras o de infor-mación contenidas en los estados financieros, con el propósito de engañar a las personas usuarias de tales estados.

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Figura 3. Conjunción de esquemas de fraude


México es percibido como el país más corrupto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde). Lo mismo sucede con los países pertenecientes al Grupo de los 20 (G20): la percepción de la ciudadanía acerca de la frecuencia de corrup-ción en México es significativamente peor que la mayoría de los países pertenecientes al G20. ¿Qué se dejó de hacer para caer en esta percepción?

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¿Cómo se descubre un fraude?

Figura 4. Frecuencia y pérdida mediana según la duración del fraude


Como se observa en la figura 4, un fraude tarda en descubrirse, de acuerdo con la media aritmética, 18 meses a partir de que se exterioriza, puesto que no se hace evidente cuando se crea el iter criminis — camino del delito —; es decir, desde que nace y crece la idea para cometer un fraude; por tal motivo, el retraso para detectar un fraude es muy amplio. Para descubrir un fraude se cuenta con diversos instrumentos como las auditorías internas que dan muestra de hallazgos de un hecho inusual. A partir de denuncias, donde cabe preguntarse ¿cuántos gobiernos municipales y estatales cuentan con una línea ética de denuncia que les permita conocer casos de fraude? Esta cuestión es importante por-que si no se tienen los instrumentos adecuados que incentiven la denuncia habrá pocos reportes de fraudes. Las quejas pueden realizarse a través de medios periodísticos, escritas o por correo. Mediante especial atención y cuidado en áreas de opacidad o de riesgo como obra pública, adquisiciones, fideicomisos, contrataciones. La auditoría externa, que realizan despachos independientes, es otro medio importante, aunque resulta difícil de-terminar, a partir del dictamen de estados financieros, una irregularidad e inmediatamente

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revelarla. La auditoría a la evaluación del desempeño con enfoque basado en resultado también es un instrumento de detección; por ejemplo, no basta ejercer el presupuesto y confirmar que los comprobantes del gasto cumplan con los requisitos fiscales correspondientes, es preciso verificar si era necesario el gasto o por qué se decidió comprar una camioneta para la presidenta o presidente municipal y no medicamento para el hospital, porque las autoridades no sólo tienen una responsabilidad política-administrativa, sino también ética para que la población tenga los mejores servicios, se atiendan sus demandas y necesida-des. La auditoría de obra pública, como su nombre lo dice, tiene como propósito revisar lo concerniente a la planeación, programación y presupuestación de obra pública.

Figura 5. Pérdida mediana y duración media por método de detección


La denuncia se reconoce como una de las mejores prácticas en el ámbito internacional para conocer de hechos fraudulentos debido a que son anónimas y las personas creen en ellas, como se observa en la figura 5. Para entender el papel de la auditoría forense es preciso conocer en qué consiste la auditoría interna, la cual, es una actividad independiente de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la organización. En el caso del

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fraude, primero se requiere conocer qué es un fraude para poder identificarlo y darlo a conocer, puesto que podría cometerse un delito y pasar desapercibido; también se tienen casos de personas que identifican fraudes pero los ocultan por no perder el trabajo o no tener problemas.

Blindar actos corruptos: prevención y disuasión

La prevención significa anticiparse a un in-conveniente: cómo blindar, qué frentes es-tablecer, cómo cerrar círculos, qué normas incorporar. Por ejemplo, a los gobiernos municipales se les exige crear una cuenta bancaria específica para los recursos pro-venientes de fondos federales, con esta acción se trata de prevenir lo que por mu-cho tiempo ocurría de manera cotidiana: ingresaban los recursos a una cuenta con-centradora y disponían del dinero de ma-nera irregular. La disuasión tiene como ob-jetivo inducir o mover a alguien para que desista de un propósito, como cometer un delito, a través de sanciones administrati-vas, privación de la libertad, el desprestigio social, entre otros. La auditoría forense, independien-temente de tener como objetivo la investi-gación de hechos ilícitos, también tendría que ser disuasiva. Las organizaciones pú-blicas podrían diseñar, en los ámbitos de su competencia, unidades antifraude inte-gradas con personal capacitado y experto para apoyarles en su propia administración

con prácticas como la denuncia o desvío de recursos. Quienes se desempeñan en el ámbito público y tengan como propósito mejorar las instituciones y combatir la co-rrupción eficazmente podrían comenzar a trabajar en esta área.

Auditoría forense

La idea de forense se ha vinculado con personas muertas, la medicina forense se entiende como “aquella que se ocupa de determinar elementos y datos relacionados con el estado de un cuerpo luego de que el mismo ha sufrido alguna situación que provocó su muerte. La medicina forense se ocupa de trabajar directamente con el cuer-po y a través de este análisis es que puede analizar no sólo la causa de la muerte si no también otros elementos varios como el horario aproximado en el que tal even-to tuvo lugar, los elementos que se usaron para causar la muerte, si la persona ofreció resistencia o no (en el caso de una muerte no accidental) y además también posibles rastros que haya dejado la o el asesino en el cuerpo o en el espacio en el que la muerte tomó lugar” (Definición de Medicina Fo-rense, s/f: s/p). La medicina forense tiene aplicación en el ámbito legal. El término “forense” deriva, eti-mológicamente, del latín forensis, referido al forum de las ciudades romanas. La plaza donde se trataban los negocios públicos y donde el pretor3 celebraba los juicios. El

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concepto forense abarca más, su significa-do es relativo al derecho e incluye la aplica-ción de cualquier práctica científica dentro de un proceso legal; por ejemplo la siquia-tría forense “estudia el comportamiento normal y anormal de las personas, su tarea es evaluar, diagnosticar y emitir el dictamen relacionado con la sanidad mental o con los trastornos del comportamiento o pato-logías mentales, las cuales tienen diversos orígenes entre los que destacan factores genéticos, físicos, químicos, psicológicos y socioambientales. Implica nociones médi-co-legales de orden psiquiátrico, donde lo clínico se transforma en un lenguaje apli-cable para colaborar en las diferentes áreas jurídicas: penal, civil, laboral” (Instituto de Ciencias Forenses).

Concepto de auditoría forense

Es un enfoque técnico que tiene como fi-nalidad el examen y la revisión de los indi-cios, procesos, hechos y evidencias para la detección y/o investigación de posibles ac-tos que puedan implicar alguna irregulari-dad o conducta delictiva, con el propósito de documentar mediante pruebas legales y suficientes las conclusiones derivadas de los hallazgos.

Finalidad de la investigación forense

Conocer la verdad histórica de los hechos, su naturaleza, y documentar el caso para

presentar, si así lo amerita, las acciones le-gales pertinentes. La verdad histórica no es absoluta, puesto que se reconocen límites a partir de la información que se posee para determinar modo, tiempo, lugar y circuns-tancia en la investigación.

Objetivos

a) Conocer los antecedentes, causas, efectos, y consecuencias de un hecho o conducta específicos. Existe confusión por parte de diversos entes auditados porque piensan que la labor de investigación corresponde únicamente al ministerio público, lo cual es erróneo, si bien éste tiene el monopolio de la persecución del delito, la asf tiene fa-cultades para realizar investigación: qué se gastó, cómo se gastó, se gastó adecuada-mente o no, por qué desapareció el dinero del Fondo de Aportaciones para Educa-ción Básica y Normal (faeb), por qué no se ejerció el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (subseMun), por qué se compraron cámaras que eran inservibles y se guardaron en una bodega, por qué el recurso destinado para desarrollo social no se ejerció para dotar de agua a la comu-nidad, por mencionar algunos ejemplos.

b) Investigar los hechos mediante la aplica-ción de ciencias, técnicas y herramientas forenses. Esto no significa que no se apli-que la técnica de auditoría cotidiana, úni-camente se aplica otro enfoque y se adicio-nan técnicas.

c) Recabar y aportar los elementos y evi-dencias legales que permitan soportar los

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hallazgos, a través de la denuncia que se-ñala a una o varias personas que cometie-ron un fraude, o mediante la conducta que tiene que ver con desvío u ofrecimiento de dinero, la existencia de “aviadores (as)”, entre otros.

El éxito del caso dependerá de las habili-dades de quien audita en cuanto a la ge-neración de la hipótesis, la búsqueda y recopilación de la información y las prue-bas. La auditoría forense es una investiga-ción científica, y por lo tanto, se generan hipótesis, no es que en cierto momento se diga que hay un desvío de dinero en algún lugar y que existe un problema, no funcio-na así, sino que se realiza un análisis del hecho y se construyen hipótesis; si quien audita no tiene las habilidades para gene-rarlas, no tendrá qué buscar, qué informa-ción pedir, ni contará con las evidencias necesarias.

Evidencia

Del latín evidentia, se entiende como 1.f. Certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar y 2.f. Der. Prueba determi-nante en un proceso (drae, 2016a). “La evidencia es uno de los fundamentos de la auditoría, estando constituida por todos aquellos hechos susceptibles de ser proba-dos por el auditor en relación con lo que examina, y que se manifiesta a través de las técnicas de auditoría aplicadas conforme a

su juicio profesional” (Siguenza, 1995: 269). Sin la evidencia no se tendrá conocimien-to, ni se podrá justificar o probar ante las autoridades qué y cómo sucedió.

Normas Profesionales

• Integridad;• Objetividad;• Independencia;• Debido cuidado profesional;• Evidencia suficiente y relevante;• Competencia, planeación, personal, entre

otros.

Normas de Auditoría

• El Código de Ética, Normas Internacio-nales para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna (las Normas).

• Los Consejos para la Práctica y las ayudas para el desarrollo y la práctica.

No existen normas establecidas y espe-cíficas para la auditoría forense, son las mismas normas que nos rigen a todas las personas y que tenemos atribuidas a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cPeuM), de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, reglamentos; sin embargo, se sugiere la lectura de los consejos para la práctica y normas inter-nacionales, son aportaciones gratuitas y se puede mejorar en ese ámbito.

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Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (2014)

“El Índice del Estado de derecho 2015 del World Justice Project provee datos origina-les e imparciales sobre cómo se experimen-te el Estado de derecho por el público en general en 102 países alrededor del mundo. El reporte utiliza las más de 100 mil en-cuestas en casas y las casi 2500 llevadas a cabo por expertos para así medir cómo se vive el Estado de derecho en situaciones prácticas del día a día por personas ordina-rias” (iMco, 2015). En este índice ubica a México entre los 25 países donde las servidoras y servidores públicos son más corruptos, junto con Venezuela, Afganistán, Nigeria, Honduras, Nicaragua, Egipto, Guatemala, Turquía. México ocupa el lugar 79, por lo que esta posición nos invita a la reflexión para trabajar por un cambio de actitud des-de cada una de nuestras profesiones y tra-bajo puesto que culpar a otras personas no contribuye.

Proceso de auditoría/investigación

¿Cómo se planean las auditorías o se rea-liza el proceso? Son investigaciones que requieren de planeación, desarrollo, dicta-men, informe, y en su caso, denuncia de hechos, como se observa en la figura 6; el proceso de auditoría/investigación debe ser general para todos los tipos.

Figura 6. Proceso de auditoría/investigación

Fuente: elaboración propia.

Metodología para la investigación

Su aplicación permitirá alcanzar resultados óptimos para comprobar la existencia del hecho. No existe un procedimiento prees-tablecido ya que los modus operandi siempre serán distintos; es decir, cada caso debe te-ner una atención y planeación específica. Cada institución, dependencia, gobierno municipal tiene diferentes normas, y en consecuencia, diversas formas de regirse, por lo que deben conocerse sus funcio-nes y cómo opera, así como las reglas de operación de los fondos y programas que se auditan. La persona que audita siempre debe conocer lo que auditará.

Funciones de la metodología

• Guía de procedimientos y acciones por ejecutar.

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• Interrelación de diversas áreas sustantivas y operativas.

• Adecuada coordinación y flujo eficiente de información.

Análisis de información preliminar

La metodología es fundamental porque brinda el conocimiento general para po-der identificar cómo se interrelacionan las áreas que se revisarán y cómo ser eficien-tes en el ejercicio; asimismo, para decidir si se inicia una auditoría forense a partir de los siguientes cuestionamientos: ¿exis-te verdaderamente vinculación de hechos y/o personas que indiquen que existe un problema?, porque en ocasiones se reci-ben denuncias cuyo propósito es molestar, vengarse, u otros motivos ajenos a un de-lito, aún con ello deben atenderse; y, ¿exis-ten fuentes de información? Con ello es posible determinar si se descarta o no una auditoría forense.

Examinar un fraude

1. Planeación. Es un estudio integral del caso. ¿Qué sí y qué no se tiene?, ¿cómo se obtiene la información?

2. Análisis, identificación y detección de in-dicios potenciales. Se determina si son su-ficientes para la investigación, y en su caso, cuáles requeriría, en auditoría siempre se precisa el apoyo de asesoría legal para saber la naturaleza del delito, si es un robo, frau-de y/o peculado. Cada delito debe tener

la evidencia suficiente, competente, rele-vante y pertinente, es decir, debe ser acor-de con lo que se documentará.

3. Identificar y/o vincular hallazgos, hechos y/o personas.

4. Conformar el equipo auditor, que debe ser multidisciplinario, de acuerdo con el caso, personas con distintas profesiones tales como: contaduría, derecho, medicina, in-geniería, informática, programación, entre otras.

5. Determinar los requerimientos e insumos necesarios.

6. Asignación de tareas y responsabilidades.7. Desarrollar procedimientos, los pasos que

se llevarán a cabo.

Plan de investigación

Con el objetivo de examinar un fraude, se debe armar un plan de investigación que debe incluir:

• Planeación del caso;• Riesgos;• Investigación y ejecución especializada

(cronograma). Es importante tener siempre presente el espacio que les llevará aplicar una auditoría. En el caso de la asf tiene un límite para la entrega de la cuenta pública;

• Técnicas y procedimientos;• Identificación y preservación de la eviden-

cia;• Cuantificación de daños;• Comunicación de resultados;• Dictamen e informe final, para que, en su

caso, se presente posteriormente la denun-cia de hechos.

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Hasta este paso se debe tener claro qué y cómo se investigará, quién realizará la in-vestigación, dónde se llevará a cabo, y to-das aquellas preguntas que hacen las per-sonas que se dedican a la investigación, porque la auditoría forense es un proceso científico. A partir de la información se debe tener elaborada la hipótesis así como el caso generado.

Técnicas forenses de investigación

¿Qué técnicas forenses aplicar? Las que a continuación se presentan son novedosas porque no se aplican en otro tipo de au-ditoría.

• Cómputo forense;• Grafoscopía;• Dactiloscopía;• Técnicas de entrevista/interrogatorio;• Documentoscopía/investigación docu-

mental;• Lingüística forense;• Acústica forense;• Minería/análisis de datos.

“Según el Federal Bureau of Investigation (fbi), la informática (o computación) fo-rense es la ciencia de adquirir, preservar, obtener y presentar datos que han sido procesados electrónicamente y guarda-dos en un medio computacional” (López, 2001: 2). El cómputo forense es la obten-ción de imágenes de discos duros: procesa-miento y análisis de información (correos

electrónicos y archivos de usuario), recupe-ración y reconstrucción de datos, extracción y análisis de información oculta en grandes bases de datos (data mining). Es muy impor-tante la flotación de datos porque se han detectado facturas apócrifas, con distintos nombres pero el mismo domicilio. “La grafoscopía es el estudio de la escritura manuscrita, con los métodos apropiados, con la finalidad de establecer si la misma fue o no falsificada, respecto del autor a quien se atribuye dicha escritu-ra y en el segundo supuesto, de ser posible, identificar quien la imprimió” (Pérez, s/f). En el trabajo que realiza la asf se han detec-tado firmas alteradas bajo este método; por ejemplo se encontraron pagos de capacita-ción por millones de pesos para personas líderes, que deberían entregarse a personas que se dedican al trabajo de campo, pero una sola persona firmó todos los documen-tos, únicamente cambió el estilo de las fir-mas, pero con el apoyo de la grafoscopía se ubicó este hecho. “La dactiloscopía es la ciencia que estudia las huellas dactilares de las perso-nas… Ha sido utilizada para la identifica-ción de personas desde hace más de cien años. En la actualidad las huellas dactilares representan una de las tecnologías bio-métricas más maduras y son consideradas pruebas legítimas de evidencia criminal en cualquier corte del mundo” (Reisz, s/f). En las revisiones de la asf se han encontrado cientos de hojas con la misma posición de la huella digital.

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“Las entrevistas e interrogatorios son excelentes herramientas para compro-bar la existencia y dinámica de un delito así como las responsabilidades involucradas. La tarea de entrevistar o interrogar no es sencilla, requiere mucha práctica. Todo es dinámico y flexible, una estrategia que en un momento puede ser negativa, en otro puede convertirse en positiva. Se requiere tener atención en lo que se observa, cuida-do en los menores detalles, paciencia, bue-na memoria, orden, intuición, discreción, ser sagaz y perseverante para aprovechar las circunstancias en beneficio de encon-trar la verdad” (Badillo, 2013). Las técnicas de entrevista interrogatorio son base para la auditoría forense puesto que 90% de la información se conoce a través de este mé-todo. La documentoscopía tiene como objetivo analizar, revisar y comparar es-critos, evaluando la combinación de ca-racterísticas individuales, para determinar su identidad, el manejo de variaciones, distingos, distorsiones, imitaciones, simu-laciones, trazados o calcados, entre otros. Por ejemplo, si en una entidad federativa se revisa un contrato, cuyas hojas con el paso del tiempo se hicieron amarillas y se encuentra una totalmente blanca, se infiere que esa hoja se volvió a hacer y se sustitu-yó; en esta situación se aplica la documen-toscopía porque existió una alteración de documentos. La lingüística forense “se puede

definir de forma muy general como la in-terfaz entre lenguaje y derecho. En el mar-co de la definición amplia de lingüística forense, esta disciplina cubre todas las áreas del lenguaje y el derecho que están interrelacionadas, y se estructura en tres ámbitos fundamentales: el lenguaje jurídi-co, el lenguaje judicial y el lenguaje probatorio o evidencial” (Laboratorio de Lingüística Forense). La acústica forense “es una parte de la criminalística que engloba la aplica-ción de técnicas desarrolladas por la inge-niería acústica para el esclarecimiento de los delitos y la averiguación de la identidad de quienes los cometen” (Lucena, s/f). La minería de datos “es el proce-so que tiene como propósito descubrir, extraer y almacenar información relevan-te de amplias bases de datos, a través de programas de búsqueda e identificación de patrones y relaciones globales, tendencias, desviaciones y otros indicadores aparente-mente caóticos que tienen una explicación que pueden descubrirse mediante diversas técnicas de esta herramienta” (Ángeles y Santillán, s/f: 79-80).

Banderas rojas

Las banderas rojas son situaciones de alar-ma que la o el auditor forense visualiza, por lo que es fundamental que desarrolle las habilidades cognitivas para la detección de operaciones inusuales o sospechosas.

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Figura 7. Banderas rojas en el comportamiento de defraudadores (as)


En el desarrollo de la investigación se realiza:

1. Aplicación de procedimientos y técnicas;2. Programación/Plan de entrevistas;3. Ampliación de procesos.

El Reporte a la Naciones sobre el Abuso y el Fraude Ocupacional “pidió a los encuestados que identificaran, en caso de que existieran, las banderas rojas en el comportamiento de los defraudadores antes de que sus delitos fueran detectados. En general, se identificó por lo menos una bandera roja en 92% de los casos, y en 64% el defraudador mostró dos o más banderas rojas en su comportamiento” (2014: 59). En la figura 7 se observa la distribución de las banderas rojas. Vivir más allá de los propios medios, con 43.8% es la que prevalece; es decir, tener un sueldo que no explique ni justifique el modo de vida. Es por ello que la auditora o el auditor forense deben estar alertas ante situaciones como estas.

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Juicio profesional

El éxito del caso dependerá de las habilida-des de quien audita, de su juicio profesio-nal y de la ética: integridad. El juicio pro-fesional es la aplicación del razonamiento — articulado con el conocimiento — la capacidad, competencias y la experiencia adecuados para tomar decisiones libres e informadas, que sean las más apropiadas en las circunstancias del caso; que obliga a no discurrir cuestiones ajenas al asunto sobre el cual se toma una decisión y al trato igualitario que se encamina a la búsqueda de la justicia. Es una habilidad para obtener información y documentar el caso, para no dejarse engañar, actuar con independencia y autonomía, sin sesgos, por venganza o por preferencias de partidos políticos.

¿Cómo formar especialistas en auditoría forense?

Se forman especialistas en auditoría foren-se a través de:

• Fortalecimiento de habilidades y conoci-mientos especializados;

• Testigo experto;• Capacitación apropiada: oralidad, presen-

cia, esencia;• Certificaciones internacionales.

Las unidades antifraudes o áreas forenses deben integrarse por auditoras y auditores forenses con conocimientos y habilidades

para desempeñarse profesionalmente y evitar integrarles por amistades o compro-misos. Además, de acuerdo con el Sistema Penal Acusatorio en el ámbito nacional, instaurado también en el Estado de Méxi-co, la auditora o el auditor debe defender su dictamen ante la jueza o el juez, y si no hay capacitación o no se tiene preparación para los juicios orales, ¿cómo defender un dictamen? La falta de experiencia puede provocar que el caso se pierda y que se ab-suelva a quien delinque. La Asociación de Examinado-res de Fraude Certificados (acfe), capítu-lo México, es la única organización en el país (http://acfe-mexico.com.mx/index2.html) y sin fines de lucro, cuyo objetivo es servir a la comunidad a través de la expan-sión del conocimiento y la educación con-tinua en temas vinculados a la prevención, detección, investigación y disuasión de fraudes y combate a la corrupción. Otor-ga la Certificación Internacional de Exa-minador de Fraudes Certificado (por sus siglas en inglés, Certified Fraud Examiners, cfe). Difunden y promueven las mejores prácticas y conocimientos a través de pu-blicaciones gratuitas. También se organiza un Seminario Anual con un ciclo de con-ferencias sobre diversos temas en relación con la prevención y disuasión del fraude. La acfe-capítulo México edita la Revista Del Fraude, de periodicidad bimestral, y al igual que los documentos que publica la Asociación, es gratuita, con el propósito de

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contribuir al conocimiento para apoyar en la capacitación de auditoras y auditores fo-renses.

Fortalecimiento de la integridad. Código de Con-ducta

La integridad es una de las cualidades indis-cutibles de auditoras y auditores forenses. “La integridad constituye el valor central de un código de ética y puede medirse en función de lo que es correcto y justo. Por ello, el personal al servicio de la asf debe ajustar su conducta a las normas legales y éticas aplicables y actuar con integridad en el ejercicio de sus atribuciones y funcio-nes” (asf, 2013: 12). La política institucional de integri-dad de la asf contiene un Código de Con-ducta, cuyo objetivo es establecer “con-ductas de observancia obligatoria para los servidores públicos de la asf y para terce-ros relacionados con la institución, las cua-les tienen como propósito:

• Promover un ambiente de trabajo basado en la integridad personal y profesional.

• Actualizar mediante acciones específicas los principios establecidos en el Código de Ética Profesional de la asf.

• Infundir en el personal la noción de que su conducta, dentro y fuera del lugar de trabajo, y aun cuando no se relacione con sus actividades oficiales, incide en la ima-gen y el prestigio que el público tiene de la institución.

• Resguardar la confianza que la sociedad y los entes gubernamentales han depositado en el órgano de fiscalización superior y en sus servidores públicos” (asf, 2013: 21).

Conflicto de intereses

Actualmente el conflicto de intereses está de moda, aunque existe desde hace mucho tiempo en la vida cotidiana y en las irre-gularidades que se encuentran en la prácti-ca del servicio público como el desvío de recursos. La política institucional de inte-gridad de la asf contempla las Directrices para Prevenir el Conflicto de Intereses, el cual, “se presenta cuando los intereses per-sonales, familiares o de negocios del servi-dor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión” (asf, 2013: 32). La finalidad de las Directri-ces es orientar al personal sobre las impli-caciones legales y éticas relacionadas con el conflicto de interés; es relevante porque fortalece la independencia, objetividad e imparcialidad que el personal al servicio de la asf debe mantener en el desarrollo de sus labores. En la asf el personal adscrito debe firmar un formato de declaración de no conflicto de intereses. Si a una persona se le encomienda realizar una auditoría y de-tecta que existe una situación que pudiera llevarle a ser parcial, debe hacerlo de cono-cimiento para que se excuse y no conozca de ello y se le transfiera a otro caso.

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Informe de investigación de auditoría

Es el documento técnico mediante el cual se presentan los datos e información que identifican una revisión, los procedimien-tos de auditoría aplicados, las acciones, los resultados y las conclusiones. Se debe elaborar a través del uso de un lenguaje claro, conciso y directo. Incluye sólo in-formación relevante que muestre el trabajo realizado, sin textos repetitivos y libres de tecnicismos. En la página electrónica de la asf se encuentran publicadas todas las auditorías forenses que se han realizado, donde se podrán observar resultados muy interesantes (http://www.asf.gob.mx).

Fundamentación de conclusiones

La fundamentación de las conclusiones es vital porque si se realiza un informe dictamen sin ésta, dicho informe no ten-drá efectos legales y auditoras y auditores tienen la obligación de elaborarlo confor-me a derecho y que los hallazgos siempre estén vinculados y soportados. Durante las revisiones de la asf se han encontrado requisiciones de información o actos de autoridad, tanto de estados como de mu-nicipios, sin la debida fundamentación y motivación.

Informe dictamen

• Antecedentes/Fundamentación;

• Metodología;• Hallazgos;• Resultados/Conclusiones.

Requisitos mínimos que deben contener los requerimientos de información

I. Presentarse en papel con el membrete ofi-cial de la autoridad/organización.

II. Contener la firma autógrafa de la persona facultada para suscribirlos o por la perso-na a quien se delegue por derecho dicha facultad.

III. Estar debidamente fundados y motivados. En una auditoría, todas las actuaciones de-ben estar debidamente fundadas y motiva-das desde la emisión de las órdenes para la revisión hasta la conclusión. La funda-mentación se entiende como la obligación que tiene la autoridad que emite un acto para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en que se apoye la determina-ción adoptada; consiste en la cita correcta y completa de los preceptos jurídicos que regulan la actuación autoritaria de que se trate; debe de ser correcta toda vez que el invocar dispositivos normativos que no se apliquen al caso concreto en estudio, como resulta obvio, dan lugar al error. La motivación es la obligación que tiene la autoridad que emite un acto de expresar una serie de razonamientos lógico-jurídi-cos sobre el porqué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.

IV. Lugar y fecha de emisión.

Sin estos requerimientos el informe dicta-men no tiene validez jurídica.

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La prueba como elemento esencial en la investigación forense

El derecho probatorio es uno de los aspec-tos más importantes dentro del derecho procesal. La prueba es un elemento fun-damental en la auditoría forense porque la información que se recopila es la que se presenta ante las autoridades e inclusive la asf, finca responsabilidad administrativa y realiza el procedimiento resarcitorio para que se realice la devolución o recuperación del dinero.

De la responsabilidad penal. Legislación aplicable

Dentro de la legislación aplicable pode-mos citar las siguientes: cPeuM, Código Penal Federal, Código Civil, leyes espe-ciales, Código Federal de Procedimientos Penales, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LfrasP), Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LoPsr), leyes secundarias, legislación estatal, entre otras, siempre bajo los principios fundamentales de respeto, garantía y de seguridad jurídica hacia la ciudadanía.

Los principios en la investigación del delito

Principio de legalidad (Art. 14, cPeuM). Cualquier acto de ejercicio del poder públi-co y de las autoridades debe estar sometido a la voluntad de ley y de su jurisdicción,

no a la de las personas:

A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.…Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o dere-chos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

El artículo 21 de la cPeuM establece la atri-bución del ministerio público de investigar y perseguir delitos; de manera que la in-vestigación se inicia a partir del momento en que el ministerio público tiene conoci-miento de un hecho posiblemente delicti-vo, a través de una denuncia o querella. La LfrasP determina que servi-doras y servidores públicos federales son quienes están mencionados en el párrafo primero del artículo 108 de la cPeuM y to-das aquellas personas que manejen o apli-quen recursos públicos federales (art. 2). La responsabilidad de servidoras y servi-dores públicos es observar en el desempe-ño de sus empleos, cargos o comisiones, las obligaciones previstas en la Ley, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficien-cia que rigen en el servicio público (art. 7). Señala un catálogo de obligaciones de ser-vidoras y servidores públicos (art. 8).

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Delitos cometidos por servidoras y servidores públicos

Los delitos tipificados expresamente para servidoras y servidores públicos en el Có-digo Penal Federal se encuentran en el li-bro segundo, título décimo, capítulos I al XIII, en los artículos 212 al 224.

Reflexión final

En este trabajo se detalló la metodología que utiliza la asf para realizar las auditorías, desde que se solicita información, se anali-za, si se descarta o se selecciona, se inicia, se define la auditoría, se ejecuta, se entre-gan resultados preliminares, los resultados finales; y en su caso, si no existe solventa-ción se inicia un procedimiento resarcito-rio, la denuncia de hechos y, finalmente, se publica toda la información en virtud de ser una obligación constitucional. Como ciudadanía nos correspon-de hacer lo mejor posible las actividades encomendadas porque, actualmente, como nunca antes, México tiene hambre de per-sonas, de funcionarias y funcionarios que trabajen por un México más justo, distinto, donde podamos vivir todas y todos en ar-monía, paz social y solidaridad.

Notas

1 Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Car-tel de Sinaloa y criminal mexicano que

consiguió fugarse por segunda ocasión de una prisión de máxima seguridad en Mé-xico.

2 Encuesta de opinión pública que cubre 26 países del Norte, Centro y Sur de Amé-rica, así como del Caribe.

3 Magistrado romano que ejercía jurisdic-ción en Roma o en las provincias (drae, 2016b).

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Muna dora buchahin abuLhosn. Doctora en Derecho por el Instituto de Investiga-ciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (unaM). Maestra en Administración por el Instituto Tecnológi-co y de Estudios Superiores de Monterrey (itesM). Licenciada en Derecho y Licencia-da en Educación. Fundadora y Vicepresi-denta de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (acfe), Capítulo México, a.c. y Perito Auxiliar de la Admi-nistración de Justicia en Criminología del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Actualmente es Directora General de Auditoría Forense de la Auditoría Supe-rior de la Federación (asf). Colabora como coordinadora académica en el Diplomado en Prevención, Detección e Investigación del Fraude en el Instituto Tecnológico Au-tónomo de México (itaM). Ha estado a car-go de aproximadamente 410 auditorías en el ámbito público y privado y más de 235 dictámenes de casos presentados ante au-toridades penales y administrativas. Ha im-partido más de 60 conferencias en varios países, sobre temas vinculados a las mejores prácticas para disuadir el fraude, auditoría forense, metodología para la investigación

elaboración de un programa anticorrup-ción, implementación de una unidad anti-fraude en las organizaciones, prácticas para el combate de la corrupción. Autora de varios artículos en revistas especializadas. Editora y articulista en la Revista Del Fraude, publicación bimestral de la acfe, Capítulo México, a.c. Cuenta con las credenciales como profesional en contabilidad y auditoría gu-bernamental y con diversos reconocimien-tos académicos y certificaciones interna-cionales.

El trabajo forma parte de la ponencia dic-tada el 16 de julio de 2015, en el marco del ciclo de conferencias que organiza la Con-traloría del Poder Legislativo del Estado de México.

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Educación para la paz: aplicación de valores en la infancia y juventud

Martha Esthela Gómez ColladoFacultad de Ciencias Políticas y Sociales de la uaem

Introducción

Educación es un término del que habla-mos cotidianamente y que solemos utilizar de forma coloquial; sin embargo, cuando nos referimos a educación para la paz no siempre tenemos claro en qué consiste o cómo se define. Para comprender dicho concepto, es propósito de este trabajo explicar, en principio, en qué consisten los estudios para la paz, los cuales, gene-ralmente, se relacionan con la religión, la filosofía política, cultura, entre otras. Los estudios para la paz son de carácter inter-nacional en virtud de tener presencia en todo el mundo. También explicamos el concepto de paz, idea que la mayoría de las personas reconocen de manera positiva, pero que también nos encontramos con problemas para definirla con precisión. Existen diver-sas definiciones, desde conceptos antiguos como la pax romana, la paz ahimsa,1 o el shalom;2 para fines de este trabajo usamos la idea de paz hindú debido a que es un tér-mino sencillo y de mayor familiaridad: no hacer daño a ningún ser vivo. Cuando decimos a ningún ser vivo nos referimos a seres hu-manos, animales y plantas. En la cultura india se tiene presente no hacer daño a los seres vivos, por ello no comen carne de vaca, animal que además

es un símbolo indio que “simboliza la ma-dre Tierra, la naturaleza y, por extensión, la fertilidad y la abundancia, como un aspec-to benigno de la Gran Diosa. Como pro-veedora de leche se le considera como una madre” (Gallud, 2010). Una definición completa y clara de paz es no hacer daño a ningún tipo de ser vivo y cuando se pueda hacer daño, evitar-lo; no hacer daño tiene que ver con evi-tar la venganza y el odio. Con este tipo de acciones, nosotras y nosotros mismos, des-de nuestra persona, construimos paz. En este artículo se revisan diversos aspectos sobre la cultura de paz, educación para la paz, educación en valores y por últi-mo, se concluye un apartado que da cuenta de la aplicación de valores en infancia y ju-ventud.

Objetivo de los Estudios para la paz

De acuerdo con Johan Galtung3 el obje-tivo principal de los Estudios para la paz son los seres humanos en sociedad, por lo tanto, constituyen una ciencia social apli-cada y explícitamente orientada en valores, la cual ofrece tres premisas fundamentales: hechos, valores y teorías. ¿Cómo conjugar teoría y prác-tica?, ¿cómo materializar en la práctica profesional y en la práctica laboral lo que

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aprendemos en las aulas? Los Estudios para la paz tiene este objetivo, traducir los conocimientos en la práctica basada en valores. Disciplinas como la Sociología, Derecho, Economía, Medicina, Ciencia Política tienen claramente definidos sus conocimientos; sin embargo, si agregamos un ingrediente tan importante como los valores, entonces hablamos de Estudios para la paz, los cuales son multidisciplina-rios y las ciencias sociales son el campo de saber más cercano. Derecho, por su importancia para crear leyes; Sociología, por su interés en el desarrollo del ser humano en el ámbito so-cial; Economía, por su estudios sobre los recursos que dispone el Estado y la socie-dad; Ciencia Política y Administración Pú-blica, por su trascendencia para analizar las relaciones de poder y diferentes factores que puedan hacer realizables y aplicables las políticas públicas, principalmente en lo concerniente a paz y seguridad. Los Estudios para la paz, según Galtung, se fundamentan en que en la lógi-ca del empirismo,4 los datos prevalecen so-bre las teorías; en el criticismo, los valores se anteponen sobre los datos; y, en el cons-tructivismo se concluye que los valores se privilegian sobre las teorías, porque de lo que se trata es de construir una cultura de paz. Con lo anterior, Galtung nos dice que debemos anteponer nuestra ética y valores para cada uno de los actos que realizamos en la vida familiar, laboral y profesional.

Cultura de Paz

El documento “Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz”, de la Asamblea General de las Naciones Uni-das, de fecha 6 de octubre de 1999, dispo-ne de una serie de articulados que explican en qué consiste la cultura de paz, así como objetivos y estrategias para promoverla. La Declaración define a la cultura de paz como “el conjunto de valores, ac-titudes y comportamientos que reflejan el respeto a la vida, de la persona humana y de su dignidad, de todos los derechos hu-manos; el rechazo de la violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios de libertad, justicia, tolerancia y solidari-dad, así como la comprensión tanto entre los pueblos como entre los grupos y per-sonas” (onu, 06/10/1999). Analicemos la idea de cultura de paz que nos ofrece la onu. Cuando se re-fiere al conjunto de valores y actitudes se orienta hacia una actitud positiva debido a que en la vida también se tienen actitudes negativas; por ejemplo, cuando asistimos a una reunión podemos ir con buen ánimo y empatía, pero también podemos ir con molestia y dedicarnos a criticar. La definición también refiere a comportamientos que reflejen respeto por la vida, de la persona humana y de su digni-dad, los cuales deben ser regidos con base en valores éticos y morales como la hones-tidad, la responsabilidad, la solidaridad, la

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Martha Esthela Gómez ColladoEducación para la paz: aplicación de

valores en la infancia y juventud

tolerancia, entre otros; si los tenemos como guía, nuestra actitud personal y profesional no dará pauta a que exista la corrupción, problema tan acentuado en México. La cultura de paz también alude al respeto de todos los derechos humanos, precisamente, desde la Declaración sobre el derecho del ser humano a la paz, en 1998, la paz es un derecho humano de tercera ge-neración,5 “que se caracterizan porque su dimensión es específicamente internacio-nal, esto es, son derechos que sólo se plan-tean a nivel internacional y cuya garantía de ejercicio no depende de un Estado, sino del esfuerzo conjunto de todos: Estados, organizaciones públicas y privadas e indi-viduos” (Abellán, 1997: 20). En la definición se reconoce el rechazo a todas las formas de violencia; la violencia directa que puede ser física, psicológica o verbal; violencia estructural, que se manifiesta a través de las institucio-nes y se dirige hacia la población cuando el Estado no proporciona los satisfacto-res mínimos para poder vivir bien, como la vivienda, el empleo, la alimentación, la salud, entre otros; la violencia simbólica, propuesta por Pierre Bourdieu quien se-ñala que “es esa violencia que arranca su-misiones que ni siquiera se perciben como tales apoyándose en unas «expectativas colectivas», en unas creencias socialmen-te inculcadas. Como la teoría de la magia, la teoría de la violencia simbólica se basa en una teoría de la creencia o, mejor dicho,

en una teoría de la producción de la creen-cia, de la labor de socialización necesaria para producir unos agentes dotados de es-quemas de percepción y de valoración que les permitirán percibir las conminaciones inscritas en una situación o en un discur-so y obedecerlas” (1997: 173). El autor enfatiza que hay cuestiones significativas de lucha de poder, donde a través de al-guna simbología se hace daño a otra per-sona; por ejemplo el machismo, en donde se tiene la concepción de que los hombres son más importantes que las mujeres, que las mujeres no tienen derecho de hablar, opinar o trabajar. Finalmente, la cultura de paz, como se observa en su conceptualiza-ción, se basa en cuatro principios impres-cindibles y en la comprensión entre los pueblos. La concepción de la onu sobre cultura de paz es completa porque no dis-crimina, no excluye a ningún tipo de reli-gión o civilización, por el contrario, es una propuesta inclusiva, cuyo objetivo es que el ser humano ya no sufra.

Paz

Autores como John Paul Lederach (1984), Francisco Jiménez Bautista (2009), Fran-cisco Muñoz (2001) han propuesto diver-sas formas de abordar la idea de paz. Johan Galtung, desde su formación matemática, nos explica que la paz es la suma de las si-guientes paces:

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Paz = paz negativa + paz positiva + paz neutra = Cultura de paz

La paz negativa es la ausencia de guerra, lo que no significa que estemos en situación de paz. La paz positiva es la satisfacción de las necesidades básicas humanas como el alimento, la salud, la educación y contar con los mínimos satisfactores para tener una vida digna. La paz neutra es la neutra-lización de una serie de conflictos. Al su-marlas se tiene como resultado una cultura de paz.

Conflicto

Los Estudios para la paz tienen como objetivo analizar los conflictos. Eduard Vinyamata define al conflicto como “las situaciones de disputa o divergencia en las que existe una contraposición de intereses, necesidades, sentimientos, objetivos, con-ductas, percepciones, valores y/o afectos entre individuos o grupos que definen sus metas como mutuamente incompatibles” (en López, 2004: 154). En esta definición podemos observar que el conflicto existe cuando dos o más personas tienen obje-tivos incompatibles y no logran acuerdos, no existe negociación ni diálogo. En su obra, Trascender y transfor-mar. Una introducción al trabajo de los conflictos, Johan Galtung propone diferentes tipos de conflictos: microconflictos (entre perso-nas, que pueden ser familiares, de pareja,

escolares, laborales, entre otros), mesoconflic-tos (entre grupos, comunidades), macrocon-flictos (entre estados, regiones, naciones) y megaconflictos (entre civilizaciones como los de tipo religioso).

Vías de resolución de conflictos

Lederach (1990) afirma que existen dos vías para la resolución de conflictos: la pa-cífica y la violenta. La violenta es una so-lución, que si bien resuelve ciertos proble-mas a través de golpes, incluso guerras, en realidad trae consigo muerte, destrucción, odio y resentimiento. La resolución pacífi-ca se construye a través de diferentes me-dios como la cooperación, el diálogo, soli-daridad, altruismo, cariño, dulzura, amor, amistad, acuerdos, pactos, negociación y mediaciones. Podemos citar diversos ejemplos: en la escuela, cooperamos cuando presta-mos información, libros, realizamos traba-jo en equipo y resolvemos un conflicto de manera pacífica; en el ámbito laboral, coo-peramos cuando tenemos que elaborar un proyecto y lo discutimos a través del diá-logo, mediante la exposición de nuestros conflictos; con el amor y el cariño hacia la pareja, el trabajo, las personas que nos ro-dean podríamos resolver varios problemas de forma colaborativa y cooperativa. Si te-nemos apertura y actitud positiva podría-mos solucionar mejor nuestros propios conflictos.

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En la vía de la negociación ha-cemos uso de la teoría de juegos don-de tenemos cuatro probables resultados: ganar-ganar, ganar-perder, perder-ganar y perder-perder. El resultado óptimo para la resolución de conflictos es la figura de ganar-ganar porque ganan ambos actores, mientras que en las otras tres, al menos una de las partes quedará inconforme, además de que el conflicto quedará latente y en otro momento podría volver a surgir.

Educación para la paz

De acuerdo con Xesús Jares, la educación para la paz es “un proceso educativo, diná-mico, continuo y permanente, fundamen-tado en los conceptos de paz positiva y en la perspectiva creativa del conflicto, como elementos significantes y definidores, y que, a través de la aplicación de enfoques socioafectivos y problematizantes preten-de desarrollar un nuevo tipo de cultura, la cultura de la paz, que ayude a las perso-nas a desvelar críticamente la realidad para poder situarse ante ella y actuar en conse-cuencia” (1999: 124 y 2004: 31). Entonces, cuando hablamos de paz, no nos referimos a una paz utópica y abstracta puesto que, como vemos en las definiciones que se abordan en este traba-jo, cada una de las personas podemos in-cluir aspectos de paz en nuestra vida diaria desde nuestra actuación. La paz no es pa-sividad, todo lo contrario, es una lucha por

construir ambientes y espacios de paz en todos los contextos; es decir, hacer en cada ámbito en el que nos desarrollemos, accio-nes de paz. La expresión “piensa globalmente, actúa localmente”, utilizada principalmen-te por ambientalistas, puede aplicarse tam-bién para el trabajo por la paz. Si pensamos de manera global, internacional, nacional y actuamos en lo local, sembraremos semi-llas de paz, desde nuestros propios entor-nos, al modificar nuestras actitudes, obser-varemos que nuestra convivencia se vuelve pacífica y con un mejor “sabor de boca” en todos los aspectos.

Educación en valores

La educación para la paz es una educación básicamente en valores; maneja dos aspec-tos, una parte vivencial y otra de aplicación de dichos valores, vivencial porque cada persona tendrá que experimentar la apli-cación y el reconocimiento de los propios valores en toda su vida. Educar simplemente es incorporar valores a la vida. Desde el hogar — y por eso es importante hablar de los valores en la infancia —, asumimos ciertos valores como el respeto hacia las demás personas, hacia las autoridades, la responsabilidad de cumplir con tareas, obligaciones, que-haceres, la libertad de comunicarnos y de expresarnos, la honestidad, entre otros, y con el paso del tiempo en la escuela, en

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el trabajo, tales valores deben ser aplicados, conservados y reafirmados. Con base en los valores es que po-demos pensar, actuar, decidir, explicar y dar coherencia a nuestra vida. Si buscamos resolver nuestros problemas pacíficamen-te, podremos actuar de mejor manera, si somos personas que tomamos decisiones, si somos autoridades podremos decidir mejor. Desde luego, los elementos que hemos señalado, requieren de voluntad y esfuerzo para aplicarse y tener coherencia entre lo que decimos y actuamos. Los valores se muestran con el ejemplo y se demuestran con las razones. En educación, las palabras convencen pero el ejemplo arrastra. La fuerza de los valo-res radica justamente en convencer y no en vencer; por ejemplo, la honradez, la hones-tidad, la responsabilidad, no se imponen, son valores con que los que se trabaja día a día, se trata de un esfuerzo constante. Así como hay valores, también hay contravalores, que se contraponen a los va-lores; por ejemplo, del respeto es el irres-peto, de la tolerancia es la intolerancia, del diálogo es el silencio, la no comunicación. Entonces debemos saber ubicar los valo-res para no aplicar los contravalores.

Valores en la educación para la paz

Los valores deben ser aplicados en escue-las tanto de nivel preescolar, básico, medio superior y superior, así como en todos los

espacios sociales puesto que los valores no son privativos de la niñez o la juventud, sino que deben ser enfocados para todas las personas. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Au-tónoma del Estado de México (uaeM) de-sarrollamos un estudio donde aplicamos los elementos teóricos de los Estudios para la paz con el objetivo de constatar que la teoría sí se conjuga con la práctica, para lo cual se trabajó con estudiantes de nue-vo ingreso de las tres licenciaturas que se imparten: Ciencias Políticas y Administra-ción Pública, Comunicación y Sociología. De esta forma, se les impartió un curso de inducción para que reforzaran valores, de-tectaran contravalores, ser conscientes de estos y pudieran trabajarlos. Los valores utilizados para fines del estudio fueron:

• Responsabilidad: capacidad de sentir obli-gación a dar una respuesta o a cumplir un trabajo sin presión externa alguna.

• Diálogo: conversación entre dos o más personas.

• Creatividad: ser originales en ideas, he-chos y producciones, tener un pensamien-to divergente, actuar con individualismo, imaginación y creatividad, tener capacidad de concentración, ser flexibles y tener ini-ciativa.

• Respeto: es consideración, atención, defe-rencia, o miramiento que se debe a una persona, independientemente del espa-cio en que se desenvuelva, autoridad,

docente, alumna, alumno, madre, padre de

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• familia, hija, hijo, compañera, compañero de trabajo.

• Justicia: actitud moral o voluntad decidida de dar a cada quien lo que es suyo.

• Cooperación: acción que se realiza jun-tamente con otra u otras personas para conseguir un mismo fin.

• Solidaridad: asumir la asimetría de las re-laciones humanas y transformar esa situa-ción a favor de las relaciones humanas, no únicamente en momentos de desgracia, como en catástrofes naturales por ejem-plo, sino como actividad permanente.

Para el pedagogo brasileño Paulo Freire (2005) la creatividad es un elemento muy importante para el proceso educativo. Freire indica que la educación debe de-jar de ser tradicional; es decir, bancaria, donde el alumnado recibe un cúmulo de conocimientos, información, datos que el profesorado se encarga de transmitir; por tal motivo, sugiere una innovación en la manera de realizar la práctica docente con personas constructivas, propositivas, re-flexivas y críticas, en este sentido, propone una educación liberalizadora en la que las y los estudiantes tengan autonomía, pensan-tes y que puedan resolver cualquier tipo de situación mediante este forma de educar, puesto que no existen recetas para la solu-ción de problemas, se tienen que resolver de forma creativa y buscar alternativas.

El razonamiento moral de Kolhberg

Kolhberg estudia los estadios del razona-miento moral, los ubica en tres niveles: preconvencional, convencional y poscon-vencional, que traducidos en educación se desarrollarían como sigue: el nivel precon-vencional lo podemos identificar en la edu-cación preescolar o en los primeros años de la educación primaria, en este nivel las niñas y niños no tienen autonomía por lo que se les orienta con las actividades; en la etapa convencional ubicamos a estudian-tes de secundaria y nivel medio superior, donde ya adquirieron valores, pueden ac-tuar con respeto y colaboración y tienen la capacidad de formar un criterio más claro de la vida; el nivel posconvencional lo ob-servamos en estudiantes de nivel superior y posgrado, en esta etapa las personas son autónomas, tienen la capacidad para actuar con libertad e independencia y podrían contar con la capacidad de pensamiento crítico, reflexivo, analítico, propositivo y creativo, propuesto por Freire (2005).

Propuesta de educación y cultura de paz en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

En la Facultad de Ciencias Políticas y So-ciales de la uaeM elaboramos un Plan de Acción Tutorial con la finalidad de poner en práctica los conocimientos de cultura de paz, educación para la paz y educación en valores; de esta forma, lo diseñamos, apli-camos y evaluamos.

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Aplicación de la propuesta

A través de la elaboración de un diagnós-tico donde participaron 12 docentes de la Facultad y estudiantes de nuevo ingreso, se propusieron los siguientes temas:

• Legislación Universitaria, para que las y los estudiantes conocieran sus derechos y obligaciones.

• Modelo de trayectoria académica indivi-dual, en virtud de que con el sistema de plan flexible, el alumnado pueda diseñar el tiempo de duración de su licenciatura y se-leccionar las asignaturas que cursará.

• Dinámicas sobre resolución, gestión y transformación de conflictos y valores con ejemplos prácticos.

• Hábitos y técnicas de estudio, debido a que se observó que a pesar de estar en ni-vel superior, el alumnado no ha puntuali-zado sus hábitos de estudio.

• Lectura y redacción en Ciencias Sociales, porque se detectó que todo el alumnado sabe leer, pero no todo tiene capacidad analítica y crítica para la comprensión de textos científicos.

• Elaboración de ensayos, reseñas, resúme-nes y controles de lectura a través de me-todología y técnicas para desarrollar este tipo de actividades, básicas para las Cien-cias Sociales.

• Programa de Tutoría Académica y Siste-ma Inteligente de Tutoría Académica.

• Visita al Centro de Información y Docu-mentación, para conocer aspectos tan sen-cillos como pedir un libro, consultar una

revista científica en el Sistema de Informa-ción Científica Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc).

Evaluación de la propuesta

Tabla 1. Dinámicas desarrolladas para la evaluación de la propuesta

Tema InstrumentoLegislación universi-taria Cuestionario

Modelo de trayecto-ria académica Mapa curricular

Dinámicas de resolu-ción, gestión y trans-formación de con-flictos y valores

Ejercicios lúdicos

Hábitos y técnicas de estudio Cuestionario

Lectura y redacción en Ciencias Sociales Ejercicio escrito

Elaboración de en-sayos Ejercicio escrito

Programa de Tutoría Académica Preguntas

Visita al Centro de Información y Do-cumentación

Ejercicio de búsque-da y consulta de in-formación


Como se observa en la tabla 1, para eva-luar la propuesta se utilizaron cuestiona-rios, mapa curricular, ejercicios escritos y

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preguntas. Cabe señalar que también se realizaron ejercicios lúdicos porque a pesar de estar en un área adulta profesional, me-diante el juego se impulsa la imaginación, la motivación, la creatividad y se aprende; por eso es muy importante que en los pro-gramas de preescolar y nivel básico se in-cluyan actividades como el teatro, la danza, manualidades, construcciones, entre otros, porque fomentan la creatividad e imagina-ción. Además, fue una actividad que agra-dó a quienes participaron.

Gráfica 1. Resultados generales de la propuesta


Como resultado de la evaluación del curso, tenemos que 81.5% de las personas que participaron lo consideraron excelente, 14.8% lo valoraron como bueno y única-mente 3.7% lo señalaron como regular. Gratamente nadie seleccionó la opción de malo o pésimo, lo cual habla positivamente de la propuesta y de su funcionamiento.

Conclusiones

Primera, lo trascendente de aplicar la pro-puesta de intervención tutorial al alumnado

al ingresar a la universidad, radica en que conozcan el programa de tutoría académi-ca y los beneficios que representa para evi-tar la deserción escolar y abatir los índices de reprobación.

Segunda, educar a las y los estudiantes en la cultura de la Educación para la paz y la no violencia como eje transversal en sus estu-dios es para que actúen con justicia basa-da en valores positivos y perdurables con capacidad analítica, creativa, crítica y fun-damentalmente propositiva. No es una ma-teria donde se realicen exámenes, sino que es una orientación que requiere la partici-pación del cuerpo docente para permear en el alumnado a través de los valores.

Tercera, la aplicación de las dinámicas desa-rrolladas en el Programa Tutorial aumentó la motivación en el curso, hubo mayor sa-tisfacción de los docentes que condujeron las sesiones lúdicas, incrementó la capaci-dad del trabajo colaborativo y de equipo, elevó la integración y la relación grupal. Lo anterior es relevante porque en ocasiones, el alumnado no se siente motivado con la licenciatura de su selección, pero al cono-cer de qué se trata aumenta su interés.

Cuarta, los procesos de orientación y tuto-ría tienen que ser espacios que fomenten y clarifiquen los valores en donde las y los tutorados encuentren el ambiente propicio para resolver, gestionar y transformar los conflictos a través del diálogo.

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Quinta, una cultura de paz está basada en valores, actitudes, comportamientos, que conducen a una convivencia armónica con participación dinámica de actoras y acto-res involucrados en la educación. Además, fundamentada en el debate, la crítica, el diálogo, en la libertad de expresión y de creación. Es un proceso permanente a lo largo de toda la vida del ser humano.

El ejemplo que se ilustró es una práctica que se llevó a cabo en el nivel superior; sin embargo, puede desarrollarse en cual-quier ámbito, desde la infancia hasta la edad adulta. Tenemos la experiencia que estas propuestas se reciben de manera po-sitiva, puesto que se trata de acciones de la vida cotidiana que no requieren presu-puesto, únicamente los recursos que están en nuestras manos; es decir, creatividad e imaginación.

Notas

1 “Término del sánscrito que se refiere a un concepto religioso que aboga por la no-violencia y el respeto a la vida. Habitual-mente se interpreta como símbolo de paz y respeto hacia los seres capaces de sentir” (Jaramillo, 2015:16).

2 “Para el judaísmo bíblico la paz, shalom, es la mayor de las bendiciones, es la máxi-ma expresión del jésed (bondad, amor)” (Acrich, 2008).

3 Doctor en Sociología y Matemáticas. Fundador de los estudios para la paz. En 1959 constituyó una organización para la paz con argumentos claros llamada Trans-cend: A Peace and Development Network. En tres ocasiones que lo hemos entrevistado, el Doctor Galtung ha asegurado que los Estudios para la paz tienen como objetivo evitar el sufrimiento humano.

4 Del gr. empeiría experiencia e-ismo. 1.m. Conocimiento que se origina desde la ex-periencia. 2.m. Fil. Sistema filosófico fun-dado principalmente en los datos de la ex-periencia (drae, 2016).

5 Los derechos de tercera generación tam-bién incluyen el derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente, el derecho al patrimonio común de la humanidad y el derecho a la asistencia humanitaria.

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Martha estheLa góMez coLLado. Doctora Cum Laude en Estudios en Paz,

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Conflictos y Democracia por el Instituto de la Paz y los Conflictos en la Universidad de Granada, España. Maestra en Estudios para la Paz y el Desarrollo y Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pú-blica por la uaeM. Integrante desde el año 2013, del Sistema Nacional de Investiga-dores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt), nivel I. Cuenta con el reconocimiento a profesores de tiempo completo con perfil deseable (ProMeP). Es profesora-investigadora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la uaeM des-de 1996. Tiene dos libros publicados: (2011), Fundamentos teóricos de los estudios para la paz, Editorial Académica Española, y (2012), La Tutoría Académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México desde la Pers-pectiva de los Estudios para la Paz, Editorial Miguel Ángel Porrúa. Ha publicado diver-sos artículos en la revista Espacios Públicos y en la revista Convergencia, ambas publica-ciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la uaeM. Ha dictado diversas conferencias en universidades nacionales e internacio-nales, tales como la Universidad Autóno-ma del Estado de México; Universidad de Guadalajara; Universidad Autónoma de Baja California; Universidad del Norte de Texas, Estados Unidos; Escuela de Go-bierno de Belo Horizonte, Brasil; Univer-sidad de Granada, España y la Universitat

Oberta de Catalunya, España. Ha participado en encuentros de tutoría docente y foros para servidoras y servidores públicos con temas de paz, de-mocracia, desarrollo, profesionalización, orientación educativa, conflictología, go-bierno y gestión.

El trabajo forma parte de la ponencia dic-tada el 03 de septiembre de 2015, en el marco del ciclo de conferencias que orga-niza la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México.

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El arte de cambiar una localidad desde sus narrativas

Lenin Martell GámezFacultad de Ciencias Políticas y Sociales, uaem

Introducción ¿Qué tienen que ver las narrativas de una localidad con el cambio social?

Actualmente es imprescindible que las personas que formamos parte de la Aca-demia dialoguemos con diferentes grupos sociales y que estos externen sus inquie-tudes, puesto que se requiere una con-versación incesante para saber cuáles son nuestros problemas y el diálogo y la comu-nicación son la mejor forma de resolverlos. ¿Qué tienen que ver las narrativas de una localidad con el cambio social?, comenzaré por contar mi propia narrativa.

Crecí entre el Estado de México y la Ciu-dad de México entre las décadas de 1970 y 1980, muchos años después, entre México y Estados Unidos. Soy de una generación que creció con movilidad social en el país. Mi papá proviene de un pueblo minero del norte de México llamado Laguna del Rey, Coahuila, mi mamá de un pueblo campesi-no de Tamaulipas. Gracias a las posibilida-des de desarrollo económico que ofrecía el país — debido a que el Producto Inter-no Bruto (Pib) creció, en dicha década, en promedio, 6% anual, cifra que probable-mente no volvamos a ver en los próximos años — mi madre, mi padre, sus hermanas y hermanos pudieron ir a la universidad y convertirse en clase media real, había

alimento suficiente y seis de mis herma-nos, incluido yo, tuvimos la oportunidad de estudiar en la universidad, la mayoría estudiamos doctorado y en el extranjero. También soy de la generación, cuyo entorno, pasada la década de 1980, cam-bió y en diversos sentidos: se acentuó la corrupción — que siempre ha sido nues-tro gran padecimiento — no existían me-canismos reales de democracia, el sistema político mexicano se caracterizaba por la subordinación de los poderes Legislativo y Judicial al presidente de México y de par-tido hegemónico (Partido Revolucionario Institucional) por lo que no había posibi-lidad de alternancia, cuando José López Portillo compitió por la presidencia de la república, en 1976, no existía un organis-mo autónomo encargado de organizar las elecciones. En la década de 1990, la juventud observábamos que mientras en México todo permanecía estable, el mundo drás-ticamente estaba cambiando, basta recor-dar la caída del Muro de Berlín en 1989, y la juventud de ese entonces que veíamos estos cambios, también buscábamos un desarrollo social, democracia, paz, entre otros. A mitad de la década de 1990, en Mé-xico, se desarrollaron sucesos importantes, como la crisis económica más virulenta de su historia; la juventud que pudimos conseguir una beca, decidimos dejar Mé-xico por mucho tiempo y sin un boleto de

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regreso, quizá porque no veíamos un futu-ro, en ocasiones pienso lo mismo de mis estudiantes. Después de varios años en el extran-jero, decidimos regresar porque nos perca-tamos que había una nueva conversación así como posibilidades de un cambio. La juventud de aquella generación, actual-mente somos los responsables del país, quienes, además, pensamos que no había forma de transformar a México y que cri-ticamos a generaciones pasadas por repro-ducir patrones de corrupción y conductas anticívicas; dicha responsabilidad se nos está yendo de las manos porque no somos capaces de crear conversaciones exitosas con otros grupos sociales o con las per-sonas más jóvenes para comunicar a estas nuevas generaciones qué nos funcionó y qué no. Las mexicanas y mexicanos tenemos problemas comunes, por ejemplo, en el aula, ¿cómo contestar a un estudiante cuando hace una pregunta más allá de lo cognitivo?, en el servicio público, el cual enfrenta problemas cotidianos, ¿cómo responder para ayudar a resolverlos?; tal cuestión es, probablemente, la razón más fuerte que me hizo regresar a México y convertirme en servidor público. Es difícil avanzar hacia la democracia en México, principalmente cuando proveni-mos de familias autoritarias, porque la idea de democracia no es una cuestión abstrac-ta, sino que la vivimos día a día desde que nos levantamos, salimos de nuestras casas, tomamos los autobuses, comemos, plati-camos, conversamos, discutimos, etcétera.

A nuestra generación le corresponde construir vías democráticas, pero nadie se ocupó ni preocupó por enseñarnos a qué nos referimos cuando hablamos de demo-cracia. Cuando les pregunto a mis estudian-tes norteamericanos cuándo supieron por primera vez lo que dice la Enmienda I de su Constitución, les causa gracia porque no recuerdan desde cuándo, ya que desde su niñez saben y lo tienen presente que se trata de la libertad expresión o de pren-sa. En contraste, cuando hago la misma pregunta a mis estudiantes de licenciatu-ra en México, en relación con el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cPeuM) tienen duda de cuándo lo aprendieron, y lo que es peor, no lo tienen asimilado en sus vi-das cotidianas. Esta situación es verdade-ramente grave, es lo que viven las nuevas generaciones; es difícil construir diálogos si las acciones autoritarias que vivimos en nuestro ámbito personal, las reproduci-mos todo el tiempo en el espacio externo.

Por tal motivo, el objetivo de este trabajo es reflexionar sobre cómo la comunicación nos puede ayudar a resolver problemas a través del diseño de estrategias narrativas que contribuyan al cambio social y al desa-rrollo democrático de una localidad.

Modelo de comunicación crítica

Existe una magnífica palabra: reconocimien-to; debemos reconocer que la comunicación

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Lenin Martell GámezEl arte de cambiar una localidad desde sus narrativas

es el centro de los problemas; por ejemplo, en lo concerniente a las campañas políticas en México, no tenemos evidencia que en alguna de ellas se haya colocado a la comu-nicación como el epicentro de los proble-mas, se plantean temas como la seguridad, el desempleo, que son fundamentales, pero no se reconoce a la comunicación bajo este enfoque. A través de cifras que nos ofrece el Banco Mundial (bM) sabemos que la edu-cación de calidad puede contribuir a abatir la pobreza, a mejorar tasas de crecimiento económico y a abatir la desigualdad del in-greso, pero no sabemos cómo evaluar una comunicación, cómo ésta nos podría llevar a la prosperidad o para qué nos sirve eva-luarla. La comunicación también es parte de la rendición de cuentas, está relacionada con participación ciudadana, paz social y construcción ciudadana. ¿Cómo crear un modelo de co-municación que ayude al mejoramiento de nuestras localidades?, ¿cómo pensar a la comunicación a manera de epicentro y no solamente a modo de aparato de ima-gen? Porque la comunicación es más que un vestuario, zapatos y una corbata bonita, es hablar de un modelo de comunicación crítica; dicho modelo no debe ser autorita-rio, debe ser eficiente, empático, racional, efectivo, cooperativo, veraz, informativo, relevante, claro, preciso, plural, pero, fun-damentalmente, que celebre la diversidad. La comunicación debe ser lúdica, estética,

tiene que llevarnos al reconocimiento de las demás personas y de su trabajo diario.

¿Cómo aplicar el modelo? Antanas Mockus, exalcalde de Bogotá

Antanas Mockus (Bogotá, 25 de marzo de 1952) es un político, profesor de Filoso-fía y matemático colombiano. Fue alcalde de Bogotá en dos ocasiones (1995-1998 y 2001-2003), donde, al tener poca paciencia con la sabiduría popular, se le ocurrieron diversas actividades que engloban el mode-lo de comunicación crítica; es decir, mane-ras creativas e innovadoras que no requie-ren dinero, sino talento y reconocimiento de la ciudadanía. Antanas creó unas tarjetas ciuda-danas a raíz de los graves problemas que había en la capital colombiana de tráfico vial. “Tarjetas, con un lado blanco y otro rojo, fueron repartidas a la población masi-vamente. El lado blanco muestra una mano cuyo dedo pulgar está extendido hacia arri-ba. Una leyenda dice “Bogotá coqueta”. El lado rojo muestra una mano cuyo dedo pulgar está extendido hacia abajo, la con-vencional señal de censura. Inicialmente, estas tarjetas fueron elaboradas y reparti-das con el apoyo de la empresa privada. Se difundieron en centenares de miles de uni-dades y se distribuyeron tanto a las perso-nas que van a pie en la vía pública como a quienes conducen sus vehículos” (Mockus, 2001: 9 y 10). Entre algunos resultados del

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uso de dichas tarjetas es que la cara roja con el pulgar abajo era usada para censurar comportamientos indebidos tales como no obedecer las señales de tránsito, y la cara blanca con el pulgar arriba para reconocer comportamientos positivos como darse la vuelta correctamente. Con esta actividad lograron disminuir accidentes de tráfico y mejorar la educación vial. De acuerdo con Mockus, el mensaje básico era “Control social interpersonal posible y deseable” (2001: 21). Otro aspecto relevante fue que el alcalde se percató de lo importante que es reconocer y escuchar a la otra persona, re-conocer quién es la ciudadanía y buscar su talento, lo encontró: el humor,1 por lo que tenían que gobernar apoyándose de éste. En Bogotá no tan sólo había pro-blemas de tráfico vial, sino además, tenían graves problemas de corrupción con po-licías de tránsito, entonces, colocó “mi-mos”2 en ciertas áreas de la ciudad. “La ciudadanía respondía con chiflidos a quie-nes conducían sus vehículos que, ante el pare obligado por el semáforo, no respe-taran las convenciones y se detuvieran so-bre la cebra que demarca el paso peatonal. Cuando la o el conductor no movía el ve-hículo hacia atrás, en medio de los silbidos aparecía un (a) mimo que intentaba per-suadirle a respetar la cebra; si no retrocedía ante la invitación amistosa y lúdica del (la) mimo, intervenía un (a) policía de tránsito. La gente acababa aplaudiendo a la vista de

todas las personas, la acción del (a) policía que imponía la multa. Así, la represión po-licial era la última medida de una secuencia pedagógicamente ordenada y, gracias a la clara lectura de la situación y al respaldo social de la sanción, el efecto pedagógico se reforzaba” (Mockus, 2001: 10). Entonces, en vez de que llegaran las y los policías y pidieran mordida3 había “mimos” que se tiraban al piso cuando quien conducía violaba las reglas de tránsi-to, como señal de un acto indebido, o bien, aplaudían a las personas conductoras que sí respetaban dichas reglas. Con el tiempo se redujeron las malas prácticas de conduc-toras, conductores, peatonas y peatones. El mensaje básico fue “Regulación interper-sonal pacífica y aceptada. Forma nueva de intervención de la autoridad centrada en la educación, la comunicación y la señaliza-ción” (Mockus, 2001: 21). En su segunda administración (2001-2003), Mockus puso en marcha el pago voluntario adicional del 10% en los impuestos predial y de industria y comer-cio. El programa denominado 110% con Bogotá consistía en cancelar el valor del tributo por encima de lo estipulado por la dirección de impuestos distritales. Las per-sonas contribuyentes podían decidir a cuál de los siete objetivos del plan de desarrollo se debían dirigir los recursos y podían de-ducir ese pago adicional del impuesto de renta (Caracol Radio, 2002). Otra acción destacable fue enseñar

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a quienes habitaban Bogotá la cultura del ahorro de agua. “En 1997 hubo dos graves derrumbes en los gigantescos túneles que conducen el agua a la ciudad, lo cual hacía inminente un riguroso racionamiento de agua si no se tomaban medidas de ahorro eficaces… Ante la inminencia de un gran racionamiento debido a daños en los tú-neles de Chingaza, el gobierno propuso una campaña de ahorro de agua voluntario mediante estrategias que abarcaron desde mensajes telefónicos hasta sanciones con-tra el despilfarrador” (Mockus, 2001: 23). Los mensajes telefónicos decían única-mente “Gracias por ahorrar agua”, con la voz del exalcalde y de la cantante Shakira. Cabe destacar que se logró un ahorro de agua de 8% a 12%. Antanas Mockus tuvo una gran voluntad, corresponsabilidad y compro-miso; las leyes regulan la vida social pero no las conciencias. La corresponsabilidad es vincular el derecho (campo de lo for-mal) y la cultura (lo informal); es decir, la aplicación creativa de la ley. Mockus decía que la exploración estética ofrece posibi-lidades empáticas que pueden trascender las fronteras nacionales — locales, desde nuestra perspectiva —. Definitivamente, ser servidora pública o servidor público es una experiencia estética. Resulta imprescindible adoptar va-lores de la pedagogía social y, en nuestro caso, como docentes, trascender los esque-mas tradicionales de enseñanza en las aulas,

para que, con nuestros talentos, podamos enseñar a otras personas, y a su vez, para que éstas nos enseñen lo que saben ha-cer. Se puede educar de diversas formas, un ejemplo son las narrativas cotidianas que consisten en pedagogía social simple, como enseñar sobre el uso del casco mien-tras se utiliza la bicicleta para evitar acci-dentes. Una mala noticia es que lograr el cambio no es sólo lo importante, sino también, hacer que permanezca; por tal motivo, el sistema de comunicación es fundamental porque nos ayuda a fortalecer culturas cívicas. ¿Qué hay en los medios de comunicación? Valores cívicos y educación informal, los cuales, deberían integrar los contenidos de los medios de comunicación donde se puede conversar de diferentes te-mas; además, es posible saber costumbres de gente de otros lugares y conectarse con personas con las que se comparten proble-mas y derechos. ¿Cómo mantener este tipo de cul-tura a través de los medios de comunica-ción? Antanas Mockus se basó en las na-rrativas de la cultura popular, se trata de pequeñas estrategias de comunicación que generan grandes cambios a mediano y lar-go plazo; este tipo de acciones parecieran obvias pero no lo son porque requieren de trabajo, compromiso, creatividad y talento.

El corazón de México (The Heart of Mexico)

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“El corazón de México” es un proyecto que comenzamos en México, en 2012, con el profesor Thorne Anderson, quien ha sido corresponsal para medios como The New York Times en Irak, en el que estudian-tes de la Universidad Autónoma del Esta-do de México (uaeM) y de la Universidad del Norte de Texas (unt), “trabajan juntos para producir y difundir historias de perso-nas ordinarias mediante textos narrativos, fotografías y video” (elaltavoz.mx). El ob-jetivo del proyecto es cambiar la forma en que se enseña periodismo en nuestros paí-ses, que no son únicamente vecinos, sino también familia, en sentido metafórico, más allá de las historias que tenemos uno del otro. El primer año que comenzó el proyecto, las y los estudiantes de ambas universidades trabajaron en Tenancingo, Estado de México, con la pretensión de en-señarles a escribir e investigar el periodis-mo narrativo; es decir, a contar las historias y narrativas de aquella gente que conforma el corazón de México, de ahí el nombre del proyecto. El siguiente año correspondió conocer las historias de las y los habitan-tes de Valle de Bravo, Estado de México. Se trabajó con seis equipos de alumnas y alumnos escritores (as), videógrafos (as) y fotógrafos (as), cuyo objetivo fue inves-tigar la historia y narrativas de las perso-nas, para comprender su vida así como saber a qué se dedican; lo cual, también

contribuye a derribar estereotipos y que gente como Donald Trump4 no señale al pueblo mexicano como vándalo, que sola-mente tiene interés por robar en Estados Unidos.

Banda (Valle de Bravo): Clave de cambio5

Dentro de las historias que se encontraron en Valle de Bravo, destaca la del profesor Alberto Ramírez, quien creó una banda de marcha con estudiantes de primaria y secundaria para que niñas y niños apren-dieran a tocar un instrumento musical; aunque, el objetivo principal era erradicar o prevenir la violencia y el consumo de drogas. “En un pueblo sin bandas en la preparatoria y con un problema de drogas tocando a la puerta del mismo, un grupo de maestros espera que la música ayude a dirigir el curso de las pequeñas vidas y qui-zá salvar las suyas” (Sigman, 2014). El profesor Ramírez proviene de una familia de música y con su talento está enseñando y contribuyendo a cambiar las narrativas en Valle de Bravo; actualmente, ya son varias las escuelas que participan en los festivales, la comunidad se involucra e inscribe a sus hijas e hijos para que partici-pen, lo cual, es una práctica alentadora.

El Centro de Escritura y One Global Economy

El ejemplo anterior nos ha impulsado a

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realizar trabajos comunitarios de manera simultánea, desde la Academia, específica-mente, desde la Coordinación del Centro de Escritura y Lectura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la uaeM en colaboración con la Fundación One Glo-bal Economy y la Corporación Interna-cional de Desarrollo de Software Symantec, donde se consigue recurso para trabajar en las localidades de Toluca, Estado de Méxi-co y sus alrededores; el propósito es ense-ñar a las personas a hacer presentaciones, hablar en público, escribir mejor, manejar bases de datos en Excel, trabajar en equipo. Por tal motivo, enseñamos al alumnado de la uaeM cómo enseñar, para que a su vez, puedan enseñar a otras perso-nas por medio de proyectos comunitarios sencillos, situación posible si aprendemos a reconocer la inteligencia colectiva que tenemos en México y en nuestras localida-des. Los tanques de pensamiento; es decir, las ideas y reflexiones sobre cómo resolver problemas sociales, no se encuentran úni-camente en la Academia o en las agencias de investigación de nivel mundial, sino que están en todo lugar, lo que nos permite fortalecer nuestra identidad al cuestionar-nos: ¿para qué somos buenas o buenos?, ¿qué hacemos bien?, ¿qué sabemos hacer con Organizaciones No Gubernamentales (ongs)? Desarrollamos otro proyecto rela-cionado con el empleo, cuyo panorama es difícil en México. En principio, elaboramos

un banco de datos con las empresas que se encuentran en Toluca y les preguntamos el perfil, habilidades y conocimientos de las personas que requieren para emplearlas. Posteriormente visitamos las comunidades para preguntarle a las personas lo que sa-bían hacer, resultó interesante conocer que la mayoría de las personas encuestadas no sabían lo que sabían hacer. El propósito es que las empresas contraten a quienes viven cerca de éstas. Como se observa, este pro-yecto es un ejemplo de comunicación y de la reunión de narrativas. Ambos proyectos son importantes y tuvieron éxito, incluso, una organización mundial tenía la intención de apoyarnos económicamente para hacer centros co-munitarios; sin embargo, en México aún es difícil la coordinación y comunicación en-tre autoridades de gobierno de los diferen-tes ámbitos, actoras y actores involucrados y organizaciones civiles, para que proyec-tos de esta naturaleza logren su puesta en marcha.

¿Cómo podemos hacer para mejorar nuestras comunidades desde la comunicación?

No se necesita mucho, en realidad se re-quiere utilizar el talento local; por ejemplo, Facebook y Twitter son plataformas que han cambiado completamente las formas de co-municación, a través de ellas podemos con-seguir nuevo conocimiento e información

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así como crear nuevas conversaciones; no obstante, en el ámbito público, se requie-ren redes sociales y páginas electrónicas profesionales, con información útil y fo-mentar su uso; es necesario contactar a la gente y conocer sus patrimonios; crear redes; establecer comunicación directa y bidireccional, de ambos lados, donde las y los servidores públicos atiendan de manera eficiente las demandas e información que la ciudadanía solicita, los procesos autorita-rios fomentan el miedo e inhiben este tipo de comunicación, por lo que deben erra-dicarse; se deben fomentar vínculos entre gobiernos municipales e instituciones loca-les con universidades; reconocer el trabajo de todas las personas funcionarias públi-cas; aprender a intercambiar experiencias para identificar lo que nos ha funcionado y lo que no; impulsar el trabajo voluntario, existe evidencia que en las comunidades rurales la participación voluntaria es mayor que en las poblaciones urbanas, aunque en estas últimas las protestas por inseguridad, por servicios públicos deficientes, entre otras, son más frecuentes; potencializar las actividades deportivas, dado que donde hay canchas de futbol o de otro deporte, es probable que no exista violencia; promo-ver recitales públicos; impulsar performance en los semáforos; generar competencia y hacer trueque de oficios y profesiones para obtener beneficios mutuos entre las per-sonas; proponer y crear basureros lúdicos, estos espacios no tienen porque dar una

imagen desagradable, pueden pintarse y dar un aspecto más amigable; aprovechar la fiesta, este tipo de celebraciones son parte de nuestra cultura, nos gusta y nos distingue de otros países. Para eso son los medios de co-municación, los medios públicos; la niñez aprende rápido y las personas mayores, con sus experiencias, pueden asistir a las escuelas y enseñar a niñas y niños sus co-nocimientos, para esta actividad no se re-quiere recurso económico.

Niño ebanista ¿su futuro?

En el proyecto “El corazón de México” se desarrolló la historia de Ulises y Christo-pher Aguacate González, “son dos jóvenes hermanos que viven solos en San Simon El Alto, México. Si no venden ninguna pieza de tallado en madera puede que no coman por un día. Ulises cree que si pue-de moldear un pedazo de madera, enton-ces aprenderá a moldear su propia vida” (Ortega, 2013). Ulises tiene un talento es-pectacular como ebanista, pero si desde el Estado no se le apoya para que pueda de-sarrollarse, él podría migrar hacia Estados Unidos o no tener la posibilidad de abrirse paso a través de su talento. No podemos esperar cambios a corto plazo, se necesita pensar y reflexio-nar, es un proceso social, los cambios que engloban la comunicación y la cultura son de mediano y largo plazo.

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¿Qué beneficios nos traerá entender las narrativas, trabajar en ellas para lograr un cambio social?

Las narrativas nos pueden ayudar a recons-truir el tejido social, generar legitimidad, confiabilidad, empoderamiento, captación de recursos, imagen, rendición de cuentas, responsabilidad generacional, y, principal-mente para quienes se desempeñan en el servicio público, tener paz y decir con or-gullo que día a día se trabaja con dignidad.

Notas

1 El humor es el gran talento de México y de América Latina, con éste podríamos crear narrativas que podrían ayudarnos a solucionar grandes problemas que enfren-tamos actualmente.

2 Personas que expresan un tipo de arte dramático sin el habla, sustituyéndole por expresiones físicas.

3 Expresión mexicana que refiere a un so-borno para evitar multas, trámites, entre otros.

4 Es un empresario, político, personalidad televisiva y escritor estadounidense, pre-candidato del Partido Republicano en las elecciones presidenciales de 2016.

5 Narrativa por Ashlea Sigman, traducido

por Verónica Velasco y video por Christina Gunlock, en http://heartofmexicostories.com/2014/portfolios/clave-de-cambio/

Bibliografía

Caracol Radio (2002), “Mockus pone en marcha pago diez por ciento adicional, voluntario, en impuestos”, en http://ca-racol.com.co/radio/2002/03/18/econo-mia/1016406000_125164.html, consulta-do en junio de 2016.

Elaltavoz.mx (2015), “Invitan a alumnos de la comunicación al proyecto “Cora-zón de México”, en http://elaltavoz.mx/2015/03/28/alumnos-de-merida-en-periodismo-narrativo/, consultado en ju-nio de 2016.

Mockus, Antanas (2001), “Cultura ciuda-dana, programa contra la violencia en San-ta Fe de Bogotá, Colombia, 1995-1997”, Estudio técnico, Washington, dc, Banco Interamericano de Desarrollo, pp. 21.

Ortega, Cristobal (Productor) (2013), “Artistas de la vida”, en http://heartof-mexico2013.com/es/portfolio/el-arte-de-gary/

Sigman, Ashlea (2014), “Clave de cam-bio”, en http://heartofmexicostories.com/2014/portfolios/clave-de-cambio/

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Lenin MarteLL gáMez. Profesor-investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Autónoma del Estado de México (uaeM). Maestro en Comu-nicación de Masas por la Universidad de Boston. Realizó estudios de posgrado en la Uni-versidad Complutense de Madrid y en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (unaM). Ha sido profesor invitado en varias universida-des de México y en la Universidad del Norte de Texas, donde también es co-director del proyecto de periodismo narrativo “El corazón de México”. Pertenece al grupo de investi-gación y trabajo: Medios Públicos y Estudios de Periodismo. Actualmente es colaborador de la revista Zócalo, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y del comité de la defensoría del radioescucha de Radio Educación. También es miembro del Consejo Edi-torial del periódico Reforma (sección “De Viaje”) y es ex vicepresidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (aMic). Ha sido coordinador de varios libros y escrito artículos académicos en revistas de divulgación científica.

El trabajo forma parte de la ponencia dictada el 23 de septiembre de 2015, en el marco del ciclo de conferencias que organiza la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México.

Documento

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acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales

para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través

de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

PriMero.- Este Acuerdo tiene por objeto emitir el Código de Ética de los ser-vidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos genera-les para propiciar la integridad de los servi-dores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comporta-miento ético, a través de los Comités de Éti-ca y de Prevención de Conflictos de Interés. segundo.- El Código de Ética, las Reglas de Integridad y los Lineamientos ge-nerales, regirán la conducta de los servidores públicos al servicio de las dependencias y en-tidades de la Administración Pública Federal. Los entes públicos cuyas leyes espe-cíficas prevean el establecimiento de códigos de ética o de acciones concretas en la ma-teria, deberán informar a la Secretaría de la Función Pública el diagnóstico, la evaluación y los resultados a que se refieren los artículos 48 a 51 de la Ley Federal de Responsabilida-des Administrativas de los Servidores Públi-cos, en los términos que dicte la Unidad. tercero.- El lenguaje empleado en el Código de Ética, en las Reglas de Inte-gridad y en los Lineamientos generales, no busca generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redac-ción hechas hacia un género representan a ambos sexos.

Para esos efectos y del presente Acuerdo, del Código de Ética, de las Reglas de Integridad y de los Lineamientos genera-les, se entenderá por:a) Bases: Las Bases para la Integración, Or-

ganización y Funcionamiento de los Co-mités de Ética y de Prevención de Con-flictos de Interés;

b) Código de Conducta: El instrumento emi-tido por el Titular de la dependencia o entidad a propuesta de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés;

c) Código de Ética: El Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Fede-ral, a que se refiere el presente Acuerdo;

d) Comité: El Comité de Ética y de Pre-vención de Conflictos de Interés. En su caso, los subcomités o comisiones per-manentes o temporales que se establez-can conforme a los Lineamientos gene-rales;

e) Comité de Control y Desempeño Institucional: El Comité referido en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Ma-teria de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Inter-no, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y sus reformas;

f) Conflicto de interés: La situación que se

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Diario Oficial de la Federaciónacuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal,

las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su

comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

presenta cuando los intereses persona-les, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño in-dependiente e imparcial de sus empleos, cargos, comisiones o funciones;

g) Delación: La narrativa que formula cual-quier persona sobre un hecho o conduc-ta atribuida a un servidor público, y que resulta presuntamente contraria al Códi-go de Conducta y a las Reglas de Integri-dad;

h) Dependencias: Las Secretarías de Estado y sus órganos administrativos descon-centrados, los Órganos Reguladores Coordinados, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Oficina de la Presi-dencia de la República, y la Procuraduría General de la República;

i) Entidades: Las consideradas como enti-dades paraestatales en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

j) Lineamientos generales: Los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para im-plementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Pre-vención de Conflictos de Interés;

k) Reglas de integridad: Las Reglas de Integri-dad para el ejercicio de la función públi-ca, señaladas en el presente Acuerdo, y

l) Unidad: La Unidad Especializada en Éti-ca y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública.

cuarto.- Se emite el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, conforme a lo siguiente:

Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal

I. Principios constitucionales que todo servi-dor público debe observar en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función.1. Legalidad.- Los servidores públicos ha-

cen sólo aquello que las normas expresa-mente les confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposi-ciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo, o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.

2. Honradez.- Los servidores públicos se conducen con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscan o aceptan compensa-ciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organi-zación, debido a que están conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo públi-co implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.

3. Lealtad.- Los servidores públicos corres-ponden a la confianza que el Estado les ha conferido; tienen una vocación abso-luta de servicio a la sociedad, y satisfa-cen el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses par-ticulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población.

4. Imparcialidad.- Los servidores públicos

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dan a los ciudadanos y a la población en general el mismo trato, no conceden pri-vilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.

5. Eficiencia.- Los servidores públicos ac-túan conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, pro-curando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos pú-blicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplica-ción.

II. Valores que todo servidor público debe anteponer en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o funciones:1. Interés Público.- Los servidores públicos

actúan buscando en todo momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, aje-nos a la satisfacción colectiva.

2. Respeto.- Los servidores públicos se con-ducen con austeridad y sin ostentación, y otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal ma-nera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a tra-vés de la eficacia y el interés público.

3. Respeto a los Derechos Humanos.- Los ser-vidores públicos respetan los derechos humanos, y en el ámbito de sus com-petencias y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de conformidad con los Principios de: Universalidad que establece que los derechos humanos co-rresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; de Interdependencia que implica que los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente en-tre sí; de Indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman una tota-lidad de tal forma que son complemen-tarios e inseparables, y de Progresividad que prevé que los derechos humanos es-tán en constante evolución y bajo ningu-na circunstancia se justifica un retroceso en su protección.

4. Igualdad y no discriminación.- Los servi-dores públicos prestan sus servicios a todas las personas sin distinción, exclu-sión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las caracte-rísticas genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filia-ción política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro motivo.

5. Equidad de género.- Los servidores públi-cos, en el ámbito de sus competencias y

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atribuciones, garantizan que tanto mu-jeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales.

6. Entorno Cultural y Ecológico.- Los servi-dores públicos en el desarrollo de sus actividades evitan la afectación del pa-trimonio cultural de cualquier nación y de los ecosistemas del planeta; asumen una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio de sus fun-ciones y conforme a sus atribuciones, promueven en la sociedad la protección y conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado para las generaciones futuras.

7. Integridad.- Los servidores públicos ac-túan siempre de manera congruente con los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidos en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al interés público y gene-ren certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vincule u observen su actuar.

8. Cooperación.- Los servidores públicos co-laboran entre sí y propician el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comu-nes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio público en

beneficio de la colectividad y confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

9. Liderazgo.- Los servidores públicos son guía, ejemplo y promotores del Código de Ética y las Reglas de Integridad; fo-mentan y aplican en el desempeño de sus funciones los principios que la Constitu-ción y la ley les impone, así como aquellos valores adicionales que por su importan-cia son intrínsecos a la función pública.

10. Transparencia.- Los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones prote-gen los datos personales que estén bajo su custodia; privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y proporcio-nando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su com-petencia, difunden de manera proactiva información gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto.

11. Rendición de Cuentas.- Los servidores pú-blicos asumen plenamente ante la socie-dad y sus autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía.

quinto.- Se emiten las Reglas de In-tegridad para el ejercicio de la función públi-ca, conforme a lo siguiente:

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Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública

1. Actuación pública El servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función, con-duce su actuación con transparencia, hones-tidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara orientación al interés público. Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas si-guientes:a) Abstenerse de ejercer las atribuciones y

facultades que le impone el servicio pú-blico y que le confieren los ordenamien-tos legales y normativos correspondien-tes.

b) Adquirir para sí o para terceros, bienes o servicios de personas u organizaciones beneficiadas con programas o contra-tos gubernamentales, a un precio no-toriamente inferior o bajo condiciones de crédito favorables, distintas a las del mercado.

c) Favorecer o ayudar a otras personas u organizaciones a cambio o bajo la pro-mesa de recibir dinero, dádivas, obse-quios, regalos o beneficios personales o para terceros.

d) Utilizar las atribuciones de su empleo, cargo, comisión o funciones para bene-ficio personal o de terceros.

e) Ignorar las recomendaciones de los or-ganismos públicos protectores de los derechos humanos y de prevención de la discriminación, u obstruir alguna inves-tigación por violaciones en esta materia.

f) Hacer proselitismo en su jornada laboral u orientar su desempeño laboral hacia preferencias político-electorales.

g) Utilizar recursos humanos, materiales o financieros institucionales para fines dis-tintos a los asignados.

h) Obstruir la presentación de denuncias administrativas, penales o políticas, por parte de compañeros de trabajo, subor-dinados o de ciudadanos en general.

i) Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin apegarse a las disposicio-nes normativas aplicables.

j) Permitir que servidores públicos subor-dinados incumplan total o parcialmente con su jornada u horario laboral.

k) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públicos como a toda persona en general.

l) Actuar como abogado o procurador en juicios de carácter penal, civil, mercantil o laboral que se promuevan en contra de instituciones públicas de cualquiera de los tres órdenes y niveles de Gobierno.

m) Dejar de establecer medidas preventivas al momento de ser informado por escri-to como superior jerárquico, de una po-sible situación de riesgo o de conflicto de interés.

n) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amenazar a per-sonal subordinado o compañeros de tra-bajo.

ñ) Desempeñar dos o más puestos o cele-brar dos o más contratos de prestación de servicios profesionales o la combina-ción de unos con otros, sin contar con

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dictamen de compatibilidad.o) Dejar de colaborar con otros servido-

res públicos y de propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos co-munes previstos en los planes y progra-mas gubernamentales.

p) Obstruir u obstaculizar la generación de soluciones a dificultades que se pre-senten para la consecución de las metas previstas en los planes y programas gu-bernamentales.

q) Evitar conducirse bajo criterios de aus-teridad, sencillez y uso apropiado de los bienes y medios que disponga con moti-vo del ejercicio del cargo público.

r) Conducirse de forma ostentosa, incon-gruente y desproporcionada a la remu-neración y apoyos que perciba con moti-vo de cargo público.

2. Información pública El servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función, con-duce su actuación conforme al principio de transparencia y resguarda la documentación e información gubernamental que tiene bajo su responsabilidad. Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas si-guientes:a) Asumir actitudes intimidatorias frente a

las personas que requieren de orienta-ción para la presentación de una solici-tud de acceso a información pública.

b) Retrasar de manera negligente las acti-vidades que permitan atender de forma ágil y expedita las solicitudes de acceso a información pública.

c) Declarar la incompetencia para la aten-ción de una solicitud de acceso a infor-mación pública, a pesar de contar con atribuciones o facultades legales o nor-mativas.

d) Declarar la inexistencia de información o documentación pública, sin realizar una búsqueda exhaustiva en los expe-dientes y archivos institucionales bajo su resguardo.

e) Ocultar información y documentación pública en archivos personales, ya sea dentro o fuera de los espacios institucio-nales.

f) Alterar, ocultar o eliminar de manera de-liberada, información pública.

g) Permitir o facilitar la sustracción, des-trucción o inutilización indebida, de in-formación o documentación pública.

h) Proporcionar indebidamente documen-tación e información confidencial o re-servada.

i) Utilizar con fines lucrativos las bases de datos a las que tenga acceso o que haya obtenido con motivo de su empleo, car-go, comisión o funciones.

j) Obstaculizar las actividades para la iden-tificación, generación, procesamiento, difusión y evaluación de la información en materia de transparencia proactiva y gobierno abierto.

k) Difundir información pública en mate-ria de transparencia proactiva y gobierno abierto en formatos que, de manera deli-berada, no permitan su uso, reutilización o redistribución por cualquier interesa-do.

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3. Contrataciones públicas, Licencias, Permi-sos, Autorización y Concesiones El servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función o a través de subordinados, participa en con-trataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizacio-nes y concesiones, se conduce con transpa-rencia, imparcialidad y legalidad; orienta sus decisiones a las necesidades e intereses de la sociedad, y garantiza las mejores condiciones para el Estado. Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas si-guientes:a) Omitir declarar conforme a las disposi-

ciones aplicables los posibles conflictos de interés, negocios y transacciones co-merciales que de manera particular haya tenido con personas u organizaciones inscritas en el Registro Único de Con-tratistas para la Administración Pública Federal.

b) Dejar de aplicar el principio de equidad de la competencia que debe prevalecer entre los participantes dentro de los pro-cedimientos de contratación.

c) Formular requerimientos diferentes a los estrictamente necesarios para el cumpli-miento del servicio público, provocando gastos excesivos e innecesarios.

d) Establecer condiciones en las invitacio-nes o convocatorias que representen ventajas o den un trato diferenciado a los licitantes.

e) Favorecer a los licitantes teniendo por sa-tisfechos los requisitos o reglas previstos

en las invitaciones o convocatorias cuando no lo están; simulando el cum-plimiento de éstos o coadyuvando a su cumplimiento extemporáneo.

f) Beneficiar a los proveedores sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en las solicitudes de cotización.

g) Proporcionar de manera indebida infor-mación de los particulares que partici-pen en los procedimientos de contrata-ciones públicas.

h) Ser parcial en la selección, designación, contratación, y en su caso, remoción o rescisión del contrato, en los procedi-mientos de contratación.

i) Influir en las decisiones de otros servi-dores públicos para que se beneficie a un participante en los procedimientos de contratación o para el otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.

j) Evitar imponer sanciones a licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las disposiciones jurídicas aplicables.

k) Enviar correos electrónicos a los licitan-tes, proveedores, contratistas o conce-sionarios a través de cuentas personales o distintas al correo institucional.

l) Reunirse con licitantes, proveedores, contratistas y concesionarios fuera de los inmuebles oficiales, salvo para los ac-tos correspondientes a la visita al sitio.

m) Solicitar requisitos sin sustento para el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.

n) Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organización en la

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gestión que se realice para el otorga-miento y prórroga de licencias, permi-sos, autorizaciones y concesiones.

ñ) Recibir o solicitar cualquier tipo de com-pensación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión que se realice para el otorga-miento y prórroga de licencias, permi-sos, autorizaciones y concesiones.

o) Dejar de observar el protocolo de actua-ción en materia de contrataciones públi-cas y otorgamiento de licencias, permi-sos, autorizaciones, concesiones y sus prórrogas.

p) Ser beneficiario directo o a través de fa-miliares hasta el cuarto grado, de contra-tos gubernamentales relacionados con la dependencia o entidad que dirige o en la que presta sus servicios.

4. Programas gubernamentales El servidor público que con motivo de su empleo, cargo, comisión o función o a través de subordinados, participa en el otor-gamiento y operación de subsidios y apoyos de programas gubernamentales, garantiza que la entrega de estos beneficios se apegue a los principios de igualdad y no discrimina-ción, legalidad, imparcialidad, transparencia y respeto. Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas si-guientes:a) Ser beneficiario directo o a través de familiares hasta el cuarto grado, de pro-

gramas de subsidios o apoyos de la de-pendencia o entidad que dirige o en la que presta sus servicios.

b) Permitir la entrega o entregar subsidios

o apoyos de programas gubernamenta-les, de manera diferente a la establecida en la reglas de operación.

c) Brindar apoyos o beneficios de progra-mas gubernamentales a personas, agru-paciones o entes que no cumplan con los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos en las reglas de operación.

d) Proporcionar los subsidios o apoyos de programas gubernamentales en perio-dos restringidos por la autoridad elec-toral, salvo casos excepcional (sic) por desastres naturales o de otro tipo de contingencia declarada por las autorida-des competentes.

e) Dar trato inequitativo o preferencial a cualquier persona u organización en la gestión del subsidio o apoyo del progra-ma, lo cual incluye el ocultamiento, re-traso o entrega engañosa o privilegiada de información.

f) Discriminar a cualquier interesado para acceder a los apoyos o beneficios de un programa gubernamental.

g) Alterar, ocultar, eliminar o negar infor-mación que impida el control y evalua-ción sobre el otorgamiento de los bene-ficios o apoyos a personas, agrupaciones o entes, por parte de las autoridades fa-cultadas.

h) Entregar, disponer o hacer uso de la información de los padrones de benefi-

ciarios de programas gubernamentales diferentes a las funciones encomenda-das.

5. Trámites y servicios El servidor público que con motivo de

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su empleo, cargo, comisión o función parti-cipa en la prestación de trámites y en el otor-gamiento de servicios, atiende a los usuarios de forma respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial. Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas si-guientes:a) Ejercer una actitud contraria de servicio,

respeto y cordialidad en el trato, incum-pliendo protocolos de actuación o aten-ción al público.

b) Otorgar información falsa sobre el pro-ceso y requisitos para acceder a consul-tas, trámites, gestiones y servicios.

c) Realizar trámites y otorgar servicios de forma deficiente, retrasando los tiempos de respuesta, consultas, trámites, gestio-nes y servicios.

d) Exigir, por cualquier medio, requisitos o condiciones adicionales a los señalados por las disposiciones jurídicas que regu-lan los trámites y servicios.

e) Discriminar por cualquier motivo en la atención de consultas, la realización de trámites y gestiones, y la prestación de servicios.

f) Recibir o solicitar cualquier tipo de com-pensación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión que se realice para el otorga-miento del trámite o servicio.

6. Recursos humanos El servidor público que participa en procedimientos de recursos humanos, de planeación de estructuras o que desempeña en general un empleo, cargo, comisión o fun-ción, se apega a los principios de igualdad y

no discriminación, legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas si-guientes:a) Dejar de garantizar la igualdad de opor-

tunidades en el acceso a la función pú-blica con base en el mérito.

b) Designar, contratar o nombrar en un empleo, cargo, comisión o función, a personas cuyos intereses particulares, laborales, profesionales, económicos o de negocios puedan estar en contrapo-sición o percibirse como contrarios a los intereses que les correspondería velar si se desempeñaran en el servicio público.

c) Proporcionar a un tercero no autoriza-do, información contenida en expedien-tes del personal y en archivos de recur-sos humanos bajo su resguardo.

d) Suministrar información sobre los reac-tivos de los exámenes elaborados para la ocupación de plazas vacantes a personas ajenas a la organización de los concur-sos.

e) Seleccionar, contratar, nombrar o desig-nar a personas, sin haber obtenido pre-viamente, la constancia de no inhabilita-ción.

f) Seleccionar, contratar, nombrar o desig-nar a personas que no cuenten con el perfil del puesto, con los requisitos y do-cumentos establecidos, o que no cum-plan con las obligaciones que las leyes imponen a todo ciudadano.

g) Seleccionar, contratar, designar o nom-brar directa o indirectamente como

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subalternos a familiares hasta el cuarto grado de parentesco.

h) Inhibir la formulación o presentación de inconformidades o recursos que se pre-vean en las disposiciones aplicables para los procesos de ingreso.

i) Otorgar a un servidor público subordi-nado, durante su proceso de evaluación, una calificación que no corresponda a sus conocimientos, actitudes, capacida-des o desempeño.

j) Disponer del personal a su cargo en for-ma indebida, para que le realice trámites, asuntos o actividades de carácter perso-nal o familiar ajenos al servicio público.

k) Presentar información y documentación falsa o que induzca al error, sobre el cumplimiento de metas de su evaluación del desempeño.

l) Remover, cesar, despedir, separar o dar o solicitar la baja de servidores públicos de carrera, sin tener atribuciones o por causas y procedimientos no previstos en las leyes aplicables.

m) Omitir excusarse de conocer asuntos que puedan implicar cualquier conflicto de interés.

n) Evitar que el proceso de evaluación del desempeño de los servidores públicos se realice en forma objetiva y en su caso, dejar de retroalimentar sobre los resul-tados obtenidos cuando el desempeño del servidor público sea contrario a lo esperado.

ñ) Eludir, conforme a sus atribuciones, la reestructuración de áreas identifica-das como sensibles o vulnerables a la

corrupción o en las que se observe una alta incidencia de conductas contrarias al Código de Ética, a las Reglas de Integri-dad o al Código de Conducta.

7. Administración de bienes muebles e in-muebles El servidor público que con moti-vo de su empleo, cargo, comisión o función, participa en procedimientos de baja, enaje-nación, transferencia o destrucción de bie-nes muebles o de administración de bienes inmuebles, administra los recursos con efi-ciencia, transparencia y honradez para satis-facer los objetivos a los que están destinados. Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas si-guientes:a) Solicitar la baja, enajenación, transferen-

cia o destrucción de bienes, cuando és-tos sigan siendo útiles.

b) Compartir información con terceros ajenos a los procedimientos de baja, ena-jenación, transferencia o destrucción de bienes públicos, o sustituir documentos o alterar éstos.

c) Recibir o solicitar cualquier tipo de com-pensación, dádiva, obsequio o regalo, a cambio de beneficiar a los participantes en los procedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles.

d) Intervenir o influir en las decisiones de otros servidores públicos para que se beneficie a algún participante en los pro-cedimientos de enajenación de bienes muebles e inmuebles.

e) Tomar decisiones en los procedimien-tos de enajenación de bienes muebles e

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inmuebles, anteponiendo intereses parti-culares que dejen de asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio disponi-ble en el mercado.

f) Manipular la información proporcio-nada por los particulares en los pro-cedimientos de enajenación de bienes

muebles e inmuebles.g) Utilizar el parque vehicular terrestre,

marítimo o aéreo, de carácter oficial o arrendado para este propósito, para uso particular, personal o familiar, fuera de la normativa establecida por la dependen-cia o entidad en que labore.

h) Utilizar los bienes inmuebles para uso ajeno a la normatividad aplicable.

i) Disponer de los bienes y demás recursos públicos sin observar las normas a los que se encuentran afectos y destinarlos a fines distintos al servicio público.

8. Procesos de evaluación El servidor público que con moti-vo de su empleo, cargo, comisión o función, participa en procesos de evaluación, se apega en todo momento a los principios de legali-dad, imparcialidad y rendición de cuentas. Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas si-guientes:a) Proporcionar indebidamente la infor-

mación contenida en los sistemas de información de la Administración Públi-ca Federal o acceder a ésta por causas distintas al ejercicio de sus funciones y facultades.

b) Trasgredir el alcance y orientación de los resultados de las evaluaciones que realice

cualquier instancia externa o interna en materia de evaluación o rendición de cuentas.

c) Dejar de atender las recomendaciones formuladas por cualquier instancia de evaluación, ya sea interna o externa.

d) Alterar registros de cualquier índole para simular o modificar los resultados de las funciones, programas y proyectos gu-bernamentales.

9. Control interno El servidor público que en el ejerci-cio de su empleo, cargo, comisión o función, participa en procesos en materia de control interno, genera, obtiene, utiliza y comunica información suficiente, oportuna, confiable y de calidad, apegándose a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuen-tas. Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas si-guientes:a) Dejar de comunicar los riesgos asocia-

dos al cumplimiento de objetivos ins-titucionales, así como los relacionados con corrupción y posibles irregularida-des que afecten los recursos económicos públicos.

b) Omitir diseñar o actualizar las políticas o procedimientos necesarios en materia de control interno.

c) Generar información financiera, presu-puestaria y de operación sin el respaldo suficiente.

d) Comunicar información financiera, pre-supuestaria y de operación incompleta, confusa o dispersa.

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e) Omitir supervisar los planes, programas o proyectos a su cargo, en su caso, las actividades y el cumplimiento de las fun-ciones del personal que le reporta.

f) Dejar de salvaguardar documentos e in-formación que se deban conservar por su relevancia o por sus aspectos técni-cos, jurídicos, económicos o de seguri-dad.

g) Ejecutar sus funciones sin establecer las medidas de control que le correspon-dan.

h) Omitir modificar procesos y tramos de control, conforme a sus atribuciones, en áreas en las que se detecten conductas contrarias al Código de Ética, las Reglas de Integridad o al Código de Conducta.

i) Dejar de implementar, en su caso, de adoptar, mejores prácticas y procesos para evitar la corrupción y prevenir cual-quier conflicto de interés.

j) Inhibir las manifestaciones o propues-tas que tiendan a mejorar o superar deficiencias de operación, de procesos, de calidad de trámites y servicios, o de comportamiento ético de los servidores públicos.

k) Eludir establecer estándares o protoco-los de actuación en aquellos trámites o servicios de atención directa al público o dejar de observar aquéllos previstos por las instancias competentes.

10. Procedimiento administrativo El servidor público que en el ejerci-cio de su empleo, cargo, comisión o función, participa en procedimientos administrativos tiene una cultura de denuncia, respeta las

formalidades esenciales del procedimiento y la garantía de audiencia conforme al princi-pio de legalidad. Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas si-guientes:a) Omitir notificar el inicio del procedi-

miento y sus consecuencias.b) Dejar de otorgar la oportunidad de ofre-

cer pruebas.c) Prescindir el desahogo de pruebas en

que se finque la defensa.d) Excluir la oportunidad de presentar ale-

gatos.e) Omitir señalar los medios de defensa

que se pueden interponer para combatir la resolución dictada.

f) Negarse a informar, declarar o testificar sobre hechos que le consten relaciona-dos con conductas contrarias a la nor-matividad, así como al Código de Ética, las Reglas de Integridad y al Código de Conducta.

g) Dejar de proporcionar o negar docu-mentación o información que el Comité y la autoridad competente requiera para el ejercicio de sus funciones o evitar co-laborar con éstos en sus actividades.

h) Inobservar criterios de legalidad, impar-cialidad, objetividad y discreción en los asuntos de los que tenga conocimiento que impliquen contravención a la nor-matividad, así como al Código de Ética, a las Reglas de Integridad o al Código de Conducta.

11. Desempeño permanente con integridad El servidor público que desempeña

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un empleo, cargo, comisión o función, con-duce su actuación con legalidad, imparciali-dad, objetividad, transparencia, certeza, coo-peración, ética e integridad. Vulneran esta regla, de manera enunciativa y no limitativa, las conductas si-guientes:a) Omitir conducirse con un trato digno

y cordial, conforme a los protocolos de actuación o atención al público, y de cooperación entre servidores públicos.

b) Realizar cualquier tipo de discriminación tanto a otros servidores públicos como a toda persona en general.

c) Retrasar de manera negligente las acti-vidades que permitan atender de forma ágil y expedita al público en general.

d) Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar o amenazar a compañeros de trabajo o personal subordinado.

e) Ocultar información y documentación gubernamental, con el fin de entorpecer las solicitudes de acceso a información pública.

f) Recibir, solicitar o aceptar cualquier tipo de compensación, dádiva, obsequio o regalo en la gestión y otorgamiento de trámites y servicios.

g) Realizar actividades particulares en ho-rarios de trabajo que contravengan las medidas aplicables para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos pú-blicos.

h) Omitir excusarse de intervenir en cual-quier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar, de negocios, o

cualquier otro en el que tenga algún con-flicto de interés.

i) Aceptar documentación que no reúna los requisitos fiscales para la comproba-ción de gastos de representación, viáti-cos, pasajes, alimentación, telefonía ce-lular, entre otros.

j) Utilizar el parque vehicular terrestre, marítimo o aéreo, de carácter oficial o arrendado para este propósito, para uso particular, personal o familiar, fuera de la normativa establecida por la dependen-cia o entidad en que labore.

k) Solicitar la baja, enajenación, transfe-rencia o destrucción de bienes muebles, cuando éstos sigan siendo útiles.

l) Obstruir la presentación de denuncias, acusaciones o delaciones sobre el uso indebido o de derroche de recursos eco-nómicos que impidan o propicien la ren-dición de cuentas.

m) Evitar conducirse con criterios de sen-cillez, austeridad y uso adecuado de los bienes y medios que disponga con moti-vo del ejercicio del cargo público.

n) Conducirse de manera ostentosa, inade-cuada y desproporcionada respecto a la remuneración y apoyos que se determi-nen presupuestalmente para su cargo público.

12. Cooperación con la integridad El servidor público en el desempe-ño de su empleo, cargo, comisión o función, coopera con la dependencia o entidad en la que labora y con las instancias encargadas de velar por la observancia de los principios y valores intrínsecos a la función pública, en el

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fortalecimiento de la cultura ética y de servi-cio a la sociedad. Son acciones que, de manera enun-ciativa y no limitativa, hacen posible propi-ciar un servicio público íntegro, las siguien-tes:a) Detectar áreas sensibles o vulnerables a

la corrupción.b) Proponer, en su caso, adoptar cambios a

las estructuras y procesos a fin de inhi-bir ineficiencias, corrupción y conductas antiéticas.

c) Recomendar, diseñar y establecer mejo-res prácticas a favor del servicio público.

sexto.- Se emiten los Lineamientos genera-les para propiciar la integridad de los servi-dores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comporta-miento ético, a través de los Comités de Éti-ca y de Prevención de Conflictos de Interés, conforme a lo siguiente:Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar accio-nes permanentes que favorezcan su comportamiento

ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

1. Objeto Los presentes Lineamientos gene-rales tienen por objeto establecer las Bases para la Integración, Organización y Funcio-namiento de los Comités de Ética y de Pre-vención de Conflictos de Interés.2. Presencia institucional Las dependencias y entidades con-tarán con Comités de Ética y de Preven-ción de Conflictos de Interés, que propicien la integridad de los servidores públicos e

implementen acciones permanentes que fa-vorezcan su comportamiento ético.3. Vinculación y Coordinación Corresponderá a la Unidad ser el vínculo entre la Secretaría de la Función Pública y cada Comité. La coordinación de éstos con la Unidad permitirá la divulgación del Código de Ética y las Reglas de Integri-dad, y la definición y generación de informa-ción y los medios que permitan la evaluación del comportamiento ético de los servidores públicos. La Unidad evaluará la consistencia entre los Códigos de Conducta y los princi-pios y valores del Código de Ética y las Re-glas de Integridad.4. Integración Cada Comité estará conformado por once miembros propietarios con voz y voto, de los cuales uno participará de manera permanente y diez serán electos con carácter temporal. Tendrá el carácter de miembro pro-pietario permanente el Oficial Mayor o su equivalente, quien lo presidirá, y de miem-bros propietarios temporales electos los diez servidores públicos que representen el nivel jerárquico u equivalente siguiente:Un Titular de Unidad;Un Director General;Un Director General Adjunto;Un Director de Área;Un Subdirector de Área;Un Jefe de Departamento;Un Enlace, yTres Operativos.Por cada miembro propietario temporal

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electo se elegirá un suplente. En el supuesto de que las depen-dencias cuenten con órganos administra-tivos desconcentrados, deberán incluir en cualquiera de los niveles jerárquicos antes se-ñalados, un miembro temporal electo que lo represente sin que dicha representación ex-ceda el cincuenta por ciento de la integración del Comité, o bien, tales órganos podrán so-licitar a la Unidad conformar de manera dis-tinta el Comité. La Unidad autorizará la confor-mación del Comité de manera distinta a la señalada en los presentes Lineamientos ge-nerales, previa solicitud del Oficial Mayor o su equivalente, tomando en cuenta las parti-cularidades, características, condiciones, cir-cunstancias o marco jurídico de actuación de las dependencias o entidades. Para el cumplimiento de sus funcio-nes, el Comité podrá establecer los subcomi-tés o comisiones permanentes o temporales, que estime necesarios y regulará su opera-ción y funcionamiento en sus Bases. El Secretario Ejecutivo estará a car-go de la secretaría de los subcomités o co-misiones, los cuales se reunirán previa con-vocatoria realizada por el propio Secretario Ejecutivo. Los subcomités o comisiones ela-borarán, en su caso, un plan de trabajo y deberán presentar, cuando el Comité lo so-licite, un informe de actividades, avances y resultados derivado de las responsabilidades asignadas.5. Elección de Miembros El proceso de elección de los

miembros de carácter temporal del Comité se llevará a cabo mediante la votación que el personal de las dependencias y entidades realice, preferentemente a través de medios electrónicos que determine el Presidente y se efectuará cada dos años en el último bimes-tre del año en el que concluya el periodo. En ningún caso se podrá considerar la designa-ción directa como mecanismo de elección de los miembros del Comité. Los miembros durarán en su encar-go dos años y deberán tener una antigüedad laboral mínima de un año en la dependencia o entidad que corresponda al momento de su elección. Los candidatos deberán ser recono-cidos por su honradez, vocación de servicio, integridad, responsabilidad, confiabilidad, juicio informado, colaboración y trabajo en equipo, y compromiso. La elección será en dos etapas, las cuales serán supervisadas por el Presidente del Comité a través de la Secretaría Ejecuti-va: La primera etapa, Nominación, es aquella por la que el personal de las depen-dencias y entidades con base en la relación de los servidores públicos que por cada nivel jerárquico satisfagan las condiciones y requi-sitos de elegibilidad, procederán a realizar la nominación de sus candidatos. La segunda etapa, Elección, es aque-lla en la que, una vez cerrada la etapa de No-minación, se convocará al personal de las dependencias y entidades para que emitan su voto en favor de alguno de los servidores públicos de cada nivel jerárquico que hayan

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obtenido el mayor número de nominaciones. Tanto la etapa de Nominación como en la de Elección, tendrán respectivamente, una duración de cinco días hábiles. Una vez concluida la etapa de Elec-ción, la Secretaría Ejecutiva revisará e in-tegrará los resultados, mismos que deberá presentar al Comité, para su conocimiento, aprobación y posterior difusión antes de la primera sesión del siguiente año y a través de los medios electrónicos que al efecto se considere pertinente. Los servidores públicos que resul-ten electos y decidan declinar su participa-ción en el Comité, deberán manifestarlo por escrito al Presidente del Comité, para que se convoque a aquellos servidores públicos que de acuerdo con la votación registrada se en-cuentren en el orden inmediato siguiente. Cuando un miembro electo de ca-rácter temporal deje de laborar en la depen-dencia o entidad y éste sea propietario, se integrará al Comité con ese carácter el ser-vidor público electo como su suplente y será convocado como suplente aquel que en la elección pasada, de acuerdo con la votación registrada, se encuentre en el orden inmedia-to siguiente. Cuando el miembro de carácter temporal que deje de laborar sea el suplente, será convocado aquel servidor público que en la elección pasada, de acuerdo con la vo-tación registrada, se encuentre en el orden inmediato siguiente. En los casos en que, como resul-tado de la elección no se cuente con servi-dores públicos que puedan representar a un

determinado nivel jerárquico, el Comité con-vocará nuevamente a elección para que se ocupe el nivel jerárquico con un nivel inme-diato inferior, o en su caso, dejar constancias que no existe servidor público que pueda re-presentar el nivel jerárquico. Previamente a la primera sesión or-dinaria del año, el Presidente notificará me-diante oficio a los servidores públicos que fueron electos como miembros propietarios o suplentes para que integren el Comité. El Presidente convocará mediante oficio a los invitados, recordándoles su parti-cipación y compromiso en el Comité. En caso de que los miembros in-cumplan las obligaciones señaladas en los presentes Lineamientos generales, podrán ser sujetos a responsabilidad administrativa. Los miembros cuya remoción haya sido solicitada con motivo de una posible responsabilidad administrativa, quedarán de inmediato suspendidos de sus funciones y serán sustituidos conforme a los términos previstos en los presentes Lineamientos ge-nerales sobre la renuncia de servidores públi-cos. Las propuestas de remoción se rea-lizarán a través del Presidente quien lo hará del conocimiento del Comité, a fin de que una vez escuchado al miembro que se en-cuentre en el supuesto, el Comité determine lo conducente.6. Principios, Criterios y FuncionesDe los Principios y Criterios. Tomando en cuenta los principios y valores contenidos en el Código de Ética y las Reglas de Integridad, el Comité elaborará

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la propuesta de Código de Conducta que oriente y dé certeza plena a sus servidores públicos sobre el comportamiento ético al que deben sujetarse en su quehacer coti-diano, que prevengan conflictos de interés, y que delimiten su actuación en situaciones específicas que pueden presentarse confor-me a las tareas, funciones o actividades que involucra la operación y el cumplimiento de los planes y programas de la dependencia o entidad a la que pertenecen, así como las áreas y procesos que involucren riesgos de posibles actos corrupción. En el desarrollo de sus funciones y en el conocimiento de los asuntos que impli-quen la contravención del Código de Con-ducta, los miembros del Comité actuarán con reserva y discreción, y ajustarán sus de-terminaciones a criterios de legalidad, impar-cialidad, objetividad, transparencia, certeza, ética e integridad.De las Funciones. Corresponden al Comité, las fun-ciones siguientes:a) Establecer las Bases para su integración,

organización y funcionamiento, en tér-minos de lo previsto en los presentes Lineamientos generales.

Las Bases que emita el Comité deberán contener, entre otros aspectos, los co-rrespondientes a las convocatorias, or-den del día de las sesiones, suplencias, quórum, desarrollo de las sesiones, vo-taciones, elaboración y firma de actas, y procedimientos de comunicación. Las Bases en ningún caso, podrán regu-lar procedimientos de responsabilidad

administrativa de los servidores públi-cos;

b) Elaborar y aprobar, durante el primer trimestre de cada año, su programa anual de trabajo que contendrá cuando menos: los objetivos, metas y activida-des específicas que tenga previsto llevar a cabo, así como enviar una copia del mismo a la Unidad, dentro de los veinte días hábiles siguientes a su aprobación;

c) Vigilar la aplicación y cumplimiento del Código de Ética y las Reglas de Integri-dad;

d) Participar en la elaboración, revisión y de actualización del Código de Conduc-ta, así como vigilar la aplicación y cum-plimiento del mismo.

El Comité deberá considerar en la elaboración del Código de Conducta lo si-guiente:i. El comportamiento ético al que deben

sujetarse los servidores públicos en su quehacer cotidiano, que prevengan con-flictos de interés, y que delimiten su ac-tuación en situaciones específicas que pueden presentarse conforme a las ta-reas, funciones o actividades que involu-cra la operación y el cumplimiento de los planes y programas de la dependencia o entidad a la que pertenecen, así como las áreas y procesos que involucren riesgos de posibles actos corrupción;

ii. Contenido con un lenguaje claro e inclu-yente;

iii. Armonizar los principios y valores con-tenidos en el Código de Ética y las Re-glas de Integridad;

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iv Introducción, en la que se destaquen aquellos valores que resulten indispensa-bles observar en la dependencia o enti-dad, por estar directamente vinculados con situaciones específicas que se pre-sentan o pueden presentarse a los servi-dores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos, comisiones o funcio-nes, considerando el resultado del diag-nóstico que en la dependencia o entidad se haya integrado conforme a lo previs-to en el artículo 48 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

v. Listado de los valores específicos cuya observancia resulta indispensable en la dependencia o entidad, y

vi. Glosario en el que se incluyan vocablos contenidos en el Código de Conducta cuya definición se considere necesaria para la mejor comprensión del referido Código, por estar relacionados con las funciones, actividades y conductas pro-pias de la dependencia o entidad de que se trate;

e) Determinar, conforme a los criterios que establezca la Unidad, los indicado-res de cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta, así como el méto-do para medir y evaluar anualmente los resultados obtenidos. Los resultados y su evaluación se difundirán en la página de Internet de la dependencia o entidad;

f) Participar con la Unidad en la evaluación anual del cumplimiento de los Códigos de Ética y de Conducta;

g) Fungir como órgano de consulta y

asesoría especializada en asuntos rela-cionados con la observación y aplicación del Código de Conducta;

h) Establecer y difundir el procedimiento de recepción y atención de los incumpli-mientos al Código de Conducta;

i) Formular observaciones y recomenda-ciones en el caso de delaciones derivadas del incumplimiento al Código de Con-ducta, que consistirán en un pronuncia-miento imparcial no vinculatorio, y que se harán del conocimiento del o los ser-vidores públicos involucrados y de sus superiores jerárquicos;

j) Formular sugerencias al Comité de Con-trol y Desempeño Institucional para modificar procesos y tramos de control en las unidades administrativas o áreas, en las que se detecten conductas con-trarias al Código de Ética, las Reglas de Integridad y al Código de Conducta;

k) Difundir y promover los contenidos del Código de Ética, de las Reglas de Inte-gridad y del Código de Conducta;

l) Fomentar acciones permanentes sobre el respeto a los derechos humanos, pre-vención de la discriminación e igualdad de género, y los demás principios y valo-res contenidos en el Código de Ética, en las Reglas de Integridad y en el Código de Conducta, que permitan a los servi-dores públicos identificar y delimitar las conductas que en situaciones específicas deban observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos, comisiones o funciones;

m) Promover en coordinación con la Unidad,

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programas de capacitación y sensibili-zación en materia de ética, integridad y prevención de conflictos de interés, en-tre otras;

n) Dar vista al órgano interno de control de la dependencia o entidad de las conduc-tas de servidores públicos que puedan constituir responsabilidad administrativa en términos de la normatividad aplicable en la materia;

ñ) Otorgar reconocimientos o premios a instituciones, áreas o personas que pro-muevan acciones o que realicen apor-taciones que puedan implementarse para reforzar la cultura de la ética y la integridad entre los servidores públicos, conforme a las bases que establezca la Unidad;

o) Presentar en el mes de enero al titular de la dependencia o entidad o al órgano de gobierno de las entidades según co-rresponda y a la Unidad, así como en su caso al Comité de Control y Desempeño Institucional durante la primera sesión del ejercicio fiscal siguiente, un informe anual de actividades que deberá conte-ner por lo menos:

i. El seguimiento a las actividades contem-pladas en el programa anual de trabajo;

ii. El número de servidores públicos capa-citados en temas relacionados con la éti-ca, integridad y prevención de conflictos de interés u otros temas relacionados;

iii. Los resultados de la evaluación que se hubiere realizado respecto del cumpli-miento del Código de Conducta;

iv. El seguimiento de la atención de los

incumplimientos al Código de Conduc-ta, para lo cual deberá considerar el nú-mero de asuntos, fechas de recepción y los motivos; el principio o valor trans-gredido del Código de Ética; fecha y sentido de la determinación, y número de casos en que se dio vista al órgano interno de control, y

v. Sugerencias para modificar procesos y tramos de control en las unidades admi-nistrativas o áreas, en las que se detecten conductas contrarias al Código de Ética, las Reglas de Integridad y al Código de Conducta.

Este informe se difundirá de mane-ra permanente en la página de Internet de la dependencia o entidad, observando los crite-rios que para tal efecto establezca la Unidad;p) Establecer los subcomités o comisiones

que estime necesarios para el cumpli-miento de sus funciones, así como sus bases de funcionamiento respectivas, y

q) Las demás análogas a las anteriores y que resulten necesarias para el cumpli-miento de sus funciones.

Los Comités, para el cumplimiento de sus funciones se apoyarán de los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenten las dependencias o entidades, por lo que su funcionamiento no implicará la ero-gación de recursos adicionales.7. Delación Cualquier persona puede hacer del conocimiento presuntos incumplimientos al Código de Ética, las Reglas de Integridad y el Código de Conducta y acudir ante el Comité para presentar una delación, acompañado del

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testimonio de un tercero. El Comité podrá establecer medios electrónicos para la pre-sentación de delaciones. Se podrá admitir la presentación de delaciones anónimas, siempre que en ésta se identifique al menos a una persona que le consten los hechos. Cuando resulte necesario el Comi-té mantendrá estricta confidencialidad del nombre y demás datos de la persona que presente una delación, y del o los terceros a los que les consten los hechos, a no ser que tengan el carácter de servidores públicos. Una vez recibida la delación, el Se-cretario Ejecutivo le asignará un número de expediente y verificará que contenga el nom-bre y el domicilio o dirección electrónica para recibir informes, un breve relato de los hechos, los datos del servidor público invo-lucrado y en su caso, los medios probatorios de la conducta, entre éstos, los de al menos un tercero que haya conocido de los hechos. El Secretario Ejecutivo solicitará por única vez que la delación cumpla con los elementos previstos para hacerla del conoci-miento del Comité, y de no contar con ellos archivará el expediente como concluido. La información contenida en la delación podrá ser considerada como un antecedente para el Comité cuando ésta involucre reiteradamen-te a un servidor público en particular. La documentación de la delación se turnará por el Secretario Ejecutivo a los miembros del Comité para efecto de su ca-lificación, que puede ser: probable incumpli-miento o de no competencia para conocer de la delación.

En caso de no competencia del Co-mité para conocer de la delación, el Presi-dente deberá orientar a la persona para que la presente ante la instancia correspondiente. De considerar el Comité que existe probable incumplimiento al Código de Éti-ca, a las Reglas de Integridad o el Código de Conducta, entrevistará al servidor público involucrado y de estimarlo necesario, para allegarse de mayores elementos, a los testi-gos y a la persona que presentó la delación. Para esta tarea el Comité podrá conformar una comisión, con al menos tres de los miembros temporales, para que realicen las entrevistas, debiendo éstos dejar constancia escrita. La circunstancia de presentar una delación no otorga a la persona que la pro-mueve el derecho de exigir una determinada actuación del Comité. Los servidores pú-blicos de la dependencia o entidad deberán apoyar a los miembros del Comité y propor-cionarles las documentales e informes que requieran para llevar a cabo sus funciones. El Presidente del Comité podrá determinar medidas preventivas previas en caso de que la delación describa conductas en las que supuestamente se hostigue, agre-da, amedrente, acose, intimide o amenace a una persona, sin que ello signifique tener como ciertos los hechos. Cuando los hechos narrados en una delación afecten únicamente a la persona que la presentó, los miembros del Comité comi-sionados para su atención, podrán intentar una conciliación entre las partes involucra-das, siempre con el interés de respetar los

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principios y valores contenidos en el Código de Ética y en las Reglas de Integridad. Los miembros del Comité comi-sionados para atender una delación presen-tarán sus conclusiones y si éstas consideran un incumplimiento al Código de Ética, a las Reglas de Integridad o el Código de Conduc-ta, el Comité determinará sus observaciones y en su caso, recomendaciones. De estimar una probable responsabilidad administrativa, dará vista al órgano interno de control. La atención de la delación deberá concluirse por el Comité dentro de un pla-zo máximo de tres meses contados a partir de que se califique como probable incumpli-miento.8. FuncionamientoDe las Sesiones. El Comité celebrará por lo menos tres sesiones ordinarias conforme a lo apro-bado en su Programa Anual de Trabajo. Igualmente podrá celebrar sesiones extraor-dinarias en cualquier momento. Las sesiones podrán ser presenciales o por medios elec-trónicos. Las convocatorias se enviarán por el Presidente o por el Secretario Ejecutivo, con una antelación mínima de cinco días hábiles a la fecha de la sesión ordinaria que corres-ponda y dos días hábiles a la fecha de la se-sión extraordinaria correspondiente. El envío de las convocatorias y la documentación relacionada con los puntos del orden del día, se podrá hacer a través de medios electrónicos. En la convocatoria se hará constar el lugar, fecha y hora de la reunión, así como

el orden del día de la misma o, cuando me-nos, una referencia sucinta de los asuntos que vayan a ser tratados por el Comité. El orden del día de las sesiones or-dinarias, contendrá entre otros apartados, el de seguimiento de acuerdos adoptados en sesiones anteriores y el de asuntos generales, en este último sólo podrán incluirse temas de carácter informativo. El orden del día de las sesiones ex-traordinarias comprenderá asuntos específi-cos y no incluirá seguimiento de acuerdos ni asuntos generales. El orden del día que corresponda a cada sesión será elaborado por el Presidente, los miembros del Comité podrán solicitar la incorporación de asuntos en el mismo. Los representantes del órgano inter-no de control de la dependencia o entidad, de las unidades administrativas de asuntos jurídicos y de recursos humanos asistirán a las sesiones del Comité en calidad de aseso-res cuando éste así lo acuerde, contarán sólo con voz durante su intervención o para el desahogo de los asuntos del orden del día para los que fueron convocados, y se les pro-porcionará previamente la documentación soporte necesaria. El Comité informará al represen-tante del órgano interno de control de la dependencia o entidad sobre cada una de las sesiones y de los asuntos a tratar, paraque éste determine cuáles de ellas presen-ciará aún sin ser invitado, y de ser necesario, para que solicite la documentación soporte correspondiente. Cuando el Presidente así lo autorice,

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podrán asistir a las sesiones del Comité como invitados con voz, pero sin voto, cualquier persona que pueda coadyuvar al cumplimien-to de sus objetivos y única y exclusivamente para el desahogo de los puntos del orden del día para los cuales fueron invitados. En cualquier asunto en el que los in-vitados tuvieren o conocieren de un posible conflicto de interés, personal o de alguno de los demás miembros del Comité, deberá ma-nifestarlo y el que tuviere el conflicto, abste-nerse de toda intervención. Excepcionalmente, si se produjese algún hecho que alterase de forma sustancial el buen orden de la sesión, o se diera otra circunstancia extraordinaria que impida su normal desarrollo, el Presidente podrá acor-dar la suspensión de ésta durante el tiempo que sea necesario para restablecer las condi-ciones que permitan su continuación.Del Quórum. El Comité quedará válidamente constituido cuando asistan a la sesión, como mínimo, siete de sus miembros propietarios o suplentes en funciones, entre los cuales se encuentre presente el Presidente. Los miembros propietarios del Co-mité asistirán a las sesiones y sus ausencias serán cubiertas por sus respectivos suplen-tes, para lo cual, el miembro propietario ten-drá la obligación de avisarle a su suplente para que asista en funciones de propietario. Si no se integrara el quórum men-cionado, la sesión podrá efectuarse al día si-guiente con la presencia de, cuando menos, cinco miembros propietarios o suplentes en funciones, entre los que se encuentre presente

el Presidente. Los Comités que se conformen de manera distinta, autorizados por la Unidad, determinarán su quórum con la mitad de sus integrantes más uno, entre los que deberá encontrarse el Presidente. En la convocatoria respectiva, se comunicará la necesidad de contar con quó-rum, en su caso, se celebrará una segunda convocatoria en la que se fijará lugar, fecha y hora de la celebración de la sesión, en caso de que no hubiera quórum para celebrar la primera.Desarrollo de las sesiones. Durante las sesiones ordinarias, el Comité deliberará sobre las cuestiones con-tenidas en el orden del día y éste compren-derá asuntos generales. Durante las sesiones extraordinarias, no habrá asuntos generales. En las sesiones se tratarán los asun-tos en el orden siguiente:a) Verificación del quórum por el Secreta-

rio Ejecutivo;b) Consideración y aprobación, en su caso,

del orden del día;c) Lectura y aprobación, en su caso, del

acta de la sesión anterior, yd) Discusión y aprobación, en su caso, de

los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los asuntos debatidos y los acuer-dos adoptados por el Comité se harán cons-tar en acta, así como el hecho de que algún integrante se haya abstenido de participar en algún asunto, por encontrarse en conflicto de interés o estar en contra del mismo, y se turnará la información correspondiente a

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cada miembro del Comité. El Comité dará seguimiento puntual en cada sesión a todos los compromisos y acuerdos contraídos en sesiones anteriores.Votaciones. Se contará un voto por cada uno de los miembros del Comité, los acuerdos y de-cisiones se tomarán por el voto mayoritario de sus miembros presentes; en caso de que asista a la sesión un miembro titular y su su-plente, sólo podrá emitir su voto el primero. Los miembros del Comité que dis-crepen del parecer mayoritario podrán solici-tar que figure en el acta el testimonio razona-do de su opinión divergente. En caso de empate, el Presidente del Comité tendrá voto de calidad.9. Presidente y Secretario EjecutivoDel Presidente. El Presidente designará a su suplen-te en caso de ausencia, e igualmente designa-rá al Secretario Ejecutivo y su respectivo su-plente, que no serán miembros propietarios o suplentes temporales electos del Comité. Durante las sesiones ordinarias y ex-traordinarias, el Presidente será auxiliado en sus trabajos por el Secretario Ejecutivo. Corresponderá al Presidente:a) Establecer los procedimientos para la

recepción de propuestas y la subsecuen-te elección de los servidores públicos de la dependencia o entidad que, en su ca-lidad de miembros propietarios tempo-rales electos integrarán el Comité, para lo cual deberá considerar lo señalado en los presentes Lineamientos generales;

b) Convocar a sesión ordinaria, por

conducto del Secretario Ejecutivo;c) Dirigir y moderar los debates durante las

sesiones;d) Autorizar la presencia de invitados en la

sesión para el deshago de asuntos;e) Consultar si los asuntos del orden del día

están suficientemente discutidos y, en su caso, proceder a pedir la votación, y

f) En general, ejercitar las necesarias para el mejor desarrollo de las sesiones.

El Presidente podrá convocar a se-sión extraordinaria cuando haya asuntos que por su importancia lo ameriten o, a petición de por lo menos tres de los miembros del Comité.Del Secretario Ejecutivo. El Secretario Ejecutivo tendrá las siguientes funciones:a) Elaborar el orden del día de los asuntos

que serán tratados en la sesión;b) Enviar, con oportunidad, a los miem-

bros del Comité, la convocatoria y orden del día de cada sesión, anexando copia de los documentos que deban conocer en la sesión respectiva;

c) Verificar el quórum;d) Presentar para aprobación del Comité el

orden del día de la sesión, procediendo, en su caso, a dar lectura al mismo;

e) Someter a la aprobación del Comité el acta de la sesión anterior, procediendo, en su caso, a darle lectura;

f) Recabar las votaciones;g) Auxiliar al Presidente durante el desa-

rrollo de las sesiones;h) Elaborar y despachar los acuerdos que

tome el Comité;

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i) Levantar las actas de las sesiones y con-signarlas en el registro respectivo, que quedarán bajo su resguardo;

j) Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Comité;

k) Llevar el registro documental de las que-jas y asuntos tratados en el Comité;

l) Difundir los acuerdos, observaciones y recomendaciones que establezca el Co-mité, atender las solicitudes de acceso a la información pública, adoptar las me-didas de seguridad, cuidado y protección de datos personales y evitar el uso o

acceso a los mismos, ym) Las demás que el Presidente le señale.10. Responsabilidades Los miembros del Comité deberán:a) Cumplir y promover el cumplimiento

del Código de Ética y el Código de Con-ducta;

b) Dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios para dar seguimiento a los asuntos que se le sometan, recabar la información necesaria y solicitar la colaboración y apoyo que consideren oportunos;

c) Cuidar que las actividades del Comité se realicen con apego a la normatividad aplicable;

d) Participar activamente en el Comité y en los subcomités o comisiones en que par-ticipen a fin de que su criterio contribu-ya a la mejor toma de decisiones;

e) Hacer uso responsable de la informa-ción a la que tengan acceso;

f) En cualquier asunto en el que tuviere o conociere de un posible conflicto de in-terés, personal o de alguno de los demás

miembros del Comité, deberá manifes-tarlo por escrito, y el que tuviere el con-flicto, abstenerse de toda intervención, y

g) Capacitarse en los temas propuestos por la Unidad o de carácter institucional.

11. Reporte de información Los Comités, a través de su Secre-tario Ejecutivo, se sujetarán a la sistematiza-ción de los registros, seguimiento, control y reporte de información que en su caso re-quiera la Unidad.12. Divulgación y Transparencia Corresponderá a la Unidad emitir los criterios, conforme a la normatividad aplicable, para que las dependencias y entida-des publiquen en sus páginas de internet sus Códigos de Conducta, los informes anuales y la demás información relacionada con los Comités, y para llevar un registro de su cons-titución. Por su parte, las dependencias y en-tidades deberán adoptar las medidas necesa-rias para asegurar la difusión y comunicación de las actividades, objetivos y resultados de los Comités, de los presentes Lineamientos generales, las Bases y el Código de Conducta. La Unidad difundirá en Internet, las dependencias y entidades que cuentan con Comité de Ética, así como de sus integran-tes, actas de sesión y recomendaciones. Ac-tualizará anualmente, durante el mes de abril, la relación de dependencias y entidades que cuentan con Comité de Ética.séPtiMo.- La Secretaría de la Función Públi-ca, a través de la Unidad, interpretará para efectos administrativos el presente Acuerdo, y resolverá los casos no previstos en el mismo.

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octavo.- La Unidad, la Contraloría Interna de la Secretaría, y los órganos internos de control, vigilarán la observancia de los Lineamientos generales.

Bibliografía

Diario Oficial de la Federación (20/08/2015), acueRdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para imple-mentar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, México.

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Lineamientos de publicación

La revista Rc et ratio es una publicación semestral de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, que mantiene abierta la recepción de escritos durante todo el año. Los trabajos pueden ser: artículos, ensayos, reseñas, entrevistas, ponencias, documento.

El trabajo debe incluir una ficha curricular que contenga: nombre del autor (es), grado académico, institución y/o dependencia donde trabaja (n), líneas de investigación, correo electrónico, dirección postal y teléfono.

Los escritos pasan por dos instancias de selección. En la primera, el Consejo Editorial de la revista rea-liza la revisión editorial con base en el cumplimiento de los lineamientos generales de publicación para su aceptación. En caso de ser aceptado, se turna a una segunda instancia, para un proceso de dictamen a cargo de un experto en el tema que corresponda el escrito.

El resultado del dictamen consiste en: aprobado para publicarse, condicionado a realizar cambios obli-gatorios, rechazado. Los resultados de los dictámenes son inapelables.

En caso de que el escrito sea aceptado, el Consejo Editorial se reserva el derecho de realizar la corrección de estilo así como los cambios editoriales necesarios para mejorar dicho escrito.

Lineamientos para la presentación de documentos

Los textos deben enviarse en idioma español; estar escritos en formato Word; tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1.5, margen de 3 centímetros, justificado.

Tener una extensión mínima de 15 páginas y máxima de 25 páginas, incluyendo bibliografía, cuando se trate de artículos y ensayos. Respecto de las reseñas, su extensión no debe exceder las 8 páginas. Las conferencias y entrevistas no tienen extensión mínima ni máxima.

Los ensayos y artículos deben iniciar con un resumen y tres palabras clave, ambos en inglés y en espa-ñol, que contenga el objetivo del escrito y las conclusiones sustanciales.

Las citas deben presentarse bajo el sistema de referencias Harvard:Apellido del autor, año de publicación: página (s). Ejemplo: (Burke, 1997: 39).Apellido del autor, año de publicación. Ejemplo: (Burke, 1997).

En las notas a pie de página no se deben colocar referencias bibliográficas, únicamente se deben reali-zar comentarios o agregar información relativa al texto referido en el cuerpo del escrito.

Las ilustraciones (gráficas, cuadros, tablas) deben presentarse en formato original e incluir título, fuen-te, presentarse en escala de grises, y en formato tif o JPg.

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Lineamientos de publicación

Fuentes bibliográficas

Únicamente las citas que se referencian en el escrito deben enlistarse en las fuentes bibliográficas. Deberán presentarse como sigue:

Libros con un autor:Apellido y nombre del autor (año), Nombre de la obra, país, editorial. Ejemplo: Burke, Edmund (1996), El descontento político, México, Fondo de Cultura Económica.

Libros del mismo autor, editados el mismo año:Sartori, Giovanni (2007a), ¿Qué es la democracia?, México, Taurus.Sartori, Giovanni (2007b), La política. Lógica y método en las ciencias sociales, México, Fondo de Cultura Económica.

Libros con dos o más autores:Marx, Karl y Friedrich Engels (2004), Manifiesto comunista, Madrid, Alianza Editorial.Hamilton, Alexander et al. (1998), El Federalista, México, Fondo de Cultura Económica.

Capítulo de libroCasar, María Amparo et al. (2010), “La rendición de cuentas y el Poder Legislativo”, en Merino, Mauri-cio et al. (coord.), La estructura de la rendición de cuentas en México, México, IIJ, unaM / cide.

Obras de Institución:Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México (2013), Manual del Procedimiento Administrativo para las Contralorías Municipales, Toluca, México, Poder Legislativo del Estado de México.

Artículos de revista:Carrera, Ady Patricia (2013), “Gestión financiera municipal para el desarrollo, en Rc et Ratio, año iv, no. 6, Toluca, Estado de México, Poder Legislativo del Estado de México, pp. 25-40.

Envío de escritos

Las propuestas de escritos deben remitirse como anexo de un mensaje dirigido a Victorino Barrios Dávalos, al correo electrónico: [email protected] y [email protected]

Documents

P L deLcontraloriadelpoderlegislativo.gob.mx/Revista_Rc...mejorar el desempeño de la administración pública y los sistemas de transparencia y rendición de cuentas. rc et ratio,