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CUADERNO DE TRABAJO PLAN DE IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y BUEN VIVIR PARA LAS MUJERES ECUATORIANAS MARCO CONCEPTUAL, RUTA METODOLÓGICA Y ESTRATEGIA DE TRANSVERSALIZACIÓN 2010 - 2014

PLAN DE IGUALDAD, NO DISCRIMINACIîN Y BUEN VIVIR …extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu152820.pdf · para el Buen Vivir 2009-2013, así como en las Agendas Sectoriales y de Género

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CUADERNO DE TRABAJO

PLAN DE IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN

Y BUEN VIVIR PARA LAS MUJERES ECUATORIANAS

MARCO CONCEPTUAL, RUTA METODOLÓGICA Y ESTRATEGIA DE TRANSVERSALIZACIÓN

2010 - 2014

Enero 2011

CUADERNO DE TRABAJO

PLAN DE IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN

Y BUEN VIVIR PARA LAS MUJERES ECUATORIANAS

MARCO CONCEPTUAL, RUTA METODOLÓGICA Y ESTRATEGIA DE TRANSVERSALIZACIÓN

2010 - 2014

Cuaderno de Trabajo “Plan de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir para las mujeres ecuatorianas”: marco conceptual, ruta metodológica y estrategia de transversalización, 2010 -2014

Colección: Cuadernos de Trabajo

Autora: María Arboleda

Corrección de textos: Paulina Rodriguez

Diseño: Manthra Editores - [email protected]

Impresión: Manthra Editores

Tiraje: 1.500 ejemplares

Primera edición

Quito, enero 2011

Derechos de Autor: 034906

ISBN- 978-9978-92-958-2

COMISIÓN DE TRANSICIÓN HACIA EL CONSEJO DE LAS MUJERES Y LA IGUALDAD DE GÉNEROPasaje Donoso N32-33 y WhymperTeléfonos: 2651472 – [email protected] - Ecuador

ÍNDICE

PRESENTACIÓN ...........................................................................................................................................5

INTRODUCCIÓN ...........................................................................................................................................7

Capítulo I DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ..................................................................................................................... 13

Los mandatos de la Constitución de 2008 ....................................................................................... 13

La Igualdad y la No Discriminación como principios ................................................................... 17

Igualdad y Diversidad ............................................................................................................................... 22

Las Mujeres y los derechos del Buen Vivir ........................................................................................ 23

Políticas de Igualdad para las Diversas y Diversos ........................................................................ 29

Sobre territorios, autonomías y descentralización ........................................................................ 30

Capítulo IINUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA LOS DERECHOS .............................................. 31

La nueva institucionalidad de garantía de derechos .................................................................... 31

Institucionalidad para los derechos de las mujeres ...................................................................... 33

Capítulo III POLÍTICAS PARA EL PLAN DE IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y BUEN VIVIR DE LAS MUJERES ECUATORIANAS ...................................................... 39

Carácter del Plan de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir para las Mujeres ........... 39

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Insumos para el Plan de Igualdad,

No Discriminación y Buen Vivir para las Mujeres ..........................................................................45

Objetivo general

Las 12 líneas estratégicas del Plan de Igualdad, No discriminación y Buen Vivir para las mujeres

Capítulo IVLA TRANSVERSALIDAD COMO BASE DE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN ...................................................................................57

Revisando conceptos .................................................................................................................................58

Transversalización para enfrentar las brechas: una visión política y estratégica para concretar la igualdad...............................................................................................61

Intersectorialidad y cambio institucional ..........................................................................................64

Capítulo VTRANSVERSALIDAD: RUTA METODOLÓGICA .................................................................69

Transversalidad: Ruta Metodológica ...................................................................................................69

Principios que rigen el proceso de transversalización .................................................................70

Elevar la apropiación y el compromiso del Estado ........................................................................71

Instancias de Liderazgo del Proceso ....................................................................................................73

Momentos de Transversalización..........................................................................................................76

Mecanismos Centrales de Operación ..................................................................................................78

Recomendaciones Especiales sobre Territorios ...............................................................................79

Recomendaciones sobre Observatorio ...............................................................................................82

Bibliografía .....................................................................................................................................................83

ANEXO

Resultados de la validación.....................................................................................................................85

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PRESENTACIÓN

En el marco de la reforma política que lleva adelante Ecuador, se propiciaron cambios importantes en los articulados de la Constitución para reivindicar los derechos de las mujeres. Así, la Constitución de la República del Ecuador, aprobada mediante referéndum en el año 2008, en el artículo 70 establece: “El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público”, aspecto complementario con el contenido de los artículos 156, 157 y Disposición Transitoria Sexta.

La Comisión de Transición hacia el Consejo Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género, creada mediante Decreto Ejecutivo No. 1733, publicado en el Registro Oficial 601 el 29 de mayo de 2009, para la definición de la institucionalidad responsable de la igualdad entre hombres y mujeres, consideró pertinente contar con un diseño teórico metodológico para la elaboración del nuevo Plan de Igualdad, así como su validación regional.

El diseño permitirá construir el Plan de Igualdad como un instrumento técnico y político, que concrete el mandato constitucional de igualdad entre mujeres y hombres, superando las brechas de discriminación y señalando la ruta a seguir al Estado ecuatoriano, por tanto, su aplicación es obligatoria para la administración pública nacional y territorial. Además, daría cuenta de los avances en materia de los compromisos internacionales firmados y ratificados por el Estado, en materia de derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género, tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW; el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará.

Su construcción será ampliamente participativa y fruto de la concertación con las mujeres en su diversidad, al incorporar sus demandas y derechos, como políticas de Estado. Constituye por tanto, la brújula para la eliminación de la multicausalidad de la discriminación de género en Ecuador.

El documento que presentamos resume los aspectos sustantivos de una consultoría trabajada por María Arboleda para la Comisión de Transición donde destaca el

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nuevo enfoque para la igualdad, no discriminación y el Buen Vivir para las mujeres ecuatorianas; destaca 12 líneas estratégicas de política para superar las brechas de inequidades hacia la igualdad; y propone una ruta metodológica que transversalice el enfoque. Adicionalmente, se presentan los resultados de los encuentros regionales e institucionales de validación del diseño. La propuesta ha sido revisada y acordada con la SENPLADES para su articulación conceptual y metodológica, con los instrumentos de plani!cación de!nidos desde esta Secretaría, tales como las agendas de igualdad.

Finalmente, este documento hace parte de la Colección “Cuadernos de Trabajo”, como un insumo estratégico no solo para la construcción del nuevo Plan de Igualdad, sino de la puesta en marcha de las atribuciones constitucionales de los consejos de igualdad, para sentar las bases de la transformación de las estructuras que perpetúan la discriminación, subordinación y exclusión de las mujeres.

Comisión de Transición hacia el Consejo Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género Enero 2011

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INTRODUCCIÓN

En los últimos veinte años, Ecuador ha obtenido mejoras signi!cativas en el estatus político y social de las mujeres, logros que son —sin embargo— insu!cientes de cara a las grandes brechas de desigualdad y discriminación por causas de género, etnia, clase y territorio que aún persisten en nuestra sociedad, la mayoría de las cuales fueron profundizadas, en gran medida, por la instalación de valores y pautas propios del modelo neoliberal de organización de la sociedad y la economía.

Las estipulaciones de igualdad y no discriminación para mujeres y hombres, así como el abordaje del Buen Vivir o Sumak Kawsay, que constan en la nueva Constitución de la República, aprobada mediante referéndum en 2008, expresan la culminación de un largo camino con el cual las ecuatorianas y los ecuatorianos han buscado cristalizar sus derechos humanos en todas las dimensiones y ámbitos de la vida política y social y asentar nuevas pautas de desarrollo.

El espíritu de estos avances ha comenzado a concretarse en los mandatos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, así como en las Agendas Sectoriales y de Género que la SENPLADES, las secretarías de Estado, la Comisión de Transición, algunos ministerios y diversas instancias del Estado vienen construyendo.

Sin desconocer estos avances, las situaciones y problemáticas de injusticia e inequidad que persisten y afectan a las mujeres vuelven urgente realizar un esfuerzo más sistemático para delinear y montar políticas de igualdad, no discriminación y buen vivir que devienen de la corriente central de reformas inscritas en la nueva Constitución, como base para armonizar las prioridades y desafíos democráticos que el Estado ecuatoriano debe asumir en relación con el estatus y las condiciones de vida de las mujeres, y concretarlas a través de una estrategia de transversalización.

El presente documento parte de estas visiones como base para la construcción del Plan de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir para las Mujeres Ecuatorianas y su Estrategia de Transversalización. Se busca una herramienta que ponga las bases para la transformación —a largo plazo— de “los patrones socioculturales estructurales que perennizan situaciones de subordinación, exclusión y miseria para las mujeres, la erradicación de un orden social que inobserva y violenta los derechos, e inhibe la inserción de las mujeres como agentes proactivas del desarrollo” (…) “en el marco de los cambios y reformas en curso”.1

1 Comisión de Transición, términos de referencia de la Consultoría CD-Conamu-004-2010 Diseño teórico meto-dológico de construcción del Plan de Igualdad de Oportunidades 2010-2014, Quito, 2010.

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Este gran desafío no parte de cero. Importantes factores que han colocado bases políticas, sociales y culturales, permiten plantearlo. En orden de importancia son los siguientes:

1. La nueva Constitución de 2008, que establece mandatos centrales para la Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir.

2. El mandato de reforma del Estado que promueve la transversalización efectiva de temas como género e interculturalidad.

3. La exigencia constitucional de cumplimiento de estos mandatos por parte del sector público, la misma que incluye la obligatoriedad de la transversalización y la posibilidad de sanción por omisión.

4. La existencia de un sentido común sobre Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir, en general, y en especí!co, para las mujeres, que se expresa en las agendas de cambio de las mujeres.

5. La construcción de una visión de derechos que incluye la diversidad: por sexo, por pertenencia étnica, por clase, por territorios, por identidades sexuales, etc.

6. La presencia de mujeres como autoridades en cargos de elección, representación y designación, de redes de mujeres sobre todo a nivel local y rural y de lideresas con cultura de participación y toma de decisiones.

7. La formulación previa de dos planes de igualdad de oportunidades (PIO) y diversas herramientas de política que favorecen la concreción de los derechos de las mujeres.

8. Las capacidades ganadas progresivamente por instancias y entidades del Estado central y del Estado descentralizado en temas de igualdad y equidad de género, incluyendo la plani!cación de políticas públicas.

También son guías-prácticas, de acuerdo a la nueva Constitución, los convenios y normativas de Naciones Unidas firmadas por el Estado ecuatoriano y adoptadas en la Constitución de 2008: entre ellas, la Plataforma de Acción de Beijing (1995), los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres (1952), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966) y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres CEDAW (1979).

La deuda del Estado con las mujeres, en especial, con aquellas situadas en los entramados discriminatorios más profundos, debido a factores de clase, etnia, desigualdades territoriales, patrones de subordinación, violencias de género y distintas identidades sexuales, es muy grande. En Ecuador diversos procesos participativos han movilizado

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esfuerzos colectivos para afectar estos entramados. Estos procesos, así como el nuevo marco constitucional, presentan un escenario de oportunidades para el montaje de políticas públicas más integrales, sistemáticas y generalizables que permitan comenzar a saldar esta deuda con resultados consistentes.

La Comisión de Transición, en su documento Reforma democrática del Estado - Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género: Consejo Nacional de Igualdad y mecanismo de debida implementación,2 acoge la de!nición de las políticas públicas como estrategias gubernamentales que conducen las actuaciones públicas para el logro de propósitos colectivos … (y) que expresan las acciones sobre unos medios para la consecución de determinados !nes de interés general e implican cambios de situaciones y de conductas.3

En sintonía con esta formulación, en este documento, concebimos al Plan de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir para las Mujeres Ecuatorianas y su Estrategia de Transversalización como una macropolítica pública, y la proponemos como el resultado de un conjunto de procesos políticos y técnicos que se orientan a logros en la igualdad de género y los derechos de las mujeres (reduciendo distancias entre situaciones dadas de desigualdad y situaciones esperadas de ejercicio de derechos y acceso a los satisfactores del desarrollo y la democracia).

El énfasis de las políticas de igualdad y buen vivir debe ser su carácter holístico: el modo en que se articulen y sostengan unas a otras —y esto es lo que intenta la elaboración del “plan”, en tanto macroherramienta de plani!cación— es lo que expresará en todas sus líneas la búsqueda de la igualdad, equidad y desarrollo, así como la transformación de los paradigmas tradicionales en las relaciones entre mujeres y hombres.

Por su carácter, las políticas públicas, las agendas y los planes son sobre todo herramientas de Estado, es decir del conjunto de la institucionalidad pública y sus niveles descentralizados / desconcentrados. Actualmente, diversos programas, proyectos y servicios estatales dirigidos a las mujeres se despliegan a lo largo y ancho del país. Sin embargo, no se ha logrado construir en torno a ellas una organicidad técnico-política de calidad —lo que Pérez Lindo (s.f.) llama un “Estado inteligente”— que los enrumbe hacia logros superiores y más consistentes.

Lograrlo supone adoptar un enfoque sistémico orientado al conjunto de la gestión del Estado:

2 Comisión de Transición, Quito, diciembre de 2009. 3 Torres, Víctor Hugo, Diseño conceptual del Sistema Nacional Descentralizado de Plani!cación Participativa, pág.

13, citado en Comisión de Transición, op. cit., Nota, pág. 2.

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por un lado, establecer canales y mecanismos de armonización con el conjunto de políticas públicas nacionales de cambio y desarrollo; en segundo lugar, incluir los roles y funciones de los cinco poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y de Participación y Control); en tercer lugar, contar con las instancias nacionales desconcentradas y con las autónomas regionales, provinciales, cantonales y parroquiales.

Un enfoque de este tipo demanda un alto esfuerzo a la institucionalidad pública y a la sociedad. Implica una ganancia de capacidades, cooperación y aprendizajes para la gestión. Por ello, la mejor manera de asumirla es instalando el enfoque de transversalización en el inicio mismo del proceso, de modo que la participación en las diversas fases y actividades de construcción y ejecución del Plan facilite la apropiación progresiva y la generación de compromisos institucionales e interinstitucionales.

Al formar parte de un Plan de transformación, las políticas son también sustentos o medios para procesos de movilización y reforma social que deben armonizarse con las visiones y voces de cambio del conjunto de mujeres ecuatorianas, de los intereses y necesidades ligados a sus vidas, sus hábitats y sus procesos de constitución como actoras y sujetas. Todo ello remarca la necesidad de la formulación y la validación participativa del Plan.

En esta línea no solo que el país cuenta con un acumulado histórico de propuestas de políticas públicas realizadas por las organizaciones de mujeres, sino, además, con su activa y permanente actividad de generación de insumos, recomendaciones, demanda y seguimiento a las políticas. Para aprovechar este escenario esta propuesta fue validada con participación de representantes de más de sesenta organizaciones sociales y entidades públicas, de diferentes regiones del país. Así mismo, en su versión !nal, recoge diversos aportes y recomendaciones de sesiones de trabajo organizadas por la Comisión de Transición hacia el Consejo Nacional de la Mujeres y la Igualdad de Género.

Por ello, esperamos que el Plan permita acercar un nuevo pacto para las transformaciones de género y, a los actores del ámbito público y privado, trabajar solidaria e interinstitucionalmente, ganando capacidad para unir a nivel nacional, translocalmente y entre los ámbitos central, desconcentrado y descentralizado, procesos de gobernanza empáticos con los derechos de las mujeres, posicionando metas comunes en el "ujo de lo nacional-regional-local, en armonía con las formas y visiones que cada sociedad local construye para garantizar los derechos.

Como ha señalado CEPAL,4 hasta ahora los mecanismos de la mujer y los planes de igualdad de oportunidades han sido los instrumentos claves en el montaje de políticas públicas en relación con la discriminación femenina política y social. Actualmente, en Ecuador, existen

4 CEPAL, 9ª. Conferencia de la Mujer, México, 2004.

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condiciones y exigencias para que el Estado en su conjunto asuma el combate sistémico a la desigualdad y potencie las transformaciones de género, apoyado con la instalación del Consejo de Igualdad de las Mujeres. La con!guración de las nuevas políticas y su transversalización, en el conjunto del Estado, son la base para su concreción a través de programas y proyectos de desarrollo.

Todo ello demandará un trabajo riguroso y de alta calidad técnico-política a las autoridades y funcionarios/as públicos, demanda reforzada por las peculiaridades del contexto territorial y geográ!co multidiverso de un país como Ecuador. Los procesos decisores deberán establecer un adecuado equilibrio para que la concreción del Plan re"eje las diversidades y sea de efectiva aplicación en territorios y sectores. El documento propone una macrometodología orientada a articular actorías y territorios, asegurando la posibilidad de conocer y debatir sobre insumos, diagnósticos y alternativas de política, motivando al impulso a la solución de problemas a través de procesos de compromiso y cooperación.

La construcción del Plan de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir para las Mujeres Ecuatorianas y su Estrategia de Transversalización es una de las grandes líneas de transformación del país que conlleva dilucidar juntos desde dónde partimos y adónde queremos llegar como sociedad. Este desafío deberá expresar, en primer lugar, el esfuerzo y el compromiso del Gobierno nacional y sus instituciones —secretarías, ministerios coordinadores y sectoriales, organismos de plani!cación y otros—, pero también el compromiso del Estado en su conjunto —el resto de poderes y de los gobiernos descentralizados—, para perseguir y alcanzar metas concretas y relevantes en este campo, conforme manda la Constitución de 2008.

La presente propuesta busca contribuir con estos objetivos. Esperamos que, avanzados los compromisos para su puesta en ejecución, a su formulación, contribuya a ampliar la apropiación de la temática y, sobre todo, que se convierta en una herramienta de trabajo y referencia de las instituciones del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil, para promover, proteger y cumplir los derechos de las mujeres.

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MARCO CON

CEPTUAL Y RUTA METODOLÓGICA

Capítulo I

DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

Los mandatos de la Constitución de 2008

A partir de 1996 Ecuador adoptó políticas de igualdad de oportunidades que se concretaron en dos planes y diversas medidas a!rmativas, elaboradas sobre todo desde el ex Consejo Nacional de las Mujeres, CONAMU. El marco constitucional actual, por incidencia de las mujeres organizadas y otros actores, ha desplazado este marco hacia uno de Igualdad y No Discriminación.

El enfoque de igualdad ha estado presente en el país a partir de los años noventa,5 cuando se concretó, por ejemplo, en las estipulaciones sobre paridad que informan la “ley de cuotas” y que se aplicaron en las elecciones a partir del año 2000.

Según la Constitución de 2008, “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible” (Art. 1).

5 La igualdad, como principio rector de los derechos de las mujeres, es un enfoque que en Ecuador puede ser rastreado desde la época de la Revolución Liberal en el siglo XIX. En efecto, ya la Constitución de 1897 estatuyó la igualdad para las mujeres, privilegiando los ámbitos civiles y políticos. La igualdad ha sido uno de los ejes de lucha de las ecuatorianas a lo largo del siglo XX y como tal ha tenido diversas expresiones políticas y legales, aunque muy pocas aplicaciones prácticas. La noción de igualdad, que se posicionó en la presente coyuntura, se aleja de su conceptualización liberal y neoliberal.

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La igualdad, principio de los Estados modernos, es un derecho humano consagrado en la Constitución de 2008 y en los instrumentos internacionales de derechos humanos y de las mujeres que el país ha suscrito. En nuestra Constitución, el principio de Igualdad otorga a las personas un mismo valor independientemente de sus diferencias. Garantiza el ejercicio de sus derechos sin discriminación por causas de sexo, raza, etnia, edad, condición social, discapacidad, lugar de residencia, orientación sexual, identidad de género, adscripción política y/o creencia religiosa. El principio de igualdad porta una noción de justicia al promover el mismo trato a los y las diferentes.

Si la Constitución establece al Estado ecuatoriano como un Estado constitucional, social y democrático, de derechos y justicia (Art 1.), también establece que el Estado debe garantizar el efectivo goce de esos derechos y de aquellos establecidos en los instrumentos internacionales (en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes), sin discriminación alguna (Art. 3). El Art. 11 establece la garantía constitucional de aplicabilidad directa e inmediata de los derechos humanos y consagra la no discriminación como principio orientador de la acción del Estado.

El principio de igualdad debe ser leído a la luz de la de!nición de Ecuador como “un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”.

“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, !liación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción a!rmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad” (Art. 11, num. 2).6

6 En línea semejante, el Art. 66 establece los “derechos de libertad” y los principios de igualdad y no discriminación.

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MARCO CON

CEPTUAL Y RUTA METODOLÓGICA

Otras importantes disposiciones constitucionales rigen el ejercicio de los derechos:

Exigibilidad: Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento (Art. 11, num. 1).

Aplicabilidad: Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público administrativo o judicial, de o!cio o a petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justi!car su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento (Art. 11, num. 3). Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales (num. 4). En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia (Art. 11, num. 5).

Progresividad: El desarrollo progresivo de los derechos. El contenido de los derechos se desarrollará a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos (Art. 11, num. 8).

La progresividad y no regresividad: La Constitución de 2008 recoge dos principios importantes, la progresividad y la prohibición de regresividad (Art. 11.8). La regresividad está prohibida y solo podrá ser admisible si existe estricto escrutinio de sus causas y consecuencias. De este modo, las políticas públicas y los servicios que permiten el goce de los derechos humanos, como la inversión en educación o salud, o los establecimientos para proveerlas no pueden disminuir montos o coberturas, ni privar a quienes gozan de ellos. Si esto sucede, existiría una violación a menos que el Gobierno justi!que adecuadamente las causas y estas fuesen aceptables.

Reparación y repetición: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o de!ciencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus servidoras y servidores públicos en el desempeño de sus cargos.

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El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. El Estado será responsable por error judicial, retardo injusti!cado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, por los actos que hayan producido una detención arbitraria y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, si es el caso, se repetirá en contra de las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales responsables (Art. 11, num. 9).

Soberanía: Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía (Art. 11, num. 6).

Diversidad: El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento (Art. 11, num. 7).

Titularidad de los derechos: El principio de titularidad de los derechos se de!ne en el Art. 10, que establece que “las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos” son los titulares de los mismos. Este enunciado rompe con la tradición liberal de considerar que existen derechos individuales y excepcionalmente derechos colectivos. En adelante, todos los derechos humanos pueden ser ejercidos de forma individual o colectiva, por sus titulares. La Constitución de 2008 (Art. 11.1) determina que “los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual y colectiva...”, enunciado que se completa con la acción colectiva reconocida en las disposiciones generales de las garantías constitucionales de la misma Carta Política: “cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la Constitución” (Art. 86.1).

Derechos colectivos: En la estructura de la Carta Política hay un capítulo especí!co de los Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, capítulo que expresamente reconoce su condición de ser titulares de “derechos colectivos”.7 La Constitución reconoce el derecho de los pueblos ancestrales (indígenas, afroecuatorianos y montubios), a “constituir circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura”…

En dos artículos de los “Derechos de la naturaleza”,8 la Constitución reconoce expresamente derechos a las personas, comunidades, pueblos o nacionalidades, sea para reclamar por la afectación de los derechos de la naturaleza, o para bene!ciarse de las riquezas naturales que les permitan el Buen Vivir.

7 El capítulo IV del título I se denomina “Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades”, que compren-den los derechos de los indígenas, afroecuatorianos, montubios y comunas.

8 Capítulo VII del título II de la Constitución, artículos 71 y 74.

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MARCO CON

CEPTUAL Y RUTA METODOLÓGICA

Grupos de atención prioritaria: La Constitución de Montecristi contiene un capítulo especí!co sobre los grupos de atención prioritaria. El capítulo III, título II de la Constitución se denomina “Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria”, e incluye a las personas adultas mayores, las niñas, niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, las personas privadas de libertad, las personas que adolecen de enfermedades catastró!cas o de alta complejidad, las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, de maltrato infantil, y de desastres naturales o antropogénicos, las personas migrantes (movilidad humana) y personas usuarias y consumidoras. Todas estas personas recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad (Art. 35).

La Igualdad y la No Discriminación como principios

Igualdad y no discriminación van juntas. Aunque según Elizabeth Gil García, “no existe un concepto general de igualdad, sino que esta tiene diferentes acepciones dependiendo del contexto histórico”, en general el concepto de igualdad “implica no solo que todos los hombres y mujeres son iguales ante la ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas (….); sino que, además, esta igualdad debe ser real y efectiva”.9

El principio de Igualdad apareció por primera vez en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. La noción de igualdad informó el constitucionalismo francés y europeo a partir de 1793. Sin embargo, se trata de un enfoque cali!cado de “igualdad formal”, debido a que se re!ere a las disposiciones de la ley antes que a una verdadera igualdad de los ciudadanos. Este enfoque también ha sido llamado “liberal”, debido al contexto en que fue formulado: el del liberalismo capitalista.

La mayor crítica a la noción liberal de igualdad, que apoyó “la intervención del Estado a favor de las mujeres”, es el hecho de que las trata “como personas abstractas con derechos abstractos, sin examinar estas nociones en términos de género. Adicionalmente, como es el hombre hegemónico quien determina el derecho, esta disciplina social ve y trata a las mujeres de la manera como los hombres las ven y las tratan. Así pues, el Estado liberal constituye, de manera coercitiva y autoritaria, el orden social según los intereses de los hombres como género, a través de la legitimación de sus normas, la relación con la sociedad y políticas sustantivas. En consecuencia, el género se mantiene como una división de poder”.10

9 Gil García, Elizabeth, Igualdad vs. discriminación. www.laguachimana.org/category/tema/igualdad 10 Rodríguez, César, Derecho a la igualdad, citado en: http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminación

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La proclamación de la igualdad formal no ha impedido la persistencia de numerosas desigualdades para mujeres y hombres, como aquellas que limitaron derechos de ciudadanía a los indígenas, los esclavos, las mujeres y los analfabetos, etc. Como señala el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), la búsqueda de una igualdad real ha inspirado una larga movilización de mujeres en todo el mundo. Con esta base, las Naciones Unidas fueron elaborando instrumentos de interpretación de los pactos desde una perspectiva de género —el Pacto de derechos civiles y políticos y el Pacto de derechos económicos, sociales y culturales—, establecieron obligaciones de los Estados nacionales para su protección.11 Al interior de esta corriente, sobre todo desde los años ochenta, se realizaron esfuerzos por desarrollar normativas antidiscriminatorias, en especial, aquellas que existen por razón de clase, sexo, etnia y religión.

La contrapartida de la igualdad es el derecho a la no discriminación,12 también consagrado en la nueva Constitución del Ecuador y en los principales instrumentos del derecho internacional como la Cedaw y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.

El concepto discriminación hace referencia al trato de inferioridad dado a una persona o grupo de personas por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de !liación o ideológicos, entre otros. Las modernas constituciones prohíben la discriminación, a partir de la proclamación de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Como establece Demarchi, la discriminación de género, llamada también “sexismo”, expresa la desigualdad de las mujeres en las diversas dimensiones de la vida social, debido a la supremacía de los varones y las disimetrías de poder entre los géneros, mientras la discriminación por orientación sexual re!ere a las opciones sexuales y a las diversas identidades de género. La discriminación de género es una de las más extendidas en el mundo y, por su pervivencia histórica y “naturalización”, una de las más difíciles de desmontar.13

Discriminación re!ere también a la “separación o distinción efectuada entre una cosa y otra” o al trato diferente “en contra de una persona, basado en el grupo racial, sexual, religioso, de edad, etc. y no en las cualidades individuales de la misma”. El término

11 www.awid.org/esl/Mujeres-en-Accion/Nuevos-Recursos/Interpretacion-de-los-principios-de-igualdad-y-no-discriminacion-para-los-derechos-humanos-de-las-mujeres-en-los-instrumentos-del-Sistema-Interamericano. Fuente AWID, Derechos de las Mujeres, Fuente: IIDH 30/04/2009 .

12 El concepto de discriminación implica el ejercicio de toda “distinción, exclusión, restricción, preferencia o ejer-cicio de violencia física y moral, basada en motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación e identidad sexual, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.

13 Ver Guadalupe Demarchi: [email protected] / www.monogra!as.com/usuario/per!les/demarchi y www.monogra!as.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml

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re!ere al acto de “hacer una distinción o segregación que atenta contra la igualdad de oportunidades” o a “la violación de la igualdad de derechos para los individuos por cuestión social, racial, religiosa, orientación sexual o por razón de género”.14

Para Roberto Gargarella la discriminación expresa la existencia de grupos que no están “efectivamente incorporados” en la sociedad y que se encuentran en una posición de “subordinación perpetua”, lo cual se ve re"ejado en la economía (clases menos favorecidas), en la política (estos grupos no tienen representación política) y en la vida social.15 Una de las principales fuentes de la desigualdad es la discriminación. Según César Rodríguez, en su texto Derecho a la igualdad,16 “los ingresos, la clase social y la raza, factores tales como el género, el origen étnico, la nacionalidad, la !liación religiosa o la ideología política” dan lugar a las formas de discriminación.

La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres del Gobierno de España, Ministerio de la Presidencia, aporta dos nociones conexas: discriminación directa e indirecta (Art. 6):

1. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.#

2. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justi!carse objetivamente en atención a una !nalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha !nalidad sean necesarios y adecuados”.17

La Comisión Europea contra la Discriminación aporta un concepto similar sobre

discriminación indirecta:

14 http://es.wiktionary.org/wiki/discriminación y http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminación15 Gargarella, Roberto, Derecho y grupos desaventajados, citado en: http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminación16 Rodríguez, César, Derecho a la igualdad, citado en: http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminación17 www.laguachimana.org/content/conceptos-basicos-igualdad-y-no-discriminacion Conceptos básicos. Igualdad

y no discriminación Gobierno de España, Ministerio de la Presidencia, De!nición de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para

la igualdad efectiva de mujeres y hombres. www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/06115

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“Esta se da cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros puede ocasionar una desventaja a personas por motivos de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, a no ser que dicha disposición, criterio o práctica pueda justi!carse objetivamente con una !nalidad legítima. Como ejemplo de discriminación indirecta puede mencionarse la exigencia de que todas las personas que solicitan un puesto de trabajo deban superar una prueba en una lengua concreta, aunque esta no sea necesaria para el ejercicio del trabajo. La prueba puede ser discriminatoria para las personas cuya lengua materna no sea la de la prueba.18

La Asamblea General de la ONU reconoció en 1993 que “la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre”.19

Este reconocimiento fue la antesala para mover la arcaica frontera entre los mundos público y privado, al establecer que la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado sino un tema de atención pública. A partir de 2007, el país otorgó importancia especial a la erradicación de la violencia convirtiéndola en política de Estado.

Otros tipos de discriminación20 son:

1. Racismo y xenofobia.

2. Homofobia o rechazo a las orientaciones sexuales distintas a las mayoritarias.

3. Discriminación a personas discapacitadas o enfermos.

4. Discriminación de clase o estrato social.

5. Discriminación religiosa.

18 Ver: Discriminación indirecta, De!nición de Guía Stop-discrimination de la Comisión Europea contra la discrimi-nación.

www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/0611519 La violencia de género se considera como la manifestación más brutal de la desigualdad entre mujeres y

hombres. La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de España la tipi!ca como “una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser considera-das, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”. www.laguachimana.org/content/conceptos-basicos-igualdad-y-no-discriminacion Conceptos básicos. Igualdad y no-discriminación www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/06115

20 www.monogra!as.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml

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En Ecuador muchas de estas formas de discriminación se entraman entre sí y agravan sus manifestaciones. El racismo, por ejemplo, que justi!ca relaciones de dominio o comportamientos de rechazo y agresión, y se basa en la creencia de la inferioridad innata de los y las indígenas y/o los negros y las negras, propicia aún hoy formas de segregación.

La Constitución de 2008 establece que habrá “procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una mayor protección.” (Art. 81)

Los delitos de odio ocurren cuando las víctimas pertenecen a un determinado grupo social, según edad, raza, género, identidad de género, religión, etnia, nacionalidad, a!liación política, discapacidad u orientación sexual. Se motivan por prejuicios, y según María Mercedes Gómez en el texto Los usos jerárquicos y excluyentes de la violencia, tienen como causa “la necesidad de marcar diferencias entre colectividades hegemónicas y no-hegemónicas”. Muchos de estos actos constituyen formas de “violencia discriminatoria” contra mujeres, según lo plantea Catharine A. Mackinnon en “Feminismo, Marxismo, método y Estado: hacia una teoría del derecho feminista”.21

Un tipo de discriminación central para las políticas públicas en Ecuador es aquella que afecta a las personas con capacidades especiales y que adolecen enfermedades. Como en muchos otros países, las personas con capacidades especiales y/o afectadas por enfermedades frecuentemente han sido maltratadas, ignoradas y/o denigradas. En los últimos años hemos asistido a un cambio legal y social en la actitud de la población, gracias a la lucha de las personas con capacidades especiales por sus derechos y por su integración en la vida productiva y pública.

Por su parte la Comisión de Transición, respecto de “la discriminación sustantiva entre mujeres y hombres”, enfatiza en que dicha discriminación “se acentúa por condiciones especí!cas que son vividas también por los hombres:

La edad.

La pertenencia a pueblos y nacionalidades.

La opción de migrar.

21 Seguimos: http: wikipedia.org/wiki/Delito_de_odio Mackinnon, Katherine, ver: “Feminismo, Marxismo, método y Estado: hacia una teoría del derecho feminista”

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Las discapacidades”.22

En este punto, la Comisión de Transición “considera indispensable visibilizar el hecho de que el Estado ecuatoriano requiere dar respuestas institucionales y normativas completas para el avance real de las mujeres y la igualdad de género”.23

Igualdad y Diversidad

Hay que tener mucho cuidado en no confundir a las políticas de igualdad de derechos de la nueva Constitución con aquellas inscritas en el marco de igualdad del liberalismo y del neoliberalismo.

El liberalismo capitalista niega y/o subordina las diversas identidades al establecer un patrón de igualdad abstracto, basado en la preeminencia de la imagen del varón blanco, heterosexual y los valores de la cultura europea. Junto a ello, el marco neoliberal de igualdad se enfocó en promover los derechos civiles y políticos “de las mujeres”, invisibilizando los factores económicos, sociales y culturales por los que la mayoría de mujeres no han podido acceder a la representación, al liderazgo político, mientras los derechos económicos, sociales y culturales no solo eran invisibilizados sino que, como tendencia general del funcionamiento de la economía y de los sistemas políticos, normalmente eran violados.

Diversos estudios y análisis han demostrado cómo la promoción liberal y neoliberal de los derechos civiles y políticos “de las mujeres” no afecta las desigualdades de clase, etnia y territorio y que, en ausencia de mecanismos de corrección o de fenómenos sociopolíticos especiales, el levantamiento de barreras para el ejercicio de ciudadanía y acceso al poder y a los derechos usualmente deja afuera a las mujeres indígenas, afrodescendientes y mujeres de sectores populares.

Una real o sustantiva igualdad de género que reconozca las diversidades es un principio central en la construcción de un modelo social igualitario y de justicia que persiga democracia, sostenibilidad y calidad de vida, metas implicadas en el Régimen del Buen Vivir consagrado en la Constitución vigente.

Las políticas de igualdad deben bene!ciar —a y enfocarse— en las mujeres, al ser ellas la inmensa mayoría de afectadas por las brechas y discriminaciones de las relaciones inequitativas por causa de sexo.

22 Comisión de Transición, op. cit., 2009.23 Ibídem, pág. 16.

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Enfocarse en ellas, pero también reconocerlas como sujetas que constituyen el 51% de la población ecuatoriana (la mayoría absoluta) y no solamente como parte de grupos en situación de vulnerabilidad, tal como manda la Constitución que diferencia adecuadamente estas dos conceptualizaciones.

Las Mujeres y los derechos del Buen Vivir

Según la Constitución de 2008 y el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2014, el modelo del Buen Vivir incluye las metas de igualdad, no discriminación y justicia.

“Se apuesta por un modelo igualitario que propicie y garantice la participación de los sujetos, más allá de su condición de clase, del lugar ocupado en la estructura formal de trabajo o de su género, orientación sexual, etnia o credo. Son políticas de y para la ciudadanía en general” (PNBV, pág. 34).

Lo central en el concepto del Buen Vivir, buena vida o Sumak Kawsay es la relación directa entre derechos y modelo de desarrollo. Se trata de ejercer estos derechos al punto de vivir dignamente, sin que esto implique un régimen de acumulación o competencia. El buen vivir, en general, comprende los derechos e instituciones que tienden a dotar a las personas de las condiciones para gozar efectivamente de los derechos humanos, los derechos a vivir en armonía con sus semejantes y con la naturaleza, para que esta sea el hábitat de las presentes y futuras generaciones.

Los derechos económicos, sociales y culturales, así como los derechos colectivos, constituyen lo medular de la comprensión amplia e integral del Buen Vivir en la Constitución de 2008. Incluyen lo que podría denominarse “las condiciones ambientales de reproducción social”, en tanto tienen relación signi!cativa con la vida social, con las disposiciones relativas a la biodiversidad y recursos naturales, que también forman parte de los derechos del Buen Vivir.

El buen vivir y la economía social y solidaria están íntimamente relacionados. Para José Luis Coraggio,24 a quien seguimos en este acápite, la economía social y solidaria signi!ca en primer lugar que, a partir de la realidad actual, la sociedad organizada y el Estado deban

24 Extractos del artículo “La economía popular solidaria en el Ecuador” de J. L. Coraggio, Revista Tendencia 10, Quito, ILDIS - FES, 2009.

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reinstitucionalizar los procesos económicos de producción, distribución, circulación y consumo, a !n de impedir que el mecanismo global de mercado se autonomice de las sociedades y se naturalice como “la economía”, generando consecuencias sociales no atribuibles a ningún actor responsable en particular, sino a “al mercado”, típico lema neoliberal.

En segundo lugar, signi!ca que el utilitarismo individualista y el !n del lucro privado, constitutivos con el mercado libre, deben subordinarse a los principios de solidaridad (seguridad y autocontrol de condiciones básicas de la propia vida, reciprocidad simétrica, redistribución progresiva, plani!cación democrática) y la corresponsabilidad de todos en la satisfacción de las necesidades y la calidad del modo de convivencia colectiva, bajo una racionalidad reproductiva que incluye a la naturaleza.

El buen vivir es un concepto colectivo, un modo de vida en convivencia… La Constitución establece que las políticas públicas y la orientación del Buen Vivir deberán ser de!nidas de modo participativo. En la dimensión económica su visión no se reduce a las preferencias de los consumidores limitados por la escasez de recursos. El Buen Vivir o Sumak Kawsay implica orientar el sistema económico de manera que permita lograr cuatro equilibrios:

El equilibrio del ser humano consigo mismo;

El equilibrio entre los seres humanos;

El equilibrio de los seres humanos con la naturaleza; y,

El equilibrio entre las comunidades de seres humanos.

El logro de estos equilibrios requiere una adecuada institucionalización de lo económico, combinando cinco principios:

Subsistencia;

Reciprocidad;

Redistribución;

Intercambio;

Plani!cación.25

En el régimen de Buen Vivir, las nociones societales e interrelacionales se posicionan

25 Extractos del artículo “La economía popular solidaria en el Ecuador” de J. L. Coraggio, Revista Tendencia 10, Quito, ILDIS - FES, 2009.

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de manera fuerte frente al individualismo absoluto de la visión de la teoría económica tradicional. Así, para Coraggio, el régimen de Buen Vivir tiene dos objetivos centrales:

Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución.

Construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución igualitaria de los bene!cios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable.

“El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y !n; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir” (Constitución, Art. 283).

Al de!nir el sistema económico por su relación con la sociedad, por su valor central y por su sentido, antes que por una determinada institucionalidad, pre!jada ideológicamente (como es el caso del neoliberalismo con respecto al mercado total), la Constitución de 2008 adopta una de!nición sustantiva y plural de economía, que no se de!ne por los procedimientos de cálculo e instituciones de asignación óptima de recursos, sino por el propósito de garantizar de manera solidaria el sustento de todos los habitantes del país, combinando diversas formas de organización económica.26

En la de!nición de nuestro sistema económico, la Constitución de 2008 incluyó el reconocimiento de la economía social y solidaria, del trabajo doméstico, del trabajo de las familias y de las formas autónomas de trabajo, cuatro ámbitos de gran centralidad para las mujeres, como puede verse a continuación:

1. Empresas privadas motivadas por el afán de lucro, estructuradas alrededor de la relación patrón/empleados;

2. Empresas públicas y entes del Estado, productores de bienes y servicios, y en particular de bienes públicos con !nes de asegurar la cohesión social y la redistribución, de modo de avanzar en la realización de los derechos como camino al Buen Vivir;

26 Coraggio, J. L., “La economía popular solidaria en el Ecuador”, Revista Tendencia 10, Quito, ILDIS - FES, 2009.

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3. Cooperativas, asociaciones con !nes económicos no de lucro y comunidades, todas ellas formas de organización a!rmadas en lazos comunitarios heredados o construidos, y a la asociación libre de trabajadores, también denominadas en conjunto “economía popular y solidaria”.27

4. Formas domésticas, reconociendo las modalidades de trabajo productor de bienes y servicios para el propio consumo, en particular la economía del cuidado en las unidades domésticas o sus extensiones vía asociación o lazos de comunidad.

5. Formas familiares, abarcando una multiplicidad de formas de acción económica organizada como emprendimientos con trabajo familiar.

6. Autónomas, comprendiendo una diversidad de trabajos autónomos de individuos no asociados.

Esta propuesta coloca en un nivel central las pequeñas economías, donde están situadas numerosas mujeres, familias y comunidades. “Una de las mayores limitaciones de las políticas económicas neoliberales, basadas en el pensamiento neoclásico, es precisamente la visión escindida entre los niveles de funcionamiento de la macroeconomía y de la microeconomía”, según Diane Elson, citada por Rocío Rosero y Alba Pérez28 señalan que “en la economía tradicional, el nivel micro de la economía es considerado como parte de la esfera privada de los individuos económicos por lo que sus derechos quedan subsumidos a la lógica del equilibrio entre la oferta y la demanda”.

Esta, dicen las autoras, siguiendo a Diane Elson, “es la lógica que invisibiliza los aportes económicos de las mujeres tanto en el mundo del trabajo remunerado como del trabajo no remunerado que se realiza en los hogares para el mantenimiento y la reproducción de la fuerza laboral y de la vida. En ese marco, los derechos de las mujeres son considerados como distorsiones de los mercados y se rigen vía disposiciones legales secundarias. Por ejemplo, la falta de acceso de las mujeres a los recursos !nancieros y no !nancieros, a los activos, que se encuentran regulados por normas legales, incluso secundarias, reproducen y mantienen las discriminaciones y exclusiones de las mujeres y, en esa medida, obstaculizan su autonomía y empoderamiento económico (Cf. Elson. 1994: 298). 29

27 Si bien la Constitución establece en diversos lugares el principio de solidaridad, al determinar taxativamente las formas de la economía popular y solidaria, toma como criterio la asociación de miembros de unidades domésticas distintas (cooperativas, asociaciones y comunidades) y no sus relaciones u objetivos respecto a su entorno o la sociedad en su conjunto.

28 Rosero y Pérez, Ecuador: El impacto de la crisis económica desde la perspectiva de género, Quito, noviembre de 2009, pdf, pág. 4.

29 Rosero y Pérez, op. cit, pág. 4.

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Según Coraggio, la economía solidaria no se limita a las formas asociativas populares, sino que incluye las formas públicas (aplicación del principio de redistribución y reciprocidad normativa, como en el seguro social o los bienes públicos gratuitos), y las formas de solidaridad asimétrica propias de la !lantropía empresarial o de otras organizaciones de la sociedad civil.

En formulaciones que presentan sintonía con este marco, Rosero y Pérez visibilizan los principales desafíos de las/os decisoras/es tanto como de los/as analistas en términos de economía y género:30

En primer lugar, la economía feminista exige reconocer que el funcionamiento de la economía incluye los tres niveles (micro, meso y macro), portadores cada uno de ellos de sesgos de género implícitos. Usualmente, los niveles meso y macro de una reforma económica mantienen una orientación masculina que perpetúa las relaciones discriminatorias para las mujeres. Por ello, la economía feminista plantea la importancia de analizar las instituciones sociales, las relaciones monetarias, el funcionamiento de los mercados, las empresas y las dependencias de Gobierno como no neutrales sino más bien como portadoras de género, puesto que están permeadas en toda su estructura institucional de múltiples sesgos discriminatorios.

En segundo lugar, la economía feminista sostiene la existencia de una interdependencia entre las esferas de las economías productiva y reproductiva, las economías monetarizada y no monetarizada, puesto que existe un equilibrio entre la satisfacción de las necesidades básicas para mantener a los seres humanos, sus familias y comunidades y la producción monetarizada. Según Çagatay, una de las lecciones de la crisis actual es que la macroeconomía incluye tres ámbitos: el de las !nanzas, el de la producción y el de la reproducción, y que el ámbito de las !nanzas ha tenido preponderancia sobre el ámbito de la producción, el empleo y la reproducción de la vida humana, siguiendo la lógica del Consenso de Washington (Çagatay. 2009: 4, citada por Rosero y Pérez: 2009).

En tercer lugar, la economía feminista desarrolla un importante análisis del trabajo reproductivo hacia una conceptualización más integral de la economía del cuidado. En efecto, la reproducción de la fuerza de trabajo como concepto se ha ido ampliando durante los últimos años hasta llegar en la actualidad a la reproducción humana como proceso social y económico. Se trata de “recuperar los procesos de reproducción y vida, haciendo visibles los con"ictos ocultos en relación a tiempos y trabajos y las desigualdades que derivan entre mujeres y hombres” (Carrasco, 2003, citada por Rosero y Pérez: 2009), reconociendo el cuidado y las tareas domésticas como trabajo que genera valor y, por tanto, como parte del "ujo económico de las sociedades. La economía del cuidado implica la producción de bienes, servicios,

30 En esta parte, sintetizamos las propuestas de Rosero y Pérez, op. cit.

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actividades, relaciones y valores relativos a las necesidades más básicas y relevantes para la existencia y la reproducción de las personas (Cf. CEPAL, 2009, IV: 2, citada por Rosero y Pérez, 2009).

En un sentido amplio, a!rman Rosero y Pérez, la economía del cuidado incluye —además del trabajo de cuidado no remunerado en los hogares o voluntario en la comunidad—, la provisión pública y privada de cuidados fuera del hogar, que comprende tanto la provisión remunerada como la proveniente de programas sociales del sector público, en sus distintos niveles jurisdiccionales, así como las acciones provenientes del tercer sector. Cada una de estas áreas se interrelaciona con las otras y en cada una de ellas las mujeres realizan un aporte cuantitativo y cualitativo crucial para el desarrollo y la economía de los países (CEPAL, 2007: 62).

En cuarto lugar, la economía feminista propone lo que Çagatay denomina “Consenso Humanista, que pone las necesidades humanas y la reproducción humana como lo más importante, mientras la producción y el crecimiento están al servicio de los derechos humanos y las !nanzas al servicio de la producción, la reproducción humana y el crecimiento. Según esta reclasi!cación, todas las políticas, incluyendo las políticas macroeconómicas, serán vistas desde el lente de las políticas necesarias para el desarrollo humano y los objetivos de igualdad”; este nuevo consenso implica un nuevo régimen macroeconómico que tiene como base el crecimiento basado en el salario y, por tanto, en la redistribución de la renta y la riqueza, la misma que debe ser sensible al género y progresiva (Çagatay, 2009), de ahí que es importante pensar en la redistribución de la renta y la riqueza hacia las mujeres como un elemento esencial del nuevo régimen macroeconómico.

En quinto lugar, las autoras señalan que la economía feminista aporta no solo con la reconceptualización y análisis de los sesgos de género, sino con la creación de instrumentos que permiten operativizar los cambios necesarios en la micro, meso y macroeconomía: presupuestos sensibles al género (clasi!cadores de gasto especí!cos en cada sector, presupuestos etiquetados, indicadores de gestión presupuestaria), medición de las diferencias en el uso del tiempo de mujeres y hombres al interior de los hogares; técnica estadística para la medición del aumento de la renta mediante el trabajo no remunerado, entre otros.31

Finalmente, para alcanzar objetivos de igualdad sustantivos, Rosero y Pérez plantean la necesidad de avanzar en una “articulación fuerte de las políticas macroeconómicas, las políticas de redistribución, las políticas sociales y las laborales con un enfoque de igualdad de género (mecanismos o dispositivos especí!cos y/o medidas de acción positiva), para hacer posible el acceso de las mujeres al empleo y a los recursos económicos y sociales en igualdad de condiciones que los hombres, la solidaridad intergeneracional y social,

31 Rosero y Pérez, op. cit., pág. 5-7.

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que incluyan el derecho al cuidado como un eje fundamental en la construcción del buen vivir en las diversas dimensiones de la producción, el trabajo y la productividad, la reproducción y en el nivel macroeconómico”.

El conjunto de políticas —señalan— deberán estar orientadas a superar “la noción utilitarista de las mujeres” por parte del Estado y “la aplicación de las políticas en bene!cio de otros miembros de la familia o de la familia en su totalidad; esta constituye una transición necesaria de las políticas sociales de corte neoliberal a las políticas sociales posneoliberales”.

Otras dos medidas importantes a considerar en las políticas del cuidado es la conciliación de la vida laboral y familiar como parte de las políticas de igualdad de género32 y en estrategias de largo plazo para la reforma del sistema de protección social, incluida la seguridad social. Por ello, resulta urgente y prioritaria la “construcción de un Estado activo en la rede!nición de los contratos familiares, de género y generacionales a !n de procurar favorecer el reconocimiento de los múltiples arreglos familiares y la equilibrada distribución de las cargas de cuidado entre géneros y generaciones” (CEPAL, 2009, citada por Rosero y Pérez, 22 - 23).

Políticas de Igualdad para las Diversas y Diversos

La Constitución determina que el Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de su vida, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la misma, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad (Art. 341). El Estado asignará de manera prioritaria y equitativa, los recursos su!cientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del sistema… (Art. 342).

En el marco del régimen del Buen Vivir y de los principios de diversidad, interculturalidad y plurinacionalidad, las políticas de igualdad de la Constitución de 2008 constituyen una nueva generación normativa, pues promueven la adopción de políticas de garantía de la igualdad de derechos para los y las diversas, con fuerte y decisivo reconocimiento

32 “Al respecto, señalan Rosero y Pérez, circulan muchos prejuicios culturales e incluso mitos en torno a los costos de las políticas conciliatorias, cuando en realidad es todo lo contrario; tal como se ha visto en los países desa-rrollados, la adopción de políticas conciliatorias aporta a la productividad de las empresas, al sostenimiento y ampliación de las capacidades productivas y a generar trabajo decente, de manera particular para las mujeres”. Rosero y Pérez, op. cit., 2009, pág. 23.

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a la diversidad de culturas o modos de vida, etnias, identidades y opciones sexuales y territorios.

Junto a ello y para prevenir atentados a la igualdad derivados de normas colectivas, la nueva Constitución establece el primado de las mujeres como titulares individuales de sus derechos, los cuales no pueden ser violados por los derechos colectivos.

Por ello, teniendo estos dos caracteres, las políticas de igualdad para las y los diversos deben tener cuidado frente a los siguientes riesgos:

a. Una recolocación de la invisibilización del género, común a una concepción que homogeniza los raseros y patrones de igualdad.

b. La conversión de los temas especí!cos de las mujeres, del género y de las culturas como temas de “minoría” o “sector”.

c. El dualismo de género o la invisibilización de las comunidades de diferente identidad sexual.

d. La invisibilización de las mujeres de clase media en bene!cio de las mujeres que se de!nen por su pertenencia étnica o de clase popular.

Sobre territorios, autonomías y descentralización

Junto a lo establecido, el Estado debe garantizar los derechos, plani!car el desarrollo equitativo y solidario, erradicar la pobreza, promover el crecimiento económico sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al Buen Vivir (Constitución de 2008, Art. 3, num. 5), en todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización.

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Capítulo II

NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA LOS DERECHOS

La nueva institucionalidad de garantía de derechos

El nuevo marco constitucional garantiza el respeto y vigilancia de los derechos humanos de las mujeres, así como la promoción de su ciudadanía plena. 33

Los Art. 156 y 157 establecen los órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos.

El Art. 70 establece la obligatoriedad de formular y ejecutar políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres.

El título VI (capítulo I y capítulo II - Régimen de desarrollo) y título VII (capítulo I y capítulo II - Régimen del buen vivir) disponen la implementación de las políticas que garanticen, efectivamente, una mejor vida para las mujeres.

El conjunto está enunciado tanto en la parte dogmática como en la parte orgánica de la Constitución, para garantizar la posibilidad de su ejercicio y goce efectivo, para lo cual se establecen sistemas, políticas y servicios públicos, así como la plani!cación para el desarrollo.

La Constitución destaca el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social34 como un conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas públicas, normas, programas y servicios para asegurar el ejercicio, la garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución, y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.

33 Derechos de Protección y Garantías Jurisdiccionales: La Constitución establece garantías especí!cas a los dere-chos civiles en el capítulo referido a los Derechos a la Protección. Otras garantías a los derechos civiles integran el título de “Garantías Jurisdiccionales” donde se hallan importantes derechos tales como la Acción de Protec-ción, el Hábeas Corpus, Hábeas Data, la Acción de Acceso a la Información Pública, la Acción por Incumpli-miento (de las normas del sistema jurídico) y la Acción Extraordinaria de Protección. Capítulo VIII del Título II. En cuanto a los listados, se borrarían los numerales 30, 31 y el 22

34 Constitución, Art. 340. Ver también SENPLADES.

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El sistema se integra con todas las funciones del Estado:

Función Ejecutiva: Los Consejos de Igualdad de Derechos, los ministerios responsables de la ejecución de las políticas públicas, el funcionamiento del Sistema de Protección Integral y la reglamentación de leyes correspondiente.

Función Legislativa: Dicta los marcos legales de garantía e implementación de la Constitución.

Función Judicial: Asegura acceso a la justicia, en particular a las víctimas de violencia de género y otras formas de discriminación.

Función Electoral: Asegura el principio de paridad.

Función de Control Social: Garantiza la incidencia social en la conformación de la autoridad estatal y realiza actividades de control social.

El sistema puede ser representado del siguiente modo:

O, si se pre!ere una perspectiva sistémica, del siguiente modo:

Función Ejecutiva

Función Legislativa

Función Judicial

Función Electoral

Función de Participación

y Control

SISTEMA NACIONAL DE INCLUSIÓN Y

EQUIDAD SOCIAL

Función Ejecutiva

Función Judicial

Función de Control

Social

Función Legislativa

Función Electoral

Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social

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El Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social debe articularse al Sistema Nacional Descentralizado de Plani!cación Participativa, al Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) y guiarse por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación. Integran el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, hábitat y vivienda, entre otros (Art. 340).

Institucionalidad para los derechos de las mujeres35

Un elemento central a tener en cuenta para la de!nición de las nuevas políticas públicas de igualdad de género tiene que ver con la con!guración de una nueva institucionalidad especí!ca al interior del Estado. En efecto, los Art. 156 y 157 de la nueva Constitución, así como el Art. 6 del Régimen de Transición, establecen la existencia de los Consejos de Igualdad, entre ellos el Consejo de Igualdad de las Mujeres y la Equidad de Género.

“Los consejos nacionales de niñez y adolescencia, discapacidades, mujeres, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios se constituirán en consejos nacionales para la igualdad, para lo que adecuarán su estructura y funciones a la Constitución”.36

Las normas constitucionales disponen que los consejos de igualdad deben:

Construir políticas universales.

Transversalizar los enfoques de género, étnico, generacional, laboral y de capacidades especiales en todos los sectores.

Monitorear técnicamente las políticas públicas en todas las instancias estatales.

De!nir un adecuado anclaje institucional.

Contar con una representación amplia y plural de la sociedad civil.

35 En este acápite seguimos el documento borrador de la Comisión de Transición: Reforma democrática del Estado - Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género - Consejo Nacional de Igualdad y mecanismo de debida implementación, Quito, diciembre de 2009.

36 Ibídem, Adjunto 1, Quito, diciembre de 2009, pág. 17-18.

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La Comisión de Transición (documento citado) señala que “la Constitución de la República reconoce la necesidad de avanzar y garantizar la debida implementación de las políticas públicas mediante una institucionalidad especializada:

Art. 70. … el Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley e incorporará el enfoque de género en planes y programas y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público.

“Es decir:

“El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres…

Garantiza la debida implementación de las políticas reconociendo que la mayor brecha está dada por la ausencia de políticas públicas que aseguren el buen vivir de las mujeres en igualdad de condiciones y oportunidades.

… a través del mecanismo especializado…

Alude a la formulación de la normativa internacional de derechos humanos sobre la necesidad de asegurar un mecanismo especializado para garantizar la adopción de políticas públicas y medidas que sumen en la igualdad sustantiva. En este sentido el mecanismo especializado puede estar compuesto por varias instituciones en un Estado que desde las distintas funciones articulan respuestas adecuadas, por objeto y resultado, para eliminar la discriminación hacia las mujeres.

Se propone la creación de una institucionalidad especializada que logre el liderazgo de la transversalización.

… de acuerdo con la ley…Garantiza el desarrollo del mecanismo por ley otorgando estatuto orgánico al mismo y un objetivo nacional.

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… e incorporará el enfoque de género en planes y programas…

Obliga al Estado en su parte ejecutora a incorporar el enfoque de género a través de la acción sistemática y de interés nacional para la transversalización del enfoque de igualdad de género y la reducción/eliminación de las brechas de implementación de políticas, planes y programas que favorezcan la igualdad sustantiva.

… y brindará asistencia técnica…

Incluye la función de asistir técnicamente al Estado para que cumpla con las obligaciones adquiridas.

… para su obligatoria aplicación en el sector público…

Y esta obligatoriedad es primordialmente asumida por el sector público. Es decir, funcionarios, funcionarias, decidores(as) y operadores(as) de las políticas están obligados a realizar lo que corresponda para tomar medidas e implementar políticas que cierren las brechas de discriminación de género”.

Fuente: Comisión de Transición, op. cit., 2009.

En 2009 el Gobierno Nacional inició el proceso de transición hacia la nueva institucionalidad, concebida como el Consejo de Igualdad de las Mujeres y Equidad de Género.37 Al respecto, el mandato constitucional contenido en el Art. 156 establece:

“Los consejos nacionales para la igualdad son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los consejos ejercerán atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, discapacidades y movilidad humana, de acuerdo con la ley. Para el cumplimiento de sus !nes se coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras y con los organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de gobierno”.

37 Decreto Ejecutivo, Registro O!cial 1733.

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La nueva institucionalidad debe expresar “alternativas de profundización del modelo desde la lógica y las agendas de las mujeres ecuatorianas, realizando un esfuerzo especí!co por la inclusión en el debate de las organizaciones y/o agenda de los movimientos LGBTI”.38 Por ello es también importante dejar establecida la corresponsabilidad de todos los Consejos en los temas de igualdad.

En el amplio proceso de diálogo sostenido en 2009 por la Comisión de Transición, las organizaciones de mujeres propusieron al pleno de la Comisión tres medidas que concuerdan con las disposiciones constitucionales:

“Proponer un diseño institucional que eleve el nivel político del Consejo, evitando una homologación funcional hacia la plani!cación que limite su naturaleza constitucional.

Garantizar una integración de Estado, es decir, con miembros permanentes y de jerarquía por las cinco funciones contenidas en la Constitución: Ejecutiva, Legislativa, Electoral, Judicial y de Control y Transparencia.

Garantizar una integración de la sociedad civil del más alto nivel político-técnico y de reconocimiento en la lucha y defensa de los derechos humanos de las mujeres diversas del país”.39

Además, se trata de un proceso que “interactúa sistemáticamente con los avances en materia de reforma democrática del Estado liderados por SENPLADES”.40

Sobre estas bases, la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género ha construido una visión estratégica que busca garantizar los roles, funciones y estatus del Consejo de Igualdad de las Mujeres, el cual debería permitir:

“Que se fortalezca en su naturaleza constitucional como garante de derechos.

Que se consolide en una estructura institucional que viabilice de modo e!ciente y radical las atribuciones constitucionales.

Que se ancle en el más alto nivel del Estado para la toma de decisiones de política pública de modo que la agenda de derechos humanos y políticas públicas se concrete en las distintas funciones del Estado.

Que re"eje un pacto real y activo con las mujeres ecuatorianas y la agenda LGBTI, tanto en la estructura política paritaria como en el diálogo permanente entre Estado y sociedad civil.

38 LGBTI: lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales.39 Ibídem.40 Ver Comisión de Transición, documento citado.

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Que impulse un real proceso de reducción/eliminación de las brechas de discriminación hacia las mujeres garantizando la debida implementación de las políticas públicas en los regímenes de Buen Vivir y de Desarrollo”.41

Estos elementos con!guran un marco de de!nición de políticas que conlleva la ampliación de las intervenciones al conjunto del Estado y los territorios, y un rol central a las mujeres y otras comunidades sociales —implicadas en relación con temas de género— como sujetas y sujetos de acciones en el ciclo de la exigibilidad.

41 Ibídem.

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Capítulo III

POLÍTICAS PARA EL PLAN DE IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y BUEN VIVIR DE LAS MUJERES ECUATORIANAS

Carácter del Plan de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir para las Mujeres

El Plan de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir para las Mujeres es una herramienta pensada para la transición en la construcción de una sociedad posneoliberal en relación con los derechos de las mujeres. Con ella, ingresa la transversalización o el mainstreaming de las políticas nacionales.

Se aplicará entre 2010 y 2014, buscando asentar primero capacidades imprescindibles en el Estado para este objetivo. El carácter de transición responde a la necesidad de gestar las condiciones para que el Estado y la sociedad —actuando juntos— puedan habilitarse para movilizarse en favor de la igualdad y alcanzar el máximo de logros que les sea posible.

El Plan Nacional del Buen Vivir expresa una visión de desarrollo que privilegia la consecución del buen vivir, presupone la ampliación de las libertades, oportunidades y potencialidades de los seres humanos, e implica recuperar las capacidades de gestión, plani!cación, regulación y redistribución del Estado, profundizando los procesos de desconcentración, descentralización y participación ciudadana.

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El Plan de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir deberá estructurarse de modo que pueda potenciar al Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV),42 denominado Plan Nacional de Desarrollo en la Constitución (Art. 340).

Para dar cumplimiento al mandato constitucional, el Plan de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir para las Mujeres debe, además, buscar dar cumplimiento a los mandatos de la CEDAW, los compromisos del Programa de Acción de El Cairo, la Plataforma de Acción de Beijing, los Objetivos del Milenio y los Consensos de México, Quito y Brasilia (CEPAL).

La políticas del Plan, según directrices de la Comisión de Transición,43 deben combinar un enfoque de triple entrada:

1. Redistribución (Recursos económicos, técnicos, tecnológicos, !nancieros, productivos, ambientales, reproductivos…).

2. Reconocimiento (… de las brechas de discriminación que afectan a las mujeres y las diversidades sexuales para eliminarlas, especialmente de la violencia de género y la dominación/uso/explotación de los cuerpos femeninos).

3. Representación (Política, social, cultural en el Estado y en la sociedad civil; en el territorio).

42 El PNBV cuenta con 12 grandes objetivos nacionales de desarrollo humano. Las líneas estratégicas incluyen en-foques de derechos y de género, y cuentan con metas e índices de superación de brechas de género trabajadas conjuntamente entre la Comisión de Transición y la SENPLADES.

43 Documento citado, 2009.

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Matriz de triple entrada y de transversalidad para las políticas

Procesos/Ejes temáticos Observancia Formulación Seguimiento

y evaluación

Redistribución(Recursos económicos, técnicos, tecnológicos, !nancieros, productivos, ambientales, reproductivos…).

Resoluciones para las funciones del Estado, ministerios sectoriales, sistemas de protección especial, organismos especializadosRecomendaciones para los mecanismos de seguimiento de normativa internacionalInformes paísInformes del observatorioEntre otros…

Plan de IgualdadAnteproyectos de LeyRecomendaciones legislativasAcciones a!rmativasPolíticas públicas $ Especializadas $ Sectoriales $ Locales Entre otros…

Genera los instrumentos metodológicos y técnicos que requiera el Consejo para cumplir sus atribuciones (línea de base, indicadores de estado de situación, cambio, cumplimiento, metas de gestión, entre otros).Estudios de casoSistema de indicadores temáticos y de inversiónEntre otros…

Reconocimiento(de las brechas de discriminación que afectan a las mujeres y las diversidades sexuales para eliminarlas, especialmente de la violencia de género y la dominación/uso/explotación de los cuerpos femeninos).

Representación(Política, social, cultural en el Estado y en la sociedad civil; en el territorio).

TRANSVERSALIDAD

Resuelve respecto de la obligatoria incorporación de instrumentos de normatización.

Genera sistemáticamente conocimiento especializado.

Formula recomendaciones para la debida implementación de políticas públicas especializadas en los sectores donde el Estado lo requiere (carácter vinculante).

Tiene la prioridad en la formulación de acciones emergentes para la protección de derechos (carácter vinculante).

Establece metas de transversalización y promueve acciones estratégicas (formativas, comunicativas, preventivas) para la promoción de los derechos humanos de las mujeres y de la diversidad sexual.

Fuente: Comisión de Transición: Reforma democrática del Estado - Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género - Consejo Nacional de Igualdad y mecanismo de debida implementación - Adjunto 1, Quito, diciembre de 2009.

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Otra recomendación44 consiste en pensar las políticas en “grandes agregados” como propone la División de Género de la CEPAL en su Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y El Caribe, 45 que cuenta con tres categorías:

Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y El Caribe, http://www.eclac.cl/cgi-bin/getprod.asp?xml=/oig/noticias/paginas/0/34070/P34070.xml&xsl=/oig/tpl/p18f.xsl&base=/oig/tpl/top-bottom-economica.xsl Reelaboración: María Arboleda.

Por su lado, Rosero y Pérez en su artículo Ecuador: El impacto de la crisis económica desde

44 Puente, Soledad, comunicación personal, abril de 2010.45 www.eclac.cl/cgi-bin/getprod.asp?xml=/oig/noticias/paginas/0/34070/P34070.xml&xsl=/oig/tpl/p18f.xsl&base=/

oig/tpl/top-bottom-economica.xsl

ESFERA PRIVADA ESFERA PÚBLICA

AUTONOMÍA FÍSICA Violencia

Derechos reproductivos

AUTONOMÍA EN LA TOMA DE DECISIONES Puestos de decisión política

AUTONOMÍA ECONÓMICATrabajo no remunerado Trabajo remunerado

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la perspectiva de género,46 señalan que Amartya Sen (2002 y 1991) menciona siete desigualdades especí!cas de género sobre las que hay que actuar:

1. Desigualdad en la mortalidad, referida a que en ciertas partes del mundo (el norte de África, Asia, incluida China, y el sudeste asiático) hay un índice desproporcionadamente alto de mortalidad femenina.

2. Desigualdad en la natalidad cuando los padres pre!eren hijos varones y se efectúan abortos selectivos de fetos de sexo femenino.

3. Desigualdad de oportunidades básicas, prohibición o inequidad de acceso a la educación y salud básicas, al desarrollo de talentos personales o a funciones sociales en la comunidad, entre otras.

4. Desigualdad de oportunidades especiales, di!cultades o prohibiciones de acceso a la educación superior.

5. Desigualdad profesional en el acceso al mercado de trabajo y a puestos de nivel superior.

6. Desigualdad en el acceso a la propiedad de bienes y tierras.

7. Desigualdad en el hogar, re"ejada en la división del trabajo por género, donde las mujeres tienen a su cargo el trabajo doméstico no remunerado de manera exclusiva (Cf. Arriagada, Irma, 2009, citada por Rosero y Pérez, 2009, Nota, pág. 22).

Finalmente, incluimos una reelaboración de la propuesta de Fernando Medellín y Teresita Quiroz, a la luz del nuevo escenario que existe en el país.

46 Rosero y Pérez, op. cit., Quito, noviembre de 2009, pdf.

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ENFOQUES TIPOS DE POLÍTICAS DE IGUALDAD Y BUEN VIVIR

PARTICIPACIÓN Y CONTROL

Bienestar y acceso

Políticas de bienestar: Intentan cambiar las condiciones inequitativas de vida de las mujeres y/o los hombres en aspectos como empleo, salud, educación, vivienda, saneamiento básico, espacios públicos, etc.

Políticas de acceso: Intentan combatir las inequidades en el acceso de las mujeres a servicios y facilidades públicas como educación, salud, mercados, saneamiento básico, agua, etc.

Políticas de participación: Intentan incidir en la vinculación de mujeres y hombres en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo, reduciendo la distancia en los porcentajes de participación que afecten a las mujeres y acercando la paridad.

Políticas de control: Intentan desarrollar las capacidades de negociación y concertación de las mujeres y/o los hombres afectados por inequidades de género, para orientar las acciones de desarrollo hacia la satisfacción de sus intereses y necesidades (apropiarse de los bene!cios del desarrollo).

Economía, economía solidaria y economía de los cuidados

Políticas de transformación económica: Articulación de las políticas macroeconómicas, las políticas redistributivas, las políticas sociales y las laborales con un enfoque de igualdad de género (mecanismos o dispositivos especí!cos y/o medidas de acción positiva), para hacer posible el acceso de las mujeres al empleo y a los recursos económicos y sociales en igualdad de condiciones que los hombres, la solidaridad intergeneracional y social, que incluyan el derecho al cuidado como un eje fundamental en la construcción del buen vivir en las diversas dimensiones de la producción, el trabajo y la productividad, la reproducción y en el nivel macroeconómico.

Cultura, interculturalidad y derechos de la naturaleza

Políticas que transforman la cultura, instalan prácticas de interculturalidad e intentan incidir en la construcción social de roles y en la valoración social de mujeres y hombres. Implica la transformación de los sistemas simbólicos de las sociedades para el desarrollo de nuevas identidades de género y el replanteamiento de las metas y horizontes de desarrollo de las localidades para la vigencia de los derechos de todos los seres vivientes, incluyendo aquellos que no tienen voz.

Políticas de garantía de la igualdad de derechos para los y las diversas, con fuerte y decisivo reconocimiento a la diversidad de culturas o modos de vida, etnias, identidades y opciones sexuales, territorios. Junto a ello y para prevenir atentados a la igualdad derivados de normas colectivas, primado de las mujeres como titulares personales de sus derechos, los cuales no pueden ser violados.

Fuente: Medellín, Fernando y Quiroz, Teresa. Guía de plani!cación y formulación de políticas municipales de promoción de la equidad entre los géneros. IULA/CELCADEL, 1997. Reelaboración: María Arboleda, 2010.

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Insumos para el Plan de Igualdad, No Discriminación yBuen Vivir para las Mujeres

A continuación sintetizamos algunos insumos de políticas públicas para el Plan de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir para las Mujeres, como una herramienta de referencia para trabajar la horizontalización.

Objetivo general

Establecer, de manera gradual y progresiva, condiciones para que el Estado, a través de un sistema horizontal de gestión, garantice la igualdad, no discriminación y buen vivir a las mujeres ecuatorianas, el respeto a sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales, la construcción de su autonomía en las esferas privada y pública, y su participación como sujetas en los procesos democráticos y de desarrollo, a tono con las disposiciones constitucionales y el Régimen del Buen Vivir, en el marco de un Estado de derechos y justicia, plurinacional y descentralizado.

Líneas estratégicas

Línea estratégica 1

Mujeres rurales y urbanas potenciadas como actoras productivas, en el marco de una economía social y solidaria que contribuya a su autonomía y empoderamiento.

Ampliación de la titularidad de las mujeres sobre los patrimonios y los recursos del sistema de economía social solidaria y soberanía alimentaria: garantía del acceso a tierra, vivienda, crédito, capacitación, agua, semillas, recursos naturales, etc. Eliminación de barreras legales, normativas y sociales que frenan la titularidad de las mujeres.

Apoyo a la titularidad sobre la tierra y al acceso a recursos productivos de sujetas colectivas (organizaciones de mujeres).

Creación y/o fortalecimiento de redes de producción, comercio justo, soberanía alimentaria y consumos alternativos, con participación especial de mujeres productoras,

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que fomenten esquemas de uso de tecnologías apropiadas o agroecológicas, trueque, ahorro y reinversión de remesas, potenciación de recursos locales, cuidado sustentable de la tierra y otros recursos naturales, y que permitan intercambios justos y generen ahorro para las mujeres.

Política de puesta en valor de los conocimientos de las mujeres en producción agroecológica, de recuperación y fortalecimiento de sus usos tecnológicos, conocimientos y saberes ancestrales, en economía, agricultura, comercialización y construcción organizacional.

Ampliación de la cobertura universal de servicios de la seguridad social para las mujeres productoras.

Programa especial enfocado en las mujeres, de economía social y solidaria en zonas de fronteras, para el fortalecimiento de estrategias de generación de ingresos, emprendimientos productivos asociativos y promoción de experiencias de intercambio microregional con Perú y Colombia.

Incremento del stock de capital y recursos de las mujeres (!nanciamiento, tecnología, infraestructura, crédito y capacitación) en iniciativas económicas de turismo, ecoturismo, turismo de hogar, turismo comunitario y producción de artesanías.

Potenciación de las PYMES y microunidades económicas sostenidas por mujeres, generando articulaciones sistémicas con otros actores y priorizando encadenamientos y ventajas comparativas, oportunidades de exportación y acceso a mercados nuevos o no tradicionales.

Reformas tributarias con medidas de acción a!rmativa para mujeres productoras jefas de familia y hogares monoparentales.

Garantía a los derechos de las mujeres al agua y a los recursos productivos.

Política de vivienda para mujeres de sectores populares (no solo para sectores medios y ricos).

Línea estratégica 2

Generación de empleo para las mujeres, promoviendo la eliminación de la discriminación y la segregación laboral, los estereotipos sobre los roles de trabajo de hombres y mujeres y la conciliación de la vida laboral con la doméstica.

Incremento del empleo femenino (reducción del desempleo femenino), en condiciones dignas de contratación que aseguren sus necesidades y derechos económicos, su aseguramiento social, incorporando la reducción de brechas salariales por sexo y barreras de acceso-movilidad laboral.

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Capacitación y formación de mujeres para el empleo a nivel público y privado.

Erradicación del trabajo de las niñas menores de 15 años.

Erradicación del acoso sexual y el acoso laboral.

Garantía de a!liación a la seguridad social y derechos de las personas que realizan trabajos domésticos remunerados.

Programa de incentivos a las empresas que apliquen medidas de igualdad de género, como apoyos tributarios y/u opciones preferenciales en la adjudicación de contratos de la administración pública.

Programa de apoyo con !nanciamiento, tecnología, infraestructura, crédito, capacitación y medidas tributarias a iniciativas que tengan como objetivo la generación de empleo digno para las mujeres.

Medidas de acción a!rmativa para enfrentar sanciones (despidos y expulsiones) a miembros de la comunidad LGBT.

Línea estratégica 3

Reconocimiento del trabajo doméstico y desarrollo de sistemas públicos de cuidado (cuidado infantil, apoyo escolar, provisión de recursos y servicios domésticos y sistemas de protección a adultas mayores y personas enfermas y/o con capacidades especiales, etc.).

Política de retribución, aseguramiento y jubilación para las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado, para reconocer el capital donado por las mujeres a su familia, a la sociedad.

Ampliación de la responsabilidad del Estado en servicios de cuidado: a) redes de centros de cuidado infantil que garanticen condiciones de seguridad y calidad para los niños/as en su ciclo preescolar y escolar, b) centros de cuidado y desarrollo recreativo para personas con capacidades especiales, adultas mayores, personas dependientes, afectadas por enfermedades; c) centros de comida preparada y ropa lavada, etc.

Remuneración para las mujeres que cuidan enfermos, adultos mayores, personas con capacidades especiales, etc.

Instalación masiva de centros de cuidado infantil, servicios de apoyo escolar, comedores y talleres (para niños/as de 0 a 5 años y de 5 a 12 años) en zonas industriales, de administraciones estatales y centros de estudio.

Apoyo a la instalación de centros de servicios domésticos como comedores, lavanderías y servicios de limpieza, en especial cerca de zonas industriales, administraciones estatales y centros de estudio.

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Implementación de la seguridad social universal a las mujeres y extensión a las parejas del mismo sexo, de acuerdo a lo establecido en la Constitución.

Línea estratégica 4

Conciliación de la participación femenina en las esferas privada y pública (laboral, productiva, política, cultural y social) e incremento de la corresponsabilidad masculina en el ámbito privado y en las responsabilidades familiares.

Pactos nacionales, locales, empresariales, de servicios públicos y privados, etc., para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal entre mujeres y hombres.

Ampliación del horario de servicios públicos y privados en los centros de salud, servicios bancarios y cooperativos, etc., para favorecer el acceso de las mujeres.

Promoción de cambios culturales que permitan compartir en condiciones de igualdad el trabajo productivo y las relaciones familiares.

Promoción del cambio de roles en los hogares (varones asumiendo su parte en el trabajo reproductivo y responsabilidades en el cuidado, alimentación, educación y recreación de hijos e hijas) para enfrentar las resistencias culturales sobre el reparto equitativo del tiempo y las tareas de mantenimiento del hogar y cuidados a terceras personas.

Línea estratégica 5

Participación paritaria de las mujeres, por designación y/o elección, en las instancias públicas de decisión, legislación, aplicación de justicia, formación y generación de conocimiento, asociación política y gremial, así como en instancias de exigibilidad, plani!cación y control social.

Promoción de la paridad en la participación de mujeres en puestos de elección, con énfasis en los sitios de poder donde los porcentajes de mujeres son muy escasos (cargos uninominales como presidencia/vicepresidencia, prefecturas, alcaldías, etc.). Debe incluir una línea de potenciación de mujeres candidatas.

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Incremento de la participación de mujeres en los puestos de representación, dirección, administración y gestión, altos e intermedios, del Estado en sus cinco poderes.

Incremento de la participación de mujeres en los puestos de representación, dirección, administración y gestión de universidades y centros de estudio.

Incremento de la participación de mujeres en los cuerpos de dirección, asambleas y demás instancias de partidos y movimientos políticos.

Incremento de la participación de mujeres en los cuerpos de dirección, asambleas y demás instancias de los gremios y asociaciones sociales diversas.

Formación en liderazgo y participación social y política de mujeres en la administración pública del Estado central y descentralizado, de las organizaciones sociales y de mujeres, y de organizaciones sindicales y partidos políticos.

Política de legalización de organizaciones de mujeres y sociales sin obligaciones económicas ni exigencias de pagos o cuentas bancarias.

Políticas que faciliten la legalización de organizaciones y asociaciones de mujeres lesbianas y de otras identidades sexuales.

Línea estratégica 6

Erradicación de la violencia de género, el acoso sexual, laboral y político y el femicidio en los diversos ámbitos en que ocurren (social, escolar, académico, empresarial, doméstico, y en dinámicas de movilidad y zonas de con"ictos), que garantice la autonomía corporal, emocional, económica, política y social de las mujeres. Promoción, protección y garantía del derecho a la seguridad ciudadana de las mujeres.

Cambio de patrones socioculturales para la transformación del imaginario social y las prácticas que naturalizan la violencia de género y el racismo de género, a través de procesos de sensibilización e información que muestren la discriminación como sustento de relaciones desiguales y violentas entre hombres y mujeres en todo su ciclo de vida.

Sistema de protección integral que garantice la ampliación y el fortalecimiento de los servicios de prevención y atención de la violencia de género, la protección y restitución de los derechos de las víctimas, incluyendo el acoso y abuso político, la trata y el trá!co que afectan a mujeres y niñas y los servicios articulados de salud, educación, protección y presupuestos estables, permanentes y oportunos.

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Erradicación del femicidio.

Sistema Nacional de Registro que permita contar con información cualitativa, así como sustentos tecnológicos sobre la violencia de género en sus distintas manifestaciones, proveer datos con!ables a la institucionalidad pública y privada y que sirva como sustento para la toma de decisiones y para la elaboración e implementación de políticas generales y sectoriales adecuadas y oportunas.

Reducción de la impunidad a través de garantizar a las víctimas de la violencia de género, acoso sexual y político y femicidio, el acceso a la justicia con gratuidad, celeridad e inmediatez; procesos de investigación no revictimizantes; y la sanción de los delitos, garantizando que la administración de justicia incorpore en su quehacer la comprensión del derecho a una vida libre de violencia como fundamental.

Acciones programáticas para la reducción de las inequidades y las violencias de género en la frontera norte, tanto en relación con las mujeres ecuatorianas como con las mujeres, adolescentes y niñas en situación de desplazamiento y refugio que habitan en la zona y en el resto del país.

Programas de sensibilización y capacitación sobre derechos humanos de la comunidad LGBT, que sean ejecutados por las mismas organizaciones.

Campañas de bien público para el respeto a la otredad y a la diversidad sexual (tal como la campaña Machismo es Violencia).

Línea estratégica 7

Política universal de salud que garantice la promoción, protección y garantía del derecho a la salud de las mujeres diversas, en sus diferentes ciclos de vida, y atención a los derechos sexuales y reproductivos con calidez, calidad, y enfoques generacional, intercultural y especí!cos para mujeres con otras identidades sexuales.

Erradicación de la muerte materna, el embarazo adolescente y los embarazos no deseados.

Erradicación de la desnutrición, en especial de mujeres adultas mayores, indígenas, afroecuatorianas, madres embarazadas y lactantes, niñas y adolescentes.

Política de amplio alcance para la anticoncepción. Potenciación de programas de educación sexual y reproductiva.

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Reducción de brechas de género en accesos a los servicios de salud, con calidez y calidad.

Servicios de salud con capacidad para prevención y atención de violencia de género e infantil, ITS y VIH/Sida, con adecuados recursos humanos y !nancieros.

Implementación de Sistema de Salud Integral/Salud Psicológica.

Políticas públicas de salud que permitan la atención a miembros de la comunidad LGBT de acuerdo a sus especi!cidades.

Inclusión de mujeres lesbianas en campañas de prevención de ITS.

Línea estratégica 8

Mujeres en grupos declarados de atención prioritaria

Construcción de alianzas binacionales para la defensa de los derechos de las ecuatorianas/os emigrantes en otros países.

Elevar la responsabilidad del Estado en el cuidado y despliegue de talentos de mujeres con capacidades especiales.

Programas de becas para mujeres con capacidades especiales.

Acceso a vivienda digna en condiciones de habitabilidad, seguridad y espacio saludable, con prioridad para las mujeres de los grupos de atención prioritaria y en situaciones de vulnerabilidad.

Ampliación de la atención a madres que sufren el impago de pensiones alimenticias.

Atención a las mujeres privadas de la libertad que tienen hijos fuera y dentro de los centros carcelarios, y sufren carencias y abusos por parte del personal carcelario.

Elevar la responsabilidad del Estado en el cuidado y despliegue de talentos de mujeres adultas mayores.

Elevar la responsabilidad del Estado en el aseguramiento social y/o el cuidado de las mujeres que adolecen de enfermedades catastró!cas o de alta complejidad.

Elevar la responsabilidad del Estado en la protección de mujeres afectadas por desastres naturales o antropogénicos, en especial jefas de familia.

Elevar la responsabilidad del Estado en la protección de mujeres usuarias y consumidoras.

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Promoción, protección y garantía del derecho a la educación para las mujeres en sus diversas fases de vida, identidades y territorios. Reconocimiento de las mujeres rurales, indígenas y afroecuatorianas como poseedoras de saberes y conocimientos ancestrales.

Erradicación del analfabetismo, en especial de las mujeres adultas mayores, indígenas, afroecuatorianas y campesinas.

Eliminación de brechas de escolaridad básica, secundaria y superior, deserción y repitencia que afectan a mujeres, adolescentes y niñas, por causas de género, etnia, clase y territorio.

Educación !scal laica que incorpore derechos a la igualdad, no discriminación y coeducación. El currículo, metodologías, textos y materiales educativos, fundamentados en los derechos humanos y la igualdad, incluyen una visibilización de la contribución de las mujeres en las distintas áreas de conocimiento (Matemáticas, Lenguaje, Historia, Cultura, Filosofía, Ciencia, Política, etc.).

Inclusión de contenidos curriculares sobre igualdad de derechos y género en los planes de estudios universitarios.

Educación en la sexualidad, el amor y la no violencia.

Habilitación de las niñas y niños para la codecisión, corepresentación y corresponsabilidad público/privada. Disminución del sesgo de género en la elección de carreras universitarias según sexo.

Fortalecimiento del SÍPROFE, para la formación y capacitación docente con enfoque de género.

Corrección de brechas salariales entre hombres y mujeres docentes y distribución equitativa de hombres y mujeres docentes en zonas y regiones.

Códigos de convivencia que incluyen y aplican medidas para la prevención y garantía de derechos al embarazo en adolescentes y la erradicación del acoso y abuso sexual, desde una perspectiva de derechos.

Programa de apoyo al mantenimiento en el sistema escolar de las estudiantes embarazadas (prevención y servicios de apoyo).

Incorporación de taitas y mamas como maestros en la educación hispana para la enseñanza de conocimientos ancestrales, lenguas indígenas y realidades de pueblos y nacionalidades.

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Línea estratégica 10

Promoción, protección y garantía de los derechos de las mujeres a sus creaciones, simbolización y generación de conocimientos de sí y al acceso a las ciencias y las tecnologías.

Potenciación del patrimonio cultural ancestral, así como de las expresiones culturales, artesanales y artísticas antiguas y contemporáneas de las mujeres diversas.

Incorporación del enfoque de interculturalidad, género e igualdad en las políticas culturales del Estado central y descentralizado.

Medidas de acción afirmativa para aprovechar oportunidades de formación, capacitación y gestión de/en procesos de generación de conocimientos, innovación, ciencia/tecnología y las Tecnologías de la Innovación y Comunicación (TIC).

Programas de validación de los saberes y conocimientos diversos de las mujeres (en agroecología, medicina ancestral, espiritualidad, temas organizacionales, ejercicio de ciudadanía y liderazgo), con posibilidad de titulación o!cial.

Programas gratuitos de formación de lideresas.

Generación de conocimiento en campos que atañen a las desigualdades de género, entre ellos: impactos diferenciales de las políticas económicas, barreras de género en la participación política y otros sistemas de poder, mujeres ubicadas en situaciones de vulnerabilidad, causas de género de la deserción educativa, patrones de las brechas del acceso de las mujeres a estudios de segundo y tercer nivel, formas de la violencia de género y situaciones de discriminación, acceso a la justicia, situación patrimonial y productiva de las mujeres, inserción femenina en el mercado laboral, trabajo doméstico remunerado y no remunerado, consumo de los hogares, uso del tiempo de hombres y mujeres, brechas en el acceso a conocimientos y tecnologías, data de consumo y producción referidos a una canasta de soberanía alimentaria, data de generación de empleo y justicia salarial por sector, rama y provincia, desagregados por sexo, data de formación y capacitación técnica y productiva desagregados por sector y sexo.

Línea estratégica 11

Derecho de las mujeres a la recreación y al juego

Programas de potenciación del ejercicio narrativo de las mujeres, orales, teatrales o mediante la escritura.

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Incorporación de mujeres de diversas edades en actividades deportivas y de competencia, profesional o lúdicas.

Rutas de viaje, encuentro e intercambio de experiencias y saberes “entre mujeres”.

Programas de promoción del descanso, la recreación y el desarrollo de ejercicios, bailes y rutinas corporales diversas para mujeres, incluyendo instalación de infraestructuras seguras.

Línea estratégica 12

Modelo de gestión transversalizado para la movilización de las agencias estatales en favor del cumplimiento de los objetivos de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir para las Mujeres.

Implementación de unidades de igualdad y/o otras modalidades de institucionalidad de género, en ministerios e instituciones públicas del Estado central y descentralizado, dotadas de recursos adecuadas para asumir, de manera proactiva y su!ciente, sus responsabilidades de plani!cación, gestión y rendición de cuentas en relación con la igualdad, la igualdad de oportunidades y el ejercicio de derechos de las mujeres.

Elaboración y aplicación de metodologías y estrategias orientadas a incorporar la perspectiva de género en el diseño, desarrollo, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas.

Coordinación, institucionalización/territorialización de las políticas nacionales, regionales, provinciales, municipales y parroquiales para la igualdad de género.

Conformación de instancias de intercambio y aprendizaje interinstitucional para los temas de igualdad de género en las políticas públicas.

Sensibilización y formación continua y en servicio de funcionarios/as públicos/as en género, equidad e igualdad de derechos, en diversos niveles equivalentes de educación superior, en articulación con el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN.

Inclusión del enfoque y estrategias de derechos humanos de las mujeres en los reglamentos internos y en los protocolos de actuación pública de las fuerzas policiales y militares.

Mejoramiento y aplicación de las herramientas de análisis del Presupuesto General del Estado (clasi!cador K), incorporación de género en otros ámbitos de la política !scal (afectación de ingresos - tributación) y establecimiento de cuentas nacionales para la valoración económica del trabajo no remunerado.

Inclusión de género en la política de seguridad social.

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Integración del enfoque de derechos de las mujeres y la igualdad de género en el Sistema Nacional Descentralizado de Plani!cación Participativa, en el Presupuesto General del Estado y en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de las políticas públicas.

Integración del enfoque de derechos de las mujeres y la igualdad de género en el Sistema Nacional de Participación y Control Social.

Integración del enfoque de derechos de las mujeres y la igualdad de género en el Sistema Nacional de Justicia y de Protección de Derechos.

Sistema de información estadística nacional con Sistema de Información e Indicadores de Género (SIG) para fundamentar y facilitar el análisis de género y la construcción, seguimiento y evaluación de políticas públicas para la equidad entre varones y mujeres.

Observatorio para la Igualdad de Derechos y Oportunidades y la No Discriminación de las Mujeres que sigue y difunde la evolución de las situaciones de discriminación.

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Capítulo IV

LA TRANSVERSALIDAD COMO BASE DE UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN

La Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género resalta tres énfasis centrales para la de!nición de políticas públicas en este nuevo modelo de gestión, las que corresponden a los criterios de:

Equidad territorial, buscando una real descentralización de la representación política de las mujeres y las diversidades sexuales, por lo que se propone una elección incremental desde candidaturas cantonales hasta una elección por regiones en un número de 7.

Inclusión de la diversidad, por pertenencia a pueblos y nacionalidades, etaria, de opción sexual.47

Transversalidad, alcanzar la Igualdad, la No discriminación y el Buen Vivir para las mujeres es una meta que requiere una gran movilización de talentos y recursos del Estado y de la sociedad en su conjunto.

La transversalidad garantiza que los derechos humanos de las mujeres sean parte fundamental de todas las políticas públicas. Esto supone construir un nuevo modelo de gestión en el Estado. Dos elementos deben asegurarse con prioridad en la persecución de esta meta:

1. El paso desde una actuación centrada en el enfoque de igualdad de oportunidades hacia una enmarcada en el enfoque de Igualdad de Derechos, No Discriminación y Buen Vivir.

2. El paso desde una responsabilidad única, centrada en el mecanismo institucional de las mujeres, hacia una gestión de los temas de igualdad de género por parte del Estado en su conjunto (transversalidad). Este nuevo escenario exige que el Estado gane capacidades y destrezas para concebir, apropiarse, ejecutar y seguir las nuevas políticas.

47 Ver documento de la Comisión de Transición, citado, pág. 7.

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Revisando conceptos

María Cuvi (2010)48 considera que “existen su!cientes conocimientos y experiencia acumulados, dentro y fuera del Ecuador, sobre la estrategia de transversalización de género en las políticas públicas con el objetivo de lograr la igualdad entre hombres y mujeres”. En su documento sintetiza seis conceptualizaciones que consideramos muy pertinentes para el presente documento.

CONCEPTOS DE TRANSVERSALIDAD*

Para Guerrero y Ríos (2007), la transversalización de género “es la integración sistemática de la perspectiva de género en todos los sistemas y estructuras, en las políticas, programas, procesos de personal y proyectos, en las formas de ver y hacer, en las culturas y organizaciones”. El objetivo es prestar atención al género desde que se inicia el proceso de toma de decisiones, así como durante la implementación y evaluación, a !n de tener un impacto en las metas, estrategias y distribución de recursos. De lo que se trata es de lograr un cambio sustantivo en las políticas y programas.

En la publicación de OCDE (2007) de!nen transversalización así:

Introducir transversalmente una perspectiva de género es el proceso de evaluación de las consecuencias, para las mujeres y los hombres, de cualquier actividad plani!cada, inclusive leyes, políticas o programas, en todos los ámbitos y en todos los niveles. Se trata de una estrategia destinada a considerar las preocupaciones y las experiencias de las mujeres igual que aquellas de los hombres como una dimensión esencial de la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y programas en todas las esferas: política, económica y social, a !n de que las mujeres y los hombres se bene!cien por igual y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo !nal es lograr la igualdad de género.49

Carmela Bardález (2006) de!ne la transversalización del enfoque como:

48 Cuvi, María, CT capítulo II, documento borrador, Comisión de Transición, 2010. En este acápite seguimos a Cuvi y a Evangelina García Prince en su documento Políticas de igualdad, equidad y Gender mainstreaming, ¡De qué estamos hablando?: marco conceptual, San Salvador, UNDP/América Latina Genera y Japan O!cial Develop-ment Assistance, 2008.

49 Según las conclusiones del ECOSOC 1997/2. Se pueden encontrar en inglés en la dirección: www.un.org/wo-menwatch/osagi/pdf/ECOSOCAC1997.2.PDF Cita corresponde al documento de Cuvi, op. cit.

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… el proceso de valoración de las implicaciones para hombres y mujeres en cualquier acción planeada, incluyendo la legislación, políticas y programas en todas las áreas y niveles. Es una estrategia para hacer de las preocupaciones y experiencias, tanto de mujeres como de varones, una dimensión integral del diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas en todas las esferas, política, económica y social, de modo que ambos géneros se bene!cien igualitariamente. El objetivo último es alcanzar la equidad de género.

Virginia Guzmán (2007, PowerPoint) sostiene que la estrategia de transversalización de género integra las perspectivas y experiencias de las mujeres en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas en todas las esferas, para que hombres y mujeres se bene!cien igualmente y la desigualdad no se perpetúe. También evalúa las implicaciones de cualquier acción plani!cada, incluyendo legislación, políticas y programas, en cualquier área y en todos los niveles, para hombres y mujeres.

García Prince (2008) recoge en su documento dos de!niciones, la del PNUD y la del Consejo de Europa:

El género en el mainstream tiene como propósito integrar el interés en la igualdad de géneros en todas las políticas, programas, procedimientos administrativos y !nancieros y en el marco cultural de la institución u organización. (…) Más especí!camente es una estrategia para asegurar que: 1) la igualdad de hombres y mujeres esté incluida en todas las fases menores o mayores del proceso de toma de decisiones de una organización; 2) y que el producto o resultado de las decisiones que se hayan tomado sea sistemáticamente monitoreado en lo que se re!ere a su impacto en la igualdad de géneros. (…) Una iniciativa efectiva de género en el mainstream requiere la interacción compleja de numerosas habilidades y competencias usualmente coordinadas en un equipo de trabajo integrado para tal !n”. (UNDP, 2000, citado en García Prince, 2008, 57).

Gender mainstreaming implica la reorganización, fortalecimiento, desarrollo y evaluación del proceso de las políticas públicas, a !n de que la perspectiva de la igualdad de género sea incorporada en todas las políticas, a todos los niveles y en todas sus fases, por los actores normalmente involucrados en su elaboración (Consejo de Europa, 1998, citado en García Prince, 2008, 57). * Tomado de Cuvi, María, Comisión de Transición capítulo II, documento borrador, Comisión de Transición,

2010.

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DEFINICIONES DEL Gender mainstreaming50

De!nición del Consejo Económico y Social de

Naciones Unidas (1997)

De!nición del PNUD (2000) De!nición del Consejo de Europa (1998)

El mainstream de la perspectiva de género es el proceso de evaluar las implicaciones que tiene para hombres y mujeres, cualquier acción que se plani!que, incluyendo las de tipo legislativo, las políticas o los programas en todas las áreas y a todos los niveles. Es una estrategia para hacer de las experiencias y necesidades o intereses de hombres y mujeres una dimensión integral en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, sociales y económicas, a !n de que hombres y mujeres se bene!cien por igual y desaparezca la desigualdad. El objetivo !nal es lograr la igualdad de géneros”. 51

El género en el mainstream tiene como propósito integrar el interés en la igualdad de géneros en todas las políticas, programas, procedimientos administrativos y !nancieros y en el marco cultural de la institución u organización. …

Más especí!camente es una estrategia para asegurar que:

1. la igualdad de hombres y mujeres esté incluida en todas las fases menores o mayores del proceso de toma de decisiones de una organización,

2. y que el producto o resultado de las decisiones que se hayan tomado sea sistemáticamente monitoreado en lo que se re!ere a su impacto en la igualdad de géneros. (…)

Una iniciativa efectiva de género en el mainstream requiere la interacción compleja de numerosas habilidades y competencias usualmente coordinadas en un equipo de trabajo integrado para tal !n”.52

Gender mainstreaming implica la reorganización, fortalecimiento, desarrollo y evaluación del proceso de las políticas públicas, a !n de que la perspectiva de la igualdad de género sea incorporada en todas las políticas, a todos los niveles y en todas sus fases, por los actores normalmente involucrados en su elaboración.

50 Cuadro tomado de García P., Evangelina, op. cit., 2008. 51 Cita de Reporte del Consejo Económico y Social, 1997. A/52/3, 18 de septiembre 1997. Chapter IV: Mainstreaming

the gender perspective into all policies and programs in the United Nations System. Documento en línea de la División para el Adelanto de la Mujer, ONU, traducción libre de Evangelina García Prince.

52 Cita de UNDP, Gender and Development Program. Learning and Information Pack. NY. 2000. Documento en línea del programa. Versión libre de Evangelina García Prince.

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Transversalización para enfrentar las brechas: una visión política y estratégica para concretar la igualdad

Cuvi (2010) re!ere que, para Guzmán (2007), por su amplio espectro, “la transversalización debería contribuir a:

La superación de la pobreza y las condiciones de dependencia de las mujeres.

La prevención del maltrato, la violencia y la explotación sobre las mujeres.

El alivio del trabajo doméstico y reproductivo.

La articulación del trabajo productivo y reproductivo.

La calidad de vida de las mujeres.

La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y su promoción en el mismo.

La participación de las mujeres en la vida social, en la economía, en los espacios públicos, en la cultura, en las políticas y en los círculos de decisión”.

Mientras —asegura Cuvi— García Prince “pre!ere enfocarla directamente en el cambio de las políticas públicas. A través de la estrategia de transversalización se debería lograr, dice, que todas las políticas públicas sean políticas de igualdad que efectivamente coadyuven a la transformación de las relaciones de género. Es “la estrategia idónea que apoya la universalidad del principio de igualdad en las políticas públicas. Por lo tanto, la ley de igualdad debería contener claramente expresado sus supuestos fundamentales”. Lo que ella recomienda es que exista coherencia entre la Constitución, las leyes de igualdad, las políticas públicas y los planes de igualdad”.

“Dicha autora pone el énfasis tanto en la dimensión política del proceso como en el tipo de resultados que se deberían alcanzar, a través de la transversalización. Para destacar la importancia que tiene el tema de los resultados cita una investigación hecha por la Unión Europea para determinar el estado del arte de las políticas de igualdad y del gender mainstreaming. En esa investigación se sostiene que “la forma en la cual se concibe el gender mainstreaming tiene mucho que ver con sus resultados e impactos” (García Prince, 2008, 43). Lo que se concluye es que cuando la transversalización es tratada como un proceso de naturaleza “más o menos” técnica, y no política, no se producen cambios en los núcleos más duros de las desigualdades de género. Eso le lleva a a!rmar que el poder transformador de la transversalización depende de la visión estratégica y holística con la cual se diseñe esta estrategia”.

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Guerrero y Ríos (2007, citadas por Cuvi, 2010) piensan que la transversalización, para que “funcione adecuadamente y sea exitosa”, requiere “que todas las personas involucradas acepten la !nalidad de la iniciativa, lo cual debe ser especialmente considerado en los procesos de toma de decisiones. Y agregan que quienes están involucrados/as en el proceso deben estar convencidos/as de que existe una desigualdad de partida, que di!culta la comunicación y la mutua comprensión. Solo así, los problemas que se susciten durante la ejecución podrán ser reconocidos como un asunto de orden cultural, que afecta a todos quienes forman parte de la iniciativa, desde los más altos niveles de toma de decisión. Así, para poder transversalizar exitosamente el enfoque de género es necesario que existan las oportunidades políticas, es decir, un compromiso y una correlación de fuerzas favorable, redes que apoyen a los actores involucrados en las diferentes áreas temáticas, claridad en las metas estratégicas y una buena gestión”.

La transversalización / Gender mainstreaming

Evangelina García Prince

En estas definiciones quedan claramente establecidos los siguientes supuestos, que hoy por hoy son ampliamente compartidos:

a. El gender mainstreaming es un proceso estratégico. Es una estrategia, no es un fin en sí mismo, el fin es la igualdad; con lo cual podemos entender que de cierta manera representa una opción, un instrumento estratégico para alcanzar la igualdad. De esta primera aproximación podemos deducir, elementalmente, que el empleo del gender mainstreaming exige el empleo de herramientas estratégicas.

Esto, que puede parecer una simpleza, no lo es de cara a algunas experiencias concretas observables en esfuerzos nacionales o locales de algunos países que se proponen, por ejemplo, planes de igualdad bajo la denominación de mainstreaming de género y para su diseño solo emplean herramientas normativas, donde no existen los diagnósticos estratégicos que habría que desarrollar para varias tareas y donde el plan mismo carece de esta condición.

b. El gender mainstreaming tiene como propósito el logro de la igualdad de mujeres y hombres, con lo cual hay un tácito reconocimiento de que la desigualdad es un problema público. Supone considerar la eliminación de las desigualdades de género y el establecimiento de la igualdad como dimensión o referencia indispensable en todas las fases del proceso de políticas públicas (y aun en el caso de las políticas de las organizaciones

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privadas que promueven políticas de igualdad, así como en el orden institucional y organizacional que les da soporte… Este último aspecto se torna vital dado el hecho de que, como ambas definiciones expresan, es de mayor importancia monitorear los impactos diferenciales que las decisiones tienen en mujeres y hombres.

c. Su aplicación abarca todos los órdenes y niveles de la gestión institucional u organizacional: leyes y todo otro mandato de políticas, programas y proyectos en todas las áreas y niveles, sociales, políticos, culturales y económicos.

d. Debe ser asumido en todos los aspectos o fases operativas de la gestión o proceso de las políticas: diseño, implementación, monitoreo y evaluación.

e. Sus criterios metodológicos fundamentales son:

1. Integrar globalmente las experiencias, los intereses y las necesidades de las mujeres y los hombres en todas las iniciativas de cualquier tipo y alcance.

2. Evaluar las implicaciones que tenga cualquier acción realizada en mujeres y hombres.

3. Garantizar igual beneficio para hombres y mujeres.

f. Supone contar con el apoyo de un equipo calificado a cargo de la dirección, coordinación y apoyo a la ejecución de las tareas correspondientes.

Estos supuestos esenciales constituyen el corazón mismo del gender mainstreaming y alrededor de ellos se ha venido construyendo el conjunto de exigencias y operaciones que exige su real cumplimiento. Tomado de García Prince, Evangelina, op. cit., pág. 57.

Cuvi remarca que García Prince agrega “un concepto que no consta en las de!niciones anteriores: empoderamiento. Para ella, aplicar el enfoque de género en las políticas públicas, a través de la estrategia de transversalización… para que sea completa y e!ciente, es indispensable que contenga una dimensión del empoderamiento, por la simple razón de que busca la igualdad de géneros y eso supone revertir la asimetría de poderes que encierran en su condición tradicional, lo cual es facilitar que las mujeres

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pasen de la posición despoderada que supone la subordinación a una situación y posición de equipolencia53 que es consustancial con la verdadera igualdad”.54

Intersectorialidad y cambio institucional

Margarita Bustamente55 recoge, desde una re"exión con mujeres organizadas del Puyo, la importancia de pensar y montar políticas intersectoriales que permitan la sincronía y la potenciación de esfuerzos en busca de mejores resultados para las mujeres. “La intersectorialidad de las políticas tiene que responder a los problemas señalados por las mujeres. Ellas no solo tienen problemas relacionadas con su rol productivo (acceso a activos productivos como agua, tierra, asistencia técnica, capacitación, tecnología), hay también problemas que tienen que ver con su rol reproductivo (como la no valoración del trabajo doméstico, la violencia intrafamiliar, alcoholismo, embarazo adolescente, enfermedades venéreas, acoso sexual, violación, son señalados como hechos que inciden en la autoestima de las mujeres), con su rol social (baja organización, participación política en las instancias estatales y partidos políticos)… Las políticas del MAGAP (por ejemplo)deben ser intersectores, es decir, coordinar, realizar alianzas estratégicas con los sectores como salud, justicia y con el CONAMU, con la !nalidad de atender estas problemáticas que impiden que las propuestas planteadas se realicen (si me pega mi autoestima está baja para participar en la organización y proyectos)”.

Así mismo, el nuevo marco de política no clausura las intervenciones centradas en la igualdad de oportunidades, sino que dota de un nuevo sentido a las medidas de acción a!rmativa que se mantengan, justamente para potenciarlas. Complementar los diferentes tipos de políticas e intervenciones es obligatorio, si se quiere afectar los distintos estratos de la discriminación, tanto aquellos de carácter coyuntural como los de índole estructural.

Sartori56 establece como políticas de igualdad de oportunidades a aquellas que garantizan igualdad de partida (igualdad de condiciones iniciales) e igualdad de acceso (igual reconocimiento por igual mérito). En consonancia, la actual

53 “El término igualdad es polisémico. Se lo puede considerar un principio, un concepto, un derecho. Algunas auto-

ras feministas entienden la igualdad como equipolencia (equivalencia), capacidades (equipotencia) y voz propia y autónoma (equifonía). El principio de no discriminación es política y jurídicamente un principio complementario, mas no equivalente, al de igualdad”. (García Prince, 2008, resumen, pertenece al texto de Cuvi, 2010).

54 Cuvi, M., op. cit., 2010. 55 Bustamante, Margarita, Sistematización del Taller con mujeres del 21 y 22 de noviembre para la incorporación

del enfoque de género en la socialización de la propuesta del buen vivir rural, TRIAS-ANDES, noviembre 2009. 56 Citado por Bareiro y Quesada, Relevamiento de mecanismos y políticas públicas en el Uruguay para la igualdad

de las mujeres y la equidad de género, Uruguay, MDS/Inmujeres, UNIFEM, UNDP, 2006, pág. 51.

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Constitución manda priorizar la acción del Estado hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad (Art. 341).57

Las políticas de igualdad, por su parte, establecen las disposiciones jurídicas, materiales y de recursos para avanzar hacia la efectiva igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural y política, lo cual es una cuestión estructural. Para garantizar la igualdad, la no discriminación y el buen vivir de las mujeres en todos los ámbitos, incluido el empleo y el acceso a bienes y servicios, es necesario:

I. Mantener las acciones a!rmativas, entendidas como un conjunto integrado de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad y el buen vivir para las mujeres.

II. Instalar de manera “fuerte” la transversalidad, como un proceso que permite valorar las implicaciones que tiene para las mujeres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales de las instituciones públicas.

Todos estos elementos, juntos, suponen la instalación y despliegue de una estrategia de transversalidad en el Estado, como establecimiento de condiciones y mecanismos que permitan a las instituciones públicas asumir progresivamente, pero de manera concreta y comprometida, intervenciones en sus sectores y ámbitos de competencia para el logro de la igualdad de derechos para las mujeres.

La Comisión de Transición propone un claro mandato en torno a la necesidad de la transversalidad de la Agenda o Plan de Igualdad, según se recoge en el documento Reforma democrática del Estado - Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género - Consejo Nacional de Igualdad y mecanismo de debida implementación - Adjunto 1. Citamos: Agenda o Plan de Igualdad.

57 “El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios especí!cos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social”.

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“Políticas de igualdad de género de modo transversal en todo el Sistema Nacional de Plani!cación del Estado con su respectiva presupuestación:

Del Plan de Igualdad (resaltado nuestro).

De políticas de igualdad de género en el Plan Nacional de Desarrollo, PND.

De políticas de igualdad de género en las agendas sectoriales.

De políticas regionales (unidades regionales, de plani!cación y otros procesos en el territorio).

De políticas en el territorio (con énfasis en lo cantonal)”.58

Finalmente, entre las Recomendaciones para el bien hacer del Estado deben incluirse tres ejes relacionados entre sí. El primer eje es la observancia solicitada por la CEDAW para medir “la capacidad del Estado en la toma de medidas que corrijan las desigualdades y discriminaciones sean por resultado o por objeto. Por tanto, el Consejo debe prever mecanismos que posibiliten que sus productos de observancia sean vinculantes para el Ejecutivo y para las demás funciones en aquellos aspectos que lo permitan y no inter!eran con el principio de separación y autonomía de las cinco funciones del Estado…”

El segundo eje es el seguimiento y evaluación del Consejo, “respecto de:

El Plan Nacional de Desarrollo.

La Agenda o Plan de Igualdad.

Las políticas sectoriales.

El Presupuesto General del Estado.

El Presupuesto del Estado en inversión en los distintos niveles de gobierno en el territorio.

Las resoluciones de las cinco funciones del Estado.

Las leyes, reglamentos y normas.

Los casos emblemáticos de no cumplimiento de derechos de las mujeres y las diversidades sexuales y su resolución en relación con el tema del sistema de protección”.

El tercer eje es la transversalización, actuación que debe extenderse a las cinco funciones del Estado y, además, incidir en el conjunto de la sociedad.

58 Ibídem, pág. 9.

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Finalmente, enfatizamos que para garantizar la aplicación de la transversalidad es preciso contar con un conjunto amplio de factores y de capacidades institucionales, que García Prince resume como “a) Una estrategia de cambio inducido”, como una perspectiva capaz de considerar las dimensiones sociales e institucionales de la organización que la pone en marcha, “y las implicaciones que en otros órdenes sociales como los de raza, edad, etnia, clase y otros deberían ser considerados conjuntamente, si fuese pertinente, así como los patrones identitarios dominantes que aparecen dentro del sistema global o sectorial de las relaciones de poder entre los géneros”.

Con este enfoque holístico, García Prince llama a “b) Traspasar los límites internos de las instituciones: actualmente la dimensión del cambio que supone esta estrategia rebasa los límites internos de la estructura, prácticas y agentes de las instituciones —como diría North— y considera que la acción debe penetrar en los cambios externos que hay que promover, facilitar, agenciar o estimular para que los esfuerzos institucionales sean eficaces. Esto es trabajar estratégicamente con las condiciones del contexto externo donde pueden aparecer las oportunidades, pero también amenazas al propósito de igualdad y del gender mainstreaming como proceso. Esto ha incorporado al gender mainstreaming la necesidad de trabajar explícitamente con propuestas y previsiones de empoderamiento y sensibilización fuera de los entes organizacionales, más bien dirigiendo sus acciones en este sentido hacia beneficiarias y beneficiarios, los socios o las socias en las alianzas, las comunidades y la sociedad en general”.

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Capítulo VTRANSVERSALIDAD: RUTA METODOLÓGICA

La meta de acercarse a la igualdad, la No Discriminación y el Buen Vivir para las Mujeres, en tanto los derechos humanos son integrales, universales, interdependientes e indivisibles, es una tarea que no compete solo a la institucionalidad propia de Igualdad de las Mujeres, sino al conjunto del Estado. Por ello, la transversalidad debe:

a. Interactuar con el conjunto de mandatos constitucionales, de modo que fortalezca y enriquezca al Estado Democrático para el Buen Vivir, mediante la construcción y el respeto de garantías a los derechos de las mujeres diversas, en especial con la generación de condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos humanos de aquellas que sufren discriminaciones por razón de clase, etnia, territorio y opción sexual.

b. Promover la instalación progresiva de un sistema estatal de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres, elevando la apropiación y el desarrollo de capacidades en las instituciones estatales (transversalización) para responder a los desafíos de garantía de derechos establecidos en la Constitución del 2008.

c. Asegurar la adopción de un modelo estatal de gestión transversal de los ejes estratégicos de igualdad, no discriminación y buen vivir.

d. Asegurar coordinación en todos los niveles territoriales del Estado y participación.

Así, la transversalidad debe permitir el compromiso del Estado y sus cinco poderes, tanto como la articulación de diferentes dinámicas y ámbitos de construcción de derechos y de exigibilidad, por ejemplo, aquellas que se despliegan desde pueblos y nacionalidades, comunidades especí!cas como la LGBT, migrantes y desplazadas, o desde grupos de atención prioritaria como las adultas mayores y las mujeres con capacidades especiales.

Basada en el ciclo participativo de las políticas públicas, la transversalidad también debe propiciar que los ciudadanos en general y las mujeres en particular conozcan y ejerzan sus derechos en políticas, programas y servicios, y que se integren a las actividades e instancias de exigibilidad y vigilancia establecidas en la Constitución. Para las mujeres, se espera que este enfoque contribuya a su empoderamiento como sujetas de derechos.

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El espíritu que alienta la presentación de la siguiente propuesta metodológica es adelantar condiciones y recursos para que estas tres grandes metas se concreten.

Principios que rigen el proceso de Transversalización

Los principios que se propone para regir el proceso son:

Horizontalidad

Participación (bottom up)

Calidez

Transparencia

E!cacia/E!ciencia

Sociedad civil como mandante

Mujeres informadas y empoderadas para el

control y la exigibilidad

Estado nacional potencia o desarrolla capacidad y voluntad

para garantizar derechos de las mujeres

Estado descentralizado potencia o desarrolla capacidad y voluntad

para garantizar derechos de las mujeres

Plan Nacional y Agendas Intersectoriales

Transversales de Igualdad, No Discriminación y Buen

Vivir para las Mujeres

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Enfoques conceptuales

Igualdad

No discriminación

Interculturalidad

Buen Vivir para las Mujeres

Principios

Participación bottom up

Calidez

Horizontalidad

Transparencia

E!cacia/E!ciencia

Énfasis metodológicos

Fortalecer la transversalización

Promover la apropiación del proceso

Descentralización

Regionalización

Énfasis técnico Enfoque analítico-sistematizador

Énfasis para la ejecución Favorecer la descentralización y desconcentración como procesos correlativos

Énfasis para el seguimiento Creación de un observatorio

Elevar la apropiación y el compromiso del Estado

La ruta metodológica se enfoca a promover la apropiación y el desarrollo de capacidades en las instituciones estatales (transversalización) y a responder a los desafíos de garantía de derechos establecidos en la Constitución del 2008.

Aunque esta propuesta otorga importancia a la participación social en la de!nición de la Agenda de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir para las Mujeres, el paso a un modelo de gestión transversalizado ubica al Estado en el centro de la acción pública. Por ello, la ruta parte de dos momentos socialmente participativos, pero se enrumba a tres momentos estatalmente participativos. Esta bisagra permite pasar de la gestión transversal como un tema de gobernanza a la gestión transversal como un compromiso del Estado con la sociedad (co-gobernanza).

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La elaboración, aprobación y puesta en marcha del Plan de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir para las Mujeres Ecuatorianas deberá ser una oportunidad para articular compromisos institucionales orientados a perseguir y alcanzar metas concretas y relevantes. Estos compromisos son, de hecho, los pilares de la transversalización y mani!estan de manera concreta la corresponsabilidad:

1. En primer lugar, compromiso del Gobierno Nacional y sus instituciones –secretarías y ministerios coordinadores y sectoriales, organismos de plani!cación y organismos desconcentrados.

2. En segundo lugar, compromiso de los otros poderes del Estado.

3. En tercer lugar, compromiso de los Consejos de Igualdad.

4. En cuarto lugar, compromiso de los gobiernos descentralizados.

5. En quinto lugar, compromiso de los actores privados y de la sociedad civil.

Se otorga central importancia al involucramiento de actores estatales, de nivel nacional y desconcentrado- descentralizado, como ruta para elevar su compromiso en la transversalización y ejecución.

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Instancias de Liderazgo del Proceso

Proponemos la constitución de dos instancias especiales para sostener el proceso macro: una Mesa de coordinación política de la transversalización y una Mesa técnica de apoyo y negociación, del siguiente modo:

1. La Mesa de Coordinación estará conformada por autoridades políticas de SENPLADES, Comisión de Transición, Ministerios Coordinadores y de los organismos estatales que se involucren. Debe funcionar a lo largo de todo el proceso y sus funciones son:

MESA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA TRANSVERSALIZACIÓN

(AUTORIDADES POLÍTICAS)

EQUIPOS INTERSECTORIALES / LOCALES DE EJECUCIÓN

MINISTERIOS Y ENTIDADES ESTATALES

EQUIPO TÉCNICO DE APOYO (SENPLADES, MINISTERIOS COORDINADORES, CONSEJO DE IGUALDAD DE LAS MUJERES)

APORTA INSUMOS ANALÍTICOS - CONSOLIDA LAS AGENDAS INTERSECTORIALES Y EL PLAN DE TRANSVERSALIZACIÓN

EQUIPO DE SISTEMATIZACIÓN (SENPLADES, MINISTERIOS COORDINADORES, MINISTERIOS SECTORIALES,

CONSEJO DE IGUALDAD DE LAS MUJERES)

SISTEMATIZA (SINTETIZA LECCIONES) Y DEVUELVE

ESQUEMA DEL MECANISMO DE TRANSVERSALIZACIÓN

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Convocar, conducir, seguir y sostener el proceso.

Realizar cercano seguimiento y aportar insumos al Equipo Técnico-Político de Formulación del Plan.

Legitimar legal e institucionalmente el Plan.

Presentarlo públicamente como macropolítica de Estado.

Preparar los acuerdos/convenios de transversalización.

2. La Mesa Técnica, integrada por funcionarios/as delegados por las autoridades arriba señaladas, se dividirá en dos instancias:

Equipo Técnico de Apoyo, con dos funciones centrales, una de acompañamiento y otra de consolidación de las políticas intersectoriales, descentralizadas y entre Funciones o Poderes.

Equipo de Sistematización, con la función de documentar y sintetizar lecciones, orientadas a aportar insumos para la construcción del Modelo de Gestión Transversal.

Estas Mesas y Equipos deben funcionar a lo largo de todo el proceso.

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MOMENTOS O MECANISMO DE OPERACIÓN

APROPIACIÓN DEL PLAN POR MINISTERIOS,

FUNCIONES DEL ESTADO Y/O GOBIERNOS

LOCALES

ELABORACIÓN DE AGENDAS INTER-

SECTORIALES / LOCALES Y

PRESUPUESTOS

ELABORACIÓN DE POAs

INTER-SECTORIALES Y LOCALES

EJECUCIÓN

MOMENTOS

ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DE MODELO DE GESTIÓN TRANSVERSAL

DIAGNÓSTICOS DE CAPACIDADES INSTITUCIONA-LES Y PLANES

DE ACOMPAÑA-MIENTO

ELABORACIÓN DE LINEAS DE BASE

(ESPECÍFICAS Y GENERAL)

CONSTITUCIÓN DEL

OBSERVATORIO

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Momentos de Transversalización

Proponemos 8 grandes momentos de elaboración y montaje de la Estrategia de Transversalización, algunos de los cuales pueden funcionar simultáneamente:

1. Apropiación del Plan de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir de las Mujeres por parte de ministerios, funciones del Estado y gobiernos locales involucrados.

Este momento es la entrada propiamente dicha al proceso técnico de transversalización. Los objetivos de esta fase son: revisar, con sectores y territorios, con actores estatales nacionales, desconcentrados y descentralizados, la propuesta validada de Plan (para la construcción de objetivos, políticas, programas y proyectos).

2. Diagnósticos de capacidades institucionales y planes de acompañamiento.

Se realizan los diagnósticos de capacidades institucionales en género y se de!nen Planes de Desarrollo de Capacidades Institucionales para la ejecución transversal y de!nición de ejes de acompañamiento/fortalecimiento a nivel nacional y local.

3. Elaboración de Agendas Intersectoriales y/o Territoriales y armonización de intervenciones Sectoriales, Intersectoriales y Territoriales (¿Quiénes Hacen Qué? y ¿Qué hacemos juntos?, en relación con las políticas de la Agenda).

Este momento es de de!nición de las responsabilidades por sectores, localidades y funciones del Estado, y de los alcances concretos de la transversalización. Se expresa en la elaboración de agendas intersectoriales y territoriales. Una vez cumplido este momento, se pasa a la armonización de las diversas intervenciones, para de!nir campos de actuación intersectorial, descentralizados y de coordinación entre funciones del Estado.

Establecimiento de compromisos y !rma de convenios para la ejecución y seguimiento.

4. Elaboración de las Líneas de Base Nacional, Intersectoriales y/o Territoriales

Preparar y validar una línea de base nacional con metas e indicadores concretos. Elaboración de líneas de base intersectoriales y territoriales para establecer el per!l de las intervenciones locales y de!nir las metas e indicadores por localidades.

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5. Elaboración de POAs Intersectoriales y/o Territoriales y Presupuestos.

Para direccionar la intervención anual y sus recursos:

Elaboración de planes de inversión anual.

Armonización de los planes de inversión con el Presupuesto General del Estado y aplicación del cali!cador K.

6. Constitución del Observatorio (con participación de la sociedad civil) y lanzamiento público del Plan de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir para las Mujeres Ecuatorianas, sus herramientas de gestión y de los convenios de transversalización.

El Observatorio de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir para las mujeres ecuatorianas, se dotará de herramientas de seguimiento, evaluación y recomendación. Se de!nen mecanismos de seguimiento para reportar oportunamente (alerta temprana) logros y obstáculos.

7. Ejecución según Agendas Intersectoriales y/o Territoriales.

Es el momento de concreción del Plan según las Agendas y competencias acordadas.

8. Elaboración de Modelo de Gestión de la Transversalidad (¿Quién Hace Qué?, ¿Qué hacemos juntos? respondido en cuanto a roles).

Se establece participativamente, de acuerdo con las funciones y competencias exclusivas / compartidas por los niveles nacionales, regionales (señalados) y locales, un Modelo de Gestión Transversal - Territorial. Se debe garantizar una adecuada apropiación de los insumos presentados por parte de los actores públicos, para poder analizar las responsabilidad y recursos como una base para la de!nición de compromisos, nacionales, sectoriales, intersectoriales, regionales, locales.

Su objetivo central es dejar instalado el Plan como política de Estado y sus herramientas de gestión, !nanciera, de acompañamiento técnico y de seguimiento participativo.

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Mecanismos Centrales de Operación

La ejecución transversal del Plan de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir de las Mujeres, supone una conducción permanente y global desde la Mesa de Coordinación, un acompañamiento y una sistematización de ida y retorno constante en torno a los momentos de preparación, a la ejecución, y al momento de síntesis para consolidar un modelo de gestión transversal, tal como se aprecia en el diagrama incluido arriba. La sistematización, por ello, debe acompañar todos los momentos y actividades.

Apoyo al proceso

El proceso de formulación y montaje de la Estrategia de Transversalización debe aportar insumos cuali!cados a los participantes, como base de la apropiación de contenidos, enfoques, objetivos y metas o resultados.

Para ello es necesario garantizar el aporte de insumos analíticos por ejes temáticos, que permitan sostener modalidades de deliberación y priorización de las políticas, desde fuentes primarias y secundarias, que aporten al diálogo de las actorías públicas con un decisivo rescate de los contextos locales y regionales culturales, socio-económicos e institucionales. La herramienta recomendada puede ser la de desarrollo de habilidades para gestión del conocimiento de género en los ejes temáticos relacionadas con las Agendas Intersectoriales.

Acompañamiento y sistematización del proceso

El proceso debe dotarse de una sistematización de calidad que asegure la integración de las visiones y decisiones colectivas. Los productos intermedios de la sistematización, en base a la aplicación de herramientas comunes de sistematización previamente trabajadas, permitirán obtener insumos tanto para ajustar las Agendas Intersectoriales, como las modalidades de ejecución y, posteriormente serán una fuente central para la construcción participativa del Modelo Transversal de Gestión.

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Diagnósticos de Capacidades Institucionales

Una herramienta central es la realización de Diagnósticos de Capacidades Institucionales de las entidades públicas involucradas. Estos diagnósticos deberán ser estandarizados, para facilitar su adopción, seguimiento y la toma de medidas de corrección, y en principio deben ser desarrollados participativamente.

Observatorio de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir para las Mujeres Ecuatorianas

Concomitantemente, para formalizar y garantizar el seguimiento y la evaluación de todo el Plan de manera transversal, se propone la creación de un Observatorio de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir para las Mujeres Ecuatorianas, dotado de herramientas amigables de seguimiento y evaluación.

El Observatorio implica un Plan Participativo de Seguimiento y Evaluación. Debe propiciar el diálogo entre las actorías sociales y públicas involucradas en la política para sustentar la función de acompañamiento y seguimiento.

Rol de la Comisión de Transición

En cumplimiento de las funciones constitucionales, la Comisión de Transición deberá jugar un rol central en la función de acompañamiento, seguimiento, exigibilidad y observancia del proceso.

Recomendaciones Especiales sobre Territorios

A tono con la historia última del país, el proceso debe vincularse a los diversos niveles locales de ordenamiento territorial. Recomendamos adoptar un enfoque de articulación nacional, provincial, municipal y parroquial tanto para el diagnóstico como para la gestión.

Por otro lado, al momento es necesario tomar en consideración al menos dos regiones que existen en la práctica. Una históricamente reconocida como tal, Galápagos, y una franja

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formada de facto y en progresiva constitución, la Frontera Norte (45% del territorio nacional). Además, la emergencia de mancomunidades provinciales entre las provincias australes (menos Loja) y las de la Amazonía.

En las regiones, franjas, zonas y mancomunidades, también es necesario realizar diagnósticos de género para valorar los temas de género en relación con la existencia de continuidades y discontinuidades, atributos, historia, costumbres y cosmovisiones, características políticas, sociales, económicas y culturales que las caracterizan y factores de pertenencia y/o identidad.

En este punto, se recomienda:

Realizar una o varias sesiones de trabajo con SENPLADES para visualizar las características especí!cas de las regiones.

Realizar talleres especí!cos en cada una de las tres zonas (costera, andina y amazónica) de la franja de frontera norte y en Galápagos.

Realizar talleres especí!cos en cada una de las mancomunidades señaladas y otras si surgieren.

ACTIVIDAD ACTORÍAS

SESIONES DE TRABAJO SENPLADES

TALLERES ESPECÍFICOS FRONTERA NORTE

45% del territorio nacional

Zona Costa Esmeraldas

Zona Andina Carchi e Imbabura

Zona Amazónica Sucumbíos, Orellana, Pastaza y parte de Morona (según de!nición del Ministerio de Defensa)

GALÁPAGOS

MANCOMUNIDADES

Mancomunidad de las provincias del sur: El Oro, Cañar, Azuay, Morona Santiago y Zamora

Mancomunidad de las provincias amazónicas

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En la línea de fortalecimiento de la transversalización desde el Estado, es necesario incorporar actividades especiales orientadas a establecer de común acuerdo las competencias exclusivas / compartidas por los niveles nacionales, regionales (señalados) y locales, para establecer el Modelo de Gestión Transversal Territorial.

Se podría llamar a esta actividad Valoración Funcional-Institucional del Territorio (VFIT) y debe incluir una mirada analítica acerca de las capacidades de gestión de los diversos niveles de Estado y de Gobierno para asumir la política y establecer un Modelo compartido de gestión.

Debe incluir una línea de trabajo para establecer el Modelo compartido de gestión transversalizada, a partir de la construcción de un mapa de habilidades, potencialidades y nudos críticos que dé sustento a una estrategia de desarrollo/fortalecimiento de capacidades en las áreas en que haga falta y una propuesta de acompañamiento. Para ello se sugiere realizar las siguientes actividades:

ACTIVIDAD ACTORES

Taller para diagnóstico y armonización de competencias en los tres niveles descentralizados

CONCOPEAME AMJUPRE (SENPLADES puede participar en esta fase como entidad observadora)

Taller para armonización de competencias entre los tres niveles descentralizados, los organismos desconcentrados y el nivel nacional

CONCOPEAME AMJUPRE SENPLADES y organismos desconcentrados

Una adecuada plani!cación del uso de recursos como la tierra, la comercialización/exportación, el crédito, la capacitación, la vivienda, el empleo, etc., es la clave para lograr una mirada adecuada sobre los intereses estratégicos involucrados en la economía general y en las economías de las mujeres. Entre los temas que deben abordarse se encuentra, por ejemplo, el de una política de acceso y titulación de la tierra (rural y urbana) y la vivienda, como condición para avanzar a reducir las desigualdades

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estructurales. Una vez que se ha establecido una visión concertada del futuro deseado, y los objetivos, metas, políticas y programas del Plan, se debe motivar la participación nacional y descentralizada de los diversos actores para su lanzamiento público.

Recomendaciones sobre el Observatorio

Se recomienda incorporar delegaciones de diversas actorías de las mujeres al Observatorio, entre ellas las siguientes:

Asociación de Mujeres Electas Vice-prefectas.

AMUME, Asociación de Mujeres Electas Autoridades Municipales del Ecuador (Alcaldesas y concejalas).

Concejalas representantes de Juntas Parroquiales Rurales en Distritos Metropolitanos (caso de Quito, por ejemplo).

AMJUPRE, Asociación de Mujeres Autoridades Electas a Juntas Parroquiales Rurales.

Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional

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BIBLIOGRAFIA

CEPAL. “Novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe”. México, D.F. junio 2004.

Comisión de Transición. “Reforma democrática del Estado - Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género: Consejo de Igualdad y mecanismo de debida implementación”. Quito, diciembre 2009. (mimeo).

Coraggio, José Luis. “La economía popular solidaria en el Ecuador”. En: Revista Tendencia, No.10. Quito: ILDIS-FES, 2009.

Ecuador. Leyes, decretos, etc. “Constitución de la República del Ecuador, 2008”.

________. Decreto Ejecutivo No.1733, Registro O!cial No. 601, 29 mayo de 2009.

García Prince, Evangelina. “Políticas de igualdad, equidad y Gender Mainstreaming: ¿de qué estamos hablando?; marco conceptual”. San Salvador: Genera, 2008. 63 p.

Medellín, Fernando y Quiroz, Teresa. “Guía de plani!cación y formulación de políticas municipales de promoción de la equidad entre los géneros”. Quito: IULA/CELADEL, 1997. 213 p.

Rosero, Rocío y Pérez, Alba. “Ecuador: el impacto de la crisis económica desde la perspectiva de género”. Quito, noviembre 2009. PDF

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Recursos electrónicos

AWID Derechos de las Mujeres. [en línea]: En: <http://www.awid.org/esl/Mujeres-en-Accion/Nuevos-Recursos/Interpretacion-de-los-principios-de-igualdad-y-no-discriminacion-para-los-derechos-humanos-de-las-mujeres-en-los-instrumentos-del-Sistema-Interamericano>. [Consulta: 30 abril 2009].

Demarchi, Guadalupe. [en línea]: En: <http://www.monogra!as.com/usuario/per!les/demarchi> <http://www.monogra!as.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml>

Gargarella, Roberto, “Derecho y grupos desaventajados”. [en línea]: En: <http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminación>

Gil García, Elizabeth. “Igualdad vs. discriminación”. [en línea]: En: <http:// www.laguachimana.org/category/tema/igualdad>[Consulta: 16 mayo 2009].

Rodríguez, Cesar, “Derecho a la Igualdad”. [en línea]: En: <http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminación>.

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ANEXO

RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................... 87

METODOLOGÍA .......................................................................................................................................... 89

DOS MODALIDADES DE AGENDAS ....................................................................................... 89

CONTRAPARTES Y PARTICIPANTES ....................................................................................... 91

MATRIZ DE APORTES DE LAS REPRESENTACIONES DE MUJERES ................................................................... 95

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INTRODUCCIÓN

El presente documento sistematiza los aportes (visiones, críticas y recomendaciones) realizadas por las actoras que participaron en los eventos de validación del Plan de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir para las Mujeres Ecuatorianas y su Estrategia de Transversalización, orientado por la Comisión de Transición para contribuir a la transformación de largo plazo de “los patrones socioculturales estructurales que perennizan situaciones de subordinación, exclusión y miseria para las mujeres, la erradicación de un orden social que inobserva y violenta los derechos, e inhibe la inserción de las mujeres como agentes proactivas del desarrollo” (…) “en el marco de los cambios y reformas en curso”.59

La propuesta borrador del Plan de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir para las Mujeres Ecuatorianas y su Estrategia de Transversalización, que se puso en consulta, articula una Agenda de avanzada para la concreción de los derechos que constan en la nueva Constitución de la República, en armonía con el estado de situación (logros y di!cultades) que existe en las relaciones entre géneros, de las construcciones sociales y políticas de las ecuatorianas (acumulado histórico de propuestas de políticas públicas realizadas por las organizaciones de mujeres), sino además, con su activa y permanente actividad de generación de insumos, recomendaciones, demanda y seguimiento a las políticas.

Y de una estrategia de transversalización que permita al conjunto del Estado, en especial al Poder Ejecutivo pero también al Estado local, profundizar y/o adoptar intervenciones para asentar nuevas pautas de justicia y desarrollo para las ecuatorianas.

La deuda del Estado con las mujeres, en especial con aquellas situadas en los entramados discriminatorios más profundos debido a factores de clase, etnia, desigualdades territoriales, patrones de subordinación y violencias de género, es muy grande. En Ecuador diversos procesos participativos han movilizado esfuerzos colectivos para afectar estos entramados. Estos procesos, así como el nuevo marco constitucional, presentan un escenario de oportunidades para el montaje de políticas públicas más integrales, sistemáticas y generalizables que permitan comenzar a saldar esta deuda con resultados consistentes.

59 Comisión de Transición, términos de referencia de la Consultoría CD-CONAMU-004-2010 Diseño teórico metodológico de construcción del Plan de Igualdad de Oportunidades 2010-2014, Quito, 2010.

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Al formar parte de un Plan de transformación, las políticas son también sustentos o medios de procesos de movilización y reforma social que deben expresar las visiones y voces de cambio del conjunto de mujeres ecuatorianas, de los intereses y necesidades ligados a sus vidas, sus hábitats y sus procesos de constitución como actoras y sujetas. Todo ello remarca la necesidad de la validación participativa del Plan.

Como hemos dejado asentado en otros productos de esta consultoría, la Estrategia de transversalización deberá ser capaz de operativizar el nuevo pacto para las transformaciones de género, basado en las especi!cidades de cada una de las instancias del Estado nacional y local, y permitiendo a los actores del ámbito público y privado trabajar, solidaria e interinstitucionalmente, ganar capacidad para generar a nivel nacional, y en los ámbitos desconcentrado y descentralizado, procesos de gobernanza empáticos con los derechos de las mujeres, posicionando metas comunes en el "ujo de lo nacional-regional-local.

Actualmente, en Ecuador existen no solo condiciones sino exigencias para que el Estado en su conjunto asuma el combate sistémico a la desigualdad y potencie las transformaciones de género. La con!guración de las nuevas políticas y su transversalización en el conjunto del Estado son la base para su concreción a través de programas y proyectos de desarrollo.

La realización de los eventos de validación contó con importantes apoyos y contrapartes institucionales. Entre ellos, es necesario destacar al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), a los gobiernos provinciales de Loja, Azuay y Tungurahua, a las instancias o puntos focales de género de más de veinte instituciones del Estado, al Proyecto Gestión Integral de la Cuenca binacional Catamayo-Chira auspiciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Loja, a la Asociación Trans Al!l, al Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer CEPAM-Guayaquil, y al Movimiento Luna Creciente. Las delegadas a los eventos pertenecen a más de 90 organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas.

Aunque la sistematización !nal de los insumos resultantes de los diversos eventos de validación corresponde a los consultores contratados por la Comisión de Transición, es preciso dejar constancia de nuestro reconocimiento a las y los profesionales que contribuyeron con sistematizaciones locales o sectoriales, cuyos nombres se recogen en este documento.

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METODOLOGÍA

Los objetivos de cada sesión de validación se de!nieron del siguiente modo:

Exponer los avances del Plan de la Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir de las Mujeres Ecuatorianas de la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género.

Fomentar espacios para el debate de la agenda y recoger aportes de las representantes de diferentes organizaciones y entidades.

Los eventos de validación fueron pensados a partir de una estructura triple de devolución/foro (preguntas, comentarios, recomendaciones). Para ello se preparó una presentación de PowerPoint con los principales ejes temáticos de la propuesta, dividida en tres secciones y luego de cada sección se abrió el espacio de foro. Los temas de las secciones fueron:

Marco conceptual: Principios de igualdad y no discriminación

Marco conceptual: Principios de buen vivir para las mujeres

Ruta metodológica: para la transversalización y ejes de políticas sugeridos para la agenda o el plan

Se tomó en consideración las especi!cidades de cada audiencia local, para ajustar el trabajo colectivo a las condiciones de cada región. Las siguientes agendas tipo re"ejan dos modalidades de organización y metodología de trabajo de los temas abordados en las jornadas.

AGENDA TIPO 1

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE

8h30 Inscripción de participantes An!triones CEPAM-Guayaquil

9h00 Bienvenida a participantes An!triones

Presentación de participantes Facilitadora local

9h25Explicación de objetivos de la reunión y I parte de la presentación

Consultora de la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Equidad de Género

10h00 Foro Participantes

10h40 Receso

11h00 II y III parte de la presentaciónConsultora de la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género

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11h45 Foro Participantes

13h00 Almuerzo

AGENDA TIPO 2

Hora Tema Responsable

9h00 - 09h15Bienvenida a las participantes y sustentación del evento

Sr. Prefecto del Azuay y otras autoridades

9h15 - 09h30 Presentación de participantes Participantes

9h30 - 09h45 I Parte - Visualización por tarjetas de los temas de igualdad y no discriminación

Participantes María Arboleda

9h45 - 10h15Presentación de marco conceptual de igualdad y no discriminación y buen vivir para las mujeres ecuatorianas

María Arboleda

10h15 - 10h30 Foro Participantes

10h45 - 11h00 II Parte - Visualización por tarjetas del tema de buen vivir para las mujeres María Arboleda

11h00 - 11h15Presentación de marco conceptual del Buen Vivir para las Mujeres ecuatorianas

María Arboleda

11h15 - 11h30 Foro Participantes

11h30 - 11h45 III Parte - presentación de ejes estratégicos del Plan

María Arboleda

11h45 - 12h30 Grupos de trabajo Participantes

12h00 - 13h00 Plenaria y cierre María Arboleda y autoridades

En las sesiones también se recogieron criterios y puntos de vista sobre la ejecución de los Planes de Igualdad de Oportunidades (anterior política del Consejo Nacional de las Mujeres), en especial sobre el PIO 2005-2009. Estos insumos han sido incluidos en el documento pertinente.

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CEPTUAL Y RUTA METODOLÓGICA

El presente documento ha sido elaborado con los aportes de Lorena Jaramillo, Rosa Salazar, Eduardo Flor, Jacinta Zea, Alexandra Baño y María Sol Roura. La sistematización !nal corresponde a los consultores María Arboleda y Raúl Borja.

CONTRAPARTES Y PARTICIPANTES

Para los eventos se contó con diversas contrapartes institucionales; las más importantes fueron:

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES);

Gobiernos provinciales de Loja, Azuay y Tungurahua;

Las instancias o puntos focales de género de más de veinte instituciones del Estado;

El Proyecto Gestión Integral de la Cuenca binacional Catamayo-Chira auspiciado por la AECID;

La Asociación Trans Al!l;

El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM - Guayaquil;

El Movimiento Luna Creciente.

En los eventos participaron delegaciones de quince provincias: Loja, El Oro, Zamora, Orellana, Azuay, Cañar, Morona, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Guayas, Manabí, Esmeraldas y Los Ríos. Las organizaciones y/o instituciones a las que representaron fueron las siguientes:

1. Coordinadora Política de Loja

2. Zamaskijat - Zamora

3. Junta Parroquial de San Pedro de Vilcabamba

4. Comité de Desarrollo de Mujeres Fronterizas (CODEMUF)

5. Red de Mujeres de Calvas

6. Red de Mujeres de Loja

7. Plataforma Binacional de Mujeres

8. Asociación Primero de Agosto (Guayaquil)

9. Coordinadora Nacional de Mujeres Negras (CONAMUNE-Los Ríos)

10. Cooperativa De Todas (Guayaquil)

11. Red de Prevención y Atención de la Violencia a las Mujeres e Intrafamiliar de Bastión Popular (Guayaquil)

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12. Cooperativa Pablo Neruda (Guayaquil)

13. Red de Mujeres Montubias con Deseos de Superación (Milagro)

14. Movimiento Mi Cometa

15. Red de Prevención y Atención de la Violencia a las Mujeres e Intrafamiliar del Guasmo (Guayaquil)

16. Asociación Jóvenes de Sta. Lucía-Fenacle Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales, Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador (Los Ríos)

17. Movimiento de Mujeres de Jipijapa (Manabí)

18. Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar (ATRH) (Guayaquil)

19. Comité Paz y Progreso de Bastión Popular (Guayaquil)

20. Asociación Silueta X (Guayaquil)

21. Jóvenes en Acción-Fundación Lann (Milagro)

22. Parroquia Ayora, Comunidad Espejo (Cayambe)

23. Asociación Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas

24. Organización de Mujeres Diversas (El Oro)

25. Presidenta de la Coordinadora de Mujeres de Orellana

26. Presidenta de la Omicse, Planchaloma (Cotopaxi)

27. Vicepresidenta de la Omicse, Planchaloma (Cotopaxi)

28. Organización de Mujeres Unopac (Cayambe)

29. Movimiento de Mujeres Luna Creciente

30. Organización de Mujeres de Quimiag, Comich (Chimborazo)

31. Proyecto Gestión Integral Catamayo-Chira

32. INFA - Zamora

33. Fundación Río Manta (Manabí)

34. Corporación Kimirina (Guayas)

35. Jubileo 2000-Red (Guayaquil)

36. CEPAM (Guayaquil)

37. Fundación Yerbabuena (Guayaquil)

38. Fundación Nuevos Horizontes (Manabí)

39. Fundación María Guare (Guayaquil)

40. Corporación Mujer a Mujer (Azuay)

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CEPTUAL Y RUTA METODOLÓGICA

41. Comité de Usuarias de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, de Gualaceo

42. Comité de Usuarias de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, de San Fernando

43. Comité de Usuarias de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, de Ponce Enríquez

44. Comité de Usuarias de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, de Oña

45. Comité de Usuarias de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, de Nabón

46. Comité de Usuarias de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, de Girón

47. Junta Parroquial de Cañar, Cañar

48. Organización de Mujeres Tejemujeres

49. Asociación La Natividad C. Humblín (Azuay)

50. Mujeres por la Vida (Azuay)

51. Fundación de Organizaciones de Mujeres del Azuay (FOMA)

52. Movimiento de Mujeres de Bolívar

53. Coice Guamote (Chimborazo)

54. Mujeres Profesionales y de Negocios de Ambato

55. Asamblea Cantonal de las Mujeres Ambato

56. Asamblea Cantonal de las Mujeres Píllaro

57. Asamblea Cantonal de las Mujeres Mocha

58. Asamblea Cantonal de las Mujeres Tisaleo

59. Asamblea Cantonal de las Mujeres de Quero

60. Grupo de Interés de Saneamiento Ambiental Ambato por las Mujeres

61. Coordinadora Política de Mujeres de Tungurahua

62. Coordinadora Política Chimborazo

63. Municipio de Guayaquil-Concejala suplente

64. Subsecretaría de Educación (Guayas)

65. Red Interinstitucional Violencia Manta-Municipio de Manta (Manabí)

66. Sistema Nacional de Finanzas Populares

67. SENPLADES (Representante de Pueblos y Nacionalidades y de Plani!cación)

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68. Gobierno Provincial del Azuay

69. Gobierno Provincial de Loja

70. Gobierno Provincial del Tungurahua

71. Asamblea Provincial de las Mujeres de Tungurahua

72. Vicealcaldía de Ambato

73. Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia Tungurahua

74. Cátedra de Género Universidad Técnica de Ambato

75. Junta Parroquial de Chimbo (Bolívar)

76. Plan Nacional de Prev. del Emb. Adolescente Tungurahua

77. Ministerio de Coordinación de la Política

78. Consejo de los Niños, Niñas y Adolescentes (CNNA)

79. Ministerio de Inclusión y Equidad Social (MIES)-Quito

80. Ministerio de Inclusión y Equidad Social (MIES)-Los Ríos

81. Ministerio de Educación. Programa Nacional de Educación de la Sexualidad y el Amor, (PRONESA)

82. Ministerio de Salud Pública (MSP)

83. Ministerio de Finanzas

84. Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género

85. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)

86. Corporación Financiera Nacional (CFN)

87. Ministerio de Relaciones Laborales

88. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)

89. Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME)

90. Secretaría Técnica de Finanzas Populares

A continuación se ordenan y sintetizan los criterios y aportes de las participantes en una matriz.

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CEPTUAL Y RUTA METODOLÓGICA

MATRIZ DE APORTES DE LAS REPRESENTACIONES DE MUJERES

PLAN DE IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN Y BUEN VIVIR PARA LAS MUJERES ECUATORIANAS Y SU ESTRATEGIA DE TRANSVERSALIZACIÓN RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN

Temas de la agenda Observaciones/Aportes

Marco conceptual: Principios de Igualdad y No Discriminación

La Constitución de 2008 establece: “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”.

“Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, !liación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos”.

Es realmente importante contar con la presencia de todas en este evento de socialización de la Agenda de igualdad, no discriminación y buen vivir de las mujeres ecuatorianas; cabe recalcar que este proceso es importante en tanto se acepten y valoren las experiencias que tenemos las mujeres en provincia, especialmente el modelo de participación del Gobierno Provincial y el Nuevo Modelo de Gestión, donde todas las organizaciones de mujeres de la provincia en varios momentos han determinado la dinámica local de construcción y empoderamiento de las mujeres accediendo a los espacios de toma de decisión provincial (Tungurahua).

Es una propuesta interesante ya que brinda una nueva visión sobre lo que se espera en las políticas públicas en lo que respecta a género.

La igualdad debe ser la prioridad. Las mujeres son el paradigma de valores y de ejemplo.

“Se habla igualdad pero no se tiene acceso a la igualdad”.

En Ecuador las mujeres somos más del 51% de la población, se debería tomar en cuenta nuestros aportes, las miradas sustantivas, la visión integral y los derechos económicos desde las mujeres.

Jubileo 2000 señala su interés en que el Presupuesto General del Estado vaya ligado al Plan Nacional de Desarrollo. La Constitución establece como un mecanismo para garantizar enfoque de género al Consejo de Igualdad, que debe garantizar el enfoque de género en el Plan Nacional, dentro de los programas y en el presupuesto. Quiere saber qué se ha avanzado en eso.

Se debe armonizar el enfoque de igualdad con el de no discriminación (por etnias, clases, territorios, etc.). Ni subordinación ni asimilación. Lograr una comunidad entre las diversas comunidades humanas.

Se siguen manteniendo clases sociales hegemónicas y la Constitución pretende una igualdad en todos los niveles.

Hay un buen marco normativo nacional que promueve la igualdad; hay avances pero no su!cientes; se recalca el machismo,

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Derechos de la naturaleza, Sumak Kawsay (Buena Vida) y las mujeres

“El régimen de Buen Vivir tiene dos objetivos centrales:

“Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que establece la Constitución”.

“Construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los bene!cios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable”.

la violencia intrafamiliar y la violencia política como expresiones de inequidades; identi!can también como causa de inequidades otras categorías como la raza, edad, condición social.

Identi!can el tema de las inequidades desde las construcciones sociales.

La discriminación es un proceso social que se arrastra desde siempre; hay diferentes etapas donde se habla de diferencias, de inequidades, pero últimamente hay otro tipo de inequidad soslayada que vivimos frecuentemente y es la discriminación desde el sexo lingüístico, donde las mujeres jóvenes están siendo formadas desde un lenguaje subjetivo agresor machista, donde hemos perdido la capacidad de pelear los espacios, porque se supone que está implícita la igualdad, y los discursos atacan desde esos espacios de debilidad de las leyes o los enunciados frente a la realidad.

También hay que tomar en cuenta cómo vincular el género al sumak kawsay y a los derechos de la naturaleza, y encontrar un equilibrio al interior del sumak kawsay, y como un principio a la economía y de los derechos económicos.

El Buen Vivir expresa la necesidad de concretar los derechos y garantías, son “derechos exigidos y cumplidos”. Es la igualdad real entre mujeres y hombres, lo que incluye una vida digna, no discriminación, reivindicación del derecho al ocio y al placer, mayores oportunidades para “reactivar la democracia”, la participación y la toma de decisiones.

Es tener derecho a la salud, educación, vivienda, tierra, agua, cultura, a una alimentación adecuada y a la libre determinación.

Es vivir en armonía y libre de violencia, tener acceso a todos los servicios básicos, contar con empleo estable y bien remunerado, libertad para contar con salud, educación, vivienda y seguro social.

Es vivir en armonía respetándonos todos los seres vivientes y la naturaleza.

Es vivir en armonía con la naturaleza y comunidad en uso de nuestros derechos.

Buena alimentación, tener empleo, tener vivienda, tener la tierra para producir nuestros alimentos y semillas, tener derecho al agua y a la comunicación, tener salud.

Bienestar integral, vida digna, salud, educación, recreación, soberanía alimentaria, soberanía de los cuerpos, protección de la naturaleza, real cumplimiento de derechos en lo público y en lo privado, en las dimensiones individual y colectiva, armonía del cuerpo y de la mente.

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La fuerza son los movimientos de las mujeres. Lo re"ejado en la Constitución es un avance. Con la economía social y solidaria, la Constitución de 2008 incluyó el reconocimiento del trabajo doméstico, del trabajo de las familias y de las formas autónomas de trabajo, entre ellas algunos ámbitos de gran centralidad para las mujeres.

Respeto a las diversidades.

Vivir en armonía con la madre tierra, compartir con todos/as, administrar y proteger los territorios, respetar nuestras formas de vida, nuestra salud ancestral, nuestras formas de producción y de organización. Que se garanticen nuestros derechos. Tener soberanía alimentaria.

Tener una vida digna, sin violencia, discriminaciones ni injusticias, con calidad de vida para todos. Con leyes a favor de los pueblos afros.

Caminar sin temor, con seguridad de no ser maltratada ni discriminada. Se está hablando del concepto de sumak kawsay sin tomarnos en cuenta a las mujeres y los sectores indígenas, los pueblos todavía seguimos discriminados.

Se debe tomar en cuenta que en la actualidad existen 12 lenguas indígenas.

Cuando se hacen movilizaciones, siempre a la mujer se la invisibiliza. Las movilizaciones que se hacen es para todas y todos los ecuatorianos. Reunidas aquí podemos seguir fortaleciendo las organizaciones, ya que no solo pensamos en nosotras sino en todo el mundo.

“¡Se está haciendo el buen vivir, a cambio de quién!, ¡a cambio de los indígenas! Yo he vivido en la ciudad y es vivir lejos de la realidad. Aprobaron la Ley Minera donde está el buen vivir, con la minería las tierras quedan áridas, después viene la desnutrición y muchas enfermedades”.

El Estado tiene que volver a ponernos políticas decentes, que no nos condicionen.

Las redes de mujeres se conforman con mujeres diversas con la misma visión. El sumak kawsay debería hablar de compromisos, ver qué indicadores propone, si no hay igualdad, no hay buen vivir.

La complementariedad es asumida por el mundo indígena, pero para las mujeres mestizas no es así, eso se debe discutir y debatir, e incluir los aportes de las mujeres diversas y cómo estamos viendo el buen vivir, qué signi!ca para nosotras.

Las mujeres necesitan individualidad, autonomía, libertad, autoridad, soberanía alimentaria. Las mujeres tenemos la mayor capacidad, si hay acuerdo es mejor, son las que abren caminos a diferentes actitudes de vida, si estamos todas podemos construir juntas.

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La Constitución gira sobre los derechos, lo que signi!ca que para poder entender se debería preguntar a las mujeres qué signi!ca el buen vivir; esto debería ser un evento regional; así como diferenciar el plan o agenda de igualdad y el plan del buen vivir, se tiene que tener claro por qué se trabaja por los hombres y mujeres.

Se propone que se tiene que volver a reconstruir el concepto del buen vivir, para que incorpore la visión de las otras mujeres: mestizas, afro, LGBT, etc. No se puede imponer a nadie las nociones, debemos ser respetuosas.

El concepto del buen vivir debe ser incluyente de varias comunidades. Se puede dialogar y coexistir, muchas veces se pregunta por qué no se toma en cuenta a los hombres, y no se hace ver que las que están en la desigualdad son las mujeres.

Denominación del buen vivir, nos hace pensar una condición externa. Desconocemos cuál es el sentir mismo de un grupo humano. Hemos aprendido a vivir en un medio. Tenemos que sostener un proceso participativo. Tenemos que irnos incluyendo a todas las nacionalidades, cada quien tiene su medio de vida, ver cómo cada quien se desarrolla. En cada comunidad se debe construir cada concepto, no se puede conglomerar todo.

Se debería ampliar el cambio de paradigma del “desarrollo” al sumak kawsay, ya que cuando habla de subsistencia, no es el buen vivir, porque subsistencia es pobreza.

Tomando en cuenta el sumak kawsay, los derechos de la naturaleza, y sin dar mucho sesgo al mercado, encontrar un equilibrio, es decir, consumir lo necesario y su!ciente como un principio a la economía y de los derechos económicos.

Dentro de la plani!cación y de las políticas, en SENPLADES estamos haciendo un esfuerzo para superar la mirada de fracciones (para niñas una cosa, para jóvenes otra cosa, para ancianos otra cosa, para mujeres otra cosa) y poder tener una visión de integralidad. Cuando se trata de los enfoques de género, ver a la persona en su desarrollo integral, desde la niñez hasta la vejez, y buscar la forma de transversalizar los derechos de todos.

Cuando se dice que las mujeres somos minoría, habría que ver los sistemas de poder que históricamente se han tejido y en eso cómo las religiones han contribuido a esta perspectiva que ha aportado a la invisibilización de diversos sectores, por eso, habría

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que tener cuidado con el uso de la palabra, por ejemplo, nosotros como pueblos indígenas ya no estamos en el discurso de minoría, sino de pueblos y nacionalidades.

Es un gran reto el establecimiento de los tratamientos a grupos especí!cos. Es un gran reto pasar del análisis !no al análisis global, cuando estamos pensando el tema de políticas públicas.

En la metodología se tiene que tener un espacio para que las organizaciones de mujeres puedan dialogar y construir un concepto con la visión de las mujeres. Así como ver la estrategia de construir colectivos nuevos, que las organizaciones han tomado en cuenta como a los grupos LGBT, indígenas, afroecuatorianas.

“Las mujeres estamos aquí porque nos interesa y queremos ser una fuerza. Si hay organizaciones, tenemos que estar ahí para poder estar al frente; yo trabajo duro y fuerte, si estoy aquí es porque me interesa que se haga práctica lo que dice la Constitución y se pueda incluir a más mujeres”.

El sistema moderno nos ha privado de esta posibilidad del buen vivir.

El Buen Vivir es un concepto amplio, es parte de nuestro proceso, es una posición política de respeto, solidaridad, salud, autonomía económica, equidad de género.

Buen vivir es un estado de bienestar individual y colectivo, con respeto a la naturaleza, con trabajo, poder producir y consumir rescatando prácticas ancestrales, volver a consumir cosas nuestras, productos sanos.

Son espacios de recreación, garantizar seguridad fuera y dentro de la casa, buena alimentación, sana, natural, valoración del aporte de las mujeres en la crianza de animales menores y huertas familiares, salud mental, sin violencia intrafamiliar.

Opción a buen trabajo, organización de microempresa, autonomía económica de las mujeres, contar con servicios básicos, alcantarillado y agua potable.

Es gozar de una buena salud, estar bien internamente, buena nutrición.

Buen vivir es amar la vida, es amar la naturaleza, el sol, el agua, la montaña.

Alimentación sana, cuidar del agua, diálogo entre todos nosotros.

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Ruta metodológica para la transversalización

Para poder llegar a la transversalización se debe:

a) “Interactuar con el conjunto de mandatos constitucionales, de modo que fortalezca y enriquezca al Estado democrático para el buen vivir, mediante la construcción y el respeto de garantías a los derechos de las mujeres diversas, en especial con la generación de condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos humanos de aquellas que sufren discriminaciones, por razón de clase, etnia, territorio y opción sexual”.

b) “Promover la instalación progresiva de un sistema estatal de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres”.

c) “Asegurar la adopción de un modelo de gestión transversal de los ejes estratégicos de igualdad, no discriminación y buen vivir”.

Dentro de la plani!cación y de las políticas, en SENPLADES estamos haciendo un esfuerzo para superar la mirada de fracciones (para niñas, una cosa, para jóvenes otra cosa, para ancianos otra cosa) y poder tener una visión de integralidad. Cuando se trata de los enfoques de género, ver a la persona en su desarrollo integral, desde la niñez hasta la vejez, y buscar la forma de transversalizar los derechos de todos.

La Constitución, en el artículo 340, establece que el sistema nacional de inclusión debe estar articulado al PND y al sistema de plani!cación. Es decir, es del Ejecutivo, por eso no entiendo que se hable aquí de articular los cinco poderes para la transversalización. El sistema contempla, además, ámbitos y sectores especí!cos como patrimonio, salud, vivienda, seguridad social y no están todos, es decir, estipula básicamente el sistema social.

Textualmente, la Constitución habla del sistema nacional de inclusión en el artículo 340 y hay otros dos artículos que hablan sobre el sistema y cuando lo desglosan es muy limitado, porque si bien hablan de la igualdad y la no discriminación, el momento de describir el sistema, lo restringe. (Pero) la acción de una sola función no va a ayudarnos a la eliminación de la discriminación y la obtención de la igualdad. El artículo 341 es como “nuestro argumento” porque en el primer párrafo habla sobre la política de protección y sobre los sistemas especializados y nosotras discutimos que podríamos proponer un sistema especializado porque habla del sistema como el conjunto de otros sistemas, así, en la Constitución está establecido el sistema de protección de la niñez y la adolescencia como un sistema especializado, para el logro de la igualdad de género y no discriminación para las mujeres no tenemos un sistema especializado.

El artículo 340 incluye hasta vivienda y el tema de prevención de riesgos. En el 341 está especi!cado que existirá el Sistema Nacional de Equidad y los otros sistemas que existiesen se unirán a este Sistema Nacional de Equidad. El Sistema Nacional Descentralizado incluye tres ámbitos: a) los Consejos que son los formuladores de política, vigiladores y transversalizadores de la política, b) los de protección, en los que están todos los operadores de justicia y c) los ejecutores, que allí están todos los ministerios. Así está compuesto.

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En la metodología se pretende que en la agenda se tenga una entrevista con el presidente de la República y con la SENPLADES.

Me preocupa también el tema de la articulación, es decir, si se lo hace con SENPLADES, con el Consejo de Equidad y/o con las demás instituciones, tomando en cuenta que las instituciones sí tenemos mucho que decir

Así es y así está contemplado, son las instituciones las que están en el actual diagrama

En el Ministerio de Finanzas tenemos una Dirección de Género, ¿qué deberíamos hacer, el momento que entra en funcionamiento la propuesta que aquí se está presentando, acaso nos quedamos quietas esperando la directriz desde el Consejo? ¿Cómo seguimos trabajando?, tomando en cuenta que el trabajo de género ha sido una propuesta que esencialmente ha sido alimentada por la cooperación.

Otro elemento que me preocupa es quién va a realizar la transversalización en las instituciones, por ejemplo, en el Ministerio de Finanzas hemos sido dos chicas piratas las que hemos trabajado en el tema de género en la institución, ya que al inicio, el Departamento de Género era una virtualidad y, aun a riesgo de perder el trabajo, decidimos comprometernos con esta aventura de género. Por eso es importante saber quién se va a dedicar a esto y yo considero que debe ser personal de planta y cuál va a ser su motivación, tomando en cuenta que toda persona tiene sus necesidades, sus limitaciones y sus alcances.

En ninguna de las partes de la exposición he escuchado algo respecto de la Contraloría General del Estado, más aún cuando el tema de la auditoría es sumamente importante y, por ello, la Contraloría debería ser un socio importante en este proceso.

Si bien la Constitución establece que deben articularse los sistemas ya creados, recordarán que, al ponerse en vigencia la Constitución y al revisar y tener como expectativa la constitución de los consejos nacionales de igualdad y equidad, estos sistemas perderían un poco de vigencia frente a su implementación dentro de sus territorios.

Pedir consulta a la Comisión de Transición para una aclaración jurídica, porque en la revisión que nosotros hicimos nos daba esta impresión.

Un sistema que tienda a poder avanzar en la garantía de eliminación de discriminación a la mujer no puede ser solo del Ejecutivo.

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Entonces una lectura transversal obliga a mirar la complementariedad entre los diferentes poderes, desde la Corte Constitucional —siendo la instancia más alta de garantía—, todo lo que se debe generar desde el Ejecutivo, desde el Poder Judicial (en la medida que son los jueces los que en primera instancia resuelven los temas de reclamos), todo lo que se debe generar desde el Sistema de Elecciones… Para un Consejo de Igualdad de Género es imposible pensar que no tienes relación directa y capacidad de observar y hacer seguimiento al ejercicio de nuestro derecho de participación política. Hay una serie de instituciones creadas intrafunciones que son las que —articuladas— hacen un sistema de defensa y protección de los derechos. Esa es una lectura constitucional transversal y solo así los consejos forman parte de un sistema.

Esta es una pregunta que presento también para la representante de SENPLADES. ¿Esto no se cruza con todo el proceso de plani!cación y la transversalización que establece la Constitución para todos los organismos del Gobierno central, en el cual tiene la obligatoriedad de trabajar la SENPLADES, justamente para lograr lo que está establecido en la Constitución y obviamente fortalece al PNBV? Pregunto esto porque veo que hay esfuerzos dispersos.

El artículo 166 de la Constitución habla de que los consejos tienen la facultad de formular políticas públicas y los planes son una herramienta de las políticas públicas, pero también hay autores que a!rman que la política pública es el mismo plan. Entonces como consejo tenemos el mandato y, además, nos vinculamos al SENPLADES.

Me parece que la propuesta está muy bien estructurada, me saltan algunas inquietudes: respecto del tiempo, dado el alto nivel de consensos, cuándo realmente se va a hacer algo, tomando en cuenta que si bien hay todo un contexto jurídico dado por la Constitución y un contexto político establecido por el actual Gobierno, ¿qué sucedería si este no es reelegido?, ¿qué va a pasar con todas las iniciativas que se vayan trabajando?, habría que considerar el factor tiempo como un elemento en contra.

Me preocupa también el tema de la articulación, es decir, si se lo hace con SENPLADES, con el Consejo de Equidad y/o con las demás instituciones, tomando en cuenta que las instituciones sí tenemos mucho que decir.

Así es y así está contemplado, son las instituciones las que están en el actual diagrama.

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En el Ministerio de Finanzas tenemos una Dirección de Género, ¿qué deberíamos hacer, el momento que entra en funcionamiento la propuesta que aquí se está presentando, acaso nos quedamos quietas esperando la directriz desde el Consejo? ¿Cómo seguimos trabajando?, tomando en cuenta que el trabajo de género ha sido una propuesta que esencialmente ha sido alimentada por la cooperación.

Otro elemento que me preocupa es quién va a realizar la transversalización en las instituciones, por ejemplo, en el Ministerio de Finanzas hemos sido dos chicas piratas las que hemos trabajado en el tema de género en la institución, ya que al inicio, el Departamento de Género era una virtualidad y, aun a riesgo de perder el trabajo, decidimos comprometernos con esta aventura de género. Por eso es importante saber quién se va a dedicar a esto y cuál va a ser su motivación, tomando en cuenta que toda persona tiene sus necesidades, sus limitaciones y sus alcances.

En ninguna de las partes de la exposición he escuchado algo respecto de la Contraloría General del Estado, más aún cuando el tema de la auditoría es sumamente importante y, por ello, la Contraloría debería ser un socio importante en este proceso.

Otro tema es el asunto de los convenios que han permitido el diseño de varias consultorías, pero estas han sido más productivas cuando la consultora trabaja de manera más directa con la compañía y participación de los funcionarios, ya que el proceso de retroalimentación es mucho más enriquecedor.

Otro tema importante es que todo debe estar presupuestado, porque caso contrario no existe posibilidad de transversalización.

Me parece que se debe considerar muy bien el rol clave que tiene SENPLADES, y la Subsecretaría de Organización del Estado debería estar presente a !n de que se establezca con claridad la matriz de competencias.

El proyecto Catamayo Chira en su eje de género, junto con el Gobierno Provincial de Loja (GPL), va a ser pionero a nivel nacional en implementar el Plan de Igualdad de Oportunidades en el GPL. Se tiene una gran ventaja en la provincia de Loja y se tiene que aprovechar para que las cosas se den como se plantean.

La facilitadora indica que las organizaciones tienen varias oportunidades. Comparte que en Loja, la Prefectura de Loja va a hacer el Plan de Igualdad, No Discriminación y Buen vivir para las Mujeres. Considera que podría plantearse el proceso en Guayas.

La facilitadora indica que la Comisión de Transición está trabajando en una estrategia de transversalización, que implica que cada sector del Estado pueda tener su agenda; una vez que tengan su agenda, que tengan su POA y esto se re"eje en el presupuesto.

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EJES DE POLÍTICAS SUGERIDOS PARA LA AGENDA O EL PLAN

Línea estratégica 1.60 Valoración de las mujeres rurales y urbanas como actoras económicas de sistemas de reproducción-producción de la vida, en el marco de una economía social y solidaria que contribuya a su autonomía y empoderamiento.

Política de titularización de tierras a favor de las mujeres.

Acceso de mujeres organizadas a la tierra con !nes productivos (propiedad colectiva).

Programa efectivo de microcrédito para mujeres.

Programa efectivo de intercambios de productos agrícolas y artesanales, en especial de mujeres de las cuatro regiones.

Canalizar mecanismos de intercambios-trueque para organizaciones de mujeres productoras y consumidoras.

Políticas de puesta en valor de los conocimientos de las mujeres en producción agroecológica, que son muchísimas a lo largo y ancho del país.

Políticas de recuperación y fortalecimiento de nuestra propia tecnología, conocimientos y saberes ancestrales, en economía, agricultura, comercialización, organizacional y otros.

Reformas tributarias para introducir medidas de acción a!rmativa para mujeres jefas de familia y hogares monoparentales.

Ley de Aguas y políticas deben contemplar los derechos de las mujeres al agua y a los recursos productivos.

Política de vivienda para mujeres de sectores populares, no solo para sectores medios y ricos.

Se re"exiona sobre lo complejo del tema de “trabajar economía social y solidaria El Gobierno tiene que acelerarse con alternativas económicas para estas compañeras. El MIES tiene este mandato. Montar políticas públicas respecto a estos temas”. Ante esto la participante del MIES-Los Ríos indica que tienen instituto de economía popular y solidaria, y que están en un “proceso de identi!car estrategias para minimizar impactos que está teniendo esta situación”.

Debemos hablar de la economía popular y solidaria, ya que la suma de los recursos de los actores en la economía no es micro. La economía popular es un nuevo concepto que revaloriza el aporte económico nacional de la economía popular, en la que las mujeres tienen un rol sumamente importante y también son discriminadas.

Se trabajó ya en la participación de las mujeres en las micro!nanzas, ¿cuál es el promedio de crédito que reciben las mujeres? Los varones reciben mayores créditos y más plazos, a pesar de que las mujeres reportan mejor capacidad de pago.

La teoría económica habla de la macro, meso y microeconomía. Se debe hacer mayor análisis de las implicaciones económicas sobre las mujeres, ya que hay importantes niveles de discriminación.

60 La redacción de las Líneas Estratégicas no corresponde a su versión !nal

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Se debería considerar la noción de unidades productivas.

La Constitución dice que el ser humano es solidario y, por ende, vamos a construir una economía solidaria.

Se debe hacer una a!nación respecto de la macroeconomía: no se re!ere a las grandes empresas, nos referimos a los grandes agregados nacionales, es decir, al producto interno bruto, a la inversión nacional, al ingreso nacional, al consumo, a la formación bruta de capital. Por ello se debería hacer una a!nación respecto de cuál es el modelo económico que ha priorizado a la empresa. Y que el análisis económico y el análisis de la microeconomía es el que analiza a las empresas. Lo fundamental en el cambio de modelo es tomar en cuenta que el principio básico es que el ser humano es solidario y, por ello, construimos una economía solidaria.

Línea estratégica 2. Generación de empleo en igualdad para hombres y mujeres, promoviendo la eliminación de la discriminación y la segregación laboral, de estereotipos sobre los roles de trabajo de hombres y mujeres en el mercado laboral, la empleabilidad de hombres y mujeres por igual y la conciliación de la vida laboral con la doméstica.

Prioridad de empleo para mujeres en instituciones públicas y privadas.

Dar empleo a las mujeres.

Que reconozca la existencia de centros de cuidado, de centros de comida preparada, pensando en la economía para sustentar estos y así tengan seguridad económica las mujeres.

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Línea estratégica 3. Reconocimiento de los trabajos domésticos y de cuidado (economía del cuidado) y desarrollo de sistemas públicos de cuidado y apoyo escolar infantil, provisión de recursos y servicios domésticos y sistemas de protección a adultas mayores y personas con capacidades especiales.

La carga de trabajo en las mujeres ha aumentado por el aumento de los cuidados, lo cual no está relacionado solo con el neoliberalismo, hay un problema histórico, ya que el trabajo de la mujer ha sido siempre invisibilizado.

Nuestras abuelas hacían de todo, por ello es un problema histórico que hay que resaltar, pero no es solo un asunto del neoliberalismo. Que en este se exacerba, es diferente, pero no se debe achacar que la desigualdad surge en el neoliberalismo.

Las participantes re"exionan sobre el trabajo doméstico. Indican que este “ha sido socialmente asignado a las mujeres y no reconocido”, “no ha sido valorado socialmente ni por nosotras mismas”, “se visibiliza, ¿qué pasaría si no hubiera ese aporte del trabajo doméstico?”, “esquema de que la mujer haga todo en casa se transmite de generación en generación”.

Las participantes reconocen la polémica que se ha generado por la valoración del trabajo doméstico remunerado.

Tenemos que volver a reactivarnos. La nueva Constitución nos favorece en algo. Ahora es reconocido el trabajo doméstico. Las labores son reconocidas para hombres y mujeres, las tareas deben ser compartidas, pero existe una disyuntiva con la a!liación del IESS de la mujer, si es a!liada le quitan el bono.

Todo el tiempo las mujeres hemos descargado la carga en otras, esto quiere decir que nos falta empatía con nuestro género. Si se habla de madres comunitarias, se asimila como el trabajo doméstico, es la servidumbre, la esclavitud del siglo 21. En la provincia de El Oro pagan 80 dólares a las domésticas, pre!eren colombianas y peruanas para pagar menos. Las mujeres hacen trabajo gratis, es invisibilizado, las mujeres populares son las que asumen la carga más pesada.

La facilitadora reconoce que este es uno de los temas más polémicos, indica que tal vez Ecuador sea el único país que ha puesto en la Constitución que se reconoce el trabajo doméstico.

Las participantes hacen comentarios respecto al trabajo voluntario de las mujeres en las comunidades: “el trabajo voluntario en las comunidades no es reconocido ni remunerado”, “el trabajo en la comunidad cae en las mujeres, hay remuneraciones muy bajas, lo que nos reconocen como movilización, beca, no nos alcanza para sostener a nuestras familias, en eso no se está trabajando”, “se debe reconocer el trabajo voluntario que hacen las mujeres en la comunidad”.

Respecto a la relación entre la deuda externa y la carga de trabajo sobre las mujeres, la representante de Jubileo 2000 indica “la carga de trabajo sobre las espaldas de las mujeres obedece también a una causa. Por ejemplo, en Ecuador, Jubileo está tratando de posicionar el tema de la afectación de la deuda en las mujeres.

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Cuando antes de 2006, el Estado ponía para el pago del servicio de la deuda externa el 45% del Presupuesto General del Estado mientras que para salud era apenas el 3,5%, educación igual, entonces decimos que hay que seguir empoderando a la mujer en la exigibilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales - DESC para que el Estado repare, creo que el marco constitucional que tenemos en estos momentos posibilita este ejercicio de exigibilidad desde las mujeres para que el Estado reconozca a través del seguro social del ama de casa, pero también desde el otro lado, desde los afectados y afectadas, porque no solo las mujeres hemos sido afectadas, también los campesinos, los jóvenes y decir que va a haber una transición y en esta transición qué es lo que como organizaciones sociales vamos a poder seguir alcanzando y dando los insumos para esa reparación del Estado”.

La facilitadora indica que hay que mirar políticamente el tema. Que el reconocer el valor del trabajo doméstico en la Constitución es un gran avance. Reconoce que hay problemas, como que algunas mujeres ya no puedan contratar trabajo doméstico por el costo que tiene. Pero indica que no hay que empantanarse allí, hay que pensar que el trabajo doméstico no debe ser solo responsabilidad de las mujeres. Existe la necesidad de ir a una política pública para que haya corresponsabilidad familiar en el trabajo doméstico. La necesidad de que el Estado facilite guarderías, comedores, una serie de servicios públicos; que el Estado asuma servicios y que al interior de la familia hombres e hijos asuman la carga doméstica al igual que las mujeres.

Una participante comenta: “las madres cuidadoras solo reciben un pago de 80 dólares sin seguro social. Un familiar enfermo, quién lo cuida, una mujer, siempre una mujer. Políticas pensadas cómo se remunera a mujeres que hacen estas cosas”.

Respecto a los efectos que han tenido las acciones para un salario digno para las trabajadoras domésticas, una participante indica: “a pesar de que es de justicia que se les suba el sueldo, hay el problema grave de que están quedando sin su trabajo. Hay que buscar estrategias para enfrentar esto”.

La representante de la ATRH indica que, a pesar que esa es una di!cultad y riesgos (la pérdida de los trabajo), ese es el costo de la lucha. Ella señala que a costa de la explotación de las trabajadoras domésticas familias de clase media han hecho dinero.

Representante del CEPAM - Guayaquil indica la necesidad de re"exionar como sociedad civil sobre ciertos temas, por ej., lo del trabajo doméstico.

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Mas allá de los derechos de las mujeres que trabajan como empleadas domésticas en la práctica, la mayoría de empleadas fueron despedidas por la dinámica económica del país.

El Código de la Niñez es otro aspecto que perjudica a las mujeres, por ejemplo, en las demandas judiciales a los familiares por los temas de alimentos y, a pesar de que la Constitución es garantista, es inoperable y se deben fortalecer las redes para implementar los temas de género y de igualdad de oportunidades.

Línea estratégica 4. Conciliación de la participación femenina en las esferas privada y pública (laboral, productiva, política, cultural y social) e incremento de la corresponsabilidad masculina en el ámbito privado y en las responsabilidades familiares, de manera que se libere tiempo para que las mujeres puedan ejercer sus derechos al trabajo, el estudio, la recreación, etc.

Otra participante indica que “permiso de paternidad ha permitido que hombres se den cuenta de la importancia del trabajo doméstico”.

También indican como alternativas que el trabajo doméstico no debe ser realizado solo por las madres: “los padres deben aportar. Los padres deben tener una paternidad responsable. Toda la carga se la dejan solo a la mujer”.

Que se derogue la ley que obliga a madres, padres, tíos, abuelos y familiares del padre irresponsable a pagar por él, porque eso crea más irresponsabilidad del hombre que tiene los hijos. En su defecto, que el Estado asuma la irresponsabilidad paterna y obligue al demandado.

Línea estratégica 5. Aplicación de la normativa sobre participación paritaria de las mujeres, por designación y/o elección, en las instancias públicas de decisión, legislación, aplicación de justicia, formación y generación de conocimiento, participación política y gremial, e instancias de exigibilidad, plani!cación y control social, como factor que incide en la autonomía política y el acceso a la toma de decisiones por parte de las mujeres.

Política del Consejo de Participación Ciudadana con paridad y representación de mujeres organizadas.

Legalización de organizaciones de mujeres y sociales sin obligaciones de pago de impuestos ni cuentas bancarias o cuotas de inscripción.

La Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana no presenta amenazas de ilegalizar a las organizaciones si no se inscriben.

Política de respeto a las organizaciones existentes e históricas. No dividir. Que se respeten sus expresiones y sus planteamientos.

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sea también agente de las organizaciones sociales y no solo de “ciudadanos”.

Intervención para que organizaciones sociales apliquen la paridad.

No obstante la ley, la igualdad política de las mujeres no se siente el peso político de las mujeres en la elaboración de las leyes, ninguna ley que sale de la Asamblea tiene enfoque de género… Hay que tomar en cuenta también que nadie toca las

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desigualdades formales, pese al aporte gubernamental de implementar las medidas a!rmativas.

Uno de los limitantes para que las mujeres accedan a los espacios de poder es el factor económico, ya que las mujeres aún encuentran muchas desigualdades no solo en la práctica, sino en las leyes existentes y las brechas aún son muy grandes.

En la Constitución de 2008 hay un articulado que dice que el Estado promueve la participación. Lastimosamente, con relación a la participación política, los partidos no cumplen con las normas. Por ejemplo, del partido de Gobierno 34% de la Asamblea son mujeres. En El Oro se tuvo un retroceso, no hay participación de las mujeres en los partidos políticos.

Ahora no se dio dinero para las candidaturas para las mujeres. Es necesario que las mujeres nos unamos para exigir nuestros derechos.

El documento destaca que en la participación política ha logrado disminuir la inequidad, y ello se evidencia en las legisladoras, pero se debería re"ejar el hecho de que por la cantidad de actividades que la mujer debe llevar a cabo ha hecho que en otras funciones del Estado la representación de las mujeres sea menor, por ejemplo, para la Función Judicial muchas mujeres fueron descali!cadas, por tener menos tiempo de estudios y trabajo en la función pública, debido a los lapsos más largos que a las mujeres les toca adoptar al poner como prioridad temas de carácter familiar.

Para mujeres que están en la base de la pirámide social no se pueden conseguir recursos para !nanciar una campaña, pero les cuesta más que puedan dedicarse seis u ocho meses a una campaña. Otro ejemplo es que los presupuestos de los partidos políticos manejan los varones. Estas situaciones de la institucionalidad pública son las que hay que ir moviendo desde los diferentes espacios en los que nos encontramos.

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Línea estratégica 6. Implementación de un sistema de justicia y de protección de derechos orientado a la erradicación de las violencias de género, el acoso sexual y político y el feminicidio en los diversos ámbitos en que ocurren (laboral, político, social, escolar, académico, doméstico, fronteras, y en dinámicas de movilidad, con"ictos, trá!co y trata de personas, etc.), que aporte a garantizar la autonomía corporal, emocional, económica, política y social de las mujeres.

Promoción, protección y garantía del derecho a la seguridad ciudadana.

Erradicación de la violencia intrafamiliar respetando los derechos humanos e introduciendo en el trabajo comunitario a mujeres.

“Las mujeres hemos dado pasos grandes pero nos falta más”.

Hay que lograr que las mujeres sean tomadas en cuenta, que rompan el silencio, sin importar el estatus. Se tiene que lograr una metodología, vivir bien, tener una posición individual de ejercicio de derechos. Los derechos colectivos aplastan los derechos de las mujeres indígenas.

Las mujeres no conocemos cómo se va a implementar el mecanismo de género, cuál es la propuesta y no se ha socializado la Ley de Igualdad.

Se puede plantear la necesidad a la ministra de la Secretaría de los Pueblos, para impulsar estos procesos.

La representante de CEPAM - Guayaquil expresa la necesidad de ponernos de acuerdo en qué hacer frente al cumplimiento del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia, evaluarlo, identi!car mecanismos de negociación, exigibilidad.

Línea estratégica 7. Política universal de salud que garantice la promoción, protección y garantía del derecho a la salud de las mujeres diversas y los servicios de atención a los derechos sexuales y reproductivos con calidez y calidad, y enfoques etario, generacional e intercultural.

La directora ejecutiva del CEPAM – Guayaquil aboga para que las participantes asuman el tema de la mortalidad materna en la campaña que está por iniciar.

Que se dé acceso a las mujeres a la seguridad social. Que se concrete la a!liación al seguro social y la jubilación para las mujeres amas de casa, valorando el trabajo doméstico.

En los hospitales no hay garantía cuando las mujeres dan a luz, se tiene que salir al día siguiente, se corre riesgo de enfermar sin una atención adecuada, ya que si no tiene mujeres amigas o parientes, esto lo asume la mujer sola, corriendo riesgos ella y su hijo/a. Además, no existe la corresponsabilidad familiar, no se ha trabajado en ello; es necesario hacerlo y sensibilizar a los hombres, para que asuman su rol como padres y de corresponsabilidad en las labores del hogar.

Es importante que se incluya el término ciclos de vida. En salud estamos iniciando la transversalización de género en salud de la niñez, a partir de una investigación que hemos realizado en la que se evidencia la discriminación que hay entre niños y niñas, por ello, es importante la inclusión de ciclos de vida.

La política universal de salud no contempla el tema del acceso, porque hay comunidades que aún no tienen ni siquiera un buen sistema de vías que les permita salir al centro de salud más cercano que puede ser a una o dos horas en carro.

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Línea estratégica 8. Grupos declarados de atención prioritaria.

Es muy importante que no se invisibilice a ciertos sectores de mujeres que no están en los grupos de atención prioritaria, pero merecen una atención especial.

Se deben escoger los grupos prioritarios de mujeres a atender con políticas innovadoras.

Plataformas de atención integral de mujeres con capacidades especiales.

Crear centros de desarrollo de talentos para personas con capacidades especiales.

Programas de becas para mujeres con capacidades especiales.

Línea estratégica 9. Promoción, protección y garantía del derecho a la educación para las mujeres en sus diversas fases de vida, identidades y territorios. Reconocimiento de las mujeres rurales, indígenas y afroecuatorianas como poseedoras de saberes y conocimientos ancestrales.

Programa de apoyo al mantenimiento en el sistema escolar de las estudiantes embarazadas (prevención y servicios de apoyo).

Que nuestras taitas y mamas sean maestros en la educación hispana, no solo en la bilingüe. Es una forma para que nuestros saberes no se pierdan y se compartan con todo el país.

Fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe.

La funcionaria de la Subsecretaría de Educación re!ere el problema del centralismo “se deja de lado a actoras y acciones con las que se ha trabajado. Hay desmotivación, luego. Qué posibilidades hay de seguir construyendo este trabajo y cuándo en el sector educación... Que no se trabaje solo con las técnicas de Quito, que se recoja la experiencia íntegra”.

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Línea estratégica 10. Promoción, protección y garantía para las mujeres de sus creaciones, simbolización y generación de conocimientos sobre sí y del acceso a las ciencias y a las tecnologías.

Programas de validación de los saberes y conocimientos diversos de las mujeres (en temas organizacionales, de ejercicio de ciudadanía y de liderazgo), respaldados o!cialmente para entregar título.

Programas gratuitos de formación de lideresas.

Programas de validación de los años de trabajo organizativo como años de aprendizaje.

Línea estratégica 11. Derecho a la recreación, a la creación y al tiempo libre.

Todas apoyan.

Línea estratégica 12. Estrategia de transversalización para la movilización de las agencias estatales y el desarrollo de instancias y capacidades del Estado en favor del cumplimiento de los objetivos de Igualdad, No discriminación y Buen Vivir de las Mujeres, en el ciclo integral de plani!cación, !nanciación, ejecución, seguimiento, evaluación y exigibilidad de las políticas públicas.

En el Estado no hay capacidad para hacer lo que tiene que hacer, aunque en los últimos años se visualizan las mejoras que se plantean para la igualdad de oportunidades de las mujeres, básicamente porque estos nuevos escenarios son escenarios que sancionan.

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OTROS TEMAS POR INCORPORAR

Derechos de la naturaleza/ambiente

Que no se realice explotación minera de gran escala porque afecta recursos, tierra, agua, bosques que usan las mujeres.

En sectores de explotación petrolera, las “indemnizaciones” que entregan las empresas por derrames y otras afectaciones se deben canalizar a las comunidades y a las organizaciones, no a las personas.

Interculturalidad/ Plurinacionalidad

Tomar en cuenta la interculturalidad y conocimientos ancestrales de nosotras las mujeres.

Que se dé cumplimiento a la Ley del Estado plurinacional, como una medida de justicia para las mujeres y los hombres indígenas.

Que se aplique el kichwa como segunda lengua (ha quedado solo en el papel) y muchas mujeres indígenas solo hablan kichwa.

Prevención de riesgos y zonas de frontera

Incorporar este tema.

Mujeres migrantes

Otra participante indica que tal vez el tema que todos somos migrantes no está recogido. Resalta que “ha habido también mucha discriminación a las mujeres migrantes internas”.

Comunidad LGBT

Propongo que se realicen programas de sensibilización y capacitación sobre derechos humanos de la comunidad LGBT, que sean ejecutados por las mismas organizaciones.

Campañas masivas sobre respeto a la otredad, a la diversidad, tal como la campaña “El Machismo es Violencia”.

Implementación de la seguridad social universal a las mujeres y extensión a las parejas del mismo sexo, de acuerdo a lo establecido en la Constitución.

Políticas públicas de salud que permitan la atención a miembros de la comunidad LGBT de acuerdo a sus especi!cidades.

Inclusión de mujeres lesbianas en campañas de prevención de ITS.

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Políticas que faciliten la legalización de organizaciones y asociaciones de mujeres.

Medidas de acción a!rmativa para enfrentar sanciones (despidos y expulsiones) a miembros de la comunidad LGBT.

Unas veces nos preguntamos a qué estamos aportando si al contenido o a realidades duras de la provincia (Guayas), a realidades diferentes, así como ayudar a la construcción de la agenda LGBT, que nos den elementos que ayuden.

En colegios hay situaciones de LGBT que son bien duras y no se pueden dar opiniones. Lastimosamente, no se pueden dar más detalles sin la presencia de ellas, ya que sí fueron invitadas pero no asistieron a la mesa de trabajo.

No tenemos un escenario bueno, nosotras tenemos que hacer lo que podamos para hacer políticas para exigir.

Legislación

Vigilancia y propuesta de leyes y reformas legales que preserven la coherencia con la Constitución en relación con nuestros derechos.

Reformas legales para implementar sanciones por LGBT fobias y crímenes de odio, incluyendo femicidio.

Ley de IgualdadPonerla urgente para discusión y aportes de las organizaciones de mujeres.

Comisión de Transición

La coordinadora de Red de Manta indica que “tenía otra expectativa, pensé que iba a explicar cómo se iba a formar el Consejo de Igualdad ¿Nosotros como sociedad civil podemos hacer observaciones a estos objetivos? ¿Lo han socializado con las mujeres organizadas?”

Otra participante expresa su reconocimiento a la labor del Consejo de Transición.

La facilitadora indica que la propuesta para el Consejo de Igualdad está lista y que va a ser presentada a los órganos de decisión pronto. Es una propuesta que trabajaron en diferentes talleres y considera que es una propuesta muy bien articulada. Expresa también que es un tema polémico a nivel del Estado, pues hay sectores con propuesta de hacer un solo consejo donde estén las mujeres, los montubios, los pueblos y nacionalidades, todos.

Indica que la propuesta de la Comisión de Transición se enmarca en lo que dice la Constitución, es decir, que cada grupo tiene su consejo, se está planteando un Consejo de Igualdad de las Mujeres y Equidad de Género.

La coordinadora de la Red de Manta insiste en la necesidad de socializar la propuesta con las mujeres manabitas antes de ser presentada.

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Tal vez nos toque hacer lobby por el Consejo de Igualdad… También expresa que “no podemos seguir alargando la concreción del consejo, sino que en lo que se alcance tiene que haber apertura para que sociedad civil participe, que permita mejorar”.

Es importante que se dé seguimiento a las cosas, porque muchos de los enunciados, incluso los de la Constitución, sobre la igualdad y no discriminación no se cumplen; es necesario… hacer respetar el rol de la mujer frente a los diferentes procesos que se fraguan por la igualdad de oportunidad de las mujeres.

Es necesario operativizar los espacios para garantizar el cumplimiento de las leyes y el proceso de aplicación de las agendas sociales, para ello es menester de!nir mecanismos con los instrumentos gubernamentales de tal manera que los planes se traduzcan en indicadores de cumplimiento.

Creemos que uno de los mecanismos es el trabajo que se realiza a través de la Comisión de Transición con la SENPLADES, para llamar la atención a las instituciones que han incurrido con incumplimientos en la aplicación de los planes y proyectos sociales.

Uno de los limitantes para la aplicación de las agendas de igualdad es que no hay herramientas que se adapten a las diferentes realidades, y en caso de muchos de los técnicos, es el desconocimiento de esas herramientas e insumos lo que impide aplicarlas de manera adecuada… no es posible que no se aplique la corresponsabilidad en la institucionalización de estos cambios y la aplicación de estas políticas de igualdad.

Todas las conquistas, que desde las diferentes organizaciones femeninas se han dado, se han conseguido gracias a las lucha de las mujeres y, por ello, se hace un llamado de atención a la Comisión de Transición para que realmente tome en cuenta a las organizaciones de base y no solo en procesos de validar cosas, que nuestros aportes se vean re"ejados en las agendas y no sea de una sola línea.

Las organizaciones estamos totalmente alejadas de lo que pasa en la Comisión de Transición, las cosas se están llevando desde la presidencia sin una verdadera participación de las mujeres, y aunque aparentemente hay diversos espacios de reivindicación, la verdad es que las mujeres no están siendo tomadas en serio en un real proceso de cambio, donde esté la presencia de las provincias, y las convocatorias ni siquiera son para aportar, sino que pretenden solamente que validemos las cosas, sin tomar en cuenta los aportes de las organizaciones y esperamos que eso en esta ocasión cambie y que se tomen en cuenta los aportes.

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Consejo de Igualdad de las Mujeres

Debe tener participación de mujeres del campo, de sectores pobres, de indígenas, afros, montubias y de diversas identidades sexuales.

Incluir representatividad de lideresas sociales organizadas.

Difusión de temas constitucionales y de igualdad, no discriminación y buen vivir: socializar lo que ahora estamos conociendo, de tal manera que otras mujeres puedan apropiarse de esto y tengan posibilidades de participar.

Glosario

Me parecen interesante temas como economía feminista y economía de cuidado, buen vivir, etc. Para !nes de difusión del documento, se debería incluir un glosario.

En el caso de que se tradujeran las políticas a trabajo concreto en ministerios y sectores, el glosario puede ayudar para personas que no están familiarizadas con el tema, para que comprendan los contenidos.

Descentralización

Plan de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir en Loja

Estas medidas necesitan ser operativizadas en territorios, porque si no, no se cumplen, si bien es cierto existe todo el marco constitucional… no pasa nada, la voluntad política real se expresa en presupuestos y acciones. Por ejemplo, el municipio puede cumplir con ciertos indicadores que exige la SENPLADES.

IMPLICACIONES DEL CONCEPTO BUEN VIVIR PARA LAS MUJERES Y EJES ESTRATÉGICOS PARA EL PLAN

Se construye la de!nición del concepto buen vivir a partir de los aportes de las participantes, estableciendo que este concepto tiene que ver con bienestar económico, tranquilidad y respeto, armonía con los otros y con la naturaleza. Que es una noción tomada de pueblos ancestrales, sobre todo pueblos ancestrales indígenas del Oriente. Que la Constitución establece que esta noción es el centro del modelo de desarrollo del Ecuador.

Por parte del Proyecto Gestión Integral de la cuenca Catamayo-Chira, se compromete a reunirse con la Secretaría de Pueblos para establecer alianzas que promuevan la realización de un evento para la discusión del buen vivir de las mujeres de la región sur, como un insumo para la elaboración del Plan de la Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir de la provincia de Loja, para el cual existe voluntad política del Gobierno Provincial y apoyo del proyecto.

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El diseño teórico metodológico permitirá construir el Plan de Igualdad como un instrumento técnico y polí-tico, que concrete el mandato constitucional de igual-dad entre mujeres y hombres, superando las brechas de discriminación y señalando la ruta a seguir al Esta-do ecuatoriano, por tanto, su aplicación es obligatoria para la administración pública nacional y territorial. Además, daría cuenta de los avances en materia de los compromisos internacionales firmados y ratifica-dos por el Estado, en materia de derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género, tales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW; el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará.