Pere Ysas_El PSOE en El Gobierno_del Socialismo Democratico Al Socialismo Liberal

El PSOE en el gobierno: del socialismo democrático al socialismo liberal 1

Pere Ysàs

Universitat Autònoma de Barcelona-CEFID

El 28 de octubre de 1982, las segundas elecciones generales celebradas después de la aprobación de la Constitución dieron una amplísima victoria al PSOE. En efecto, con una elevada participación del censo electoral –el 79,97 por 100– las candidaturas socialistas obtuvieron el 48,11 por 100 de los sufragios y 202 diputados, el 57,71 por 100 de los escaños del Congreso de los Diputados, cifras no alcanzadas en ninguna otra convocatoria electoral hasta la actualidad. Coalición Democrática, integrada por Alianza Popular, el Partido Demócrata Popular y los partidos regionalistas Unión del Pueblo Navarro, Partido Aragonés Regionalista y Unión Valenciana, quedó en segunda posición pero a una gran distancia del PSOE, con el 25,70 por 100 de los votos y 105 diputados2, que suponían el 30 por 100 del hemiciclo. El hundimiento de UCD fue espectacular: con un 6,77 por 100 de los votos solo conservó 11 diputados, frente a los 168 obtenidos en 1979, el 3,14 por 100 de los escaños del Congreso, más uno obtenido en coalición en el País Vasco. El Centro Democrático y Social, el partido fundado por Adolfo Suárez, logró únicamente dos escaños (0,54 por 100) con el 2,87 por 100 de los votos. No menos espectaculares fueron las pérdidas del PCE, que solo obtuvo 4 diputados (1,14 por 100), con el 4,02 por 100 de los sufragios. Por su parte, tanto Convergencia i Unió como el Partido Nacionalistas Vasco mejoraron su anteriores resultados.

Sin duda, la crisis de la UCD, con el abandono del partido de un buen numero de sus dirigentes y cuadros, y la simultánea del PCE, inmerso en un espectacular proceso de autodestrucción, contribuyó al abultado triunfo electoral socialista. Pero lo fundamental para explicarlo radica en su oferta electoral. El PSOE se presentó como la opción del “cambio” conducida por unos jóvenes pero ya experimentados dirigentes, encabezados por Felipe González, y con un partido que ofrecía una imagen de cohesión interna bien distante de la de sus competidores.

Dirigiendo la mirada hacia el pasado inmediato, el éxito del quienes encabezaron la dirección del histórico partido desde el congreso de Suresnes celebrado en 1974 era incuestionable. Todavía dos años después, el PSOE era un partido que solo ocupaba una pequeña parte del espacio socialista, compartido con otros grupos políticos que habían desarrollado una mayor actividad en los años anteriores y que disponían de una militancia un poco más numerosa. Además, el PCE era la principal organización de la izquierda y del antifranquismo en su conjunto. Sin embargo, desde los primeros meses de 1976, el PSOE disfrutó de una notable tolerancia gubernamental puesto que, tanto desde el Gobierno presidido por Carlos Arias Navarro, aunque con notables contradicciones, como desde el posterior encabezado por Adolfo Suárez se consideró que el partido miembro de la Internacional Socialista era un interlocutor imprescindible para el éxito de una reforma política que

1 Este texto se ha elaborado en el marco del proyecto de investigación HAR2012-31431 financiado por la Dirección General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Economía y Competitividad. 2 En el País Vasco, se presentaron en coalición UCD, AP, PDP y Partido Demócrata Liberal, logrando dos escaños.

Navajas Zubeldia, Carlos e Iturriaga Barco, Diego (eds.): España en democracia. Actas del IV Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo. Logroño: Universidad de La Rioja, 2014, pp. 47-62.

47

EL PSOE EN EL GOBIERNO: DEL SOCIALISMO DEMOCRÁTICO AL SOCIALISMO LIBERAL

debía obtener apoyos tanto interiores como exteriores para alcanzar sus objetivos (C. Molinero y P. Ysàs, 2008, pp. 30-31).

Marxismo y reformismo radical

Siendo un partido todavía ilegal pero no clandestino, el PSOE pudo celebrar su XXVII Congreso en Madrid en diciembre de 1976, con una significativa presencia de líderes socialistas europeos, entre ellos Willy Brandt, Olof Palme, François Mitterrand, Pietro Nenni y Michael Foot, lo que le supuso un valioso aval ante la sociedad española. El Congreso, además de ratificar el programa de “ruptura democrática” compartido con todo el antifranquismo, aprobó un proyecto de vía hacía el socialismo en un amplio documento titulado “Programa de Transición”, que establecía tres etapas en el camino hacia la sociedad socialista, no mecánicamente sucesivas sino que, en cada una de ellas, se encontraban “dialécticamente” elementos de las otras dos. Dichas etapas eran, “un Estado de libertades públicas de democracia formal” –el objetivo inmediato a conquistar–, “un Estado en el que la hegemonía corresponda a la clase trabajadora, manteniendo y profundizando las libertades”, y “una sociedad sin clases, de socialismo pleno, en la que la totalidad de los aparatos de poder sea sustituida por la autogestión a todos los niveles”.3 En dicho programa aparecían objetivos característicos del Estado del Bienestar con otros que implicaban transformaciones profundas que deberían llevarse a cabo mediante un programa de nacionalizaciones, con la introducción de la autogestión en las empresas, una reforma agraria y la planificación democrática de la economía. Para la transición al socialismo, el PSOE propugnaba un “método dialéctico” que combinara la lucha parlamentaria con la movilización popular, “creando órganos democráticos de poder de base (…); que busque la profundización del concepto de democracia mediante la superación del carácter formal que las libertades políticas tienen en el Estado capitalista y el acceso a las libertades reales; que señale las reivindicaciones de cada momento, así como las alianzas que fueran precisas, conectadas con la perspectiva de la revolución socialista, ya que no puede existir libertad sin socialismo, ni socialismo sin libertad”.4 La transición al socialismo, no podría darse por terminada “hasta la consecución para nuestro país y para todos los países de una sociedad sin clases y, por tanto, sin explotación, autogestionaria en su actividad económica y política y plenamente libre y humana”.5

El XXVII Congreso se ocupó también de definir la identidad del partido en la “Resolución Política”: el PSOE era un “partido de clase y, por tanto, de masas, marxista y democrático”. De clase, “en cuanto que defendemos y luchamos por el proyecto histórico de la clase obrera: la desaparición de la explotación del hombre por el hombre y la construcción de una sociedad sin clases”. Marxista, “porque entendemos el método científico de conocimiento [y] de transformación de la sociedad capitalista a través de la lucha de clases como motor de la historia”; democrático, “por estar conformados como una organización con la más escrupulosa democracia interna y de funcionamiento, a semejanza de la sociedad nueva que queremos construir, cuya mayor garantía está en las organizaciones que luchan por ella”. El partido se definía también como internacionalista y antiimperialista, solidario con “la lucha de liberación de los pueblos oprimidos por el imperialismo económico o político de otras potencias”.6

En su imprescindible estudio sobre el socialismo en España, Santos Juliá afirma que más que considerar la reivindicación del marxismo como expresión de lo que se denominó posteriormente “sobrecarga ideológica” propia de la clandestinidad antifranquista, o como característica de un partido de movilización, debería considerarse “el elemento ideológico central de una estrategia de afirmación del PSOE en el mare mágnum de grupos políticos socialistas y de competencia con el PCE para conquistar la hegemonía en el conjunto de la izquierda”. Para Juliá, el papel que desempeñaron el marxismo y la “transición dialéctica al socialismo” no fue más allá de “servir a la construcción de una identidad ideológica susceptible de servir de terreno de encuentro

3 “Programa de Transición”, en A. Guerra (ed.) (1977, p. 159). 4 “Resolución política”, en A. Guerra (ed.), (1977, p.117). 5 “Programa de Transición”, en A. Guerra (ed.) (1977, p. 276). 6 “Resolución política”, en A. Guerra (ed.), (1977, pp. 116-117)

48

PERE YSÀS

de todos los que, sin ser comunistas, se sentían socialistas, de izquierda y hasta revolucionarios”, dando por descontado que “poseer esa identidad no significaba emprender una práctica política radical” (S. Juliá, 1996, pp. 511-512).

En todo caso, el PSOE elaboró una combinación entre radicalismo y moderación que contribuyó decisivamente al crecimiento del partido y a su éxito electoral.7 Por un lado, una parte del discurso socialista era notablemente radical, por el lenguaje de clase y por situar el socialismo en un horizonte próximo, pero, por otro, los objetivos a corto plazo del partido y su acción política proyectaban una imagen muy moderada, confirmada además por su estrecha relación con la potente socialdemocracia europea, gobernante en muchos países y en todos con una presencia muy importante en los parlamentos y en otras instituciones.

Las elecciones del 15 de junio de 1977 convirtieron al PSOE en la segunda fuerza política del país y en la primera de la izquierda. Con el 29,32 por 100 de los votos, las candidaturas socialistas obtuvieron 118 escaños que, junto a los obtenidos por las demás formaciones procedentes de la oposición a la dictadura franquista, fueron determinantes para la apertura de un proceso constituyente que culminó con la aprobación en diciembre de 1978 de una Constitución que restablecía la democracia en España y, al mismo tiempo, haría posible la autonomía de las “nacionalidades y regiones” iniciando la construcción del Estado de las Autonomías. Y si, por una parte, el PSOE participó en el indispensable consenso constitucional y, aunque a regañadientes, en los Pactos de la Moncloa8, por otra afirmó constantemente su papel de “alternativa de poder”, más propiamente de alternativa al gobierno de la UCD.

Sin embargo, a pesar del éxito electoral, el PSOE presentaba unas debilidades importantes. Por una parte, la militancia no era muy numerosa (R.Gillespie, 1991, p. 368; A. Mateos, 2013, p. 367) y además no procedía de los sectores más activos contra la dictadura franquista, incluso una parte significativa de ella había permanecido al margen de la movilización antifranquista y, por tanto, tenía un perfil de bajo activismo y escasa presencia en los principales movimientos sociales.9 Por otra parte, tenía un notable déficit de cuadros formados, solo parcialmente compensado por el ingreso de militantes del Partido Socialista Popular y de los grupos que habían formado parte de la Federación de Partidos Socialistas.

Las elecciones generales celebradas el 1 de marzo de 1979 apenas modificaron los resultados de junio de 1977. El PSOE experimentó un modesto incremento de votos y en porcentaje, logrando el 30,40 por 100 de los sufragios, sumando tres escaños más, alcanzando los 121; ello, sin embargo, fue considerado un fracaso ya que durante la campaña electoral se había extendido la expectativa que la victoria estaba al alcance de la mano. Por otra parte, el PSOE había completado la incorporación de la mayor parte de grupos socialistas que habían concurrido a las elecciones del 15 de junio en las candidaturas de la coalición Partido Socialista Popular-Unidad Socialista, que obtuvieron el 4,46 por 100 de los votos y seis diputados, lo que, en cualquier caso, permitía esperar un mayor crecimiento electoral.

Pocas semanas después se celebraron las elecciones municipales continuadamente reclamadas por la izquierda y que UCD retrasó cuanto pudo. El PSOE obtuvo el 28,15 por 100 de los sufragios y, con un porcentaje poco superior –el 30,87 por 100–, UCD logró muchos más concejales, sobre todo porque sus mejores resultados los logró en municipios pequeños y medianos. Pero, a pesar de los buenos resultados de las candidaturas socialistas en las grandes ciudades y en los municipios de mayor tamaño, estos no fueron suficientes para poder formar gobiernos locales en solitario, lo que llevó a los dirigentes del PSOE a tener que optar por un necesario aunque no deseado pacto municipal con el PCE, que tuvo su mejor resultado electoral –el 13,05 por 100–. El acuerdo de la izquierda permitió al PSOE obtener las alcaldías de las principales ciudades españolas

7 Sobre dicha combinación entre radicalismo y moderación, ver, S. Juliá (1996) y A. Mateos (1996). 8 La UGT rechazó inicialmente los acuerdos de a Moncloa y el PSOE consideró que la colaboración con el Gobierno desdibujaba su imagen de oposición a UCD, por lo que al poco entusiasmo por los Pactos siguió una actitud de desentenderse de ellos frente a las denuncias de los incumplimientos por parte del PCE y de CCOO. 9 El problema de la baja militancia fue apuntado en numerosas ocasiones. Andrés de Blas lo hizo en el I Encuentro sobre el futuro del socialismo celebrado en Jávea en 1985 A. de Blas (1986).

49


–entre ellas, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga– y de numeras capitales de provincia, y a los comunistas presidir los gobiernos de muchos municipios de las áreas metropolitanas de Barcelona y Madrid, de las cuencas mineras asturianas y de zonas campesinas andaluzas.

En este escenario agridulce para el partido, se celebró en el mes de mayo el XXVIII Congreso, que se convirtió en un duro enfrentamiento interno sobre la definición marxista del partido. El rechazo de la mayoría de congresistas a la supresión de dicha definición, defendida por la dirección del partido, y la aprobación de la propuesta alternativa del denominado “sector crítico”, encabezado por Francisco Bustelo y Luis Gómez Llorente, reafirmando el carácter marxista y revolucionario del PSOE, dio lugar a la renuncia de Felipe González a seguir al frente de la organización causando una situación de vacío que impidió formar una nueva dirección. El Congreso concluyó con la formación de una Comisión Gestora encargada de preparar un Congreso extraordinario para pocos meses después.

Desde el punto de vista del dirigente del sector crítico Luis Gómez Llorente, el partido se había dividido entre los que querían un partido de representación y “los que seguimos queriendo un partido incardinado en la lucha de clases y que no se ciegue con el electoralismo” (A. García Santesmases, 1993, p. 79). Para otro dirigente crítico, Antonio García Santesmases, “abandonar el marxismo era un modo discreto de comenzar a tirar por la borda el socialismo. Renunciar a las señas de identidad ideológicas era una manera sutil de renunciar también a transformar la sociedad en profundidad” (A. García Santesmases, 1993, p. 73).

Por su parte, Felipe González y la mayoría de los dirigentes del partido consideraban que debían revisarse las formulaciones ideológicas para adecuarlas a la práctica política, lo que habría de facilitar la captación de un segmento de votantes de perfil progresista pero a la vez moderado, algo considerado imprescindible para lograr el acceso al poder a corto plazo. Además, la consolidación del PCE como tercera fuerza política y su crecimiento electoral, por modesto que fuera, indicaba que era poco probable que el PSOE lograra incrementar sustancialmente el electorado por su izquierda.

Para el secretario general socialista, en la situación política y económica de España, con una profunda crisis económica agravada en 1979 por una nueva subida del precio del petróleo y con una democracia todavía no consolidada, era necesario que el PSOE recogiera “la aspiración al cambio social de muchos sectores sociales que no se identifican con una sola clase”, en una sociedad en la que “no hay solo dos clases”, en la que “no ha desaparecido la lucha de clases, pero se expresa de manera diferente; en la que no ha desaparecido, por consiguiente, el concepto de partido de clase o de clases, pero se expresa de manera diferente a hace cincuenta o sesenta años”. Además, el Partido Socialista debía convertirse “un referente tranquilizador para la sociedad, trascendiendo las fronteras del mismo partido”. Por todo ello, el PSOE no se podía “permitir el lujo de la inmadurez” (F. Claudín, 1979, p.8). Años más tarde, el líder socialista afirmaría que se trataba de lograr que “España fuera un país europeo”; un país en el que “hubiera una educación para todos”, que “no hubiera viejos sin pensión”, que “tuviera un sistema sanitario único y para todos”, en definitiva, que “saliera de un atasco histórico.10

Según Santos Juliá, los debates de 1979 significaron una clara ruptura con la tradición socialista: la democracia dejaría “de ser en adelante estación de tránsito hacia una meta final situada en otro tiempo histórico”. Por otra parte, se liquidaba “la dicotomía en la que habían nadado los socialistas desde los tiempos de Pablo Iglesias, con los programas máximos y las reivindicaciones mínimas”; era el momento de “acabar con la escisión típica de los partidos que se dicen revolucionarios dando por supuesto que jamás harán la revolución” (S. Juliá, 1996, pp. 539 y 528). Para Richard Gillespie (1988, p. 380), los líderes del PSOE se sintieron tentados de buscar una mayoría inmediata entre “el nuevo electorado postfranquista, que era cauteloso y en su mayor parte no socialista, en lugar de seguir la vía más larga hacia el poder basada en la difusión del mensaje socialista”.

El Congreso extraordinario de septiembre de 1979 decidió abandonar o dejar en un discreto segundo plano formulaciones ideológicas y propuestas políticas que dificultaran articular

10 Entrevista a Felipe González por Sol Alameda en S. Juliá, J. Pradera, M. Prieto (coords.) (1996, p. 543).

50

PERE YSÀS

una heterogénea mayoría a favor del cambio. Un cambio, en primer lugar, en el gobierno que permitiera asentar la democracia mediante el pleno despliegue de la Constitución; en segundo lugar, un cambio que permitiera salir de la crisis mediante una política dirigida a reestructurar la economía española pero sin cuestionar el orden capitalista y, al mismo tiempo, avanzar en la construcción del Estado del Bienestar y, en tercer lugar, un cambio para desarrollar una actuación exterior que lograra la integración plena en la Comunidad Europea y que España jugara un papel más activo y relevante en la escena internacional. Estos serían los ejes del programa de “modernización” que se ofrecería a la sociedad española ante las elecciones de octubre de 1982.

¿Un programa socialdemócrata? Santos Juliá así lo considera, aunque “quizá por el desprestigio de ese concepto en los medios socialistas españoles” se prefirió denominarlo “reformismo radical” (S. Juliá, 1996, p. 554). Para José Mª. Maravall el “reformismo radical” tenía unos objetivos igualitarios “más acentuados que los del modelo socialdemócrata posterior a 1945”, pero también debía realizar una gestión de la economía diferente a la de las décadas precedentes dados los cambios que se estaban produciendo, “echando por la borda” mitos como el de “superar el mercado y el sistema de economía mixta”, puesto que debía aceptarse que el mercado era “el más eficiente mecanismo de asignación de recursos económicos siempre que la generación de desigualdades y desequilibrios pueda ser contrapesada por el Estado y por las organizaciones obreras” (Maravall, 1979, p. 96).

En octubre de 1982, el PSOE se presentó como la opción del “cambio”. Una propuesta que permitía además lecturas diversas: cambio de personal político gobernante, apartando del poder a un partido que en parte procedía de la dictadura y substituyéndolo por uno procedente del antifranquismo; cambio de un partido demasiado heterogéneo, con actitudes contradictorias en su seno, protagonista de notables tensiones internas, falto de liderazgo y acusado de ser incapaz de hacer frente adecuadamente a los graves problemas del país, de la crisis económica al terrorismo, por un partido que si bien había vivido una importante crisis interna tres años antes, ahora aparecía muy cohesionado, con un liderazgo muy firme y con alternativas a los principales problemas. Y, efectivamente, la amplia mayoría absoluta de un partido unido en torno al liderazgo de Felipe González, con la consiguiente plena estabilidad gubernamental, constituyó una primera y no poco importante expresión de cambio, seguida del acceso al gobierno de un nuevo personal político.11 En octubre de 1982 se abrió un largo ciclo de gobiernos del PSOE hasta 1996, disfrutando de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados hasta 1989 y a un solo escaño de ella hasta 1993.12

almente con la nueva ola de globalización capitalista iniciada en la década de los a

Entre la socialdemocracia y el socialismo liberal

Cuando se formó el primer gobierno presidido por Felipe González, un año y medio después de la victoria de François Miterrand en las elecciones presidenciales francesas, la denominada “revolución conservadora”, con su programa de privatizaciones, desregulaciones, lucha abierta contra el poder las organizaciones sindicales y, en definitiva, cuestionamiento del Estado del Bienestar establecido después de la Segunda Guerra Mundial, se estaba extendiendo impulsada por la victoria de Margaret Thatcher en las elecciones británicas de 1979 y la de Ronald Reagan en las presidenciales norteamericanas del año siguiente. Por otra parte, en 1982, el SPD dejaba el gobierno en la República Federal Alemana, y aunque en muchos países europeos se mantuvo la presencia de los socialdemócratas en los respectivos ejecutivos, los cambios socio-económicos derivados del final del largo ciclo de crecimiento de la economía y del bienestar iniciado después de la Segunda Guerra Mundial abocaron al socialismo europeo a una crisis de alternativas y finalmente de proyecto que, contrariamente a una primera percepción, se ahondaría con la desaparición del “socialismo real” y especi

ños noventa.

11 Sobre la dimensión generacional del cambio ver J. Aróstegui (1999, pp. 315-317). . 12 Sobre los casi quince años de gobiernos socialistas ver, entre otras obras, J. Aróstegui (1999), J. Tusell (1999), J.Mª Marín (2001), Ch. Powell (2001), A. Soto (2006), A. Soto y A. Mateos (2013).

51


Desde el gobierno, el PSOE desplegó un conjunto de políticas reformistas que podían situarse en la tradición socialdemócrata, pero también otras, especialmente en el ámbito económico y laboral, que se apartaban nítidamente de ella. En este sentido, la experiencia del gobierno socialista francés, forzado a modificar su política económica a los pocos meses de su formación, tuvo una notable influencia en el PSOE (Juan Avilés 2013, pp. 36-37) Así, una parte sustancial de las políticas económicas aplicadas respondió a la ortodoxia conservadora, entrando en contradicción tanto con el “reformismo radical” formulado por Maravall como con la tradición socialdemócrata, a pesar de que las formulaciones aprobadas en los sucesivos congresos mantenían tal adscripción, aunque se propusieran sustituir lo que Alfonso Guerra denominaba “viejas formula

sibilitó “una serie de decisiones en mate

Solchag

gestionar una importa

finalmente también con la UGT17 que, no obstante, durante los primeros años de la legislatura

ciones del pensamiento socialista [que] se han convertido, con el paso del tiempo, en clichés desfasados que ya tienen poca utilidad”.13

El Programa 2000 afirmaba con claridad que “las condiciones de la economía española aconsejan la presencia de las empresas públicas en la modernización tecnológica y la adecuación energética, así como en la promoción agroindustrial y en el sector financiero”, y que “frente a las tendencias desreguladoras de los mercados de trabajo derivadas de las nuevas condiciones de producción, los socialistas apoyamos la estabilidad en los puestos de trabajo fijando cauces para convertir el trabajo temporal en fijo” (PSOE, 1991, pp. 54 y 72). Pero las políticas realmente aplicadas, en particular en la última legislatura 1993-1996, iban en dirección claramente opuesta. Para Luis de Velasco (1996, p. 23), el acuerdo de 1993 con CiU po

ria económica que suponen pasos mayores y más decididos en la línea que viene desde más atrás de claro abandono del proyecto socialista o socialdemócrata”.

Además, algunos dirigentes socialistas se sumaron al cuestionamiento del papel del Estado y de las políticas reguladoras, defendiendo la centralidad del mercado y la necesidad de establecer límites al Estado del Bienestar. Fue así configurándose, sobre todo en la práctica gubernamental, un “socialismo liberal” que consideraba anacrónico, no solo el marxismo y las propuestas de transformación social con el socialismo como horizonte, sino algunas de las políticas que habían definido la socialdemocracia europea desde la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, Carlos

a se definía como “social liberal” y rechazaba el papel otorgado al Estado en las políticas socialdemócratas tradicionales si bien compartía la función redistributiva que aquel debía realizar.14

Con Miguel Boyer al frente del Ministerio de Economía y Hacienda, sustituido en 1985 por Carlos Solchaga que había dirigido anteriormente el Ministerio de Industria y Energía, los objetivos preferentes de la política económica gubernamental fueron el combate contra la inflación y la reducción del déficit público. El primer objetivo fue gradualmente alcanzado pero no el segundo; por otra parte el paro continuó creciendo hasta alcanzar en el último trimestre de 1985 el 21,48 por 100 de la población activa en tanto que los salarios continuaron perdiendo poder adquisitivo.15 Por otra parte, el gobierno socialista llevó a cabo una dura reconversión industrial que desencadenó una elevada conflictividad laboral, en buena parte por la actitud escasamente dialogante con los sindicatos de los responsables gubernamentales, lo que implicó un primer deterioro de las relaciones entre estos y los dirigentes de la UGT. Paralelamente, el gobierno debió

nte crisis bancaria, cuyo episodio más polémico fue la expropiación en febrero de 1983 del conjunto de empresas del grupo Rumasa, incluidas importantes entidades bancarias.16

Como se ha señalado anteriormente, la política de reconversión industrial desencadenó una elevada conflictividad laboral en las zonas más afectadas, comportó la confrontación entre el gobierno y las organizaciones sindicales, en primer lugar y más previsiblemente con CCOO, pero

13 A. Guerra (ed.) (1986. p. 23). La publicación reúne los textos del I Encuentro sobre el futuro del

ión general de la política económica de los gobiernos socialistas en L. E. Otero (1999); J. Mª. Marín

opiación de Rumasa ver, entre otros, E. Ekaizer (1996). Sobre la crisis de Banca Catalana, A.

socialismo, celebrado en Jávea en septiembre de 1985. 14 Entrevista a Carlos Solchaga en M. A. Iglesias (2003, p. 97). 15 Una vis(2001) . 16 Sobre la exprMissé (1997). 17 Un estudio exhaustivo en J. Mª Marín (1997).

52

PERE YSÀS

apoyó la política del gobierno18. Como ha señalado José Mª. Marín, los dirigentes ugetistas esperaban poder negociar desde una posición preferente la reconversión industrial e influir en la política económica del ejecutivo socialista pero pronto se encontraron con una actitud en los ministerios económicos que solo esperaba de la UGT la colaboración en la aplicación de los planes guberna

ndical en 1985 no limitaron la creciente confrontación de los sindicatos con el gobierno socialist

mental, incluida la arrog

able incremento del gasto social, en un contexto de crecimie

mentales (J.Mª. Marín, 2001, p. 403).

El malestar sindical por la política económica del gobierno creció con rapidez, alimentado además por medidas como la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984 –todavía apoyada por UGT– que extendió la contratación temporal y que puede considerarse como el primer paso relevante en la dualización del mercado laboral español, un proceso que ampliado continuadamente en los años siguientes acabó convirtiéndose en una de sus características fundamentales y también en uno de sus problemas con mayores consecuencias sociales y económicas.19 La reforma del sistema de pensiones aprobada en 1985, que ampliaba el periodo de cotización y modificaba el método de cálculo, agravó la tensión social y dio lugar a una importante movilización sindical, con la participación de UGT, abriendo una crisis en el seno de la familia socialista que se acabaría saldando con la afirmación de la independencia sindical, lo que facilitaría la unidad de acción sindical configurada y consolidada en los años posteriores. No obstante, UGT no se sumó a la huelga general del 20 de junio de 1985, convocada por CCOO y las demás organizaciones sindicales, que tuvo un notable seguimiento si bien no logró paralizar el país. La aprobación en 1983 de la ley estableciendo la jornada máxima en 40 horas y la promulgación de la Ley Orgánica de Libertad Si

a.

El entendimiento entre UGT y CCOO se plasmó en 1987 en la elaboración de una plataforma conjunta que se proponía conseguir una subida de los salarios y de las pensiones así como otras mejoras, en un contexto de visible recuperación económica. En 1988, el acuerdo sindical fue renovado y dio lugar a una plataforma unitaria para la negociación colectiva y a unas demandas al gobierno para lograr un “giro social” en su política económica. En ese marco de crecimiento económico y con una dinámica de unidad de acción sindical, el proyecto gubernamental de “fomento del empleo juvenil” fue considerado por los sindicatos como una nueva agresión a los trabajadores que operó de desencadenante de la convocatoria de huelga general para el día 14 de diciembre20. Los sindicatos exigían la retirada del plan gubernamental, la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores, del subsidio de desempleo y de su cobertura y otras demandas. Durante las semanas previas a la convocatoria se desarrolló un enconado debate, especialmente duro en el interior de la familia socialista21. La huelga general fue un éxito rotundo; el país quedó paralizado durante 24 horas. Sin duda, la convocatoria sindical permitió expresar el malestar acumulado en sectores muy amplios de la sociedad por la política guberna

ancia mostrada por muchos dirigentes socialistas en el ejercicio del poder22.

El éxito de la huelga general decidió al gobierno socialista a responder a las demandas sindicales y a efectuar, al menos parcialmente, el “giro social” que una parte de la sociedad española le reclamaba y, singularmente, sus propias bases. El plan de empleo juvenil fue retirado y el gobierno inició negociaciones con los sindicatos. En los meses siguientes, se aprobaron una serie de medidas sociales, como la ampliación de la protección a los parados de larga duración y a los mayores de 45 años, una apreciable revalorización de las pensiones, y la Ley de Pensiones no contributivas. Globalmente hubo un not

nto de la economía hasta 1992.

Sin embargo, la recesión de 1992 y la alianza del PSOE con CiU tras las elecciones de 1993, comportaron de nuevo una política económica de carácter liberal, en el marco europeo de políticas del mismo signo derivadas del Tratado de Maastricht, lo que implicó la reaparición de la tensión

18 Ver M. Redero San Román (2008), Vega (2011). 19 Un estudio de los primeros pasos de política laboral socialista en S. Gálvez (2013). 20 S. Aguilar, J. Roca (1989). 21 Ver S. Juliá (1988). 22 Algunos dirigentes socialistas reconocieron, años después, los errores en la forma de actuación. Ver, M.A. Iglesias (2003); por ejemplo Carlos Solchaga, pp.103-105.

53


con las organizaciones sindicales, especialmente cuando el gobierno presentó una nueva reforma del mercado laboral que establecía una nueva modalidad de contratos para jóvenes –que fueron denominados “contratos basura”– y la creación de empresas de trabajo temporal, lo que desenca

de un fortalecido PP, con la beligerante colaboración de una parte importante de los medios de comunicación, y por el crecimiento a la izquierda del PSOE de una revitalizada Izquierda Unida.

cialista, la Ley d

o y, en última instancia, de los cambios

denó una nueva huelga general en enero de 1994, que afectó principalmente a la industria y a la construcción (José Mª. Marín, 2001, p. 441).

En la década final del siglo, del rechazo al capitalismo y del horizonte de una sociedad socialista, de la autogestión y de la planificación económica no quedaba ni rastro, ni en la práctica gubernamental ni en las formulaciones programáticas del partido. Todo ello podría haber creado tensiones internas muy importantes en un partido con una militancia activa y con una cultura política impregnada de los valores socialistas tradicionales, pero no fue así más allá del divorcio con UGT. Acumulando un poder institucional extraordinario, buena parte de los cuadros socialistas ocuparon durante estos años miles de cargos de representación, de gobierno y de gestión en Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y en el Gobierno del Estado. Una masiva presencia en las instituciones inversamente proporcional a la presencia en una sociedad en la que, por otra parte, estaban apareciendo indicadores de una distancia y desconfianza cada vez mayores hacia la política. Las contradicciones entre determinados discursos y prácticas políticas y el cinismo implícito en determinadas formulaciones –del “gato blanco, gato negro lo importante es que cace ratones” de Felipe González al “en España es donde se gana más dinero en menos tiempo” de Carlos Solchaga, probablemente ayuden a explicar la importante erosión socialista en esos años, multiplicada por la oposición frontal

Estado del Bienestar, Estado de las Autonomías

No obstante, el balance de la actuación de los gobiernos socialistas a mitad de los años 90 contenía un haber muy valioso. Las políticas sociales constituyeron el ámbito donde la acción gubernamental más se acercó a las expectativas generadas con el acceso socialista al poder en 1982.23 Hay que destacar, en primer lugar, la política educativa, dirigida inicialmente por José Mª. Maravall, una de cuyas principales realizaciones fue la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), promulgada en 1985 que, de acuerdo con el mandato constitucional, establecía la gratuidad de la enseñanza obligatoria, la libertad de creación de centros y la libertad de cátedra. La ley establecía la posibilidad de subvencionar con fondos públicos a centros privados, lo que dio satisfacción a la jerarquía de la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo creó los “consejos escolares” como órganos de participación de los miembros de la comunidad escolar en los centros educativos. Ello fue objeto de un rechazo radical por parte de sectores conservadores, especialmente de la patronal de los centros privados católicos y de la confederación de asociaciones de padres de dichas escuelas, que formaron una Coordinadora por la Libertad de Enseñanza, que denunciaban que estaba gravemente amenazada por la creación de dichos “consejos escolares”. Paralelamente a la elaboración y posterior aplicación de la LODE, el gobierno desarrolló un programa de construcciones escolares que comportó la creación de plazas en las escuelas públicas, la mejora de las instalaciones existentes y la ampliación de las plantillas de profesorado (José Mª Marín, 2001, pp. 329-333). Cinco años después de la entrada en vigor de la LODE, en la tercera legislatura so

e Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), promulgada en octubre de 1990, completó las reformas educativas, estableciendo la educación obligatoria hasta los 16 años

En agosto de 1983 fue promulgada la Ley de Reforma Universitaria (LRU) que, también conforme la Constitución, establecía la autonomía universitaria, aunque con notables condicionantes pues dejaba fijados aspectos fundamentales en relación a los planes de estudio, profesorado y bases de la organización y gobierno de los centros universitarios. La LRU pretendía la modernización de la enseñanza superior, resolviendo numerosos problemas acumulados en la Universidad, fruto de su continuado crecimient

23Ver, G. Rodríguez Cabrero (2013).

54

PERE YSÀS

experim

recho a la protecc

la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que con

ca del Poder Judicial que establecía la elección parlame

l de las que

entados por la sociedad española, así como adecuarla a las demandas que se le formulaban, entre ellas las relativas al impulso a la investigación.

Al lado de la educación, la sanidad fue el otro pilar de la política social socialista –en la primera legislatura con Ernest Lluch al frente del Ministerio– y su realización más emblemática la Ley General de Sanidad, promulgada en abril de 1986, cuyo artículo primero afirmaba que tenía por objeto la “regulación general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el de

ión de la salud” reconocido en la Constitución.24 La ley establecía la extensión a toda la población española de la asistencia sanitaria y configuraba el Sistema Nacional de Salud.

En la primera legislatura socialista se aprobaron diversas leyes relativas a los derechos de los ciudadanos promovidas por el Ministerio de Justicia encabezado por Fernando Ledesma en cumplimiento del mandato constitucional. Deben destacarse la Ley Orgánica de asistencia letrada al detenido, de diciembre de 1983, y la Ley Orgánica reguladora del procedimiento de “habeas corpus”, de mayo de 1984; se aprobaron también reformas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La despenalización del aborto en los supuestos de grave peligro para la vida o la salud de la madre, de malformaciones del feto y cuando el embarazo hubiera sido fruto de una violación, fue objeto de una gran campaña de oposición efectuada desde sectores conservadores y católicos y la ley aprobada fue recurrida por Alianza Popular ante el Tribunal Constitucional.25 En agosto de 1985 fue promulgada también

solidaba el modelo de representación sindical establecido y protegía el ejercicio de tal libertad sancionando a la vez las “conductas antisindicales”.26

Finalmente, durante la primera legislatura socialista se acometieron reformas de la Administración Pública con la aprobación de normas relativas a las incompatibilidades de los funcionarios y a la reorganización de los cuerpos y escalas de la administración. Motivo también de notable polémica fue la reforma de la Ley Orgáni

ntaria de Consejo General del Poder Judicial, con el rechazo de la mayoría conservadora de la magistratura y de Alianza Popular y sus aliados.

La acción gubernamental socialista, frente a las dudas de UCD y al rechazo inicial de AP, desarrolló plenamente el Estado de las Autonomías previsto en la Constitución. En la primera legislatura socialista continuó la aprobación de estatutos de autonomía –los de Baleares, Castilla y León, Extremadura y Madrid– se promulgaron leyes relativas a la financiación de las Comunidades Autónomas y a la “compensación interterritorial”, y prosiguieron o se iniciaron los traspasos de competencias a las nuevas administraciones, lo que comportó la culminación del despliegue del estado autonómico, aunque paralelamente se desarrolló una importante conflictividad, en particular con los gobiernos del País Vasco y de Cataluña empeñados en alcanzar las máximas cotas de autogobierno.27 En la tercera legislatura socialista, a partir de un acuerdo del PSOE y de un PP convertido al autonomismo a partir de su acceso al gobierno de algunas Comunidades Autónomas, se abrió la puerta a la ampliación de las competencias de las comunidades que habían accedido a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución para así alcanzar el nivel competencia

habían seguido el camino del artículo 151. La Ley Orgánica de Transferencia, de diciembre de 1992, profundizó el régimen autonómico con el acuerdo de los dos partidos mayoritarios.28

Sin embargo, si bien una parte del PSOE asumió la concepción de España como “nación de naciones”, defendida entre otros por su ponente constitucional Gregorio Peces Barba (1981, pp. 30-34; 1988, p. 44) y aparentemente asumida durante la elaboración y el debate de la Carta Magna, la cultura política socialista mostró muy poca impregnación de la idea de España que tal

24 Ley 14/1986 de 25 de abril General de Sanidad. 25 La primera normativa sobre el aborto no fue fruto de consenso alguno, contrariamente a lo sostenido hoy por el PP, que entonces rechazó de manera radical los tres supuestos establecidos. 26 Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto de Libertad Sindical. 27 La trayectoria de las Comunidades Autónomas en estos y en los siguientes años en los dos volúmenes coordinados por J.P. Fusi y G. Gómez Ferrer (2007). 28 A las implícitamente consideradas “nacionalidades”, Cataluña, País Vasco y Galicia, que siguieron la vía del artículo 151, se habían sumado en cuanto a la configuración institucional y competencias Andalucía y la Comunidad Valenciana y Canarias.

55


formulación comportaba; de igual modo, el federalismo proclamado en los programas socialistas tampoco tuvo efectos remarcables. Por otra parte, no faltaron voces de dirigentes como José Bono o Juan Carlos Rodríguez Ibarra, entre otros, que insistieron –especialmente frente a los nacionalismo vasco y catalán– en la defensa de una “unidad nacional” fundamentada argumentalmente en la “igualdad de los españoles” y en la «cohesión territorial»,29 pero que no excluía la reutilización de una parte del discurso y de la simbología nacionalista española que la izquierda había rechazado anteriormente por su identificación con el franquismo.

ensa mayoría de fuerzas

r de que quedaban algunos temas importantes pendientes de acabar de negociar, en el Consejo

Europa y la OTAN

El 12 de junio de 1985 se firmó en un acto solemne celebrado en el Palacio Real de Madrid el tratado de adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Era la culminación de un largo camino iniciado en julio de 1977, que había concentrado buena parte de los esfuerzos de la política exterior del gobierno socialista desde su formación, con un papel muy relevante del propio Felipe González, que pronto viajó a Bonn para entrevistarse con el canciller demócrata-cristiano Helmut Köhl, que se convirtió en un apoyo fundamental de la candidatura española, y a París para reunirse con su correligionario François Mitterrand para superar los obstáculos franceses. El objetivo de la integración en la Comunidad Europea era compartido por la inm

políticas y sociales españolas por lo que no fue motivo de debate, aunque existieron posiciones diferenciadas respecto a las condiciones concretas de la incorporación.

Para Rosa Pardo (2011, p. 86), la declaración de Felipe González a favor de la instalación de los “euromisiles” en Alemania efectuada durante su visita a la República Federal Alemana, en marzo de 1983, fue determinante para que el canciller germano adoptara el papel de principal patrocinador de la incorporación española a la CEE. Por otra parte, los sucesivos contactos con el gobierno francés acabaron logrando flexibilizar la posición gala; según la citada autora, el presidente Mitterrand “terminó discurriendo que era más beneficioso dirigir la integración española, reequilibradora de la CEE hacia el sur, que vetarla”. También hubo un esfuerzo para mejorar las relaciones con Gran Bretaña y otros países, utilizando entre otros el argumento de lo beneficioso que resultaría el ingreso en la CEE para la permanencia española en la OTAN. Respecto a Italia, el gobierno español contó con el pleno apoyo del gobierno encabezado por el socialista Bettino Craxi. A pesa

Europeo de Fontainebleau, celebrado en junio de 1984, se acordó el ingreso de España en 1986.

La otra gran cuestión vinculada a la política exterior en la primera legislatura socialista fue la permanencia o no en la OTAN. El PSOE había adoptado una clara posición en contra de la incorporación a la Alianza Atlántica decidida por el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, comprometiéndose a celebrar un referéndum si obtenía la victoria en las elecciones generales. Sin embargo, ya en el gobierno, destacados dirigentes, empezando por el propio Felipe González, fueron manifestando una posición primero ambigua y posteriormente contraria al abandono de la alianza militar. Sin duda, el cambio de posición socialista fue en buena medida motivado por formación de la opinión, en primer lugar en una parte de los dirigentes del partido y de responsables gubernamentales, después compartida por sectores más amplios, de la inconveniencia de propiciar la salida de la organización militar en un contexto en el que se estaba negociando la incorporación a la Comunidad Económica Europea30 así como redefiniendo la política exterior española, incluyendo las relaciones con los EE.UU, y, por otra parte, acometiendo con determinación la definitiva adaptación de las Fuerzas Armadas al marco constitucional.31 Sin

29 La resolución sobre política territorial del XXIX Congreso afirmaba que “la solidaridad no es un valor más del socialismo, sino el valor fundante del movimiento obrero y la matriz de la que emergen los demás valores. Por eso, los socialistas ponemos una fuerza espacial en el desarrollo de las menciones constitucionales de la solidaridad, a las que la convivencia de fondo entre la derecha estatal y las derechas nacionalistas querría reducir a un mero nominalismo”. (PSOE, 1981). 30 Ver, Ch. Powell (2001, pp. 357-372) La visión de Felipe González en M.A. Iglesias (2003, pp. 847-849). 31 No se dedica atención en este texto a la política militar del PSOE en el gobierno puesto que es objeto de capítulo de Carlos Navajas, uno de los máximos especialistas en la cuestión. Ver también C. Navajas (2011).

56

PERE YSÀS

embargo, tal explicación resulta insuficiente. Aunque la posición de Felipe González de apoyo al despliegue de los “euromisiles”, en un momento de una notable movilización en su contra en la que participaban importantes partidos socialdemócratas europeos, incluyendo el SPD, pueda relacionarse con la captación del apoyo alemán en el proceso de incorporación a la CEE, todo apunta a una ruptura convencida con la posición socialista anterior, “echando por la borda” también el rechazo de los bloques militares y la no alineación y el paso a un decidido atlantismo, defendi

acerla más aceptable. Pero, finalmente, igual que se había pasado

a para el Referéndum para presionar al gobierno a convocarlo a la vista de

anía presenta

do con anterioridad por algunos dirigentes socialistas como Luis Solana, ex portavoz del PSOE en la Comisión de Defensa del Congreso.

Pero el debate sobre la permanencia o la salida de la OTAN fue intenso en el interior del partido. En octubre de 1984, en el debate en el Congreso de los Diputados sobre el “estado de la Nación”, el gobierno fijó su posición favorable a la permanencia en la Alianza en determinadas condiciones. No obstante, la actitud mayoritaria de las bases militantes socialistas y de buena parte de los cuadros y de dirigentes se mantuvo inicialmente de manera clara a favor de su abandono, aunque gradualmente fue modificándose a medida que viraba la posición del gobierno, pero no sin resistencias importantes, como se puso de manifiesto en el XXX Congreso celebrado en diciembre de 198432. Para muchos socialistas que habían defendido con vehemencia la posición de su partido, definido como “antiimperialista” menos de diez años antes, que se había opuesto al ingreso en la OTAN y que había participado en las importantes movilizaciones que expresaron un rechazo social muy amplio, fue muy costoso e incluso desgarrador pasar a defender la permanencia, aunque fuera con una serie de condiciones para h

de la planificación y la autogestión a la aceptación de la centralidad del mercado, ahora se pasaría del neutralismo al atlantismo.

El debate fue todavía más intenso en la sociedad y alcanzó una notable dureza. El cambio de posición socialista no impidió una importante movilización anti-OTAN que alcanzó un notable desarrollo mientras las encuestas indicaban la persistencia de una clara mayoría en el mismo sentido, con un potente movimiento formado por el resto de la izquierda, la mayor parte del sindicalismo, el pacifismo y el antimilitarismo. En 1983 se creó la Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas y meses después la Mes

su actitud dilatoria, transformada en Plataforma Cívica para la salida de España de la OTAN en diciembre de 198533.

Cuando, finalmente, el gobierno socialista decidió convocar el prometido referéndum, la tensión política alcanzó elevadas cotas. Los opositores a la OTAN contaban con una amplia ciudadanía hostil a la Alianza y con importantes apoyos en el mundo cultural. Ello determinó que el gobierno y el PSOE tuvieran que hacer una campaña muy agresiva para intentar cambiar la opinión de como mínimo una parte de su electorado, o al menos, convencerle de que una victoria del No a la OTAN supondría abrir una peligrosa crisis política, de manera que optara por apoyar al gobierno aunque no compartiera su posición. Las dramáticas intervenciones de Felipe González interpelando sobre quién gestionaría una victoria de dicho No, con la amenaza poco encubierta de un vacío de poder, repetían la actuación que tan buenos resultados le había proporcionado en la crisis abierta en el XVIII Congreso del partido en 1979. Por otra parte, los mensajes dirigidos a la ciudad

ron un escenario casi catastrófico si España abandonaba la OTAN, con consecuencias nefastas desde la economía a la permanencia en la CEE y a un nuevo aislamiento internacional.

El 12 de marzo de 1986 se sometió a referéndum una pregunta relativamente larga que pedía la aprobación o desaprobación de la decisión del gobierno a favor de la permanencia en la Alianza con tres condiciones: no integración en la “estructura militar integrada”, la prohibición de armas nucleares en territorio español y la reducción de la presencia militar norteamericana en España. El resultado de la consulta fue finalmente favorable al gobierno, a pesar de la posición abstencionista adoptada por la oposición conservadora que, siendo abiertamente pro-atlántista, jugó la carta de debilitar al ejecutivo socialista al negarle su apoyo. Por su parte CiU y el PNV se negaron también a secundar al gobierno a pesar de su voto favorable al ingreso en la OTAN en 1981 en

32 Ver E. Company, F. Arroyo (1999), especialmente pp. 114-116. También J.Mª. Marín (2008); R. Pardo (2011). 33 Un amplio análisis del movimiento anti-OTAN en E. Prat (2006).

57


tanto que el CDS eludió tomar posición. Con una abstención del 40,4 por 100 de los electores, el Sí a la posición gubernamental obtuvo el 52,3 por 100 de los votos, el No 39,8 por 100 y se registró un 6,5 por 100 de votos en blanco. El voto contrario a la permanencia en la Alianza ganó en Cataluña, País Vasco, Navarra y Canarias. A pocos meses del final de la legislatura, el gobierno presidido por

elipe González superaba así una situación particularmente difícil, aunque no sin importantes ostes dada la extraordinaria presión a que se había sometido a sus militantes y a su electorado.

rgido de las elecciones legislativas de marzo de 1986, y se materiali

003, p. 231), han considerado poco probable que las acciones en suelo francés contribu

a” (J. M. Bandrés, 1985). Recurrida ante el

Fc

Contra el terrorismo

Uno de los retos que los sucesivos gobiernos socialistas tuvieron que afrontar fue el de la violencia terrorista y, para ello, la colaboración internacional y, en particular la de Francia, resultó fundamental. En este sentido, constituyó un notable éxito lograr del gobierno galo un explícito compromiso de colaboración en la lucha contra ETA. Los denominados “Acuerdos de la Castellana”, firmados por los ministros socialistas del Interior de ambos países –José Barrionuevo y Gastón Deferre– en junio de 1984, formalizaron un destacado primer paso en la imprescindible colaboración del gobierno de París para acabar con la función que el territorio francés ejercía en la actuación de la organización terrorista. Tres meses después tuvo lugar la primera extradición a España de tres etarras, a pesar del notable rechazo que generó en la izquierda francesa, incluso en el seno del Partido Socialista. Paralelamente, se practicaron detenciones de miembros de ETA refugiados en Francia, confinamientos en regiones alejadas del País Vasco francés y deportaciones a países latinoamericanos y africanos. La colaboración se incrementó significativamente con el nuevo gobierno conservador francés su

zó mediante más detenciones, extradiciones y deportaciones, lo que acabó afectando gravemente a la estructura etarra.

Paralelamente a los importantes resultados de la colaboración francesa tuvo lugar la entrada en escena de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), que actuaron preferentemente en territorio francés. Desde finales de 1983 y hasta 1987 realizaron numerosos atentados, causando 28 víctimas mortales (V. Ruiz de Azúa, 1996, p. 585). Sus acciones iniciales fueron selectivas pero pronto se convirtieron en más indiscriminadas y, además, notablemente torpes puesto que mercenarios y policías implicados en sus acciones atentaron contra personas ajenas al mundo etarra confundiéndolas con terroristas, empezando por la víctima de una de sus primeras acciones, Segundo Marey, secuestrado en diciembre de 1983 confundido con un miembro de ETA. Sin embargo, la actuación de los GAL tuvo en aquel momento una notable comprensión en la opinión pública española, alimentada por la elevada actividad de ETA, que aunque inferior al período 1978-1980 causó entre 30 y 40 víctimas mortales al año entre 1982 y 1986, y por declaraciones de dirigentes políticos, tanto del gobierno como del principal partido de la oposición. Para algunos autores, como Sagrario Morán (1997, p. 181), las acciones de los GAL contribuyeron a “la implicación definitiva de Francia en la lucha antiterrorista”. Contrariamente, otros, como Javier Tusell (2

yeran a que el gobierno del país vecino optara por una mayor colaboración con el gobierno español.

Además de intentar obtener la máxima colaboración francesa contra ETA, el gobierno socialista promovió cambios legislativos, algunos muy polémicos, como la Ley Orgánica 9/1984 “contra la actuación de bandas armadas y elementos terroristas” aprobada en diciembre de 1984, que ampliaba hasta 10 días el plazo de presentación de los detenidos ante la autoridad judicial, permitía una serie de intervenciones policiales –registros domiciliarios, control de la correspondencia, etc.– sin la autorización judicial e introducía en el Código Penal el delito de apología del terrorismo. Parte del articulado de la ley fue objeto de severas críticas desde distintos sectores, destacadamente desde juristas progresistas, apuntando que “preceptos de la ley vulneran manifiestamente el reconocimiento, la protección, y las garantías que en defensa de los derechos humanos y libertades se establecen en la Carta Marga español

Tribunal Constitucional por los parlamentos del País Vasco y de Cataluña, la ley fue declarada parcialmente inconstitucional en diciembre de 1987.

58

PERE YSÀS

Por otra parte, el gobierno llevó a cabo una política de reinserción de los etarras que optaran por abandonar las armas, a la que ETA respondió brutamente con el asesinato en septiembre de 1986 de la histórica dirigente María Dolores González Catarain “Yoyes”. También recurrió a la vía del diálogo para intentar lograr el fin de la violencia mediante las denominadas conversaciones de Argel. Entre 1986 y 1989 se sucedieron diversas reuniones entre representantes gubernamentales y de ETA sin que fuera posible alcanzar acuerdo alguno, puesto que las demandas de la organización terrorista eran absolutamente inaceptables para cualquier gobierno (I. Sánchez Cuenca, 2001, pp. 131-136). Además, interpretando las tentativas gubernamentales –como ocurriría en ocasiones posteriores– como fruto de la fortaleza de la organización frente a la debilidad del Estado, ETA incrementó sus acciones indiscriminadas, entre ellas y destacadamente el atentado en un supermercado Hipercor de Barcelona, en junio de 1987, causando la muerte a 27 personas y varias d

añol, sino en que una minoría de vascos se niega a aceptar la voluntad de la mayoría y emplea para imponer la suya el instrumento de la ‘lucha armada” 4. Aunque tuvieran que pasar 20 años más, y la violencia terrorista causara un elevado número de víctimas, ETA estaba ya derrotada.

a Izquierda Unida revitalizada bajo el liderazg

ta en la historia española. Pero, al mismo

ecenas de heridos. Ante el recrudecimiento de la violencia etarra, la política del gobierno francés y la mayor eficacia de la policía española hicieron posible numerosas detenciones, entre ellas las de significados dirigentes de la organización.

En este escenario, en 1987 y en 1988 las principales fuerzas políticas firmaron dos importantes acuerdos políticos: el Pacto de Madrid, en primer lugar, y el de Ajuria Enea después. Ambos se fundamentaban en el rechazo al terrorismo, el apoyo a la acción policial y contemplaban la posibilidad de reinserción de quienes abandonaran la organización terrorista. El Pacto de Ajuria Enea significaba, además, el paso más importante hasta entonces realizado para deslegitimar la violencia de ETA y para aislar a Herri Batasuna; en palabras del entonces lehendakari, José Antonio Ardanza, el acuerdo lograba “por fin, situar el conflicto en sus términos y contextos correctos”, afirmando que ”el conflicto que está en la base de la violencia no consiste en un contencioso no resuelto entre el Pueblo vasco y el Estado esp

3

****

Una cadena de escándalos de corrupción y el caso GAL, que acabaría llevando a la cárcel al ministro del Interior José Barrionuevo, a altos cargos de dicho Ministerio y a policías y mercenarios, erosionaron profundamente al PSOE. Además, en especial desde 1993, tuvo que hacer frente a una oposición encabezada por José Mª Aznar dispuesta a utilizar todos los recursos para apartarlo del gobierno, contando para ello con la colaboración de una buena parte de los medios de comunicación. Por su izquierda, el PSOE se encontró con un

o de Julio Anguita. Después de perder sucesivas convocatorias electorales –municipales y autonómicas, europeas– las elecciones generales de 1996 dieron una victoria ajustada al PP, suficiente para alcanzar el gobierno gracias al apoyo de CiU.

Con el PSOE en el gobierno, la democracia se había consolidado definitivamente, y con ella el Estado de las Autonomías. Igualmente, se había establecido y fortalecido un Estado del Bienestar modesto comparado con los países europeos más desarrollados y con mayores desigualdades sociales pero que constituía una novedad absolu

tiempo, el programa “modernizador” socialista había comportado “echar por la borda” buena parte de los objetivos de un proyecto socialista, tal como había sido formulado en 1976 o incluso como había sido reformulado en congresos posteriores.

La acción política socialista y una parte del discurso que la acompañaba redujeron sustancialmente los componentes específicos y distintivos de proyecto político con voluntad de transformar la sociedad para alcanzar cotas superiores de igualdad y justicia. El proyecto socialista acabó identificándose con la democrática y con la “modernización” en todos los planos de la vida española, lo que, dada la debilidad de la derecha hasta los años noventa y sus actitudes predominantes, aseguró durante una década la hegemonía del PSOE. Sin embargo, a medida que en

34 Conferencia pronunciada por el Lehendakari José Antonio Ardanza en la Fundación Sabino Arana el 16 de diciembre de 1992, citada por A. Rivera (1996, p. 91).

59


el PP se afianzó un nuevo liderazgo e introdujo en su discurso los mismos componentes –democracia, modernización, bienestar– se fueron haciendo evidentes las consecuencias del abandono sin sustitución de discursos y prácticas específicamente de izquierdas, desde alimentar una perspectiva de transformaciones sociales profundas más allá, por ejemplo, de una “igualdad oportunidades” inalcanzable sin unas sólidas bases materiales y culturales compartidas por toda la sociedad

ia europea, de un modelo económico santificador del mercado contribuyó a la gestació de la que a finales de la década siguiente se convirtió en una “Gran Recesión” acompa da de un grave deterioro tanto del modesto Estado del Bienestar construido como de la

cia.

Aguilar, 9.

ra, 1999.

de la época socialista. España: 1982-1996, Madrid: Sílex, 2013.

Guerra, A. (ed.), El futuro del

Compan ismo español. 5. 1977-1988, Barcelona: Conjunto, 1999.

Gálvez, S.: “El socialismo español en busca de una política de empleo autónoma: los primeros

paña actual,

Guerra, Congreso del PSOE, Barcelona: Avance, 1977.

bierno socialista, 1982-1992, Madrid:

Juliá, S., J. Pradera, M. Prieto (coords.): Memoria de la transición, Madrid: Taurus, 1996.

, hasta una presencia en el tejido social a través de una militancia socialista activa, capaz de extender el proyecto político y trasladar al interior del partido los problemas cotidianos y las aspiraciones de los sectores populares.

La renuncia a políticas más vigorosas a favor de la igualdad y la asunción, con buena parte de la socialdemocrac

n ña

propia democra

Bibliografía

S., J. Roca: 14-D: economía política de una huelga, Barcelona: Fundació Bofill, 198

Aróstegui, J.: “La transición política y la construcción de la democracia (1975-1996)”, en Martínez, J.A. (coord.).: Historia de España Siglo XX, 1939-1996, Madrid: Cáted

Avilés, J.: “El proyecto socialista: del marxismo a la modernización”, en Soto A. y A. Mateos (dirs.): Historia

Bandrés, J.Mª.: “La ley antiterrorista: un estado de excepción encubierto”, El País, 22 de abril de 1985.

Blas, A. de: “Transformaciones en la ideología de la izquierda”, ensocialismo, Madrid: Sistema, 1986.

Claudín, F.: “Entrevista a Felipe González”, Zona Abierta, 20 (1979).

y, E.. F. Arroyo: Historia del social

Ekaizer, E.: “La expropiación del miedo”, en Juliá, S., J. Pradera, M. Prieto (coords.): Memoria de la transición, Madrid: Taurus, 1996.

Fusi, J.P., G. Gómez-Ferrer (coords.): La España de las Autonomías, tomo XLIII de la Historia de España Menéndez Pidal, Madrid: Espasa Calpe, 2007.

pasos de su proyecto de liberalización-flexibilización laboral (diciembre 1982-mayo 1983)”, en Soto A. y A. Mateos (dirs.): Historia de la época socialista. España: 1982-1996, Madrid: Sílex, 2013.

García Santesmases, A.: Repensar la izquierda. Evolución ideológica del socialismo en la EsBarcelona: Anthropos, 1993.

Gillespie, R.: Historia del Partido Socialista Obrero Español, Madrid: Alianza Editorial, 1991.

A. (ed.): XXVII

Guerra, A., J.F. Tezanos (eds.): La década del cambio. Diez años de goSistema, 1992.

Guerra, A. (ed.): El futuro del socialismo, Madrid: Sistema, 1986.

Iglesias, M.A.: La memoria recuperada, Madrid: Aguilar, 2003.

Juliá, S.: La desavenencia: partido, sindicatos y huelga general, Madrid: El País, 1988.

Juliá, S.: Los socialistas en la política española, 1879-1982, Madrid: Taurus, 1996.

60

PERE YSÀS

Maravall, J.Mª.: “Del milenio a la práctica política: el socialismo como reformismo radical”, Zona Abierta, 20 (1979).

toria Política de

Marín. J y Política, 20 (2008).

España: 1982-1996, Madrid: Sílex, 2013.

: Memoria de

Morán, Complutense, 1997.

X, 1939-1996, Madrid: Cátedra, 1999.

cional?, Ayer, 84 (2011).

Centro de Estudios

0, Barcelona: Plaza&Janés, 2001.

s contra la guerra, Barcelona: Hacer, 2006.

PSOE: , Madrid, Sistema, 1991.

Rodrígu ienestar en España (1982-1996): entre la universalización y

de la

Sánchez ontra el Estado: las estrategias del terrorismo, Barcelona: Tusquets, 2001.

a del

Soto A. rs.): Historia de la época socialista. España: 1982-1996, Madrid: Sílex, 2013.

Tusell, J.: Historia de España en el siglo XX. IV. La transición democrática y el gobierno socialista, Madrid: Taurus, 1999.

Marín, J.Mª.: Los sindicatos y la reconversión industrial durante la transición, Madrid: Consejo Económico y Social, 1997.

Marín, J.Mª.: “La democracia consolidada”, en Marín J.Mª., C. Molinero y P. Ysàs: HisEspaña, 1939-2000, Madrid: Istmo, 2001.

.Mª.: “Los socialistas en el poder (1982-1996)”, Historia

Mateos, A.: “Una transición dentro de la transición”, en Tusell, J. y A. Soto (eds.): Historia de la transición, 1975-1986, Madrid: Alianza Editorial, 1996.

Mateos, A.: “El PSOE de Felipe González. La transformación del partido”, en Soto A. y A. Mateos (dirs.): Historia de la época socialista.

Missé, A.: “El caso Banca Catalana”, en Bassets, Ll., J.B. Culla, B. de Riquer (dirs.)Catalunya, Madrid: Taurus, 1997.

Molinero, C. y P. Ysàs: “La izquierda en los años setenta”, Historia y Política, 20 (2008).

S.: ETA entre España y Francia, Madrid: Editorial

Navajas, C.: “El fin del ‘problema militar’. La ‘modernización’ de los Ejércitos durante la primera época socialista (1982-1996)”, Ayer, 84 (2011).

Otero, L.E.: “La transición económica. Del capitalismo corporativo a la Unión Europea”, en Martínez, J.A. (coord.).: Historia de España Siglo X

Pardo, R.: “La política exterior de los gobiernos de Felipe González: ¿un nuevo papel para España en el escenario interna

Peces Barba, G.: La Constitución española de 1978: un estudio de derecho y política, Valencia: Fernando Torres Editor, 1981.

Peces Barba, G.: La elaboración de la Constitución de 1988, Madrid:Constitucionales, 1988.

Powell, Ch.: España en democracia, 1975-200

Prat, E.: Moviéndose por la paz. De Pax Christi a las movilizacione

PSOE, 29 Congreso, Madrid, PSOE, 1981.

Manifiesto del Programa 2000

Redero San Román, M.: “Los sindicatos en democracia: de la movilización a la gestión”, Historia y Política, 20 (2008).

Rivera, A.: “La transición en el País Vasco. Un caso particular”, en Ugarte, J. (ed.): La transición en el País Vasco y España. Historia y memoria, Bilbao: Universidad del País Vasco, 1996.

ez Cabrero, G.: “El Estado del Bla reestructuración”, en Soto A. y A. Mateos (dirs.): Historia de la época socialista. España: 1982-1996, Madrid: Sílex, 2013.

Ruiz de Azúa, V.: “Las manos sucias”, en Juliá, S., J. Pradera, M. Prieto (coords.): Memoriatransición, Madrid: Taurus, 1996.

-Cuenca, I.: ETA c

Soto, A.: “Felipe González más reformista que socialdemócrata: balance de una gestión”, HistoriPresente, 8 (2006).

y A. Mateos (di

61


62

Tusell, J.: “El gobierno socialista (1982-1996)”, en Tusell, J. (coord.),: La transición a la democracia y la España de Juan Carlos I, tomo XLII de la Historia de España Menéndez Pidal, Madrid: Espasa Calpe, 2003.

Velasco. L. de: Políticas del PSOE, 1982-1995, Barcelona: Icaria, 1996.

Vega, R.: Historia de la UGT. La reconstrucción del sindicalismo en democracia, 1976-1994, Madrid: Siglo XXI, 2011.

Documents

Pere Ysas_El PSOE en El Gobierno_del Socialismo Democratico Al Socialismo Liberal