POR LA DEFENSA DE LA VIDA Y LA

TIERRA Las organizaciones y movimientos sociales que conformamos la Plataforma

de Derechos Humanos y la Plataforma Agraria, condenamos enérgicamente el

ataque brutal del que fueron víctimas los miembros del Movimiento

Campesino del Aguan (MCA) el lunes 15 de Noviembre de 2010, en la finca El

Tumbador, Trujillo, departamento de Colón.

Esta masacre es una clara evidencia de como nuevamente se han unido las Fuerzas

Armadas de Honduras, la Policía Nacional y el ejército particular del oligarca Miguel

Facussé, para hacer valer la fuerza de la bota y el fusil, sobre el derecho y la justicia,

asesinando a los compañeros: Teodoro Acosta, Raúl Castillo, Ignacio Reyes, Siriaco de

Jesús Muñoz y José Luis Sauceda. Todos ellos miembros del Movimiento Campesino del

Aguan y, hoy, mártires de la lucha por el acceso a la tierra que les pertenece. También se

registran 4 heridos de gravedad. Con esta nueva masacre, la escalada de los conflictos

agrarios en el Aguan, deja un saldo de 16 campesinos afiliados al MUCA y al MCA,

asesinados en el 2010.

Igualmente denunciamos la campaña mediática orquestada por los medios golpistas, que

en colusión con Miguel Facussé y el ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, para hacer

parecer a las víctimas como culpables y delincuentes, en un burdo intento de imitar la

estrategia del paramilitarismo colombiano de “los falsos positivos”, cuando en realidad se

trata de una masacre contra campesinos que defienden su tierra, al amparo del derecho

que les ha otorgado el Instituto Nacional Agrario (INA).

Los asesinatos ocurrieron cuando entre 200 y 300 guardias del ejército privado de Miguel

Facussé, cuando desalojaron violentamente a los campesinos que habían ocupado 700

manzanas y que ilegalmente Miguel Facussé se ha apropiado en el sector de “El

Tumbador”. En el brutal acto se ha denunciado que los sicarios utilizaron armas de grueso

calibre reservadas para uso militar durante aproximadamente 4 horas, ante la indiferencia

de los órganos policiales de la zona.

Sospechosamente la policía se presentó al lugar de los hechos hasta las 12:30 como que si

estuviera interesada en que los resultados fueran más dramáticos. Su propósito y su acción

fue la desalojar a los campesinos y dejar en posesión de las tierras a los guardias de

Facussé.

Las Fuerzas Armadas, por su parte, han militarizado la zona del Aguan. Desde La Ceiba

hasta Trujillo hay retenes y el ejército, al igual que los sicarios de Miguel Facussé, con

pasamontañas y en carros civiles 4X4 se pasean por toda la zona, y aun en el centro de la

ciudad de Tocoa, en clara señal de amedrentamiento a todo aquel o aquella que ose apoyar

a los (as) campesinos (as) organizados (as).

La cortina de humo que se ha lanzado sobre la realidad de lo sucedido en esta masacre se

manifiesta cuando Oscar Álvarez señala “la necesidad de proteger a la población”, o cuando

el inequívoco ministro de defensa Marlon Pascua dice que moverán a las Fuerzas Armadas

hacia la Zona del Aguán “a solicitud del ministerio de seguridad”.

De nuevo queda claro que las instituciones del estado están al servicio de los terratenientes

de la región y que los guardias de seguridad sustituyen a los organismos represivos del

estado y proceden a capturar, torturar y asesinar a quienes se oponen a los poderosos con

toda autoridad y complicidad con la policía.

Ante esta barbarie:

1. Recordamos que Honduras es Estado parte de los principales tratados de derechos

humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por lo tanto, está obligado a

respetar, promover, garantizar y hacer efectivos todos los derechos humanos, y por ende

también el derecho a la vida, a la integridad física y el derecho a la alimentación de la

población campesina del Bajo Aguan.

2. Exhortamos a los organismos de derechos humanos, gobiernos y organismos

supranacionales presionar al régimen de Porfirio Lobo para que detenga la violencia que

tanto daño causa a los pobladores del Valle del Aguán.

3. Exigimos la investigación de los asesinatos, la persecución y castigo para los actores

materiales e intelectuales de los crímenes cometidos en el Bajo Aguan, así como también la

implementación de la legislación vigente (decreto legislativo 18-2008) para resolver el caso

del CREM

4. Hacemos un llamado urgente a las organizaciones con vínculos internacionales para

que denuncien las acciones criminales del régimen, los militares, la policía y la empresa

privada de Honduras contra campesinos (as) que luchan por su derecho a una vida digna

mediante el acceso a la tierra que les corresponde de acuerdo a las leyes de la República y

los convenios internacionales.

Tegucigalpa, 18 de noviembre de 2010

PLATAFORMA DE DERECHOS HUMANOS, PLATAFORMA AGRARIA.

Antecedentes de la problemática. En 1977, Temístocles Ramírez, ciudadano estadounidense de origen puertorriqueño, compró 5 mil

700 hectáreas pagando 165 mil Lempiras en la costa del departamento, en flagrante violación a la

Constitución que prohíbe que los extranjeros puedan ser propietarios de territorios costeros y de

zonas fronteriza.

En el marco de la estrategia de la doctrina de la seguridad nacional, en 1983, los Estados Unidos

obligó al gobierno de Honduras a instalar el CREM y este se vio obligado a expropiar a Temístocles

Ramírez.

En 1987, Temístocles apeló al gobierno de los Estados Unidos, exigiendo una indemnización por

"sus" tierras. El 29 de junio de ese año, la Cámara de Representantes de Estados Unidos acordó

reducir en 17 millones de dólares un préstamo a Honduras de US $ 51 millones hasta que el

gobierno hondureño le pagara a Temístocles esa suma millonaria. Esas tierras fueron compradas

con deuda externa. Las tierras quedaron tituladas como tierras fiscales a nombre del Estado de

Honduras.

En 1991, en el gobierno de Callejas se proclamó la nueva Ley de Municipalidades, según la cual se

permitía a los municipios vender todas las tierras no tituladas, nacionales y ejidales. La

municipalidad de Trujillo vendió las tierras del CREM a ganaderos locales por sólo 20-30 lempiras

la hectárea. Así, lo que al gobierno le costó 17 millones de dólares, lo vendió la municipalidad por

menos de 50 mil. Fueron ventas ilegales porque las tierras del CREM no eran ejidales ni nacionales

(sin título), sino tierras tituladas a favor del Estado.

En 1993, la Procuraduría traspasó formalmente estas tierras al INA para que las distribuyera entre

campesinos y campesinas sin tierra. Pero el conflicto violento no concluyó ahí. Aún cuando las

compras habían sido ilegales, los terratenientes exigieron que el Estado de Honduras les pagara las

mejoras y los gobiernos cedieron pagándoles 105 millones de Lempiras.

De agosto del 2008 a septiembre de 2009 se cuentan entre 17 y 19 muertos resultantes del conflicto

entre campesinos de la Comunidad Guadalupe Carney (GC) y los terratenientes.

Desafortunadamente el conflicto no concluyó ahí. Hace algunos años Miguel Facussé cultivó con

palma africana 700 manzanas que pertenecen a esa comunidad. De acuerdo a la versión de los

campesinos de la Guadalupe Carney, Miguel Facussé se tomó esas tierras ilegalmente junto con

otros terratenientes del lugar: René Morales y el diputado nacionalista Oscar Nájera.

Como los campesinos sabían que esas tierras les pertenecían, 9 meses atrás las tomaron. Pero

Miguel Facussé reaccionó y los desalojó con la utilización de aproximadamente 300 guardias de

seguridad. Esta situación dio pie a que se iniciaran negociaciones entre los campesinos del MCA y

Miguel Facussé, partiendo del reconocimiento de parte de este terrateniente que esas tierras no le

pertenecían. Lo que se discutía entonces era el pago de las mejoras, pretendiendo, como ha sido su

costumbre, de aprovecharse de los recursos del Estado hondureño. Las negociaciones se realizaron

con mucha lentitud y la participación del INA no estuvo a la altura de lo que le manda la ley dejando

espacio a la violencia.