Panorama de los Delitos Graves en México

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Panorama de losDelitos Graves en México

Julio 2017

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Síntesis

• En mayo de 2017 se registraron 2 mil 186 investigaciones por el delito de homicidio doloso en México. Esta cifra representa un máximo histórico desde que comenzó a realizarse esta contabilidad hace 20 años por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

• En el periodo enero-mayo de 2015, los estados donde se acumularon más casos de homicidio doloso fueron Guerrero (955 investigaciones iniciadas), estado de México (855), Baja California (739), Veracruz (625), Chihuahua (624), Sinaloa (616) y Michoacán (528 casos). Estas siete entidades concentran exactamente el 50% de todos los homicidios registrados en el país.

• En 24 entidades de la República se abrieron carpetas por homicidios que involucraron a más de una sola víctima por evento. En las ocho entidades restantes (Aguascalientes, Campeche, Durango, Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Yucatán) se abrió una carpeta por cada víctima.

• En materia de secuestro, durante los primeros 5 meses de 2017 las autoridades locales iniciaron 484 investigaciones por este delito. Los casos abiertos por secuestro representan un incremento de 13% en comparación con el mismo periodo de 2016, y se trata de la cifra más elevada en los últimos tres años. Las investigaciones por este delito aumentaron en 15 de las 32 entidades federativas. El 75% de todos los casos se concentran en los estados de Tamaulipas, Veracruz, estado de México, Tabasco, Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México y Nuevo León.

• En referencia al número de investigaciones iniciadas por el delito de extorsión, los datos más recientes muestran un repunte anual de 30% entre los primeros 5 meses de 2017 y el mismo periodo del año 2016. Este incremento ha quebrantado la sucesión de cifras descendentes que se habían obser-vado desde el año 2013, cuando se alcanzaron los máximos históricos en el registro oficial de este delito.

• En términos proporcionales el incremento más agudo se observa en Baja California Sur, donde la cifra de casos reportados en los primeros cinco meses de 2016 fue de 37 y un año más tarde se elevó a 133, lo que significa quen la cifra más reciente es 3.5 veces más alta que la del año previo.

• Entre enero y mayo de 2017 se registraron casi 75 mil investigaciones por robo de vehículos. Esta cifra es 13% más alta que la observada en el mismo periodo de 2016. A nivel nacional, 3 de cada 10 robos se cometen con violencia. Pero esta distribución es diferente en cada uno de los estados de la República y según la información más reciente, en Guerrero, Estado de México y Sinaloa más de la mitad de los robos de vehículo ocurren con lujo de violencia.

Panorama de los Delitos Graves en México


Homicido Doloso


Homicidio doloso

Entre enero y mayo de 2017 se registró un máximo histórico de 16 mil 877 investigaciones iniciadas por el delito de homicidio en todo el país. De ese total, el 59% de los casos corresponde a homicidio doloso. Estas cifras muestran no sólo que cada vez hay más homicidios, sino también que desde 2015 ha crecido la proporción de éstos que son cometidos no por accidente sino de manera intencional.

Al inicio de la presente Administración federal los niveles de violencia estaban disminuyendo de manera sostenida desde un punto máximo alcanzado en mayo de 2011. Esta tendencia continuó hasta julio de 2014 cuando se presentó el número más reducido de casos en lo que va de este sexenio, con 1 mil 203 casos en un mes.

Sin embargo, a partir del mes siguiente las cifras se han incrementado paulatinamente, y dicho aumento ha sido cada vez más pronunciado: Entre mayo de 2014 y mayo de 2015 las cifras se elevaron 4%; entre mayo de 2015 y el mismo mes de 2016 el incremento llegó a 16%; y recientemente, entre mayo de 2016 y mayo de 2017 el aumento fue de 26%. De hecho, desde que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública comenzó a realizar el registro de las investigaciones iniciadas por los delitos hace 20 años, nunca antes se había presentado una cifra mensual de asesinatos tan elevada como la observada en mayo de 2017, con un total de 2 mil 186 investigaciones iniciadas por el delito de homicidio doloso y un total de 2 mil 452 víctimas de ese delito.

El incremento sostenido de la violencia en el país avanza en sentido contrario al primer eje del Gobierno Federal, dirigido a lograr un México en Paz. De acuerdo al discurso oficial, esto se pretendía lograr mediante una estrategia real y eficaz de coordinación entre los órdenes de Gobierno, a fin de combatir la impunidad y hacer prevalecer la justicia y la paz¹.

En el periodo enero-mayo de 2015, los estados donde se acumularon más casos de homicidio doloso fueron Guerrero (955 investigaciones iniciadas), estado de México (855), Baja California (739), Veracruz (625), Chihuahua (624), Sinaloa (616) y Michoacán (528 casos). Estas siete entidades concen-tra exactamente la mitad de todos los homicidios registrados en el país. Y como se puede apreciar en la gráfica 3, en los últimos meses los niveles de violencia homicida se incrementaron en 28 de las 32 entidades federativas del país.

HOMICIDIO DOLOSO

1 Mensaje del Presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional, 1o de diciembre de 2012. Disponible en:https://www.gob.mx/presidencia/fr/videos/mensaje-del-presidente-enrique-pena-nieto-en-palacio- nacional-1-diciembre-2012



59%

41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

DistribuciónporcentualdeloshomicidiosenMéxico,segúnsucalificaciónlegal(dolosovsculposo)

Enero-mayodecadaaño

%deHomicidiosdolosos %deHomicidiosculposos

Fuente: Estimaciones propias con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Gráfica 1

HOMICIDIO DOLOSO



1,7181,617

1,416

1,203

1,467

2,186

Averiguacio

nesp

revia

socarpetasdeinvestigación

HomicidiodolosoenMéxicoCifrasmensuales


Gráfica 2

HOMICIDIO DOLOSO



En términos absolutos, los incrementos más importantes se registraron en Baja California que entre enero y mayo de 2017 presentó 316 casos adicio-nales a los que se observaron en el mismo periodo del año previo. De manera similar, en Veracruz hubo 302 casos adicionales a los registrados en los primeros cinco meses de 2016.

En términos relativos, fue Baja California Sur donde la cifra de homicidios se cuadruplicó entre los primeros cinco meses de 2016 y el mismo periodo de 2017, al pasar de 36 a 169 casos.

En 24 entidades de la República se abrieron carpetas por homicidios que involucraron a más de una víctima por evento. En las ocho entidades restan-tes (Aguascalientes, Campeche, Durango, Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Yucatán) se abrió una carpeta por cada víctima.Considerando el número total de investigaciones iniciadas y el número concreto de víctimas por estado se puede observar que en Nayarit se iniciaron 37 investigaciones, pero hubo 54 víctimas lo cual quiere decir que en 46% de las carpetas que se iniciaron había involucrada más de una víctima. Ningún otro estado presentó una proporción tan elevada y significa que para los niveles de violencia registrados en Nayarit prácticamente la mitad de los casos se refieren a asesinatos múltiples, lo que refleja un nivel de agresión y peligro social mayor. Los otros estados con proporciones elevadas de asesinatos múltiples son Guanajuato, donde 32% de las carpetas obedecen a asesinatos múltiples, Baja California Sur con el 30%

Tamaulipas con el 26% y Veracruz con el 20%. Todos estos porcentajes reflejan una situación especialmente grave y focalizada en esos estados, pues a nivel nacional solamente el 12% de las investigaciones iniciadas involucran homicidios múltiples en un mismo evento.

HOMICIDIO DOLOSO



955

855

739

625 624 619

528 509440 438

381340

284 280 276 252 237 215 203169 169 147

107 100 95 94 66 47 37 33 26 26Averiguacionespreviasocarpetasd

einvestigación

Homicidio dolosoporentidadfederativaEnero- mayodecadaaño

2016 2017


Gráfica 3

HOMICIDIO DOLOSO



Solamente en Aguascalientes, Campeche, Durango, Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Yucatán hubo un número idéntico de in-vestigaciones abiertas y de víctimas de homicidio doloso, lo cual puede significar que en esos lugares no hubo homicidios múltiples o que al me-nos no fueron registrados como tales.

Una observación común que suelen hacer los mandatarios estatales para aligerar la presión mediática por el número de homicidios registrados en su entidad consiste en señalar que estados más poblados tienen más ho-micidios. Cuando se atiende a la distribución de homicidios de acuerdo al tamaño de la población se obtiene una medida normalizada que asocia el número de casos por segmentos de 100 mil habitantes.

Según este criterio de medición, en la gráfica 5 se observa que durante el periodo comprendido entre enero y mayo de 2017, en Colima hubo casi 32 homicidios por cada 100 mil habitantes, que es un valor cuatro veces más elevado que la tasa nacional (8 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, para ese mismo periodo) y es la tasa más elevada entre todas las entidades federativas.

A pesar de la contundencia de este indicador, la magnitud de la violencia actualmente desatada por la disputa entre grupos del crimen organizado en ese estado ha carecido de una respuesta institucional eficaz por parte de los gobiernos estatal y federal.

Gráfica 4


46%

32% 30% 26%

20%

12%

Nayarit Guanajuato BajaCaliforniaSur

Tamaulipas Veracruz Nacional

Proporcióndeinvestigacionesiniciadasporhomicidiodolosoqueserefierenaasesinatosmúltiplesenunmismoevento

Enero-mayode2017

HOMICIDIO DOLOSO



Situación similar se observa en Guerrero, que ocupa el segundo lugar nacional con una tasa de 26.5 homicidios por cada 100 mil habitantes. Los datos oficiales muestran también que Baja California Sur tiene una tasa de 20.9 homicidios por cada 100 mil habitantes, por arriba de la registrada en Baja California, Sinaloa o Chihuahua que también enfrentan los costos humanos de la violencia sin que hasta el momento haya un pronunciamiento o acción estratégica dirigida a atender esa crisis de inseguridad.

Ante el innegable incremento de la violencia, algunos gobernadores y el propio titular de la Comisión Nacional de Seguridad han argumentado que éste se debe a las fisuras legales provocadas por el sistema penal acusatorio que entró en vigor en todo el país el 18 de junio de 2016.

Se trata de una tesis que descansa en el supuesto de que desde esa fecha la portación de armas de fuego ya no es un delito que amerita prisión pre-ventiva oficiosa, lo cual ha causado, supuestamente, que los criminales que son aprehendidos y dejados en libertad por ese beneficio legal vuelven a las calles y reiteran conductas delictivas que incluyen el homicidio.

En abono de ese argumento se exhibe como evidencia el incremento en la proporción de homicidios dolosos cometidos con armas de fuego (gráfica 6).

HOMICIDIO DOLOSO




Gráfica 5

31.7

26.5

20.9 20.6 20.4

16.5

14.512.7

11.3

9.4 9.28.0 7.7 7.5 7.0 6.3 6.1 6.0 6.0 5.4 5.4 5.2 5.0 4.9

4.0 3.6 3.5 3.5 3.2 3.2 2.92.0

1.2

Tasapor100milhabitantes

Homicidios dolosos porcada100milhabitantesEnero- mayode2017

HOMICIDIO DOLOSO



Gráfica 6


14% 19%

31% 27% 25%

21% 23% 24% 27% 29%

39% 34%

53% 60% 59%

53% 54% 57% 56% 59% 66%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Porcentaje

Proporcióndehomicidios dolosos cometidosconarmadefuegorespectoaltotaldehomicidios dolosos

Enero- mayodecadaaño

HOMICIDIO DOLOSO



Este planteamiento se encuentra exento de autocrítica por parte de quienes fueron responsables de conducir la parte final de la implementación de la reforma penal, mediante una capacitación sustantiva para los ministerios públicos, policías, defensores y jueces. También queda obviada la responsa-bilidad del Poder Legislativo que terminó de producir la legislación secundaria poco antes de la entrada en vigor de la reforma, dejando efectivamente puntos frágiles o susceptibles de interpretaciones ambiguas. Por lo demás, la explicación propuesta por los mandatarios no toma en cuenta que el gobierno federal dio la señal de alerta acerca de la urgente necesidad de fortalecer a las instituciones de seguridad y justicia pese a la reticencia de los gobernadores para cumplir esa tarea y se propuso el marco normativo secundario que en su momento fue desoído por el Congreso.

Por otra parte, si bien es verdad que la portación de armas ya no es causa automática de prisión preventiva, también es verdad que durante la actual Administración se desplomó el aseguramiento de armas de fuego como se aprecia en la gráfica 7, incluso años antes de la entrada en vigor de la re-forma penal.

Si fuera correcto el diagnóstico que asocia el crecimiento de la violencia con la disponibilidad de armas de fuego, también tendrían que revisarse cuidadosamente una serie de acciones controversiales del gobierno federal que, como ejemplo paradigmático, legalizó de facto el uso de armas de alto poder en manos de grupos de autodefensa en Michoacán en 2014. Las cifras oficiales muestran que en ese estado la proporción de homicidios dolosos cometidos con arma de fuego en el año 2012 fue de 37%, actualmente esa proporción es de 79%.

HOMICIDIO DOLOSO



Fuente: Con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del 4º Informe de Gobierno (2016).

Gráfica 7

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Armasaseguradas

Homicidiosconarm

adefuego

Homicidios dolosos cometidos conarmadefuegoyarmasaseguradasDatosanuales

Homicidiosconarmadefuego Armasde fuegoaseguradas

HOMICIDIO DOLOSO



En consecuencia, el repunte de la violencia no puede atribuirse únicamente a la reforma penal, sino a las condiciones generales con las que se ha conducido la política de seguridad, inaugurada cuando los niveles de homicidio estaban disminuyendo claramente desde junio de 2011.

En virtud de esta evidencia es necesario profundizar en los aspectos concretos que están imposibilitando la adecuada implementación de la reforma penal, sin que ello impida identificar otros factores vinculados con el actual repunte de la violencia. Algunos de estos elementos incluyen: la desaten-ción al proceso de fortalecimiento de los cuerpos de policía; el desaseo en la integración de las carpetas de investigación por parte de los agentes del Ministerio Público; la ineficaz coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno; la inefectividad del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la delincuencia, actualmente carente de resultados y eliminado del presupuesto federal; el debilitamiento de los procesos de evaluación y certificación de policías y ministerios públicos; la subutilización de los recursos tecnológicos de Plataforma México; el relajamiento de la política penitenciaria federal y el abandono de los penales locales al autogobierno, todo lo cual ha servido como incentivo para la reagrupación y fortalecimiento de organizaciones criminales en disputa, así como para la comisión de otros homicidios no necesariamente relacionados con la delin-cuencia organizada, pero que responden a la lógica de que es extremadamente difícil que el asesinato de alguien, por la razón que sea, cause un castigo. Estos elementos forman parte de la insuficiencia que presenta la labor de las autoridades para inhibir la violencia y el delito en el país.

HOMICIDIO DOLOSO


Secuestro


Secuestro

Durante los primeros 5 meses de 2017 las autoridades locales iniciaron 484 investigaciones por el delito de secuestro, que involucraron a un total de 568 víctimas. Los casos abiertos por este delito representan un incremento de 13% en comparación con el mismo periodo de 2016, y se trata de la cifra más elevada en los últimos tres años.

La disponibilidad de información oficial sobre la magnitud de este delito aún es insuficiente porque los registros no permiten saber datos claves para la evaluación de la política pública contra este delito. Concretamente, se desconoce cuántas de las víctimas recuperaron su libertad o en qué condiciones lo hicieron, tampoco se informa lo mismo que en el resto de los delitos, cuántas de esas investigaciones condujeron a la aprehensión y consignación judicial de los responsables.

A pesar de esas limitaciones de la información, las estadísticas publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que las investigaciones por este delito aumentaron en 15 de las 32 entidades federativas. Y que el 75% de todos los casos se con-centran en los estados de Tamaulipas, Veracruz, estado de México, Tabasco, Zacatecas, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México y Nuevo León.

La distribución porcentual de las investigaciones por secuestro muestra un desafío extremadamente serio para los estados de Tamaulipas, Veracruz y el estado de México que presentan la mayor cantidad de casos sin que la implementación de la Coordinación Nacional Antisecuestro, creada en enero de 2014 para “combatir y erradicar el delito de la privación ilegal de la libertad”², esté brindando resultados tangibles.

SECUESTRO

2 DECRETO por el que se crea la Coordinación Nacional Antisecuestro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2014. Disponible en:http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5331083&fecha=29/01/2014




676 688

452 429484

2013 2014 2015 2016 2017

Averiguacio

nespreviaso

carpetasde

investigación

SecuestroenMéxicoPrimeroscincomesesdecadaaño

SECUESTRO

Gráfica 8




Tamaulipas16%

Veracruz15%

EstadodeMéxico15%

Tabasco7%

Zacatecas6%

Oaxaca5%

Guerrero5%

CdMx

3%

NuevoLeón3%

Restodelosestados25%

SecuestroenMéxico,enero-mayode2017Distribuciónporcentualdecarpetasdeinvestigacióniniciadasporentidadfederativa

Gráfica 9


Extorsión


Extorsión

De acuerdo a la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI (ENVIPE 2016) la extorsión es el se-gundo delito más frecuente en el país, sólo detrás del robo o asalto en la calle o en el transporte público. A pesar de ello, la extorsión es el delito que tiene la cifra negra más elevada de todas, es decir, es un delito que rara vez se denuncia o que si se denuncia no produce alguna investigación por parte del Ministerio Público. Según la versión más reciente de esta encuesta (año 2016), la cifra negra de este delito es de 98.4%. Es decir, menos del 2% de todos los casos de extorsión que ocurren en el país conduce a una denuncia o investigación.

En referencia al número de investigaciones iniciadas por el delito de extorsión, los datos más recientes muestran un repunte anual de 30% entre los primeros 5 meses de 2017 y el mismo periodo del año 2016. Este incremento ha quebrantado la sucesión de cifras descendentes que se habían ob-servado desde el año 2013, cuando se alcanzaron los máximos históricos en el registro oficial de este delito.

La distribución estatal de casos de extorsión muestra una concentración especialmente aguda en el Estado de México, donde se registró la cantidad más elevada de investigaciones por este delito con un total de 419 casos entre enero y mayo del presente año. Pero también llama la atención que, en el extremo opuesto, Nayarit reportó que en el mismo periodo no abrió ninguna carpeta de investigación por este delito; la ausencia de actividad ministerial para combatir este delito coincide con la debilidad y mala reputación de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, cuyo titular actualmente se encuentra preso en Estados Unidos, acusado de narcotráfico desde marzo de 2017.

Específicamente, si el responsable último de la investigación de los delitos en Nayarit formaba parte de una organización criminal resulta explicable que las víctimas de este delito carezcan de incentivos para denunciar el delito. Situaciones como ésta evidencian los efectos perversos de una política general de seguridad y justicia que ha obviado la evaluación y depuración estricta de los servidores públicos, comenzando por los altos mandos.

Por otra parte, es necesario observar que entre las entidades federativas que presentan la mayor cantidad de casos de extorsión reportados a las auto-ridades, también se observan incrementos abruptos respecto al año anterior. En términos proporcionales el incremento más agudo se observa en Baja California Sur, donde la cifra de casos reportados en los primeros cinco meses de 2016 fue de 37 y un año más tarde se elevó a 133, lo que significa la cifra más reciente es 3.5 veces más alta que la del año previo. Veracruz presenta el mismo fenómeno, pues los casos reportados en 2017 son 3.4 más elevados que en 2016.

EXTORSIÓN



Gráfica 10


EXTORSIÓN

3,359

2,862

2,218

1,856

2,416

2013 2014 2015 2016 2017

Averiguacion

espreviasoca

rpetasde

investigación

ExtorsiónenMéxicoEnero- mayodecadaaño



Gráfica 11


419

312

254211 199

133 12485 78 76 69 68 65

41 35 30 30 27 25 24 18 18 18 13 12 10 9 8 2 2 1 0

Averiguacio

nespreviaso

carpetasdeinvestigación

ExtorsiónenMéxicoEnero- mayodecadaaño

2016 2017


Robo de Vehículos


Robo de vehículos

Entre enero y mayo de 2017 se registraron casi 75 mil investigaciones por robo de vehículos cometido con o sin violencia. Esta cifra es 13% más alta que la observada en el mismo periodo de 2016 y de manera semejante a lo que ocurre con el delito de extorsión, las cifras más recientes muestran una ruptura con la tendencia descendente que se había observado en los años previos.

Desde el año 2011 la distribución de robos de vehículo según se hayan cometido con o sin violencia se ha mantenido estable, pues desde entonces a ni-vel nacional, de cada 10 casos, 7 se comete sin violencia y 3, con violencia. Pero esta distribución es diferente en cada uno de los estados de la República y según la información más reciente, en Guerrero, Estado de México y Sinaloa más de la mitad de los robos de vehículo ocurren con lujo de violencia.

Otros estados que se encuentran por encima de la tendencia nacional son Tamaulipas, Ciudad de México, Chiapas, Veracruz, Michoacán y Morelos pues rebasan la proporción de 31% de robos cometidos con violencia respecto al total de casos.

En tres estados (Colima, Tabasco y Yucatán) supuestamente no hubo ni un solo caso de robo de vehículo con violencia y ello es extraño, porque si bien Yucatán se ha mantenido históricamente con los niveles más bajos de incidencia en todos los delitos, no es el caso de Colima y Tabasco, que enfrentan serios problemas de delincuencia según los mismos registros del SESNSP.

En concreto, la última vez que Tabasco reportó un robo de vehículo con violencia fue en diciembre de 1998 cuando se informó de 89 casos de robo de vehículo con violencia; Colima lo reportó por última ocasión en diciembre de 2008 cuando se registraron 8 casos.

Ello sugiere la necesidad, siempre reiterada, de revisar los criterios de calidad de la información que las entidades federativas reportan al SESNSP a fin de que la ciudadanía tenga mayor certidumbre acerca de la evolución del fenómeno delictivo en el país y del desempeño de las instituciones.



Gráfica 12

57,90849,758 46,359 47,041 51,252

24,033

21,22518,499 18,846

23,376

81,941

70,98364,858 65,887

74,628

2013 2014 2015 2016 2017Averigua

cion

espreviasoca

rpetasdeinve

stigac

ión

Robodevehículo enMéxicoEnero- mayodecadaaño

Conviolencia

Sinviolencia

Total




Gráfica 13

56% 54% 52% 50%

38% 36% 35% 35% 35% 34% 31% 29% 28%

23% 20%

16% 16% 16% 15% 14% 14% 12% 9% 8% 8% 8% 7%

2% 2% 1% 0% 0% 0%

44% 46% 48% 50%

62% 64% 65% 65% 65% 66% 69% 71% 72%

77% 80%

84% 84% 84% 85% 86% 86% 88% 91% 92% 92% 92% 93%

98% 98% 99% 100% 100% 100%

GuerreroEstadodeMéxico

SinaloaJalisco

TamaulipasCiudaddeMéxico

ChiapasVeracruz

MichoacánMorelos

NACIONALPueblaHidalgo

NuevoLeónZacatecas

GuanajuatoOaxacaDurangoCoahuilaNayarit

ChihuahuaSonoraTlaxcala

SanLuisPotosíQuintanaRooBajaCalifornia

QuerétaroAguascalientes

CampecheBajaCaliforniaSur

ColimaTabascoYucatán

Distribuciónporcentualdelrobodevehículos, segúnsehayacometidoconosin violencia

Enero-mayode2017

Conviolencia Sinviolencia


Balance


BalanceLa información publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública brinda evidencia de que las condiciones de seguridad pública se han deteriorado claramente. Los máximos históricos observados en el registro de homicidios dolosos, el repunte del secuestro, la extorsión y el robo de vehículos son indicadores de que es necesario revisar las estrategias que hasta el momento se han implementado en los órdenes federal y local para inhibir el delito y sancionar ejemplarmente a los criminales.

Los datos muestran que cada uno de estos delitos tienen una presencia focalizada en entidades específicas y ello debería impulsar intervenciones con-tundentes para atemperar y controlar esta situación. Casos como Baja California Sur y Colima muestran la rapidez con la que se puede incrementar la violencia y el delito en general; Baja California ilustra que los importantes avances obtenidos en el pasado no son suficientes para evitar nuevos repun-tes de violencia; y la situación de Guerrero ejemplifica que ante la ausencia de una intervención gubernamental decidida la crisis de violencia no sólo se mantiene, sino que se agudiza.

Ante este panorama no caben las acusaciones inútiles, sino la discusión pública de los aspectos de la estrategia de seguridad pública que se ha imple-mentado en los últimos años a fin de hacer efectivos los objetivos de coordinación entre órdenes de gobierno, auténtica prevención del delito y desta-cadamente, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia que siguen debilitándose, sin que haya un compromiso eficaz por parte de las autoridades para evaluar, depurar y profesionalizar a los agentes del orden que hoy se muestran incapaces de inhibir y sancionar el delito.


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