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Plataforma Laboral de las Américas

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Primera edición, 2006

Fundación Friedrich Ebert, Representación en MéxicoYautepec 55, Col. Condesa06140 México, D.F.Tels: 01 (55) 5553 5302Fax: 01 (55) 5254 1554fesmex@fesmex.org www.fesmex.org

Las opiniones contenidas en este libro son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Fundación Friedrich Ebert. El do-cumento puede ser usado libremente, siempre y cuando sea sin fines comercia-les. Para la solicitud de los ejemplares, comunicarse a la dirección y teléfonos anotados arriba.

Tiraje: 1000 ejemplaresImpreso en México

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Plataforma Laboral de las Américas

El movimiento sindical de las Américas, representado en la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), el Consejo Consultivo Laboral Andino (CCLA), el Congreso Laboral Caribeño (CLC), la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSC), la Coordinado-ra Sindical de América Central y el Caribe (CSACC) y las Centrales sindicales de Canadá, México y Estados Unidos, pone a consideración de los pueblos de las Américas, la so-ciedad civil organizada, de los gobiernos y las instituciones internacionales, la Plataforma Laboral de las Américas, fruto de un proceso democrático de reflexión, debate y consulta entre diferentes perspectivas del movimiento sin-dical, investigadores/as y representantes de otros sectores sociales, en la búsqueda de contribuir a la elaboración de una propuesta de desarrollo alternativo para las Américas, expresión de la diversidad económica, social y cultural pre-sente en nuestro continente y del aporte de los diferentes sectores sociales que la conforman.

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Plataforma Laboral de las Américas

Nosotras y Nosotros, las trabajadoras y los trabajadores de las Américas y el Caribe, unidos como hermanos y herma-nas en la ORIT, el Consejo Consultivo Laboral Andino, el Congreso Laboral Caribeño, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, la Coordinadora Sindical de Amé-rica Central y el Caribe, y las Centrales sindicales de Cana-dá, México y Estados Unidos, en nuestro nombre y en el de nuestros hijos e hijas, hacemos oír nuestras voces para reclamar un urgente cambio de rumbo.

Decimos:

La globalización ha tenido costos muy altos para nuestros pueblos. No solo en las regiones marginadas sino también en los países en los que la globalización es percibida como un proceso exitoso. En las Américas, desde el advenimiento del modelo neoliberal, todos los indicadores sociolabora-les muestran un deterioro muy signifi cativo: desocupación, precariedad laboral, deterioro de la calidad de vida, persis-tencia de la pobreza, crecimiento de la desigualdad social. La actitud depredadora del capital sobre los abundantes y desprotegidos recursos naturales, sobre el cuidado del me-dio ambiente, el insistente abaratamiento y precarización de la mano de obra, las desigualdades de género, clase, raza y etnias considerados como alicientes en la radicación de inversiones cuestionan seriamente la viabilidad sostenible de importantes regiones de las Américas. El grave défi cit de

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trabajo decente está destruyendo los sistemas de seguridad social, volviendo meramente declarativos los derechos del trabajo, anulando toda posibilidad de diálogo social, y ha-ciendo insufi ciente el compromiso social de las empresas.

El Consenso de Washington y las políticas económicas neoliberales han demostrado el fracaso de la idea funda-mentalista del “libre comercio”.

Nosotros, los millones de trabajadoras y trabajadores forzados a la desocupación, empujados a la pobreza, hun-didos en la precariedad y la fl exibilidad, obligados a dejar nuestras tierras, les exigimos abandonar las actuales políti-cas económicas neoliberales inspiradas en el fundamenta-lismo del “libre comercio”. Es urgente adoptar políticas de desarrollo sostenible que pongan en el centro al empleo de calidad con justicia social y construir mecanismos de intervención que permitan incluir a todos los habitantes. Necesitamos nuevas políticas diseñadas desde una perspec-tiva de género, que tengan como objetivos principales for-talecer la democracia, ampliar los canales de participación de la sociedad en la toma de decisiones nacionales y regio-nales, reducir la desigualdad, generar empleo decente y trabajo digno1 y adoptar políticas de desarrollo sostenible.

Es imprescindible fortalecer los procesos de integra-ción subregional como respuesta a los Tratados de Libre Comercio que solo profundizan la brecha entre y dentro de los países empobrecidos y países ricos. Sabemos que los

1 La referencia a empleo decente y trabajo digno en toda la plataforma re-fiere a la existencia concreta de pleno empleo para todos y todas, hombres y mujeres de las Américas.

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procesos de integración regional no se expresan de la mis-ma forma en todo el continente. Entendemos que estos pueden ser instrumentos importantes en la medida que no encubran formas de dominación de unos países sobre otros, tal como acontece con los Tratados de Libre Comer-cio y de Inversiones.

Por ello proponemos esta Plataforma Laboral de las Américas como punto de partida para iniciar un nuevo rum-bo histórico para todos nuestros pueblos y naciones, capaz de proyectarse a todos los hombres y mujeres del mundo.

1. Por un nuevo consenso Democrático con Soberanía popular y Perspectiva de Género

Sin democracia, perspectiva de género y derechos huma-nos en todas partes, no será posible abrir un nuevo rumbo en las Américas.

Los pueblos y las naciones de las Américas necesitamos con urgencia un nuevo consenso fundado en los siguientes presupuestos:

• Fortalecimiento de la democracia y vigencia plena de todos los derechos humanos,

• Ampliación de los canales de participación de la so-ciedad en la toma de decisiones nacionales y supra-nacionales

• Justicia Social• Perspectiva de género,• No discriminación de clase, raza, etnia, religión y

orientación sexual.

11. Por un nuevo consenso Democrático

11. Por un nuevo consenso Democrático con Soberanía popular y Perspectiva de Género1con Soberanía popular y Perspectiva de Género

S1Sin democracia, perspectiva de género y derechos huma-1in democracia, perspectiva de género y derechos huma-nos en todas partes, no será posible abrir un nuevo rumbo 1nos en todas partes, no será posible abrir un nuevo rumbo en las Américas. 1en las Américas.

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• Pleno Empleo como eje del desarrollo sostenible• Sociedades sin excluidos/as• Reconstrucción de la capacidad de los Estados para

tomar medidas proactivas.

Reivindicamos y defendemos la autodeterminación de los pueblos y de los Estados, convencidos que un sistema multilateral en las Américas con instituciones abiertas a la participación real de la sociedad constituye el punto de partida para lograr la libertad y la justicia social.

La construcción de una sociedad de trabajo democrá-tica debe incluir la perspectiva de género de forma per-manente y transversal al conjunto de las políticas públicas. Esto signifi ca entender que, tanto los aspectos de la pro-ducción como los de la reproducción y el cuidado de la vida, deben ser considerados en el proceso de superación de las desigualdades entre hombres y mujeres. Todas las instituciones y proyectos, todas las políticas, todas las leyes, tratados y decisiones, nacionales, subregionales y regiona-les, deben contener mecanismos que permitan incluir la perspectiva de género, garantizar la participación activa de las mujeres, respetar sus derechos como trabajadoras, considerar alguna forma especial de medición del trabajo no remunerado en el hogar, prevenir la violencia contra la mujer y garantizar los derechos sexuales y reproductivos.

Adoptar una perspectiva de género no debe signifi car meramente orientar programas hacia las mujeres, sino ela-borar programas que incidan en las relaciones de género, impulsando a hombres y mujeres a producir cambios po-

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sitivos en las estructuras para lograr posiciones equitativas entre mujeres y hombres. La condición de las mujeres solo podrá transformarse efectivamente si se impulsan los cam-bios a través de nuevas políticas sociales que modifi quen no sólo las estructuras económicas sino las estructuras de poder y autoridad para que a las mujeres se les reconozca su rol de agentes activos de los procesos sociales.

Es necesario reformar el sistema interamericano de toma de decisiones para que resulte más efi caz y represen-tativo de las necesidades reales y deseos de nuestros pue-blos y para que pueda llevar adelante las propuestas que expresamos en esta Plataforma Laboral de las Américas.

Entre las medidas que consideramos necesarias, propo-nemos:

a) Crear mecanismos y procedimientos de decisión y consulta tripartitos y multipartitos de carácter socio-laboral articulados con la OIT.

b) Articulación del sistema interamericano con los procesos de integración subregionales sin afectar su autonomía.

c) Establecer medidas de acción positiva que garanti-cen que al menos un tercio de los cargos represen-tativos y consultivos sea desempeñado por mujeres.

d) Fortalecimiento de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo.

e) Someter las decisiones supranacionales fundamen-tales a mecanismos de convalidación ciudadana y organizar un sistema de reclamos democráticos al que puedan apelar los ciudadanos.

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f) Inclusión de la perspectiva de género en el diseño de las políticas y presupuestos.

g) Asegurar el fi nanciamiento para la Comisión y Cor-te Interamericana de Derechos Humanos, a fi n de garantizar su funcionamiento y la ejecución y segui-miento de sus decisiones y sentencias.

h) Sancionar la Carta Social de las Américas articu-lándola con el sistema interamericano de derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales vigente y sus mecanismos e instancias de protección.

2. Por una economía que impulse un desarrollo sostenible y ponga en el centro

al empleo decente y al trabajo digno.

Para resolver los problemas reales de los pueblos de las Américas hay que poner en marcha una economía de nuevo enfoque que impulse un desarrollo sostenible y coloque en el centro al pleno empleo y trabajo digno, reconociendo un rol activo del Estado. El movimiento sindical de las Américas insta a los gobiernos a abandonar las políticas que sólo pre-tenden adecuar la demanda de trabajo, y adoptar una bate-ría de políticas socioeconómicas coordinadas en dirección a la generación de empleo productivo y trabajo digno.

Las organizaciones de los trabajadores y las trabajado-ras de las Américas sostenemos que una política activa para la generación de pleno empleo debe abordar simultánea-mente las siguientes dimensiones:

22. Por una economía que impulse

22. Por una economía que impulse

un desarrollo sostenible y ponga en el centro 2un desarrollo sostenible y ponga en el centro al empleo decente y al trabajo digno.2al empleo decente y al trabajo digno.

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• Deuda externa: La deuda no debe impedir la lucha contra la pobreza y debe simultáneamente favorecer el desarrollo sostenible. La Deuda Externa es, para la ma-yoría de nuestros países, uno de los obstáculos princi-pales para eliminar la pobreza y generar un desarrollo sostenible. Hemos expuesto reiteradamente la ilegiti-midad de gran parte de la deuda (“deuda odiosa”) y los obstáculos que impiden que los pueblos conozcan los orígenes y destinos de los préstamos. Esa deuda no debe ser pagada, porque también existe corresponsa-bilidad de los acreedores. Las deudas de los países más pobres con los más desarrollados y con las instituciones multilaterales de crédito deben ser anuladas. Los go-biernos deben priorizar la lucha contra la pobreza y el desarrollo de los países y las regiones.

Los Estados, como miembros accionistas del Banco Interamericano de Desarrollo, tienen la obligación de reformar dicha institución, requiriendo la aprobación de las legislaturas nacionales de los proyectos de esta institución crediticia en forma previa a ser considerados por el Consejo Directivo del BID. Los poderes legislativos nacionales deben también, tener facultades vinculantes para convocar audiencias sobre los proyectos propues-tos y las políticas del BID, con capacidad de interpelar a los funcionarios de este organismo. El BID debe adoptar una política de salvaguardia conforme a los estándares laborales de la OIT, aplicable a todos los proyectos y po-líticas, incluyendo acciones de seguimiento, los cuales también deben alcanzar al personal del propio Banco.

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Resulta imprescindible la intervención de los sindicatos nacionales en todas las fases de los proyectos de présta-mos y fi nanciamiento de tal forma de observar el impac-to sociolaboral de los programas ejecutados, asegurando transparencia y participación en todo el proceso.

• Conjunción de políticas: Para que una política activa de generación de pleno empleo sea efi caz es necesa-ria la conjunción de políticas macroeconómicas, de inversión, de innovación tecnológica, de infraestructu-ra, de uso racional de los recursos naturales y medio ambiente, comercial, productiva, migratoria, educati-va, de responsabilidad social con las tareas domésticas y reproductivas, de seguridad y previsión social, con el fi n de orientarlas a la generación de trabajo digno. Los gobiernos deben desestimar las políticas orientadas ex-clusivamente a adecuar la demanda de trabajo y que consideran al desempleo como un problema temporal debido a difi cultades de “empleabilidad”.

• Inversión y prioridades de la economía: Las políticas económicas nacionales deben priorizar las inversiones productivas y las políticas públicas sociales universales que busquen eliminar las desigualdades existentes, des-estimando la aplicación de medidas de ajuste estructu-ral y monetario. Es necesario exigir a los inversionistas extranjeros el cumplimiento de los derechos laborales y someterse a la legislación y tribunales nacionales. Los Estados deben bregar por la reinversión de utilidades

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que garanticen el desarrollo genuino de la economía, penalizando el dumping social y la fuga de capitales.

• Política fi scal y tributaria progresiva: Es urgente diseñar nuevas políticas fi scales y tributarias progresivas volcadas hacia la mejora de la distribución de la renta, el fortaleci-miento del sector industrial, el incentivo a la innovación tecnológica y científi ca y su aplicación en los procesos productivos, el reforzamiento de la pequeña y micro em-presa y de la agricultura familiar. Las políticas de respon-sabilidad fi scal, de estabilidad fi nanciera y monetaria deben estar subordinadas a las metas sociales.

• Complementación productiva: La integración de las ca-denas productivas debe impulsar el desarrollo de los aglomerados sectoriales existentes bajo el concepto de “complementación productiva” e inducir a aquellos sectores que estén en condiciones de consolidar polos de desarrollo por sus ventajas derivadas.

• La promoción del desarrollo local a través de la imple-mentación de proyectos que asocien a los agentes eco-nómicos con énfasis en la economía solidaria, que tenga como centro al ser humano, una justa distribución de la riqueza, la democracia en la toma de decisiones y com-promiso con el espacio territorial donde se desenvuelve.

• Integración de infraestructuras: Los Estados deberán asumir el compromiso continental de lograr una ver-

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dadera integración de infraestructuras del continente, destinada a promover el desarrollo sostenible, el pleno empleo y la comunicación de los pueblos, concretando con ese sentido los proyectos de infraestructura exis-tentes y elaborando nuevos proyectos.

• Políticas sectoriales: Las políticas sectoriales constituyen un componente esencial para la construcción de un plan regional de desarrollo sostenible y complementación productiva. Deben ser objetivos prioritarios las acciones destinadas a la competitividad sistémica de los sectores tanto a escala nacional, subregional y continental, la ela-boración de planes intersectoriales de industria, comer-cio, infraestructura y fi nanzas, y regímenes especiales para el fortalecimiento de microempresas y PyMES.

• Agricultura familiar: Los Estados, de acuerdo a las par-ticularidades nacionales, deberán atender las necesida-des y el desarrollo de la agricultura familiar con políticas orientadas a garantizar el abastecimiento interno y la soberanía alimentaria. Los gobiernos deben apoyar una política agrícola que no degrade el ecosistema, garantice la alimentación de toda la población del continente y respete la interrelación de las comunidades con su me-dio ambiente.

• Redistribución de la renta: Debido a la alta desigualdad social generada en las Américas se debe implantar ya y sostener en el tiempo una estrategia de redistribución de

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la renta a favor del Trabajo mediante políticas de pleno empleo y protección universal de los/las desocupados/as, de salario mínimo y crecimiento salarial, y reforma tributaria, de servicios públicos y de reducción de la jor-nada laboral.

• Fondos Continentales: Se deben crear Fondos Estruc-turales, destinados a las regiones menos favorecidas y elevar la competitividad de los Estados en base a la com-plementación productiva, teniendo como eje rector la promoción del trabajo digno y la reconversión económi-ca. Los países desarrollados tienen una responsabilidad ineludible en lo que refi ere a la eliminación de las asime-trías entre nuestras naciones. Los bloques subregionales deben crear Fondos de Inversión en proyectos producti-vos y programas sociales. Se deben crear Fondos Sociales universales, destinados a erradicar el hambre y la pobre-za; Fondos de Capacitación, orientados a garantizar a cada trabajador y trabajadora de las Américas el ejercicio de sus potencialidades y sus habilidades necesarias para acceder a un empleo digno y mantenerlas actualizadas y Fondos de Salud Pública, para erradicar el VIH/SIDA y otras endemias continentales. Los Fondos serán fi nan-ciados por impuestos en el ámbito de las Américas de carácter progresivo y naturaleza sostenible.

• Rol activo del Estado: En el área de políticas macroeco-nómicas, el endeudamiento y la liberalización fi nancie-ra han generado como consecuencia la limitación en

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la capacidad gubernamental para conducir nuestras economías. Los capitales especulativos y la fuga de ca-pitales han impactado negativamente en el desarrollo económico, empobreciendo a nuestra población y a los propios Estados. Concluimos que nuestros Estados de-ben retomar el control y poder sobre el mercado. En general, deben reconstruir su capacidad de generar ingresos para satisfacer las necesidades sociales. Esto signifi ca, entre otras cosas, tomar medidas activas co-lectivas para evitar prácticas fi scales que lleven a la eva-sión impositiva y que castigue las prácticas de elusión a través de los denominados paraísos fi scales. La OEA tiene un papel predominante en esta área.

• Privatizaciones: Los organismos interamericanos de-ben solicitar a los Estados miembros la revisión de las privatizaciones. Los gobiernos evaluarán el impacto económico y social, la conformación de oligopolios y monopolios privados y eventuales actos de corrupción con el fi n de tomar las medidas correctivas que resulten necesarias. Los Estados deben instruir al BID y otros organismos fi nancieros multilaterales para que conduz-can un análisis meticuloso del impacto social de los pro-yectos de privatización en los que están involucrados y consideren que las inversiones productivas en infraes-tructura no sean computadas como gastos corrientes para fi nes de cálculo del superávit primario.

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• Acceso al conocimiento: En las Américas se debe garan-tizar el acceso al conocimiento desarrollado en la cien-cia y la tecnología en todas las áreas que afecten a la vida, la biodiversidad y los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos. En esta materia se debe facilitar los procesos de transferencia y acceso a la tecnología por parte de los países menos desarrollados. Los paí-ses más ricos debieran compensar adecuadamente las pérdidas socioeconómicas que implican el empleo de migrantes de alta capacitación en los llamados proce-sos de “fuga de cerebros”.

• Grandes empresas y empresas multinacionales: Las em-presas deben asumir su responsabilidad social y compro-miso con el desarrollo integral de la sociedad, ajustando obligatoriamente su actuación a las Directrices sobre Empresas Multinacionales de la OCDE, el Global Com-pact de las Naciones Unidas, la Declaración Tripartita la OIT sobre Empresas Multinacionales, y los Acuerdos Marco Internacionales en vigencia, recurriendo activa-mente al diálogo social tripartito y multipartito a nivel nacional e internacional, y organizando sus relaciones laborales sobre la base de la negociación colectiva, na-cional y supranacional y garantizando la responsabilidad social de sus empresas satélites y contratistas.

• Pequeñas y Micro Empresas: Estas empresas son el nú-cleo del empleo intensivo de mano de obra. Los Estados Nacionales y los órganos subregionales con capacidad

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decisoria deben tomar medidas de apoyo al desarrollo y durabilidad de las pequeñas y micro empresas, redu-ciendo la carga fi scal y facilitando el fi nanciamiento. Con la misma orientación los Estados, de acuerdo a las particularidades nacionales, deben atender las necesi-dades y el desarrollo de la agricultura familiar.

• Empleo para Mujeres: Deben ponerse en marcha pro-gramas específi cos para las mujeres buscando un mejor acceso al mercado de trabajo y medidas para promover la igualdad de oportunidades y trato, en especial en lo que se refi ere a salarios, condiciones y derechos labora-les, responsabilidades familiares y políticas públicas de cuidado infantil.

• Empleo para Jóvenes: Deben ponerse en marcha pro-gramas de Empleo Juvenil que garanticen y contemplen todos los derechos para las y los jóvenes, con particular atención a los Convenios de OIT 138 de Edad Mínima para el Empleo y 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil. Estas políticas deben asegurar la eliminación de prácticas de rotación laboral juvenil, precarización de las relaciones laborales y/o sustitución de adultos por jóve-nes en los puestos de trabajo existentes. Estas medidas específi cas deben propender a la inserción en el mundo de trabajo de las nuevas generaciones, asegurar las opor-tunidades de califi cación social y profesional de los y las jóvenes, y la participación social para el ejercicio de los derechos humanos, políticos, sociales y sindicales.

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• Eliminación del trabajo infantil: Implementar políticas de Estado en el ámbito interamericano para la elimina-ción de todas las formas de explotación infantil, con un abordaje de carácter integral que garantice la asistencia de los niños y las niñas al sistema escolar público y gra-tuito desde la edad preescolar, garantizando el pleno empleo para los adultos del núcleo familiar.

• Educación y Formación Profesional: Los Estados deben garantizar el acceso y permanencia de la educación pú-blica, gratuita, de calidad para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Ampliar los programas de educación y de formación profesional, diseñados desde una perspecti-va de género e inclusión de los y las jóvenes, buscando la formación permanente y continua y la adquisición de las califi caciones para insertarse en el mundo del trabajo.

3. Promoción y cumplimiento los derechos sociolaborales

• Empleo formal: Es urgente producir un aumento sus-tancial de la formalidad laboral. Para ello los gobiernos deben impulsar una política activa de fi scalización, el pleno respeto y mejoramiento a las legislaciones labo-rales nacionales.

• Inspección del trabajo: Los Estados deben fortalecer todos los mecanismos de Inspección y sanción laboral

33. Promoción y cumplimiento

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para que los empleadores cumplan efectivamente las leyes laborales. A corto plazo todos los Estados en las Américas deben comprometerse a adoptar y vigilar el cumplimiento por parte de las empresas de las normas básicas del trabajo de la OIT.

• Justicia Laboral: En muchos países, los tribunales labo-rales retardan la aplicación de la justicia para resolver sobre los confl ictos laborales violando los derechos in-dividuales y colectivos de los y las trabajadores/as. Las instancias de justicia laboral se politizan y actúan sin objetividad favoreciendo los intereses de los empleado-res. Los Estados de las Américas deben garantizar que las instancias que deben resolver asuntos laborales res-peten y apliquen el principio de justicia pronta y cum-plida en benefi cio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

• Universalidad y Solidaridad de la seguridad social: La seguridad social, como Derecho Humano, es responsa-bilidad ineludible del Estado. Las Américas enfrentan una situación de extrema gravedad debido a la exclu-sión de decenas de millones de trabajadores de todo el sistema de salud y seguridad social, y consecuentemen-te su creciente desfi nanciamiento. Es urgente fortale-cerlos, recuperando los principios de universalidad y solidaridad de las prestaciones, en especial en la niñez y la vejez, la progresión hacia la integralidad de las mis-mas y un fi nanciamiento sustentable con justicia social,

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desterrando los modelos de seguridad social fundados en el lucro privado.

• Sindicalización y negociación colectiva: Para que esta propuesta de un paradigma productivo con justicia so-cial para las Américas signifi que una mejora real de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras y una profundización de la democracia, es indispensable que se promuevan los derechos sindicales y se instalen los mecanismos de negociación colectiva en todos los niveles. Las organizaciones de trabajadoras y trabajado-res deben ser protagonistas en el diseño e implementa-ción de estos mecanismos.

• Equilibrar familia y trabajo: Los países de las Améri-cas deben realizar un serio esfuerzo para equilibrar las necesidades familiares y laborales de los trabajadores y trabajadoras, para que el trabajo sea compatible con las familias y el cuidado de los niños, enfermos, disca-pacitados y ancianos. Para ello, los gobiernos e insti-tuciones regionales y subregionales deben promover activamente la atención del problema en tres ámbitos principales: a. en la empresa, evaluando la reducción de la jorna-

da de trabajo sin disminución de salario para que se asuma como una responsabilidad social de la empresa el derecho de las y los trabajadoras/es de atender a sus familias.

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b. en la sociedad fortaleciendo los sistemas públicos accesibles a todos y todas para apoyar el cuidado de los niños, enfermos, discapacitados y ancianos

c. en la cultura de los varones, para valorar socialmen-te el trabajo reproductivo y distribuirlo entre varo-nes y mujeres con un sentido de igualdad.

• Discriminación: Para garantizar la igualdad de opor-tunidades y trato en el trabajo deben crearse ámbi-tos tripartitos subregionales que tengan como misión promover las políticas públicas antidiscriminatorias y realizar un estricto seguimiento de las mismas, en es-pecial la situación de la discriminación por género, raza, orientación sexual, origen nacional y cultural. Se deben proteger los derechos de los/as trabajadores/as sexuales e impedir su trato discriminatorio. Las políti-cas de igualdad de oportunidades y de trato deben ser coordinadas, contemplar medidas de acción positiva y establecer indicadores que permitan rendir cuenta pe-riódicamente de los avances o retrocesos en las brechas por discriminación. Las Américas deben establecer me-didas específi cas de protección y preservación de las culturas y los derechos de los pueblos indígenas.

• Libertad de circulación de los trabajadores: Uno de los principios del movimiento sindical de las Américas es la eliminación de las restricciones que impiden la libre de circulación de las personas. En las Américas decenas de millones de trabajadores y trabajadoras y sus familiares,

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se ven obligados a migrar empujados por la pobreza y las enormes asimetrías socio-económicas del Continen-te. Por eso consideramos que la primera obligación de los gobiernos es desarrollar las políticas necesarias para garantizar efectivamente la libertad de no emigrar de nuestros trabajadores y trabajadoras. Para los trabajado-res que han migrado y sus familiares, cualquiera sea su situación migratoria, es necesario garantizar en todo el Continente, el piso de derechos que garantizan la Con-vención Internacional Sobre la Protección de Todos los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares y los Convenios 97 y 143 de la OIT sobre Trabajadores Migrantes y reconocer el principio de no repatriación cuando se hayan violado sus derechos. Finalmente las Américas deben articular los sistemas de pensiones de tal forma que al desarraigo que genera la migración no sea agravado con la pérdida de sus aportes, establecer un sistema de validación de las certifi caciones profesionales y títulos de educación formal que impida la subutiliza-ción de recursos humanos, respetando la califi cación profesional y laboral alcanzada en su país de origen. Las Américas deben crear mecanismos continentales para eliminar los abusos de la intermediación fi nanciera con las remesas de los y las trabajadoras/es migrantes. Asi-mismo, se debe reconocer el principio de no repatria-ción contemplado en Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares para las víctimas de terroris-mo, trafi co y trata (smuggling & traffi king), explotación

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sexual y laboral, accidentes de trabajo y represión por actividad sindical.

4. Garantizar una sociedad sin excluidos.

Las Américas se encuentran en la actualidad frente a enor-mes desafíos para encarar una nueva orientación de las po-líticas económicas y sociolaborales. Sin lugar a dudas, debe-rán implementar una reforma de su sistema de protección social, que al haber sido diseñado en función del sector for-mal del empleo, excluye de sus benefi cios a la mayor parte de la población. Es prácticamente imposible imaginar una política social sustentable, sin mejorar las tasas de empleo, de formalidad, y los niveles de ingresos de las familias. Pero también es éticamente insostenible y políticamente peligro-so para el fortalecimiento del sistema democrático, esperar a la creación de los nuevos puestos de trabajo sobre la va-riable de la recuperación de la economía, para poner en marcha esas medidas. Mientras la economía no genere tra-bajos genuinos, los Estados nacionales deberán asegurar la protección social a todas y todos las y los trabajadoras/es, sean éstos formales, informales o desocupados.

Es fundamental la articulación de políticas de protec-ción social universal con políticas de generación de empleo, trabajo e ingresos, evitando la cristalización de una sociedad dividida entre quienes tienen trabajo y quienes son asistidos, como forma de combate efectivo contra la pobreza.

44. Garantizar una sociedad sin excluidos.

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5. Haciendo realidad la Plataforma Laboral de las Américas

Para que esta Plataforma Laboral de las Américas se haga realidad año a año se establecerán mecanismos e instan-cias de seguimiento regional y subregional, fundado en el diálogo social y la activa participación de la sociedad civil. Estos mecanismos e instancias se orientaran con metas de corto, mediano y largo plazo, que construyan políticas de Estado que ponga al pleno empleo y trabajo digno en el centro del desarrollo sostenible del continente.

Para ayudar a estos objetivos se elaborarán indicadores regionales y subregionales básicos, con especifi caciones nacionales y perspectiva de género:

• Desigualdad• Pobreza• Desocupación• Empleo informal• Igualdad de género• Trabajo Infantil• Índice de desarrollo de género (PNUD)

Cada año las instancias creadas para el seguimiento de la Plataforma Laboral de las Américas deberán reunirse e informar a nuestros pueblos y naciones la situación de las metas propuestas cumplidas y las medidas necesarias para implementarlas.

55. Haciendo realidad la Plataforma Laboral

55. Haciendo realidad la Plataforma Laboral de las Américas5de las Américas

P5Para que esta Plataforma Laboral de las Américas se haga 5ara que esta Plataforma Laboral de las Américas se haga realidad año a año se establecerán mecanismos e instan-5realidad año a año se establecerán mecanismos e instan-cias de seguimiento regional y subregional, fundado en el 5cias de seguimiento regional y subregional, fundado en el diálogo social y la activa participación de la sociedad civil. 5diálogo social y la activa participación de la sociedad civil. Estos mecanismos e instancias se orientaran con metas de 5Estos mecanismos e instancias se orientaran con metas de corto, mediano y largo plazo, que construyan políticas de 5corto, mediano y largo plazo, que construyan políticas de

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