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Honduras: Exigen que asesinato de Berta Cáceres no quede en la impunidad.

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Cuba: Ley de Ajuste sigue siendo motivo de diferendo con EEUU.

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ISSN 1563-2458

Información independiente desde América Latina y el Caribe para el mundo

N° 1, ENERO - MARZO , 2016. VOLUMEN 53

Cumbre indígena en México llevada a cabo en el marco de visita la del papa Francisco. PÁG. 7

Por una encíclica Laudato Si indígena

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Noticias Aliadas ofrece información y análisis sobre el acontecer de América

Latina y el Caribe con énfasis en los temas que afectan a las poblaciones excluidas

de la región. Versión en inglés: Latinamerica Press.

Producido por Comunicaciones Aliadas, organización no gubernamental con sede

en Lima, Perú, que desde 1964 produce información y análisis independiente y confiable. Nuestro objetivo es aportar a procesos de incidencia dirigidos a la

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CONTENIDO

AMÉRICA LATINA La región más peligrosa para defensores

de derechos humanos 15Neogolpismo decidido a imponer orden

conservador 16“Democracia significa libertad de negocios

para el gran capital” 35Deuda externa privada se triplica 37No es la más pobre pero si la más desigual 40“Hay que garantizar que la política energética sea

patrimonio del conjunto de la población” 43

AMÉRICA LATINA/ EL CARIBEMovilizaciones ciudadanas logran avances

contra corrupción 26Índice de Desempeño Ambiental 42 Cambio climático impulsa virus del zika 45

ARGENTINAFondos buitre ganaron la partida 31A la deriva en protección ambiental 51

BOLIVIACiudadanía rechazó reforma constitucional 30

COLOMBIAProceso de paz: ¿En la recta final? 18No se firmó acuerdo de paz 21Los 15 años del Plan Colombia 27

CUBALey de Ajuste sigue siendo motivo de

diferendo con EEUU 24

ECUADORLas malas artes de Chevron 38Energías alternativas, ¿son sustentables? 49

EL SALVADORViolencia que nunca termina 28

GUATEMALAMujeres mayas demandan justicia en

histórico juicio 05Asume nuevo presidente 23Proyectos de energía renovable alumbran

a comunidades rurales 46

HAITÍGobierno de transición inicia mandato 29

HONDURAS“Berta vive, la lucha sigue” 12

MÉXICOPor una encíclica Laudato Si indígena 07Derecho a la tierra, al territorio y los bosques 10El riesgo de ejercer el periodismo 19

PERÚ“Se necesita un acuerdo que garantice

un planeta vivo y sano” 03Derrame de petróleo afecta a

comunidades indígenas 09Elecciones recuerdan a fraude del 2000 33Pobreza y desigualdad no ceden 41

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“SE NECESITA UN ACUERDO QUE GARANTICE UN PLANETA VIVO Y SANO”

Pueblos indígenas amazónicos presentan propuestas al acuerdo aprobado en la COP21 que será firmado el 22 de abril del 2016 en Nueva York.

Luis Tayori, dirigente del pueblo harakmbut, en conferencia de prensa en la zona oficial de la cumbre climática.

Han transcurrido 20 años desde la primera conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) realizada en

1995 Berlín, Alemania, que nació con el objetivo de impedir que el ser humano altere de forma peligrosa el clima.

La COP21, llevada a cabo en París, Francia, del 30 de noviembre al 13 de diciembre, no sólo congregó a los representantes de los 195 países firmantes del acuerdo global, sino también a los pueblos indígenas organizados de todo el mundo que participaron por segundo año consecutivo de manera formal a través del denominado “Pabellón Indígena”, plataforma de comunicación e incidencia para que los pueblos originarios manifiesten sus alternativas de cara a la crisis climática.

Segundo Chuquipiondo desde París

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La conferencia reconoció la categoría de pueblos indígenas y en el preámbulo del Acuerdo de París los derechos de los pueblos indígenas, así como su contribución desde sus bosques para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el rol que desempeñan en la conservación de bosques y finalmente, toma en cuenta sus conocimientos tradicionales para la adaptación al cambio climático y el intercambio de experiencias en materia de mitigación y adaptación desde las comunidades.

Sin embargo, Henderson Rengifo, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) — que agrupa a las comunidades nativas amazónicas del Perú—, comentó que “para los pueblos indígenas queda un sin sabor el que hayan retirado del artículo 2 [del acuerdo final] el tema de derechos de los pueblos indígenas, aunque en el proceso se debe resaltar que poco a poco estamos siendo visibilizados e incluidos cada vez más en estas discusiones que nos afectan a todos”.

“Se necesita un acuerdo que garantice un planeta vivo y sano”, expresó Rengifo, en conferencia de prensa durante la COP. “Esperamos que el mundo nos escuche, ya que la humanidad hoy en día no se respeta a sí misma y tampoco respeta el lugar dónde vive que es la naturaleza, por eso, las propuestas que hemos traído a la COP21 pasan principalmente por asegurar nuestros territorios [bosques] para el beneficio de la humanidad”.

Propuestas indígenas amazónicasLa participación indígena fue masiva.

Delegaciones de África, Ártico, Asia y América se dieron cita en la cumbre climática aunque no todos fueron acreditados para ingresar a la zona azul (sitio oficial). AIDESEP estuvo representada por 23 personas, incluyendo presidentes y técnicos de las nueve organizaciones regionales que integraron la delegación indígena peruana.

Los pueblos de la Amazonia peruana, como parte de una solicitud global indígena, propusieron incluir los derechos territoriales como garantía para frenar la crisis climática en el acuerdo global (carácter declarativo). Asimismo, plantearon fortalecer el manejo integral de bosques mediante la ampliación en 2 millones de hectáreas en el país del mecanismo de reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de bosques, o REDD Indígena Amazónica; el Monitoreo, Reporte y Verificación Indígena (MRV-I), que desarrolla un sistema apoyado con la tecnología para la vigilancia y gobernanza territorial indígena; fondos climáticos para proyectos de desarrollo de poblaciones indígenas; implementación de los planes de adaptación de mujeres indígenas; y la organización de un Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) para la reducción efectiva de Megadrivers (grandes impulsores desarrollistas de deforestación).

Teresita Antazú, lideresa indígena del pueblo

Yanesha que formó parte de la delegación de AIDESEP, explicó el efecto negativo que tiene el cambio climático en las comunidades.

“En algunos lugares de la Amazonía hay mucha creciente del río que impide el crecimiento de lo que sembramos”, afirmó. “Es urgente desarrollar las capacidades de las mujeres indígenas para que ejerzan su liderazgo. Somos parte del territorio, sin él, no tenemos nada, por eso es que en esta COP se deben dar líneas de acción para que la adaptación se haga de forma efectiva y no sólo declarativa”.

¿Acuerdo vinculante?El ministro del Ambiente del Perú, Manuel Pulgar

Vidal, reconoció la necesidad de titular los territorios indígenas, lo que permitiría reducir la deforestación.

“El Perú se ha comprometido en sus contribuciones nacionales a reducir el carbono en 30% y para garantizar esta contribución, se debe poner en ejecución acciones como la titulación de tierras indígenas, frenar la deforestación, entre otras acciones”, explicó Pulgar Vidal.

Según el ministro, la suma de las contribuciones de todos los países firmantes dará como resultado el porcentaje que se espera reducir realmente, teniendo en cuenta que ahora el compromiso establece mantener el incremento de la temperatura por debajo del 1.5°C al final del siglo.

“Este acuerdo universal legalmente vinculante está encaminado a una economía baja en carbono hacia la segunda mitad del siglo, además de ser considerado una acción histórica para revertir el cambio climático y sus consecuencias”, dijo Pulgar Vidal.

Pero lo cierto es que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero establecida en el Acuerdo de París será fijada por cada país, pero no será obligatoria.

El biólogo peruano Ernesto Ráez comentó en las redes sociales que “se necesita leer y reflexionar un montón, para sentir que uno entiende correctamente los alcances del Acuerdo de París. La conclusión se puede poner en cinco oraciones: El acuerdo propone no pasar de los 2ºC de calentamiento y tratar de quedar en máximo 1.5ºC. Además, propone que en algún momento al final del siglo (por ejemplo, el 2099), debemos alcanzar emisiones netas cero, pero el acuerdo no lo dice de esa manera simple”.

“El acuerdo reconoce que existe una enorme brecha entre los compromisos de los países para reducir sus emisiones y lo que se necesita para alcanzar los objetivos planteados”, agregó. “El acuerdo no contiene absolutamente ninguna medida ni obligación concreta de ningún país, ni empresa, ni de la economía mundial, para reducir efectivamente emisiones al nivel requerido, ni para que los peores emisores compensen a las víctimas de catástrofes climáticas. No se contempla sanciones contra nadie que incumpla con lo poco que fue acordado”. q

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GUATEMALA

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MUJERES MAYAS DEMANDAN JUSTICIA EN

HISTÓRICO JUICIO

Por primera vez, un tribunal admite cargos por esclavitud sexual cometidos durante el conflicto armado.

Mujeres maya q’eqchí víctimas de violación cubren sus cabezas en tribunal antes rendir su testimonio.

Petrona Choc, de 75 años, no titubeó cuando contó ante el tribunal cómo los soldados la arrastraron a ella y sus hijos fuera de su casa en 1982, dispararon contra su esposo y la retuvieron

contra su voluntad junto con otras mujeres en una base militar cercana, donde fue violada repetidamente y obligada a cocinar para su captores.

“Un día llegaron los soldados y uno de mis hijos, Abelino, dijo: ‘ahí vienen los soldados hoy vamos a morir’. Reuní a mis hijos y les dije que huyéramos a la montaña otra vez, íbamos huyendo cuando escuchamos el tronar de los disparos y ahí murió mi esposo”, relató el 3 de febrero al Tribunal A de Mayor Riesgo.

Choc es una de las 11 mujeres maya q’eqchí de la pequeña localidad de Sepur Zarco, en el oriental departamento de Izabal, que se encontraron cara a cara con los dos hombres que les ordenaron cocinar, limpiar y

Louisa Reynolds desde Ciudad de Guatemala

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las sometieron a violación sistemática hace tres décadas: el excomandante de la base Esteelmer Reyes Girón y el excomisionado militar regional Heriberto Valdez Asij.

Esta es la primera vez en el mundo que el delito de esclavitud sexual ocurrido durante un conflicto armado se juzga en el país donde fue cometido.

Las víctimas se presentaron a la audiencia con las cabezas cubiertas con mantas para evitar ser identificadas y sólo se las quitaron cuando fue su turno para rendir testimonio, ya que al ser víctimas de violación en comunidades rurales con frecuencia son rechazadas y aisladas. Muchas integrantes de organizaciones de mujeres y de derechos humanos que asistieron al juicio también se cubrieron las cabezas como muestra de solidaridad.

“Nos violaron, grande fue el sufrimiento que nos causaron, y me decían que ya no había nadie que preguntará por mí”, dijo Choc. Su testimonio era tan desgarrador que en varios momentos el intérprete parecía visiblemente conmovido y al borde de las lágrimas.

Reyes Girón y Valdez Asij son acusados de haber ordenado y permitido la violación, esclavitud, desaparición forzada y asesinato de no combatientes, crímenes de lesa humanidad que no son considerados por la ley de amnistía de 1996.

La violación como armaLas víctimas fueron secuestradas y esclavizadas en

1982, durante la dictadura de Efraín Ríos Montt (1982-83), quien fue condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad en el 2013 y actualmente enfrenta un nuevo juicio luego que el veredicto fue anulado por un tecnicismo. Aunque fue corto, el régimen de facto de Ríos Montt fue una de las etapas más sangrientas del conflicto armado guatemalteco, ya que las Fuerzas Armadas intensificaron sus ataques contra las comunidades indígenas bajo la creencia que protegían a guerrilleros.

Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), hasta 1979 la violación era usada selectivamente por las Fuerzas Armadas contra mujeres pertenecientes a organizaciones guerrilleras. Sin embargo, en la década de 1980 fue utilizada sistemáticamente como parte de los ataques del Ejército contra las poblaciones civiles indígenas. La CEH registró 1,465 casos de violación cometidos durante los 36 años de conflicto armado. El 80% de las víctimas eran indígenas.

Durante la audiencia de apertura el 1 de febrero, la fiscal Hilda Pineda dijo que la violencia sexual era usada como “arma de guerra” contra la población civil. Tres hombres maya q’eqchí declararon que los militares separaban hombres y mujeres para que las mujeres pudieran ser violadas en grupo por la tropa. También dijeron que quedaron sin hogar luego que los soldados los obligaron a desmantelar sus chozas y llevar la madera y planchas de aluminio a la base militar donde fueron usadas como materiales de construcción. Los tres testigos señalaron a Valdez Asij y dijeron que estaba presente en el lugar donde se cometieron estos crímenes.

El juicio por el caso Sepur Zarco se está llevando a cabo en la misma sala en la que se realizó el juicio por genocidio contra Ríos Montt en el 2013. Tal como ocurrió en ese caso, la defensa trató de detener el proceso al presentar una interminable sucesión de apelaciones, reclamando que la jueza Yassmin Barrios no era imparcial ya que ella ya había emitido fallos en otros casos vinculados con violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado.

Militares arrestadosDos semanas antes que empezara el juicio por el

caso Sapur Zarco, se realizó otro paso importante para garantizar la justicia para las víctimas de violaciones durante el conflicto armado con el arresto de 18 oficiales militares por las masacres y desapariciones forzadas cometidas en la década de 1980.

Catorce de los arrestados son acusados por desaparición forzada y tortura en relación a una fosa común conteniendo los restos de 533 cuerpos de 84 fosas clandestinas descubiertas en el 2012 en una exbase militar en el departamento de Cobán. Entre los detenidos se encontraba el exjefe del Estado Mayor del Ejército Manuel Benedicto Lucas García, hermano del dictador Fernando Romeo Lucas García (1978-82).

Los fiscales también pidieron retirar la inmunidad como legislador a Edgar Ovalle Maldonado, uno de los oficiales militares en retiro que fundó el Frente de Convergencia Nacional (FCN) que llevó al poder al nuevo presidente de Guatemala, Jimmy Morales, en el 2015, para que enfrente cargos por su supuesta participación en el caso Cobán. Sin embargo, el 28 de enero, la Corte Suprema determinó que no había motivos para enjuiciar a Ovalle.

Expertos forenses determinaron que las víctimas de Cobán provenían de diversas partes del país, sugiriendo que el lugar podría haber sido un centro de interrogación y detención. Numerosos cuerpos se encontraban vendados, con las manos y pies atados, lo que indicaría que fueron ejecutados. Algunos tenían heridas de armas o huesos rotos que fueron curados y vueltos a romper, señal que fueron torturados antes de ser ejecutados. La fiscal general Thelma Aldana se refirió al caso como “uno de los mayores de América Latina de desapariciones forzadas”.

Los cuatro oficiales restantes fueron acusados por la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, de 14 años, secuestrado por integrantes del aparato de inteligencia del Ejército en 1981 en venganza por el activismo de su familia como opositora a la dictadura de Lucas García. Entre los acusados se encuentra el coronel retirado Francisco Gordillo Martínez quien llegó a ser uno de los tres miembros de la junta militar encabezada por Ríos Montt.

Mientras tanto, el nuevo juicio contra Ríos Montt sobre cargos de genocidio y crímenes de lesa humanidad experimentó un nuevo retroceso. El 11 de enero fue suspendido por el tribunal para resolver peticiones legales pendientes. q

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MÉXICO

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POR UNA ENCÍCLICA LAUDATO SI INDÍGENA

Líderes indígenas y campesinos demandan a autoridades tomar en cuenta mensaje del Papa sobre cambio climático.

Cumbre indígena llevada a cabo en el marco de la primera visita a México del papa Francisco.

“No basta el hecho que el Papa Francisco visite México y que el gobierno le diga lo que el pueblo necesita (…) Necesitamos que realmente intervenga en las problemáticas tan duras como el

despojo de las tierras y la destrucción de la naturaleza. México es un país golpeado por la violencia, la corrupción, las imposiciones del gobierno en favor de las empresas y corporaciones que terminan ignorando nuestros derechos y devastando nuestro territorio para satisfacer sus intereses”, señaló a Noticias Aliadas la lideresa indígena mexicana Claudia Solís Hernández.

Solís Hernández participó junto con líderes indígenas y campesinos en la cumbre indígena latinoamericana llamada “Con la encíclica Laudato Si defendemos los derechos a la tierra, y el territorio y los bosques”, que el 13 y 14 de febrero reunió a un centenar de representantes indígenas de 15 países latinoamericanos en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en el marco de la primera visita del papa Francisco a México realizada entre el 12 y el 17 de febrero.

Louisa Reynolds desde Chiapas

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Laudato Si (Alabado seas), la segunda encíclica del papa Francisco, publicada en junio del 2015, acepta el consenso científico que el calentamiento global es responsabilidad humana y culpa a la indiferencia del mundo desarrollado por la destrucción del planeta debido a que persigue implacablemente las ganancias económicas de corto plazo, argumentando que la naturaleza no puede ser vista como separada de la humanidad o simplemente el lugar donde vivimos.

“Es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales. No son una simple minoría entre otras, sino que deben convertirse en los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios. Para ellos, la tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores”, dice la encíclica. “Cuando permanecen en sus territorios, son precisamente ellos quienes mejor los cuidan. Sin embargo, en diversas partes del mundo, son objeto de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura”.

El Buen VivirLas comunidades indígenas latinoamericanas

sienten que el mensaje del Pontífice hace eco de su concepto del Buen Vivir, basado en el uso sostenible de los bienes naturales.

“La encíclica es el primer documento en el cual el Papa hace referencia a la situación climática y ecológica. Hay un elemento que para nosotros es fundamental: el reconocimiento del papel que hemos tenido nosotros los indígenas y el llamado a la familia humana a reflexionar que estamos en una casa común. Este pensamiento es coincidente con el pensamiento del Buen Vivir de los pueblos indígenas que consideran a la Madre Naturaleza como su universo, como la que da el sustento, porque tenemos un vínculo espiritual con ella”, indica el líder indígena panameño Cándido Mezúa, de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB).

Arlen Ribeiro, integrante del pueblo indígena Huitoto en Colombia y representante de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), agrega que el próximo paso del papa Francisco debería ser la publicación de “una Laudato Si indígena que pueda contener los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas”.

Según Ribeiro, a pesar de que los pueblos indígenas juegan un rol clave en la conservación de los bienes naturales, con frecuencia son ignorados en el debate global sobre cambio climático. Ribeiro admite que debido a que muchos de los países que han firmado el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no han cumplido con acatar sus términos, no será tarea fácil que los gobiernos atiendan el mensaje del Papa. Sin embargo,

considera que una encíclica Laudato Si indígena “puede ser un llamado moral a los Estados para que asuman la responsabilidad de frenar el camino por el cual nos están conduciendo que es el de la destrucción”.

“Si no hay una voz de los pueblos indígenas denunciando, siendo insistentes en sus propuestas, los gobiernos no van a cambiar porque quieran hacerlo. Queremos pedirle al Papa que pueda servir para que los mensajes de los pueblos indígenas sean considerados por los gobiernos. Tenemos la ventaja de que la mayoría de los países latinoamericanos son de corte católico y eso puede influir positivamente a orientar las políticas”, agregó Mezúa.

Como parte de su visita a México, el papa Francisco llegó a Chiapas el 15 de febrero, donde se reunió con ocho representantes indígenas quienes le expresaron sus puntos de vista sobre Laudato Si y le plantearon los temas principales discutidos durante la cumbre, incluyendo cambio climático, autonomía indígena y el derecho a la consulta previa e informada.

Misa en lenguas autóctonasDurante su estancia, el Pontífice visitó la tumba de

monseñor Samuel Ruiz (1924-2011), obispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, quien alguna vez causó la ira del Vaticano al celebrar misa de acuerdo con las costumbres autóctonas y en lenguas indígenas, y presentó un decreto que autoriza oficialmente a los sacerdotes católicos locales a celebrar misa en las diferentes lenguas que se hablan en Chiapas: tzeltal, tzotzil y chol.

La visita del papa Francisco a Chiapas —el estado más pobre de México y uno de los que cuenta con la mayor población indígena del país— coincidió con el vigésimo aniversario de los Acuerdos de San Andrés el 16 de febrero, que pusieron fin al conflicto entre el gobierno mexicano y los rebeldes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Los acuerdos se basaron el respeto a la autonomía y diversidad indígena y la conservación de los recursos naturales dentro de los territorios indígenas, demandas que no se han cumplido, aseguran las comunidades indígenas de Chiapas.

Al término de su estadía en Chiapas, el papa Francisco visitó el estado de Michoacán y Ciudad Juárez, ubicada en la frontera con EEUU, que se ha convertido en la segunda ciudad más violenta del mundo como resultado del tráfico de drogas.

Aunque la mayoría de la población mexicana lo saludó con los brazos abiertos, la negativa del Pontífice a reunirse con los familiares de los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, quienes fueron secuestrados y desparecidos por policías el 26 de setiembre del 2014, o las víctimas de abuso sexual por sacerdotes católicos, provocó las críticas de defensores de los derechos humanos, incluyendo integrantes de la Iglesia Católica.

El teólogo español Juan José Tamayo, quien asistió a la cumbre indígena, dijo a Noticias Aliadas que la decisión del papa Francisco de no reunirse con esos grupos fue “un error”.

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En Chiapas, activistas de derechos humanos desplegaron una banderola con el número “43” salpicado con pintura roja para mostrar su descontento por la negativa del Pontífice a reunirse con los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Tampoco asistieron a la misa que el papa Francisco celebró en Ciudad Juárez en protesta por el hecho que el Pontífice no les concedió una reunión privada y que

sólo tres familiares fueron invitados a asistir a la liturgia. Cuando se le preguntó sobre su controvertida decisión de no reunirse con esos grupos, el papa Francisco dijo durante su vuelo de regreso a Roma que “eran muchos grupos” los que habían solicitado reunirse con él y que “era prácticamente imposible recibir a todos los grupos que, por otro lado, también estaban enfrentados entre ellos”. q

En riesgo sobrevivencia de poblaciones nativas y flora y fauna de la Amazonia.

Derrame de petróleo afecta a comunidades indígenas

Recién un mes después que se produjera un segundo derrame de petróleo en el nororiente del Perú, el gobierno declaró en estado de emergencia

16 comunidades nativas en el distrito de Morona, departamento de Loreto. La rotura de una tubería del ramal norte del Oleoducto Norperuano, de propiedad de la petrolera estatal Petroperú, causó el derrame de más de 3,000 barriles de petróleo en dos eventos ocurridos el 25 de enero y 3 de febrero que contaminaron los ríos Chiriaco y Morona, afluentes del río Marañón, uno de los tributarios más importantes del Amazonas.

El ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal responsabilizó de los derrames al deterioro del oleoducto a la vez que anunció que se impondrá a la empresa una multa de 59.2 millones de soles (US$17 millones). Desde el 2011 se han registrado unas 20 emergencias debido a fallas en el oleoducto.

No obstante, los pueblos indígenas han reclamado que, más allá de la multa que imponga el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a Petroperú, el Estado entregue una reparación civil a las comunidades afectadas.

“Entre ellos se van a multar. ¿De qué la van a multar? ¿Acaso ellos [OEFA] van a sufrir el daño? A quienes le han hecho daño son a los que viven allá, les han daño sus cultivos, sus quebradas, su hábitat”, dijo Marcial Mudarra, presidente de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI), una de las zonas afectadas por el derrame.

El oleoducto, que transporta el petróleo extraído de la región amazónica peruana a lo largo de 854 km hasta la terminal de Bayóvar, en la costa norte, fue construido en los años 70.

Germán Velásquez, presidente de Petroperú, aseguró que la empresa activó de inmediato su plan de contingencia.

“He verificado que se estén llevando a cabo las labores de reparación de la avería mediante un proceso tecnológico especializado y sistematizado que tiene en cuenta lo agreste de la zona y las adversas condiciones climáticas que se registran”, declaró.

Remediación insuficienteSegún Velásquez, se está aplicando el protocolo

para este tipo de situaciones que consta en que personal especializado “coloca una grapa en el punto de ruptura a fin

PERÚ

de evitar que continúe saliendo petróleo. Una vez colocada la grapa se empieza a trabajar consolidando el petróleo derramado en barreras de contención. Una vez ya confinado en ‘piscinas artificiales’ que se crean para confinar el petróleo, se procede a la recolección”.

Sin embargo, Edwin Montenegro, presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonia Norte (ORPIAN), denunció ante la prensa que Petroperú ofreció 10 soles ($2.8) a los habitantes de la zona por cada balde de petróleo recogido.

“Un total de 200 personas se encuentran trabajando, entre ellas niños que no se dan cuenta de lo tóxico que es el petróleo para sus cuerpos”, dijo. “Petroperú está más preocupada en recuperar el petróleo perdido que en limpiar la zona afectada y brindar asistencia a las comunidades que ahora ven contaminada su principal fuente de agua”.

Reportes del Ministerio de Salud señalan que 120 niños y 490 adultos estuvieron en contacto con el petróleo y muchos de ellos han reportado dolores de cabeza, vómitos, diarrea e irritación a la piel.

Los derrames también han puesto en riesgo los medios de vida de las comunidades. Montenegro indicó que las comunidades cercanas a los ríos “venden sus plátanos. Ahora están totalmente dañados, ¿dónde los van a vender? Nadie va a querer comprar plátano ahí. Está todo contaminado”.

La revista Scientific American alertó que “los derrames también podrían empeorar la situación en que se encuentran varias áreas protegidas que han sido contaminadas con petróleo en años recientes, como la reserva natural Pacaya Samiria, una de las más grandes del Perú. A pesar de su estatus, las actividades extractivas en el país sudamericano sólo están prohibidas en los parques nacionales, la más alta categoría de protección”.

El 1 de marzo, Petroperú informó que ha contratado a la compañía finlandesa Larsen Marine Oil Recovery para remediar los derrames de petróleo. De acuerdo con Pulgar Vidal, restaurar la flora y fauna de las zonas afectadas demorará un año.

Tony Mori, botánico peruano especialista en flora y vegetación amazónica, considera que los trabajos de remediación no serán suficientes para revertir el daño.

“Situaciones como esta tienden a destruir paisajes naturales por completo y alterar procesos básicos en la plantas, lo cual afecta a la fauna que depende de ella como fuente de alimento”, dijo a Scientific American. —NA

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DERECHO A LA TIERRA, AL TERRITORIO Y LOS

BOSQUES

Líderes campesinos luchan por preservar tenencia comunal de la tierra.

Ejidatarios opuestos a construcción de hidroeléctrica Chicoasén II respaldan a presidente de comité ejidal.

Louisa Reynolds desde Chiapas

A bisaín Solís López, presidente del comité del ejido Chicoasén en Chiapas, el estado más meridional de México, pagó un alto precio por la oposición de su comunidad

a la construcción de la hidroeléctrica Chicoasén II en tierras comunales.

Establecidos en los años 30 y arraigados en la tradición prehispánica, los ejidos son tierras comunales usadas para la agricultura, en las cuales sus integrantes cultivan individualmente parcelas

designadas y mantienen colectivamente las propiedades comunales. Considerados alguna vez como el componente clave de la reforma agraria postrevolucionaria, su privatización y venta fue legalizada durante el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari (1988-94) a principios de los 90.

En enero del 2015, el gobierno mexicano otorgó el contrato para la construcción de Chicoasén II —que estará ubicada en el río Grijalva— a Sinohydro, una empresa china con sede en Costa Rica, y a la corporación mexicana Omega Construcciones.

Pero cuatro meses después, un juez federal acogió un recurso de apelación presentado por 11 de los 460 ejidatarios de Chicoasén, que pertenecen al pueblo indígena Zoque, en la que argumentaban que la construcción de la represa era ilegal ya que

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los documentos que supuestamente autorizaban la venta de sus tierras habían sido firmados por ejidatarios fallecidos hacía más de siete años.

A los pocos días, Solís López, de 65 años, fue secuestrado y golpeado por desconocidos en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas. Luego de varios días sin regresar a su casa, su hija Claudia Solís Hernández lo encontró inconsciente en una cama de hospital con señales de tortura. Tenía un tajo en la garganta y el lóbulo de la oreja derecha había sido cortado. Solís López estaba tan traumatizado por el ataque que no podía recordar quiénes lo habían secuestrado aunque los ejidatarios estaban seguros que se trató de una represalia por su oposición a la hidroeléctrica.

Expropiación ilegalEl 21 de octubre del 2015, las autoridades

emitieron órdenes de arresto contra los 11 ejidatarios que presentaron el recurso de apelación acusándolos de conducta violenta luego que llevaran a cabo una protesta pacífica.

“Es ilógico que den una orden de aprehensión por motín contra un grupo de señores de 80 años con bastones”, dijo Solís Hernández a Noticias Aliadas.

En protesta contra la orden de detención, los ejidatarios realizaron una huelga de hambre durante varios días, pero aún así el gobierno se negó a aceptar sus demandas. Preocupado por el bienestar y seguridad de los ejidatarios, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, organización local defensora de los derechos humanos, reportó en noviembre del 2015 el presunto hostigamiento e intimidación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los ejidatarios de Chicoasén sostienen que el gobierno expropió sus tierras para construir la represa utilizando medios fraudulentos y que las viviendas campesinas ubicadas a orillas del río serían inundadas una vez que el proyecto sea inaugurado en agosto del 2018. También aseguran que nunca fueron compensados por la expropiación de las tierras comunales para construir otra represa, también ubicada en el río Grijalva, conocida como Chicoasén o Manuel Moreno Torres, que posee una capacidad generadora de 2,400 MW y es una de las 10 mayores hidroeléctricas del mundo.

“Nunca nos hemos negado al proyecto [Chicoasén II]”, afirmó Solís Hernández. “El problema es que nunca nos han tomado en cuenta”.

Marco Aurelio Ramírez García, quien supervisa el proyecto Chicoasén II, afirma que las preocupaciones de la comunidad han sido tomadas en cuenta e indica que la superficie que será inundada (180 Ha) es pequeña en comparación con otras represas, como la de Angostura, también ubicada en el estado de Chiapas, que

periódicamente inunda 65,000 Ha de tierras.El 12 de febrero, las tensiones aumentaron

en la puerta de entrada al proyecto Chicoasén II, luego que empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) negaran el ingreso al lugar a los ejidatarios y a un grupo de periodistas con el argumento que debió enviarse una solicitud con anticipación por razones de seguridad. Durante la caldeada discusión con los empleados de la CFE, los ejidatarios presentaron sus títulos de propiedad comunales e insistieron que nadie puede legalmente evitar que accedan a su propiedad.

“Tú no sabes nada; tú lo que defiendes es tu chamba”, dijo visiblemente enojado Juanito Núñez González, de 78 años, uno de los ejidatarios de Chicoasén, a un empleado de la CFE.

Finalmente, luego de 45 minutos, ejidatarios y periodistas abandonaron el lugar.

Privatización de los ejidosChicoasén II también ha sido promocionada

por el gobierno mexicano como un proyecto que traerá empleo a las empobrecidas comunidades campesinas.

“Es mentira. No nos han ofrecido empleo porque el gobierno dice que no estamos calificados. En los años 70 solíamos cultivar cacao, café y henequén pero ellos se apropiaron de las mejores tierras para construir la represa [Manuel Moreno Torres]. Mucha gente en esta comunidad ha sido obligada a emigrar a Monterrey [ciudad industrial cerca de la frontera con EEUU] para trabajar en corporaciones multinacionales”, dijo a Noticias Aliadas Marco Antonio Solís Hernández, hijo de Abisaín Solís López y activista por los derechos de la comunidad ejidal de Chicoasén.

Según la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el año pasado el 51% de la superficie total de tierras (196 millones de Ha) era de propiedad de los ejidos y otras formas de organización comunal, área del tamaño de Venezuela y dos veces la de España, que contiene 80% de las tierras forestales de México, 74% de su biodiversidad y dos tercios de tierras costeras. México tiene un total de 29,442 ejidos —siendo Chiapas el estado con la mayor extensión de tierras de propiedad comunal después de Veracruz— y 5.2 millones de ejidatarios.

El académico filipino Walden Bello, autor de Food Wars. Crisis alimentaria y políticas de ajuste estructural, ha analizado la privatización de los ejidos en México. Sus hallazgos —en el sentido de que los cambios al sistema han fracasado en mejorar la productividad agrícola y han contribuido en gran medida a empeorar la pobreza rural, la migración y la conversión de un país originalmente cultivador de maíz en un importador neto de este alimento básico respaldan las declaraciones de Marco Antonio Solís Hernández. q

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“BERTA VIVE,LA LUCHA SIGUE”

Activista indígena y defensora del medio ambiente y los derechos humanos fue asesinada a pesar de existir medidas de protección a su favor.

Miles de personas exigieron que asesinato de Berta Cáceres no quede en la impunidad.

Jennifer Ávila desde San Pedro Sula

Berta Cáceres, la reconocida ambientalista y defensora del pueblo indígena Lenca en Honduras, fue asesinada por personas armadas el 3 de marzo en su casa ubicada en

La Esperanza, capital del occidental departamento de Intibucá. Fue enterrada dos días después en medio de una multitudinaria concentración donde se gritaron consignas como “Berta vive, la lucha sigue y sigue”.

Cáceres era coordinadora general del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), además de defensora del medio ambiente y los derechos humanos. El año pasado recibió el prestigioso premio ambiental Goldman “por su valiente trabajo en defensa del río Gualcarque, su medio ambiente y su población, de la represa Agua Zarca”.

En el 2010 el gobierno aprobó la construcción —por parte de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos SA (DESA)— del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, ubicado en el río Gualcarque, considerado sagrado por los indígenas lenca. La medida no respetó el derecho a la consulta previa, libre e informada, garantizada por el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Más de 150 asambleas indígenas manifestaron su rechazo a la construcción de la

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represa que de ejecutarse obligaría a las comunidades a desplazarse e impediría desarrollar sus actividades agrícolas.

Entre el 2013 y el 2014, las comunidades indígenas llevaron a cabo una toma indefinida de carreteras para impedir el ingreso de las maquinarias. Durante esa etapa se endureció el hostigamiento policial y militar, así como de guardias privados contratados por la empresa. Según Global Witness, tres líderes lenca fueron asesinados durante las ocupaciones.

Aunque actualmente la construcción de la hidroeléctrica está paralizada, el COPINH ha denunciado las intenciones de DESA de nuevamente echar a andar el proyecto sin consentimiento del pueblo lenca.

María Paulina Gómez, defensora del río Gualcarque, comentó a Noticias Aliadas que el 20 de febrero en una manifestación en la carretera que lleva al municipio San Francisco de Ojuera, en Intibucá, un grupo de policías, militares y el alcalde del lugar amenazaron a los asistentes. Cáceres hizo pública esa amenaza inmediatamente en las redes sociales.

“En la caminata pacífica que el COPINH está desarrollando en este momento, empleados de DESA Agua Zarca y la Alcaldía de San Francisco de Ojuera y del [gobernante] Partido Nacional están deteniendo y hostigando a más de 100 compañeros que son parte de esta caminata, esto en San Francisco de Ojuera, apoyados por ejército, guardias, sicarios, policía. Denunciamos al ingeniero Sergio Rodríguez de DESA así como al Alcalde Raúl Pineda y las hordas nacionalistas por amenazar la integridad física y emocional de nuestros compañeros”, denunció entonces Cáceres.

Según Gómez, hombres armados, el alcalde y el vicealcalde acompañaban a ejecutivos de DESA.

“Le dijeron a Bertita que en cualquier momento la iban a matar. Ahora lo que pasará es que nos van a acabar a todas nosotras, las defensoras del río, pero no tenemos miedo, a las balas no le tenemos miedo”, dijo.

Anticipó su muerteUn día antes de su asesinato Cáceres estuvo en

un taller sobre energía renovable en La Esperanza con defensores y defensoras del río Gualcarque. Gómez señala que Cáceres dijo a los participantes que siguieran su lucha sin ella, porque en cualquier momento podía ser asesinada.

El 29 de febrero, cuando Cáceres estaba en el aeropuerto con su exesposo Salvador Zúniga dejando a una de sus hijas que iba de viaje, ella le advirtió sobre las amenazas de que era objeto.

“Cuando estábamos en el aeropuerto, Berta me expresó que ya tenía listo el testamento y que por cualquier cosa me lo decía. Yo le dije que eso no era importante, que lo importante era que cuidara su vida”, contó a Noticias Aliadas Zúniga, quien es coordinador del Consejo Indígena Popular de Honduras (CINPH).

“Aquí en el país, a cualquiera lo suenan [lo matan]

en cualquier momento porque es un país violento, me dijo ella. Berta se enfrentó a la muerte en todo momento. Su consecuencia, su rebeldía, la llevó a que ofreciera su sangre por este pueblo. Por eso debemos seguir la lucha”, agregó Zúniga.

El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández calificó el asesinato de la líder indígena como “un duro golpe para Honduras” y se comprometió a esclarecerlo. Aunque Cáceres contaba con medidas de protección, la Policía no estuvo cerca para evitar el asesinato. El ministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco dijo en conferencia de prensa que Berta había renunciado a las medidas de protección al no notificar su cambio de domicilio a las autoridades.

Las tres hijas e hijo de Cáceres exigieron que una misión internacional nombrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya había otorgado medidas cautelares de protección a su madre desde el 2009 después del golpe de Estado en Honduras al cual ella se opuso, se encargara de la investigación. Expresaron que no confían en las acciones del gobierno.

“No se puede distorsionar la verdad acerca del crimen que terminó con su vida. Sabemos con certera claridad que los motivos de su vil asesinato fueron su resistencia y lucha en contra de la explotación de los bienes comunes de la naturaleza y en defensa del pueblo Lenca. Su asesinato es un intento de acabar con la lucha del pueblo Lenca en contra de toda forma de explotación y despojo. Un intento por cortar la construcción de un nuevo mundo”, señalaron en un comunicado Olivia, Berta, Laura y Salvador Zúniga Cáceres antes del entierro de su madre.

Asimismo, responsabilizaron al gobierno y a DESA por cualquier atentado contra sus vidas y la de su familia, a la vez que alertaron que las comunidades quedan desprotegidas y expuestas a que asesinen a sus líderes en cualquier momento.

Medidas cautelaresPor su parte, la Plataforma de Movimientos

Sociales y Populares de Honduras (PMSPH) y la Coalición Contra la Impunidad (CI) expresaron en un comunicado su preocupación de que en las primeras 24 horas del asesinato de Cáceres, el principal énfasis de las investigaciones desarrolladas por distintas unidades del gobierno, hayan dado prioridad a hipótesis no relacionadas con las amenazas a las que estaba expuesta y tanto el COPINH como la misma Cáceres habían denunciado en reiteradas ocasiones.

“El gobierno y Estado de Honduras, antes de presentar cualquier resultado sobre las causas y autores del crimen contra Berta Cáceres, tiene el deber de responder si la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) concesionaria del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, varias instituciones bancarias financiadoras de estos proyectos, varias Corporaciones Municipales de municipios Lencas, especialmente la de San Francisco de Ojuera, policías,

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ocho zonas del país. La misión, que estará integrada por expertos civiles no armados de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y representantes elegidos por el gobierno y la guerrilla, tendrá un mandato inicial de 12 meses prorrogables a partir de la firma del acuerdo de paz, prevista para el 23 de marzo.

• El Consejo Electoral Provisional (CEP) de Haití pospuso por segunda vez los comicios presidenciales previstos para el 25 de enero por “cuestiones de seguridad”, según informó Pierre-Louis Opont, presidente del CEP, el 22 de enero. La segunda vuelta electoral estaba fijada para el 27 de diciembre, pero días antes fue postergada. En la primera vuelta, realizada el 25 de octubre participaron 54 candidatos, siendo los dos más votados el candidato oficialista Jovenel Moïse del gobernante Partido Haitiano Tèt Kale (Cabezas Calvas), quien obtuvo 33% de los votos, seguido por el opositor Jude Celestin, de la Liga Alternativa por el Progreso y la Emancipación Haitiana, con 25%. Para la oposición, existe la posibilidad de que las elecciones sean manipuladas para favorecer a Moïse.

• El gobierno de Paraguay solicitó el 21 de enero a la Corte Federal de EEUU que desestime la demanda en su contra presentada por la aseguradora italiana Sezione Especiale per l’Assicurazione del Crédito all’Esporazione (SACE) por una deuda de US$85 millones contraída entre 1986 y 1987 por Gustavo Gramont, sobrino político del exdictador Alfredo Stroessner (1954-89). Utilizando el cargo de “cónsul itinerante” en Suiza, Gramont gestionó el préstamo con una garantía falsificada a nombre del Estado paraguayo y un reaseguro otorgado por SACE. En el 2005, un tribunal suizo condenó a Paraguay y a SACE a pagar la deuda, pero la aseguradora llegó a un acuerdo con los acreedores y promovió la demanda en EEUU. Paraguay ha rechazado el pago de esa deuda por considerarla “espuria e ilegítima”.

• En el marco del Foro Económico Mundial, realizado del 20 al 23 de enero en la ciudad suiza de Davos, la organización humanitaria Oxfam resaltó que entre el 2002 y el 2015, las fortunas de los multimillonarios en América Latina crecieron en un promedio de 21% anual, es decir, un incremento seis veces superior al del producto interno bruto (PIB) de la región. Según Oxfam, en el 2014, el 10% más rico había concentrado el 71% de la riqueza y de continuar esa tendencia, para el 2022 el 1% más rico de la región tendría más riqueza que el 99% restante. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que la evasión y elusión de impuestos sobre la renta personal y de las empresas costaron US$190 millardos en el 2014, es decir 4% del PIB regional.

• América Latina encabeza el ranking 2015 de las ciudades más violentas del mundo, con 41 de las 50 localidades incluidas en el informe anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, con sede en México, presentado el 25 de enero. Con una tasa de 119.87 homicidios por cada 100,000 habitantes, Caracas (Venezuela) es la ciudad más violenta del mundo, seguida por San Pedro Sula (Honduras), que figura con una tasa de 111.03. En los 10 primeros lugares se encuentran San Salvador (El Salvador), Acapulco (México), Maturín (Venezuela), Distrito Central (Honduras), Valencia (Venezuela), Palmira y Cali (Colombia). El informe también reveló que ocho ciudades latinoamericanas salieron del ranking, incluyendo Medellín (Colombia) y Ciudad Juárez (México).

• En respuesta a una petición conjunta del gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad el 25 de enero una resolución para establecer una misión política que supervise y verifique el alto al fuego definitivo entre las partes, así como la entrega de armas por las FARC en

notasbreves

militares y varias otras empresas quienes habían vertido amenazas de acabar con la vida de Berta y otros liderazgos de la zona, participaron de este repudiable crimen”, expresa el comunicado.

La CIDH repudió el asesinato de Cáceres, beneficiaria de medidas cautelares y que “en repetidas ocasiones había denunciado de forma pública la situación de grave riesgo y hostigamiento en la que se encontraba”. Asimismo, llamó la atención del gobierno hondureño por las falencias en la implementación de las medidas de protección a su favor.

“El Estado hondureño tiene la obligación de investigar este lamentable asesinato de manera seria, pronta y eficiente, e incluir líneas de investigación donde se analice como hipótesis que este crimen haya tenido como móvil su actividad como defensora de derechos humanos”, indicó la CIDH. “Además de establecer la verdad sobre lo ocurrido, esta investigación debe establecer responsabilidades y sancionar a los autores materiales e intelectuales. Este crimen no debe quedar en la impunidad”.

Igualmente, la CIDH otorgó medidas cautelares a

los familiares de Cáceres, a integrantes del COPINH y a Gustavo Castro, ambientalista mexicano y único testigo del crimen, quien resultó herido en el ataque y está prohibido de salir del país. Castro ha sido catalogado como “testigo protegido” por la Fiscalía.

La CIDH solicitó al Estado adoptar “las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de personal de los miembros de COPINH, los familiares de Berta Cáceres y Gustavo Castro”.

Asimismo, la CIDH invocó a las autoridades a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Castro “durante todo el proceso para preparar y completar su salida; que adopte las medidas necesarias para que los miembros del COPINH puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia, amenazas y hostigamientos; que concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares y así evitar su repetición”. q

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Más de la mitad de las muertes de activistas en todo el mundo han ocurrido en América Latina.

La región más peligrosa para defensores de derechos humanos

El 2015 fue un año nefasto para quienes defienden los derechos humanos en la región. Según Front Line Defenders, organización internacional

dedicada a la protección de defensores de los derechos humanos con sede en Irlanda, 156 personas murieron el año pasado en el mundo por defender los derechos humanos, 87 de ellas en América Latina, y 54 sólo en Colombia.

“Defender los derechos humanos en Latinoamérica siguió siendo una tarea muy peligrosa: persistió la criminalización de la defensa de los derechos humanos y de los movimientos pacíficos de protesta”, señala Front Line Defenders en su Informe Anual 2016 titulado “Basta de asesinatos”.

El informe, presentado el 8 de enero, señala que “defensores del ambiente, de los pueblos indígenas y de la tierra son quienes corren los mayores riesgos: fueron víctimas del 41% de los asesinatos en la región. Casi todos los casos tuvieron relación con los denominados ‘megaproyectos’, especialmente aquellos conducidos por compañías mineras”.

Además, la organización recalcó que personas que trabajan sobre temas de orientación sexual e identidad de género también fueron víctimas de la violencia.

“Defensores/as de los derechos de personas LGBTI [lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales] conformaron el 15% de los asesinatos denunciados en la región, ubicándose como el segundo grupo más agredido”, aseguró.

El informe denuncia igualmente que defensores de los derechos humanos en Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú han sido víctimas de acoso judicial, ataques físicos, amenazas, intimidación y campañas de difamación debido a sus denuncias sobre los impactos negativos de las actividades extractivas y la falta de una adecuada consulta previa a las comunidades afectadas.

La situación de periodistas que informan sobre temas de derechos humanos también ha continuado siendo delicada en la región. Front Line Defenders citó los asesinatos el 31 de julio del fotoperiodista mexicano Rubén Espinoza y de la defensora de derechos humanos Nadia Vera quienes habían denunciado los supuestos abusos cometidos por el gobernador del suroriental estado de Veracruz, Javier Duarte.

Acoso policial y judicialEl informe resaltó el caso de Ecuador, poniendo

énfasis en la respuesta del gobierno a las protestas sociales que se produjeron durante el 2015, incluyendo un paro general en agosto en demanda de una reforma agraria y mejoramiento del acceso a servicios de salud.

“Defensores de los derechos humanos informaron de un incremento del acoso policial y judicial, relacionados particularmente con estas protestas. En agosto, la ambientalista y defensora de los derechos de los pueblos indígenas Margoth Escobar fue detenida por más de una semana acusada de perturbar la paz luego de un paro general en Puyo. La periodista Manuela Picq fue deportada a Brasil, su país de origen, luego de la cancelación de su permiso de residencia. Fue arrestada en agosto durante una marcha organizada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. A pesar de que un fallo judicial establecía que no había motivos para su arresto o deportación, su permiso no le fue devuelto”.

Los ataques a la libertad de expresión y acceso a la información también han sido frecuentes en Ecuador. Desde la aprobación de la Ley de Comunicaciones en el 2013, la situación de los medios independientes se deterioró aún más y aumentó la autocensura de los periodistas, de acuerdo con Front Line Defenders. Además, se promulgaron medidas restrictivas en relación a la libertad de asociación y varias organizaciones no gubernamentales, particularmente las defensoras de los derechos humanos, fueron disueltas sin motivos claros.

Mary Lawlor, directora ejecutiva de Front Line Defenders, dijo en la presentación del informe que “las personas que defienden los derechos humanos enfrentan situaciones cada vez más restrictivas y brutales en cada región del planeta. La violencia extrema está siendo usada cada vez con más frecuencia y en más países, a la vez que se ha convertido en norma en muchas partes del mundo el uso de procesos judiciales fabricados e injustos. Quienes atacan a personas defensoras de los derechos humanos han intensificado sus esfuerzos para silenciarlas, tanto dentro como fuera de sus fronteras”. q

AMÉRICA LATINA

Noticias Aliadas

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América Latina vive tiempos complicados. Sus gobiernos democráticos, que durante más de una década fueron desmontando

el andamiaje que implantó el neoliberalismo, soportan ahora el hostigamiento de la derecha política, orientada por los grandes medios de prensa locales e internacionales y, en muchos casos, asistida por pequeños grupos de provocadores que se autodefinen como de izquierda.

Tras una ola de rumores descalificadores de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Venezuela, en octubre del 2015 llegó a las librerías The WikiLeaks Files, un libro que analiza miles de cables de las embajadas de EEUU en la región. El texto de Alexander Main y Dan Beeton, investigadores del Center for Economic and Policy Research, con sede en Washington DC, muestra los esfuerzos realizados por los presidentes estadounidenses George W. Bush (2001-2009, republicano) y Barack Obama (demócrata) para hacer retroceder al progresismo sudamericano.

El libro sostiene que en los últimos 15 años EEUU trató de destruir a los gobiernos democráticos de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras (lo logró en el 2010), Nicaragua, Paraguay (lo logró en el 2012) y Uruguay. Los autores dicen que lo buscado por Bush y Obama era revertir los resultados de las elecciones realizadas entre 1997 y el 2008, de las que surgieron presidentes enemigos del neoliberalismo.

No obstante, las figuras del bipartidismo estadounidense no habían pensado en el recurso de la antipolítica, impuesto luego por los grandes medios para seguir haciendo negocios y para desacreditar a las frágiles democracias de la región.

Alejo Álvez desde Buenos Aires

Ataques a gobiernos progresistas, particularmente los dirigidos por mujeres, tienen un objetivo definido.

Sí lo habían planteado el mandatario ecuatoriano Rafael Correa, el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera y el diplomático brasileño Samuel Pinheiro Guimarães, que desde el 2011 denuncian como el principal enemigo de las democracias a lo que llamaron el “neogolpismo”.

Correa, García Linera y Pinheiro definieron así al golpismo del siglo XXI, que parte de la aceptación del origen democrático de los gobiernos progresistas, para decir que son “legítimos pero gobiernan con autoritarismo”. Lo que buscan los neogolpistas es imponer la restauración del orden conservador, evitando la vía cruenta de los golpes de Estado clásicos del siglo XX.

AntipolíticaDe ese recurso de la antipolítica surgieron

personajes sin pasado político ni compromiso social, como el ultraconservador evangélico Jimmy Morales, nuevo presidente de Guatemala, o Miguel

AMÉRICA LATINA

NEOGOLPISMO DECIDIDO A IMPONER ORDEN CONSERVADOR

En los últimos 15 años EEUU

trató de destruir a los gobiernos democráticos

de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras

(lo logró en el 2010), Nicaragua, Paraguay

(lo logró en el 2012) y Uruguay.

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del Sel, designado embajador argentino en Panamá por el gobierno del presidente Mauricio Macri. Ambos son actores cómicos de bajo nivel y, como si eso no bastara, en el caso de Del Sel es groseramente machista y dueño de un dudoso humor de fuerte tono xenófobo.

Los rumores son de larga data. En algunos casos, como el argentino, se remontan al 2006, cuando Cristina Fernández de Kirchner aún no era presidenta, y se instaló de forma permanente en abril del 2008, cinco meses después de que fuera elegida por primera vez.

En otros, como en Chile y Perú, son más recientes. Setiembre marcó el punto más alto de la campaña. Varios actores de la política regional ven que detrás de las persistentes acusaciones contra Dilma Rousseff (Brasil), Michelle Bachelet (Chile) y Fernández de Kirchner se oculta lo peor de esa aberrante misoginia de la antipolítica.

El 16 de setiembre, el ministro del Interior de Chile, Jorge Burgos, desmintió la “noticia” de la supuesta renuncia de Bachelet. “Este tipo de campaña de la derecha política y mediática, es antidemocrático”, dijo en respuesta al diputado José Antonio Kast —el menor de los tres hijos chilenos del criminal de guerra nazi Michael Kast Schindler—, presidente de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente, el partido que sustentó al dictador Augusto Pinochet (1973-1990).

La senadora Isabel Allende, hija del derrocado expresidente Salvador Allende (1970-73), exhortó a “terminar con la descalificación y el machismo”, y apuntó sobre el periodismo al denunciar una nota publicada en agosto por el sitio web El Mostrador como “la más deleznable, vil e indecente de esta serie”, en la que el portal aseguraba que “Bachelet bebe más de lo que debe y al estar borracha y bajo el efecto de medicamentos, perdió el control de sí misma”.

También el 16 de setiembre, y como parte de las críticas al presidente peruano Ollanta Humala por las denuncias de corrupción sobre su esposa, el ministro de Defensa Jakke Valakivi desmintió los rumores del diario Perú 21 sobre un golpe de Estado. Días después precisó: “No hubiese sido necesario el desmentido, porque el paso del tiempo mostró que esa y otras afirmaciones no estaban alertando sobre un posible golpe de Estado sino promoviéndolo”.

El rol de la prensaEn Argentina, durante los pasados siete años,

Fernández de Kirchner, sus hijos y sus funcionarios fueron acusados de múltiples supuestos hechos de corrupción. La revista Noticias la expuso como una enferma psiquiátrica que padece de trastorno bipolar, y en setiembre del 2012 llegó al extremo de publicar en su tapa un dibujo hiperrealista en el que se la veía en actitud de masturbarse. “Se

muestra cada día más desenfadada, sensual y hasta procaz”, escribió el informativo al pie de la imagen.

El 5 de octubre, la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dio a conocer sus conclusiones sobre la situación de la prensa en el continente desde su perspectiva empresarial. Dijo, como lo dice todos los años, que al igual que en Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Nicaragua y Venezuela, en Argentina “se vulnera la libertad de expresión”. La declaración fue reproducida en sus más de 1,300 medios adheridos, incluidos los 36 socios argentinos de la entidad.

Días después, un tribunal italiano condenó al diario Corriere della Sera por el delito de “difamación con real malicia” por la publicación, en el 2008, de una nota en la que aseguraba, sin pruebas, que en medio de una conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre el hambre en el mundo, Fernández había hecho un frívolo tour de compras, gastando 180,000 euros en joyas y ropa de cama. La Nación, el más importante socio argentino de la SIP, no publicó el fallo, aunque había reproducido en primera plana la nota del diario italiano.

Venezuela es una antigua víctima de la prensa extranjera. Los diarios españoles —El País, El Mundo y ABC— son la avanzada de la “guerra” contra la Revolución Bolivariana. La mayor de las mentiras se conoció el 24 de enero del 2013, seis semanas antes de la muerte del presidente Hugo Chávez, cuando El País publicó una falsa foto de un Chávez agonizante. Aunque el medio ya lo había dado por muerto en tres ocasiones, esta vez tuvo que pedir disculpas porque la imagen procedía de un vídeo del 2008 de un paciente mexicano que vivía feliz en Cuernavaca.

En Brasil, Bolivia, Argentina y Ecuador los legionarios de la “restauración conservadora” cuentan con el apoyo de partidos trotskistas, pequeños pero activos, opuestos a los gobiernos progresistas por considerarlos populistas. Así lo denunció el presidente ecuatoriano Rafael Correa. En Argentina se llaman Partido Obrero, Partido Socialista de los Trabajadores o Partido de los Trabajadores Socialistas. En el prolongado cruce entre el gobierno de Fernández y los plantadores de soja respaldados por la multinacional Monsanto, estos partidos se encargaron de armar los piquetes que cortaron las rutas e hicieron visibles las huelgas empresarias.

La práctica constante del corte de calles y rutas genera un malestar que se vuelca contra los gobiernos. El 2 de enero, Correa los denunció, como lo había hecho antes García Linera: “Los mismos de siempre, la supuesta izquierda radical con su estrategia de movilización permanente, ya está calentando las calles para que la derecha coseche después en las urnas”, dijo el presidente ecuatoriano. q

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PROCESO DE PAZ: ¿EN LA RECTA FINAL?

El 23 de marzo es la fecha límite para la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC.

Negociadores del gobierno colombiano y las FARC tienen el desafío de firmar acuerdo que ponga fin a más de 50 años de conflicto armado.

Susan Abad desde Bogotá

“Ya es más difícil devolverse que llegar al fin del conflicto”, fue la frase que utilizó en una entrevista hace unos meses Humberto de La Calle, jefe del equipo negociador por parte

del gobierno, para expresar su optimismo sobre que la firma de un Acuerdo de Paz entre Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se realice este año.

El pasado setiembre, en una decisión que tomó por sorpresa al país, el presidente Juan Manuel Santos viajó a La Habana —donde se llevan a cabo

las negociaciones de paz desde el 2012— y se reunió con el máximo líder de la guerrilla Rodrigo Londoño, alias Timoleón Jiménez o Timochenko, y anunciaronlas bases sobre las que operaría la justicia transicional.

Santos resaltó en su discurso que las penas a imponer a los guerrilleros, civiles y agentes del Estado que intervinieron en el conflicto armado se tomaron sobre la base de proporcionar la máxima compensación a las víctimas y cumplir los estándares de la justicia internacional.

Según el acuerdo, habrá restricción efectiva de la libertad de entre 5 y 8 años para quienes acepten su responsabilidad en delitos intrínsecos a la guerra y hasta 20 años de cárcel para quienes la nieguen y luego se les compruebe su participación.

Se integra un componente de justicia restaurativa que se podría traducir en trabajo de exguerrilleros en desminado humanitario y sustitución de cultivos ilícitos.

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Asimismo, crea una Jurisdicción Especial para la Paz, integrada por magistrados colombianos y con posibilidad de participación minoritaria de extranjeros, que serán los encargados de investigar, juzgar e imponer las sanciones a los autores de los crímenes graves. Esta Jurisdicción también tendrá competencia sobre agentes del Estado y otros responsables directos o indirectos del conflicto armado, como financiadores o colaboradores de los grupos armados ilegales.

Con respecto a los militares que hayan cometido delitos en el marco del conflicto —incluso violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)—, “recibirán tratamiento especial, simultáneo, equilibrado y equitativo

Cuatro periodistas han sido asesinados en lo que va del 2016.

El riesgo de ejercer el periodismo

Con el asesinato del comunicador Moisés Dagdug Lutzow el 20 de febrero en Villahermosa, capital del suroriental estado de Tabasco, suman 111 los

periodistas asesinados en México desde el 2000, según la gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Dagdug Lutzow, periodista y propietario de la radio La Grande de Tabasco y del canal online TVX, fue apuñalado en su domicilio en el centro de Villahermosa. Es el cuarto periodista asesinado en lo que va del año, todos al parecer por el ejercicio de su profesión.

Marcos Hernández Bautista, reportero del informativo Noticias. Voz e Imagen de Oaxaca, murió por un disparo en la cabeza el 21 de enero en la localidad de San Andrés Huaxpaltepec, en el sureño estado de Oaxaca. Al día siguiente, el periodista Reinel Martínez Cerqueda, locutor de la radio comunitaria El Manantial, fue acribillado en la ciudad de Santiago Laollaga, también en Oaxaca.

El 9 de febrero fue encontrado el cuerpo de la periodista Anabel Flores Salazar, al día siguiente que fuera secuestrada de su casa en la localidad de Orizaba, en el oriental estado de Veracruz. Flores Salazar se desempeñaba como reportera de hechos policiales para el diario El Sol de Orizaba.

En un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación “por la situación de violencia contra los y las periodistas en México”. La Relatoría para la Libertad de Expresión recordó a las autoridades mexicanas que “la obligación de conducir la investigación con debida diligencia y agotar todas las líneas lógicas de indagación reviste especial relevancia en casos de violencia contra periodistas; una investigación que no pondere aspectos vinculados con el contexto de la región, así como la actividad profesional del periodista, tendrá menos posibilidades de conseguir resultados”.

Igualmente, la Relatoría enfatizó “la reiteración de este tipo de ataques contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en México, donde uno de los lugares más peligrosos es el Estado de Veracruz. En

el 2014 fueron ocho los comunicadores asesinados en el país presuntamente vinculado al ejercicio de su libertad de expresión y en el 2015 se registraron seis casos”.

Impunidad es la reglaSegún ARTICLE 19, organización internacional

defensora de la libertad de expresión e información, 23 periodistas continúan desaparecidos desde el 2003. En el informe “La desaparición y desaparición forzada de quienes ejercen la libertad de expresión en México”, presentado el 18 de febrero, ARTICLE 19 puso en evidencia “las deficiencias del Estado y la falta de voluntad para atender estas violaciones graves a derechos humanos”.

“Del 2003 al 2015, en promedio han desaparecido dos periodistas por año. Tamaulipas es la entidad con mayor registro de casos, con seis. Le siguen Michoacán y Veracruz con cuatro”, precisó ARTICLE 19. “La documentación que ofrece este informe permite señalar un patrón donde en el 96% de los casos se identifica como antecedente la cobertura informativa relacionada con temas de corrupción y de seguridad, en los que se relaciona a funcionarios y crimen organizado”.

“A esta terrible cifra de desapariciones forzadas debe añadírsele los 132 periodistas, fotógrafos, comunicadores populares y trabajadores de prensa asesinados en México durante ese mismo lapso de 12 años, según registros de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Ciap-FELAP)”, señala su presidente, Ernesto Carmona, quien añade que “la despiadada eliminación física de estos profesiones generalmente comenzó con una desaparición forzada o secuestro”.

Por su parte, Teodoro Rentería Arróyave, secretario de Desarrollo Social del Comité Ejecutivo de la FELAP, reiteró su demanda “a las más altas autoridades del país para que terminen con esta vergonzosa impunidad en cuanto a los atentados a los informadores, y cumplan con las medidas cautelares para protegerlos, como lo ordenan las leyes correspondientes”.

“Tal parece que el gremio periodístico tiene que vivir en continuo duelo”, expresó Rentería Arróyave. —NA

MÉXICO

SIGUE >

basado en el mismo DIH”, dice el documento. Esto es consecuente con la promesa del presidente Santos de que “cualquier beneficio que se les dé a las FARC en materia de justicia, se les dará también a los miembros de nuestra Fuerza Pública” y que “sería un tratamiento diferenciado, pero no más severo”.Verdad, reparación y no repetición

El texto del acuerdo señala que todos los actores del conflicto deberán aportar la plena verdad, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición de los hechos.

Las reacciones no se hicieron esperar. El general retirado Jaime Ruiz, presidente de la

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Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (ACORE), manifestó a Noticias Aliadas su satisfacción de que se juzgue a los militares de una manera diferenciada, pero alertó sobre “la duda de la forma en la que se elegirán a los magistrados” y la existencia de “mecanismos un poco confusos para esos nombramientos”.

Para otros expertos, el acuerdo es satisfactorio. Nelson Camilo Sánchez, de la organización Dejusticia, en columna publicada en el informativo Razón Pública, asegura que “si se revisa la posición inicial de la guerrilla sobre justicia, su apuesta era que no debía abordarse el punto desde la visión de los derechos humanos y la justicia transicional, sino que debería reducirse a las responsabilidades colectivas y, por tanto, el mayor responsable del conflicto debía ser el orden capitalista. Si se compara esa posición inicial con el acuerdo donde una guerrilla rebelde que quiere acabar el Estado y no cree en el derecho internacional acepta ser juzgada por un tribunal de justicia en donde reconoce la legitimidad del Estado para imponer castigos y los límites del derecho internacional a la hora de otorgar amnistías, es indudable que se transitó un largo trecho”.

En diciembre pasado, luego de realizar“un examen jurídico” del documento, la organización Human RightsWatch (HRW) lo calificó de “un acuerdo de impunidad”. Para HRW, la única sanción que tendrán quienes confiesen sus crímenes y colaboren con la justicia serán restaurativas y reparadoras y no una restricción efectiva de la libertad como mandan los estándares internacionales, por lo que pidió la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Penal Internacional.

Al término de la reunión entre Santos y Londoño también se anunció que en seis meses a partir de ese día—es decir el 23 de marzo del 2016—se firmaría el ansiado pactoque pondría fin a casi medio siglo de una guerra que deja no menos de 300,000 muertos.

Diferencias más técnicas que políticasVarios analistas expresaron su pesimismo

frente al plazo, teniendo en cuenta que en poco menos de tres años sólo se han logrado acuerdos parciales en temas relacionados con la reforma rural, participación política y drogas ilícitas. Hasta las FARC, a través de su vocero Carlos Antonio Lozada, dejaron entrever que los diálogos se extenderían mucho más. Lozada manifestó que en “un debate que habrá que realizar en la mesa (…) se podrá ver a partir de qué día comienzan a contarse los seis meses”. El mismo Londoño se preguntó en un comunicado publicado en noviembre: “¿Y qué pasaría si llegado el 23 de marzo no hubiera Acuerdo Final? ¿Echaríamos por la borda lo trabajado y alcanzado durante tanto tiempo? No

sería conveniente ni justo. ¿O es que la dilación de ahora apunta a arrinconarnos a última hora para forzarnos a aceptar imposiciones?”.

Sin embargo, expertos como Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), confiaron en que el acuerdo sería una realidad en el tiempo anunciado. “Las diferencias entre el gobierno y las FARC son más técnicas que políticas. Los puntos que restan discutir no son puntos que tengan que ver con las razones por las cuales el conflicto se mantiene andando, como son la propiedad de la tierra, las rentas del narcotráfico, acceso a la participación política de los guerrilleros y el tema de justicia”, dijo a Noticias Aliadas.

Para el coordinador de las Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild, “el tema de víctimas y de justicia es el más complejo, que más ha desatado diferentes puntos de vista en Colombia y ha generado polarización”, por eso cerrarlo es “la señal determinante de que hemos llegado a la última etapa de las conversaciones”.

Mientras se especula sobre la firma final, el presidente Santos anunció el 8 de enero que convocará al Congreso a sesiones extraordinarias para febrero a fin de modificar la Ley 418 de Orden Público, que le permita “iniciar los procedimientos para la concentración de las FARC en los sitios que se negocien [en la mesa] y definir el mecanismo de dejación de armas”. q

“Las diferencias entre el gobierno y las

FARC son más técnicas que políticas. Los puntos que restan discutir no son

puntos que tengan que ver con las razones por las cuales el conflicto se

mantiene andando, como son la propiedad de la tierra,

las rentas del narcotráfico, acceso a la participación

política de los guerrilleros y el tema de justicia”.

—JORGE RESTREPO

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NO SE FIRMÓ ACUERDO DE PAZRepresentantes del gobierno y la guerrilla aún no se ponen de acuerdo sobre puntos relevantes para poner fin al conflicto armado.

El 23 de marzo, llegó y se fue sin que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) concretaran la firma del

acuerdo de paz que pondría fin a más de medio siglo de conflicto armado. La fecha había sido anunciada el 23 de setiembre pasado en La Habana, Cuba, en conferencia de prensa conjunta por Santos y el líder máximo de las FARC, Rodrigo Londoño.

El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, informó que “no fue posible” firmar el acuerdo final con las FARC en la fecha pactada. “Subsisten diferencias importantes con las FARC sobre temas de fondo”, señaló De la Calle.

Según De la Calle, el gobierno colombiano no acepta que las FARC consideren el desarme como “un proceso”. Su propuesta es que una vez firmado el acuerdo definitivo, las FARC deben dejar las armas antes que se implementen los puntos acordados relativos a la justicia transicional y participación política. Las FARC, por su parte, plantean que sean suspendidas todas las órdenes de captura y mantener armas guardadas como garantía que el gobierno cumplirá los acuerdos.

En rueda de prensa en La Habana el 23 de marzo, el vocero de las FARC, el comandante guerrillero Jorge Torres Victoria, conocido como Pablo Catatumbo, precisó que “no hay firma para esta fecha porque no nos hemos puesto de acuerdo”.

“Los retos que estamos afrontando son difíciles, no hemos logrado aún acuerdo sobre asuntos que son vitales para el fin del conflicto”, dijo. “Están de por medio asuntos tan graves con la exacerbación del paramilitarismo. En el último mes ha habido más de 28 asesinatos de líderes populares, defensores de derechos humanos, campesinos, campesinas, que están en la impunidad. Es algo muy preocupante”.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su informe anual sobre Colombia presentado el 22 de marzo, advirtió que “diversos intereses locales y grupos que se oponen a los cambios que promueve

COLOMBIA

“Están de por medio asuntos tan graves con la exacerbación del paramilitarismo. En el

último mes ha habido más de 28 asesinatos de líderes

populares, defensores de derechos humanos,

campesinos, campesinas, que están en la impunidad. Es algo muy preocupante”.

—JORGE TORRES VICTORIA

el proceso de paz ya están empleando la violencia y la intimidación para proteger sus intereses, sin una respuesta estatal suficientemente efectiva”.

Puntos en discordiaOtro de los puntos pendientes es el relativo a las

zonas de concentración, es decir los lugares donde los guerrilleros se instalarán una vez firmados los acuerdos. El gobierno considera que estos lugares deben ser pocos y estar alejados de zonas pobladas y de fronteras, mientras que las FARC exigen un número mayor y no estar aisladas de la población civil.

El 9 de marzo el Senado aprobó la reforma a la Ley de Orden Público (1997) que otorga facultades especiales al presidente para establecer las zonas de concentración donde se llevará a cabo el desarme y la desmovilización de las FARC, una vez firmado el acuerdo definitivo. La iniciativa permite determinar las condiciones y compromisos de las partes para

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establecer la temporalidad y funcionamiento de las mencionadas zonas, garantizar la seguridad del proceso de desarme, solicitar la suspensión de órdenes de captura a miembros de las FARC que dejen las armas, y establecer mecanismos de monitoreo y verificación nacional e internacional del proceso de desarme y el registro, control, destrucción o disposición final del armamento entregado por la guerrilla.

La reforma incluye, además, un acápite incorporado por el senador y expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) de que las zonas de concentración se ubicarán en lugares aislados donde no exista población civil.

Según Torres Victoria, el que se le pida a las FARC concentrarse en lugares inaccesibles “es francamente absurdo”, aunque tampoco se trata de hacerlo en lugares densamente poblados, admitió.

El 28 de marzo, el presidente Santos explicó que son tres las razones por las que el gobierno no firmó el acuerdo de paz.

“Primero: el gobierno exige que las FARC tienen

que haber dejado las armas y haber dado el paso hacia la legalidad, para poder hacer política y circular por el territorio nacional. Como lo he dicho desde el primer día, el vínculo entre política y armas debe acabarse para siempre en Colombia. Segundo: El Gobierno exige una fecha fija, precisa y clara para que termine el proceso de desarme. Por ningún motivo esa fecha puede quedar abierta. Tercero: El gobierno no puede permitir que ningún colombiano —en cualquier zona que se acuerde para la dejación de armas— quede desprotegido. Los colombianos no aceptan —y su gobierno tampoco— un acuerdo que signifique algo diferente”, dijo.

“Si queremos llegar a esa paz estable y duradera que hemos buscado durante tanto tiempo —y estamos cerca—, debemos seguir con el pulso firme, el rumbo fijo y obrando con total responsabilidad”, dijo el mandatario. “Insistiendo, perseverando, vamos a encontrar soluciones razonables a estos problemas, soluciones que les convengan a todos los colombianos”. q

los indígenas realizaron una ceremonia maya para conmemorar el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, establecido en el 2004. En diciembre próximo se cumplirán 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra interna que dejó unas 250,000 víctimas entre muertos y desaparecidos, principalmente indígenas.

• El subcomandante Marcos, vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y una de las cabezas visibles de la insurrección del 1 de enero de 1994 en el estado Chiapas, en el sur de México, quedó liberado de los cargos penales que pesaban en su contra. Un juzgado en el estado de Chiapas decretó el 22 de febrero el sobreseimiento por prescripción de la acción penal en favor de Marcos —quien en el 2014 cambió su nombre por subcomandante Galeano— y 12 integrantes EZLN, a quienes se les imputaba la comisión de los delitos de sedición, motín, rebelión, terrorismo y conspiración. La prescripción de los delitos se cumplió 21 años después que se ordenara su detención.

• La rotura del Oleoducto Norperuano causó el derrame de más de 3,000 barriles de petróleo en dos eventos en el nororiente del Perú ocurridos el 25 de enero y el 3 de febrero en los departamentos de Loreto y Amazonas que contaminaron afluentes del río Marañón, uno de los tributarios más importantes del Amazonas. Un tercer derrame se produjo el 17 de febrero en Jaén, Cajamarca, durante trabajos de mantenimiento del mismo oleoducto. Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, los derrames se produjeron por el deterioro del oleoducto, de propiedad de la estatal Petroperú. El Ministerio de Salud declaró estado de emergencia a seis distritos donde viven unas 8,000 personas en su mayoría indígenas amazónicos.

• Cuba y EEUU firmaron el 16 de febrero un acuerdo para reanudar los vuelos comerciales entre ambos países, cinco décadas después que fueran suspendidos. Aunque todavía no hay fecha para la llegada del primer vuelo, las aerolíneas estadounidenses podrán competir para cubrir regularmente la demanda de viajes que actualmente se realizan mediante fletes. El acuerdo, establecido en el marco de la reanudación de las relaciones diplomáticas anunciadas en diciembre del 2014, prevé la realización de unos 20 vuelos diarios entre ciudades de EEUU y Cuba. Sin embargo, el gobierno de EEUU debe levantar la prohibición que pesa sobre los estadounidenses de viajar a Cuba debido al embargo comercial impuesto a la isla desde los años 60.

• Como parte de las negociaciones que están llevando a cabo el gobierno de Colombia y las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para alcanzar un acuerdo de paz, ambas partes se comprometieron a dar información para hallar a las personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, que pueden llegar a ser más de 100,000. La Fiscalía informó el 22 de febrero que existen alrededor de 2,300 restos sin identificar en cinco cementerios de la región de los Llanos Orientales que abarca los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada. Según la Fiscalía, en los cementerios de La Macarena, existen 464 cuerpos —de los que 160 ya fueron exhumados—, 617 en Villavicencio, y 571 en San José del Guaviare.

• Cientos de indígenas en Guatemala recordaron el 25 de febrero a las víctimas del conflicto armado entre fuerzas del gobierno y la insurgente Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) que asoló el país entre 1960 y 1996. Frente a la sede del Organismo Judicial, en Ciudad de Guatemala,

notasbreves

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Jimmy Morales juramentó comprometiéndose a cero tolerancia a la corrupción.

Asume nuevo presidente

Desde el 14 de enero Guatemala tiene un nuevo presidente que gobernará hasta el 2020. Jimmy Morales, de 46 años, juró respetar la ley

y ejercer la presidencia con “amor patriótico”. Ese mismo día asumió el nuevo Congreso elegido el 6 de setiembre.

Morales, del Frente de Convergencia Nacional (FCN), se impuso en la segunda vuelta electoral el 25 de octubre con 67% de los votos, frente a 33% que obtuvo Sandra Torres, de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE). Su triunfo es considerado como un voto de protesta por la generalizada corrupción que experimenta el país y que obligó a renunciar al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) el 2 de setiembre, quien se encuentra preso.

“Gracias Dios mío, por el privilegio que me has dado de servir a mi pueblo”, fueron las primeras palabras de Morales, un comediante conservador y profundamente religioso, tras juramentar en el cargo. “No hay magia, no nos resignemos más al pesimismo. Una nueva Guatemala es posible y vale la pena”.

Enfatizó que atacará, con el respaldo de la ciudadanía, la corrupción y la pobreza —que afecta a casi 60% de los 16.7 millones de habitantes—, a la vez que mejorará los servicios de salud y educación, entre otros aspectos.

“Estoy seguro de que al despertar no queremos ver al dinosauro de la corrupción, ni de la forma tradicional de hacer política, ni de los pleitos de quienes pretenden ganarse la vida dividiendo a los guatemaltecos”, agregó el mandatario.

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, en audiencia con Morales al día siguiente de su juramentación, le sugirió impulsar “un nuevo modelo de desarrollo económico que promueva la inclusión social y permita combatir la pobreza”.

“Este modelo debería estar basado en una política de transformación productiva con innovación tecnológica y competitividad para generar empleos decentes y de calidad, así como en un esquema presupuestario más flexible y que permita mejorar la recaudación fiscal del país, que en 2013 se situaba en 13% del producto interno bruto (PIB), cuando el promedio en América Latina y el Caribe era de 21.3%”, precisó Bárcena.

Para ello, Guatemala “debe potenciar su desarrollo interno regional, reduciendo los costos de logística, seguridad, electricidad e Internet, al tiempo que impulsa una política exterior que integre las áreas comercial y de inversiones, cultural y política, y que retoma también el liderazgo en los procesos de integración regional”, agregó.

Según la CEPAL, Guatemala cerró el 2015 con un crecimiento de 3.9% y espera que este año alcance el 4%.

Congreso con mayoría opositoraEntre los desafíos que deberá enfrentar

Morales es un Congreso con mayoría opositora y presidido por Mario Taracena Díaz Sol, de la UNE. De los 158 diputados, el movimiento el movimiento Libertad Democrática Renovada (LIDER) —cuyo líder Manuel Baldizón era favorito para ganar las elecciones y finalmente quedó en tercer lugar— tiene el mayor número de legisladores (45), seguido por UNE (33) y el Partido Patriota (18), de Pérez Molina. El FCN sólo cuenta con 11 diputados, lo que obligará al mandatario a negociar con las diferentes fuerzas políticas la aprobación de iniciativas legislativas.

El tema de derechos humanos también será un aspecto importante que el nuevo gobierno tendrá que abordar. El 6 de enero, 13 militares acusados de desaparición forzada y otros delitos de lesa humanidad, entre los que se encuentran el general retirado Benedicto Lucas García, exjefe de Estado Mayor durante el régimen de su hermano, el exdictador Romeo Lucas García (1978 y 1982), y el teniente coronel en retiro César Augusto Cabrera Mejía, a quien Morales pretendía nombrar ministro de Gobernación. Según el Ministerio Público, los oficiales son responsables de la desaparición y muerte de al menos 558 indígenas en los años 80.

A lo anterior se suma la suspensión el 11 de enero del juicio al exdictador Efraín Ríos Montt, de 89 años, acusado de genocidio durante su régimen entre 1982 y 1983, considerado el más sangriento de los 36 años de conflicto armado que concluyó con la firma de los acuerdos de paz en 1996 y dejó más de 200,000 muertos y desaparecidos. El tribunal decidió suspender el proceso judicial hasta que no se resuelvan tres acciones de amparo presentadas por la defensa de Ríos Montt.

Aunque a algunos sectores preocupó la presencia de empresarios en el nuevo gabinete, el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, confirmó que los ministros designados por Morales fueron analizados por la comisión, no encontrando incoherencias en cuanto a la honestidad de los nombrados.

“El señor presidente Morales nos solicitó opinión sobre si existía alguna información respecto a algunas personas que él aspiraba designar en su gobierno”, dijo Velásquez. “Nos limitamos efectivamente a hacer ese trabajo, y no hubo un papel activo o sugerencia de aspirantes a los cargos. Expresamos lo que conocíamos respecto de las personas que el señor presidente sometía a consideración, eso lo hicimos dentro de toda la confianza y la confidencialidad como corresponde en asuntos de esa naturaleza”. q

GUATEMALA

Noticias Aliadas

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CUBA

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LEY DE AJUSTE SIGUE SIENDO MOTIVO DE

DIFERENDO CON EEUU

Miles de cubanos protagonizan crisis migratoria en Centroamérica en su intención de llegar a EEUU como refugiados.

Venta de productos agrícolas, uno de los trabajos por cuenta propia autorizados por el gobierno de Raúl Castro.

La Ley de Ajuste, que desde hace medio siglo facilita la admisión de cubanos en EEUU como refugiados para vivir y trabajar legalmente, sigue siendo uno de los grandes motivos

de reproche de La Habana contra Washington en la nueva etapa de relaciones diplomáticas iniciada hace un año y en especial a raíz de la crisis migratoria que desde noviembre protagonizan miles de isleños en Centroamérica.

El reinicio de las relaciones entre los dos países luego de hostilidades desde la década de 1960 ha sido defendida por el presidente demócrata Barack Obama como un modo de desmontar una política que no ha dado los resultados esperados por la Casa Blanca para promover cambios internos a la isla, así como una aceptación de que la etapa de guerra fría ha terminado y que se requieren políticas más eficaces para influir en

Daniel Vázquez desde La Habana

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la isla comunista y, a la vez, afianzar el liderazgo de su nación en América Latina.

Los discursos conciliadores de Obama y del presidente cubano Raúl Castro el 17 de diciembre de 2014, cuando sorpresivamente hicieron pública la voluntad mutua de restablecer los vínculos diplomáticos, desataron la alarma de miles de personas que temen que el acercamiento entre ambos gobiernos eche abajo el marco legal que ha permitido que ciudadanos cubanos puedan entrar a EEUU desde 1966 clamando la condición de refugiados que huyen del comunismo y al cabo de un año y un día solicitar la residencia permanente.

Los datos oficiales de EEUU revelan la llegada de más de 43,000 cubanos durante el año fiscal 2014-2015 —24,278 arribaron en el año fiscal previo, octubre 2013-septiembre 2014—, lo cual incluye no sólo a quienes recientemente salieron de Cuba, sino también aquellos que estaban establecidos en otros países, pero que aún así continuaban mirado hacia enclaves como la Florida como terreno familiar, especie de tierra prometida donde existen condiciones ventajosas para prosperar en un medio cultural afín.

El pasado año, La Habana redobló sus reclamos contra la Ley de Ajuste, el programa para acoger médicos cubanos, y el asilo para los cubanos que lleguen a suelo estadounidense, con el argumento de que esas políticas ya no tendrían sentido cuando ambos países están normalizando las relaciones y al mismo tiempo pidió el cese del embargo económico, comercial y financiero de más de medio siglo y al cual el gobierno cubano culpa de los fracasos económicos internos.

Así lo reitero el 29 de diciembre pasado, Raúl Castro ante el parlamento cubano cuando declaró que “la política de ‘pies secos-pies mojados’, el Programa de Parole para profesionales médicos cubanos y la Ley de Ajuste Cubano continúan siendo el principal estímulo para la emigración irregular desde Cuba hacia Estados Unidos”, y aseveró que “hemos reiterado al gobierno de Estados Unidos que para normalizar la relación bilateral el bloqueo debe ser levantado y el territorio que usurpa la Base Naval de Guantánamo ha de ser devuelto”.

“Ley asesina”A lo largo de años, la prensa oficial cubana ha

considerado que la Ley de Ajuste es una “ley asesina” porque propicia las salidas ilegales de la isla y que la población arriesgue la vida en alta mar con tal de llegar a la Florida, pero en el 2015 el reclamo se redobló alegando que el éxodo de cubanos provoca inestabilidad en países vecinos por donde atraviesan los isleños, quienes hasta casi finales del año pasado volaban de La Habana a Ecuador y recorrían por tierra unos 5,000 km para llegar a EEUU.

Otros argumentos que históricamente ha enarbolado Cuba contra la mencionada normativa es que provoca un éxodo de fuerza laboral calificada, reclamo que ha sido reforzado desde que recientes estudios demográficos corroboran una tendencia al

envejecimiento de la isla, baja natalidad y estancamiento en el crecimiento poblacional. Analistas y prensa oficial han expresado ya su alarma por el impacto de esta situación para el desarrollo económico.

“Hoy un cubano trabaja como promedio para el sustento de cuatro o cinco personas; y se estima que estas cifras se dupliquen. Debemos habituarnos a que funcionaremos, incluso en el ámbito laboral, con una población de 60 años y más en su mayoría”, explicó el sociólogo Antonio Aja, director del Centro de Estudios Demográficos en reciente entrevista con la prensa cubana y alertó de la necesidad de desarrollar políticas públicas para enfrentar ese fenómeno.

Las imágenes de miles de cubanos varados en Costa Rica desde mediados de noviembre, cuando Nicaragua les impidió seguir su ruta terrestre hacia EEUU, alegando una amenaza para su seguridad interna, muestran en gran medida rostros de hombres y mujeres. Muchos de ellos declararon a la prensa tener formación técnica o ser egresados universitarios, y expresaron su deseo de que no regresar a vivir a su patria y explicaron que para emprender el éxodo tuvieron que vender todas sus propiedades.

EEUU ha reiterado a lo largo de los últimos dos meses que por ahora no se valora derogar la Ley de Ajuste. Sin embargo, esas afirmaciones han sido tomadas con cierta incredulidad por la población en La Habana en la medida en que el restablecimiento de las relaciones bilaterales provocó sorpresa generalizada a nivel mundial. De ahí que cubanos entrevistados por Noticias Aliadas, quienes pidieron mantener sus identidades en reserva, confesaron su certidumbre de que ambos gobiernos ya tienen vías de entendimiento que pueden traer otras sorpresas.

“Durante décadas, yo participé en grandes marchas populares en la Plaza de la Revolución y ante la Oficina de Intereses de Washington en Cuba en contra de políticas de los Estados Unidos hacia Cuba y, sin embargo, en el 2014 Raúl Castro no me consultó de ninguna manera sobre si restablecer relaciones con el enemigo”, explica Luisa, habanera de 70 años, para fundamentar su opinión de que los presidentes de ambos países han optado por ponerse de acuerdo y luego informar públicamente de sus decisiones. “Ahora espero cualquier otra sorpresa”, afirma.

Por otra parte, el estallido de la crisis en noviembre, cuando el gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, aliado de La Habana, repelió por la fuerza la entrada de cubanos a través de su frontera, seguido por el anuncio de Ecuador de que se restablecía el requisito de visado para los cubanos, alimentaron rumores en Cuba de que el gobierno de la isla estaría presionando para que el incidente de compatriotas varados en Centroamérica sirviera para señalar a EEUU como gran responsable de la crisis.

Protestas en La HabanaLa prensa oficial cubana tardó días en reaccionar

y dar cuenta de los incidentes. El descontento por la

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repentina reanudación de los requisitos de visado para viajar a Ecuador motivó que cubanos que ya habían comprado su pasaje para Quito se concentraran a fines de noviembre frente a esa legación diplomática en La Habana y expresaran su descontento clamando contra el gobierno ecuatoriano y contra el propio con gritos de libertad pese a la presencia de efectivos y cámaras policiales, protestas inusuales en la isla.

“Yo lo vi todo”, afirma Marisa, vecina de La Habana, que acompañó a su hijo al consulado ecuatoriano cuando sorpresivamente fue restablecido el requisito de visado para los cubanos. “La gente protestó sin miedo y reclamó que los funcionarios ecuatorianos dieran explicaciones”.

Índice de Percepción de la Corrupción 2015 muestra que hay esperanzas en lucha contra la corrupción.

Movilizaciones ciudadanas logran avances contra corrupción

AMÉRICA LATINA/EL CARIBE

“Es posible ganar a la corrupción si trabajamos juntos. Para erradicar el abuso de poder y el soborno, y sacar a la luz negociaciones secretas, los ciudadanos deben

decir al unísono a sus gobiernos que ya han tenido bastante”, dijo José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional (TI), en la presentación del Índice de Percepción de la Corrupción 2015, el 27 de enero.

Si bien durante el 2015 la corrupción continuó siendo un fenómeno generalizado, “también fue un año en el cual las personas nuevamente salieron a las calles para protestar contra la corrupción. A nivel global, el público envió un mensaje contundente a quienes están en el poder: es el momento de hacer frente a la gran corrupción”, agregó Ugaz.

TI define la gran corrupción como “el abuso de poder en las altas esferas que beneficia a unos pocos a costa de muchos, y provoca perjuicios graves y generalizados a las personas y a la sociedad. Muy a menudo, este tipo de corrupción queda impune”.

La organización destacó el caso de Brasil, que perdió cinco puntos en relación al ranking del 2014 a raíz del escándalo de corrupción que descubrió la Operación Lava Jato, que comenzó con la investigación de una red ilegal de traficantes de divisas y terminó involucrando a políticos, directores y ejecutivos de la petrolera estatal Petrobras y grandes empresas constructoras.

Guatemala también perdió puntos con la renuncia del expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) luego que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por Naciones Unidas, revelara su participación en la masiva red de fraude aduanero conocida como “La Línea”, que también obligó a renunciar a la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Aunque Chile es el segundo mejor evaluado —detrás de Uruguay— en la lista de 24 países latinoamericanos y caribeños incluidos en el ranking de 168 países, el escándalo de tráfico de influencias que implicó al hijo de la presidenta Michelle Bachelet le pasó la factura. Chile perdió tres puntos en relación a la medición del año pasado. Haití y Venezuela cierran la lista regional como los países menos transparentes. — NA

El tema del éxodo migratorio ha sido una constante en Cuba desde la llegada de Fidel Castro al poder en 1959. Durante décadas, el ansia de los cubanos por marcharse al territorio vecino fue interpretada como la máxima expresión de desacuerdo con el proyecto socialista. Quienes partían clamaban para sí la condición de exiliados y por lo general tenían que soportar tortuosos trámites o marcharse ilegalmente, pero ahora el éxodo del siglo XXI entraña además una carga fuerte de descontento económico.

El éxodo hacia EE.UU expone de modo concentrado contradicciones internas de la isla. El gobierno de Raúl Castro ha promovido reformas económicas como propiciar el trabajo por cuenta propia, ofrecer

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Presidente Juan Manuel Santos hace llamado a EEUU para ser socio en la construcción de la paz.

Los 15 años del Plan Colombia

Con una reunión entre el presidente colombiano Juan Manuel Santos y su homólogo estadounidense Barack Obama, celebrada el 4 de febrero, se

conmemoraron los 15 años del Plan Colombia, la iniciativa de lucha contra las drogas y la guerrilla concebida durante las gestiones de los mandatarios Andrés Pastrana (1998-2002) y Bill Clinton (1993-2001).

Aunque el objetivo principal de ambos países era prevenir el flujo de drogas ilegales hacia EEUU y promover la paz, el desarrollo económico, incrementar la seguridad y terminar con el narcotráfico en Colombia, el Plan Colombia —cuyo mandato inicial de seis años fue ampliado durante la administración del expresidente George W. Bush (2001-2008)— evolucionó hacia la guerra contra los grupos guerrilleros que supuestamente utilizaban el tráfico de drogas para financiar sus actividades.

Para Santos, el Plan Colombia “ha sido un instrumento muy útil, muy eficaz, de ayuda por parte de EEUU a la lucha de Colombia contra el narcotráfico, el fortalecimiento de las instituciones, de sus fuerzas armadas. Los resultados están a la vista”.

Diversos analistas coinciden en señalar que la ofensiva militar que la asistencia económica estadounidense permitió, calculada en US$10 millardos, logró debilitar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo guerrillero del país. Desde el 2008 la dirigencia de las FARC sufrió golpes contundentes como la muerte de Raúl Reyes, uno de sus principales jefes, durante un bombardeo del Ejército colombiano a un campamento guerrillero en territorio ecuatoriano y el fallecimiento por causas naturales de Manuel Marulanda, líder máximo y fundador de las FARC. Dos años después, fue abatido Víctor Julio Suárez, conocido como Mono Jojoy, principal jefe militar de las FARC y en el 2011 murió en una acción armada Alfonso Cano, sucesor de Marulanda.

La máxima jefatura del grupo guerrillero fue asumida por Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timoleón Jiménez o Timochenko, quien actualmente encabeza el equipo negociador de las FARC en el proceso de paz con el gobierno colombiano que se lleva a cabo desde el 2012 en La Habana, Cuba.

Derechos humanosLa búsqueda de una solución política y negociada

al conflicto armado fue uno de los tres objetivos

fundamentales del Plan Colombia, además de la lucha contra las drogas y la inversión social en las comunidades rurales afectadas por el conflicto.

Ante la inminencia de la firma del acuerdo de paz, prevista para el 23 de marzo, el presidente Santos manifestó: “Espero que EEUU, que fue un gran socio en llevar el conflicto a su fin, pueda ser un gran socio en la construcción de la paz”.

Si bien la ayuda económica de EEUU para el Plan Colombia fue crucial, Colombia destinó $120 millardos “en asistencia militar a las tropas, la ayuda a la justicia, el desarrollo rural”, afirmó Santos.

Sin embargo, el Plan Colombia también tuvo efectos cuestionables en el aspecto de los derechos humanos, particularmente en relación al desplazamiento forzado y las ejecuciones extrajudiciales. Según el Informe Global 2015 del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, con sede en Suiza, entre 1985 y el 2014 “Colombia registró 6’044,200 desplazados internos, el 12% del total de su población. Más del 63% de desplazados en Colombia viven por debajo del umbral de pobreza y el 33% vive en condiciones de extrema pobreza”.

De acuerdo con Human Rights Watch (HRW), “entre 2002 y 2008, la ejecución de civiles por brigadas del Ejército fue una práctica habitual en toda Colombia”. En esos años, más de 3,700 civiles fueron ejecutados por militares y presentados como guerrilleros muertos en combate. Conocidos como “falsos positivos”, estos casos “constituyen uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas ocurridos en el hemisferio occidental en las últimas décadas”, manifestó HRW.

El Plan Colombia no significó mejoras para la población campesina, afrodescendiente e indígena que no experimentó mejoría en su calidad de vida y, por el contrario, fueron víctimas de la violencia, desplazamiento y usurpación de sus territorios.

En una carta abierta al presidente Obama, las Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ), que agrupa a 135 organizaciones sociales del país, señalaron que “la participación e integración plena de las víctimas, comunidades y sociedad civil es necesaria para asegurar que se construya la paz en el terreno”, e invocaron el apoyo del mandatario estadounidense para garantizar “la verdad, justicia, reparaciones, no-repetición y la reconciliación en nuestras comunidades”. — NA

COLOMBIA

tierras en usufructo para los campesinos, y la apertura de negocios privados de alojamiento, transportación y gastronomía. Sin embargo, estas políticas no han prosperado tan rápido que puedan motivar esperanzas de jóvenes y profesionales como para esperar tiempos de prosperidad, pero, por otra parte, el beneplácito puesto por el propio gobierno en la llegada de turistas estadounidenses con dólares alimenta tácitamente en el imaginario la imagen de que el progreso local sigue

imbricado a los nexos con el vecino norteño.Lo cierto es que el flujo de cubanos hacia EE.UU

tiene una historia que se remonta al siglo XIX y ha gravitado sobre la isla, sus políticas y relaciones diplomáticas. Un eventual cese de la Ley de Ajuste cubano supondría un cambio de escenario, pero no el cese de los estrechos vínculos migratorios con EEUU, donde existe una comunidad de origen cubano estimada en unos 2 millones de personas. q

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VIOLENCIA QUE NUNCA TERMINA

Acuerdos de Paz cumplen 24 años en medio de la violencia desatada por las pandillas y heridas de guerra aún abiertas.

Lucha contra la impunidad y la violencia son temas pendientes para la población salvadoreña.

Tomás Andréu desde San Salvador

El 16 de enero se cumplieron 24 años de la firma de los Acuerdos de Paz entre el insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno del entonces

presidente Alfredo Cristiani (1989-94), de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que pusieron fin al conflicto armado que se desarrolló entre 1980 y 1992, dejando 75,000 muertos y más de 8,000 desaparecidos.

En el acto de conmemoración, el presidente

Salvador Sánchez Cerén, excomandante del FMLN y firmante de los Acuerdos de Paz, señaló que “con la firma de los Acuerdos de Paz nuestro país se ganó el respeto y reconocimiento internacional por haber tenido la valentía y la sabiduría de poner fin a una cruenta guerra a través del diálogo y la negociación”.

“Sabíamos que la firma de los acuerdos era un punto de partida para construir la democracia y la paz. Recordemos que nuestros adversarios querían mantener el statu quo y nosotros cambiarlo. Las 34 reformas a la Constitución de la República buscaban construir un Estado de derecho”, señaló a Noticias Aliadas la excomandante guerrillera y ahora diputada, Nidia Díaz.

Entre las reformas mencionadas por Díaz están la creación del Procurador Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Academia de Seguridad Pública, de la Policía Nacional Civil, la depuración del Ejército salvadoreño que pasó a estar bajo subordinación de la sociedad civil y la instauración de un ente rector para la asignación de los cargos públicos.

El exguerrillero Otoniel Guevara —poeta, agente

EL SALVADOR

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Segunda vuelta para elegir nuevo mandatario fue aplazada en dos oportunidades.Gobierno de transición inicia mandato

C on un llamado a las fuerzas políticas del país para encontrar una solución al vacío de poder que existe en el país, el primer ministro Evans Paul asumió

provisionalmente el 7 de febrero la presidencia del país luego que se cumpliera el mandato del presidente Michel Martelly, como lo establece la Constitución.

“Hoy es un día muy especial para el país”, dijo Evans. “El presidente [Martelly] dejó el poder sin un sucesor; ahora nos toca a nosotros encontrar una solución”.

Un día antes que Martelly entregara el poder, el Ejecutivo y el Parlamento haitiano llegaron a un acuerdo que establece la conformación de un gobierno de transición que estará encargado de organizar elecciones para el 24 de abril.

Aunque los ocho principales partidos de oposición representados en el Parlamento, conocidos como Grupo de los 8 (G8), habían rechazado el 8 de febrero el acuerdo señalando que no recoge su demanda de conformar una comisión que investigue las supuestas irregularidades cometidas en la primera vuelta electoral, el 14 de febrtero fue elegido Jocelerme Privert, senador y presidente del Parlamento, para dirigir el país por un máximo de 120 días.

En la primera vuelta realizada el 25 de octubre los candidatos más votados fueron el oficialista Jovenel Moïse, del Partido Haitiano Tèt Kale (Cabezas Calvas), quien obtuvo 33% de los votos seguido por el opositor Jude Celestin, de la Liga Alternativa por el Progreso y la Emancipación Haitiana, con 25% de la votación. Quien gane los comicios deberá juramentar el 14 de mayo.

El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon saludó el acuerdo “que provee las estructuras necesarias para preservar la continuidad institucional en el país así como una hoja de ruta para la rápida conclusión del ciclo electoral en curso”, e hizo un llamado a todas las partes “a mantener un diálogo constructivo que guíe al país a un futuro estable y democrático lo cual es esencial para abordar

HAITÍ

los retos a los que se enfrenta Haití y también llamó a las partes a que tomen medidas encaminadas a fomentar la calma y la estabilidad”.

Crisis estructuralLa segunda vuelta entre Moïse y Celestin estaba

prevista para el 27 de diciembre, pero fue postergada por el Consejo Electoral Provisional (CEP) para el 24 de enero. Sin embargo, dos días antes el CEP suspendió indefinidamente la segunda ronda por “cuestiones de seguridad”.

Según Chiara Liguori, investigadora sobre Haití de Amnistía Internacional, “las relaciones entre la oposición y Tèt Kale, partido del presidente Michel Martelly, fueron tensas durante prácticamente todo el mandato de este. Pero alcanzaron niveles sin precedentes tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el 25 de octubre. Como consecuencia, la segunda vuelta, prevista para el 27 de diciembre, se aplazó en dos ocasiones y ya ni siquiera hay fijada una fecha”.

La crisis política se produce en pleno fenómeno de El Niño que ha agudizado la inseguridad alimentaria debido a la sequía que experimenta el país. Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), en el 2015 las cosechas registraron pérdidas de hasta 70% y 3.6 millones de los 10.5 millones de habitantes del país sufre hambre.

“Los desastres producto del cambio climático amenazan a más de 500,000 haitianos cada año”, indica el PMA. “A pesar de que la agricultura es un importante sector de su economía, Haití no produce suficientes alimentos e importa más del 50% de lo que consume su población. Importa el 80% de su producto de primera necesidad: el arroz”.

Liguori opina que “la clase política haitiana prefiere tener al país como rehén en esta crisis electoral, y con ello está poniendo en grave peligro la vida y los derechos de millones de personas”. —NA

cultural y excandidato a alcalde de Quezaltepeque, al norte de San Salvador, en el 2015— compartió lo señalado por Díaz.

“Hay que celebrar los Acuerdos de Paz. Fue un paso en firme por la consecución de un Estado de derecho”, afirmó a Noticias Aliadas. Guevara, quien participó en la ofensiva armada de 1989, que fue determinante para el diálogo entre la insurgencia y el gobierno, hoy es crítico del FMLN.

Por su parte, el expresidente Cristiani dijo a Noticias Aliadas: “El objetivo de todo el proceso de negociación era terminar el conflicto armado, y en ese sentido los acuerdos cumplieron su cometido. De tal suerte que para lo que se quiso en aquel momento, que era detener el conflicto, fue suficiente. No quedó nada pendiente”.

Deudas pendientesCristiani insistió en que la Ley General de Amnistía

dada bajo su gobierno en 1993 —que negó la posibilidad SIGUE >

de juzgar a responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado— permitió a El Salvador transitar por un nuevo camino.

Desde que el FMLN llegó al poder, primero con Mauricio Funes (2009-2014) y ahora con Sánchez Cerén, elegido en el 2014, poco o nada se ha hecho para esclarecer los crímenes cometidos durante el conflicto armado y hacer justicia a las miles de familias que sufrieron la muerte o desaparición de un ser querido.

“Hoy, como Comandante General de las Fuerzas Armadas, pido perdón a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, a sus familiares, y les reafirmo mi compromiso que hechos como esos jamás se repetirán en nuestra historia”, señaló Sánchez Cerén.

Hay que recordar, sin embargo, que el actual mandatario, cuando fue diputado en el 2006, exigía la derogación de la Ley de Amnistía General, señalando que desde un principio ARENA se negó a cumplir las

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recomendaciones de la Comisión de la Verdad, creada en virtud de los Acuerdos de Paz, para investigar los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en el país entre 1980 y 1992.

Ahora el tema es incómodo, a pesar de que el Ejecutivo tiene la potestad de promover que dicha acción tenga otro destino jurídico.

Díaz hace un mea culpa respecto a la deuda del FMLN desde la firma de la paz: “La deuda que tenemos es el resarcimiento del daño moral y material de las víctimas (…) No hemos derogado la Ley de Amnistía

porque no ha habido una correlación. Si tuviéramos más diputados creo que ya lo hubiéramos hecho”.

Sin embargo, la lucha contra la impunidad parece haber dado un paso hacia adelante con la captura el 5 de febrero de cuatro de los 17 exmilitares acusados por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas —cinco de ellos españoles—, el 16 de noviembre de 1989 en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA). Desde el 2011, la justicia española había solicitado la detención de los exmilitares con miras a su extradición, petición reiterada el pasado 5 de enero. España puede solicitar

Presidente y vicepresidente no podrán volver a postular para cuarto mandato consecutivo.

Ciudadanía rechazó reforma constitucional

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) confirmó el triunfo del No en el referendo constitucional llevado a cabo el 21 de febrero que impide al mandatario

Evo Morales volver a postular para un cuarto mandato presidencial consecutivo en las elecciones del 2019. El No se impuso por 51.3% frente a 48.7% que obtuvo el Sí.

En rueda de prensa realizada dos días después del referendo, Morales admitió su derrota al señalar que “respetamos los resultados; es parte de la democracia”.

“Perdimos la batalla, pero no la guerra”, dijo el presidente. “Tenemos cuatro años más de gestión y la lucha sigue con más fuerza y con el acompañamiento de los movimientos sociales”.

Este es el primer revés que experimenta Morales desde el 2006, cuando fue elegido con 54% de los votos para su primer mandato. Desde entonces el Movimiento Al Socialismo (MAS) ganó todas las elecciones presidenciales, legislativas y municipales con elevados porcentajes. El 12 de octubre del 2014, Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera fueron elegidos con 60% de los votos para un tercer periodo que se inició el 22 de enero del 2015 y que se extenderá hasta el 2020.

El 26 setiembre la Asamblea Legislativa había aprobado la reforma del artículo 168 de la Constitución, que permite la reelección continua por una sola vez para quienes ocupen la presidencia y vicepresidencia. La reforma —que el Tribunal Constitucional Plurinacional declaró constitucional— introducía la reelección continua por dos veces.

El referendo fue convocado el 16 de noviembre del 2015 por ley sancionada por la Asamblea Legislativa “para que el pueblo boliviano, mediante la democracia directa y participativa y en ejercicio de su poder soberano, apruebe o rechace la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado”.

Ante la pregunta: “¿Usted está de acuerdo con la reforma del Artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?”, la mayoría decidió que no, con lo cual el artículo 168 no será modificado y Morales

no podrá volver a postular en las elecciones del 2019.

Políticas redistributivasAunque los resultados del referendo muestran que

en estos momentos la figura de Morales polariza el país, no significan que la mitad de los electores cuestionen el programa político, económico y social impulsado por el gobierno del MAS.

Morales ha manifestado su decisión de seguir impulsando este programa, el mismo que ha permitido que el país crezca 5% en promedio entre el 2006 y el 2015, convirtiéndose en la economía más estable de la región. Las políticas redistributivas impulsadas por Morales han favorecido a los sectores tradicionalmente más pobres y marginados, particularmente los indígenas y campesinos. Uno de logros que puede mostrar Morales es la erradicación del analfabetismo.

Con los ingresos generados desde el 2006 por la nacionalización de sectores estratégicos, como hidrocarburos, telecomunicaciones y electricidad —que terminaron en acuerdos amigables entre el gobierno y las empresas afectadas que fueron indemnizadas adecuadamente— se financiaron los bonos sociales como “Juancito Pinto”, para niños en edad escolar, “Renta Dignidad”, pensión vitalicia para personas mayores de 60 años, y “Juana Azurduy”, para embarazadas y niños de dos años, entre otros.

Morales se ha comprometido a reducir la pobreza extrema de 17.3% en el 2014 a 9.5%, la pobreza moderada de 39.3% a 24% y la desigualdad de ingresos entre los más ricos y los más pobres, de 39 veces en el 2014, a 25 veces en el 2020.

Según analistas, este resultado da la oportunidad al MAS de buscar otros liderazgos, pero sobre todo de dar un mayor empuje a su programa de gobierno.

“Cabe esperar, finalmente, que el revés electoral sufrido por el MAS boliviano sirva para revitalizar el proyecto transformador que se aplica en ese país e impulsar la consolidación de dirigentes capaces de relevar a Evo Morales en el liderazgo”, mencionó en un editorial el diario mexicano La Jornada.— NA

BOLIVIA

SIGUE >

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la extradición de los capturados y restará al pleno de la Corte Suprema de Justicia deliberar si esta procede o no.

Distractores de la paz “Tiempos de paz no son. Ningún día desde que

se firmaron los acuerdos ha habido paz. Si hablamos de una paz nacional, debemos recordar que hay salvadoreños con heridas de guerra como parientes desaparecidos, lisiados y veteranos olvidados; tenemos ausencia de políticas de bienestar nacional, deterioro agudo de las capacidades de educación y formación de los jóvenes, depredación de los recursos naturales,

instrumentalización partidaria del deporte, el arte y la cultura, clientelismo político electoral, satanización de la juventud, por mencionar algunos ‘distractores de la paz’”, señaló Guevara.

A pesar de no encontrarse en guerra, El Salvador es actualmente uno de los países más violentos del mundo. La cifra de muertes violentas en el país ya ha superado a las que ocurrían día a día durante el conflicto armado, según la Fiscalía General de República. El 2015 cerró con 6,670 homicidios. Sólo en agosto se produjeron 911 asesinatos, es decir, 30 muertos cada 24 horas.

El gobierno atribuye estas muertes al combate que SIGUE >

Gobierno llega a un arreglo con los cuatro mayores acreedores que no aceptaron entrar en canje de deuda.

Fondos buitre ganaron la partida

Tras 15 años de disputa, el 29 de febrero, el gobierno argentino y los acreedores que no aceptaron entrar en canje de deuda en el 2005 y el 2010 arribaron a un

acuerdo. El gobierno deberá pagarles US$4.6 millardos, que constituyen el 75% de los fondos buitres, incluyendo capital, intereses y honorarios legales.

Según el mediador Daniel Pollack, el gobierno argentino tiene plazo para pagar dicho monto “en efectivo y en dólares” hasta el 14 de abril. Mientras tanto, el Congreso debe derogar las llamadas leyes Cerrojo (2005) y de Pago Soberano (2014) sancionadas con el objetivo de proteger la soberanía financiera de Argentina frente a los fondos buitre, especializados en comprar deudas de países en graves problemas financieros para luego demandar el pago a través de los tribunales y sacar el mayor provecho posible.

“Ninguna de las partes consigue todo lo que busca. Un acuerdo es, por definición, un compromiso y, por suerte, las dos partes en esta épica disputa finalmente vieron la necesidad de un compromiso, y lo han hecho”, dijo Pollack, quien fue nombrado por el juez Thomas Griesa, de la corte del Distrito Sur de Nueva York, para mediar en las negociaciones entre Argentina y los fondos buitre.

Griesa, de 85 años, congeló en el 2014 los pagos a los acreedores que habían reestructurado su deuda hasta que Argentina pagara también a cuatro fondos buitre estadounidenses —Aurelius Capital, Davidson Kempner, Bracebridge Capital y Elliot Management— que se habían negado a renegociar.

El exministro de Economía Axel Kicillof, en un artículo publicado en el diario Página 12, precisó que durante el gobierno del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) se ofreció pagar a los acreedores $0.35 por cada dólar de la deuda.

Para Kicillof, la de Kirchner “fue una oferta realmente agresiva”.

“Si Néstor [Kirchner] ofreció $0.35 centavos por cada dólar, Griesa pretende que Argentina pague $4 por cada dólar”, indicó. “Pero además hay que tener en cuenta que los buitres pagaron sólo $0.25 por cada dólar, porque nunca le prestaron plata a Argentina sino que compraron

los títulos después del default [cesación de pagos del 2001] e incluso después de la reestructuración con el expreso propósito de buscar un juez que les de la razón. La sentencia de Griesa cumple ese objetivo y les otorga una ganancia de 1,600%, que con el descuento que ofrece el gobierno de [el presidente Mauricio] Macri se reduciría a ¡1,200%!”.

Condiciones del acuerdoLa historia comenzó en diciembre del 2001 cuando el

país estalló económicamente y se declaró en default. Tras asumir la presidencia en el 2003, Kirchner convocó a los acreedores a sumarse a un proceso de reestructuración de la deuda que en ese momento ascendía a $144 millardos. El 92.4% de los tenedores de bonos aceptó la propuesta de recibir sólo el 25% de sus acreencias. Parte del 7.6% restante que no entró en ese proceso fue comprado en el 2008 por los fondos buitre que pagaron menos del 30% de su valor pero reclamaron judicialmente que Argentina les pague el 100% de la deuda más los intereses.

El ministro de Economía Alfonso Prat-Gay explicó en rueda de prensa que debido a que el acuerdo implica el pago en efectivo, el gobierno emitirá bonos por un máximo de $15 millardos, “que no se entregarán a los acreedores, [sino que] se colocarán en el mercado, por lo que van a ser más rentables y permitirán ahorrar $3 millardos”.

El pago a los acreedores, aseguró Prat-Gay, “no saldrá de las reservas del Banco Central”.

Además, el ministro solicitó al Congreso derogar los dos dispositivos legales que exige Griesa para validar el acuerdo con los fondos buitre. La Ley Cerrojo impide al gobierno formular una mejor oferta que la realizada a los tenedores de bonos y acreedores que negociaron la reestructuración de sus deudas en el 2005 y 2010, y la Ley de Pago Soberano —que intentaba eludir el fallo de Griesa quien bloqueó el pago a los acreedores que habían aceptado renegociar— permite depositar el monto de los títulos reestructurados en una cuenta especial fuera de la jurisdicción de EEUU.

Prat-Gay anunció que el Ejecutivo enviará al Congreso “un proyecto de ley que permita ejecutar el acuerdo”. — NA

ARGENTINA

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está dando a su enemigo más cercano: las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 que asesinan a soldados, policías y administradores de justicia y a sus parientes.

Los números más conservadores calculan que en El Salvador hay unos 60,000 pandilleros en las calles. Dentro del sistema penitenciaron están otros 13,000. A estas cifras hay que sumarle los colaboradores que van desde los familiares pasando por las amistades del barrio hasta llegar a jueces, policías, militares y políticos de mandos medios y bajos.

El presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES) y miembro de la Comisión Política del desaparecido Movimiento Nacional Revolucionario, Félix Ulloa reflexionó en el periódico digital El Faro sobre los 24 años de paz del El Salvador en su nuevo contexto de violencia.

“Las pandillas que inicialmente fueron solo el producto de la indiferencia del Estado para con los hijos de la guerra, con los huérfanos, los niños abandonados por los padres que se fueron a buscar la vida fuera del país, las que luego crecieron, se organizaron y

multiplicaron, hoy nos tienen de rodillas”, señaló.La población y algunos políticos piden la pena de

muerte para los pandilleros, mientras que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia los declaró terroristas en el 2015.

En su discurso, Sánchez Cerén hizo un llamado “a todos a que nos unamos, a que trabajemos juntos y enfrentar juntos los grandes retos que enfrenta El Salvador”.

El tema de la violencia es considerado uno los principales problemas del país por 60% de la población, según una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) realizada en enero. Además, un 66% reprobó las medidas que el gobierno impulsa para mejorar la seguridad por considerar que no dan resultados.

En este contexto, la conmemoración de los Acuerdos de Paz en El Salvador cada vez pasa más desapercibida. Para rescatar aquel espíritu festivo de los inicios de la firma de los Acuerdos de Paz, habría que “hacer un país de verdad. Para todos. De todos. Con todos”, afirma Guevara. q

IDH dispuso que se dejara sin efecto la prohibición debido a que vulneraron los derechos de las personas a decidir tener hijos biológicos a través de una técnica de reproducción asistida y a la salud sexual y reproductiva, entre otros, pero la orden no fue cumplida. El nuevo fallo obliga al Estado poner en vigencia el decreto ejecutivo emitido en el 2015 por el presidente Luis Guillermo Solís dando vía libre a esta técnica.

• El líder comunitario Walter Manfredo Méndez Barrios, defensor de la Reserva de la Biósfera Maya, el espacio protegido más grande de Guatemala, fue encontrado muerto el 16 de marzo con varios disparos en el cuerpo, informó la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP). Méndez, quien había recibido amenazas de muerte, también formaba parte del Frente Petenero contra las Represas, que se opone a los proyectos hidroeléctricos en el río Usumacinta. La ACOFOP señaló que el asesinato de Méndez es resultado “de la violencia sistemática que sufren en Centroamérica los líderes que están luchando por defender la naturaleza, las culturas y los territorios, de amenazas tales como las grandes represas hidroeléctricas y los cultivos extensivos”.

• Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) denunció el asesinato del dirigente Nelson Noé García el 15 de marzo en el marco de un desalojo efectuado contra la comunidad de Río Chiquito, departamento de Cortés, en el que habría habido uso abusivo de la fuerza por parte de policías. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el crimen, ocurrido 12 días después del asesinato de su colega, la reconocida lideresa y defensora de derechos humanos, Berta Cáceres. García era beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH. La organización interamericana instó a las autoridades hondureñas a investigar ambos homicidios y juzgar y sancionar a los responsables.

• Un juez de la provincia de San Juan, oeste de Argentina, inició un proceso el 10 de marzo contra nueve ejecutivos de la minera canadiense Barrick Gold por el derrame de 1 millón de litros de cianuro en la mina Veladero, ocurrido el 12 de setiembre del 2015, que contaminó los ríos de la zona. Además, el Ministerio de Minería de la provincia impuso a la empresa una multa de US$9.3 millones. El juez Pablo Ortija consideró que los funcionarios actuaron de manera negligente y transgredieron la legislación para el control de los residuos peligrosos. La organización ambientalista Greenpeace demandó al gobierno provincial el cierre inmediato de Veladero por dañar el medio ambiente y estar ubicada en un área protegida por la Ley Nacional de Glaciares.

• La Cámara de Diputados de Chile aprobó el 17 de marzo por 66 votos a favor y 44 en contra el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales: cuando la vida de la madre está en peligro, el embrión padezca una alteración estructural congénita de carácter letal y el embarazo sea producto de una violación. El proyecto de ley pasó al Senado para continuar su trámite legislativo. Según cifras del Ministerio de Salud, en el 2012 se registraron 30,000 abortos, de los cuales 3,000 fueron practicados a niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años. En Chile, al igual que en El Salvador, Honduras, Haití y Nicaragua, el aborto está prohibido en todas las circunstancias, lo cual no impide que este procedimiento se realice de manera clandestina poniendo en riesgo la vida y salud de las mujeres.

• La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ordenó el 1 de marzo al gobierno de Costa Rica aceptar la fecundación in-vitro (FIV), prohibida desde el 2000 luego que la Sala Constitucional determinara que esta técnica atenta contra la vida al desechar embriones fecundados. En el 2012, la Corte-

notasbreves

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ELECCIONES RECUERDAN A FRAUDE DEL 2000

Autoridades electorales dejan fuera de carrera a dos de los candidatos favoritos.

Marcha de rechazo a Keiko Fujimori congregó a miles de personas que no olvidan corrupción y violaciones a derechos humanos durante el régimen de su padre, Alberto Fujimori.

Para postular a la presidencia del Perú sólo se necesitan tres requisitos: ser mayor de 35 años, tener la nacionalidad peruana de nacimiento y gozar del derecho al sufragio.

A pesar de esos simples requisitos, no cualquiera puede postular. El 17 de enero entró en vigencia una reforma a la Ley de Partidos Políticos (2003) que condiciona las candidaturas a elecciones internas, a la presentación de un plan de gobierno y hoja de vida de los/las aspirantes. Asimismo, los candidatos

Cecilia Remón desde Lima

que omitan información en su hoja de vida y quienes prometan, ofrezcan o entreguen dinero, dádivas o regalos, ya sea personalmente o a través de terceros, durante la campaña, quedan automáticamente fuera del proceso electoral.

Esto último le ocurrió a César Acuña, del Movimiento Alianza para el Progreso (APP) quien fue excluido definitivamente el 14 de marzo por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por entregar 10,000 soles (US$2,800) a unos comerciantes el 10 de febrero durante un acto proselitista. En enero, Acuña tenía 12% de intención de voto y competía por el segundo lugar detrás de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, quien contaba un respaldo de alrededor de 30%. Fujimori es hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), actualmente preso por corrupción y violación a los derechos humanos.

Sin embargo, las acusaciones de plagio en su tesis de doctorado y el haberse apropiado de un texto sobre temas educativos que nunca escribió, desencadenaron su desplome. En febrero, Acuña ya sólo tenía 4%.

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Julio Guzmán, de Todos por el Perú (TPP), fue excluido el mismo día que Acuña por problemas en la inscripción de su partido. Guzmán, con 17% de intención de voto, se había colocado como favorito para disputar la segunda vuelta con Fujimori.

Para participar en las elecciones que se llevarán a cabo el 10 de abril se inscribieron 19 candidatos. Tras la salida de Acuña y Guzmán, y la renuncia de tres por su baja intención de voto —para no perder la inscripción electoral es necesario que los partidos obtengan más del 5% de los votos válidos—, incluyendo el gobernante Partido Nacionalista, actualmente compiten 14 candidatos, dos de las cuales son mujeres que se encuentran en las antípodas políticas: la conservadora Fujimori y la izquierdista Verónica Mendoza.

Una encuesta de la empresa Ipsos, publicada el 13 de marzo, mostró un nuevo escenario electoral tras la salida de Guzmán y Acuña. Fujimori se mantiene en 32%, seguida por el derechista Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos Por el Kambio (PPK), con 14%; Alfredo Barnechea, de Acción Popular (AP) empatado en el tercer lugar con Mendoza, del Frente Amplio (FA), con 9% de la intención de voto. Más atrás quedan los expresidentes Alan García, de la Alianza Popular (Apra-Partido Popular Cristiano), con 6%, y Alejandro Toledo, de Perú Posible, con 2%. Los demás candidatos no superan el 1% de la intención de voto.

De acuerdo con la misma encuesta, de competir Fujimori con Kuczynski en segunda vuelta, prevista para el 5 de junio, este último ganaría los comicios.

Reacomodo de candidaturasSegún Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos,

Kuczynski es el principal beneficiario de la exclusión de Guzmán y Acuña.

“No solo recupera el segundo lugar que tuvo hasta enero, sino que es quien más puntos porcentuales gana”, indicó en una columna del diario El Comercio. “Los cinco puntos que sube son probablemente la recuperación de votantes que prefieren un candidato tecnócrata, pero que habían migrado a Guzmán atraídos por su juventud y propuesta de renovación”.

Barnechea, de centro derecha, y Mendoza también se beneficiaron con el reacomodo de las candidaturas. Sin embargo Fujimori y García, percibidos por el electorado como los responsables de la salida de Guzmán y Acuña, sólo incrementaron en 1% su intención de voto, además concentran el antivoto más fuerte, es decir, las personas que definitivamente no votarían por ninguno de los dos. Casi 50% no votaría por Fujimori, mientras que 79% no lo haría por García.

Para el analista Luis Benavente, de la consultora Vox Populi, hay un rechazo muy alto al sistema político y que votan por un cambio.

“Un 58% quiere un cambio, frente a 24% que no quiere un cambio”, dijo Benavente. “Cada vez hay un rechazo mayor a los candidatos del No cambio y mayor simpatía por los del cambio”.

Por su parte, Fernando Tuesta, científico político de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), precisó que los candidatos del No cambio son los que forman parte “elenco estable” (Fujimori, Kuczynski, García y Toledo), que

están años en el escenario político, mientras que los “outsiders” son los candidatos nuevos que no son vistos como políticos tradicionales. Guzmán era considerado como el típico “outsider”.

“Guzmán era un candidato que fue construyendo su postulación desde hace dos años. No tenía partido, no tenía aparato, los medios no le hacían caso. Pero usó las redes sociales, que era lo barato y que estaba en sus manos”, dijo Tuesta. “Su crecimiento se dio por la caída del elenco estable”, al pasar de 4% en diciembre a 17%, con posibilidades de ganar la segunda vuelta.

Keiko Fujimori, la intocableSin embargo, los fallos del JNE contra Guzmán y Acuña

han sido duramente cuestionados debido a que semejantes actos ilegales también habrían sido cometidos por Fujimori y su entorno sin que haya sido excluida del proceso electoral.

A principios de marzo circularon una serie de imágenes y videos en los que aparecen Vladimiro Huaroc, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, regalando víveres a cambio de votos, Kenji Fujimori, hermano de Keiko Fujimori y candidato al Congreso, obsequiando equipos a la Policía, y la propia Keiko Fujimori repartiendo sobres con dinero.

Para el JNE, “los hechos denunciados no han sido acreditados con medios probatorios idóneos” y “no se puede determinar la naturaleza del evento (proselitista u otro) en el cual se realizó la entrega de dinero”. La respuesta de la población fue una masiva marcha contra Fujimori, llevada a cabo el 11 de marzo, quien es vista como intocable por las autoridades electorales.

La periodista Claudia Cisneros, comentó en su columna del diario La República que con su fallo ha quedado “en absoluta evidencia la falta de neutralidad y el favoritismo del JNE que por una falta similar ha tachado bien a Acuña. Si la ley no se aplica en Keiko como en Acuña, todo esto habrá sido una gran farsa y el JNE debería ser tachado por su injerencia en el proceso electoral eligiendo arbitrariamente a quién sacar y a quién dejar”.

Para el escritor Gustavo Faverón, las multitudinarias manifestaciones en contra de Fujimori, los videos que registran el reparto ilícito de dinero, el hartazgo ante la impunidad, “es una descripción del ambiente que se vivía en los días en que Alberto Fujimori abandonó palacio [en noviembre del 2000], pero también es una descripción del ambiente en que Keiko Fujimori quiere volver a él”.

Lo cierto es que la parcialidad de las autoridades electorales recuerda a muchos el proceso electoral del 2000, que Alberto Fujimori ganó de manera fraudulenta y que a la larga desencadenó su caída.

“De golpe, pareciera que estuviéramos en la época de [Vladimiro] Montesinos (quien debe estar sonriendo, ufano, en su celda) y Fujimori, el original, no la copia (quien debe estar sonriendo, esperanzado, en su cárcel dorada), cuando ‘la ley era la ley’. Claro, ellos la manejaban a su antojo, pues para eso se habían asegurado de copar el Poder Judicial, las autoridades electorales, los medios de comunicación y tutti quanti. No estamos ahí, por supuesto. Pero esa sensación de dèja vu no es gratuita”, señala el psicoanalista Jorge Bruce en La República. q

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AMÉRICA LATINA

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RREA

“DEMOCRACIA SIGNIFICA LIBERTAD DE NEGOCIOS PARA EL GRAN CAPITAL”

Heinz Dieterich Heinz Dieterich es sociólogo e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en Ciudad de México. Ha publicado más de 30 libros sobre temas

políticos, económicos y sociales latinoamericanos. Es considerado como el ideólogo del “socialismo del siglo XXI”, que propone una economía de valores fundada en el valor del trabajo y no en las leyes de la oferta y demanda. Fue amigo y asesor del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), aunque también es duro crítico tanto de Chávez como del actual presidente Nicolás Maduro por la forma en que han gobernado Venezuela.

Tomás Andréu, colaborador de Noticias Aliadas, conversó con Dieterich sobre el presente y futuro de los gobiernos progresistas de la región, el reingreso de la derecha y la situación actual de Venezuela.

Recientemente un excomandante guerrillero de El Salvador afirmó que el socialismo del siglo XXI no existe, que nunca ha existido. A usted se le endosa el surgimiento de esta visión sociopolítica. ¿Qué dice al respecto? ¿Existió? ¿Existe?

El socialismo del siglo XXI es el paradigma científico de una sociedad poscapitalista elaborado durante 30 años por destacados científicos de vanguardia en ciencias sociales, ciencias naturales y tecnológicas de Alemania y Gran Bretaña. Es el único paradigma existente científicamente irrefutable para sustituir a la sociedad capitalista actual a través de la economía de equivalencia, basada en el valor del trabajo y en la democracia participativa.

Es decir, el socialismo del siglo XXI existe como teoría científica, tal como existe la Teoría General de la Relatividad de [Albert] Einstein. Su realización empírica no se ha logrado todavía, al igual que ciertas hipótesis de Einstein apenas se comprobaron empíricamente un siglo después de su formulación.

Si el socialismo del siglo XXI no se ha implementado, ¿por qué durante las elecciones presidenciales en Latinoamérica se ataca a esto que no ha cobrado vida aún?

Porque las campañas electorales de los Estados y partidos burgueses en Sudamérica como en Norteamérica son esencialmente ejercicios de mentiras y verdades a medias. Una de esas mentiras es que el socialismo del siglo XXI ha fracasado. Es una idiotez decirlo, porque un sistema social que no ha existido no puede haber fracasado. Pero con el bajo nivel informativo y educativo de nuestra gente esas mentiras dan puntos.

¿Cómo se implementaría en países como Latinoamérica en los que nuestros gobernantes no piensan o no arriesgan?

La gente responsable y ética debe explicar a la juventud, los trabajadores, campesinos, etc. que existe esta alternativa. Este conocimiento junto con la creciente miseria en que Latinoamérica se

Entrevista con sociólogo Heinz Dieterich

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hunde, generaría la dinámica de transformación. El problema es que América Latina es un gigante sin cabeza. Las ilusiones del socialpopulismo, la influencia conservadora del clero, la mediocridad, el oportunismo utilitarista y la castración política de nuestras universidades, intelectuales, sindicatos y partidos políticos, así como el control de las cabezas por los medios de la oligarquía, han generado una destrucción generalizada de cualquier software [programa, propuesta] sensato de emancipación que había. La burguesía ha logrado una confusión general en las cabezas de sus víctimas.

La izquierda ganó en varios países de Latinoamérica, pero el sabor que ha dejado es que los mismos de siempre volvieron con otra cara y otra piel.

La izquierda heredó los aparatos del Estado de los gobiernos oligárquicos, es decir: con todos sus vicios de corrupción, ineficiencia, etc. En algunos países los nuevos gobernantes tomaron medidas contra esos flagelos, como en Bolivia y Ecuador, y por eso están relativamente estables hoy en día. En Venezuela se prolongó de hecho al corrupto régimen de la cuarta República [1953-1999] —la quinta fue la de Chávez. La sexta es la que nacerá— y se le potenció con los altos precios del petróleo. El resultado está a la vista.

A pesar de que se habla de un estado crítico del capitalismo, la derecha retoma los espacios de poder como ha sucedido en Argentina. En Guatemala eligen a un comediante ultraconservador. El presidente boliviano Evo Morales ha reprimido a los indígenas. ¿Qué está saliendo mal? ¿Son los partidos y sus políticas? ¿Es la sociedad y su pasividad? ¿Es la ausencia de nuevos proyectos políticos?

Democracia significa en el newspeak [neolengua] estadounidense libertad de negocios para el gran capital. En un sentido auténtico, obviamente. Significa poder decidir entre alternativas de gobernanza. Lo segundo no es el caso en América Latina. Las estructuras del poder de facto —Iglesia, gran capital, medios, embajada de EEUU— son mucho más poderosas que los nuevos gobiernos e imponen su lógica a mediano plazo.

¿Qué ha pasado en Venezuela recientemente? ¿Es el fortalecimiento de la derecha o asistimos a la decadencia de un heredero que no pudo sostener lo que Chávez había construido?

Las dos cosas. La ineptitud extrema del gobierno de Nicolás Maduro-Diosdado Cabello generó el deseo de un cambio en grandes partes de la población. Este deseo se reflejó en los resultados de las elecciones del 6 de diciembre del 2015. La derrota del gobierno es “made in Venezuela” por

un gobierno que tiene cero idea de economía moderna.

Tras perder el gobierno de Maduro en el Congreso, ¿esto significa que el mandatario tiene los días contados en su gestión? Es decir, constitucionalmente se puede hacer un llamado a la ciudadanía para que decida si Maduro continúa o no al frente de Venezuela. ¿Usted qué vaticina?

Constitucionalmente se puede solicitar un referéndum revocatorio. Es difícil y tardado, pero probablemente tendría éxito. Depende de la recomposición interna del gobierno y si logra realizar medidas de salvación nacional. Es obvio que los militares ya se volvieron el factor dominante gubernamental, dejando a Maduro como fachada. Que tengan el know how para salvar la economía, lo dudo. Ya es muy tarde (…) Maduro es el vocero del grupo dominante dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y gobierno —que son los 22 militares que son ministros y gobernadores—. Maduro no gobierna. No determina las decisiones. Sólo las da a conocer.

Usted ha hablado de un “régimen militar abierto” en Venezuela. ¿A qué se refiere y qué provocaría?

Significaría disolver el parlamento, la presidencia y el sistema judicial como medida de transición hacia elecciones. Esto provocaría el aislamiento total de Venezuela en el continente y la inevitable quiebra posterior. Implica también un probable conflicto militar con el Comando Sur de EEUU y el ejército de Colombia que Washington con el presidente Juan Manuel Santos están convirtiendo ahora en una fuerza convencional justo para esta finalidad.

Desde su perspectiva, ¿qué pasará con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en el resto de países de Latinoamérica?

Con el colapso de Venezuela colapsan las estructuras hemisféricas creadas. Este epicentro de poder desaparecerá. En Venezuela, por ejemplo, hasta los economistas de centro piden que al sanear la economía nacional se supriman los términos beneficiosos del petróleo para Cuba y Nicaragua. Esto, y las acciones de [el presidente de Argentina Mauricio] Macri, te dan una idea de lo que va a pasar.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están a punto de llegar a un acuerdo con el gobierno del presidente Santos y entrarán a ser partido político. Más allá de lo complejo de este tema, ¿qué piensa sobre las Leyes de Amnistía que se crean entre

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Brasil, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú son los países de la región con mayor deuda privada.

Deuda externa privada se triplicaAMÉRICA LATINA

“ La deuda externa del sector privado de América Latina se ha más que triplicado en los últimos 10 años, llegando en datos globales de región,

prácticamente a los mismos niveles que la deuda externa del sector público”, asegura la Fundación Jubileo en el estudio “El crecimiento de la deuda externa privada en América Latina”, dado a conocer el 14 de enero.

A partir de datos del Banco Mundial, la Fundación Jubileo —institución católica con sede en La Paz, Bolivia, dedicada a la investigación y difusión de temas económicos y sociopolíticos— llegó a la conclusión que “en un total de 21 países de la región la deuda externa privada alcanzaba, a inicios de la década del 2000, aproximadamente US$ 218 millardos, poco más de la mitad de la deuda externa pública de la región. A partir del año 2007, se observa un incremento de la deuda privada, hasta llegar prácticamente al mismo nivel de la deuda pública, US$ 611 millardos el 2013”.

La deuda externa del sector público, explicó la Fundación Jubileo, es la asumida por una instancia de propiedad pública o garantizada por una entidad pública, mientras que la deuda externa del sector privado es la asumida por una instancia de propiedad privada. No obstante, la deuda externa privada otorgada por casas matrices o filiales extranjeras es considerada parte de la inversión extranjera directa. El sector bancario está entre los principales emisores de deuda privada.

Entre el 2000 y el 2013, la deuda privada pasó de representar el 31% de la deuda total, a 42%.

Según Patricia Mirada, autora de la investigación, la crisis financiera internacional del 2008 marcó un punto de inflexión. Es a partir de ese año que se observa un incremento constante de la deuda externa privada, alcanzando en el 2013 el mismo nivel que la deuda pública.

Los riesgosEn términos de porcentaje del producto interno

bruto (PIB), Brasil, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú son los países con la mayor deuda externa privada.

Con relación a la deuda pública, la deuda privada de Paraguay triplica la pública, en Brasil y Perú, la privada duplica la pública, y en Nicaragua y Guatemala, la privada supera en un tercio a la pública.

La firma calificadora Fitch considera que el perfil de la deuda privada de Brasil es el más riesgoso de los países emergentes, mientras que la calificaciones crediticias de algunas empresas en el Perú pasarán de estables a negativas. Standard and Poor’s, otra calificadora de riesgo, rebajó la calificación crediticia a cinco de los principales bancos del país, incluyendo a los tres más grandes, el Banco de Crédito, BBVA Continental e Interbank.

Para la Fundación Jubileo, las llamadas Asociaciones Público Privadas —mecanismo de participación de la inversión privada en proyectos públicos—, son cada vez más utilizadas por los gobiernos para llevar a cabo proyectos de infraestructura y proveer de servicios públicos. Constituyen “otro mecanismo de generación de deuda externa, tanto pública como privada, a través de créditos directos desde el sector privado o mediante créditos conjuntos con el sector público, derivando en una serie de pasivos directos, contingentes, explícitos e implícitos, de difícil medición y valoración, pero con un consecuente impacto fiscal”.

La Fundación Jubileo alertó sobre el incremento de la deuda privada en países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela, que si bien sus niveles de deuda no superan el 15% del PIB, “la desaceleración de la economía mundial y la disminución de los precios internacionales de las materias primas generarán un incremento en los indicadores de deuda y un menor espacio de sostenibilidad para contratar nuevo endeudamiento”. — NA

insurgencia y Estado después de los conflictos?Hay que entender que leyes de amnistía son

instrumentos políticos para la transición de una situación política a otra. No son instrumentos de justicia. Reflejan un impasse de poder entre dos adversarios en un status quo que se ha vuelto inviable.

Esto no es satisfactorio, pero es la realidad. Si posteriormente se puede introducir aspectos de justicia como en el caso de Argentina postdictadura, depende del desarrollo de la correlación de fuerzas de esos adversarios.

¿Cómo evalúa la actual situación de Cuba en el marco del restablecimiento de las relaciones con EEUU?

EEUU nunca logró destruir a Cuba. Pero impidió que desarrollara el socialismo del siglo XX hacia el socialismo del siglo XXI, que es la única forma en que el socialismo puede existir en este siglo. El resultado es que el país se ha quedado sin una narrativa de esperanza y está perdiendo la juventud y parte de la inteligencia que es fundamental para el futuro. La actual transición empieza muy tarde, se verá en peligro por el colapso de Venezuela y posiblemente terminará en el capitalismo del siglo XXI, después de la muerte de Fidel y Raúl Castro. Cuba ha escrito una gloriosa página en la historia de la rebelión de los pueblos contra la sociedad de clase, pero la correlación de fuerzas internacionales y algunos errores estratégicos internos, no le han permitido llegar más lejos. q

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LAS MALAS ARTES DE CHEVRON

Petrolera estadounidense usa su poder y dinero para evadir pago de US$9.5 millardos por contaminar la Amazonia.

Todavía es posible verificar la contaminación petrolera dejada por Chevron.

Luis Ángel Saavedra desde Quito

La petrolera estadounidense Chevron, sentenciada hace seis años a pagar una multimillonaria multa por el daño provocado en la Amazonia, está intentando nuevamente

evadir el pago a través una serie de juicios en contra de los demandantes y del Estado ecuatoriano.

El 14 de febrero del 2011, el juez Nicolás Zambrano, de la Corte de Nueva Loja (Lago Agrio), capital de la nororiental provincia de Sucumbíos, dictaba la sentencia más esperada por indígenas, campesinos y ambientalistas que habían luchado por más de 20 años para lograr una condena a la compañía estadounidense Chevron, por haber causado uno de los

ECUADOR

JESS

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UTE

mayores desastres medioambientales del mundo entre 1964 y 1990, tiempo en el cual operó en la Amazonia ecuatoriana. La condena era el pago de US$9.5 millardos, suma que podía duplicarse en caso de que la empresa no presentara excusas a los damnificados en los días posteriores a la sentencia.

La Corte Provincial de Sucumbíos ratificó el 3 de enero del 2012 la condena emitida por el juez Zambrano. Igual decisión tomó la Corte Nacional de Justicia el 12 de noviembre del 2013, aunque esta última decidió dejar sin efecto el pago adicional pese a que la empresa no pidió disculpas a los afectados.

Con la decisión de la Corte Nacional se entendía

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que este juicio —iniciado en 1993 cuando un grupo de pobladores presentaron una demanda en EEUU contra Texaco, adquirida por Chevron en el 2001, por contaminar el ambiente y la salud de las personas durante sus más de 25 años de operaciones—, se daba por terminado y la petrolera no tenía otra opción que pagar el monto establecido. Pero no fue así.

Inmediatamente después de conocer la decisión de la Corte Nacional del Ecuador, Chevron interpuso un Recurso de Casación ante esta misma corte, la que está pendiente de resolución aunque hay pocas posibilidades de que el tribunal falle a su favor. También presentó, el 23 de diciembre de 2013, ante la Corte Constitucional una Acción Extraordinaria de Protección para evitar que se ejecute la sentencia. Ninguna de estas dos acciones impide que los demandantes busquen ejecutar la sentencia mientras se resuelven en las cortes respectivas.

Chevron no solo no acató la decisión de la justicia ecuatoriana, sino que instauró una serie de juicios y procedimientos a nivel internacional para evadir el pago. Estos juicios, según Pablo Fajardo, abogado principal de los indígenas y campesinos que demandaron a la petrolera, le han costado a la empresa ya unos $2 millardos pues ha contratado a los mejores bufetes de abogados en los países en donde ha debido bloquear la intención de cobro de los demandantes.

“Chevron tiene en su nómina a unos 2,000 abogados interviniendo en este caso”, aseguró Fajardo a Noticias Aliadas. “No le importa el costo, pues este caso para Chevron no significa el pago o no pago del monto establecido en la sentencia de la corte de Lago Agrio, sino el evitar que se cree un precedente jurídico que le puede acarrear un sinnúmero de juicios en otros países”.

Tribunales internacionalesLos demandantes han buscado ejecutar la

sentencia en países en donde la petrolera tiene activos, como es el caso de Canadá, Brasil o Argentina. En este último país, un juzgado de primera instancia dispuso un embargo en contra de los activos de la petrolera Chevron que fue confirmado por la Cámara de Apelaciones en lo Civil a finales de enero del 2013. No obstante, en junio de ese mismo año, la Corte Suprema de Argentina decidió dejarlo sin efecto. Los demandantes denunciaron que la revocatoria se dio por presión de la administración de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), pues se estaba negociando la explotación de campos petroleros en Neuquén, en la Patagonia argentina, actividades que enfrentaron al pueblo indígena mapuche con el gobierno.

Donde más han avanzado los demandantes es en Canadá, pues lograron, el 12 de setiembre del 2015, que la Corte Suprema emita una resolución en la que se declara competente para analizar el caso Chevron si se prueba que la subsidiaria canadiense es propiedad de la misma empresa Chevron que actuó en el Ecuador, algo que es plenamente comprobable. Para Fajardo,

un punto interesante de la resolución en Canadá es que el tribunal advierte que la justicia moderna debe ser oportuna y actuar antes que las empresas puedan hacer cambios patrimoniales para evitar cumplir con sus responsabilidades.

“La justicia canadiense considera que si hoy es posible hacer transacciones a la velocidad de un click, la velocidad de la justicia debe estar también en ese nivel”, comentó.

Argumentando que la sentencia viola un tratado comercial, Chevron también intentó ampararse, en setiembre del 2013, en el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones, firmado entre Ecuador y EEUU y que rige desde 1997. Ecuador manifestó que este tratado no se aplica en este caso, pues la demanda de las comunidades indígenas data de 1993 y ningún tratado o ley puede tener carácter retroactivo.

Pero ya en el 2006 Chevron había concurrido a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, involucrando al Estado ecuatoriano en un juicio que solo implica a particulares. Desde entonces, los árbitros de La Haya han emitido cinco laudos parciales, pero solo uno de ellos, el emitido en marzo del año pasado, favorece al Ecuador y es contundente, pues expresa que frente a una violación de un derecho humano, no se puede invocar un tratado comercial, ya que al valorar dos tratados, siendo el uno un tratado de derechos humanos y el otro un tratado comercial, debe primar el tratado de derechos humanos. De esta manera, se debe considerar y reparar primero la violación al derecho humano antes que considerar la violación al tratado comercial.

En síntesis, lo que busca Chevron es que alguna de las instancias judiciales y arbitrales en las que ha interpuesto recursos jurídicos prohíba que se ejecute la sentencia.

Los jueces de ChevronDos jueces han sido fundamentales para que

Chevron evada sus responsabilidades. Uno es el juez Lewis Kaplan, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que ha accedido a cada pedido de la petrolera y se ha atribuido incluso jurisdicción universal para prohibir la ejecución de la sentencia, y el otro es el exjuez ecuatoriano Alberto Guerra Bastidas, quien se ha enfrentado a los demandantes testificando a favor de la petrolera en la corte del juez Kaplan, en Nueva York, en la que se les acusa de ser parte de un complot en contra de la empresa.

Kaplan, desde el inicio de este largo proceso, ha sido un obstáculo para la justicia. Primero no admitió el caso en EEUU, en mayo del 2001, y lo envió a Lago Agrio, en Ecuador, y el 1 de febrero del 2011, días antes de que se emita la sentencia en la corte ecuatoriana, admitió un recurso en que se acusaba a los demandantes de organizarse para, junto a la justicia ecuatoriana, emitir una sentencia fraudulenta que perjudica a la petrolera. En este juicio, basado en una ley estadounidense

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Distribución de ingresos es una de las más desiguales del mundo.

No es la más pobre pero si la más desigual

Mientras la pobreza se vincula con el ingreso de la población, la desigualdad tiene que ver con la distribución. En América Latina existen países

pobres y de medianos ingresos con elevados niveles de desigualdad.

El Banco Mundial utilizó el Índice de Gini, actualizado al 2015, para medir la desigualdad, encontrando que países de ingreso mediano bajo, considerados como pobres, como es el caso de Guatemala y Honduras, tienen casi el mismo nivel de desigualdad que países con ingresos medio-altos o altos, como Chile.

“El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, el gasto de consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente equitativa”, indicó el Banco Mundial. “Un índice de Gini de 0 representa una equidad perfecta, mientras que un índice de 100 representa una inequidad perfecta”.

La reducción de la desigualdad es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados el 25 de setiembre del 2015 por las Naciones Unidas (ONU) en reemplazo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuya vigencia llegaba a su fin el año pasado.

Si bien se han logrado importantes avances en la reducción de la pobreza, sostiene la ONU, ha aumentado la desigualdad en cuanto a ingresos dentro de los propios países, además de existir grandes disparidades en acceso a la salud y educación, y otros bienes productivos.

“Existe un consenso cada vez mayor de que el crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza si este no es inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental”, indica la ONU.

De acuerdo con la ONU, los 17 ODS —Fin de la pobreza; Hambre cero; Salud y bienestar; Educación de calidad; Igualdad de género; Agua limpia y saneamiento; Energía asequible y no contaminante; Trabajo decente y crecimiento económico; Industria, innovación e infraestructura; Reducción de las desigualdades; Ciudades y comunidades sostenibles; Producción y consumo responsables; Acción por el clima; Vida

submarina; Vida de ecosistemas terrestres; Paz, justicia e instituciones sólidas; y Alianzas para lograr los objetivos— y las 169 metas, pretenden “retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y lograr lo que con ellos no se consiguió. También se pretende hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Los Objetivos y las metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental”. — NA

AMÉRICA LATINA

para enjuiciar a las grandes mafias, denominada Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organization), el juez Kaplan no permitió que los demandados se defiendan demostrando el daño ambiental causado en la Amazonia ecuatoriana.

“Nos prohibió hablar del daño ambiental, y si alguien se refería a eso, el juez lo sacaba de la corte y anulaba su testimonio”, contó Fajardo.

Este juicio tuvo como testigo estrella al exjuez Guerra, quien aseguró que los demandantes habían escrito la sentencia que emitió el juez Zambrano. Los peritajes hechos a la computadora de Zambrano

demostraron que la sentencia había sido escrita en más de 3,000 horas de trabajo.

Sin embargo, Guerra debió aceptar que mintió durante los testimonios que dio ante la Corte de Arbitraje de la Haya cuando acusó a los abogados de los demandantes de haber sido ellos quienes redactaron la sentencia en contra de Chevron, pero Kaplan consideró su testimonio como válido y dictaminó que la sentencia en contra de la petrolera era un fraude y por tanto prohibía que cualquier corte del mundo intente validarla, arrogándose así una competencia universal en este caso. La corte de segunda instancia de Nueva York

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Millones de personas en riesgo de volver a caer en la pobreza ante desaceleración económica.

Pobreza y desigualdad no cedenPERÚ

“La época del auge y crecimiento económico que vivió el Perú entre 2005 y 2013, con tasas promedio de 6%, sostenida principalmente por los precios

de los minerales, terminó y los precios se mantendrán modestos, según proyectan diferentes instituciones internacionales”, asegura la organización humanitaria Oxfam en el informe “Agenda contra la Desigualdad: Cinco temas críticos para cerrar brechas”, presentado el 10 de febrero.

En los dos últimos años la economía sólo creció en 2.6% en promedio, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En el 2013, en un afán por reactivar la economía, el gobierno del presidente Ollanta Humala promulgó una serie de controvertidas medidas que incluyeron la reducción del impuesto a la renta para las grandes empresas y el debilitamiento de la normativa ambiental. Pero no tuvieron el efecto esperado y, por el contrario, han representado un costo al fisco de aproximadamente 5 millardos de soles (alrededor de US$1.5 millardos), cifra que cuadriplica el presupuesto del programa Juntos, que brinda apoyo monetario directo a la población en extrema pobreza.

Según Armando Mendoza, economista e investigador de Oxfam, “las esperanzas de mejorar la recaudación [de impuestos] se han truncado por la desaceleración económica y las reducciones tributarias, creando un panorama fiscal complicado”.

Los presupuestos públicos han sido recortados para el 2016, incluyendo programas sociales como Juntos y el Seguro Integral de Salud que reducirán dramáticamente el número de beneficiarios poniendo en riesgo a la población más vulnerable.

“La década pasada fue de fuerte dinamismo económico, pero de alguna manera también fue otra ‘década perdida’. Crecimos mucho pero no nos desarrollamos debidamente. Se incrementó la riqueza pero no para todas las personas. La economía se expandió, pero no se transformó. Hubo prosperidad, pero no se avanzó en las reformas necesarias. Pese a algunos avances, como la reducción de la incidencia de la pobreza monetaria a la mitad entre 2004 y 2014, persisten brechas y barreras de desigualdad que afectan a millones de peruanas y peruanos, lo que bloquea su progreso”, afirma el informe.

Invertir en la genteMendoza asegura que los países con mayor

desigualdad, como es el caso del Perú, crecen menos. “La economía del chorreo es cuestionable; llega tarde,

mal o no llega nunca. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que agrupa a los países más desarrollados) sostiene que la desigualdad es una barrera para el crecimiento”, dice.

“Actualmente, un 40% de la población es vulnerable a la pobreza. Existe una clase media vulnerable que puede volver a caer en la pobreza porque no tiene capacidad para enfrentar eventos graves como una enfermedad o pérdida del empleo”, sostiene Mendoza.

La lucha contra la desigualdad implica esfuerzos y recursos, pero fundamentalmente voluntad política. Oxfam plantea cinco ejes que deberán figurar en la agenda pública del gobierno que se iniciará el 28 de julio del 2016: avanzar en la justicia fiscal, preservar y priorizar la inversión en las personas, promover el empleo digno, atender el desarrollo rural y avanzar en la gobernanza ambiental.

Una tributación más justa es indispensable, en la que quien más gane pague más impuestos. Sólo en el 2014 se perdieron 17 millardos de soles ($4.8 millardos) en impuestos no pagados, monto superior al presupuesto del sector Salud ese año. Oxfam plantea la reducción del peso de los impuestos indirectos que gravan el consumo porque al aplicarse indiscriminadamente, afectan en mayor medida a los sectores con menos recursos.

Igualmente, el informe sugiere mantener y fortalecer los programas sociales, particularmente aquellos que tienen un impacto directo en la reducción de la pobreza, como Juntos; mejorar los estándares laborales, entre ellos sincerar e institucionalizar los mecanismos de reajuste de la remuneración mínima vital, congelada desde el 2012 en 750 soles ($214), atender las brechas y barreras de género en el empleo, poniendo énfasis en la diferencia de ingresos laborales, y generar oportunidades para el empleo juvenil a través de incentivos para la contratación de jóvenes con apoyo del Estado.

Además, impulsar el desarrollo rural, poniendo énfasis en la agricultura familiar y sus aspectos críticos: titulación colectiva e individual, acceso al crédito y capacitación.

Finalmente, en relación a la gobernanza ambiental, Oxfam considera necesario revisar y eliminar las disposiciones que han debilitado la normativa ambiental, fortalecer la institucionalidad socioambiental y reafirmar la vigencia de la Ley de Consulta Previa, garantizando su debida aplicación. — NA

derogó en abril del 2015 esta pretensión y Kaplan debió conformarse emitiendo una sentencia en la que prohíbe la ejecución de la sentencia en EEUU.

Los demandantes, por su parte, iniciaron en octubre del 2015 otro juicio en Lago Agrio contra el exjuez Guerra una vez que demostraron sus mentiras y ahora buscan su extradición desde EEUU donde Chevron lo mantiene con un salario mensual de $10,000, más $2,000 para pago

de vivienda y varios seguros adicionales, de acuerdo con el contrato firmado entre la empresa y Guerra.

Las argucias de Chevron van terminando. No le han servido ni el chantaje, ni la compra de conciencias para tapar los daños que produjo en la Amazonia, y poco a poco se acerca el día en que deberá cumplir con la sentencia. “Todo es cuestión de tiempo”, sentencia Fajardo. q

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Región queda rezagada en protección de bosques debido al aumento de la deforestación.

Índice de Desempeño Ambiental

AMÉRICA LATINA/EL CARIBE

Las universidades estadounidenses de Yale y de Columbia publicaron el 24 de enero el Índice de Desempeño Ambiental (Environmental

Performance Index o EPI) que evalúa las condiciones ambientales en 180 países del mundo, 30 de América Latina y el Caribe.

“El EPI clasifica el desempeño de los países en temas ambientales de alta prioridad en dos áreas: protección de la salud humana y protección de los ecosistemas. Dentro de estos dos objetivos de políticas, el EPI califica el desempeño nacional en nueve áreas temáticas conformadas por más de 20 indicadores. Los indicadores del EPI miden si el país se encuentra cerca de cumplir los objetivos establecidos internacionalmente o, en ausencia de objetivos acordados, cómo las naciones se comparan entre sí”, explica el informe.

Las nueve categorías son: impactos sobre la salud, calidad del aire, agua y servicios sanitarios, recursos hídricos, agricultura, bosques, pesca, biodiversidad y hábitat, y clima y energía.

El informe resaltó el pobre desempeño de los países latinoamericanos y caribeños en relación a protección de los bosques, señalando que la pérdida de cobertura boscosa se ha acelerado en muchos países tropicales, entre ellos Paraguay.

“Durante la pasada década, los países de la región del Gran Chaco sudamericano han perdido grandes extensiones de cobertura boscosa en comparación con su vecino Brasil, particularidad a menudo perdida en el ranking de pérdida bruta de bosques. Por ejemplo, entre el 2000 y el 2014, Paraguay perdió un impactante 24.6% de su cubierta forestal, más que cualquier otra parte del mundo. Argentina perdió un 12.6% de sus bosques sobre la cobertura forestal que existía en el 2000 frente a 7.4% en Brasil”, dice el informe.

No obstante, el documento precisó que Argentina y Paraguay han tomado medidas para detener la destrucción.

“Desde el 2011, Argentina ha logrado reducir en 60% la pérdida anual de cobertura forestal, debido en parte a la aplicación de la Ley de Bosque Nativo, aprobada en el 2007 pero que recién recibió financiación años más tarde. Paraguay ha experimentado una reducción del 40% de la pérdida anual de cubierta forestal desde el 2012, apoyada por la Ley de Deforestación Cero e iniciativas conservacionistas vinculadas. Sin embargo, los avances en reducir la pérdida de bosques debe ser duradera para recuperarse de esta devastación”.

El EPI revela que en América Latina, la gran responsable de la deforestación es la agricultura comercial, aunque la agricultura de subsistencia también es responsable de la destrucción de bosques en los 25 países con peores resultados en el índice 2016, entre los que se encuentra Haití. q

Noticias Aliadas

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“HAY QUE GARANTIZAR QUE LA POLÍTICA ENERGÉTICA

SEA PATRIMONIO DEL CONJUNTO DE LA

POBLACIÓN”

Pablo Bertinat

Pablo Bertinat es docente e investigador sobre fuentes renovables de energía en la sede Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, integrante de la ONG Taller

Ecologista de Rosario, y desde hace más de 20 años asesora a movimientos sociales de todo el continente en trabajos y proyectos sobre energía.

Juan Nicastro, colaborador de Noticias Aliadas, entrevistó a Bertinat sobre los resultados de la COP21 y la urgencia de crecer en la utilización de fuentes renovables, abandonando los combustibles fósiles. Bertinat aportó consideraciones centrales de la realidad latinoamericana y alertas ante el deseado

proceso de transición para que efectivamente se respete la salud y derechos de los territorios y poblaciones.

¿Qué opinión le merecen los resultados de la vigésima primera conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) realizada en diciembre del 2015?

La COP 21 nos dejó muchas preocupaciones, sobre todo por la inacción, la falta de acción coordinada o pactada para avanzar en dirección al cambio que necesitamos, tenemos la urgencia de una transición donde efectivamente se utilicen menos combustibles fósiles y más energías renovables, y también que haya un uso verdaderamente eficiente de la energía. Necesitamos salir del petróleo, el gas y el carbón, y pasar a renovables no convencionales utilizadas sustentablemente. Hay que hacer esta transición por las urgencias climáticas que tenemos. El cambio de clima global es el principal problema socioambiental al que nos enfrentamos como especie. Y una de las principales causas del calentamiento global y el cambio de clima es la utilización de combustibles fósiles. A nivel mundial la situación es muy grave, dependemos de combustibles fósiles en aproximadamente un 80%, y en Argentina en más del 90%. Pero este cambio no puede realizarse de cualquier manera.

¿Cuál es el desarrollo de las energías renovables en la región?

Es muy desparejo el avance. América latina tiene un poco menos de dependencia de fósiles respecto a los datos globales pero con muchas disparidades, casos interesantes como las iniciativas de Uruguay, o casos complicados como Argentina, donde estamos lamentablemente por encima de la media mundial en

Entrevista con Pablo Bertinat, investigador sobre fuentes renovables de energía

AMÉRICA LATINA

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lo referente a fósiles, y con energía solar y eólica no llegamos al 1% del total de energía producida.

En América Latina la mayor producción de energía renovable está relacionada con la fuente hidráulica, las represas, que son muy controversiales, porque si bien pueden considerarse energías renovables, han generado muy fuertes impactos por las características de los emprendimientos. El porcentaje de uso de energías renovables no convencionales, como son eólica, solar y biomasa, es todavía muy bajo, salvo el caso de la producción de etanol en Brasil, o el caso de uso de leña en América Central, ambos problemáticos por el impacto en la salud, el uso del suelo y el ambiente.

¿La clave está en investigar nuevas tecnologías?

No, el problema de la energía no es solamente un problema técnico. Es un problema que tiene que ver con cuestiones sociopolíticas, económicas y fundamentalmente sociales por los impactos que está generando la búsqueda de energía en el continente. El impacto del actual sistema energético sobre las comunidades y el ambiente es muy grande, sobre todo por las explotaciones hidrocarburíferas. Recordemos también que la utilización de energías renovables también puede generar un fuerte impacto.

Necesitamos abordar la problemática de la energía con una mirada compleja. Si no logramos desarmar la idea de que la energía es una mercancía, va a ser muy difícil poder construir otra realidad energética. Si la energía es sólo mercancía, va a haber mucho interés por obtener energía sin analizar las necesidades reales de la gente. En un continente con un grave problema de desigualdad, necesitamos concebir la energía como una herramienta para mejorar la calidad de vida de las poblaciones, redistribuir la riqueza y avanzar hacia otro modelo de sociedad. Por eso son tan importantes los procesos de desmercantilización, desconcentración, descentralización de la energía, además del tipo de fuentes que se utilicen.

Está el peligro de ir hacia un sistema energético adornado con muchas fuentes renovables pero manejado por transnacionales, muy concentrado, e inclusive produciendo impactos sociales y ambientales, no tan grandes como las fuentes fósiles, pero sí muy graves. Es el caso de las grandes centrales hidroeléctricas, como Belo Monte en Brasil, que tiene una gran oposición social, porque si bien es renovable, el impacto social y ambiental es altísimo por el gran tamaño y las características del emprendimiento. El tema no es solamente la renovabilidad de la fuente sino la forma en que se utiliza.

¿Conoce de experiencias concretas de producción de energía renovables desde las organizaciones de base, las comunidades, la población, que valen la pena dar a conocer?

Experiencias hay muchísimas, muy variadas, en todo el mundo y en Latinoamérica, a nivel de domicilios, escuelas, comunidades. Son experiencias de baja escala muy importantes por todo lo que ofrecen en cuanto a aprendizaje y cómo generan soberanía. Existen por ejemplo redes de pequeños emprendimientos hidráulicos hechos por cooperativas en el sur de Brasil. El MST [Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra] de Brasil tiene escuelas de formación para el desarrollo de pequeñas centrales hidráulicas, calefones solares. Un ejemplo de Argentina, nosotros estamos trabajando cerca de Rosario, en una localidad pequeña, en un emprendimiento de desarrollo de una red de generación distribuida, con energías renovables. Producimos energía solar y eólica en conexión a la red de baja tensión de una cooperativa. Una experiencia piloto que demuestra la viabilidad de este tipo de acciones.

La crisis energética es parte de la encrucijada del modelo de sociedad, de sus desigualdades e injusticias. A mí me impactó mucho hace unos años participar en encuentros sobre género y energía, coordinados por grupos de mujeres que analizaron la relación entre su condición de mujeres y las formas de producción de energía. Fue una muestra de la amplitud y la fuerza que tiene el debate sobre la energía para entender el mundo, la cantidad de transversalidades que cruza. Hay un desigual reparto de la energía, emprendimientos no sustentables, como las represas, o el uso de leña, impactan más sobre las mujeres. Cuando para hacer una represa, las empresas ofrecían a la gente indemnizaciones, y los hombres aceptaban más rápidamente, las mujeres mostraban más apego al lugar, y cuando se producían desalojos las más afectadas eran mujeres y sus hijos. O cuando se cocina con biomasa, el impacto sobre la salud es más fuerte sobre las mujeres, que son las que cocinan en cuartos con mala ventilación. Es una muestra de que la problemática energética es mucho más que una cuestión técnica.

¿Qué perspectivas tenemos de desarrollo de energías renovables, teniendo en cuenta no afectar negativamente los derechos de las comunidades?

Yo aliento muchas esperanzas para el desarrollo de políticas energéticas a nivel municipal, comunal. Tal vez en un continente como América Latina, donde más están creciendo las urbanizaciones, el pensar las políticas energéticas, apropiarse de las políticas, no delegarlas, sino hacernos cargo de implementar soluciones energéticas en el lugar donde vivimos, discutiendo qué se consume, cómo se consume, y cómo se pueden generar energías alternativas, creo que es un camino deseable y el más posible de llevar adelante. Esto permitiría a comunas, municipios e incluso provincias, discutir las políticas energéticas con los estados nacionales, no someterse

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a esas políticas. Éste es un camino muy interesante de recorrer en viaje a otra realidad energética.

Es necesaria la democratización de las políticas energéticas, que actualmente están dominadas por un discurso muy técnico, alejado de la gente, que es la que tendría que tener el poder de decisión sobre estos temas. Hay que poner el eje en las necesidades de la gente y a partir de esas necesidades pensar

Calentamiento global y fenómeno de El Niño son caldo de cultivo para propagación de mosquito que transmite la enfermedad.

Cambio climático impulsa virus del zika

El 1 de febrero, la Organización Mundial declaró emergencia pública y de importancia internacional el virus del zika, especialmente en América Latina y

el Caribe. Brasil notificó su primer caso en mayo del 2015 y desde entonces al menos 20 países de la región ya han reportado la presencia del zika en sus territorios: Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Guayana Francesa, Haití, Honduras, Martinica, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, San Martín, Surinam y Venezuela.

Según la OMS, el virus de zika está presente en zonas tropicales con alta densidad de mosquitos. El virus se adquiere por la picadura de un mosquito del género Aedes, el mismo que transmite el dengue, la fiebre chikunguya y la fiebre amarilla.

“El mosquito Aedes aegypti se reproduce en agua estancada”, precisó la OMS. “Sequías extremas, inundaciones, lluvias torrenciales y aumentos de temperatura son, entre otros, los efectos de El Niño —un calentamiento de la parte central y oriental del océano Pacífico ecuatorial—. Con ampliación de los focos favorables de reproducción cabe esperar un aumento del número de mosquitos”.

Este virus ha sido asociado al aumento de casos de microcefalia en recién nacidos y del síndrome de Gillain-Barré, que ataca el sistema nervioso, llegando a provocar parálisis. Sólo el año pasado Brasil registró 4,000 casos de microcefalia.

El ambientalista estadounidense Bill McKibben, fundador de la organización 350.org, recalcó que la enfermedad, “propagada por mosquitos cuyo alcance se amplía a medida que el clima se recalienta, provoca síntomas como los de una gripe suave”, pero son las mujeres embarazadas las más afectadas ya que corren el riesgo de dar a luz bebes con microcefalia si son picadas por un mosquito infectado con el zika.

Autoridades sanitarias colombianas recomendaron a las mujeres en edad reproductiva que retrasen su decisión de quedar embarazadas mientras esté vigente la epidemia de zika.

El año más caliente registradoLa Organización Meteorológica Mundial (OMM)

confirmó que en el 2015 “por primera vez se alcanzaron temperaturas que superaban aproximadamente en un 1°C las de la era preindustrial”.

AMÉRICA LATINA/EL CARIBE

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) de EEUU, el pasado año fue el más caluroso en 136 años. Desde que se iniciaron los registros climáticos en 1880, las superficies globales terrestres y oceánicas nunca habían alcanzado temperaturas tan altas.

“En el 2015 la temperatura promedio global en superficies terrestres y oceánicas fue 1.62°F (0.90°C) por encima del promedio del siglo XX. Fue la más alta en 136 años de registro, de 1880-2015, superando el récord anterior establecido en el 2014 por 0.29ºF (0.16ºC) y marcando la cuarta vez que en el siglo XXI se registra un nuevo récord de temperatura. Este es también el mayor margen en que se ha roto el récord de temperatura. Diez meses registraron temperaturas récord para sus respectivos meses durante el año. Las cinco temperaturas mensuales más altas desde que comenzaron los registros ocurrieron en el 2015”, señalaron la NOAA y la NASA en un informe publicado el 20 de enero.

Petteri Taalas, secretario general de la OMM, precisó que “la suma de un episodio de El Niño excepcionalmente intenso y del calentamiento global causado por los gases de efecto invernadero ha tenido repercusiones graves para el sistema climático en 2015. La intensidad de El Niño irá disminuyendo en los próximos meses, pero los efectos del cambio climático inducido por el ser humano se dejarán sentir durante muchos decenios”.

Las altas temperaturas a consecuencia de El Niño —cuya presencia fue confirmada en setiembre pasado por la OMM— que se registran en América Central y la parte norte de Sudamérica han venido acompañadas por eventos extremos como sequías, inundaciones, olas de calor, que son caldo de cultivo para la propagación del zika.

“Por primera vez hemos alcanzado el umbral de 1°C por encima de las temperaturas preindustriales. Es un momento de reflexión en la historia de nuestro planeta”, agregó Taalas. “Si se cumplen los compromisos contraídos durante las negociaciones sobre el cambio climático en Paris y, además, se establecen niveles de reducción de las emisiones más ambiciosos, todavía tenemos la posibilidad de atenernos al límite máximo de 2 °C”. o. —NA

la transición hacia fuentes renovables. Hay que garantizar que la política energética no quede en manos de dos o tres “especialistas” sino que sea patrimonio del conjunto de la población. Estamos a tiempo, hay mucho para trabajar, será una transición difícil pero tenemos las herramientas como para lograrlo, si profundizamos el debate y las experiencias locales concretas. q

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PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE ALUMBRAN

A COMUNIDADES RURALES

Mujeres indígenas se empoderan aprendiendo cómo soldar y ensamblar lámparas y paneles solares.

Tanto mujeres como hombres indígenas mayas ixil participan en el mantenimiento de los paneles solares.

Louisa Reynolds desde Ciudad de Guatemala

En setiembre del 2013, Catarina Mejía Toma, de 46 años, e Isabel Torres Medina, de 43, mujeres indígenas mayas ixil que casi nunca se habían aventurado fuera

de Xeputul, una de las localidades más remotas del municipio de Cotzal, en el noroccidental departamento de El Quiché, abordaron un avión por primera vez en sus vidas y viajaron a la India.

Ambas son analfabetas y ninguna habla castellano ni inglés. Cuando llegaron a la India luego de un extenuante viaje de dos días, fueron llevadas al Berefoot College en la localidad de Tilonia, en el norte de la India, donde pasarían los

siguientes seis meses aprendiendo como ensamblar paneles y lámparas solares.

Fundado por el activista social Bunker Roy en 1972 y basado en la filosofía gandhiana de promover la autosuficiencia en las localidades rurales, el objetivo del Barefoot College (Universidad de los Descalzos) es empoderar a la población rural, especialmente mujeres, al enseñarles conocimientos prácticos tales como el uso de la energía solar, que ayudará a sus comunidades a romper con el círculo de pobreza.

Las clases comenzaban a las 9 am en un salón amplio y aprendieron a través del ejemplo, copiando el trabajo de sus instructores. Aprender cómo soldar y ensamblar las piezas eléctricas no fue fácil para ellas.

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“A veces nos regañaban cuando [las lámparas] no funcionaban y había que hacerlo de nuevo”, dice Torres a Noticias Aliadas a través de un intérprete. “A veces nos quemábamos las manos y cómo dolía”.

Las sesiones de capacitación terminaban a las 5 pm y se retiraban al enorme dormitorio comunal que compartían con otras mujeres de diferentes nacionalidades, para descansar hasta la hora de la cena. Adaptarse a la gastronomía india fue parte del choque cultural.

“Extrañábamos el maíz y las tortillas”, indica Torres.

Mejía y Torres fueron elegidas para asistir al curso del Barefoot College —que es financiado por la cooperación india— por Semilla de Sol, organización no gubernamental local que promueve proyectos comunales de energía renovable.

Cuando regresaron a su comunidad, las dos mujeres instalaron un taller donde ensamblaban paneles y lámparas solares para cada una de las 30 familias de la localidad. Las piezas fueron donadas por Barefoot College y Enel (Ente Nazionalle per l’Energia Eletrica), empresa italiana que gestiona la hidroeléctrica Palo Viejo, pagó el impuesto a las importaciones.

A principios de la década de 1980, Cotzal, junto con los municipios vecinos de Nebaj y Chajul, llevaron la peor parte de la masacre contra la población maya ixil cometida por el exdictador Efraín Ríos Montt (1982-83) con el objetivo de expulsar a la insurgente Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

Mejía tenía 10 años cuando su hermano mayor fue quemado vivo por soldados. Fue uno de los 200 civiles inocentes que fueron masacrados por el Ejército en Cotzal y sus familiares se sumaron a los miles de personas desplazadas.

Más de tres décadas después de las atrocidades cometidas por la dictadura de Ríos Montt, las terribles condiciones del altiplano guatemalteco que fueron el principal motivo para que se desencadenara el conflicto casi no han cambiado y 86 de cada 100 personas en este municipio predominantemente indígena continúan viviendo bajo la línea de la pobreza. La pequeña localidad de Xeputul ni siquiera tiene un centro de salud y tampoco existe transporte público, lo que significa que los pobladores tienen que caminar 5 km para llegar a Cotzal.

Llegó la luzPero la llegada de la energía eléctrica ha

impulsado una serie de transformaciones.“Vivíamos en la oscuridad. Sólo teníamos

candela y ocote [una rama de pino resinosa que se frota para obtener fuego] y a veces las casas se quemaban”, contó Mejía.

El equivalente a los US$8 mensuales que gastaban las familias en velas ahora lo destinan

a comprar alimentos y otros productos básicos. Además, los escolares tienen suficiente luz para hacer sus tareas en las noches.

“Para nosotros es un orgullo que mujeres en el área rural y de escasa capacidad académica estén involucradas en un tema así”, sostuvo Baltazar Cruz, alcalde de Cotzal, quien ha prometido donar tierras municipales para construir una Universidad de los Descalzos guatemalteca, que abrirá sus puertas a principios del 2018 para mujeres de América Central y el Caribe, y que proporcionará talleres de capacitación en castellano si Semilla de Sol logra obtener el financiamiento necesario de donantes internacionales para desarrollar el proyecto. La institución educativa admitirá 24 mujeres por semestre.

Diez mujeres indígenas guatemaltecas han concluido el curso del Barefoot College y cuatro nuevas “ingenieras descalzas” deben regresar de la India el 17 de marzo.

Sin embargo, muchos hombres en zonas rurales no comparten el entusiasmo del alcalde por el proyecto y en algunas localidades, los hombres han prohibido a sus esposas y compañeras dejar la comunidad para asistir al curso. La imposibilidad de encontrar un familiar o vecino que cuide a sus hijos durante su ausencia también ha sido un problema.

En Xeputul, algunas familias se han negado a contribuir con el salario mensual de $100 que Mejía y Torres supuestamente deben recibir por el mantenimiento de los paneles solares, ya que la mayoría de los pobladores son pequeños cultivadores de café y han experimentado dificultades económicas a consecuencia de una epidemia de roya en la región

“En algunos casos, [los hombres] no reconocen el trabajo de las mujeres. El machismo sigue imperando”, dijo Mario Hernández, director de Semilla de Sol, a Noticias Aliadas.

Desde que la microcentral hidroeléctrica fue

“Vivíamos en la oscuridad. Sólo teníamos

candela y ocote [una rama de pino resinosa que se

frota para obtener fuego] y a veces las casas se

quemaban”.—CATARINA MEJÍA TOMA

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inaugurada en la localidad de Batzchocolá en el 2014, al caer la noche esta comunidad, así como las vecinas La Laguna y Viziquichum, brillan en la oscuridad como tres pequeños conglomerados de luces en medio de las siluetas de las montañas.

La planta hidroeléctrica de 90 kilovatios proporciona electricidad a 161 viviendas en las tres localidades. Cada vivienda paga una tarifa fija equivalente a $5 mensuales además de $0.19 por kilovatio usado para pagar los salarios de los tres jóvenes técnicos que Semilla de Sol ha capacitado y que ganan $100 mensuales, así como para costos de mantenimiento.

“Las comunidades pueden tener sus propias hidroeléctricas; no sólo las grandes empresas lo pueden hacer. Tenemos nuestros recursos como los ríos pero a veces no los aprovechamos”, indicó a Noticias Aliadas Miguel Cruz Cobo, presidente del Comité Comunitario de Desarrollo (COCODE) y coordinador del proyecto hidroeléctrico de Batzchocolá.

Las tres comunidades tienen ahora luz en las calles y las mujeres han reasumido el tejido en las noches luego de terminar con sus quehaceres, como una fuente de ingresos extras.

Soñar en grandeEl acceso a la energía eléctrica ha permitido

a las tres localidades soñar en grande. Con una donación de Telus, empresa canadiense de telecomunicaciones, Batzchocolá ahora tiene un centro con 10 computadoras donde estudiantes secundarios aprenden tecnología informática e inglés básico. Los adolescentes por lo general trabajan en el campo de 10 am a 3 pm y asisten a clases de 4 a 6 pm o de 6 a 8 pm.

Viziquichum se encuentra en proceso de instalar una secadora de cardamomo y este año Batzchocolá montará su propio taller de carpintería, financiado por la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)

La energía hidroeléctrica es un tema altamente polémico en muchas comunidades rurales de Guatemala debido a su impacto ambiental así como lo que las comunidades perciben como los abusos de las empresas que explotan los recursos locales para zonas urbanas ubicadas a cientos de kilómetros de distancia para que disfruten la comodidad de la energía eléctrica, mientras ella son obligadas a vivir en la oscuridad debido a que las líneas de transmisión no llegan a sus remotas localidades.

El desarrollo de proyectos que giran alrededor de la microcentral hidroeléctrica de Batzchocolá ha sido establecido por un comité que incluye a líderes comunitarios, representantes del sector privado y funcionarios gubernamentales.

Según Hernández, la idea es que las corporaciones reduzcan las tensiones trabajando con las comunidades en vez de imponer

megraproyectos sin el consentimiento previo.“Entendemos que una empresa tiene sus

intereses, pero las personas también quieren un mejor futuro para sus hijos. El problema es que a veces las empresas compran voluntades en vez de resolver necesidades”, sostiene Hernández.

Sin embargo, en Xeputul no toda la población estaba de acuerdo con que Enel pagara el impuesto a la importación de los componentes usados para ensamblar los paneles solares. Los críticos señalan el daño ambiental causado por la central hidroeléctrica de Palo Viejo —la inundación de la represa ha amenazado los cultivos de subsistencia en la localidad vecina de Santa Avelina— y creen que está mal, en principio, aceptar cualquier trato con la empresa.

Guatemala tiene siete microhidroeléctricas gestionadas por la comunidad: cuatro en El Quiché y tres en el norteño departamento de Alta Verapaz.

Hernández explica que el ingrediente clave para el éxito a largo plazo de estos proyectos es que “se requiere mucha organización social para que el proyecto sea sostenible. Se requiere empresarialidad porque el proyecto no tiene que ser una carga más sino una herramienta social y económica”.

Aunque estos proyectos han tenido éxito en algunas de las comunidades más pobres y remotas de Guatemala, Hernández resalta que no es una estrategia que se pueda adaptar a todas. Por ejemplo, una granja eólica inaugurada en el 2001 en Punta de Manabique, en el oriental departamento de Izabal, fue incendiada por narcotraficantes, lo cual ilustra los desafíos para implementar tales proyectos en comunidades que han sido invadidas por el crimen organizado. q

“Entendemos que una empresa tiene sus

intereses, pero las personas también quieren un mejor

futuro para sus hijos. El problema es que a veces las empresas compran voluntades en vez de

resolver necesidades”.—MARIO HERNÁNDEZ

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ENERGÍAS ALTERNATIVAS, ¿SON SUSTENTABLES?

Llegada de la electricidad mejora condiciones de vida de pueblos indígenas, pero genera otras necesidades que tienen impacto sobre su cultura y el medio ambiente.

El uso de la energía solar no ha reducido el empleo de generadores a gasolina en pueblo Sarayaku.

La implementación de energías alternativas en comunidades indígenas son vistas como formas amigables con el medio ambiente y que procuran su conservación. Sin embargo,

el uso descontrolado de esta energía puede derivar en la creación de un mercado energético favorable para las compañías de electricidad, en cuyo caso la energía alternativa sólo sería la punta de lanza para la penetración de la energía tradicional.

La llegada de la energía eléctrica a un pueblo siempre ha sido vista como la llegada del desarrollo. Se ha dicho que conforme avanza la colocación de postes y tendido eléctrico avanza la civilización. La literatura universal ha descrito muy emotivamente estos momentos, pero nunca se ha preguntado sobre el origen de esta energía y el costo que tiene para las comunidades o el medio ambiente. De hecho, la energía eléctrica ha sido descrita como una energía limpia, incluso si proviene de grandes

Luis Ángel Saavedra desde Quito

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generadores operados por combustión de derivados de petróleo.

Con el avance del debate ecológico se ha llegado a cuestionar el origen de esta energía, aun cuando provenga de hidroeléctricas. ¿Cuál es el costo ambiental y el costo para las comunidades que se han quedado sin agua para sus actividades agrícolas? ¿Cuál es el costo de represar un río? ¿A quién beneficia esta industria? Son las preguntas que hacen los ambientalistas.

Son también numerosos los ejemplos de cómo las hidroeléctricas han vulnerado los derechos de las comunidades o como pequeños poblados deben abastecerse de electricidad precaria, generada por motores, mientras sobre ellos pasan las grandes redes que conducen la electricidad a las ciudades o a centros de explotación de recursos naturales.

En Ecuador, este debate se profundizó con la implementación entre el 2004 y el 2007 de un proyecto denominado Servicios Básicos de Iniciativa Local para la Amazonía Ecuatoriana (SILAE) que contó con el auspicio de la Unión Europea. Este proyecto se orientaba a dotar del servicio de energía eléctrica a toda la Amazonia a través de la creación de empresas comunitarias rurales, en coordinación con el entonces Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador (CODENPE). Se logró la creación de cuatro empresas rurales y se amplió la acción del proyecto hacia otro similar que se denominó EUROSOLAR y que fue ejecutado en Bolivia, Paraguay y el Perú.

La experiencia de SarayakuUna de las experiencias del SILAE se implementó

en Sarayaku, pueblo kichwa amazónico conocido por su resistencia a la industria petrolera y su defensa del territorio.

El ingreso de la explotación petrolera y su posterior proceso de defensa territorial intensificó el contacto de este pueblo con occidente; con este contacto, algunas familias empezaron a ingresar generadores de electricidad, televisores y reproductores de audio y video. “Se empezó a tener ruido”, dice a Noticias Aliadas José Miguel Santi, miembro del equipo de comunicación de Sarayaku.

La electricidad empezó a posicionarse como una alternativa para mejorar las condiciones de vida del pueblo, pero el uso de generadores a gasolina contrastaba con su oposición a la explotación petrolera; entonces se pensó en el uso de los paneles solares, propuesto por el SILAE. En el año 2005 se instaló un sistema que podía proveer de 12 voltios a cada familia, suficientes para mantener dos focos y una radio, por un tiempo máximo de tres horas.

Luego se instaló un sistema más amplio para proveer de electricidad a un centro informático y tener conexiones a internet, las que son usadas por estudiantes secundarios y universitarios que siguen programas de educación a distancia.

La asamblea del pueblo Sarayaku decidió instalar estos paneles de forma gratuita, también propició la

capacitación de técnicos que se hagan cargo de las reparaciones en casos de daño y así no tener que depender de personal de fuera, pues el poblado más cercano está a ocho horas de travesía en canoa y sus honorarios no los puede pagar una familia.

Pese a todo, el uso de la energía solar no ha reducido el empleo de generadores a gasolina, pues el contacto con occidente ha propiciado que el pueblo empiece a tener otras necesidades, como la refrigeración de productos. Si bien está prohibida la venta de licores y cerveza, están apareciendo tiendas que venden helados, gaseosas y jugos, para lo cual usan refrigeradoras a gas, que tienen un impacto igual que los generadores a gasolina.

“El verdadero problema es la existencia de generadores a gasolina que no solo impactan por el ruido o por la emisión de smog, sino que se convierten en una forma de penetración de otra cultura a través de los electrodomésticos y los multimedia. El uso del panel solar lo podemos controlar, pero no podemos controlar el uso del generador”, afirma Santi.

Código de ConvivenciaEl uso de la energía ha hecho necesario que se

incorporen varias normativas en el Código de Convivencia que rige para este pueblo, como la determinación de horarios para el funcionamiento de los generadores a gasolina, o la implementación de una sala multimedia, con paneles solares, para uso de los pobladores, en especial cuando deben hacer un seguimiento de las noticias que este pueblo genera en el exterior.

Por el momento, el Código de Convivencia de Sarayaku aún puede controlar el uso de la energía, pero la población va creciendo y presiona sobre la necesidad de transformaciones más profundas.

Los costos de mantenimiento y reposición de los paneles solares es muy alto, por ahora son asumidos de manera comunitaria, pero la demanda sigue creciendo y siguen incrementándose los generadores a gasolina; el contacto con occidente se profundiza y los jóvenes de Sarayaku cada vez están más conectados en las redes sociales y salen con mayor frecuencia hacia El Puyo, capital de la provincia de Pastaza. Su dinámica incrementa la necesidad de electricidad.

“No sabemos hasta cuando podemos resistir la influencia del exterior, pero creo que llegará un momento en que deberemos hablar sobre si resistimos a la venida de la electricidad producida por las hidroeléctricas o debemos ya pensar en las condiciones en que podemos acogerla”, dice Santi.

La preocupación de Santi tiene que ver con la construcción de proyectos hidroeléctricos muy cerca del territorio de Sarayaku, como el complejo que se construirá en el río Santiago, provincia de Morona Santiago, que colinda con este pueblo.

El tiempo dirá si Sarayaku se mantiene como un pueblo que se resiste a la influencia de occidente, o si logra mantener su identidad y cultura pese a esta penetración en donde la electricidad se convierte en uno de los mejores aliados de la aculturación. q

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A LA DERIVA EN PROTECCIÓN AMBIENTALMinistros nombrados por presidente Mauricio Macri no son conocidos por defender el medio ambiente.

Preocupa a ecologistas que exgerente de multinacional Monsanto, maneje política agropecuaria de la provincia de Buenos Aires.

Alejo Álvez desde Buenos Aires

Si bien no ha habido ninguna definición expresa del gobierno del presidente Mauricio Macri —quien asumió el 10 de diciembre del 2015— en torno al tema ambiental, y en el programa de la alianza PRO–

Cambiemos que lo llevó a la presidencia, la defensa del ambiente no ocupó un lugar destacado, tanto el Ejecutivo nacional como la gobernación de la estratégica provincia agrícola ganadera de Buenos Aires —gestionada por el mismo sector político— están actuando en una dirección coincidente.

Durante la campaña electoral Macri no abundó en detalles, pero prometió crear un Ministerio de Medio Ambiente, lo cual efectivamente cumplió. Pero sus primeras decisiones se contradicen con su proclama de “recuperar la

institucionalidad” a nivel de política ambiental.Con sus primeras medidas Macri favoreció a los

grandes plantadores y comercializadores de granos —un sector que ejecuta prácticas de cultivo que conllevan al uso de grandes cantidades de agroquímicos altamente contaminantes— con una fuerte devaluación del 43% y la eliminación del impuesto a las exportaciones (en el caso de la soja lo redujo en principio del 35% al 30%). Luego, por la vía de un decreto de fecha 15 de febrero benefició al sector minero con la eliminación de todos los gravámenes a la exportación.

Como paradigmático fue considerado el nombramiento del rabino conservador Sergio Bergman como titular del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Bergman, quien fue legislador durante la gestión de Macri como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2007-2015), admitió que “esta

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designación fue una sorpresa, porque no tengo ningún conocimiento técnico en esos temas, aunque prometo que aprenderé”.

El 26 de enero se conocieron los nombramientos de las autoridades de la Administración de Parques Nacionales, organismo encargado de la conservación y el manejo de los ecosistemas y los monumentos y las reservas naturales. Macri firmó junto con el ministro Bergman el decreto de designación de Eugenio Breard como presidente de la entidad y de Emiliano Ezcurra como vicepresidente.

Breard era un alto ejecutivo de la tabacalera estadounidense Phillip Morris y, en tal carácter, integró el equipo que delineó la estrategia de la empresa en su disputa contra Uruguay, iniciada en el 2010 y aún pendiente de resolución, en reacción frente a las políticas antitabaco adoptadas en el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez (2005-2010). Ezcurra es un antiguo activista de Greenpeace que en el 2009 fue financiado por el magnate estadounidense Douglas Tompkins para crear su Banco de Bosques. Ese año se vinculó a la organización Forest Stewarship Council (FSC) y se convirtió en coordinador de esa entidad de Toronto, Canadá, que ofrece su propio sello de acreditación y certificación de manejo forestal a personas o empresas interesadas en la tala sustentable de los bosques. La organización ecologista Vida Silvestre, en un documento del 2014, cita al Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) señalando que el FSC “no es más que un organismo trasnacional que engloba en su red a otras tantas empresas multinacionales dentro del negocio del papel”.

República Unida de la SojaNo menos paradigmático fue el nombramiento de

Leonardo Sarquís en el Ministerio de Asuntos Agrarios de Buenos Aires, la mayor productora nacional de soja y maíz genéticamente modificados. En su perfil de la red Linkedin, Sarquís recuerda que fue gerente regional del programa de semillas transgénicas de Monsanto y reivindica que, durante su pertenencia a la misma, la empresa experimentó un “crecimiento sostenido en Argentina, Paraguay y Uruguay”, junto con Brasil el cuarteto que compone la llamada República Unida de la Soja.

La gestión de Sarquís en Buenos Aires será acompañada desde la Dirección Nacional de Agricultura por Ignacio Garciarena, un fuerte plantador de soja que preside la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID) y que, como tal, es un defensor del libre uso del glifosato, un agroquímico producido por Monsanto para proteger sus semillas e identificado como agente cancerígeno y destructor del ambiente. Al hacer la defensa del glifosato, Garciarena definió a los ambientalistas como “ecoanarquistas”.

En este sector básico de la economía argentina, Macri cerró el círculo designando al frente del Ministerio de Agroindustria al exdiputado Ricardo Buryaile, un fuerte productor de soja que se convirtió en legislador en el 2009, después de haber comandado el año anterior, junto a sus pares de las cuatro cámaras de empresarios sojeros y agropecuarios, la frustrada campaña para destituir a

la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

El OETEC y otras organizaciones llamaron la atención sobre el nombramiento de Juan José Aranguren al frente del Ministerio de Energía y Minería, quien fue en los últimos 12 años el director ejecutivo de la petrolera anglo-holandesa Royal Dutch Shell.

Desde la Secretaría de Minería fue instrumentalizado un generoso tratamiento a las empresas mineras, en su mayoría canadienses, que operan a lo largo de la Cordillera de los Andes. Su titular, Daniel Meilán, y su segundo Mario Capello, ambos designados por el ministro Aranguren y con antigua trayectoria en el sector privado. Ambos fueron los impulsores del modelo extractivista plasmado en el Código de Minería ordenado por el gobierno neoliberal del expresidente Carlos Menem (1989-1999).

Minería sí contaminaSegún señalara el 2 de diciembre el portal

especializado Miningpress, Meilán y Capello —quien es titular del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas (CAIM)— “tienen los mejores contactos en Canadá, sede de las principales mineras que operan en el mercado”. En su discurso de asunción, Capello repitió una sentencia ya escrita en un documento del CAIM: “Quienes cuestionan la minería son ignorantes con ideología apátrida, es sabido que la minería produce cero contaminación”.

“El gobierno premia a un sector que no tiene ningún reparo en contaminar y arrasar con nuestros bienes naturales, recordemos por ejemplo que la minera Barrick Gold es responsable de un derrame de cianuro en los afluentes del río Jáchal, en la cordillera de San Juan (oeste del país), que contaminó el agua de varios poblados”, señaló Laura Álvarez Huwiler, experta del estatal Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

En efecto, el 10 de marzo, un juez sanjuanino procesó por “negligencia e impericia” y multó por US$ 56,000 a nueve ejecutivos de Barrick Gold por el derrame en diciembre del 2015 de un millón de litros de solución cianurada en la mina Veladero. El estudio oficial que sustentó la decisión judicial detectó que “las aguas del río Jáchal están contaminadas con metales en dosis de hasta 1,400% por encima de las valores humanamente tolerables”.

La Red Ecoambiental y las asambleas ciudadanas de las localidades de Esquel (en el sur), Chilecito y Famatina (en el norte) y de poblados situados a lo largo de los Andes, se movilizaron contra la eliminación de las retenciones (impuesto a las exportaciones) a la minería anunciada por Macri el 12 de febrero, y denunciaron que el gobierno protege a una de las actividades más contaminantes y peligrosas, que sigue avanzando sin control sobre los recursos naturales.

Greenpeace, por su parte, señaló que antes de amparar a las mineras, “el gobierno deberá preocuparse por el cumplimiento de la Ley de Glaciares, sistemáticamente violada, tal como se vio en San Juan con el criminal derrame provocado por Barrick Gold, que contaminó las aguas del Jáchal”. q