PAN: EL AÑO DEL CAMBIO ESTRATÉGICOcedieron relevos tanto en su dirigencia nacional como en la correspondiente al Distrito Federal. Ambos pro-cesos pusieron en relieve asuntos tales

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PAN: el año del cambio estratégico

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PAN: EL AÑO DEL CAMBIO ESTRATÉGICO

VÍCTOR ALARCÓN OLGUÍN*Universidad Autónoma Metropolitana- Iztapalapa

l presente artículo intenta desarrollar un aná-lisis y un recuento acerca de los principalescambios internos y las posiciones estratégicas

experimentadas por el Partido Acción Nacional duran-te 1996. Dicho año fue de suma importancia para estepartido político no sólo en el terreno de sus resultadoselectorales (cuestión que no será examinada aquí, aun-que cabe siempre tenerla en mente como variableexplicativa de muchos de los acontecimientos que sí seconsiderarán dentro de este escrito), sino que se su-cedieron relevos tanto en su dirigencia nacional comoen la correspondiente al Distrito Federal. Ambos pro-cesos pusieron en relieve asuntos tales como la visióngeneral de la organización partidaria, así como su esen-cia programática e ideológica. Pero ante todo, se volvióa considerar el futuro del partido a la luz de una po-tencial transformación que lo obligue a pasar de sutradicional concepción de partido monolítico profe-sional de cuadros, para convertirse ahora en un parti-do electoral-pragmático amplio de masas y corrientesdiferenciadas en su interior. Estos últimos factores setomaron en cuenta durante los trabajos de su XLII Con-vención Nacional, en donde se fijarían las líneasgenerales de participación y la plataforma electoralque el PAN propondría para los comicios federales de1997.

En dicho periodo tampoco pueden omitirse las cir-cunstancias que llevaron al PAN y el gobierno delpresidente Ernesto Zedillo a dar por concluida la alian-za coyuntural que habían mantenido durante los dosprimeros años de dicha gestión, y que culminancon la remoción de Antonio Lozano Gracia al fren-te de la Procuraduría General de la República, debidoa los obstáculos interpuestos para resolver el asesi-nato de Luis Donaldo Colosio, además de no po-

der presentar resultados consistentes en el comba-te al nacrotráfico y a los problemas de la seguridad pú-blica.

Así mismo, los ataques frontales por parte de variosgobernadores y líderes del PRI, y en menor grado porparte del PRD, aduciendo la creciente corrupción enlos gobiernos estatales controlados por el PAN, asícomo de conspicuos líderes como Diego Fernández deCevallos, serían un importante detonante en el retiroy enfrentamiento directo entre el liderazgo panistay el gobierno, cuestiones que para muchos eran pocofactibles de sostener frente a las elecciones federalesde 1997, cuyo diagnóstico general daba por enton-ces altísimas posibilidades de triunfo para el partidoalbizaul.

Por otra parte, el gobierno zedillista y el panis-mo rompieron lanzas a lo largo de los sucesivas ne-gociaciones y acuerdos derivados de los procesos dereforma estatal-electoral, mismos que fueron de-sarrollados en tres etapas, en las cuales el PAN mantuvouna postura de ausencia, negociación y discrepanciaincluso frente al resto de la oposición partidaria, debidosobre todo a la presencia de diversos conflictos post-electorales, en donde sobresalió el caso del municipiode Huejotzingo, Puebla.

Adicionalmente, el PAN sufre de diversos procesosde controversia interna que incluso revelan, con unanitidez poco usual en dicho partido, las discrepancias yanticipaciones que existen con respecto a la carrerapresidencial del año 2000, destacando las posturas ydebates entre Diego Fernández de Cevallos, Vicente Foxy Carlos Castillo Peraza.

En términos generales, éste es el cuadro aproxi-mativo de los temas y factores que se pretende analizaren las siguientes páginas.

Para Manuel Larrosa, sobre todo por la paciencia

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Víctor Alarcón Olguín

El cambio de dirigencias en 1996

Este apartado se concentrará expresamente en discutirel contexto e implicaciones de los dos más importan-tes procesos internos de sucesión en los órganos dedirección del PAN durante 1996. El primero se refiereal cambio del Comité Ejecutivo Nacional en dondecontendieron como candidatos Ernesto Ruffo Appel yFelipe Calderón Hinojosa, así como el proceso de se-lección del nuevo Comité Regional del DF, en donde sepresentaron como adversarios Gonzalo AltamiranoDimas, quien buscaba su reelección, y Jesús Galván. Enellos destaca el hecho de que se presentaron patro-nes más o menos similares en cuanto a las implica-ciones e impactos que ambos tendrían para delimitarla estrategia general del PAN hacia el exterior, asícomo el planteamiento de redefiniciones en el con-trol interno del partido por parte de los diversosgrupos y personalidades que participan dentro delmismo.

La renovación del CEN

A) LAS OFERTAS: ¿PANISMO CONTRA NEOPANISMO?

A finales de 1995, dentro del PAN se comienza a de-sarrollar el ambiente interno relativo a la renovacióndel CEN de la organización. En primera instancia, nadieponía en duda que el entonces líder nacional, CarlosCastillo Peraza, se presentaría a contender en marzo de1996 por un nuevo trienio que abarcaría los años de 1996a 1999, lo que situaría al propio Castillo en la antesalade competir por la nominación presidencial, además deque permitiría culminar el proceso de redimensio-namiento interno y de reposicionamiento ideológico-electoral por el cual se había orientado el partido desdefinales de la década pasada con la gestión de Luis H.Álvarez (1987-1993).

Sin embargo, Castillo Peraza anuncia sorpresiva-mente el 9 de diciembre de 1995 su decisión de nopresentarse a dicha contienda, lo cual es inicialmenteinterpretado como una mera “evaluación de fuerzas”para así saber cuál era el ánimo en torno a su persona,la cual ciertamente había sufrido mermas debido acrecientes enfrentamientos con los medios de comu-nicación, con lo que la imagen del PAN había sufridoimportantes deterioros ante la ciudadanía en general.Aunque dicha declinación era indicada como definitivay fundamentada en la lectura de que el partido ne-

cesitaba un nuevo tipo de liderazgo, más profesionalen materia administrativa y que pudiera consolidar eldesarrollo político alcanzado, Castillo Peraza recibeexpresiones de todos los sectores y líderes importantesdel partido, quienes lo invitan a considerar que su reti-ro abriría una potencial fisura dentro de la estructurainterna, además de dar la pauta para que el gobiernopudiera explotar la inexperiencia de un nuevo dirigenteque no estuviera tan preparado para hacerse cargo delpartido. Es tal el impulso cobrado por las peticiones,que Castillo Peraza se ve obligado a pedir tiempo parareflexionar sobre el tema y así poder dar una respuestadefinitiva. No obstante, en paralelo se comienzan a le-vantar algunas voces inconformes, como la del senadorpor Guanajuato, Alfredo Ling Altamirano, o la del dipu-tado duranguense Rodolfo Elizondo, ambos antiguoscontendientes de Castillo en 1993.

En particular, las críticas de Elizondo —quien ini-cialmente aducía no tener interés en competir— ibanen el sentido de que la actitud ante Castillo era impro-pia y “parecida a una cargada priísta”, por cuantoinhibía el cauce natural del proceso y las eventualesaspiraciones que pudieran ser manifestadas porotros miembros del PAN para presentarse a competir(Proceso 1002, 15/01/96, p.20).1 Coincidente con esteúltimo diagnóstico, es la opinión de la corriente de opi-nión autodenominada PAN 2000, cuya demanda demantener la línea democrática interna del proceso esavalada por Luis H. Álvarez, Vicente Fox, Carlos Medi-na Plascencia, Rogelio Sada, José Luis Coindreau yFernando Canales Clariond. En un tono menos ríspidoque el “neopanismo norteño” se pronuncia ErnestoRuffo, hasta ese momento autodeclarado sin interéssucesorio “por motivos personales”, pero quien asumíaque la indefinición de Castillo Peraza podría tener unefecto desestabilizador en el proceso. (Fin, 16/01/96, p.42) En ese mismo sentido se expresa el coordinador dela diputación panista, Ricardo García Cervantes (U+U,20/01/96, p. 5).

El 15 de enero de 1996, el CEN panista emite laconvocatoria para la celebración los días 9 y 10 de marzo,del Consejo Nacional en donde, por acuerdo de las dosterceras partes de los 272 consejeros registrados, sedebería elegir al presidente y a la nueva dirigencianacional del partido, así como conocer el informe delpresidente nacional saliente y discutir otros asuntosdiversos, indicando que el proceso sucesorio se llevaríaconforme al Reglamento de Elección del PresidenteNacional y del CEN aprobado el 13 de febrero de 1993.El registro de candidaturas se abría a partir del 23 de

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enero, cerrándose hasta el día de 23 de febrero. (LaNación, 19/01/96).

El día 23 de enero, Castillo Peraza finalmente emiteun comunicado en donde informa a todos los panistasdel país que ratificaba su diagnóstico de que el partidorequería de un nuevo liderazgo, y que en lo personal élno se sentía capaz de desempeñarlo por ahora. Adicio-nalmente, mencionaba que su decisión no implicaba suretiro de la actividad política y se mostraba dispuesto apermanecer atento a las solicitudes de apoyo que elpartido le demandara (Ref, 24/01/96, p.1a).

Durante el contexto de darse o no tal declinacióndefinitiva, entre los precandidatos que abiertamentemanifiestan su interés por la presidencia nacional altiempo que tratan de buscar el respaldo de los con-sejeros nacionales —al menos 10 para registrar unacandidatura— se encuentran: Raúl Villa Escalera —militante poblano, pero impedido estatutariamente porconflictos con el CEN—, Alfredo Ling Altamirano,Emilio Goicochea Luna (senador por Sinaloa y ex-dirigente empresarial), Federico Ling Altamirano o(secretario general del CEN), Luis Felipe Bravo Mena(senador mexiquense), Cecilia Romero (diputada fede-ral) y Ricardo García Cervantes. De manera directa,Diego Fernández de Cevallos y Carlos Medina Plascen-cia declaran no estar interesados en el proceso, a pesarde los apoyos que les son expresados por diversossectores del partido (Fin, 25/01/96, p. 31).

Sin embargo, desde el 24 de enero algunos dipu-tados comienzan a mencionar a Felipe Calderón Hino-josa, quien había sido el primer secretario general delCEN de Castillo Peraza, y quien se había separado deesta función para contender como el candidato panistaa la gubernatura de Michoacán (EP-Méx, 24/01/96, p.1).En ese mismo tenor, Ernesto Ruffo, el exitoso y caris-mático exgobernador bajacaliforniano, admite quepodría reconsiderar su candidatura, pero siempre ycuando resuelva sus problemas personales. No obstan-te, expresa que entre sus candidatos figura el propioCalderón Hinojosa, junto con Ricardo García Cervan-tes y Rodolfo Elizondo (Nal, 25/01/96, p.12).

Ante la posibilidad abierta por Ruffo, éste recibe elinmediato respaldo de Carlos Medina, Luis Felipe Bra-vo, Emilio Goicochea y Rodolfo Elizondo; luego loharían los gobernadores Francisco Barrio, Héctor TeránTerán y Vicente Fox. Por su parte, Calderón Hino-josa admite considerar su postulación dada la solicitudque le es expuesta por algunos consejeros naciona-les, entre ellos José Ángel Conchello, que asumían lanecesidad de presentar un candidato alterno al grupo

norteño que parecía ya inclinarse por Ruffo (LJ, 27/01/96, p. 11).

Ruffo decide anunciar que consideraría su candi-datura después de celebrar una reunión con los conse-jeros nacionales de Nuevo León, al tiempo de señalarque, en caso de decidirse, buscaría ser un candidato deconsenso, no uno de características regionales o de co-rriente. De igual manera, admitió sentirse en dificul-tades de participar si Calderón o García Cervantesdecidieran inscribirse en el proceso (LJ, 30/01/96). Deese encuentro se deriva la declinación de Ling Alta-mirano y el fortalecimiento de la candidatura de Ruffo.En ese contexto, Ruffo da una primera definición de sulínea de trabajo, en el sentido de proponer el esta-blecimiento con el gobierno federal de una relaciónpropositiva muy intensa (LJ, 31/01/96, p. 7).

Por su parte, los demás precandidatos no termina-ban por concretar sus postulaciones, lo que mantenía alproceso en una fuerte indefinición. Sólo Felipe CalderónHinojosa decide avanzar cuando el 31 de enero anunciasu candidatura formal, señalando que Ruffo es elcandidato a vencer, al tiempo que coincidía en el diag-nóstico de que la contienda “no era de polarizacionesni regionalizaciones”. Al mismo tiempo, su oferta inicialera la de presentarse como un panista formado “en lostiempos difíciles, pero también creyente en la técnicapolítica”. Además apoyándose en un dicho del viejodoctrinario Adolfo Christleb, ofrecía generar una líneade comunicación con el gobierno,“ tan lejos como seaposible y tan cerca como fuera necesario”, (Nal, 01/02/96, p. 11).

Así definidos los campos, rápidamente los otrosprecandidatos restantes deciden retirarse de la lid.Curiosamente, casi todos ellos se orientan en favor deRuffo, quien inicialmente se muestra mucho más fuer-te en el papel, dados los apoyos de las estructuras re-gionales y su popularidad a nivel nacional, pero en loshechos resultaba ser notoriamente débil dentro de lacorrelación de fuerzas en el seno del Consejo Nacional.Sin embargo, a efecto de no contaminar ni distorsionarla dinámica legislativa con el proceso sucesorio, seacuerda el 3 de febrero que la fracción de diputadospanistas no podría hacer pronunciamientos en bloquepor algunos de los candidatos (Nal, 04/02/96, p. 7). Porotra parte, en un gesto diluido que mostraría su pre-ferencia personal por Calderón, Carlos Castillo Perazadeclarará que los votos de los gobernadores —casi todosapoyando a Ruffo— no contaban más que el de losrestantes miembros del Consejo Nacional (LJ, 07/02/96, p. 6).

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En la medida en que pretendía tomar la delanteraideológica, Calderón abriría su campaña señalandoque buscaría posicionar al PAN como un “partido decentro”, cuestión que en apariencia sonaba como unafuerte apelación a los grupos pragmáticos de recons-tituir las alianzas internas del partido, pero sin per-der el espacio de autonomía frente al gobierno, tesisdefendida por los tradicionalistas. Se admitía enton-ces la necesidad de consolidar y redimensionar al PANcon los retos actuales de su crecimiento y presen-cia nacional, aunque siendo conscientes de que lo im-portante era no caer en un falso debate entre doctrina yorganización, o entre pensamiento y eficacia; cuestio-nes que en el fondo significaran una pugna entre las“familias custodio” y los bárbaros del norte”, es decir,entre el panismo histórico y el neopanismo pragmáti-co empresarial (LJ, 02/02/96, p. 7).

Ante ese primer escenario delimitado, Ruffo res-ponde que el debate por la dirección del PAN es jus-tamente la de fusionar y complementar ambas líneasque conviven dentro del partido. De esta manera, Ruffoindica que concentrará toda su atención en tres pun-tos principales: a) promover una institucionalizaciónpartidaria que responda a la dinámica de ser y estar enel gobierno, con lo que se debe premiar y estimular laparticipación dentro del partido para no dejarla comoun mero trampolín de acceso al poder; b) perfeccionare incidir en el desarrollo electoral para que el partidopudiera terminar de implantarse en todo el territorionacional con miras al proceso de 1997 en condicionesde ganar; y c) fortalecer el sistema de comunicación so-cial interna y externa del PAN. Por otra parte, resaltaque trataría de tomar ventaja frente a la propuestadoctrinaria de Calderón justamente con base a su expe-riencia de gobierno. Al mismo tiempo, anuncia que elcoordinador de su campaña sería el senador Luis FelipeBravo Mena (LJ, 02/02/96, p. 9).

Calderón enriquece su campaña al proponer que elPAN debe cubrir tres condiciones: ser un partidosolidario, democrático y comprometido con el Méxicomarginado en términos de justicia social. Con estapostura, Calderón trataba de ubicarse dentro de lalínea humanista tradicional del partido, para asícobrar distancia de las tesis empresariales ruffistasque hablaban de eficiencia administrativa o de meraorganización (Ref, 03/02/96, p.3a). Sin embargo, másadelante también indica que continuará con el pro-grama de redimensionamiento interno del PANimpulsado por Carlos Castillo Peraza, y que hasta en-tonces era desarrollado por el excandidato a gober-

nador por Yucatán, Luis Correa (Nal, 06/02/96, p.7).En esa misma dirección, en un evento celebrado en laciudad de Guadalajara el 7 de febrero, Calderón pre-senta la tesis central de su campaña, que era la de “ganarel poder sin perder al partido”, con la cual se sintetiza-ba la preservación de la idea originaria del PAN dellegar a ser gobierno, pero evadiendo los altos cos-tos de un pragmatismo electoral que lo desdibujara enel corto plazo. Allí mismo, Calderón abría dos nue-vos frentes: el compromiso del PAN con la transiciónpolítica democrática y la revisión de su perfil comopartido opositor. (Fin, 08/02/96, p. 41; LJ, 08/02/96, p.14).

Al mismo tiempo, Calderón también toma comotema de polémica el apoyo irrestricto a la gestión delprocurador Antonio Lozano Gracia, en tanto éste esta-ba presentando resultados en la lucha antidrogas y anti-corrupción, por lo que las demandas por su eventualdestitución indicaban que iba en la dirección correcta.El punto era una respuesta directa a la postura de Ru-ffo quien sugería que quizá con su arribo al liderazgopartidario se pondría a debate la conveniencia o no deque aquel siguiera en el gabinete (LJ, 05/02/96, p. 3).De inmediato, el propio Lozano Gracia trata de deslin-darse del proceso, señalando que su nominación y parti-cipación en el gobierno no eran una cuestión partidista,sino que constituía una decisión personal tomada a raízde una invitación directa del presidente Zedillo; e inclu-so obliga a que los gobernadores panistas pro-ruffistas semanifiesten en el mismo sentido (U+U, 06/02/96, p.6).

Si bien la pugna entre ambos candidatos no era una“guerra santa”, Calderón volvería a retomar este tópicode la dinámica interna para evidenciar que Ruffo pare-cía desconocer u olvidar que el asunto de Lozano habíasido una decisión debatida y avalada por la ComisiónPolítica del CEN panista. En esa misma perspectiva,Calderón propone abiertamente que su proyecto es me-jor debido al profundo acercamiento y conocimiento queéste tiene del aparato partidista, con lo cual no se pon-dría en riego el manejo de la estructura sino que sedaría certeza y continuidad al proceso legado por lasúltimas dirigencias nacionales (Fin, 12/02/96, p. 52).No obstante, en la víspera de la elección el tema se lepresenta a Ruffo como un factor favorable ya que en elcontexto de criticar los ataques que pronunciaránel presidente Ernesto Zedillo y el líder priísta SantiagoOñate por el abandono del PAN de la mesa de la refor-ma estatal por el caso de Huejotzingo, Ruffo nueva-mente indicaba que el CEN panista debía cuestionarsesobre la permanencia o no de Lozano en el gabinete,

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postura que en esa ocasión sería avalada por CarlosCastillo Peraza (Ref, 17/03/96, p. 12a).

En tanto observaban una ventaja comparativa en eldesarrollo de la campaña, los partidarios de Calderóncomenzaron a presionar a Ruffo para que se celebraraun debate en el cual se pudieran normar mejor los crite-rios de apoyo de los consejeros nacionales, posibilidadque dividió a los ruffistas, conocedores de que quizá sucandidato no estaba suficientemente preparado para unevento de esa magnitud. En este sentido, considerabanque quizá el momento preciso para realizarlo sería du-rante los trabajos del propio Consejo Nacional. (LJ, 08/02/96, p. 14) Peor aún para Ruffo, Calderón subrayaaún más la diferenciación de su propuesta al ofrecerque no tomaría al PAN como un medio para proyec-tarse en la sucesión presidencial del 2000, como sí lohabía manifestado Ruffo, sino que se dedicaría justa-mente a institucionalizar dicha competencia desde lajefatura nacional (Ref, 09/02/96, p. 12a)

Como respuesta, Ruffo insisió en criticar la actualestructura panista e implícitamente la labor de Calderóncomo secretario general, por cuanto indicaba que unode los verdaderos factores de resquebrajamiento par-tidario era un problema de no saber lidiar con susnuevas dimensiones, por lo que había que plantear-se seriamente una estrategia de trabajo y capacitación ala altura de las exigencias políticas (Ref, 10/02/96, p.4a). Adicionalmente, Ruffo señaló que si bien no erapanista de familia original, sí lo era por esencia. Sedeclaraba partidario de la igualdad de oportunidadesy de la solidaridad. Al mismo tiempo, manifestaba surespeto por la propiedad privada y se declaraba preo-cupado por la expansión del “narcopoder” y el “narco-Estado”. (Fin, 12/02/96, p. 49).

Ruffo finalmente registró su candidatura el día 12de febrero, con el respaldo de los consejeros: HéctorTerán Terán, gobernador de Baja California; AntonioObregón Padilla, subsecretario de gobierno del Estadode Guanajuato; Raúl Monter, presidente del PAN enNuevo León; José González Morfín, presidente del PANen Michoacán; Humberto Rice, consejero nacionalpor Sinaloa; Carlos David Utrilla, consejero nacio-nal por Chiapas; Jorge Zamarripa, consejero nacionalpor Aguascalientes; Francisco Salazar Saénz, consejeronacional por San Luis Potosí; Ana Teresa Aranda, presi-denta del PAN en Puebla; y Carmen Segura, diputadapor el DF (Fin, 13/02/96, p. 40). En dicho acto, Ruffoafirmó que no toleraría farsas ni regresiones del gobier-no, ni tampoco propondría experimentos políticosdescabellados. Así mismo, hizo la descripción sumaria

de su proyecto, denominado “PAN: El ejercicio de no-bles ideas”, el cual giraría en torno a 8 rubros: a)redimensionamiento del PAN, b) revitalización in-telectual, c) reforma del Estado, d) crecimiento y or-ganización, e) capacidad de respuesta, f) desarrolloinstitucional, g) promoción política de la mujer y h) nue-vas generaciones. Se presentó como dialoguista y con-certador en el sentido de “abrir” el partido, pero sinsuponer que éste deba de ser reinventado cada tres años.Además señaló que el PAN, bajo los principios del hu-manismo político, podría marcar una pauta de avan-zada en el proceso de la Reforma del Estado (U+U, 13/02/96, pp. 1, 4).2

Al día siguiente de su registro, Ruffo prosigue en lamoderación de su discurso al mencionar que CarlosCastillo Peraza entregaba cuentas claras, y que no leeran imputables los cargos de “concertacesionista” du-rante el salinismo. Esta situación indicaba más bien queel PAN debía reforzar su política de comunicación einformación ante la sociedad, así como mantener unaactitud firme y directa, pero flexible con el gobierno. Almismo tiempo reiteraba que la disputa no era entrepragmatismo y teoría, sino sobre cómo construir unbuen proyecto partidario, para el cual había ya la ga-rantía de contar con la suma de ambos grupos al margendel resultado final (Fin, 14/02/96, p. 43) Adicional-mente, Ruffo admitía que era necesario desarrollar laspautas para que hubiera un código de ética que pudieraorientar la actuación de los funcionarios panistas en elpoder, quienes por lo demás enfrentaban problemastales como la intolerancia. En materia económica, Ruffointenta posicionar su oferta al indicar su interés porproponer un proyecto alternativo de política económicapara así recuperar la confianza de la iniciativa privaday abrir las bases a una verdadera recuperación sostenida(Fin, 16/02/96, p. 39).

En respuesta, Calderón apuntó que debía ponderar-se la unidad del proyecto y que no había garantía deque las imputaciones de concertacesionismo pudieranerradicarse de la postura gubernamental, por lo quedebía reforzarse un proyecto de unidad que dieraprioridad a la eficacia electoral y a la precisión ideoló-gica. Por ello, la conveniencia de sostener un debateentre candidatos sería adecuada —mas no imprescin-dible— para apuntalar las coincidencias en favor delproyecto partidario (LJ, 17/02/96, p.16). El 18 de febrero,faltando sólo una semana para el cierre de candidaturas,Felipe Calderón registró la suya con el aval de los si-guientes consejeros nacionales: Tarcisio Rodríguez Mar-tínez, presidente del PAN en Jalisco; Gonzalo Altamirano

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Dimas, presidente del PAN en el DF; Rafael Morgan,consejero nacional por Baja California; Luis GuillermoVillanueva, presidente del PAN en Yucatán; Juan MiguelAlcántara Soria, coordinador nacional de Diputadoslocales; Javier Corral, presidente del PAN en Chihua-hua; Álvaro Fernández de Cevallos, consejero nacionalpor Querétaro; Hiram Escudero, subprocurador gene-ral de la PGR; María Teresa Madero, consejera nacionalpor Nuevo León; y María Elena Álvarez de Vicen-cio, (diputada federal por el DF;) (LJ, 17/02/96, p. 16).Jorge Manzanera es registrado como coordinador decampaña.

Durante dicho acto, que justamente se daba un díadespués del retiro del PAN de la mesa de la Refor-ma del Estado debido a la consumación del fraude enHuejotzingo, Puebla, Calderón señaló que su partidodebía obligar al gobierno a cumplir su palabra, así co-mo fortalecer su definición ideológica para enfrentar latransformación política del país y evitar la subordi-nación de la ética en el ejercicio del poder, por lo quereiteraba la conversión del PAN en una agrupaciónpolítica de centro, al tiempo proponía la actualiza-ción de los Principios de Doctrina para así relanzar alPAN de cara al México del siglo XXI. En el campo econó-mico se comprometía a proponer un esquema alternati-vo al neoliberalismo gubernamental, así como a defen-der la propuesta de una economía social de mercado endonde también se reconocieran la rectoría y la acciónrectificadora del Estado en el desarrollo. Finalmente,el proyecto de trabajo de Calderón se sintetizaba en seispuntos: a) fortalecimiento de la estructura orgánica, b)capacitación de miembros activos, c) acción ciudada-na, d) acción internacional, e) acción electoral y f) acciónde gobierno (Fin, 19/02/96, p. 47; LJ, 19/02/96, p. 5).3

Una vez cubierto el requisito formal de los regis-tros, todavía hubo el intento de registrar una terceracandidatura encabezada por el poblano Ricardo VillaEscalera, la cual fue denegada por la no calidad demiembro activo del solicitante a juicio de la ComisiónPolítica del CEN (Ref, 24/02/96, p. 7a). Ambos candida-tos se dedicaron a recorrer el país en búsqueda delconvencimiento de los consejeros que les eran necesa-rios para ganar. En particular, Calderón obtuvo untriunfo crucial en tanto rompió la unidad de apoyo pro-ruffista que había en Nuevo León, aunque todavía seencontraba formalmente detrás de las estimaciones queen teoría seguían siendo favorables al bajacalifornia-no, quien en esos día también aprobó el retiro de ladirigencia panista de la Mesa Central de Gobernaciónpor el caso Huejotzingo, además de señalar su dis-

posición —”siempre y cuando el CEN así lo dispon-ga”— de entablar un debate con Felipe Calderón (Ref,21/02/96, p. 5a). Ante esta situación, el secretario ge-neral Federico Ling Altamirano manifestó que el CENse abstenía de emitir una posición al respecto y que larealización del debate debía corresponder a un acuerdodirecto entre los candidatos (Ref, 23/02/96, p. 3a). Sinembargo, el debate nunca llega a realizarse por razonesde falta de tiempo y otras de orden técnico, comoterminaría de justificar el CEN panista en un comu-nicado (U+U, 05/03/96, p. 5).

Como un gesto de abierto ataque en respaldo deErnesto Ruffo, durante un discurso ante estudiantes delTecnológico de Monterrey, Vicente Fox trató de presen-tar una fuerte crítica contra la postura “centrista” deCalderón, calificándola de “maniquea” y contraria a ladefinición del humanismo político panista, a la vez queintentó mostrar que quienes estaban verdaderamen-te montados en la “soberbia del pragmatismo electoral”eran los seguidores de Castillo Peraza y no ellos (EP-Méx, 22/02/96, p. 4). Más aún, en un desplante de “iné-dita” pureza ideológica Fox señaló que “en el PANnunca hablamos de centro. Es más: se nos instruye pa-ra no andar hablando de centro, ni de izquierda o dederecha. Me sorprende que un doctrinario, un ideólogohaya hablado de esto” (LJ, 22/02/96, p. 9).

En un esfuerzo por mostrar que su candidatura te-nía una base de fuerza, el 26 de febrero Ruffo anunciaque ya tenía “amarrados” alrededor de 140 de los 272consejeros, lo que es rápidamente desmentido por loscalderonistas, aunque sin presentar una cifra sobre supropio candidato. Calderón no desconocía la posibi-lidad de que las cifras de Ruffo fueran ciertas, por loque decide intensificar su campaña visitando los esta-dos del Norte, donde supuestamente se concentraba lamayor fuerza del ruffismo (Ref, 27/02/96, p. 13a). Sólofaltando dos días para la votación, el equipo de Calde-rón decide anunciar que tiene más votos, 110 contra 102,quedando el resto de los consejeros sin definir pre-ferencias (Ref, 07/03/96, p. 12a).

Sin embargo, cabe indicar lo que sin duda cons-tituiría uno de los errores más importantes de Ruffodentro de la contienda, cuando en Tepic, Nayarit,declaró que estaría dispuesto a signar alianzas entre elPAN y el PRD como parte de un proceso de “aperturaordenada” del PAN hacia la sociedad (U+U, 01/03/96,p. 4). El punto era grave si se consideraba que en esemomento la dirigencia nacional precisamente acusa-ba al PRD y en especial a su líder Porfirio Muñoz Ledo(quien no hacía mucho había sostenido una fuerte

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polémica con Diego Fernández de Cevallos por lasimputaciones de enriquecimiento ilícito hacia esteúltimo durante el salinismo), de pretender sacar pro-vecho del retiro panista de la Mesa Central y hacer unareforma política al modo de su partido. La afirmación,si bien importante desde el punto de vista de la aperturademocrática, era desastrosa por cuanto daba la razón alos calderonistas de que el pragmatismo panista teníalímites y formatos doctrinarios que no podían dejarsede lado (Ref, 07/03/96, p. 4a).

En contrapartida, Calderón señalaría que sólo alConsejo Nacional del PAN le correspondería elaborarun replanteamiento de la estrategia general del partidofrente a otras fuerzas políticas, aunque desde luego pre-cisando con mayor claridad su carácter opositor, así co-mo su relación con el gobierno, al tiempo que reconocíatambién la posibilidad de acuerdos siempre y cuandoestuviesen apegados a las demandas sociales por unbien común (Nal, 06/02/96, p. 6). Al final de la campaña,Ruffo y Calderón se pronuncian contra el surgimientode fuerzas neocaciquiles que están obstruyendo el desa-rrollo del federalismo, y refutan el ataque presiden-cial contra el PAN por su retiro de la Mesa Central; am-bos candidatos asumen que dicho espacio está rebasadoy que, por ende, el debate debía trasladarse a las instan-cias legislativas (Fin, 06/03/96, pp. 35; Nal, 07/03/96, p.9).

B) LA ELECCIÓN

Según las cifras conocidas, durante su campaña Cal-derón visitó 28 estados y Ruffo sólo 25, aunque am-bos coinciden en haber omitido de sus rutas a Tabasco,Oaxaca y Campeche. En teoría, Ruffo dejaba así sueltosa 29 consejeros, mientras que Calderón sólo lo hacía con10 (Ref. 09/02/96, p. 4a).

Siguiendo el formato de la convocatoria, el Conse-jo Nacional, en primer término, conoció el informe delabores del presidente saliente, Carlos Castillo Peraza,cuyo diagnósitco político señalaba que “las peores ma-fias políticas se estaban apoderando del país”, con loque se detenía el proceso democratizador y federalistaexperimentado en 1995, dado el resurgimiento delcaciquismo y el fraude electoral en estados como Pueblao Quintana Roo, al tiempo que hacía un llamamiento alos dos candidatos a sucederlo para que se compro-metieran a mantener unido y en línea ascendente alpartido.4

Felipe Calderón sería presentado por el senador Juande Dios Castro, mientras que Ruffo optó por Antonio

Obregón Padilla, subsecretario de Gobierno del Esta-do de Guanajuato. Después, los candidatos hicieronuso de la palabra para esbozar la esencia de sus pro-yectos.5

A diferencia de la elección de Castillo Peraza en 1993,la cual requirió de cuatro rondas para concretarse, elproceso que llevaría al triunfo de Calderón se cristalizóen apenas dos votaciones, ya que en la primera obtuvo159 sufragios contra 107 de Ruffo y una abstención. Antetal resultado, Ruffo desiste de continuar y hace que lasegunda votación solicitada por Carlos Castillo Perazasea por aclamación protocolaria de los 266 consejerospresentes en favor de Calderón, absteniéndose éste devotar por sí mismo. Una vez conocido el resultado,Calderón ratificaría en un conferencia de prensa, y endías subsecuentes, los posicionamientos básicos ver-tidos durante su campaña, el respaldo a la línea políticahasta entonces expresada por el CEN de Castillo Peraza,así como el crecimiento y la invitación para integrar aRuffo dentro de su equipo de trabajo.6

En el segundo día de trabajos de la ConvenciónNacional, Felipe Calderón, ya como líder del CEN, pre-sentó la propuesta inicial de integración de las 40 car-teras conforme a una división en la cual se asegurabapara sí la gobernabilidad interna del partido, aunqueCalderón sólo tendría pleno control sobre 27 carteras—propuso una lista de 30— y el resto sería definidopor los consejeros.

De esa manera, Calderón propuso directamente a:Gabriel Jiménez Remus, Ricardo García Cervantes, Die-go Fernández de Cevallos, Juan Manuel Gómez Morín,Leticia Carrillo Vda. de Clouthier, Ernesto Ruffo Appel,Luis Felipe Bravo Mena, Juan Miguel Alcántara Soria,Gonzalo Altamirano Dimas, Ma. Elena Álvarez de Vi-cencio, Juan de Dios Castro, Gabriela Gutiérrez, Fede-rico Ling Altamirano, Luis Mejía, Rafael Morgan, JavierCorral, Luis Correa Mena, Tarcisio Rodríguez, AlejandraFernández, Teresa García de Madero, Patricia Espinoza,Adrián Fernández, Jesús Galván, José Ángel Conchello,Luis H. Álvarez y Carlos Castillo Peraza. Los restan-tes 13 miembros designados por el Consejo Nacionalfueron: Humberto Aguilar, Salvador Beltrán del Río,Jorge Manzanera, Ana Teresa Aranda, Rodolfo Elizon-do, Emilio Goicochea, Carlos Medina Plascencia, JoséGonzález Morfín, Ana Rosa Payán, Rogelio Sada, CeciliaRomero, Fernando Estrada Sámano y Jorge Zerme-ño. Así mismo, Juan Antonio García Villa, diputadofederal por el Estado de Coahuila, es nombrado por Cal-derón como su secretario general. La toma formal deposesión del nuevo CEN se celebró el 6 de abril.

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La renovación en el Distrito Federal

Una vez cubierto el proceso de sucesión interna másimportante, el PAN se disponía a enfrentar la renovaciónde dirigentes en el Comité Regional del Distrito Fede-ral. Por su situación estratégica, y por la clara afinidadcon el liderazgo nacional que implicaba el control dedicha posición, también permitiría indicar quién podríaser el abanderado panista para los comicios por el go-bierno y el Congreso capitalinos en 1997.

En este proceso se repetían circunstancias similaresa las de la renovación de la dirigencia nacional en tantoel liderazgo local, encabezado por Gonzalo AltamiranoDimas, quien a la vez era coordinador de la fracciónpanista en la Asamblea de Representantes del DF, teníala posibilidad de reelegirse. La sucesión se hacía im-portante para la nueva dirección nacional panista deFelipe Calderón, dada la necesaria afinidad que debíaexistir entre el liderazgo local —el único con suficientecobertura y posibilidad de proponer opiniones propiasde alcance nacional— y el CEN, en el contexto de lasmesas de la reforma estatal-electoral. Cabe recordar queGonzalo Altamirano fue uno de los consejeros na-cionales que suscribió la candidatura de Calderón. Estedato era evidentemente un punto que hacía muy favo-rable la eventual reelección de Altamirano.

El 13 de abril Altamirano formaliza su intención dereelegirse. En esa ocasión mencionó que no haría unacampaña masiva, dado su conocimiento y relación di-recta con los consejeros regionales, y que se con-centraría en continuar con su trabajo dentro del Comitélocal para fortalecer al partido de cara a los comicios de1997 y en el liderazgo de la fracción panista en la Asam-blea de Representantes (Ref, 16/04/96, p. 4). JesúsGalván, por entonces secretario de Administración delCEN, declara el 18 de abril su intención de competirbajo la promesa de ofrecer una labor concentrada en eldesarrollo partidario y la restructuración territorial delpartido (Ref, 18/04/96, p. 3).

Cabe indicar que las elecciones originalmente esta-ban previstas para desarrollarse en julio. El Comité Re-gional anuncia su adelanto para un mes antes, con elargumento de que se debía anticipar el trabajo electoralde 1997, así como que el PAN local no estaría en con-diciones de afrontar al mismo tiempo un proceso internoy una negociación con el gobierno. Lo que resultabaevidente era que el equipo de Altamirano intentabarecortar los tiempos de campaña a Galván, cuya pro-puesta parecía encontrar una respuesta más amplia delo esperado (Ref, 10/05/96, p. 3b).

Finalmente, la convocatoria al Consejo Regional—integrado por 58 miembros— para elegir al ComitéDirectivo del PAN en el DF se expide el 17 de mayo de1996. En el mismo documento, signado por GonzaloAltamirano Dimas en su calidad de presidente regional,y por el secretario general, Gabriel Llamas Monjar-dín, se incluye también la discursión de las finanzas yel informe de gestión del comité saliente, entre variosde sus puntos centrales. La ordenanza partidaria apro-bada por el CEN que regiría la elección era el Regla-mento para el Funcionamiento de los Órganos Estatalesdel 12 de noviembre de 1994. Se indicaba que el registrode candidaturas quedaba abierto hasta el día 10 de juniode 1996 (La Nación, 07/06/96, no. 1957, p. 33).

Gonzalo Altamirano presentaría su registro comocandidato el día 2 de junio, apoyado por Hiram Escu-dero, Jorge Galván, Francisco Mier, Kurt Thompson yMaría Teresa Gómez Mont (LJ, 03/06/96, p. 51). Paracompetir, Galván formaliza su solicitud de licencia el28 de mayo y se registra el 9 de junio. Entre los conseje-ros que apoyan su candidatura están José Ángel Con-chello, Salvador Abascal, Gabriela Gutiérrez, JustinoRosas y Carlos Jiménez (Ref, 10/06/96, p. 1b).

El desarrollo de las campañas fue mucho más abier-to y diferenciado que el experimentado en la contiendanacional. Con optimismo desbordado, Altamirano ofre-ció aplicar un amplio programa de formación —a partirde la reciente creación de un Instituto de CapacitaciónPolítica— para preparar a los funcionarios de gobiernocon miras a ganar las elecciones de 1997, y a efecto deno repetir los mismos errores de otras gestiones estatalespanistas, al mismo tiempo que anunciaba el desarrollode un amplio estudio de la estructura del DDF, para deallí mejorar la calidad general de los servicios que estainstitución presta a la ciudadanía. Rechazó responsabi-lidades en el retroceso de la membresía activa del parti-do, como aducía Galván, y de que se hubiera fracasadoen las elecciones locales de consejeros ciudadanos,debido a que se habían obtenido sólo 38 de las 365posiciones en disputa (Ref, 27/05/96, p. 5b). Poste-riormente, ofreció reestructurar las funciones del ComitéRegional y renovar el proceso de afiliación al partido,así como desarrollar un mejor trabajo del Comité entodos los ámbitos, y presentar propuestas razonablesdentro de la negociación de la Reforma Política del DF,pero se declaró partidario de no hacer experimen-tos políticos o de sólo aprovechar coyunturas de cas-tigo antipriísta para así demostrar su capacidad dealternancia o de beligerancia ante el gobierno. Tambiénse muestra renuente a formar un cogobierno con otras

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fuerzas políticas en caso de que el PAN gane el poderen 1997 (Nal., 03/06/96, p. 21; LJ, 17/06/96, p. 42; Ref,17/06/96, p. 3b).

Por su parte, Galván se declara partidario de unamodernización ideológica y del replanteamiento y con-solidación de nuevos liderazgos locales en la ciudad,así como de optimizar el funcionamiento del trabajoelectoral —incluso para superar el ambiente de descon-fianza generado por muchas ONG— y empalmar deesa manera la capacidad del partido con la crecientepreferencia que las encuestas daban al PAN hacia elproceso electoral de 1997 (LJ, 29/05/96, p. 39). En estemismo sentido, Galván argumentó que el DF permane-cía al margen de los trabajos de redimensionamien-to organizativo panista que ya se ejecutaban en otrasentidades del país (LJ, 30/05/96, p. 45). Incluso declaróque la permanencia de Altamirano conduciría a laderrota panista en 1997, además de deslindarse de sóloser el candidato de Carlos Castillo Peraza (Ref, 10/06/96, p. 1b). También propuso asumir una plataforma elec-toral que no sólo fuera legislativa, sino capaz de detonarlos cambios sociales que dieran fundamento a la con-quista de la presidencia en el año 2000, y se declarópartidario de constituir al Distrito Federal en el estado32 y de que exista un gobierno incluyente en donde puedadarse la participación de otras fuerzas políticas en casode controlar la ciudad en 1997 (Ref, 17/06/96, p. 3b).

A pesar de la definición de las ofertas que en apa-riencia colocaban a Altamirano en desventaja frente aGalván, las tendencias previas a la votación indicabanuna división de votos casi a la par. Sin embargo, un datoimportante es que Altamirano logró visitar los 40 dis-tritos de la ciudad, mientras que Galván sólo lo hizo en32 (Ref, 18/06/96, p. 3b).

Los trabajos del Consejo Regional se desarrolla-ron el día 20 de junio, como estaba previsto por laconvocatoria. El asambleísta del DF Salvador AbascalCarranza fue el encargado de presentar la candidaturade Galván, mientras que la diputada Cecilia Romeroharía lo propio con Altamirano. Después, ambos can-didatos procedieron a presentar sus planes de trabajo,en donde Galván ratificó su voluntad de cambio y sudedicación íntegra al cargo, mientras que Altamiranodestacó su experiencia como un elemento para con-tinuar al frente del Comité. La elección se decidió enuna sola ronda, aunque presentó un cerrado margende votos entre ambos candidatos, ya que Altamiranovenció a Galván sólo por cuatro votos de diferencia —30 contra 26, y una abstención—. (El estatuto local pa-nista indica que el ganador debe obtener el 50% más

uno de los votos, el cual justamente se fija en el númerode 30 consejeros.) El único consejero ausente fue FelipeCalderón, quien consideró no adecuado pronunciarsepor alguno de los candidatos.

Posteriormente a dicho cómputo, se procedió a laelección de los demás integrantes del CEN regional, conuna virtual repetición de los integrantes del equipo deAltamirano, punto que le fue fuertemente reprochadoal líder reelecto, por cuanto una de las críticas másfuertes hechas por la gente de Galván, quien se manteníacomo presidente de la Comisión de Vigilancia del Con-sejo, era que de los 30 miembros del Comité, 21 eranfuncionarios públicos o legisladores, con lo que lasacciones partidarias de cara a los comicios de 1997 notenían una plena garantía de desarrollarse en la debidaforma. Galván rechazó la invitación de Altamirano aformar parte del Comité Regional y decidió reintegrar-se a su cargo en el CEN (La Nación, 05/07/96, n. 1959,p.12; Nal, 21/06/96, p. 21).

De esta manera, con base en un resolutivo del 4 dejulio, el Comité Regional finalmente quedó configura-do en sus carteras principales por Cecilia Romero,secretaria general; Patricia Garduño Morales, área deComunicación y Relaciones; Víctor Orduña Muñoz, áreade Asuntos Electorales; Salvador Abascal, área de Estu-dios; Miguel Hernández Labastida, área de Fortale-cimiento Interno; y María Álvarez de Vicencio, en el áreade Gobierno. Igualmente, el Comité Regional abrió otrasdos áreas de trabajo global en los rubros de Promocióny Soporte (La Nación, 19/07/96, n. 1960, p. 28; Ref, 04/07/96, p. 5b).

El PAN frente a las reformas electoralesy del Estado. Un drama en tres actos

Acto primero: la Mesa Central, Huejotzingo y losAcuerdos de Bucareli

En términos generales, debe señalarse que la lógica ge-neral panista se fundamentaba en la firma de los “com-promisos para un Acuerdo Político Nacional” del 17 deenero de 1995 y en el desarrollo de los acuerdos delSeminario del Castillo de Chapultepec, que terminó el10 de agosto de 1995 con la firma del documento deconvergencia con el PRD denominado “Diez PuntosFundamentales para la Reforma Electoral”, lo que ori-ginó la reinstalación de la Mesa de Reforma del Esta-do en octubre de ese año, con el propósito de que los

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partidos políticos pudieran tener un consenso básicoque se expresara en una iniciativa de reformas cons-titucionales que permitiese durante el primer periodoordinario de sesiones de 1996, normar y preparar loscomicios federales de 1997. El desarrollo de las sesionesse mantuvo con relativos avances hasta el 17 de febrerode 1996, cuando el CEN del PAN decidió por una-nimidad retirarse de la mesa de negociaciones a conse-cuencia de la resolución última del Tribunal ElectoralEstatal que ratificaba el fraude electoral cometido con-tra dicho partido en el municipio de Huejotzingo,Puebla, en las pasadas elecciones de noviembre de 1995,acusando al gobierno de utilizar y practicar un “doblelenguaje” en detrimento de la democracia (Ref., 18/02.96, p.1a y 2a.; Fin, 18/02/96, p. 21; LJ, 18/02/96, p. 7).

Casi de manera inmediata, se maneja la posibili-dad de una alianza conjunta entre el PRD y el PAN paratambién destrabar el conflicto postelectoral en Tabas-co, que había surgido alrededor de la elección del gober-nador Roberto Madrazo Pintado, y el esclarecimientode la masacre de Aguas Blancas, Guerrero. Dichasituación obliga a la suspensión provisional de las plá-ticas de la Mesa de Gobernación, las cuales se reanudanel 22 de febrero sin la participación del PAN, cuyosecretario general, Federico Ling Altamirano, señala quesu partido fue expulsado “de facto” del diálogo (LJ. 22/02/96, p. 3).

En respuesta a dichas críticas, el presidente Zedillose hizo eco de las duras acusaciones de chantajismo querecibió el PAN por parte de la mayoría de los restantespartidos y el gobierno, e incluso de miembros del propiopartido, como el líder senatorial Gabriel Jiménez Remuso los entonces diputados federales Rodolfo Elizondo oCarmen Segura. Durante la LV Asamblea General Ordi-naria de la Canacintra, Zedillo declaró que es imposibleforjar una reforma al gusto de un grupo en particular,por lo que convocaba implícitamente al PAN a su rein-corporación al proceso de diálogo responsable, dado elcarácter necesario e inaplazable de la reforma electoral(Fin, 28/02/96, p. 39). En respuesta, el líder parlamenta-rio Ricardo García Cervantes comentó, en el seno de laComisión Permanente, que dicha convocatoria era con-siderada por el PAN como carente de confianza ydeshonesta en tanto el PRI insistiera en su lógica de vio-lentar los acuerdos y las leyes (Fin, 29/02/96, p. 41).Otro tanto hizo el líder nacional panista Carlos CastilloPeraza en un mitin que encabezó en Huejotzingo (U+U,01/03/96, p. 4).

La situación del retorno se enturbió aún más en lamedida en que algunos líderes del PAN, como Diego

Fernández de Cevallos y Cecilia Romero, acusaron alPRD de intentar servirse de la coyuntura del retiro parasacar una reforma a su conveniencia y aprovechandola urgencia de legitimidad que tenía el gobierno en tornoa la negociación electoral. Viendo que dicho asunto notendría modificaciones de fondo sino hasta la trans-ferencia del mando interno del PAN, el proceso entróen una fase de enturbamiento y desgaste que obligó alnuevo presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa, aratificar la posición del partido de que se fraguaba unacontrarreforma electoral, a pesar de que el gobernadorde Guanajuato, Vicente Fox, asumía el hecho de que elPAN “tarde o temprano” debería regresar a la mesadel diálogo (U+U, 11/03/96, p. 5).

En vista del endurecimiento panista, los partici-pantes de la Mesa Central anunciaron que se estaba an-te un documento final por entregarse y evaluarse enel inminente periodo de sesiones del Congreso, peroen el cual se intentaría incorporar buena parte de lasobservaciones del PAN (Nal, 12/03/96, p. 7). Esta decla-ración obligó al nuevo secretario general panista, eldiputado José Antonio García Villa, a señalar que el PANno había roto su relación con el gobierno, sino queúnicamente se había retirado de la mesa de la reforma,actitud con la cual se buscaba moderar el tono y seguirdejando abierta la posibilidad de retorno, aunque acla-rando que se podría utilizar una vía alterna como la departicipar presentando su propio proyecto de reformaante el Congreso de la Unión (Nal, 13/03/96, p. 11).

Días después, el líder nacional Felipe Calderón con-firmó dicha postura, a la vez que indicó que el caso deHuejotzingo se llevaría a la Comisión Interamericanade Derechos Humanos en la OEA (LJ, 15/03/96, pp. 1,6).La posición panista llegó a uno de sus puntos de máximatensión al precisar Felipe Calderón que la Mesa Centralde la reforma “era un engaño a la opinión pública”, queera una “instancia agotada” y que no funcionaría mien-tras la brecha entre la legalidad y lo que sucedía fueratan amplia (LJ, 28/03/96, p. 7). Incluso, el líder parla-mentario Ricardo García Cervantes indicaría que lareforma, al margen de lo negociado por los partidos,debía discutirse en el Congreso, por lo que ni aunentregándoles Huejotzingo el PAN retornaría a la MesaCentral (LJ, 29/03/96, p. 6).

Como producto de la intransigencia con la cual seseguía manejando el caso Huejotzingo, el 31 de mar-zo, el CEN del PAN emite un manifiesto en el cualratificaba que no se reincorporaría a la Mesa de Refor-ma del Estado mientras persistiera dicha situación, quedesde su perspectiva atentaba contra la vigencia del

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federalismo, la división de poderes y el municipio libre,así como contra el respeto hacia el propio PAN (Nal,01/04/96, p. 7). Al día siguiente, dentro del desarrollode las sesiones del periodo ordinario de la Cámara Baja,el Grupo Parlamentario del PAN presentó un ampliopaquete de reformas —seis en total—, cuestión con laque ponían en entredicho el futuro de la Mesa de Gober-nación. Dicho acto, en la percepción del gobierno y laoposición, significaba que a su modo el PAN habíaregresado al proceso de reforma. Tan perceptible era elcambio que los líderes parlamentarios Ricardo GarcíaCervantes y Juan Antonio García Villa ahora aducíanque el PAN nunca había dejado el diálogo, sino que tansólo había cambiado el método y ahora se privilegiabaal Congreso como escenario natural para concretar lareforma del Estado (Ref., 08/04/96, p.1a y 8a; Fin, 11/04/96, p. 39). Por su parte, Felipe Calderón manifestóque la participación parlamentaria del PAN no significa-ba desistir en la lucha esencial de Huejotzingo ni en lapostura de mantenerse al margen de la mesa de Gober-nación (Fin, 10/04/96, p. 42).

El 12 de abril, Juan Antonio García Villa rechazó lasimputaciones de que el PAN había presentado el pa-quete de iniciativas legislativas para la reforma delEstado como un “madruguete”, y resaltó que los prin-cipios contenidos en aquél —como las ideas de refe-réndum, , plebiscito e iniciativa popular, y de un incre-mento a 3% de la votación nacional para la obtenciónde diputados de representación proporcional— eranfactores necesarios y complementarios a las propuestasde reformas al COFIPE, al estatuto del Distrito Federaly al equilibrio de poderes entre las instancias del ejecu-tivo y el Congreso de la Unión, además de que intensifi-caba el desarrollo institucional de este último, en tantoque se promovía un nuevo reglamento interior y unanueva ley orgánica para su funcionamiento (Fin, 12/04/96).

Con la ausencia del PAN, el 15 de abril la Secretaríade Gobernación, el PRI, el PRD y el PT terminan porfirmar un primer acuerdo general de 107 cambios le-gales que regirían la Reforma Constitucional del Estado,la cual llevarla al Congreso de la Unión para su discu-sión y aprobación (Nal, 16/04/96, p. 13). De manerainmediata, el PAN descalificó dicho acuerdo comocontradictorio y sólo enunciativo de acciones que porlo demás dejaban fuera aspectos fundamentales comola configuración del Poder Legislativo local en el DF, lafiscalización de los gastos y el financiamiento de lospartidos, o la integración de las Cámaras (U+U, 17/04/96, p. 6; EP-Méx, 17/04/96, p. 3). Por su parte, el líder

del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, comentó que en realidadla descalificación del PAN al proceso recién concluidoimplicaba el final de la etapa de las llamadas “concer-tacesiones”.

El 22 de abril, Felipe Calderón calificó a la reformapolítica del gobierno como “una simulación”, a la vezque manifestó su total desconfianza hacia el líder na-cional del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, en tanto no secontinuaba con la defensa conjunta de los fraudes elec-torales que afectaban a sus respectivos partidos enPuebla y Tabasco. Al mismo tiempo, señaló que el pre-sidente Zedillo estaba siendo acotado en sus intentosde seguir respetando los resultados electorales, tal ycomo lo hizo en 1995, en tanto enarbolaba una falsabandera de respeto al federalismo. Ello se demostrabacon el caso Huejotzingo y el surgimiento del bloque degobernadores salinistas encabezado por Manuel Bartletty Roberto Madrazo. Por otra parte, en su valoración que-daba claro que la reforma estaba siendo a su vez dete-nida por la salida de Esteban Moctezuma y el arribode Emilio Chuayffet a la Secretaría de Gobernación, yaque dicho funcionario era proclive a la fijación de lasmenor cantidad de cambios posible, o al menos anegociarlos rápidamente con los partidos que perma-necían en la Mesa de Barcelona, en especial el PRD(EP-Méx, 22/04/96, p. 4).

No obstante, se admitió la presencia de un “diálogoparalelo” informal entre Felipe Calderón y los otroslíderes opositores, el secretario de Gobernación y elpresidente Zedillo en términos de propiciar un climade retorno, aunque ello no se expresara en resultadosconcretos, al punto de que se precisaba la decisión de queel PAN no participaría en la discusión dentro de lascomisiones encargadas de redactar las iniciativas dereforma (U+U, 23/04/96, p. 5).

Acto segundo: la negociación de lasreformas constitucionales en el Congreso

A pesar de la renuncia del alcalde de Huejotzingo y elnombramiento de una nueva administración munici-pal, que no ocurrieron hasta el día 15 de mayo, el PANinicialmente se mantuvo indeciso en cuanto a rein-corporarse de manera inmediata al diálogo de la re-forma del Estado, a efecto de considerar los impactosque se le pudieran atribuir al asunto, en tanto que priís-tas y miembros de otras fuerzas opositoras aducían quese había reanudado la etapa de “concertacesiones” su-puestamente eliminada por el presidente Zedillo. Sólo

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días después se emitió un comunicado de la ComisiónPolítica en el cual se autorizaba a los coordinadoresparlamentarios y al presidente del CEN a reincorporarseal diálogo dentro de los canales correspondientes, perobajo sus propios términos e iniciativas.

El proceso de acercamiento entre el PAN y las fuerzaspolíticas de la Mesa Central es propiciado en la medidaen que ambas instancias aceptan tener coincidenciasiniciales, —primero 7 y luego 16, una vez reincorpora-dos al diálogo— en los 27 cambios propuestos a laConstitución, más otros 8 susceptibles de ser negociablesen las comisiones Plural de la Reforma Política y deGobernación de la Cámara de Diputados. Otros tres seconsideran “innegociables”, además de que se indican51 coincidencias con los 80 acuerdos. No obstante, 16puntos muestran no ser superables en primera instancia(Ref. 06/05/96, p. 10a; Ref. 31/05/96, p. 6a). Sin em-bargo, el regreso oficial del PAN a la Mesa Central pararevisar las demás tareas pendientes de la reforma estataly las negociaciones en materia electoral en el Congresose protocoliza el 20 de mayo (Ref, 21/05/96, p. 1a; Nal,21/05/96, p. 9).

De inmediato, se señala que el PAN tiene todavíadiferencias importantes en cuanto a la ciudadanizaciónabsoluta de los órganos electorales y en cuanto a la nece-sidad de que el gobierno dejara de tener la responsabi-lidad en la organización de los comicios, entre otrostemas (LJ, 24/05/96, p. 3). A efecto de crear un climaadecuado, el gobierno y las demás fuerzas políticas de-ciden admitir la reapertura de los Acuerdos de Buca-reli en aquellos puntos que pudieran ser susceptiblesde incorporar las propuestas panistas, pero sin propiciarmayor dilación en su negociación, misma que ahora seencontraba ya en el proceso de acercamiento a un acuer-do bicamaral dentro del Congreso con la existencia de 5subcomisiones (Fin, 25/05/96, p. 13; Nal, 25/05/96. p. 5).

Como muestra del nuevo tono conciliatorio alcan-zado en esos días, el 21 de mayo Felipe Calderón señalaque los alcances definitivos de la reforma electoral se-rían importantes para las posibilidades futuras de cre-cimiento del partido de cara a los comicios federales ylocales de 1997, en especial la conquista de la Cámarade Diputados. Otro punto importante en su intervenciónes la precisión de que una reforma exitosa sería unindicador del fin de la transición política en México (LaNación, 07/06/96, pp. 24-26).

Otro punto de notorio avance en las negociacionesfue el aval parcial dado por el PAN a la propuesta deredistritación del IFE en 11 estados de la República,aunque para los 21 estados restantes aún optaba por

la defensa de un proyecto alterno (LJ, 07/06/96, p. 13).Esto contrastaba con el nuevo impasse y el desacuerdosurgido entre el PAN y el PRD dadas las posicionesirreductibles en torno a cuestiones como el financia-miento, la integración del IFE y la participación gu-bernamental de los comicios, así como otros puntosrelacionados con el Distrito Federal. Sin embargo, ladirección nacional panista tendía al convencimiento deque sus posiciones quizá perderían a la larga, aunqueen aras del consenso se asumiría que quizá pudieranencontrar matices en la legislación secundaria (Fin, 15/06/96, p. 9).

Por desgracia, el proceso de la reforma se detuvo denuevo ya que el PRI decidió, ahora por su cuenta, actuarcon lentitud en la redacción de los proyectos cons-titucionales de reforma, al punto que obligó de nuevoal PAN a retirarse, el 26 de junio, de los trabajos de laComisión Plural en la Cámara Baja, debido a los cambiosque introdujo el PRI en el ámbito del Distrito Federal.La situación se entrampó aún más pues el PRD tambiénhabía decidido abandonar los trabajos legislativosdebido a la nueva petición de desaparecer los poderesen Tabasco y al creciente hostigamiento a militantesperredistas en dicha entidad (U+U, 27/06/96, p. 5). Lasituación se agravó cuando hasta el propio PRI decidióanunciar la posposición de su presencia dentro de losmencionados trabajos por una semana, a efecto deestudiar a fondo los problemas “técnico-jurídicos” quela reforma conllevaba (Fin, 02/07/96, p. 37), lo cual fueaceptado por el PAN en un comunicado. Las nego-ciaciones se reanudaron informalmente en la Secretaríade Gobernación, pero rechazando que fueran sólo el PRIy el PAN quienes decidirían el alcance final de la re-forma (Fin, 12/07/96, p. 35). El PRD se encontraba denuevo en la Mesa alrededor de día 17 de julio, aun-que las controversias finales ahora se concentraban encinco puntos: a) conformación de las cámaras, b) fi-nanciamiento, c) organismos electorales, d) magistra-dos electorales, y e) Distrito Federal (LJ, 18/07/96, p. 6).

Ante la imposibilidad de cumplir con la fecha límite,el 10 de julio, para presentar el texto final de la iniciativade reformas, todas las fuerzas políticas asumen comohecho impostergable convocar a un periodo extraor-dinario de sesiones del Congreso, a fin de discutir yaprobar reformas a la Constitución; de lo contrario, loscomicios de 1997 tendrían que regularse con la ley elec-toral de 1994. Este hecho, de notoria importanciaestratégica para la oposición, se convertiría en undelicado punto en la declinante legitimidad priísta (LJ,18/07/96, p. 7).

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Dada la presión de tiempo, notoriamente expuestapor la estrategia conjunta del PRI y la Secretaría deGobernación, las dirigencias del PAN y el PRD termi-nan aceptando “unir voluntades” para impulsar al uní-sono la reforma electoral y pedir así al gobierno quejuegue su papel de mediador, rompiendo de esta ma-nera el formato bilateral que se tenía hasta ese momentoy regresando así al esquema de mesa plenaria de nego-ciación entre todos los partidos. Se revela entonces queel PAN había entregado a Gobernación una agenda de12 puntos básicos que no se habían resuelto satisfac-toriamente dentro de la negociación frente al consen-so inicial de la Mesa de Bucareli (LJ, 20/07/96, p. 3). Sinembargo, la supuesta alianza es desmentida por el lídersenatorial panista, Gabriel Jiménez Remus, indicandoque sólo se había dado un intercambio informativo en-tre ambos partidos (LJ. 21/07/96, p. 7).

En días subsecuentes, y ante el hecho de quedar fue-ra del arreglo final, el PAN anunció que su pliego dediferendos se había reducido a seis, pero demandaba elreinicio de las negociaciones multilaterales a efecto deevitar la exclusión premeditada de la cual pudiera sersujeto el partido, a decir del líder camaral Ricardo GarcíaCervantes (LJ, 23/07/96, p. 6). No obstante, el 24 de julioFelipe Calderón anuncia que si no se aceptaban todoslos puntos de su paquete de observaciones, ello bienpodría determinar la decisión de no avalar la reformaen su formato final (LJ, 25/07/96).

Finalmente, cuando menos se esperaba, el 25 de juliose logró la firma de la iniciativa de ley de reforma elec-toral, en un acto protocolario celebrado en PalacioNacional. Los puntos más importantes de la iniciativa,en donde finalmente se concedía buena parte de lasdemandas opositoras, eran los siguientes: a) afiliaciónestrictamente individual a los partidos y concesión delderecho de voto a los mexicanos en el extranjero con-forme lo establezca la ley secundaria, b) Salida total delEjecutivo del IFE; los consejeros del Poder Legisla-tivo tendrán voz, pero no voto; los actuales consejerosciudadanos serán sustituidos por consejeros electoralesy un presidente del Consejo General que serán selec-cionados por la Cámara de Diputados. c) Se fijan normaspara la transparencia y equidad en el financiamientode los partidos políticos, haciendo que prevalezca elpúblico por encima del privado. d) Se reduce de 315 a300 el número máximo de diputados asignables a unpartido por ambos principios de elección en la CámaraBaja, y se establece en 8% el margen de sobrerre-presentación; se modifica la composición de la Cámarade Senadores introduciendo 32 nuevos integrantes

electos bajo el principio de representación proporcional.e) En materia de justicia electoral, la Suprema Corteconocerá de la inconstitucionalidad de las leyes elec-torales, el TRIFE queda incorporado al Poder Judicial ylos partidos tendrán personalidad para impugnar lasleyes electorales; los magistrados electorales seránnominados por el Senado a propuesta de la SupremaCorte; el Ejecutivo ya no intervendrá en la integracióndel TRIFE. f) Se ampliarán las funciones legislativas dela Asamblea de Representantes del DF y se podrá elegiral jefe de gobierno de manera directa, secreta y univer-sal; se introducirán nuevas delegaciones políticas y seasume que en el año 2000 se elegirá a los delegadospolíticos. g) Se acuerda que la Constitución incluyaprincipios comunes mínimos que rijan a las legislacio-nes electorales locales (Fin, 26/07/96, p. 41; LJ, 26/07/96, p. 5).

Durante la firma del acuerdo, Felipe Calderón se-ñalaría que la postura del PAN era de conformidad conlo pactado, a la vez que pensaba que la reforma delEstado no se agotaba en lo electoral, por lo que debíaconsiderarse la disposición efectiva para hacer cumplirestos nuevos ordenamientos y concluir así el ya largo yexcesivo periodo de transición política (La Nación, 02/08/96, p. 3). Posteriormente, en un debate televisadocon los demás líderes partidarios, Calderón manten-dría su idea de que la reforma era únicamente un primerpaso democratizador, a la vez que indicaba sentirseganador, “pero no exclusivo o excluyente” (LJ. 05/08/96, p. 3).

Con base en la convocatoria a un periodo extraor-dinario de sesiones, de manera extremadamente brevey sin mayor discusión el Congreso aprobó el paquetede reformas introducido el 30 de julio de 1996, y elperiodo se clausuró el día 2 de agosto. No obstante loanterior, el Grupo Parlamentario del PAN emitió el 9de agosto un comunicado donde fijó ante la opiniónpública las coincidencias y discrepancias generales conla reforma recién aprobada. En este comunicado se se-ñala que apenas se ha dado el primer paso para unareforma política integral, quedando pendientes aspectoscomo un verdadero equilibrio entre poderes y lavigencia de un auténtico federalismo. Entre las dife-rencias centrales se plantea, por ejemplo: a) la per-manencia del monopolio priísta en el uso de los coloresnacionales, b) la omisión de mecanismos alternati-vos de participación democrática, c) la marginación delos actuales consejeros ciudadanos del IFE, d) la fórmu-la de integración del Senado de la República y la noreelección del Jefe del Gobierno del DF, y e) el alto

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financiamiento público por aprobar para los partidospolíticos. En el mejor de los casos, en la opinión del PANdiversos aspectos de la reforma constitucional podríanmejorarse en el debate de la legislación secundaria entanto elemento coadyuvante en el proceso de transicióndemocrática.

Sin embargo, a decir del propio PAN, esta primeraetapa apenas era el preludio de un proceso más com-plejo y definitivo, que debía culminar con la fijación yaprobación de las reformas al Código Federal de Insti-tuciones y Procesos Electorales.

Acto tercero: la desaprobación del nuevo COFIPE

Después de la firma de los acuerdos que posibilitan laintroducción de las reformas constitucionales en mate-ria electoral, Felipe Calderón concedió una entrevistaal diario Reforma, en la que señaló que el PAN reconocíalos consensos de forma y fondo. En particular, se sentíansatisfechos con las reformas en materia de integracióndel Tribunal Electoral al Poder Judicial y la composi-ción del Congreso, aunque se consideraba no adecuadoal aumento de curules en el Senado, la ciudadanizaciónde los órganos electorales y el sacrificio de los consejosciudadanos del DF, así como el relevo y la no reelecciónde los actuales consejeros ciudadanos del IFE (estosúltimos originalmente debían quedarse hasta el año2001). Desde luego, aceptaba que no podrían apreciarseaún los alcances verdaderos de la reforma sino hasta lafijación de la legislación secundaria, pero en princi-pio consideraba que ello representaba un proceso deavances tan significativo como la reforma político-elec-toral de 1989 (Ref 06/08/96, 4a).

Por otra parte, el PAN delimitó casi de inmediatocuáles serían los ajustes que buscaría plasmar en elCOFIPE: a) la nueva composición de las Cámaras, b)el nivel de sobrerrepresentación, c) la estructura del IFE,d) las facultades electorales de la Asamblea Legislativadel DF, e) el listado nominal con fotografía y f) la regla-mentación de las encuestas, los conteos rápidos y la obser-vación nacional e internacional (Fin, 07/08/96, p. 41).

En términos generales, la discusión de las reformasa la legislación electoral secundaria gira en torno a cincorubros: a) las reformas y adiciones directas al texto delCOFIPE, b) las reformas a la Ley Reglamentaria de lasfracciones primera y segunda del artículo 105 consti-tucional, c) las reformas a la Ley Orgánica del PoderJudicial, d) la creación de la Ley de Medios de Impug-nación en Materia Electoral Federal, y e) la modificación,

dentro del Código Penal Federal, del capítulo corres-pondiente a los delitos electorales.

Hacia mediados del mes de octubre, y ante los retra-sos en la negociación interpartidaria que debía cumplirlos plazos hasta entonces vigentes para poner en marchael proceso electoral federal de 1997, el PAN observabaque el gobierno y el PRI deseaban aprobar hasta elúltimo momento el paquete de reformas. Sin embargo,la dirigencia panista consideraba al respecto que biense podría avalar una serie de reformas a la legislaciónelectoral bajo la forma de artículos transitorios a efectode no entorpecer el proceso, dejando así mayor mar-gen de tiempo para la negociación de la versión defi-nitiva de la nueva legislación, dado que los artículosconstitucionales aprobados en agosto precisaban basesclaras para el funcionamiento y la nueva integra-ción ciudadana del IFE en sus principales órganos, asícomo para la formación del Tribunal Electoral (Fin, 18/10/96, p. 50).

Días después, la Secretaría de Gobernación entregóal PAN el proyecto de reformas legislativas, aunque pormedio del líder camaral Ricardo García Cervantes, seestimaba que el proceso carecía de los elementos básicosde consenso, por lo que quizá el PRI decidiría aprobarel proyecto sin la anuencia de los demás partidos (Nal,21/10/96, p. 5). Los puntos más escabrosos seguían sien-do los relativos al financiamiento de los partidos y a laestructura del IFE, especialmente en torno al inminentenombramiento del presidente del Consejo General, paracuya candidatura el PAN tenía en mente al entoncesconsejero ciudadano Santiago Creel, quien de entradacontaba con el veto del PRI (Fin, 25/10/96, p. 48).

Ante tal clima de enrarecimiento y cerrazón, FelipeCalderón y Juan Antonio García Villa declaran porseparado que no se dejaba al PAN otra salida que votaren contra del proyecto gubernamental, si es que no secedía en cuanto a la fijación previa de las reformas le-gales del COFIPE como un paso previo al nombra-miento de los consejeros y los magistrados electoralesconforme a la propia ley en vigor (Ref, 27/10/96, p. 2a).

Sin embargo, el gobierno no cedió en este particu-lar, por lo que el día 30 de octubre, no sin tensas ne-gociaciones de por medio, se presentó ante el pleno dela Cámara de Diputados la propuesta de Presidenciadel Consejo General y de consejeros electorales del IFE.El PAN todavía hizo un último intento de proponercomo candidato a la presidencia del Consejo al aca-démico Juan Molinar Horcasitas, quien al final quedócomo consejero propietario junto con el investigadorAlonso Lujambio (Ref, 31/10/96).

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En medio de la derrotas priístas en los comicios lo-cales del Estado de México, Coahuila e Hidalgo, se diomarcha atrás en la aceptación de la iniciativa de refor-ma presidencial, y el PRI decidió modificar 16 puntosde ésta. En especial, desconocía los acuerdos parapermitir la formación de coaliciones y candidaturascomunes, el acceso equitativo a los medios de comuni-cación, el cálculo de las asignaciones presupuestariasde los partidos, así como no avalar la transformación yciudadanización de los institutos electorales estatales,entre otros puntos (Fin, 14/11/96, p. 55).

A diferencia de la aprobación de consenso de lasreformas constitucionales, el PRI decidió ir solo, con sumayoría simple de 282 diputados, en la modificaciónfinal del COFIPE. La oposición en conjunto votaría encontra (Ref, 15/11/96, p. 1a). En el Senado, el PAN volve-ría a pronunciarse en contra, aunque esta vez con la au-sencia del PRD. El coordinador parlamentario panistaen la Cámara de Diputados, Ricardo García Cervantes,manifestó que la reforma al COFIPE no garantizaba enlo absoluto la equidad electoral, pues dejaba en la incer-tidumbre cómo se daría la integración de la estructurainterna del IFE; no fijaba sanciones claras a los topes degastos de campaña o el acceso a los medios de comuni-cación; no tipificaba los delitos electorales ni permitíael recurso de coaligarse o de promover candidaturascomunes. Sin embargo, también se reconocían avancesimportantes, como las nuevas reglas de observaciónelectoral. (La Nación, 22/11/96, pp. 14-15) En estesentido, la supuesta “reforma electoral definitiva” pro-metida por el presidente Ernesto Zedillo al inicio de sugestión presidencial había quedado deslegitimada defacto en tanto la dirigencia panista evaluaba que losretrocesos observados al final daban la pauta para quese reabriera el expediente de la desconfianza ante poten-ciales elecciones fraudulentas y viciadas de origen, pesea las potenciales reformas que se podían consignar enel proyecto aprobado (Nal, 21/10/96, p. 9).

Cuando en apariencia el proceso legal-electoral sedaba por concluido, el PAN y el PRD anuncian por sepa-rado que presentarían recursos de inconstitucionalidadante la Suprema Corte contra diversos artículos delCOFIPE, especialmente aquellos relativos al punto delfinanciamiento, en donde incluso el PAN discrepa y pidedebatir las declaraciones del presidente Zedillo de quela reforma aprobada por el PRI era correcta en tantoque se tenía que privilegiar un fuerte control públicode los recursos partidarios por considerarlo un “asuntode razón de estado” (Fin, 22/11/96, p. 47). El debatellegó al punto en que José Antonio García Villa señaló

que se estudiaba el rechazo de la partida presupuestalpública aprobada para el PAN por considerar que losmontos aprobados eran inconstitucionales postura quetambién halla eco en el PRD (Fin, 24.11.96, p.23).

Al final, ambos partidos declaran que aceptan losfondos y, ante las condiciones legales y tácticas que lesimponía el proceso, deciden presentar por separado susrespectivos recursos de inconstitucionalidad (Fin, 27/11/96, p. 47; Fin, 28/11/96, p. 44) El PRD lo presenta el27 de noviembre (LJ, 29/11/96, p. 10), mientras que elPAN todavía intenta probar la vía parlamentaria paraintroducir el recurso de inconstitucionalidad el 5 dediciembre, pero fracasa al no contar con el apoyo de 167diputados requerido —el PAN sólo tenía 118— debidoa la no colaboración del PRD, que consideró tardío elpronunciamiento del primero (Ref, 06/12/96, p. 8a).Finalmente, el PAN introduce dicho recurso vía ladirigencia partidista al día siguiente, justo en el límitelegal para lograrlo (LJ, 07/12/97). Huelga decir queluego de su examen, la Suprema Corte decidió desecharen 1997 ambas impugnaciones.

El último aspecto importante dentro de este rubrose relaciona con una de las hipótesis sobre la dimisióndel procurador general de extracción panista AntonioLozano Gracia, a quien en su carácter de Abogado Ge-neral de la Nación le correspondía responder a dichosrecursos de inconstitucionalidad. Frente a ellos, se sos-pechaba que Lozano no haría una defensa jurídica ade-cuada, lo que podría beneficiar en especial a los panistas.Esta eventualidad, frente a la cual desde luego no desea-ría exponerse el presidente Zedillo, sería de muy altocosto político para el gobierno y el PRI en caso de ocurrir,por lo que implicaba colocarse en una postura de inu-sitada fragilidad. Así que, como se verá más adelante,quizá sea ésta, y no las demás causas acumuladas enlos dos años de actuación del panista en el gabinetezedillista, el signo de que la colaboración y coalicióngubernamental entre el PRI y el PAN se daba porconcluida ante las elecciones de 1997, no sólo por con-veniencia, sino por una supuesta lógica de despresti-gio generalizado con la cual se pretendía diluir elcrecimiento de la fuerza blanquiazul en el contextonacional.

Hacia la redefinición estratégica

En términos generales, como ya se anticipaba en laintroducción de este trabajo, el PAN experimenta en1996 una profunda revisión de sus estructuras internas

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a efecto de encauzar adecuadamente su nueva presen-cia político-electoral. Para ello, el partido prosiguió conla implementación de su Programa de Redimensio-namiento Interno, y decidió abrir programas de asesoríay capacitación a gobiernos municipales y estatales, paraasí consolidar las propuestas legislativas a aprobarseen la plataforma partidaria que se definiría de cara alos comicios de 1997. De alguna manera, se trataba dematerializar la línea de trabajo relativa a cuidar eldesarrollo institucional del partido y contextualizarlocon el propio ritmo político del país.

Sin embargo, lo más importante en todo este proce-so se centra en recolocar la visión general de cómo elpartido debía relacionarse y, en su caso, mantener suvínculo formal con la administración Zedillo, lo cualllevó al PAN a trabajar en diversas líneas, intentan-do resistir hasta el final los embates y denuncias que sevierten sobre sus administraciones estatales y la gestióndel procurador general de la República, Antonio LozanoGracia.

La relación Zedillo-PAN: tensión y contención

Durante este periodo, la dirección panista mantuvo unalínea de fuertes jaloneos con el presidente Zedillo,muchas veces ocasionados también por las presionesgeneradas desde el PRI, cuyo líder nacional SantiagoOñate, y sobre todo Roberto Campa Cifrián, dirigentelocal en el DF, y el gobernador poblano Manuel Bartlett,fueron persistentes críticos de las posturas panistas. ElPAN valora una potencial diferenciación entre unos yotros, con la idea de tender puentes entre las accionescoyunturales de reforma y la línea general de transiciónpolítica.

El PAN mantiene así una posición oscilante anteZedillo. Lo ataca frontalmente durante los trabajos dela reforma electoral, pero lo apoyará cuando en el mesde junio se manejaba su posible renuncia, e incluso lesugiere un gran pacto nacional entre partidos para re-ducir la incertidumbre sobre este particular, en la cualel PAN declara no estar interesado (LJ, 05/06/96, p. 5).Admitió que la presencia de Antonio Lozano Gracia enla PGR implicaba “un costo político de conveniencianacional, sin fines electorales” para tratar de reconstruirel sistema de justicia, pero al final terminó por declararque el gobierno era quien había decidido dar por ter-minada la cohabitación al momento de crear una crisiscon la remoción del fiscal especial para el caso Colosio,lo que sería el preludio a su renuncia en el mes de

diciembre, en tanto ejemplos de que nunca se pudieronplantear una claridad de acuerdos en materia de la go-bernabilidad política del país.

Durante todo este periodo, la posición del PAN fuediferenciar la actitud y los cambios ofrecidos por Zedillo,por cuanto se consideraba que la transición y la reformaelectoral promovidas estaban siendo detenidas por elsurgimiento de un movimiento neocaciquil. El puntomás tenso en la postura de combate a esta tendencia semantuvo en el llamado por un auténtico federalis-mo que se hizo durante la reunión ordinaria del Con-sejo Nacional y el foro de presidentes municipalespanistas celebrados en la ciudad de Puebla los días 7y 8 de septiembre. En dicho evento se emitió una “pro-clama municipalista” en contra del centralismo fiscal ypor la implantación de medidas que erradiquen lamarginación y la violencia armada provocadas poraquél mediante la promoción de la democracia y elEstado de Derecho (Fin, 08/09/96, p. 29; LJ, 08/09/96,pp. 1,8).

La situación al respecto había dado un giro de 180grados por cuanto que, a principios de año, eran losmismos gobernadores panistas quienes reconocían los es-fuerzos de Zedillo por cambiar los términos de larelación entre el gobierno federal y las entidades. Almismo tiempo, el PAN denunció abiertamente queel PRI y el gobierno desarrollarían una abierta cam-paña de desprestigio en contra de los gobiernos yfuncionarios panistas, que iría en aumento conformese acercara la contienda electoral de 1997 (EP-Méx, 23/02/96, p. 3).

La beligerancia subió de tono, ya que en el 67 ani-versario del PRI Zedillo critica fuertemente al PAN enel sentido de que éste demostraba preferir el conflicto ala ley en el caso de Huejotzingo, Puebla (LJ, 04/03/96,pp.1,8). De inmediato, el PAN advirtió que dicha parti-cipación mostraba que la sana distancia entre el pre-sidente y su partido no lo era tanto, lo que ponía enduda su competencia, autonomía y responsabilidadpara con la estabilidad del país, así como para controlara los sectores duros del priísmo que estaban en plenoproceso de detener la línea de reformas y respeto a losresultados electorales obtenidos en los dos primerosaños de la administración (Proceso 1010, 11/03/96, p.14-23). Zedillo buscará los acercamientos formales einformales para hacer retornar al PAN a la Mesa Cen-tral de la Reforma del Estado, que justamente había sidoabandonada como respuesta al caso Huejotzingo, peroel PAN manifestaría que la presencia de un “sindicatode gobernadores” organizado contra la transición dejaba

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claro que en la controversia poblana había cuestionesmás de fondo e importancia para el país (U+U, 12/04/96, p. 4).

Con los tiempos de la reforma electoral encima,el presidente Zedillo decidió finalmente reorientar elconflicto hasta ceder a la demanda central del PAN,cuestión que incluso le es reprochada por el líder na-cional priísta Santiago Oñate y el gobernador ManuelBartlett. Ante tales hechos, el tono del PAN se moderapara señalar que Zedillo tenía una intención real desuperar “el México viejo de la política”, aunque habíaconciencia de que los sectores duros del PRI buscaríantomar revancha (Ref. 20/05/96, p. 4a).

Sin embargo, el PAN mantuvo una postura con-vergente con el gobierno en lo referente al manejo de lanegociación política en Chiapas (por ejemplo, al opo-nerse al primer desplazamiento de zapatistas fuera dela zona de conflicto) y al surgimiento del Ejército Popu-lar Revolucionario en Guerrero. Sin embargo, se marcóuna diferencia con el II Informe de Gobierno en el sen-tido de que no se podía aprobar tan fácilmente unaapelación al uso de “toda la fuerza del Estado” comorespuesta a estos nuevos focos de desestabilización.

Por otra parte, en el mes de junio el PAN intentódebatir con el presidente Zedillo sobre la política eco-nómica (LJ, 25/06/96, p. 11), manifestando que ésta hasido la causante de la ruptura política nacional. Si bienesta pretensión surgía de un comentario hecho por elpropio presidente Zedillo, éste decidió posteriormentedar marcha atrás. El tema volvió a ser tocado de maneracentral en la opinión del CEN panista al II Informe deGobierno, en donde éste incluso llegó a calificar dichapolítica como “violencia institucional” y “catastrófica”debido a las condiciones de pobreza y a la falta de cre-cimiento en que se ha sumido a regiones enteras de lanación (EP-Méx, 03/09/96, p. 3; La Nación, 13/09/96,p. 20).

Las constantes acusaciones de corrupción a los cua-tro gobiernos estatales panistas —vinculándolos con elnarcotráfico— y a varias administraciones municipales,hicieron que el CEN panista refutara dichas acusacio-nes argumentando que formaban parte de la “campañasucia” contra el PAN (LJ, 13/06/96, p. 5), aunque ellono obstara para anunciar la emisión de un Código de Éticaa la par de la implementación de un programa de mo-nitoreo a los funcionarios y legisladores tanto federalescomo estatales, que estaría a cargo de Ernesto Ruffo (LJ,28/07/96, p. 13). Adicionalmente, el debate entreRoberto Campa y Gonzalo Altamirano Dimas, respec-tivos líderes del PRI y el PAN en el DF, sacaría a relucir

nuevas imputaciones sobre el estado general de corrup-ción que imperaba en las administraciones de los dospartidos (Ref, 01/09/96, p. 3b). Sin embargo, entre todosestos puntos destaca la ofensiva contra el procuradorLozano Gracia.

Ante el incremento de los ataques mutuos, el 8 deseptiembre Felipe Calderón argumenta que la campañaantipanista no era tolerada, sino promovida, desde LosPinos, en alusión directa al presidente Zedillo, seña-lando que el PAN devolvería “golpe por golpe” cadauna de las acciones de desprestigio (LJ, 09/09/96, pp.1,10). El presidente refuta la acusación mediante uncomunicado en donde se reafirma el respaldo a la ges-tión del procurador Lozano Gracia, así como el respetoa la integridad de Diego Fernández de Cevallos. Ellomotiva que Calderón y Zedillo tengan una entrevistapersonal el 10 de septiembre, a cuyo término el líderpanista aseguraría que en su diálogo con el presidentedebía reconsiderarse el sentido de la ofensiva, y de quese asumía el compromiso de elevar la calidad del de-bate político entre los partidos, a la par que atribuía a lasecretaría de Gobernación los ataques contra su partido(EP-Méx, 11/09/96, pp. 1,2). Las reacciones de apro-bación y desaprobación en militantes del PRI y el PANpor esta reunión no fueron pocas; Vicente Fox afirmó“que no se valía ir a rajar con el presidente” (Proceso,1037, 15/09/96, p. 22). Sin embargo, a los pocos días elPAN ataca al presidente Zedillo cuando éste asiste a undesayuno en apoyo al PRI, y le demanda que acepteuna verificación pública de las finanzas de su partido(Ref, 16/09/96, p. 2a).

Adicionalmente, la disputa entre el PRI y el PAN seagudizaba al tratar de demostrar que ninguno de losdos había sufrido disminución alguna en las pre-ferencias electorales manifestadas en los diversos co-micios regionales celebrados durante el año. El PRIreabrió el expediente de la tesis desestabilizadora delPAN con la puesta en operación del plan Ave Azul, ypor su parte el PAN reiteró que el PRI era un obstáculoque restaba capacidades al propio gobierno para en-frentar la crisis. Incluso el liderazgo panista aventu-raba que el futuro de Zedillo, después de las derrotaselectorales y la remoción de Lozano Gracia, haría deéste un presidente cada día más acotado y obligado abuscar una clara recomposición de sus alianzas internas,las cuales mostraban su más claro deterioro e involucióncon la reciente asunción del diputado Roque Villanue-va al liderazgo priísta (U+U, 14/12/96, p. 4). Como sepodía observar, el diálogo entre Zedillo y el PAN du-rante 1996 paradójicamente fenecía en condiciones

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totalmente opuestas al relativo optimismo con que sehabía mantenido hasta entonces.

Antonio Lozano Gracia: el socio incómodo

La gestión de Lozano se había mantenido en riesgo, noobstante su buen desempeño para mejorar las relacionesdel gobierno mexicano con el de los Estados Unidos(en particular con respecto a las certificaciones anti-droga) y que habían culminado con la caída de narco-traficantes como Juan García Ábrego y con el reco-nocimiento de que en el país existían actividades delavado de dinero (Fin, 03/05/96, p. 28). Así mismo, Lo-zano se había enfrascado en un programa de depuraciónpoliciaca y en la eventual militarización de los mandossuperiores de la policía. Ante estas decisiones, Lozanorecibe respuestas como la de Cuauhtémoc Cárdenas,quien juzgaba que el país se encaminaba hacia elfascismo con la complicidad blanquiazul, debido a laintroducción de las nuevas medidas de seguridadpública y la ley contra el crimen organizado (U+U, 12/04/96, p.6).

Lozano también fue sujeto de presiones por partedel PRI ya que en el mes de junio, gracias a una senten-cia judicial de la Suprema Corte dictada en marzo y quelo facultaba para conocer el caso, presumió que habíaevidencias suficientes del financiamiento ilegal a lacampaña del gobernador de Tabasco, Roberto MadrazoPintado, lo que provocó al liderazgo priísta estudiar lapromoción de un juicio polítco en su contra, por cuantose consideraba como una acción abierta para beneficiaral PAN (Nal, 08/06/96, p. 11). Por otra parte, la PGR semantuvo ajena al caso de la matanza de Aguas Blancas,a la vez que tuvo fuertes disputas en torno al excarce-lamiento de presuntos zapatistas, así como por permi-tir el libre desplazamiento de éstos hacia la ciudad deMéxico.

Entre los puntos importantes que terminaron poracotar la capacidad de maniobra del procurador estánla supuesta venta de plazas de la PGR a recomendadospanistas. Esta situación incluso aceleró los reclamos porsolicitar la renuncia al procurador, así como por laapertura de un juicio político a este personaje por partedel PRI y el PRD, imputándole incluso la transmisiónde informes al PAN (Fin, 24/02/96, p. 12). Ante este cli-ma, el presidente Zedillo se vio obligado a reiterar surespaldo a Lozano en términos de no atizar la parti-dización del caso Colosio y la gestión general del pro-curador, aunque Lozano admitía que dicha politización

del caso era un hecho frente al cual debía tenerse unarespuesta eficaz para descubrir la verdad (LJ, 25/02/96, p. 3).

No obstante, el PRI continuó atacando a Lozano,solicitándole que presentara evidencias de su dis-posición a resolver el caso Colosio, y exigiendo a FelipeCalderón Hinojosa que se retractara de su afirmaciónde que el culpable de los asesinatos políticos se encon-traba dentro de las filas priístas. Como respuesta a lasconstantes presiones del liderazgo priísta, en el mesde abril Lozano declaró que existían condiciones pararesolver dicho caso antes del año 2000 (EP-Méx, 20/04/96, p. 3).

La situación se torna insostenible, al punto que en elmes de agosto se da la renuncia del fiscal especial PabloChapa Bezanilla, debido sobre todo a errores como elque permitió la absolución de Othón Cortés, uno de lospresuntos autores materiales del asesinato, así como elde no haber solicitado hasta ese momento las decla-raciones de Carlos Salinas de Gortari y José CórdobaMontoya. Aunque recibió el apoyo del CEN panista,exonerándolo de los errores del procedimiento judicialque había fundamentado esa resolución, Lozano acordócon el presidente Zedillo dejar el nombramiento delnuevo fiscal en manos del Poder Legislativo, decisiónque se vio rechazada por las fracciones parlamentariasdel PRD y el PT, en lo que se consideró un abandono dela responsabilidad directa de la PGR en el asunto. Ante lano colaboración del Congreso, a la cual se sumó inclusoel propio PRI, Lozano retomó la iniciativa y nombró aun nuevo fiscal especial en la persona de Luis RaúlGonzález Pérez.

Sin embargo, en septiembre la dirigencia nacionalpanista decidió tomar un distanciamiento de Lozano,precisando que la participación de éste en el PGR erauna decisión personal y que sólo a él correspondíadecidir cuándo terminar dicha participación. Al nopoder sostenerse más, Lozano se vio obligado a renun-ciar el 2 de diciembre, para ser sustituido por JorgeMadrazo Cuéllar, hasta entonces presidente de laComisión Nacional de Derechos Humanos. En esecontexto, el CEN panista rechazaba la imputación pre-sidencial de que Lozano se hubiera apartado de suencomienda o de que hubiera “partidizado” su gestión.Por esta razón, el PAN demandaba que el presidenteZedillo diera a conocer las explicaciones de fondo quehabían motivado tal decisión, ya que el PRI había desa-tado una ofensiva tendiente a exponer la ineficacia deLozano como el único motivo del despido. En primerainstancia, Lozano aducía que Zedillo le había ofrecido

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una embajada como compensación a su renuncia, queél no había aceptado, a la vez que se especulaba su even-tual interés por bloquear el COFIPE, sobre todo en elrubro de la competencia de la PGR en la persecuciónde delitos electorales (Ref, 03/12/96, p.4a; y 07/12/96,p.1a)

Reaccionando a la destitución de Lozano, el lide-razgo panista manifestó su desaprobación y la falta desensibilidad política de Zedillo, pues se orientaría abuscar el encubrimiento final de los crímenes políticosy a generar una revancha en contra suya por parte deMadrazo Cuéllar, a quien se le atribuían vínculos di-rectos con el salinismo (EP-Méx, 05/12/96, p. 1). Sinembargo se indicaba que esto no debía entenderse comouna ruptura con el gobierno, aunque se exigía una ex-plicación de las verdaderas causas del cese de Lozano,cuestión que incluso Felipe Calderón llegó a calificarcomo una renuncia a la transición pactada y el regresoal atrincheramiento como medio de defensa frente a loscomicios de 1997, señalando también que no era correc-to llamar al fin del cogobierno entre ambos partidos,algo que nunca había existido para los panistas (U+U,04/12/96, p. 4; Ref. 06/12/96, p. 1a).

En la explicación pública de su remoción, Lozanoseñaló que siempre había mantenido informado alpresidente de su labor, y que jamás partidizó las inves-tigaciones a su cargo (EP-Méx, 14/12/96, p. 3). Sin em-bargo, se consideró poco conveniente el regreso a suoriginal escaño legislativo en la Cámara de Diputados.El 7 de diciembre Lozano Gracia anunció su reincor-poración al PAN y a principios de 1997 es nombradopor Felipe Calderón nuevo secretario general en sustitu-ción de Juan Antonio García Villa.

El PAN hacia el 2000 (pasando por el 97)

Sin duda, por los movimientos observados en el cursode 1996, el PAN ciertamente es uno de los partidos quecon mayor anticipación ha tenido que plantearse undebate continuo para canalizar las preocupacionespolíticas de varios de sus líderes más destacados, quie-nes han manifestado su interés por contender en loscomicios presidenciales del 2000. En particular, lacombinación de resultados y proceso que se vivieronjustamente en 1996 parecía haber allanado el camino ados claros precandidatos: el gobernador guanajuaten-se Vicente Fox y el excandidato presidencial DiegoFernández de Cevallos. Sin embargo, ambos sufrieroncampañas de desprestigio que los colocaron en posi-

ciones precarias ante su potencial electorado e inclusoante la dirección panista.

La XLII Convención Nacional y laPlataforma Legislativa 1997-2000

Uno de los temas de mayor importancia impulsadospor el presidente nacional del PAN ha sido la rede-finición del partido hacia una ideología de centro. Sesupone entonces que el PAN ya no desea ser identifica-do como una agrupación conservadora o de derecha,sino como una que practica la defensa de la justicia y ladistribución de la riqueza, partiendo del hecho de queno se consideran ni marxistas ni neoliberales (EP-Méx,22/04/96, p. 4).

El 6 de septiembre de 1996, el CEN panista emitió laconvocatoria para celebrar, los días 16 y 17 de no-viembre, la XLII Convención Nacional y la XI AsambleaNacional Extraordinaria, en las cuales se abordaría laparticipación del PAN en los comicios federales de 1997y, en su caso, se aprobaría la plataforma legislativarespectiva, que cubre el periodo 1997-2000. Se reportóla participación de delegaciones de 28 estados, con cer-ca de 5,000 delegados (U+U, 17/1/96, p. 1,4; Ref, 17/11/96, p. 4a).

Elaborada por la Secretaría Nacional de Estudios ybajo la coordinación general del entonces asambleís-ta por el DF, Francisco José Paoli Bolio, la Plataforma seestructuró en ocho apartados: Cultura, Educación eInformación; Sistema Federal Mexicano; Cuestión La-boral y Seguridad Social; Economía Mexicana; Segu-ridad Pública y Justicia; Salud y Asistencia Social; MedioAmbiente; y Campo Mexicano. Quizá el acuerdo másnotorio de los trabajos desarrollados —no obstante quela plataforma se aprobó en lo general— fue el rechazode la Convención a defender la reelección de legis-ladores, así como definir foros especiales para discutirla aprobación, en lo particular, de algunos de los capí-tulos de la plataforma. Sin embargo, otros puntos im-portantes de la plataforma eran la descentralizaciónadministrativa y financiera hacia los estados y muni-cipios; la eliminación de secretarías de Estado; la reduc-ción del IVA al 7%; la autonomía presupuestaria delCongreso; la creación de cartas municipales; legislarsobre el derecho a la información, así como delegar elcontrol del ramo 26 en gobernadores y ayuntamientos(Ref, 14/11/96, p. 8a; Proceso, 1042, 20/10/96, pp.31-33).

En la valoración de la participación en las eleccionesde 1997, el líder panista Felipe Calderón manifestó su

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rechazo a considerar que la reforma electoral del pre-sidente Zedillo recién aprobada por la mayoría priístafuera definitiva, sino que la posibilidad del triunfopanista daría la pauta para seguir buscando desde elPoder Legislativo nuevos cauces que garantizaran unaverdadera equidad competitiva, evitando así la ines-tabilidad política que estaba siendo abierta por el go-bierno priísta. A la par de esta idea, Calderón declaróque era posible postular a no militantes con miras aintegrar un poder legislativo con orientación panista,capaz de culminar la transición política democrática quepara el PAN estaba dándose desde lo regional hastatocar lo nacional. Sin embargo, el mensaje de Calderóntambién tuvo que concentrarse en detener el futurismopresidencial desatado en el seno de la Convención conlos discursos de Diego Fernández de Cevallos y VicenteFox (U+U, 18/11/96, pp. 1,7). En ese mismo tenor, losconvencionistas tuvieron que evaluar las alocucionesde los gobernadores panistas Héctor Terán, AlbertoCárdenas y Francisco Barrio, así como de Carlos Casti-llo Peraza.8 Debido al ambiente tenso de fuerte polé-mica, la Convención acordaría dejar para una siguienteconvocatoria la determinación de los criterios de se-lección de candidaturas que operarían en los comiciosde 1997.

A pesar de que la actualización de los llamadosprincipios de doctrina anunciados constantemente co-mo tema de la Convención por parte de Felipe Calderóna partir de su elección como dirigente nacional, el PANdejó pendiente lo que podría ejemplificar mejor eldesplazamiento ideológico del partido hacia el centropolítico, asunto que había anunciado en el mes de junio(Fin, 30/06/96, p. 21).

PAN-PRD: la alianza imposible

Hacia finales de 1996, y en el contexto de la mayor ten-sión existente entre el PAN y el gobierno, diversas vocesplantean construir un frente opositor entre el PAN y elPRD de cara a los comicios de 1997. La idea desde luegorevivía la tesis recurrente de que una unión de fuerzasharía factible derrotar al PRI y arribar más rápidamenteal control de la Cámara de Diputados. En mucho semodificaba la postura calderonista, que rechazó el acer-camiento político con el PRD después de los vaivenescreados por las negociaciones de la reforma electoral yla relación tensa que se había mantenido con PorfirioMuñoz Ledo. Aun durante el proceso de sucesión in-terna del PRD, hay voces que proponen convergencias

más amplias, incluyendo a Manuel Camacho; entredichas voces se encontraban las de Heberto Castillo y Ro-dolfo González Guevara (LJ, 13/05/96, p. 4).

En ese mismo tenor, en el mes de junio se dio lareedición del debate televisivo entre Diego Fernándezy Cuauhtémoc Cárdenas, en donde se discutieron lostemas de los cambios experimentados en el país entre1994 y 1996; la recomposición de liderazgos; los partidosy la reforma política, el camino hacia 1997; la impuni-dad en México; la política económica; la crisis de go-bernabilidad y las propuestas para el año 2000 (Ref, 09/06/96, p. 16a; Nal, 20/06/96, p. 11).

En noviembre, pocos días antes de la renuncia delprocurador Lozano, Cuauhtémoc Cárdenas insta al PANa deslindarse del gobierno y formar una coalición departidos que se fije como objetivo una plataforma po-lítica común, con los siguientes puntos centrales: laconquista de la Cámara de Diputados; la aclaración delos asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu; los casosConasupo y Telmex; el fortalecimiento de la ContaduríaMayor de Hacienda y la Cámara de Diputados, su-primiendo así a la SECODAM; el impulso a una nuevareforma electoral democrática; la aprobación de un planeconómico de tres años que también revise aspectos delTLCAN y de la deuda externa; la anulación del acuer-do de salvamento entre México y Estados Unidosque compromete la factura petrolera del país (LJ, 27/11/96, p. 7). La postura de Cárdenas modificaba enmucho la expresada en el mes de junio, cuando éstedescartaba toda alianza con el panismo (Fin, 25/06/96,p. 41).

Sin embargo, el PAN no emitió una respuesta ofi-cial y sólo hubo expresiones de cautela como la deCarlos Castillo Peraza, quien llamó a no caer en im-provisaciones, o de abierto replanteamiento como la deVicente Fox, que más bien veía la alianza como una víapara “sacar al PRI de Los Pinos” (EP-Méx, 28/11/96, p.3). En ambos lados se manifiestan voces discordantes,comenzando por la de los propios líderes partida-rios Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador,aunque ninguno de los dos la daba por descartada, so-bre todo para promover acuerdos tácticos, debido alos acontecimientos posteriores a las elecciones localesdel Estado de México, en donde se pretendió impo-ner de manera artificiosa una mayoría priísta en de-trimento de los resultados, que indicaban un dominioconjunto PAN-PRD. Pero sobre todo era claro que lasdiferencias programáticas de fondo y los factores le-gales hacían notoriamente difícil dicho acuerdo (Fin, 28/11/96, p. 41).

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Finalmente, animados incluso por las declaracionesde Porfirio Muñoz Ledo, en ese momento precandidatoperredista al gobierno del DF, y por el gobernadorpanista Francisco Barrio, en el sentido de intentar crearuna coalición opositora amplia entre ambos partidos,se emite un manifiesto hecho por un extenso grupo dela sociedad civil y de diputados independientes de-nominado “Alianza por la República”, en donde se instaal PAN y al PRD a configurar un frente que permita, através del voto, sacar al PRI del poder no sólo de lasCámaras legislativas, sino también de los diversosórganos de gobierno (LJ, 11/12/96, p. 17; Ref, 22/12/96). Incluso Vicente Fox se declara consciente de las li-mitadas conquistas de su partido, por lo que consideraque al intentar “llegar solos, se corre el riesgo de retrasarla democracia” (U+U, 19/12/96).

Por desgracia, la posición de respuesta panista anteel manifiesto, expresada por el secretario general panis-ta, Juan Antonio García Villa, terminaría por aducir quela premura de tiempo para dialogar sobre una plata-forma común y sobre los mecanismos de selección decandidaturas, así como el marco legal hacían inconve-niente dicha alianza. “Los votantes de AN no ven en elPRD a una segunda opción electoral y viceversa”. Inclu-so se consideraba que podría provocarse que los votosse fueran a otro partido, a la vez que no había un am-biente de confianza recíproca entre ellos (LJ, 24/12/96).

De cara al 2000

EL JEFE DIEGO

En el caso de Fernández de Cevallos, su mayor des-calabro se dio al enfrentar las acusaciones por su supues-to enriquecimiento inmobiliario en Punta Diamante,Guerrero, con terrenos “cedidos” por el salinismo. Dichoataque se dirigía a minimizar cualquier nueva can-didatura que se pudiera fraguar en torno al expresi-denciable de 1994.

Dichos ataques son inicialmente definidos por ellíder nacional priísta Santiago Oñate al llamarlo “fugi-tivo de la justicia” y “forajido electoral”, por haberpromovido el retiro del PAN de la mesa de la reformadel Estado por el caso Huejotzingo; ambas imputacio-nes no tienen respuesta legal por parte de Fernán-dez de Cevallos.

El proceso sucesorio en el DF anticipó la pifia estra-tégica que significó para los panistas no poder con-vencer al entonces candidato natural que era Fernández

de Cevallos, en el sentido de que aceptara la postulaciónpara contender por la jefacuta del gobierno capitalino.Éste decidió no participar a partir de su lectura de quepodía verse atrapado en un proceso de desgaste y deeventual eliminación para la candidatura presidencialdel año 2000, e incluso adujo problemas de empatía ycon el estilo de gobierno que requería la ciudad deMéxico. La demanda fue constante, a pesar de que desdeel mes de mayo hasta los trabajos de la XLII ConvenciónNacional panista de noviembre, el “Jefe Diego” sos-tendría un áspero debate con Vicente Fox sobre esteasunto, en tanto éste intentó por todos los medios forzara que Fernández de Cevallos aceptara entrar en elproceso.9 Aprovechando los trabajos de la Conven-ción, Fernández de Cevallos se autodescartó de manerainflexible para dicha candidatura. (EP-Méx, 18/11/96p.1)

No obstante los excelentes augurios de las encuestasen su favor (incluso despúes de las nuevas imputacioneshechas por el líder del PRI en el DF, Roberto CampaCifrián, en el contexto del debate sostenido el 31 deagosto con Gonzalo Altamirano Dimas, convocado ainstancias de este último, sobre su presunto enri-quecimiento con terrenos situados en Punta Diamante,imputaciones extendidas por el líder nacional del PRD,Andrés Manuel López Obrador), Fernández de Cevallosdeclara que tales acciones representan un sucio juegopreelectoral, que lo animan incluso a repensar su de-cisión de no participar. Esto reaviva el debate de la no-minación, pero a la larga el partido decide proponer aCarlos Castillo Peraza y a Francisco José Paoli Boliocomo sus candidatos internos, e incluso sugiere que seofrezca la candidatura a personajes externos y no ajenosal PAN, entre los cuales destacan Santiago Creel y CarlosAbascal Carranza (LJ, 23/10/96, p. 45).

A finales de noviembre se emite la convocatoria parala Convención Estatal en la cual se elegirá a los can-didatos para jefe de Gobierno del DF, así como paradefinir los abanderados panistas a la Asamblea Le-gislativa y el Congreso de la Unión en el mes de febre-ro de 1997. Para entonces, la candidatura del famoso“Jefe Diego” estaba totalmente cancelada. Y es tambiénel inicio de la carrera electoral panista al destapar comoprecandidatos a Francisco José Paoli Bolio, Gonza-lo Altamirano, Jesús Galván y Carlos Castillo Peraza,así como la cancelación de todo esfuerzo de configu-rar una convergencia entre el PAN y el PRD para laselecciones (Nal, 11/12/96, p. 23).

Desde su perspectiva, Fernández de Cevallos vis-lumbra que la relación PAN-gobierno sería mejor si el

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líder Castillo Peraza y el presidente Zedillo hubierantenido mejores operadores para mantenerla, cuestiónque bien podría mejorar con el liderazgo de FelipeCalderón. En su lectura, la intención de conciliarintereses no sólo con su partido sino con el PRD,inicialmente le brinda un capital político de credibili-dad que incluso se testimoniaba con el ofrecimiento quese le hace al PAN para hacerse cargo de la Procuradu-ría General de la República (Proceso 1015, 15/04/96,p. 24-27).

VICENTE FOX

A diferencia de los problemas que enfrenta Fernándezde Cevallos, el gobernador Vicente Fox se ve cues-tionado por la militancia panista que le pide refrenarsus impulsos para buscar la nominación presidencial.De hecho, en enero Fox se declara totalmente plegado ala línea de no hablar sobre el particular, e insta a trabajaren el escenario legislativo de 1997 a efecto de evadir lascríticas de que no se dedicaba lo suficiente para atenderlos problemas de su entidad (LJ, 23/01/96, p. 8). Laspresiones internas para moderar su protagonismo —que incluso se acentúa al declarar Fox que el país seencuentra al borde de un “fujimorazo” y de que en losgobiernos panistas había corrupción (Fin, 16/03/96, p.17)— se intensifican cuando Carlos Castillo y FelipeCalderón le cuestionan sus declaraciones ambiguas de“sacar” a Zedillo de los Pinos, así como su eventualacercamiento a perredistas y camachistas (Ref, 09/05/96, p. 4a).

En este sentido, Fox tratará en diversas oportu-nidades de señalar que sus discrepancias con otros di-rigentes del partido, como Castillo y Fernández deCevallos, no eran de ruptura sino que constituían unsigno de la pluralidad interna y del respeto a las opinio-nes y los estilos políticos que se respiran en AcciónNacional, aunque de paso retaría a demostrar si habíaalguien que haya utilizado “la camisa azul” en su ves-timenta más días que él, como lo expresaría en la Con-vención Nacional del partido (Proceso 1021, 27/06/96, p.32).

El 13 de mayo, durante una conferencia ante la Cá-mara de Comercio México-Estados Unidos celebradaen Nueva York, el gobernador Vicente Fox manifestósu idea de que PEMEX y la industria petroquímicadebían privatizarse bajo un régimen de concesión, entanto ya habían dejado ser estratégicas, pero puntua-lizando que el petróleo crudo debía seguir siendo patri-

monio nacional (Ref, 14/05/96, p. 12a). La respuestaprovocó una fuerte crisis y deslindes dentro del PAN,obligando incluso al propio Fox a matizar su pos-tura en otros foros a efecto de contrarrestar la ima-gen antinacionalista y de personaje “manipulado” quese comenzaba difundir de él ante la opinión públi-ca y los propios militantes panistas; aunque Fox nodejó de atribuir la desinformación sobre el contenidode sus declaraciones a la propia Presidencia de la Re-pública.

Al mismo tiempo se pronunció reiteradamente porenterrar al modelo neoliberal y sustituirlo por unapolítica económica con humanismo y efectividad (U+U,18/04/96, p. 7). Fox finalmente declara su preten-sión inequívoca de competir por la Presidencia en elaño 2000 dentro de la fórmula panista, e incluso declaraque no intentaría formar un frente político o ser can-didato de otro partido político en caso de no ser postu-lado por el PAN (Ref, 20/10/96, p. 9a). Paradójicamente,a finales del año Fox se desdice y se repliega con respec-to a sus aspiraciones, aduciendo que no necesaria-mente compite por la candidatura panista y que sólo eltiempo dirá quién llega (Nal, 22/11/96, p. 5). Sin em-bargo, al mes siguiente se muestra partidario de quelas elecciones de 1997 arrojen como resultado unarepartición equilibrada del poder entre el PAN, el PRI yel PRD a efecto de generar exigencias de negociación yde verdadero juego político, y de nuevo se revela dis-puesto a asumirse como candidato, a la par que inter-preta como lógica la fórmula de las alianzas si se planteauna verdadera estrategia para derrotar el PRI (U+U, 19y 20/12/96).

Adicionalmente, Fox se muestra abiertamente críti-co con respecto a la terminación del vínculo entre elgobierno y el PAN después de la renuncia de Anto-nio Lozano, lo cual implicaba admitir que dicho procesoera la expresión de cosechas costosas, pero limita-das, cuyo alcance era estrictamente político pero nocomprometido con los asuntos de la justicia. Sinembargo, Fox manifiesta que, desde su punto de vista,dicha relación no podía calificarse como “concertace-sionista”.

A modo de conclusión

En la propia lectura de su líder nacional Felipe Cal-derón, 1996 fue un año que mostró para el PAN eldebilitamiento y las fracturas del PRI, las cuales de-berían beneficiarlo directamente en las elecciones de

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1997. Al mismo tiempo, se vislumbró un retroceso en laactitud del gobierno hacia la democratización de losmecanismos y escenarios de la transición política,aunque de igual manera se esperaba la no irrupción dela violencia. En este sentido, el diagnóstico panistatambién consideraba grandes posibilidades de con-quistar buena parte de las gubernaturas que estaríanen disputa, así como de ganar y ejercer la mayoría en laCámara de Diputados. Así, en medio de esos “claros-curos”, el PAN visualizaba un campaña electoral exitosa(U+U, 18/12/96).

Sin embargo, sus propios errores de valoración ylas inercias acumuladas por el desgaste y los ataquesdel gobierno, harían que el PAN viera incumplidasdichas expectativas e incluso experimentara un seriorevés en su tendencia al ascenso político. En este sen-tido, se puede ver que la crisis de identidad ideoló-gica impidió al partido blanquiazul desarrollar unaestrategia coherente que lo llevara a manejar de ma-nera adecuada su relación con el gobierno, con el PRDy con sus propias personalidades y corrientes inter-nas.

Los desarrollos ulteriores que se expresaron en lasensible baja del avance electoral del PAN en 1997,terminaron por mostrar que la velocidad de crecimientoy cambio había rebasado a este partido desde un puntode vista organizativo, además de que también modi-ficaría su propia noción de cómo participar y articularsesin quedarse por ello a “medio camino”. En síntesis, elaño de 1996 ciertamente representa un punto deinflexión que, para la historia del PAN, marca el iniciode un largo periodo de reacomodos, cuyos resultadosreales quizá no se vislumbren hasta la elección presi-dencial del año 2000, en donde se verá si termina sien-do un partido de caudillo y feudos, o podrá reorientarsus fuerzas a través de medios institucionales y de-mocráticos, sin por ello perderse en la maraña del prag-matismo que por ahora parece controlar su futuroinmediato.

Notas

* El autor desea agradecer a la Fundación Rafael PreciadoHernández, del Partido Acción Nacional, las facilidades yla información brindadas durante la redacción de estetrabajo.

1 En este trabajo, las fuentes periodísticas se identifican conlas siguientes claves: U+U=Uno más Uno; LJ=La Jornada;Ref=Reforma; Fin=El Financiero; Nal=El Nacional; EP-Méx=ElPaís, México. También se utilizaron las revistas Proceso yLa Nación.

2 Las versiones integrales de los programas propuestos enlas sesiones de registro como candidatos de Ernesto Ruffoy Felipe Calderón se pueden consultar en La Nación,México, PAN, n. 1950, 1 de marzo de 1996, pp.5-11.

3 Sobre cómo consultar el programa de trabajo de FelipeCalderón, véase nota 2 supra.

4 Carlos Castillo Peraza, “Informe y Mensaje al ConsejoNacional del Partido”, 9 de marzo de 1996, La Nación.México, PAN, núm. 1951, 15 de marzo de 1996, pp. 11-16.

5 La glosa de los discursos de los presentadores de los can-didatos, así como los discursos de Felipe Calderón y Er-nesto Ruffo ante los consejeros nacionales, pueden revisar-se en La Nación. México, PAN, núm. 1951, 15 de marzo de1996, pp. 5-10.

6 El discurso de toma de posesión de Felipe Calderón comopresidente nacional del CEN del PAN puede revisarse enLa Nación. México, PAN, núm. 1951, 15 de marzo de 1996,p.10.

7 Una versión más o menos desglosada de las mismas puedeser consultado en La Nación, México, 12 de abril de 1996,pp. 3-9.

8 Las versiones íntegras de los discursos se pueden revisaren La Nación. (Suplemento Especial), México, PAN, di-ciembre 20-1996/enero 3, 1997, 24 pp.

9 Adicionalmente, cabe recordar el “reclamo” que Fernán-dez de Cevallos le hace a Fox con motivo de las declara-ciones del segundo en el sentido de que los panistasestaban “ensoberbecidos” con sus triunfos y que debíanponerse a trabajar en serio (Ref, 22/02/96, p. 7a).

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PAN: EL AÑO DEL CAMBIO ESTRATÉGICOcedieron relevos tanto en su dirigencia nacional como en la correspondiente al Distrito Federal. Ambos pro-cesos pusieron en relieve asuntos tales