Posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la reunión de la Junta de Coordinación Política de Cámara de Diputados con el

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad

Dip. Enrique Ibarra Pedroza

Palacio Legislativo de San Lázaro, 17 de agosto de 2011

A nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, damos la bienvenida a los integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Hacemos votos para que estos encuentros ocurran con la mayor frecuencia y permitan una mayor interacción entre los parlamentarios y la sociedad civil, dado que este recinto representa la diversidad de nuestra nación.

Entendemos la indignación que acompaña a este Movimiento, porque nosotros también sufrimos el fraude electoral en 2006. Nos hemos mantenido ante muchos agravios, pero no perdonamos ni olvidamos la traición, la hipocresía y la indiferencia. Por ello hacemos nuestra la demanda de dignificar al Congreso y asumir las responsabilidades por nuestro desempeño. Con toda honestidad, los invitamos a comprobar que existe una coincidencia profunda de nuestras posiciones y votos que constan en el Diario de los Debates en esta Legislatura.

La presencia de ustedes, como representantes de las víctimas y de los deudos, introduce una dimensión crítica a los procesos de aprobación de las reformas. La separación entre el espíritu de la Ley y el cuerpo herido de la realidad social señala la exacta medida de nuestra responsabilidad cívica. El déficit de nuestra democracia que confirma esta crisis humanitaria nos obliga a plantear una profunda transformación de las instituciones públicas.

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Repudiamos la actitud de quienes aplauden la indiscriminada campaña policiaca y militar de Felipe Calderón para más tarde pedir perdón y tender la mano a las víctimas. La ciudadanía, ultrajada y maltrecha, es un actor central, no un “daño colateral”. Por ello escuchamos las demandas puntuales del Movimiento en la reunión del Castillo de Chapultepec y expresamos nuestra plena coincidencia.

Nuestro grupo respalda una agenda amplia de reforma del Estado que modere las facultades del ejecutivo, amplíe las atribuciones del Congreso, descentralice el poder hacia las comunidades y eleve el potencial de la participación y la vigilancia ciudadanas.

Pensamos que los ciudadanos deben tener derecho de iniciativa legislativa, pero es necesario también modificar el sistema de toma de decisiones para que las reformas más necesarias sean avaladas en el Congreso. Estamos a favor de que el voto público decida ratificar o suprimir el mandato de sus representantes en los procesos electorales, pero también que pueda revocarlo en todo momento. Apoyamos la propuesta de que cualquier ciudadano ejerza su derecho al voto pasivo, siempre y cuando las candidaturas sean plenamente fiscalizables y transparentes. Estamos a favor de la consulta como un mecanismo usual para abrir las decisiones públicas; lo concebimos como un mecanismo posible entre un amplio catálogo de democracia participativa y deliberativa.

De esta manera, claramente decimos sí a la reforma política, pero reprobamos las disposiciones presidencialistas que contiene la Minuta del Senado, y son 3: 1) el veto del Ejecutivo al presupuesto, 2) el derecho de iniciativa legislativa preferente y 2) La toma de protesta presidencial que margina al Congreso. Se necesita apartar las modificaciones que sólo favorecen la concentración del poder.

Con respecto a la Ley de Seguridad Nacional, desde el primer momento nuestra fracción se opuso tanto a la Minuta del Senado como al documento del Dip. Navarrete Prida. Gracias a la intervención de la sociedad civil y la opinión

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pública, así como a la oposición de izquierda, detuvimos en abril pasado el intento de suprimir las libertades públicas y otorgar plenos poderes a la presidencia, como pretendía el documento del PRI. Atendimos los argumentos de los ponentes en las audiencias públicas convocadas para debatir esta reforma. Claramente, todos los expertos se opusieron a continuar en la concepción unilateral y represiva de la Seguridad Nacional.

Coincidimos con ustedes en que la propuesta de dictamen no subsana las violaciones evidentes a la Constitución y los tratados internacionales; por el contrario, insiste en inventar facultades para el Ejecutivo y comprometer a las Fuerzas Armadas en tareas sumamente delicadas. Por tal razón, presentamos a la Comisión de Gobernación un dictamen negativo a la Minuta: creemos que todos sus términos deben ser desechados para comenzar desde el debate a partir de la seguridad humana, y no desde el ángulo de la seguridad del gobierno. Desgraciadamente, ningún otro grupo parlamentario nos secundó en esta propuesta.

Votamos en contra de la Minuta en lo general y en lo particular, porque pensamos que el fascismo no necesita un dictamen propio: puede penetrar a la Ley artículo por artículo, de la misma forma en que la arbitrariedad ha entrado colonia por colonia, municipio por municipio, operación por operación. Ahora que el Congreso ha abierto la discusión en Conferencia de esta reforma, es necesario insistir en todas las plazas, en todos los textos, en todos los llamados para detener este fraude constitucional que suprime los derechos ciudadanos.

Estamos de acuerdo en que el objetivo de la seguridad integral es la persona, no el Estado. Los órganos de seguridad requieren un enfoque civil, con evaluación y control de confianza. Proponemos definir claramente las atribuciones de las autoridades y establecer la plena responsabilidad jurídica y política por su actuación, además de unavigorosa fiscalización del poder legislativo y control por parte del poder judicial. No se necesita redistribuir facultades ni apostar a la vía

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coercitiva para combatir el crimen. Bastaría una política coherente de prevención ante los riesgos, una adecuada coordinación entre autoridades y una acción firme contra la economía criminal transnacional.

Pensamos que solamente la atención a los problemas socioeconómicos puede evitar el crecimiento de la violencia en el largo plazo. Fortalecer las instituciones públicas y ofrecer oportunidades de empleo y educación evitará que los conflictos se paguen con sangre y que la marginación haga a los jóvenes sucumbir ante la leva que imponen los grupos delictivos.

De tal forma, apoyamos las demandas del Movimiento para ciudadanizar las instituciones de Seguridad Pública y crear una entidad fiscalizadora independiente; para emprender políticas integrales para jóvenes y para destinar la mayor parte del presupuesto para restituir la cohesión social. Igualmente, creemos que la deuda del Estado mexicano con sus ciudadanos debe mediante la instauración de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación, así como la aprobación de una Ley de Apoyo para Víctimas y los fondos financieros necesarios, para sancionar, indemnizar, reparar y garantizar que no se repitan los daños infligidos a la sociedad.

De nuestra parte, y ante los múltiples paliativos que se han planteado, queremos recordar que hemos presentado diversas iniciativas para ampliar los derechos sociales y hacerlos exigibles, para un nueva política exterior de Estado, para restituir la imparcialidad de los órganos electorales, para reforzar los derechos fundamentales, para combatir la impunidad, para plantear un presupuesto austero y popular, para defender nuestro patrimonio nacional, para proteger el medio ambiente, para reformar los medios de comunicación, para construir una democracia participativa y deliberativa, para diseñar un Estado que proteja a los trabajadores, a las mujeres, a los niños a los emigrantes e inmigrantes.

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Nuestro grupo parlamentario planteó desde abril de 2010 reformar el fuero militar en acatamiento de la Sentencia de la Corte Interamericana contra el Estado mexicano por el caso Rosendo Radilla. La Comisión de Defensa, presidida por el Dip. Rogelio Cerda, no ha dictaminado a pesar de que la Corte Interamericana ha reiterado la exigencia en otras cuatro sentencias y de que la Suprema Corte ha resuelto acotar definitivamente la jurisdicción militar.

Igualmente, signamos con Alejandro Encinas y Teresa Incháustegui la iniciativa de Nueva Ley de Seguridad Nacional, cuyo centro es la seguridad humana ante factores económicos, ambientales, climáticos, sanitarios, alimentarios, entre otros.

Por tal motivo, queremos pedir su apoyo para que las propuestas mencionadas se debatan abiertamente en esta Cámara con participación de la sociedad civil. Es necesario que los representantes del Movimiento se sumen a los trabajos de las comisiones de dictamen, para que exijan a los representantes populares que dignifiquen su tarea y expongan claramente las razones para impulsar, ignorar, postergar o rechazar los distintos planteamientos legislativos.

Reconocemos que las voces solitarias de nuestros trece diputados poco podrán hacer por la angustia de los familiares de más de 10 mil desaparecidos. Tampoco podrán dar consuelo a los deudos de más de 50 mil personas asesinadas en este sexenio. Sería cínico ofrecer discursos a los poetas, a los doloridos, a los desesperados. Por ello, ponemos nuestros escaños a su disposición para no callar ante el atropello, en nombre de Juan Francisco y de tantos periodistas, trabajadores, campesinos, defensores, estudiantes y dirigentes sociales que han caído en nombre de una campaña sanguinaria. Les pedimos su apoyo para seguir luchando por la paz y la justicia.

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