POSICIONES POLÍTICAS,

IDEOLÓGICAS

Y ORGANIZATIVAS

ANTE LA

CONFERENCIA POLITICA DEL PSOE

Hace 134 años nació el PSOE. Pablo Iglesias y el grupo de socialistas

que crearon el partido señalaron como objetivos a alcanzar: la emancipación

de la clase trabajadora; la abolición de todas las clases sociales y su conversión

en una sola de trabajadores, dueños del fruto de su trabajo, libres, iguales,

honrados e inteligentes.

Aquel ideal, actualizado en el mundo de hoy a la luz de la experiencia

y los nuevos conocimientos, ha de seguir guiando nuestra acción.

De esta convicción surgió hace 34 años la que hoy conocemos como corriente

de opinión Izquierda Socialista del PSOE.

NOVIEMBRE 2013

2

Í N D I C E

1.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y CONTEXTO POLÍTICO 4

1.1. La crisis global 5

1.2. La crisis del modelo capitalista 8

1.3. Debilidades socialistas en la UE 11

1.4. El factor diferencial del crecimiento español 16

1.5. Las medidas europeas frente a la crisis 18

1.6. Algunas causas de la crisis y sus efectos 20

1.7. Los gobiernos del Presidente Zapatero 23

1.8. La contrarreforma del Partido Popular 28

1.9. Una alternativa democrática y socialista 30

1.10. Regenerar la política y recuperar el PSOE 33

2.- LA IDENTIDAD DEL SOCIALISMO DEMOCRÁTICO 36

2.1. Crisis capitalista y hegemonía del neoliberalismo 37

2.2. Desigualdad, exclusión y “asimetrización” de Europa 38

2.3. El gobierno del PP o la destrucción del Estado Social 39

2.4. La especulación inmobiliaria 39

2.5. Ideología y ciencia económica 40

2.6. Extensión de oportunidades y cobertura de necesidades 41

2.7. La acción pública en los mercados de factores productivos 42

2.8. La participación en la producción y la fiscalidad 44

2.9. El derecho al trabajo digno 45

2.10. La relevancia de los servicios públicos 46

2.11. Efectividad de los derechos constitucionales 47

2.12. La instancia europea y la acción política 48

2.13. Secularidad y solidaridad. Concienciación y movilización 48

2.14. Alternativa para la transición democrática al socialismo 49

2.15. La participación como una forma superior de democracia 51

3.- SALIR DE LA CRISIS GLOBAL POR LA IZQUIERDA 52

3.1. Urge un nuevo orden internacional 54

3.2. Cambiar el actual rumbo de la UE 56

3.3. Un programa de izquierdas para sacar a España de la crisis 59

3.4. Otra política económica y social 60

3.5. Fortalecer el papel del Estado en la economía 62

3.6. Banca Pública 63

3.7. Cooperativismo y Economía Social 64

3.8. Fiscalidad. 65

3.9. Renta Básica de Ciudadanía (RB) 67

3.10. Política Internacional 69

4.- HACIA EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI 69

4.1. Educación 71

4.2. I+D+I 74

4.3. Sanidad 74

4.4. Vivienda 76

3

4.5. Políticas medioambientales 77

4.6. Políticas de desarrollo rural 78

4.7. Cultura Libre, Cultura Popular 79

4.8. Políticas de igualdad 80

4.9. La reforma de la justicia 81

5.- HACIA LA III REPÚBLICA FEDERAL, LAICA Y

PARTICIPATIVA 82

5.1. Hacia la Republica española 82

5.2. Hacia el Estado Federal 83

5.3. Hacia el Estado Laico 84

5.4. Hacia el Estado Participativo 85

6.- UN PARTIDO DEMOCRATICO, ABIERTO, PARTICIPATIVO

Y PLURAL 87

7.- HACIA UN CONGRESO EXTRAORDINARIO 91

8.- A MODO DE RECORDATORIO 92

8.1. Programa máximo del PSOE, 1879 93

8.2. Algunos principios organizativos del PSOE, 2012 94

4

1.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y CONTEXTO POLÍTICO.

En Europa, la izquierda plural, y en su seno los partidos socialistas y

socialdemócratas, atraviesa uno de los periodos más difíciles de su historia. El auge de

las derechas (alimentado paradójicamente por las consecuencias de la crisis generada

por sus políticas ultra liberales y desreguladoras, así como la falta de alternativas

socialistas diferenciadas), junto con su hegemonía institucional, ha causado y

conducido a la regresión el Estado social de Bienestar construido tras la segunda guerra

mundial, amenaza las libertades individuales y colectivas tan difícilmente conseguidas y

creará fuertes tensiones en el escenario internacional.

La repercusión en España de la crisis global y sistémica que vivimos, se ha visto

agravada como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria, por las nefastas

políticas neoliberales de ajuste en los servicios públicos y supresión de derechos

laborales y sociales, por la presión especulativa y de poder ejercida por los mercados,

los grupos de presión, la estructura institucional, la UE y las instancias internacionales,

sobre el Gobierno de la Nación y la resignación e incapacidad políticas para plantear

alternativas basadas en la voluntad general de la ciudadanía, lo que conduce a la

desconfianza en las posibilidades de la acción institucional para solventar esta grave

situación económica, social y política.

Los efectos sociales y electorales de esas políticas en Europa y en España están a

la vista: crecimiento del paro y de la precariedad en el trabajo, disminución de la renta

de los sectores populares (incluyendo amplias capas de las clases medias), retroceso de

los servicios públicos, incremento de las privatizaciones, incertidumbre e inestabilidad

social (¿hacia una crisis social global?), desafección de la política, desprestigio de las

instituciones, descredito de la democracia constituida, aumento de la extrema derecha,

debilitamiento de los valores propios de la izquierda y de su fuerza electoral. Hoy la

derecha económica, social y política continúa a la ofensiva en todo el continente

europeo y también en España, sin que encuentre una réplica coherente que ofrezca a los

ciudadanos un proyecto de izquierdas, totalmente diferenciado del que marcan los

mercados, articulado en diálogo y colaboración con todas las fuerzas progresistas.

Es fundamental elaborar una salida de la crisis desde el socialismo, cambiar la

deriva que sigue Europa, construir otra política económica por la izquierda, garantizar

la ampliación del Estado de Bienestar con los parámetros transformadores de nuestra

época y reformar las instituciones para responder plenamente –desde la representación y

acción políticas- a la voluntad participativa de la ciudadanía. Necesitamos un cambio

profundo en nuestro comportamiento y actuación organizativa.

Debemos ser capaces de reformular el programa socialista desde sus ideales

fundacionales, de recuperar algunas de nuestras tradicionales herramientas de análisis,

otorgar primacía a nuestros valores y principios, y de ser conscientes que nuestro

objetivo es conseguir, democráticamente, la transformación de la realidad, la superación

del capitalismo para establecer una sociedad más libre e igualitaria, una sociedad

socialista. Durante las jornadas conmemorativas de los 20 años de Izquierda Socialista

del PSOE (Noviembre de 2001), en su intervención sobre El valor de la igualdad Luis

Gómez Llorente señaló: “Nosotros por el contrario afirmamos el valor de la igualdad

5

por encima del principio de la libre competencia a toda costa. Nosotros creemos que la

posesión de ciertos bienes imprescindibles para una vida digna tiene que ser

garantizados a todos, y que si esto falla, o en la medida en que falla, entra en quiebra

la legitimación moral del sistema. De ahí que nos parezca tan aborrecible el actual

orden mundial, y el proceso de globalización salvaje.

La libertad económica de competir no puede ser utilizada legítimamente, como

ninguna otra libertad, para destruir o reducir a lo inane las libertades reales de los

otros, ni para imponer la dominación despótica de unos sobre el trabajo y/o sobre la

formación de la conciencia de los otros. De otro modo, carecería de sentido el contrato

social, o garantía recíproca del uso de las libertades.” (Gómez Llorente, L. “El valor

de la igualdad”. Izquierda Socialista: Un futuro para la Izquierda. 20 años de

Izquierda Socialista. Ed. Biblioteca Nueva, 2002, Madrid, p. 111)

1.1. LA CRISIS GLOBAL

La poderosa minoría que domina el mundo financiero, valiéndose de la

desregulación de los mercados, consentida y estimulada por los gobiernos

democráticos, ha desencadenado la mayor crisis económico-financiera conocida desde

la Gran Depresión de 1929. Sus efectos están siendo devastadores para la clase

trabajadora, las clases medias y la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas: la crisis de

liquidez ha generado cierre de empresas, espectacular crecimiento del desempleo,

aumento de las desigualdades sociales e incremento de la pobreza. El capitalismo de

nuestros días, en su forma más agresiva y depredadora, el neoliberalismo, ha sido el

causante de tanto desastre.

Increíblemente, las multimillonarias ayudas públicas utilizadas para impedir el

hundimiento del sistema financiero mundial y el colapso de la economía real, no han

servido para que los estados emprendieran las oportunas reformas que pudieran evitar

en el futuro, desastres semejantes. En concreto “desde que, en 2007, estalló la crisis…,

ninguna reforma seria ha conseguido reglamentar los mercados, ni meter en vereda a los

banqueros. “ (Ramonet, Ignacio. No es una crisis, es una estafa. El Atlas Financiero de

Le Monde Diplomatique. La estafa del siglo. 2012, p. 6). Ya el 2007, algunas cifras de

la economía mundial anunciaban que íbamos por el mal camino. Baste citar algunos

ejemplos significativos: una escandalosa concentración de los flujos del comercio

internacional en los países más desarrollados, en detrimento de los más pobres e

incluso de los emergentes; la abismal desproporción entre las transacciones financieras

y las de bienes y servicios (superiores a 10:1 a favor de las primeras) provocando así

ese enorme drenaje de recursos desde la economía productiva a la especulativa; el

creciente descenso de las rentas salariales en la composición del PIB de los países

desarrollados que contrastaba con el progresivo aumento de las del capital en dicha

composición del producto bruto; o la escandalosa escalada de las cifras de la pobreza

(según NN.UU. más de 985 millones de pobres), datos sin duda premonitores de la

eclosión producida en 2008.

La creciente desregulación de los mercados, basada en el falso principio de que

éstos se auto-regulaban alcanzando así automáticamente el equilibrio, junto al opaco

drenaje de recursos hacia los paraísos fiscales fruto del fraude y de la evasión fiscal, o

para refugiar en ellos los beneficios del negocio ilícito, ha contribuido a que ésta

globalización neoliberal (Ver: Stiglitz, Joseph E. El Malestar en la globalización. Ed.

6

Santillana, 2002, Madrid), haya desorbitado hasta el extremo la economía mundial, que

en su afán especulativo ha sido capaz de poner en peligro el ahorro de millones de

ciudadanos al canalizarlos hacia operaciones de altísimo riesgo. Priorizando la

economía especulativa sobre la productiva, se generaron burbujas insostenibles cuya

eclosión resultó inevitable. Todo ello no es otra cosa que el desarrollo del modelo

capitalista de organización de la producción y la sociedad, que durante decenios nos

hemos negado a ver, y que ahora ha mostrado su verdadera cara. Ahora quedan las

consecuencias para las actuales y las futuras generaciones.

Precisamente, “una razón por la que tan pocos economistas vieron la crisis venir,

o no lograron calibrar su escala incluso después de que esta dejó sentir sus efectos, fue

porque sus modelos habían asumido tanto que los sistemas financieros “funcionaban”,

en el sentido de que ayudaban eficientemente al funcionamiento de las operaciones de la

economía real, como que las tendencias financieras mismas son de un significado

secundario…”; por lo tanto, no se puede cargar sobre los actores de la “economía real”

las causas esenciales de la crisis, porque su “fuerza motriz “ ha sido “la nueva

estructura financiera, y sus correspondientes agentes” . (Gowan, Peter. Crisis en el

corazón del sistema. Consecuencias del Nuevo Sistema de Wall Street. New Left

Review. Nº 55 (Marzo/Abril 2009), Ed. Akal, Madrid, pp. 5 y 6). Es inadmisible que el

sector financiero causante y a la vez beneficiario de la crisis al ser refinanciado por los

poderes públicos, no haya cambiado sus prácticas y siga insistiendo en la necesidad de

aplicar reformas que abaraten los costes salariales y restrinjan los gastos sociales, al

tiempo que mantiene casi cerrado el grifo del crédito y muestra sus reticencias a

cualquier medida de regulación que le afecte o que lo implique en políticas de

solidaridad. Y es sabido que sin créditos se complica la reactivación económica al

enfriar la demanda efectiva, amortiguando con ello el crecimiento y la creación de

empleo.

Esta crisis no es solo económico-financiera, sino medio-ambiental, social,

política y, en definitiva, de valores o de civilización. Sin encontrar un nuevo

paradigma que sustituya al ya viejo “productivismo” mediante el que durante décadas

se ha buscado la prosperidad, será difícil vencerla. El binomio “crecimiento-bienestar”

ha sido superado por la realidad. Y hasta pudiera imponerse la idea –como advierten

algunos autores- que: “Con el comienzo del largo declive las condiciones económicas

que hicieron posible el proyecto de reformar el capitalismo han desaparecido para no

volver más.” (Dylan, Riley. Los herederos de Bernstein. New Left Review, nº 76,

Sep/Oct. 2012, Ed. Akal, p.123). De ahí la urgente necesidad de alternativas

transformadoras para recuperar el progreso social con equidad.

Estamos viviendo la aplicación a escala nacional de las medidas impuestas por el

neoliberalismo capitalista global, sin haber articulado líneas de resistencia nacional e

internacional. Así, las medidas de ajuste aplicadas por presión de los mercados, han sido

percibidas por amplios sectores de la ciudadanía como injustas por suponer un reparto

desequilibrado de las cargas, perjudicial para quienes no han sido responsables de la

crisis que padecemos. Pero además, han fortalecido el predominio de las formaciones

políticas de derecha y extrema derecha en toda la UE y el mundo capitalista.

Estos días vemos cómo en España se confrontan abiertamente dos dinámicas

distintas. Una es la de un capitalismo en crisis, con consecuencias sociales devastadoras.

7

La otra es la dinámica de un sistema democrático con reconocidas insuficiencias y con

innegable crisis de la representación política, lo que origina desapego de la ciudadanía

y, en sentido inverso, demandas de nuevos cauces de participación democrática. Lo

crítico de la situación es que la lógica económica apunta en una dirección y la

democrática, en otra. Por ello, hay que superar los planteamientos deterministas de los

mercados, necesitamos un nuevo modelo (alternativo) que no deprede los recursos del

Planeta ni se sustente en la sistemática explotación de las personas, pues las

consecuencias a la vista están. Y el nuevo paradigma debe establecer las bases de una

sociedad socialista, que todavía no somos capaces de reivindicar con más fuerza y

mayor convicción.

La separación de la economía y la política fiaba a la “mano invisible” del

mercado el crecimiento –rápido y dilatado- ¡y hasta la eficiencia en el reparto de la

riqueza! Al tiempo que los neoliberales anunciaban que los “ciclos económicos” eran

propios del capitalismo industrial y que había llegado el momento del crecimiento

indefinido.

En los ámbitos laborales se sustituía la “centralidad del trabajo” por la

“empleabilidad”, disminuían las rentas del trabajo en el porcentaje de la renta nacional y

aumentaban exponencialmente las rentas de actividades especulativas, las clases

populares y medias perdían capacidad adquisitiva y se les ofrecía crédito fácil para

endeudarse (estímulo a la demanda), se cuestionaban/recortaban los derechos sociales y

las transformaciones que generaban los procesos económicos globalizadores (sin control

institucional, ni orientación política global) quebraban la lógica redistributiva interna –

basada en la justicia social y la solidaridad- del Estado de Bienestar. El trasvase de

rentas a los privilegiados que se impulsaba desde los gobiernos de ideología

neoconservadora incrementaba las desigualdades y “empobrecía” amplios sectores de

los asalariados y de las asalariadas. Y “esta polarización de las rentas, con gran

crecimiento de las del capital a costa de las del trabajo, es el origen de las crisis

económicas y financieras” (Vicenç Navarro: Capital/Trabajo. El origen de la crisis

actual. Le Monde Diplomatique (en español). Julio 2013, p. 3).

Con la eclosión de la crisis, muchos señalaron los gravísimos errores del modelo

de globalización capitalista; hasta genuinos defensores del “libre mercado” parecieron

tornarse fervientes partidarios del keynesianismo y de la intervención estatal en la

economía. Sin embargo, una vez que poderosos intereses minoritarios consiguieron que

las quiebras de grandes conglomerados financieros privados fueran “asumidas” por el

Estado y “ transferidas” al erario público; desde sectores privilegiados, distintas

entidades corporativas y determinados ámbitos institucionales se retomó la perspectiva

del neoliberalismo sobre los diagnósticos y la fórmula para gestionar la crisis, al tiempo

que se trataban de ocultar las contradicciones en el propio sistema económico y las

graves consecuencias sociales a las que conducían nuevamente el fundamentalismo

liberal de mercado; todo ello con el objetivo de recomponer y aumentar las tasas de

ganancia, la concentración de poder y la consolidación de los privilegios de la elite

capitalista global.

Como constataba el Manifiesto de Economistas Aterrados, “La crisis económica

y financiera que ha sacudido el mundo en 2007 y 2008 no parece que haya debilitado el

dominio de los esquemas de pensamiento que orientaban las políticas económicas

8

desde hace treinta años. No se han puesto de ninguna manera en cuestión los

fundamentos del poder de las finanzas. En Europa, por el contrario, los Estados, bajo

la presión de las instituciones internacionales y de las agencias de calificación, aplican

con renovados bríos unos programas de reformas y de ajustes estructurales que ya

demostraron en el pasado su capacidad de incrementar la inestabilidad y las

desigualdades. Estas medidas van a agravar aún más la crisis europea” (Ed. Barataria,

3ª ed. Abril 2011, pp. 7-8). Resultando, día a día, más evidente que,…“para salir de la

crisis sobre todo habría que distribuir mejor la renta, no sólo por razones de equidad,

sino para mantener el crecimiento.” (Josep. Borrell y Andreu Missé. La crisis del Euro.

De Atenas a Madrid, Ed. Turpial. 2012, pp.118-119).

En cambio, la persistencia en el mantenimiento del dogma neoliberal, como

opción “política” unidireccional del capitalismo, ha “inducido” la recesión económica y

su prolongación, yugulado las posibilidades de recuperación, destrozado la cohesión

social y acentuado el rechazo de la ciudadanía a la práctica de la política institucional.

Ahora bien, la socialdemocracia que históricamente ha conseguido logros como

la extensión de la Educación, la Sanidad, la Seguridad Social y el derecho al trabajo,

constituye un modelo propio de organización social. Modelo que hubiera podido

consolidarse como verdaderamente alternativo al liberalismo económico, con un

proyecto de cambios y profundas reformas del sistema capitalista, pero al renunciar al

control del capital y los medios de producción ha perdido su capacidad de cambiar el

sistema.

La claudicación, en principios y valores, de los partidos socialistas y

socialdemócratas europeos ante el neoliberalismo y sus dogmas antisociales, dejó el

campo abierto a la imposición de las fuerzas políticas derechistas, expresión de los

poderes reales económicos, sociológicos, ideológicos y mediáticos, que nos han

llevado una situación de mayor desigualdad, menos democracia, más injusticia y más

violencia.

La superación de la situación actual no puede venir del neoliberalismo y del

capitalismo especulativo sino de proyectos emancipadores (el socialismo) que

respondan, económica, social y políticamente a los retos que ha de afrontar la

humanidad en este siglo XXI. Las políticas del socialismo democrático, que debe tener

como objetivos el control democrático de la economía para el bienestar de la gente, son

la alternativa emancipadora capaz de sacarnos de esta insolidaria y dañina “dictadura de

los mercados” y de sentar las bases para sustituir al actual sistema. Frente a las

imposiciones del capital; han de ser los poderes democráticos, quienes impongan

nuevas normas y refunden nuevos instrumentos (BM, OMC, FMI, NN.UU u otros)

capaces de garantizar una gobernanza mundial puesta al servicio del desarrollo de los

pueblos, de la justa distribución de la riqueza y de la igualdad de oportunidades para

todos los países.

1.2. LA CRISIS DEL MODELO CAPITALISTA

En el origen de la Crisis actual se han repetido de manera asombrosa algunos de

los factores que provocaron la Depresión del 29, y sin embargo las fórmulas que se

están aplicando son casi las contrarias que permitieron superar aquella crisis. Entonces

9

se recurrió al Estado como impulsor de la demanda global, aunque ello fuera con un

déficit transitorio. En la actualidad, se ha defendido a toda costa y se persiste en el

mismo enfoque de la contracción del gasto público, aunque profundice la depresión de

toda la economía. Incluso se acepta una infrautilización de la capacidad productiva que

afecta de manera desastrosa la productividad de la economía en su conjunto, y eso

probablemente de forma duradera, precisamente cuando hay que recuperar el progreso

innovador para transitar hacia una economía social y ecológicamente más sostenible.

En todo caso, tanto la solución aportada a la crisis del 29 que mitigó los efectos

de la misma en la clase trabajadora, como la propuesta actualmente que de una forma

clara endeuda y empobrece a los ciudadanos y ciudadanas para beneficiar y salvar

descaradamente al capital, solo tienen un objetivo: la pervivencia del sistema de

dominio capitalista. Y en ninguno de los dos casos se han puesto las bases para

establecer un sistema socialista donde los medios de producción pertenezcan a la

sociedad y estén al servicio del bienestar de las personas y de la colectividad. Basta

analizar las transformaciones dictadas por el neoliberalismo en las últimas décadas para

advertir que “El resurgimiento de prácticas especulativas y la atenuación de los

controles reguladores en la Edad de Plomo también han creado condiciones para que

las preocupaciones primordiales de los capitalistas financieros… se consagraran como

parámetros determinantes de la política económica de los países de Occidente”.

(Robert Pollin. El actual estancamiento económico en su perspectiva mundial. New Left

Review. 5, Ed. Akal, 2000, Madrid, p. 128).

El Estado ha jugado el papel intervencionista al salvar (recapitalizar) los bancos

(a su propia demanda), pero no ha sido capaz de exigirles responsabilidades por su mala

gestión, ni de plantearse la creación de una banca pública eficiente al servicio del

conjunto de la sociedad. En definitiva, el poder público ha intervenido en los ámbitos

económicos y financieros sin una voluntad política clara de defensa del bien común.

Hace falta un nuevo modelo económico-social y un cambio en las reglas de

juego de las relaciones entre política y economía. Resulta paradójico que tras las

primeras reacciones interventoras de los gobiernos para evitar el colapso del sistema, “a

las pocas semanas los mercados de bonos estatales ya estaban exigiendo planes para

reducir el déficit moderando el gasto público y en particular la protección social”,

cuando precisamente “las actuales tribulaciones de las economías de la OCDE

provienen de las tendencias impetuosas inducidas por el neoliberalismo y la

globalización…” (Blackburn, Robin. Crisis 2.0. En New Left Review, Nº 72, Enero –

Febrero 2012, Ed. AKAL, Madrid, p. 31 y 33).

Desde la última década del s. XX, en el contexto de la globalización, la

desregulación financiera facilitó la multiplicación de las prácticas especulativas y las

condiciones del capitalismo financiero se consagraron como parámetros determinantes

de la política económica e, incluso, de la acción institucional en muchos países. “Las

fantasías de prosperidad y progreso personal ilimitado desplazaron cualquier interés

por la liberación política, la justicia social o la acción colectiva” hasta el punto de que

los años 90 fueron “la primera de dos décadas perdidas”. (Tony Judt. Algo va mal.

Taurus, 2001, Madrid, p. 218).

Frente a las posiciones “acríticas” en política económica respecto a las opciones

10

neoliberales, se nos quiere hacer creer que la actual crisis económica, en su mayor parte,

es el resultado de deficiencias graves del capitalismo liberal, cuando en realidad la

sucesión de crisis del sistema son consustanciales al mismo. El creciente predominio

ideológico de los neoconservadores sustituyó el paradigma keynesiano en las políticas

públicas por la desregulación neoliberal y trajo la pretensión de reducir el Estado de

Bienestar -mediante privatizaciones, regresividad fiscal y limitando los bienes públicos-

al “Estado mínimo”. En tal ambiente pocos percibieron con antelación las zonas de

sombra en el sistema financiero, la gran burbuja “especulativa” que se había generado y

el pernicioso efecto de tales excesos en las economías reales.

El auge “sin control regulador” de la “globalización financiera” hacía muy

vulnerables no sólo a los mercados ante cualquier problema bancario de liquidez;

también a la economía productiva y al conjunto de la sociedad, sobre todo a los

trabajadores (asalariados y autónomos). Al quebrar los grandes bancos estadounidenses,

en septiembre de 2008, la crisis financiera se “transmitió” de inmediato a todos los

países y sus réplicas en la economía real y en los mercados laborales se ha traducido en

“el retorno de la economía de la depresión” (Paul Krugman. El retorno de la economía

de la Depresión y la crisis actual. Ed. Critica, 2009, Barcelona), acentuándose las

problemáticas estructurales; mientras que la falta de equidad social se tornaba contra

productiva.

Igual que en anteriores crisis, los causantes de la catástrofe pidieron la

intervención del Estado: “Con una celeridad pasmosa, los mismos argumentadores que

acusaban al Estado de dirigista, tentacular, hipertrofiado, impotente, parasitario,

asfixiante, estrangulador de la iniciativa privada, aniquilador de la competencia,

responsable del subdesarrollo, corrupto e ineficiente, pasaron a reclamarle –esto es al

erario público- salidas intervencionistas.” (Juan Carlos Monedero en su Introducción a

Robert Jessop, El futuro del Estado capitalista. Catarata, 2008, Madrid, p. XIV). En

efecto, la “teoría del mercado eficiente” había estallado y en las primeras fases de la

crisis (en el “centro” del sistema), los Estados destinaron ingentes sumas a “salvar el

sistema financiero”, a paliar las consecuencias sociales más graves de la crisis y a

impulsar la recuperación de la economía productiva y del empleo, mediante medidas

keynesianas contra cíclicas y de protección, aplicadas por los gobiernos que parecían

haber recuperado la importancia y necesidad de la política y de las políticas públicas en

el “puente de mando” de los procesos económicos.

Se pretendía que la reactivación y el relanzamiento debían acompañarse de los

cambios para corregir desequilibrios, crecer de una forma más sostenida y armónica,

impulsar un nuevo modelo productivo, crear empleo estable y seguir desarrollando un

modelo social más integrador y solidario. Pero los organismos supranacionales, las

instituciones europeas y los gobiernos no implementaron las políticas alternativas para

corregir la deriva del capitalismo en las últimas décadas; resultando que las quiebras y

deudas de corporaciones financieras privadas fueron “transferidas” al Estado y, ahora,

las elites del capitalismo –causantes y responsables del hundimiento- exigen el

desmantelamiento de las políticas sociales y extraen beneficios de las privatizaciones

de bienes y servicios públicos. Por ello, no se recupera la economía real, continúa la

recesión y las condiciones de trabajo, el empleo y el bienestar de la ciudadanía

retroceden constantemente.

11

La gravísima crisis, muestra que “una vez más es evidente que las operaciones del

sistema económico han de ser analizadas históricamente como una fase y no como el

fin de la historia, y de manera realista, es decir, no en términos de un equilibrio de

marcado ideal, sino de un mecanismo intrínseco que genera crisis periódicas

susceptibles de cambiar el sistema. La actual puede ser una de ellas…” (Hobsbawm,

Eric J. Cómo cambiar el mundo. Marx y el marxismo 1840-2011. Crítica, 2012,

Barcelona, p. 424). La superación de la crisis no vendrá de “reformar” el capitalismo,

sino desde ideologías transformadoras que cambien el sistema para afrontar los desafíos

que nos plantea el siglo XXI.

1.3. DEBILIDADES SOCIALISTAS EN LA UE.

Tal y como han analizado P. Krugman, J. Stiglitz, V. Navarro, J. Estefanía, J.

Borrell, J.V. Sevilla, J. Torres López… se podría decir que esta crisis se gestó desde las

dos últimas décadas del s. XX. Según dice Wolfgang Streeck, “en los orígenes

políticos de la crisis financiera” se sitúa una contradicción entre democracia política y

capitalismo de mercado, por lo que “desde 2008, el conflicto distributivo inherente al

capitalismo democrático se convirtió en una lucha encarnizada entre inversores

financieros mundiales y Estados nación soberanos…”(Wolfgang Streeck. La crisis de

2008 se inició hace cuarenta años, en Le Monde Diplomatique, Enero 2012, pp. 10 y

11).

La enorme virulencia destructiva de esta crisis se había incubado con el

progresivo “declive de la socialdemocracia”; ya que “con los cambios fiscales que se

han venido produciendo desde los ochenta, las rentas elevadas han visto disminuir su

tributación y las más elevadas han quedado al margen de la tributación progresiva. Esta

pérdida de capacidad redistributiva del Estado constituye, en nuestra opinión, un

indicador elocuente del dominio de la economía sobre la política sino de la pérdida de

calidad de la democracia” (José Víctor Sevilla. El declive de la socialdemocracia. RBA,

2011. Barcelona, p. 27). Y la consecuencia ha sido la “gran divergencia” (P. Krugman)

que ha propiciado –desde la política- la enorme acumulación de riqueza en la

plutocracia y empobrecido a todos los demás.

Esa “redistribución hacia arriba” no es el resultado sólo del funcionamiento del

mercado o de la globalización; sino realización de unas políticas deliberadas dictadas

por el neoliberalismo que han quebrado el compromiso social, sin que la

socialdemocracia haya sido capaz de frenar esta deriva desde unos planteamientos

dubitativos y unas políticas insuficientes (de las “terceras vías”) que, incluso en la larga

fase del crecimiento desde 1995 a 2007, no atemperaron las tendencias al aumento de

las desigualdades y a un creciente desequilibrio en la distribución de la renta.

Al posible efecto redistributivo de las prestaciones sociales se contraponían unas

políticas fiscales regresivas que favorecían la acumulación de rentas en el juego de la

especulación financiera y limitaban la capacidad del Estado como redistribuidor. Al

tiempo, las privatizaciones de bienes y servicios públicos fortalecían determinados

intereses oligárquicos y debilitaban las políticas de Bienestar. La renuncia del Estado y

la política a su papel de regulación y control de los ámbitos de poder y actuación de las

elites del capitalismo ha conducido a la actual situación. Ahora, para la defensa de lo

público y del bien común, no sólo es necesaria una distribución más equitativa de la

12

riqueza mediante el aumento de la presión tributaria sobre las rentas y patrimonios

elevados que obtienen escandalosos beneficios y plusvalías; también resulta esencial

priorizar medidas para que la acumulación de bienes y capital redunde en favor de

corregir los graves desequilibrios sociales para una mayor igualdad y el bienestar

colectivo.

En el escenario de predominio neoliberal y “claudicación” de la socialdemocracia;

la crisis financiera mundial desencadenada por las quiebras bancarias en el verano de

2008 derivó en una gravísima crisis económica, con enormes repercusiones en los

sectores productivos, sobre trabajadores y empresas y en el mercado laboral. Tales

repercusiones han causado una profunda crisis social (fuerte incidencia sobre las clases

populares y medias) y la deslegitimación de la política por la incapacidad y la falta de

voluntad de la acción institucional para adoptar medidas que responsan al interés

general y gestionar la situación en beneficio de la ciudadanía frente a las presiones de

los especuladores y la creciente autonomía de “los mercados”. Éstos no sólo se sustraen

a la regulación y control de los poderes públicos sino que en su juego de maximizar el

beneficio sin riesgos tratan de dictar e imponer –desde intereses espurios y poderes

opacos- medidas de ajuste “permanente” que estrangulan la recuperación de la

economía productiva e imposibilitan mantener las políticas de bienestar y protección

social.

Si diversos autores consideraron que la socialdemocracia realmente fue la

“vencedora” de la confrontación de la postguerra entre capitalismo liberal y comunismo

al conseguir mediante pactos sociales un mayor bienestar de los trabajadores, ello fue a

costa de dejar el verdadero poder en manos del capital, capaz de dar y quitar en función

de sus propios intereses. Posteriormente los partidos socialdemócratas han colaborado

con los partidos de derechas en el establecimiento de una legislación, unas instituciones

y unas estructuras que comenzaron a debilitar el llamado “estado social”. En este

proceso se han consolidado las estructuras capitalistas, pero sobre todo no se ha

fortalecido como contrapeso un poder social, ni se han creado suficientes bases

fundamentales para avanzar hacia un Estado de bienestar socialista, que no esté

sometido a los vaivenes y el control de las fuerzas del capital transnacional que adoptan

la ideología neoliberal.

En expresión de Jürgen Habermas: “Por lo tanto, la socialdemocracia ha pagado

dos veces por su éxito. Ha renunciado a la democracia radical y ha aprendido a vivir con

las indeseables consecuencias del crecimiento económico capitalista, así como con las

peculiaridades inherentes a un mercado de trabajo que entraña riesgos que las políticas

de bienestar pueden paliar, pero no eliminar.” (Habermas, J. ¿Qué significa el

socialismo hoy? La revolución rectificadora y la necesidad de renovación de la

izquierda. New Left Review. Nº 70, Set/Oct. 2011, pp. 88-107. Akal, Madrid, p. 99).

En todo caso, hablar de capitalismo democrático es un eufemismo, ya que el capitalismo

genera -y se basa- en la concentración y acumulación de la riqueza en pocas manos para

mantener el poder, y no tiene como fin el reparto equitativo de la misma.

La panacea de un cierto modelo social de “estado de bienestar” a la que la

socialdemocracia sigue aferrada, tiene la contradicción de que son los poderes del

capital los que, en función de sus intereses y del equilibrio de fuerzas, amplían o

reducen este bienestar, que sigue bajo su control. Y lo más desgarrador de esta

13

colaboración es que, en bastantes casos, ha creado dependencias y connivencias entre

ciertos sectores de la socialdemocracia, que han desembocado en una “plutocracia”

interesada y alejada de la sociedad real, y que (en último término) es incapaz de

cuestionar el sistema del que se beneficia, ocasionando la desconfianza de la ciudanía

en la capacidad transformadora de la política para avanzar hacia el auténtico Estado de

Bienestar socialista, bajo control de la sociedad.

A tal efecto, Josep Fontana, comenta: “Uno de los rasgos más negativos de la

respuesta a la crisis fue que los gobiernos desoyeron sistemáticamente las opiniones de

una serie de economistas de prestigio – incluyendo a premios Nobel como Solow,

Stiglitz o Krugman- , que sostenían que los más importante era invertir en crear puestos

de trabajo para reanimar la demanda, utilizando los recursos que pudieran obtenerse

con una mayor presión fiscal sobre las empresas y sobre las grandes fortunas, sin temor

a recurrir al endeudamiento, si era necesario. En lugar de ello optaron por una política

de restricción del gasto en servicios sociales, a costa de mantener baja la fiscalidad de

las empresas. Los gobiernos europeos imitaron también a los Estados Unidos en esos

planteamientos, y transportaron así a sus países una dinámica social que les era

extraña” (J. Fontana. Por el bien del Imperio. Una historia del Mundo desde 1945. Ed.

Pasado y Presente. Barcelona, 2012, p. 944). Al tiempo se imponían la versión de la

ultraderecha norteamericana de que era el exceso de gasto del Estado el causante del

sobreendeudamiento y hasta de la quiebra financiera. Así, la elite de los negocios

consiguió “desviar el foco del debate a la deuda nacional … para disfrazar su

culpabilidad colectiva y su corrupción” e “imponernos austeridad al resto de nosotros”,

lo que –para ellos- “ era esencial para evitar verse obligados a pagar las consecuencias

de su ineptitud y su indiferencia” (Peter Radford, referido por J. Fontana, Op. Cit, p.

946).

La aceptación por los gobiernos de la Unión Europea (UE) de esa visión de “los

mercados” y del ideario “tea party” de cuestionamiento del Estado y de las políticas

públicas ha imposibilitado la recuperación, puede provocar la ruptura de la Eurozona y

una regresión social: desconfianza de la ciudadanía en la acción de la política

democrática como expresión de la voluntad general y del interés colectivo. En la UE, las

consiguientes turbulencias inducidas en los mercados de deuda soberana han sumado

una crisis fiscal e institucional a la gravedad de la situación económica y social; debido

a la ausencia de un marco consistente de respuesta a la crisis alternativo a los dogmas

ideológicos y prácticas económicas de quienes la causaron y desencadenaron…y que

han sido “importados” e impuestos desde el dramático mayo 2010 en la UE –en plena

Presidencia Española- mediante duras políticas de ajuste y reducción del déficit

público, dictadas en la práctica por la recurrente volatilidad interesada de “los

mercados”, como única respuesta y sin perspectivas ciertas de recuperar la estabilidad

macroeconómica, el empleo, la economía productiva y sin que se hayan planteado

seriamente nuevas políticas impositivas más equitativas que proporcionen más recursos

presupuestarios y mayores márgenes para las políticas públicas de impulso a un nuevo

modelo de desarrollo más sostenible con mayor cohesión social y territorial. La negativa

deriva actual de la UE se debe a la escasa coordinación de las políticas económicas en la

zona Euro, propiciadas por una falta de instrumentos normativos, y a la impotencia del

poder político para plantear medidas socialdemócratas y keynesianas que acompañaran

la recuperación progresiva de los equilibrios macroeconómicos impulsando otro modelo

productivo y reactivando las políticas sociales.

14

Si la crisis fue originada por la imposición, a la acción de Gobierno, del dictado

neoliberal que ha beneficiado sobremanera al 1% de mega-ricos; resulta rotundamente

falso que los triunfadores del siglo XX fueran la democracia liberal y el capitalismo.

Realmente fue el consenso socialdemócrata entre capital y trabajo sobre el Estado de

Bienestar con sus políticas públicas de compensación/ corrección de las desigualdades

mediante la reasignación de bienes y recursos a favor de la universalización de la

sanidad, la educación, las pensiones y los servicios sociales, con las políticas de

progresividad fiscal para un reparto más equilibrado de las rentas y, en definitiva, el

contrato social que beneficiaba a todos los sectores compatibilizando interés privado y

responsabilidad pública-colectiva-social , quienes consiguieron el éxito de occidente .

Pero las insuficiencias de los débiles liderazgos socialdemócratas y sus

programas, en la última década del siglo XX, y la retracción a plantear el avance hacia

el socialismo democrático, facilitaron la imposición de la política de la desigualdad,

cuando el proyecto de élites insolidarias bajo la bandera de la libertad de mercado y las

ventajas de las privatizaciones y la “desregulación” subordinó la acción política y hasta

la economía productiva a la codicia de los directivos de las grandes corporaciones, a los

intereses del capitalismo “financiero” y a una minoría de muy ricos que absorbían el

crecimiento económico (mientras el crédito endeudaba a las familias y empresas) y

buscaba imponer sus condiciones al sistema político. Desde hace más dos décadas, en la

pasada fase de expansión “los “ricos” han ganado más y han pagado menos

impuestos…” y los desequilibrios de renta en las sociedades occidentales han llegado a

ser sencillamente monstruosos, al tiempo que la creciente desigualdad iba tornándose

contraproductiva. (J. Borrell).

No nos engañemos, la UE que hemos construido es la Europa del capital y no de

los ciudadanos. El entramado reglamentario europeo es un edificio capitalista sin

paliativos, las actuaciones y medidas aconsejadas e impuestas por Europa no son más

que la aplicación de una normativa “ad hoc” en la más pura lógica capitalista. Pretender

atribuir la actual situación sólo al auge del neoliberalismo es cerrar los ojos ante una

legislación que se ha ido tejiendo desde el año 1957, y en la que la socialdemocracia ha

colaborado de forma sistemática difuminando, cuando no perdiendo, sus valores

socialistas. No olvidemos que el Tratado de Maastricht en gran parte fue obra de J.

Delors, así como la estructura del BCE y la implantación de euro sin contrapartidas

fiscales, presupuestarias, ni sociales.

Mantener este discurso conlleva siempre el peligro de que se nos acuse de anti

europeístas, cuando en realidad lo que estamos pidiendo es una Europa más social y de

los ciudadanos y no del capital, porque nosotros sí creemos que Europa ha

desarrollado grandes valores de igualdad, respeto a la pluralidad, democracia, justicia

social y dignidad humana que no podemos abandonar y resultan esenciales para

abordar la actual situación. La cruda realidad muestra que esa reiterada imposición del

fundamentalismo del mercado, ha sido facilitada porque durante años la

socialdemocracia europea fue asumiendo buena parte de las tesis económicas del

neoliberalismo; perdiendo la ocasión –al caer el muro de Berlín- de reivindicarse a sí

misma como alternativa socialista al sistema capitalista. Pero al retraerse y no marcar

nítidamente sus diferencias en materia económica y social con el centro y la derecha, los

partidos socialdemócratas abandonaron posiciones progresistas, perdieron el apoyo de

quienes pretendían, al menos, una profunda reforma del sistema capitalista y, sobre

15

todo, de los que consideraban que la globalización necesitaba reglas de control social y

alternativas políticas.

Una gran parte de los dirigentes y programas de los partidos socialdemócratas

europeos no han tenido la voluntad de elaborar un discurso coherente y plantear una

alternativa válida, en correspondencia con los valores de la izquierda y las aspiraciones

de la mayoría social. Y los movimientos populares deslegitiman progresivamente los

comportamientos de los teóricos dirigentes, representantes de la ciudadanía, que se

aferran a estructuras, modos de representación, formas de control, actuación y

privilegios adquiridos que han quedado caducos. Aparece con fuerza un clamor de

igualdad, justicia, equidad y transparencia fomentado por una información cada vez más

abierta, libre y al alcance de los ciudadanos de a pie.

La UE y los gobiernos europeos no han tenido suficiente capacidad política para

actuar sobre el sistema financiero y facilitar la liquidez necesaria que permitiera a las

familias y empresas contar con los recursos suficientes para poder estimular la

economía real, bloqueada por la escasez de crédito; y tal “sequía” financiera ha causado

múltiples cierres empresariales, millones de parados y el destrozo de buena parte de la

economía productiva. Los efímeros estímulos con los que los gobiernos europeos

intentaron reactivar la economía, junto con el incremento del gasto público exigido por

la crítica situación social, incrementaron los déficits presupuestarios que se cubrieron

con más endeudamiento público y en las economías más afectadas de la eurozona, con

excesiva deuda privada. Y las tesis neoliberales de los “mercados” impusieron a los

gobiernos el final de los estímulos y durísimos ajustes para cuadrar las cuentas públicas

en cuatro años, cuentas sobre las que se había traspasado y cargado el saneamiento del

sistema financiero. Así la reducción de los gastos sociales y de inversión, la bajada de

los impuestos directos pero incrementando los indirectos, la reducción de los salarios

reales y las privatizaciones de bienes y servicios públicos son un ataque directo del

capitalismo especulativo (causante del desastre) al estado de bienestar, para garantizar el

cobro de sus abusivos créditos e incrementar la tasa de ganancia a costa del

empobrecimiento de la población actual y de privar de un futuro mejor a la jóvenes

generaciones.

Ahora, la crisis muestra con toda su dureza la debilidad política de la UE. Y que

las instituciones comunitarias y gobiernos europeos no han sido capaces de articular las

medidas para salir de ella: Se contaba con una moneda común, pero se carece de una

política económica y fiscal comunitaria imprescindible para abordar la situación en

conjunto. Falta visión de futuro y voluntad política para –desde una auténtica soberanía

compartida- articular la “unión presupuestaria”, relanzar la inversión productiva y la

innovación, corregir los viejos y nuevos desequilibrios, diseñar políticas sociales

equitativas y avanzar en la democratización, transparencia, participación de la

ciudadanía y en mejorar la representatividad de las instituciones comunitarias. En

palabras de Michel Aglietta: “La eurozona ha llegado a una encrucijada histórica. Una

salida sostenible de la crisis requerirá un cambio decisivo de su filosofía política.”

(Aglietta, M. El vórtice europeo. New Left Review, nº 75 (Jul./Agos 2012), pp. 15-34.

Ed. Akal, Madrid, p. 34).

Las conclusiones del Consejo Europeo celebrado los días 27 y 28 de junio de

2013 vienen a reconocer tardíamente los errores de las políticas de austeridad aplicadas

16

en su máxima expresión en los paises del sur de Europa. Los perversos efectos de esas

politicas sobre las tasas de paro y el desempleo juvenil, las politicas privatizadoras y

aniquiladoras de los servicios públicos y del tejido productivo, la reducción del Estado a

sus mínimos vitales y la subordinación de los poderes políticos democráticos a los

poderes económicos extraterritoriales, opacos, desregulados y sin control real. Las

medidas adoptadas en ese Consejo no son sino un torpe maquillaje preelectoral

adoptado por la derecha alemana y europea, con la lamentable complicidad seguidista

de gran parte de la socialdemocracia europea, y sin que se vislumbre un giro profundo

en esas políticas.

La reelección de Ángela Merkel en Alemania va a fortalecer la construcción de

una Unión Europea insolidaria, que va a seguir desmantelando el estado de bienestar

devorado por las fauces del neoliberalismo y sus políticas favorecedoras de las

desigualdades entre las personas y de los desequilibrios territoriales. La idea de una

Europa alemana, de una Alemania conservadora, que busca fortalecer su hegemonía en

el mercado europeo parece consolidarse.

Del SPD depende la búsqueda de una alternativa a esa Europa del capital y los

mercados que Merkel impulsa. Si el SPD conforma un gobierno de "gran coalición" con

la derecha alemana todo el socialismo europeo se resentirá negativamente. Los valores y

principios del socialismo democrático se alejaran de la conciencia de los pueblos que,

sin otro horizonte visible, caerán en el desanimo, la desconfianza y la resignación.

Y ello puede suceder, a pesar de que los partidos progresistas y de izquierda

alemanes (SPD, Los Verdes y De Linke), sumados, han ganado las elecciones y tienen

mayoría parlamentaria suficiente para formar un gobierno de progreso.

Hoy los socialistas alemanes en la oposición y los socialistas franceses en el

gobierno tienen la responsabilidad compartida de poder ser motores del socialismo

europeo y sus enterradores.

Finalmente, las negociaciones de la Unión Europea con Estados Unidos en el

marco teórico de una política de libre cambio que puede favorecer las privatizaciones y

fomentar el poder de las grandes corporaciones, son una prueba más de que esta Unión

Europea, hegemonizada por los mercados, prima como objetivo el fortalecimiento del

capitalismo y del dominio de los poderes privados frente a los valores del modelo social

europeo, el Estado de Bienestar, la política al servicio del bien común en representación

del interés público y la participación ciudadana democrática.

1.4. EL FACTOR DIFERENCIAL DEL CRECIMIENTO

ESPAÑOL

En España, los años de crecimiento económico (hasta 2007) impulsado por el

boom inmobiliario, encubrían notables debilidades: “un gran número de puestos de

trabajo creados eran de salarios bajos y en buena parte temporales; los salarios crecieron

menos que el empleo por primera vez en varias décadas”, perdió “capacidad

redistributiva “la “imposición de la renta” y también disminuyó el “efecto redistributivo

de las prestaciones sociales monetarias” (Estefanía, Joaquín. La economía del miedo.

Galaxia Gutemberg-Círculo de Lectores, dic. 2001, Barcelona, pag.303). Y mientras

17

crecían los beneficios especulativos, la inversión productiva en otros sectores de nuestra

economía (consolidados y emergentes) con notables potencialidades no alcanza el

suficiente impulso para un crecimiento más sostenible y diversificar nuestro modelo de

desarrollo.

Con tales antecedentes y contexto, al desencadenarse la crisis, en España la

masiva destrucción de empleo en el sector de la construcción arrastró rápidamente a la

producción de bienes de consumo y al sector servicios, registrándose un espectacular

aumento del paro y el crecimiento de los indicadores de pobreza que alcanza a las clases

populares, clase obrera, trabajadores/as, profesionales, funcionarios/as pequeños/as

empresarios/as y a las capas medias de la sociedad. Por lo tanto, si antes de la crisis -en

los años de bonanza- las políticas sociales durante la primera legislatura del Gobierno

Rodríguez Zapatero con un incremento demasiado moderado del gasto social no

atemperaron las desigualdades (faltó progresividad fiscal) , ni las posibilidades de

mayores inversiones públicas y privadas lograron cambiar un modelo productivo

lastrado por las políticas económicas del anterior Gobierno de Aznar (que vincularon el

crecimiento al boom inmobiliario); parece confirmarse que una de las claves más

importantes de la Crisis económica reside en el acelerado aumento de las desigualdades.

Por ejemplo, en España hay empresas cuyo abanico salarial es de 1 a 1.200. Ahora bien,

hay desequilibrios aún más injustos, como los que se basan en la pura propiedad de

medios de producción sin que el beneficiario contribuya a la producción, o en la

posesión de un patrimonio que daba lugar a unas rentas desproporcionadas, como ocurre

con muchos inmuebles.

El FMI reconocía en un reciente informe sobre España que este era uno de los

países en los que se estaba registrando una de las mayores ampliaciones de la

desigualdad en la distribución de la renta y en el aumento de la pobreza. La década

expansiva que concluyó con el inicio de la crisis ya había ensanchado

significativamente esa desigualdad, datos respaldados por EUROSTAT. Probablemente

estamos ante la clave más importante de la crisis actual. Nos referimos a una

desigualdad tan extraordinaria que hace imposible una economía sostenible y

productiva. Por un lado, expulsa de manera continua de la actividad económica y la

posibilidad de subsistencia a una proporción cada vez más amplia de la población. Por

el otro, genera unas rentas que unas veces tienen una contrapartida productiva, pero tan

desproporcionadas que resultan casi inhumanas; otras, carecen de justificación, pues son

fruto de la especulación, o de la acumulación (herencias).

Además, en España han incidido especialmente en la mayor virulencia de la crisis

económica factores como la desindustrialización, la falta de cultura empresarial, el

fracaso del modelo de crecimiento basado principalmente en la construcción y el crédito

fácil que ha estallado, llevando a nuestro País a una situación de sobreendeudamiento

en muchas empresas y familias, de quiebras bancarias y de exceso de apalancamiento en

el sector privado, a lo que se suma la presión especulativa y de poder ejercida por los

mercados sobre el Gobierno de la Nación.

Las salidas propuestas vienen siendo en la misma dirección, siempre con el

pretexto del déficit y de la deuda soberana: adelgazar o reducir el Estado de Bienestar

(no sólo en recursos, sino en derechos); abaratar los costes salariales y aumentar más la

precariedad laboral; atacar y debilitar a los sindicatos y empobrecer la democracia. Así

18

se vienen sucediendo medidas lesivas para los trabajadores y para la mayoría de los

ciudadanos a través de “reformas” neoliberales impuestas desde la UE, principalmente

orientadas al mercado de trabajo y a las políticas sociales (educación, sanidad,

dependencia…), primero con el “giro” del Gobierno Socialista (mayo 2010) y, a partir

de enero de 2012, con los brutales recortes del Gobierno del PP que desmantelan el

Estado de Bienestar en beneficio de poderosos intereses privados y subordinan las

políticas presupuestarias al supremo interés de los mercados de capital; mientras que se

obstaculizan medidas de regulación del sector financiero y se impiden iniciativas de

equidad y solidaridad.

Con todos esos sacrificios impuestos a la población, la recuperación económica no

llega. Al contrario, con las “reformas” adoptadas y las que nos esperan, se anuncia más

recesión con más desempleo y mayor empobrecimiento y exclusión social, al menos

durante otros 3 años. La denuncia y contestación ante este grave deterioro económico,

social y político, viene siendo constante y generalizado durante este período tanto por

los Sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, como de otros colectivos sociales,

ciudadanos/as… Incluidas esporádicas apariciones del movimiento 15-M, ahora de

forma más unitaria en el conjunto de las movilizaciones.

La gravedad de la regresión e involución no viene solo de la falta de salidas a la

crisis (donde el papel de la UE es determinante), sino del deterioro político de las

instituciones democráticas que alcanza a un divorcio cada vez más creciente entre

ciudadanía y clase política que en lugar de intermediar con los ciudadanos se

autoabastece de sus, a menudo, erróneas e insuficientes apreciaciones , con el

subsiguiente riesgo de fractura social (modelo de convivencia y del Pacto

Constitucional) y de polarización o radicalización en los extremos de la vida política

ante la ausencia de respuestas y salidas justas a esta profunda crisis; como se aprecia al

hacer balance de la situación.

1.5. LAS MEDIDAS EUROPEAS FRENTE A LA CRISIS.

Los gobiernos conservadores de Europa mantienen con tenacidad su ideario

neoliberal. Con sus decisiones y decretos están sometiendo a sus ciudadanas y

ciudadanos –especialmente a los de la periferia europea- a durísimos “ajustes” con los

que pretenden eliminar los déficits de las cuentas públicas de sus estados por la única

vía de la reducción del gasto y negando toda posibilidad a la implantación de políticas

de estímulo al crecimiento. Así, la recesión no tiene fin y la destrucción de empleo

continúa. Lo más grave es que se escudan ante la opinión pública afirmando lo que la

realidad contradice: que no existe otra salida que la de reducir los salarios, abordar

“reformas estructurales” -que no son más que contrarreformas que restringen derechos-

y mantener una irracional austeridad, que se ceba en la progresiva destrucción de

servicios públicos. El empobrecimiento colectivo y la desigualdad social se acentúan de

forma insoportable, al tiempo que el enriquecimiento de una elite ha continuado su

escalada. Son las reglas de un juego infernal, impuesto por la Comisión Europea, de

una Unión Monetaria excesivamente dependiente de la influencia de Alemania y de las

políticas clásicas del FMI. Los datos, además de desmentir que ésta sea la salida de la

crisis -más bien se profundiza en la recesión- avalan nuestro firme rechazo a unas

políticas que, lejos de potenciar la cohesión social e integración europea, siguen

amenazando la supervivencia del euro, aceleran a un tiempo la consolidación de la

19

Europa a “dos velocidades” con más desigualdades y aumentan el riesgo de “estallidos”

sociales y de mayor desconfianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.

Nos encontramos ante un círculo vicioso que conduce de la recesión al rescate o

la intervención, del rescate a la reducción del gasto público, de esa reducción a mayor

recesión y más endeudamiento. Y vuelta a empezar ¿con un nuevo rescate? La

democracia ha sido suplida por la imposición de políticas que empobrecen, que

eliminan derechos y fomentan la exclusión de los ciudadanos de un proyecto común.

Comprobamos como los últimos años el neoliberalismo ha seguido imponiendo en

Europa, en nuestro país, y en buena parte del planeta, sus políticas de

desmantelamiento del estado social y democrático. Por eso sigue teniendo, si cabe, más

vigencia nuestra afirmación: “No hay futuro sin socialismo y sin democracia. Es

necesario ofrecer un programa alternativo ante la actual realidad… y con posibilidad

real de cambio y de superación de las injusticias del capitalismo”.

Evidentemente, las fuerzas progresistas, los socialdemócratas y los socialistas no

han sabido reaccionar para defender las conquistas sociales que la clase obrera y los

sectores populares alcanzaron tras décadas de lucha reivindicativa.

Por otra parte, la crisis sigue estimulando los sentimientos nacionalistas e

incluso en algunos países de la Unión, también los xenófobos. En estos últimos meses,

se han acentuado considerablemente. Basta observar cómo han crecido las reticencias

que algunos países de la eurozona han manifestado ante las posibles –e incluso

necesarias- ayudas a socios en gravísimas dificultades. También ha comenzado a

extenderse entre la opinión pública de esos países, que la Europa del Sur no ha hecho

más que malgastar los recursos recibidos de los fondos comunes y de vivir por encima

de sus posibilidades. Olvidan un hecho incuestionable: que los países de la periferia

europea, también han ofrecido sus avales soberanos para la formación de dicho fondo

común.

Además, esa opinión que tan insolidariamente esgrimen para justificar su

oposición, falsea las causas del problema de la deuda y de la crisis, dado que los

déficits no derivan del incremento del gasto, sino de la caída de los ingresos públicos

como consecuencia de la recesión provocada, precisamente, por esa irracional política

de austeridad que imponen las políticas conservadoras europeas.

Resulta urgente la celebración de una Conferencia Europea de los partidos

socialdemócratas, socialistas, progresistas y de izquierda que plantee cambiar

radicalmente los supuestos de la actual UE, y que sentara las bases para alcanzar una

autentica Europa social y federal. Los socialistas tenemos que abordar las próximas

elecciones europeas con un planteamiento nítidamente diferenciado del de la derecha;

los ciudadanos y ciudadanas no pueden caer en el escepticismo de “gane quien gane

harán lo mismo”.

Está en juego la credibilidad del proyecto europeo y la recuperación de la

confianza en la política democrática. Y solo desde la izquierda, la socialdemocracia y el

socialismo europeos, junto con las demás fuerzas progresistas, podrán ofrecer a los

países y ciudadanía de la UE las transformaciones que se necesitan para salir de la

20

regresión, recuperar los valores del progreso solidario e impulsar la cohesión social y

territorial. Sería una importante contribución a la democracia participativa y para

motivar a los ciudadanos y ciudadanas en el proceso de las elecciones europeas,

elaborar una normativa que estableciese y regulase un sistema de elecciones primarias

para las candidaturas al Parlamento Europeo.

1.6. ALGUNAS CAUSAS DE LA CRISIS Y SUS EFECTOS.

Reducción del déficit: las políticas de ajuste de las cuentas públicas

A la vista de los resultados; las pretensiones, principalmente de Alemania, de que

los países del sur de la Eurozona reduzcan en un tiempo record sus déficits

presupuestarios, son un objetivo imposible. Al contrario de lo que se pretende, lo que se

está logrando es que incrementen su deuda y permanezcan sumidos al borde del

“rescate”. Y lo grave es que la propia Alemania lo sabe. Baste para ello recurrir a su

propia experiencia. En efecto. Tras la unificación, Alemania tuvo que reducir su déficit

estructural generado como consecuencia de dicha unificación.

Como consecuencia de la reunificación, Alemania tuvo que reducir su déficit en

un 2,9% en 5 años. Así, entre 2002 y 2007 pasó de un déficit del 3,5% del PIB, al 0,6%

en 2007. Esta reducción del 2,9% supone haberla hecho a una media del 0,6% cada

año. Sin embargo, entre 2009 y 2011 se le exigió a Grecia que rebajara su déficit

estructural del 12,8% del PIB, al 1,8% en 2011, es decir, a un ritmo del 6% anual, lo

que significa que Grecia, con una economía a “años luz de la germana”, redujo en un

año lo que Alemania acortó en cinco. (1); y ello contando con la creciente demanda, de

los demás países europeos, a sus exportaciones.

La situación de España y Portugal no es muy diferente. España tenía que reducir

su déficit estructural del 9,5% en 2009 al 1,9% en 2012, y en el caso de Portugal, ha

tenido que pasar del 9,5% en 2010 al 2,2% en 2012.

Y lo mismo ha ocurrido con los salarios: entre 2003 y 2007 los salarios reales

alemanes cayeron un 3,3%, mientras que en Grecia, entre 2009 y 2011, han retrocedido

un 13%, un 10% en Portugal y un 7% en España. Con estas políticas no es extraño que

el crecimiento del PIB se haya tornado en decrecimiento: Entre 2007 y 2012 del 3,5%

al -6,4% en Grecia; del 2,4% al -3,2% en Portugal; del 3,5% al -1,4% en España; del

5,4% al 0,7% bajó en Irlanda, e incluso en Italia del 1,7 al -2,2%. La misma Alemania

que alcanzó un crecimiento del PIB del 4,2% en el 2010, tan sólo lo ha incrementado

un 0,7% en el 2012. Y en el conjunto de la UE-27, cae del 3,2% en 2012 a -0,3% en

2012 (4).

Aún hay más. Los drásticos procesos de ajuste (bajo el eufemismos de la

“consolidación”) impiden el crecimiento, cae la inversión, se reduce el consumo, se

acentúa el desempleo y la consecuencia de una economía en recesión es la caída de sus

ingresos públicos, lo que provoca dos efectos perniciosos: graves dificultades para

obtener financiación en los mercados y, debido a su falta de crecimiento, sufrir el

castigo del aumento de su prima de riesgo, obligándole a financiarse a altas tasas de

interés; lo que reduce aún más sus posibilidades de superar la crisis al incrementar

sensiblemente el pago de los intereses de su deuda, restando así posibilidades a destinar

recursos que estimulen la recuperación . Paradójicamente, mientras la prima de riesgo

21

de los países en crisis aumenta, Alemania puede seguir financiándose cada vez a más

bajo interés. Un escenario que de mantenerse hasta 2015, según estimaciones del

Landesbank Bremen, supondría para el país teutón, ahorrarse unos 44.000 millones de

euros en coste de intereses.

¿Cómo es posible que en países sometidos a tan drásticos recortes y restricciones

presupuestarias el déficit y la deuda no se reduzcan sino que tienden a incrementarse,

cuando según la “lógica” que defiende la “troika” deberían disminuir? Es evidente que

esta política de la mal llamada “austeridad” no es neutral; tiene beneficiarios y

perjudicados. Esa “financiarización” impuesta sobre las auténticas necesidades de

relanzar la economía productiva y el empleo, agudiza las diferencias entre los países de

la UME; pero si la Unión Europea –en conjunto- se “estabiliza” en la depresión, la

propia Alemania sufriría el efecto “boomerang” de la deflación y caída de la inversión y

el consumo por el “colapso” de la economía productiva y el aumento del desempleo en

los países más castigados por las consecuencias, primero de la crisis y después de las

desorbitadas, injustas y equivocadas medidas que perjudican al conjunto de la sociedad

para salvaguardar los intereses de ciertas elites.

En definitiva, los mismos datos económicos y los efectos sociales de las medidas

impuestas ponen en evidencia la urgencia de un cambio radical en las políticas de la

UE y, en especial, de las aplicadas por el Gobierno del PP en España.

Los rescates o el “neocolonialismo” del siglo XXI

El escenario descrito en el punto anterior, sin duda tiene una dramática incidencia

sobre la deuda soberana de los estados en crisis. Mientras el BCE no ejerza

abiertamente como financiero de último recurso, y compre directamente la deuda de los

estados de la Eurozona, seguirán siendo los “mercados” (es decir, los Bancos) quienes

cubran las necesidades de financiación y, por tanto, no se frenará la especulación y

continuará aumentando su deuda. Crecen, pues, las dificultades de los estados

rescatados para hacer frente a las crecientes deudas contraídas y al no incluir también

estímulos para el crecimiento difícilmente se pueden reducir los déficits.

Parece evidente que el rescate ni es la solución definitiva, ni aleja

indefinidamente el riesgo de la quiebra del estado rescatado. Momentáneamente frena el

desastre a cambio de aceptar durísimas restricciones presupuestarias, salariales y de

derechos que ahondan aún más la recesión. Solo basta para comprobarlo, conocer cómo

le ha ido a Grecia con los rescates “solicitados”, (es decir, impuestos) y en qué situación

de recesión se encuentra Portugal.

Para empezar, es conveniente conocer que para dotar los fondos de ese primer

rescate (130.000 millones de euros), Alemania puso 36.000 millones, la mayor cifra

absoluta de las aportaciones de los estados (dado el potencial de su economía), pero los

países que pusieron el resto –entre ellos el nuestro- de ellos, seis superaron a Alemania

en términos de “renta per cápita” y los otros diez, sus aportaciones con relación a sus

respectivos PIB, resultaron ser mayores que las que depositó el país germánico. Es

evidente que el dinero no se regala y en 2010 los intereses de lo prestado a Grecia le

reportaron a Alemania 198 millones de euros.

El caso de Grecia es paradigmático. Además de pagar los altos intereses

22

correspondientes al montante del “rescate”, se vio obligada a distribuir el 82% de los

fondos recibidos a los bancos para quitas de deuda privada, recapitalizaciones bancarias,

garantías de bonos depositados en el BCE, incentivos para el canje de bonos viejos por

nuevos y para pagar antiguos intereses de deuda.(5) Las condiciones del rescate fueron

muy elevadas: se redujeron los salarios entre un 20 y un 25%; se hicieron recortes

superiores al 40% en la sanidad pública; se recurrió a reducciones drásticas de

empleados públicos, etc. Las consecuencias no se hicieron esperar: caída de la

producción en más de un 11%; reducción de la recaudación en un 18%; más de 60.000

empresas cerraron el pasado verano… y la deuda no disminuye, al contrario, del 120%

del PIB en 2010, ha pasado en lo que llevamos de año al 170% del PIB tras dos años de

severos “ajuste” (6).

Sin duda es un círculo infernal que conduce de la recesión al rescate, del rescate

a la reducción del gasto público, de esa reducción a mayor recesión y más

endeudamiento. Y vuelta a empezar ¿con un nuevo rescate? La democracia ha sido

suplida por la imposición de políticas dictadas por las elites económicas que

empobrecen, que eliminan derechos, y destruyen el estado social.

Evidentemente, las fuerzas progresistas, los socialdemócratas y los socialistas no

han sabido reaccionar para defender las conquistas sociales que la clase obrera y

sectores populares alcanzaron tras décadas de lucha reivindicativa. Precisamente, para

romper la espiral regresiva, la Unión Europea lo que necesita es un proyecto coherente

(y que sea susceptible de adaptarse a las peculiaridades de cada país) de impulso a la

inversión productiva y al relanzamiento de la actividad, a la recuperación de la industria

manufacturera, del empleo y de la demanda y de aprovechar la I+D+i para un nuevo

modelo de crecimiento; así volvería a incrementarse el PIB y el déficit público sería

más sostenible.

Nacionalismos ultra-conservadores frente a la Europa Federal

En la Convención de IS-PSOE, el año 2011, señalábamos que la crisis estaba

estimulando los sentimientos nacionalistas e incluso en algunos países de la Unión,

también los xenófobos. En estos últimos meses, se han acentuado considerablemente.

Basta observar cómo han crecido las reticencias que algunos países de la eurozona han

manifestado ante las posibles –e incluso necesarias- ayudas a socios en gravísimas

dificultades.

Para nosotros socialistas, que claramente hemos expuesto la Europa a la que

aspiramos, y ha quedado dicho cómo pensamos que tiene que construirse el proceso

de institucionalización de la propia UME, (dotación de las herramientas que hagan

viable una verdadera unión monetaria, profunda democratización de las instituciones de

sus instituciones y órganos de gobierno, armonización fiscal, políticas económicas

comunes, etc. como ya definimos en la pasada Convención), y nos parece sumamente

grave que en cierta medida, también partidos socialdemócratas europeos –más

concretamente el SPD- compartan esa oportunista opinión de lo que está sucediendo en

el Sur de Europa.

Los hechos son concluyentes: Europa camina cada día con mayor fuerza por la

senda del neoliberalismo, que impone el capitalismo depredador. La falta de análisis y

23

valoración de lo que realmente está sucediendo inmediatamente, debe dar paso al

debate sobre la necesidad de adoptar políticas compensadoras de reequilibrio,

expansivas y de estímulo, para superar la crisis.

Es el tiempo de las izquierdas. Y solo desde la izquierda, la socialdemocracia y el

socialismo europeos, junto con las demás fuerzas progresistas, serán capaces de frenar

tanta destrucción, romper la deriva hacia la quiebra dela UE e impulsar los cambios

para articular un auténtica cooperación y solidaridad, que nos saquen (a los europeos/as)

del actual marasmo económico, social y político; convirtiéndonos en vanguardia de la

defensa del internacionalismo solidario, de la lucha contra el hambre y la pobreza y en

la exigencia de un nuevo orden mundial y de una nueva gobernabilidad en la que

prevalezcan realmente los Derechos Humanos.

Ante la situación actual en la UE, Izquierda Socialista - PSOE propone;

Manifestar su rechazo a la política de ajuste duro que está imponiendo la

UME a los países miembros que atraviesan dificultades de deuda y exige

implementar políticas de estímulo económico a través del BEI para salir de

la recesión en la que nos encontramos.

Demandar la revisión en profundidad de toda la normativa europea,

detectando y cambiando aquella reglamentación que cuestione o merme el

interés general de los ciudadanos y ciudadanas.

Oponerse a la política de “rescates” que desde las instancias de la UME se

está imponiendo a países en dificultades de deuda, porque en un escenario

de recesión como el que padecemos, solo consiguen restringir derechos

constitucionales, aumentar el empobrecimiento de la población y sumir al

estado “rescatado” en una deuda perpetua ante las instancias financieras

internacionales y europeas, cayendo en las redes de un nuevo colonialismo

político y financiero.

Subrayar la necesidad de cambiar el “estatus” del BCE y reorientar el

problema de la deuda haciendo que dicha institución actúe como

“prestamista de último recurso” comprando directamente deuda soberana

de los estados miembros, relajando así la escandalosa “prima de riesgo”

con la que son castigados los países en crisis por los mercados financieros.

Insistir en la necesidad de contribuir a crear las condiciones para que la

ciudadanía europea se movilice activamente contra este creciente

retroceso de los derechos democráticos que el neoliberalismo está

imponiendo en Europa, cuyo objetivo no es otro que acabar con el estado

social. Para ello, Izquierda Socialista-PSOE se compromete a establecer

puentes de colaboración con la CES, con los partidos progresistas

europeos y con las organizaciones de la sociedad civil.

1.7. LOS GOBIERNOS DEL PRESIDENTE ZAPATERO

Afrontar la gran crisis que atravesamos, requiere algunas reflexiones sobre lo

realizado durante las dos últimas legislaturas de gobiernos socialistas. Durante el primer

mandato del Presidente Zapatero, la economía española navegaba al pairo de la que

después ha resultado una engañosa ola de prosperidad. En ese marco impulsamos

reformas en materia de política social, que situaron a nuestro Gobierno en lugar

24

destacadísimo en la conquista por los derechos y libertades civiles.

En aquellos momentos las cuentas públicas mostraban un importante superávit,

lo que permitió adoptar medidas que incrementaron los gastos sociales (inferiores a la

media UE), sin preocuparnos demasiado por mejorar la débil estructura financiera

publica de nuestro país. Las necesidades de financiación crecieron a un ritmo muy

superior al de nuestro PIB y eso llevó a un endeudamiento de empresas y familias,

difícil de digerir. Baste citar que entre 2003 y 2009 dicho endeudamiento crecía a un

ritmo anual superior a más del doble de lo que crecía nuestro PIB.

En ese escenario de insuficiencia financiera publica no fue prudente –además de

contradictorio con el pensamiento socialista- afirmar que “bajar los impuestos era de

izquierda”, sabiendo que nuestra presión fiscal estaba (y está) por debajo de la media de

los países del euro. Gran parte de ese endeudamiento se empleó en hinchar la burbuja

inmobiliaria, fomentando así un modelo de crecimiento en el que el peso de la

construcción subía en detrimento de nuestra industria y otros sectores productivos.

Mientras en España el sector industrial suponía poco más del 13% del PIB, en Francia

superaba el 20% de su producto bruto y en Alemania sobrepasaba el 30% del suyo.

En consecuencia, nuestra productividad quedaba bastante por debajo de la de la

UE. Con esas premisas, nuestra competitividad y capacidad exportadora en la economía

globalizada, disminuiría, como así ha sido. En tal contexto, si resulta sorprendente que

el Gobierno y sus asesores no valorasen adecuadamente los enormes riesgos de la

economía española; tampoco fue razonable aplazar el reconocimiento de la aparición de

la crisis , como lo hizo nuestro segundo gobierno a costa de cosechar una considerable

pérdida de credibilidad de la que hipócritamente se aprovechó el PP, y menos consentir

que la banca española mantuviera una política crediticia como la que había practicado,

concediendo créditos con escasas garantías de solvencia y por montantes superiores al

valor de los bienes hipotecados; lo que no hacía más que concentrar recursos en una

economía especulativa cortoplacista, en lugar de fomentar la producción de bienes y

servicios avanzados de alto valor añadido y con mayor recorrido futuro.

La dirección del PSOE y el gobierno socialista no fueron capaces de mantener el

pulso de la primera etapa de reacción keynesiana de respuesta a la crisis en la que

todavía impulsamos políticas progresistas en derechos ciudadanos y de reactivación del

empleo, pero no se abordó eficazmente un diseño de fiscalidad progresiva y de

incentivar el cambio del modelo productivo. Luego, el desconcertante giro político del 9

de mayo de 2010 en las políticas del Gobierno Socialista -coincidiendo precisamente

con la Presidencia Española de la UE que debería haber planteado una salida europea

socialdemócrata a la crisis- mostró la falta de previsión y quedó en evidencia la

contradicción entre el discurso político que los socialistas todavía veníamos sosteniendo

y la aplicación de una dura política de ajuste; contestada por agentes sociales y amplios

sectores ciudadanos como poco equitativa, debido a la asimetría entre medidas como

recortes salariales a funcionarios, reforma laboral y del sistema de pensiones, y su

contraste con las encaminadas a reforzar el sistema bancario o la desconsideración hacia

las propuestas de nuevos gravámenes impositivos para aumentar la contribución al

Estado de quienes acumulan mayor riqueza y obtuvieron grandes beneficios en los años

anteriores.

25

A la percepción social acerca de un programa socialdemócrata que se

desmoronaba, después de las falsas ilusiones de recuperación de políticas keynesianas

con los Planes E, se añadía la progresiva conciencia de la ciudadanía sobre la

impotencia de la política frente a los poderes económicos del capitalismo financiero que

controla los mercados. La constatación de que de nuevo se imponían duras políticas

neoliberales quebraba aún más la pretensión de recuperar la fuerza de un proyecto

progresista, debilitado por lo demás en el conjunto de Europa.

Ésas lógicas contrapuestas, con ventaja para el capitalismo especulativo sobre la

democracia, y la inconsistencia de muchos de nuestros dirigentes dejaron al PSOE sin

herramientas ideológicas y de acción política propias; como se demostró cuando el

propio gobierno socialista propuso el acuerdo con el PP para reformar la Constitución,

agrandando la ruptura entre su praxis al dictado de los mercados y el compromiso

programático con la gente.

Las medidas de ajuste diseñadas frente a la crisis y puestas en marcha bajo la

presión de los mercados, han sido percibidas por amplios sectores de la ciudadanía

como injustas por suponer un reparto desequilibrado de las cargas, perjudicial para

quienes no han sido sus responsables. Esas medidas, aplicadas sin contrapesos, han

derivado en una sociedad cada vez más segmentada y polarizada en la que la riqueza

sigue distribuyéndose de manera desigual y concentrándose en menos manos; asunto

que desde el PSOE deberíamos haber denunciado más firmemente y proponer

alternativas claras a las políticas económicas y sociales regresivas de la UE y en España,

con iniciativas políticas alternativas reafirmando la radicalidad del compromiso

socialista con los derechos laborales y sociales y la acción colectiva y pública para el

bien común.

Así, a las renuncias de los socialistas en las últimas décadas; en España se sumó la

manera de gestionar la recesión que rompió nuestra trayectoria: el “único camino”

indiferenciado que nuestro Gobierno adoptó en mayo de 2010 para salir crisis, cercenó

las opciones en clave “social”. Las contradicciones entre nuestro proyecto, programa y

mensajes con muchas de las actuaciones del Gobierno se acentuaron por el seguidismo

“acrítico” –sin alternativas- y la subordinación de los cargos públicos y órganos del

Partido a las mismas (se nos dijo: ”se está haciendo lo que hay que hacer”);

quebrándose así nuestro sustrato social e ideológico y siendo causa principal de las

debacles electorales del PSOE: No ha sido sólo la situación de crisis; sobre todo la

forma de abordarla, las políticas (ajenas al ideario socialdemócrata) que se adoptaron

claudicando ante las presiones del capital especulativo y de megapoderes económicos

han constituido las causas decisivas de nuestras derrotas.

La incongruencia entre nuestros mensajes anteriores y las medidas adoptadas por

el Ejecutivo socialista, plasmadas en decisiones con una fuerte contestación social,

erosionó gravemente la credibilidad política de los socialistas y la confianza del

electorado en el gobierno de Zapatero, por tan desconcertante giro político. Se

argumentó que se trataba de salvar las políticas sociales, de defender los derechos

alcanzados en el Estado de Bienestar; pero el contraste entre las medidas que afectaban

negativamente a trabajadores, funcionarios y pensionistas y las encaminadas a reforzar

el sistema financiero, sin exigir responsabilidades a sus directivos, consolidaron la

imagen de un tratamiento muy desequilibrado entre unas y otras, y que la ciudadanía

26

interpretó como imposiciones de centros de poder opacos y oligárquicos.

En definitiva, “la ausencia de credibilidad de los gobiernos socialistas –los que

gobernaron en los cuatro primeros años de Gran Recesión- vino dada, sobre todo, por

dos aspectos: la persistencia de la crisis económica, mucho más duradera y profunda

de lo que se estimó al principio; y su gestión de la misma, marcada primero por el

tardío reconocimiento de los problemas (siempre fue por detrás de las dificultades) y

después por las medidas contradictorias –contradictorias al menos para la mayoría de

los ciudadanos…- El presidente de Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero,

tuvo una virtud que devino en su peor defecto ante una ausencia de explicaciones

consecuentes: defendió con la misma vehemencia e intensidad tanto unas medidas (por

ejemplo, la necesidad de planes de estímulos keynesianos….) como las contrarias ( la

estabilización fiscal, la eliminación de partidas presupuestarias de ayudas a las

familias y a los parados de larga duración…) “. (ver: Estefanía, J. La economía del

miedo, Galaxia Gutemberg-Círculo de Lectores, diciembre 2011, Barcelona, pp. 296-

297).

El análisis de las debacles electorales de nuestro partido en las elecciones

municipales, autonómicas y generales del año 2011, evidenciaron un gran fracaso

“político” y sociológico del PSOE. En esa última etapa en el Gobierno de la Nación, se

aplicaron políticas impropias de un partido socialista y la mayoría de nuestros

dirigentes y cargos públicos aceptaron resignadamente las imposiciones neoliberales

como si fuesen ineludibles y bastantes trataron de justificarlas como las únicas posibles.

La última pirueta reformando la Constitución “transfirió” el problema de la deuda

privada al planteamiento neoliberal de limitar drásticamente el déficit público: Así,

mientras que los principales causantes de la crisis (directivos de Cajas, Bancos y de

ciertas empresas) quedaban en la penumbra, el Estado pasaba a convertirse en el “chivo

expiatorio” y el campo de juego se abría para los terribles recortes y privatizaciones en

las políticas públicas del Gobierno de Rajoy, imponiendo su “programa oculto” de la

derecha más antisocial y sectaria.

La incapacidad para abordar la crisis desde planteamientos socialistas y la

incoherencia ideológica mostrada por nuestros dirigentes, traducida en

posicionamientos erráticos, desmovilizaron y desconcertaron a los militantes del PSOE,

desmotivaron y desorientaron a nuestras bases sociales y condujeron al hundimiento

electoral; precisamente en una coyuntura que podríamos haber vuelto más propicia para

la izquierda. Y también la falta de reconocimiento, respeto y escucha a los movimientos

ciudadanos; ignorándolos, caricaturizándolos o desprestigiándolos ha sido otro error que

nos ha separado de la ciudadanía. En la política democrática los partidos no pueden

considerarse como únicos representantes de la voluntad popular, porque la gente

reclama nuevos cauces participativos y otras formas de tomar decisiones y actuar desde

las instituciones.

Si la controvertida actuación del Gobierno socialista de la Nación en el muy

difícil contexto de la crisis económica y sus devastadoras consecuencias e, incluso la

crisis en sí misma, han incidido decisivamente sobre nuestras debacles electorales;

cometeríamos un grave error limitando toda nuestra percepción sobre la situación

política y electoral a esa circunstancia crítica –mundial, europea y estatal-

“extraordinaria”, sin admitir graves deficiencias en la práctica política y sin profundizar

27

en el análisis de nuestras actuaciones en los distintos ámbitos institucionales y sin que

candidatos, cargos elegidos y responsables orgánicos (desde el nivel Federal a los

ámbitos autonómicos, provinciales y locales) hayan revisado estrategias inadecuadas y

asumido ciertos errores ante los órganos del Partido y la sociedad, cuestión no

suficientemente tratada en el pasado Congreso Federal.

La dimensión cuantitativa de las fuertes pérdidas porcentuales del PSOE en los

procesos electorales de 2011 refleja cambios en el comportamiento de los ciudadanos

“más allá del descontento con el Gobierno de Zapatero”; porque la mayoría social que

nos llevó a la victoria en 2004 y 2008 se ha fragmentado y aunque el PSOE sea el

principal partido de la oposición no es percibido como la alternativa. No estamos en un

simple ciclo de alternancia, y esperar a que culmine el desgaste del PP no servirá para

recuperarnos y tener opciones de gobernar, como muestran las encuestas y se percibe en

la calle, máxime cuando nuestro Partido no se ha renovado y continúa desconectado de

la gente.

1.8. LA CONTRARREFORMA DEL PARTIDO POPULAR

En nuestro país, las elecciones generales del 20 de Noviembre de 2011 no nos

trajo ninguna sorpresa: un retroceso esperado de nuestro Partido y el regreso al gobierno

de la derecha española y españolista. Necesario resulta para nosotros mismos, y

especialmente para los millones de ciudadanas y ciudadanos identificados con los

principios y valores del socialismo democrático (tanto si nos votaron como si no), que

hablemos de nuestro presente y de nuestro futuro. De cómo debe ser nuestro discurso

diferente, comprometido y beligerante contra el neoliberalismo. Cómo, siendo un

partido con vocación de gobierno, hacemos oposición a una derecha instalada ya en la

“contra-reforma”. Cómo, en fin, vamos a trabajar para devolverles la ilusión a tantas y

tantos compatriotas que todavía quieren creer en las posibilidades transformadoras del

socialismo, que debería impulsar el PSOE. Para ello es preciso comenzar por analizar el

comportamiento y las decisiones del Gobierno del Partido Popular en el contexto de la

grave crisis que padecemos y en los principales ámbitos en los que ha transcurrido su

gestión.

La vuelta al pasado de la derecha española

Han bastado unos meses para que el PP haya tirado por la borda nuestro

incipiente estado social. Haciendo uso de su mayoría absoluta, con las contra-reformas

en educación, sanidad, derechos sociales y laborales, el Gobierno del PP intenta a toda

prisa que nuestro país se oriente hacia el pasado de la España del nacional-catolicismo.

La aceptación de la separación de niños y niñas en la escuela concertada –y nadie desde

el poder ha garantizado que no se hará lo mismo con la Escuela Pública en el futuro-; la

restricción de becas o la subida de las tasas universitarias; el re-pago sanitario; la

exclusión de los “sin papeles” de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud; las

pretensiones del ministro de Justicia de modificar la Ley de Plazos; la ofensiva de

desprestigio de los Sindicatos; el endurecimiento de derechos laborales; las

privatizaciones de servicios públicos esenciales, el cuestionamiento del Estado

Autonómico… son claros ejemplos de lo que afirmamos. Para mayor hipocresía, se

presentan como “reformas estructurales” necesarias para poder mantener el estado de

bienestar. El Gobierno del PP ha cruzado sin ningún pudor las “líneas rojas” que decían

28

que jamás rebasarían.

Tal agresión a la sociedad, es objeto de una rotunda contestación social, porque

sabemos desde hace tiempo que lo que se pretende con estas contra-reformas, no es

“salvar” el estado social de derecho, sino destruirlo y entregar a la privatización

mercantilizada la educación, la sanidad, las pensiones, la atención a las personas

dependientes y servicios públicos; reforzando así el dominio de un auténtica oligarquía

del capital especulativo.

Como proponíamos en la Convención Federal de IS-PSOE en septiembre de

2011, hay alternativas que allí quedaron expuestas. Hay que empezar combatiendo la

afirmación lanzada por el gobierno y por sus adláteres mediáticos (y que ha empezado a

ser asumida por amplios sectores de la opinión pública) de que “España no puede

permitirse ese volumen de gasto”. Recordemos algunas realidades que desmienten tal

afirmación: 1) El gasto social en España en relación a nuestro PIB está por debajo de la

media de la Eurozona (más de 6 puntos porcentuales): 2) Cuando en la década de los

años 80 del pasado siglo se consiguió la universalización de la educación y la

enseñanza, el PIB de nuestro país (en cifras constantes) era la quinta parte del nivel

actual: 3) La presión fiscal de nuestro país es de las más bajas de la eurozona y hay

margen para aumentar la imposición sobre los altos ingresos de la especulación

financiera, las plusvalías elevadas y grandes rentas; y 4) En España, el fraude fiscal

supera el 20% de nuestro PIB.

Evidentemente, si “la supervivencia de Europa implica un cambio total de

paradigma. Europa no puede apuntar a una austeridad sin fin, sino que debe alumbrar un

modelo específico de sociedad, y para ello requiere una profunda renovación…”

(Thomas Coutrot en Europa al borde del abismo. Economistas aterrados. Barataria,

Madrid, 2012, pág. 18).

La crisis como excusa para desmantelar el Estado de Bienestar, las libertades

ciudadanas y dar marcha atrás en el Estado Autonómico

La crisis financiera, con las repercusiones específicas en la economía española

(explosión de la burbuja inmobiliaria y el mantenimiento de un modelo de desarrollo

obsoleto) se ha reconvertido al final en crisis de la deuda pública, al asumir el Estado las

pérdidas y quiebras de cajas y bancos y por una grave pérdida en los ingresos del Estado

que ha acabado incrementando el déficit de nuestras cuentas públicas y, como

consecuencia, multiplicando nuestra deuda exterior.

Este efecto ha sido utilizado por el gobierno del PP para señalar a las CC.AA.

como fuentes incontroladas de gasto y, por tanto, haciendo que las administraciones más

cercanas al ciudadano - cuyas competencias son las encargadas de prestar los servicios

públicos de nuestro estado social-, asumieran el grueso de los recortes de gasto, con el

objetivo de que dichos “ahorros” pudieran ser destinados al pago de la deuda (y los

intereses correspondientes) contraída con los bancos centro-europeos. La coyuntura

creada ha servido para que muchas voces comiencen a plantear la necesidad de nuevas

reformas. Unas con alguna razón y otras –precisamente las de la derecha centralista-

para dar un golpe de mano y recuperar el centralismo, afortunadamente superado por la

vigente Constitución Española.

29

Analizando las actuaciones del Gobierno del PP, resulta claro que la crisis se

utiliza como el pretexto para desmantelar el estado social, retroceder en derechos y

libertades cívicas y plantear la marcha atrás en el Estado Autonómico. Es evidente que

la situación es delicada, los recortes en las políticas de bienestar y las privatizaciones de

bienes y servicios públicos conducen a la quiebra del principio de solidaridad y a una

involución en el modelo cooperativo de Estado y que, al debilitarse las perspectivas de

avances federalistas, resurgen las reivindicaciones independentistas de algunas

nacionalidades.

Ante tal riesgo y desde nuestra convicción federal de España, la mejor forma de

combatir esta nueva contra-reforma es defender en nuestra “hoja de ruta” la

conveniencia de avanzar en un mejor funcionamiento de las Administraciones

políticas del Estado. En ese sentido, parece razonable que quien tiene la competencia

del gasto, asuma (a la vez) la responsabilidad política de obtener los ingresos necesarios

para financiarlo, lo cual requiere una revisión en profundidad del actual sistema de

financiación de las CC.AA.; sin perder de vista, eso sí, el mantenimiento de un fondo de

solidaridad inter-territorial que garantice la igualdad de prestaciones públicas a

ciudadanas y ciudadanos en todas las nacionalidades y regiones del Estado.

El PSOE tiene la responsabilidad de frenar estas contra-reformas a las que nos

está conduciendo este Gobierno de la derecha conservadora y extrema del Partido

Popular, trabajando codo con codo con sindicatos, partidos progresistas, foro social y

organizaciones de la sociedad civil, organizando plataformas y debates, movilizaciones

populares, y sobre todo articulando una oposición tan responsable como eficaz para

impedir que la vida española se deteriore a unos niveles similares a los de hace 40 años,

porque nuestro objetivo no es otro que profundizar la democracia, mantener y

desarrollar el estado social.

Ante estas actuaciones del Gobierno PP, Izquierda Socialista - PSOE:

Se opone a la orientación que el PP le está dando a la política exterior europea

cada día más dependiente de las política neoliberales de la Canciller Merkel e insta al

Gobierno de España a que, poniendo en valor nuestras fortalezas, estreche sus

relaciones con aquellas países de la eurozona que tratan de superar la crisis de déficit y

deuda que padecemos dilatándola en el tiempo e implementando políticas de

crecimiento que combatan el aumento del paro y el retroceso de las economías del Sur

de Europa, y estimulen la cohesión social y territorial.

Defiende que nuestro Partido ejerza una oposición firme y responsable que

combata en todos los frentes esa inaceptable contra-reforma que está llevando a cabo el

actual Gobierno de España que comporta actitudes involucionistas en los ámbitos

autonómicos; participando con las organizaciones progresistas en la respuesta que la

está dando, y colaborando en la consecución de un REFERENDUM en el que de

oportunidad a la opinión pública a rechazar cívica y pacíficamente la política de

recortes en el gasto público que tanto dolor y tanto daño está causando a la mayoría de

nuestro país. La defensa y permanencia del Estado Social también se corresponde con la

cohesión territorial y la cooperación en el Estado Autonómico.

Comparte y reafirma una vez más, la posición FEDERAL que mantiene desde su

30

fundación nuestro Partido y en consecuencia rechaza con firmeza los intentos de la

derecha conservadora española de regresar al centralismo uniformador del pasado que

tanto daño causó a las nacionalidades y regiones que conforman nuestro Estado, y

propone profundas reformas que garanticen el progresivo avance a la ESPAÑA

FEDERAL a la que aspiramos.

Considera que a las reformas profundas que se deben realizar para reforzar la

política democrática tiene que incorporarse un marco auténticamente federalista en la

UE; y en España el Estado Autonómico ha de evolucionar hacia un Estado Federal que,

incluso, entroncaría con nuevos horizontes para el municipalismo, que desde el

socialismo democrático defendemos.

Propone que resulta ya urgente definir más las posiciones sobre los aspectos y

contenidos de la necesaria reforma de la Constitución Española.

Hay que implementar un listado sistemático y puntual de toda la legislación

española que ha sido modificada en detrimento de los derechos personales y sociales de

los ciudadanos/as, tanto a nivel estatal como autonómico o municipal, desde los inicios

de la crisis, con el compromiso del PSOE de recuperar y mejorar tales derechos en el

momento que llegue al poder.

1.9. UNA ALTERNATIVA DEMOCRATICA Y SOCIALISTA

Mientras, los movimientos ciudadanos deslegitiman cada vez con mayor fuerza

los comportamientos de los teóricos mandatarios de la ciudadanía, que se aferran a

estructuras, modos de representación, formas de control, actuación y privilegios

adquiridos que han quedado caducos; incrementándose con mayor fuerza un clamor de

igualdad, justicia y transparencia fomentado por una información comprometida cada

vez más transparente, libre y al alcance de los ciudadanos de a pie.

Vivimos unos tiempos en los que los principios propios de un proyecto

democrático de izquierdas, universal, ético y coherente, los valores de dignidad y

respeto de uno mismo y hacia los demás, la libertad y la igualdad, la justicia social, la

solidaridad, la fraternidad y el sentido de responsabilidad ante la sociedad, el reparto

equitativo de la riqueza y la reasignación de bienes públicos para el bienestar colectivo,

están muy deteriorados y en regresión. Los socialistas tenemos que dar prioridad a esos

valores y unirnos a las personas que creen en ellos.

Hay que “lograr políticas con política” (Ernst Stetter) y, hacer desde el interés de

la voluntad general otra política económica, social y fiscal distinta para reconstruir el

pacto social por la prosperidad igualitaria y el bienestar social como reivindicación

democrática radica.

Los socialistas no podemos dejar de analizar las fases de esta crisis sistémica

porque la superación y la forma de salida de la misma condicionan sobremanera esta

década y ¿la próxima? Las lecciones de economía política que reinterpreten esta etapa

están aún abiertas y tienen correlación con La izquierda que se busca (título del libro de

nuestro compañero José Antonio Pérez Tapias, EUG, Granada, 2010) y con el papel del

socialismo ahora y en el futuro inmediato; porque si la izquierda plural “quiere seguir

31

siendo políticamente protagonista de avances hacia mayores cotas de libertad y nuevos

logros de igualdad, de transformaciones sociales emancipadoras y de reformas

económicas que en serio tengan en cuenta los requerimiento ecológicos, ha de

rencontrarse a sí misma. Eso implica redefinir su proyecto y clarificar sus objetivos,

rehacer su discurso y modular de otra forma sus mensajes, reelaborar las apoyaturas

teóricas y profundizar en los análisis críticos, sin olvidar la insoslayable cuestión de

cómo resolver a estas alturas sus necesarias formas de organización y funcionamiento

democráticos y la manera en que proceder a la estructuración de los imprescindibles

sujetos colectivos y de las insoslayables alianzas para la acción política que hay que

llevar a cabo.” (Pérez Tapias; J.A., Ed. Cit ,pág. 18).

Uno de los retos más inmediatos que debe abordar conjuntamente el socialismo en

Europa es ir configurando el proyecto común que nos permita presentarnos -ante la

ciudadanía de cada país y ante la europea- como el colectivo con propuestas políticas,

sociales y económicas más avanzadas y el instrumento –el PSE- capaz de llevarlas a

cabo, para la superación de crisis y la transformación social mediante alternativas

basadas en la colaboración, la igualdad, la justicia social, la igualdad, la paridad de

sexos, la solidaridad, la redistribución de la riqueza....…

Es fundamental construir una salida socialista de la crisis, cambiar el rumbo de

Europa, articular otra política económica por la izquierda que tienda hacia la

democracia económica y garantizar y ampliar el Estado del Bienestar con los

parámetros transformadores de nuestra época. No es posible salir de la crisis utilizando

los mismos mecanismos liberales que han llevado al colapso a la economía; ahora

romper la hegemonía ideológica del neoliberalismo y de la derecha, exige la

alternativa de un socialismo con políticas nítidas “de izquierdas” para superar la

situación actual y volver a emprender las dinámicas del progreso colectivo.

A medio plazo, disponemos de una gran oportunidad para recuperar todo el

sentido de lo que significa la acción política transformadora al servicio de la mayoría

ciudadana y presentarnos como un partido abierto que, desde los valores del socialismo

y la izquierda, realmente responde a la voluntad general y a la necesidad de cambiar

determinados aspectos negativos de la vida económica, social y política: Precisamente

el año próximo se convocarán las elecciones al Parlamento Europeo. Esas elecciones

serán muy transcendentes para el modelo social y el futuro de la Unión Europea. Sus

resultados influirán de manera decidida en el próximo futuro de la construcción de la

Unión europea. Para hacer frente de la mejor manera a esas elecciones en el contexto

actual, habría que trabajar para configurar una mayoría de izquierdas capaz de avanzar

hacia el cambio de rumbo que se necesita.

En un ambiente donde se acentúa la desconfianza hacia la actividad política y se

acusa a “los políticos” de constituir una “clase” con privilegios y particulares intereses;

la derecha española aprovecha para importar el rancio ultra conservadurismo del “tea

party” y mezclarlo con su tradicional componente ideológico autoritario y reaccionario

e implantar la contrarreforma social, desmantelar el Estado y la acción pública, reducir

la política al dictado de la clase plutocrática, subordinarla al capitalismo tóxico de la

especulación improductiva, raptarla para el “matonismo” segregador de su discurso

populista y el ejercicio de unos pocos. De ahí la necesidad de reaccionar en un triple

ámbito: a) generar nuevas (y otras) alternativas para la salida de crisis; b) recuperar la

32

autonomía de la POLÍTICA, plantear una profunda regeneración de la vida pública y

una reformulación de las instituciones representativas y de gobierno; c) renovar y

cambiar profundamente el PSOE para recuperar la hegemonía del discurso de la

izquierda y la sintonía con la mayoría social de las clases populares, trabajadores y

clases medias.

Este es el tiempo de la izquierda. El PSOE tiene que relanzar, frente al

neoliberalismo económico y al rancio neoconservadurismo ideológico, los valores de la

paz, la justicia social, la solidaridad, la igualdad y la libertad. Hemos de ser vanguardia

en la defensa de los DD.HH., del desarrollo sostenible, de la lucha contra el hambre y la

pobreza, en la exigencia de un nuevo orden mundial donde las personas dejen de ser una

mera mercancía. Preconizamos una nueva gobernabilidad mundial en la que las

Naciones Unidas hagan prevalecer los principios de la democracia, de la resolución

pacífica de los conflictos y el respeto al derecho internacional. Estamos contra el

pensamiento único y las guerras preventivas.

Desde el PSOE tenemos que efectuar un análisis de la situación de España y la

UE y hay que ofrecer unos ejes básicos para una clara alternativa política desde la

izquierda, en un contexto de crisis económica particularmente complicada para toda la

sociedad , cuando millones de ciudadanos y ciudadanas sufren el desempleo, la pérdida

de sus puestos de trabajo, el cierre de empresas; y los recortes de los derechos

laborales y sociales que la derecha impone a todos los trabajadores y ciudadanos,

desmantelando el Estado de Bienestar frente a los valores cívicos (libertad, igualdad,

justicia social, solidaridad,…) que fundamentan el progreso y el bienestar, la corrección

de las desigualdades y desequilibrios, y la equidad en las democracias más avanzadas.

Fuera del ámbito europeo, como contrapunto de esperanza, cabría mencionar y

saludar, el “nacimiento” de nuevos intentos de avance por la izquierda en América

Latina, los llamados socialismos del siglo XXI, donde distintas formaciones políticas

de inspiración socialista, además de estar sacando de la pobreza a millones de personas,

han sido capaces, por el momento, de decir no a las pretensiones de las entidades más

representativas del capitalismo, alumbrando así un futuro prometedor y que desde

Europa deberíamos observar con atención.

Mostramos nuestra preocupación por el reciente golpe de Estado en Egipto que

condenamos. No creemos que ese sea el camino para acceder a la democracia, el

pluralismo y el estado de derecho. La represión de la importante parte de la sociedad

egipcia que eligió al Presidente Morsi no generará mas que problemas más grandes, sin

solucionar ninguno de los desafíos estructurales del país, ayudando de paso a

desestabilizar un poco más la región.

Nos hemos opuesto a la anunciada, y por el momento frenada, intervención

militar extranjera en el conflicto de Siria, ante la ausencia de pruebas irrefutables de

quien ha hecho uso de las armas químicas de destrucción masiva utilizadas y la

inexistencia de una resolución de la ONU al respecto, con la subsiguiente vulneración

de la legalidad internacional.

En el Mediterráneo es necesario agotar todas las posibilidades de una salida

política de las múltiples crisis existentes. La Unión Europea en estos difíciles momentos

33

debe asumir sus responsabilidades en la defensa de los valores y principios que la

inspiran, y en esa medida convertirse en vanguardia de las salidas políticas de los

conflictos en Siria y en toda la región.

Por nuestras ideas, por estar organizados en un partido centenario de izquierdas,

tenemos la obligación de dar respuestas sociales y democráticas a las demandas y

necesidades ciudadanas. Y todo ello, como socialistas de hoy en un mundo globalizado

(y deshumanizado) que hay que socializar sacándolo de la actual deriva hacia la

barbarie a la que se dirige en España, en Europa y en el mundo; alineándonos con un

internacionalismo solidario entre los pueblos y los trabajadores de todo el mundo desde

nuestros principios y valores fundacionales. Estamos hablando de realizar la utopía

(racional) posible de un Mundo mejor, desde convicciones inclaudicables.

1.10. REGENERAR LA POLÍTICA Y RECUPERAR EL PSOE

La crisis ha puesto de manifiesto muchos problemas, renuncias, acomodos,

cobardías, connivencias e incapacidades políticas – que desde hace mucho tiempo no

hemos querido ver y que ahora necesitamos asumir y explicar ante la ciudadanía.

Lo peor del análisis que se sigue haciendo, es que no es el nuestro sino el

impuesto por la lógica del sistema y que hemos aceptado. El tema no es tanto la deuda,

sino el debate de alternativas de transición para el reparto y redistribución de la riqueza,

el control social de los medios de producción y un desarrollo más equitativo y

sostenible.

La emergencia del “Movimiento del 15M”, aglutinando ciudadanos y ciudadanas

de diversa procedencia, fue una de las manifestaciones más evidentes del rechazo a las

políticas aplicadas, al sometimiento a los mercados, a la devaluación de la democracia, a

la insuficiencias de la representación y participación política; ante las formas

“ideológicas” particularistas, sectarias y autoritarias de gobernar de la derecha que

destruyen el Estado de Bienestar y amplían la brecha entre la minoría de privilegiados y

las gran mayoría de ciudadanos. La reacción social se produce no sólo cuestionando las

políticas del gobierno, también rechazando la práctica política al uso “de los partidos y

de los políticos”.

Rotunda llamada de atención ante la que los socialistas hemos reaccionar desde

los valores del socialismo democrático, planteando –y recogiendo- las alternativas e

iniciativas que sintonicen nuevamente con la mayoría ciudadana que rechaza

privilegios, pide transparencia y control frente a la imposición de los poderes opacos y

de los intereses de los poderosos, quiere que se aclaren responsabilidades sobre las

decisiones y gestión en las entidades financieras y otros ámbito causantes de la crisis,

reclama honestidad, ejemplaridad, compromiso y rendición de cuentas a gobernantes y

cargos públicos, y que pretende acentuar la acción pública y colectiva para transformar

la sociedad.

Muchos ciudadanos critican que sus representantes políticos no mantengan un

discurso coherente y formulen alternativas sólidas y válidas para el bienestar de

todos/as, descalifican comportamientos de cargos públicos que se aferran a privilegios

que eluden el control social y resultan inadecuados en los representantes de la soberanía

34

popular. Los socialistas no seremos alternativa creíble sin recuperar el pleno sentido de

la política democrática como compromiso ético y cívico con la voluntad general y el

bien común, siendo necesaria una profunda rectificación para reiniciar el proyecto

socialista, recuperar compromisos fuertes sobre una posición socialista (de izquierdas)

para liderar la salida de la crisis, reconstruir el Estado social y democrático que el PP ha

destrozado, reafirmar los valores del republicanismo y laicismo, plantear un

Federalismo cooperativo e integrador y defender abiertamente que la Unión Europea

sólo podrá superar la actual crisis mediante una mayor integración política, la

coordinación de las políticas fiscales y económicas y la recuperación del modelo social

europeo.

Pero –sobre todo- tenemos que demostrar a los ciudadanos que la transparencia y

la rendición de cuentas son la bases de la regeneración de la política y que estamos

dispuestos a reconstruir el PSOE, cambiar el funcionamiento del Partido y acentuar la

democracia interna en el debate y la toma de decisiones, con más autocrítica,

confrontación interna de posiciones, contraste auténtico de alternativas para que desde

la pluralidad de sensibilidades y propuestas se decanten convergencias sobre proyecto,

estrategias equipos y liderazgo/s. Cuando gobernábamos, la complacencia con el ideario

“neoliberal” debilitaba o limitaba nuestra acción política para hacer efectivos nuestros

programas electorales y caíamos en contradicciones (privatizaciones, bajadas de

impuestos, desregulación financiera, etc.) que aumentaban las desigualdades.

Si en las encuestas se percibe que el Partido Popular sufre un descenso notable, el

PSOE prácticamente permanece estancado, al atribuirnos todavía los ciudadanos/as

responsabilidades en la gestión de la crisis por el anterior Gobierno socialista, porque

muchos piensan que en los cargos del PSOE permanecen “los de siempre”, que no

hemos renovado liderazgos y formulado suficientes propuestas de cambio o,

simplemente, otros permanecen a la expectativa llevados por el “ambiente” de

desconfianza hacia la “clase política”.

Es necesario construir un proyecto de sociedad diferenciado y con alternativas de

gran calado, que consiga el apoyo social de una mayoría transformadora de la

ciudadanía. El proyecto socialista tiene que recuperar el sentido de las grandes utopías

emancipadoras que inspiraron y movieron el progreso de los derechos y el desarrollo de

los pueblos.

La derecha española, como fuerza política electoralmente hegemónica agrupada

en su partido único, se apresta ahora a reducir a la mínima expresión las instituciones

políticas, sociales y económicas de las Comunidades Autónomas y del Estado,

preparando la vía autoritaria hacia la imposición de poderosos intereses privados, la

desintegración social, el crecimiento de las desigualdades y la jibarización de la

democracia. Como decía Manuel Rivas (¿Qué país es este?, Diario El País, 8 de

setiembre de 2012, p. 60, contraportada): “No podemos resignarnos a que hagan de

nuestro país un país de mierda”.

La deriva de la crisis que ha causado una enorme regresión y desigualdad en la

sociedad, no proviene de postulados ineludibles de la economía, sino de decisiones que

los gobiernos han tomado prácticamente al dictado de la plutocracia. Por la izquierda

hay alternativas (Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa, con

35

prólogo de Noam Chomsky): Hay Alternativas, Ed. Sequitur-ATTAC España, 2011) y

hace falta un proyecto político auténticamente socialista que recupere la mayoría para

un gobierno de transformación que consiga el apoyo electoral continuado –en varias

legislaturas- y el compromiso mayoritario de la ciudadanía para aplicar iniciativas que

cambien realmente el panorama actual y sitúen a la política y a las políticas públicas

como impulsoras del progreso económico y social, del pleno empleo.

El PSOE no ha sido, ni puede ser, solo un partido de cuadros. El PSOE nace y se

desarrolla con el movimiento obrero y la lucha de las clases populares por la igualdad,

la justicia social, la libertad con equidad y la solidaridad; somos un partido de clase y de

masas, comprometido con la mayoría social plural, con la emancipación, la

transformación y el progreso social.

La democracia interna y el funcionamiento partidario tienen que corresponderse

con nuestra trayectoria histórica de partido abierto, participativo, donde las distintas

propuestas se debaten, incorporan y se transforman en decisiones adoptadas

democráticamente, sin que la opinión de la mayoría excluya la integración y

aportaciones de las minorías, y a que el bloque social de progreso que nos apoya se

compone de grupos diversos con propuestas e intereses plurales.

“Profesionalizar“el Partido y mantener, desde un liderazgo “presidencialista” y su

entorno la unidad/centralidad de las decisiones, la acción y los mensajes; “esclerotiza”

la actividad orgánica y la iniciativa y capacidad de propuesta del colectivo de militantes

y simpatizantes. Cuando la unanimidad (a veces en el error) de los órganos dirigentes

(cargos orgánicos y públicos) y la dirección única de arriba hacia abajo reducen y

limitan la pluralidad interna del Partido como generador/emisor de políticas y receptor-

agregador de iniciativas ciudadanas, este “empequeñecimiento” del campo de juego nos

desconecta de los motores de cambio de la mayoría progresista (republicanismo cívico):

y si nuestras bases sociales dejan de ser los referentes de la aplicación del proyecto

socialistas, si se adulteran nuestros valores, se ignoran las resoluciones de los Congresos

y los compromisos de los programas y se difuminan nuestras estrategias y objetivos; el

desconcierto y frustración en nuestros votantes acarrea su retracción, la derrota electoral

es inevitable y la debacle se acentúa .

Las fuertes derrotas del PSOE en los últimos dos años, hacen muy necesaria la

autocrítica y nos sitúan ante responsabilidades y tareas insoslayables: estamos en una

etapa de práctica “refundación” de la socialdemocracia y la izquierda y de recuperación

de nuestra identidad y valores, de reformulación del nuestro proyecto socialista, de

renovar equipos, proceder al relevo de dirigentes y de cambiar profundamente el

funcionamiento interno de nuestro Partido para abordar nuevos tiempos, nuevos retos y

liderar alternativas de progreso social.

Si queremos recuperar la credibilidad de la sociedad en nuestro Partido, mantener

el apoyo de quienes nos han votado, avanzar en ese proyecto de mayoría compartiendo

alternativas con los ciudadanos/as, hemos de actuar con coherencia entre ideología y

praxis en la línea de nuestros declaración de principios y conforme a los valores

socialistas.

Debemos trabajar por la acción transformadora de la Política para el

36

bienestar y progreso de la gente para sintonizar de nuevo con nuestro electorado natural,

la clase trabajadora (asalariada, autónoma, profesional) y sectores empresariales y

sociales progresistas que confían en la recuperación de la trayectoria y acciones del

proyecto emancipador del socialismo para avanzar en España y Europa. “…Con el

tiempo, una prolongada recesión económica puede poner de nuevo en marcha el motor

del conflicto político y de la división ideológica que le confirió su impulso al continente

en el pasado”. (Perry Anderson. El Nuevo Viejo Mundo. Ed.Akal, Madrid, 2012, p.

555).

Estamos en el umbral de un profundo cambio social con nuevos paradigmas de

representación y participación ciudadanas. No debemos limitarnos a considerar que los

partidos son la única forma de articulación de la voluntad cívica; hemos de atender a

otras fórmulas participativas que contribuyen a la expresión de los intereses de

ciudadanos y ciudadanas. Ante esos nuevos tipos incipientes de participación, aún poco

estructurados, no podemos estar ausentes de las reivindicaciones que expresan muchos

de sus grupos y plataformas cívicas, a las que hemos de exponer nuestras iniciativas y,

en muchos casos, asumir sus propuestas.

2.- LA IDENTIDAD DEL SOCIALISMO DEMOCRÁTICO

El declive de los ideales “emancipadores” de la izquierda y del sentido del

progreso transformador han conducido a Europa a una situación muy difícil; ya que la

supremacía de los intereses del capital financiero y la imposición de las políticas

neoliberales de la derecha, causantes de la crisis económica, se traduce en una grave

involución de los derechos sociales y en la reducción del Estado de Bienestar; lo que

conlleva un considerable aumento de las desigualdades y un retroceso de las conquistas

del movimiento obrero y de las clases populares, conseguidas en dos siglos de luchas y

reivindicaciones, por la libertad igualitaria y la justicia social, contra el capitalismo más

depredador, egoísta e inhumano.

Tales políticas que practican los halcones del capital tienen gravísimas

consecuencias para nuestras sociedades: agudo incremento del desempleo y de la

precariedad laboral, drástica caída de los ingresos de las familias y aumento de la

pobreza, privatizaciones de bienes públicos, segmentación social, desconfianza en la

acción de las instituciones y retroceso de los valores que sustentan las sociedades

democráticas . Esa ofensiva de la derecha que sigue beneficiando al capitalismo

especulador, sólo se puede frenar y revertir mediante una amplia convergencia de las

fuerzas políticas de la izquierda con las organizaciones sociales y los sectores

progresistas para articular un gran proyecto de la mayoría que supere las

contradicciones –irresolubles- del sistema capitalista y avanzar hacia el socialismo.

El socialismo surgió como alternativa al capitalismo para crear una sociedad más

libre, igualitaria, justa y democrática; este sigue siendo el objetivo del socialismo

democrático. Y el habernos desviado de él ha significado la preponderancia de una

sociedad de los poderosos, con el agravante que ha destruido los valores de la

solidaridad, humanismo e igualdad, impregnando al ciudadano de individualismo y

dándole como valores competitividad y el triunfo individual expresado en valor

37

monetario. El socialismo no puede actuar como un complemento “reformista” del

capitalismo, para hacerlo menos egoísta, agresivo y acumulador; desde Izquierda

Socialista queremos incidir en que el objetivo final del socialismo es la superación del

sistema capitalista.

La corriente Izquierda Socialista del PSOE coherente con nuestros valores y

posiciones ideológicas hemos elaborado –y planteamos- múltiples propuestas para

reformular el proyecto socialista, como lo prueba el contenido de este documento, sin

descartar la autocrítica para reconocer los errores que nos han alejado de muchos

ciudadanos y ciudadanas y reiniciar nuestro compromiso con la mayoría social, en un

proyecto socialista de futuro.

Por ello, y ante las actuales circunstancias, este Ideario programático adquiere un

componente de Manifiesto “refundacional”: propugna el “cambio de rumbo” en un

momento necesitado de clarificación y de iniciativas creativas e ilusionantes de

progreso y transformación hacia el socialismo democrático. Y, además, se enuncia

cuando para revertir la crítica situación de este País una prioridad fundamental es la

reconstitución y renovación del PSOE, para recuperar las iniciativas desde la izquierda.

Con estas reflexiones básicas nos proponemos contestar a preguntas clave

derivadas del difícil escenario descrito.

2.1. CRISIS CAPITALISTA Y HEGEMONIA

DEL NEOLIBERALISMO.

Durante las últimas décadas priorizando la economía especulativa sobre la

productiva, se generaron burbujas insostenibles cuya eclosión resultó inevitable; y el

estallido financiero de finales de verano de 2008 culminó la larga etapa de auge del

“capitalismo del desastre” abriendo un tiempo de depresión e impredecibles

consecuencias. Los déficits presupuestarios en 2009 y 2010 evitaron la quiebra del

sistema bancario. Entonces y con posterioridad, las multimillonarias ayudas públicas

utilizadas para impedir el hundimiento del sistema financiero mundial y el colapso de la

economía real, no han servido para la recuperación de la producción, el empleo y el

consumo.

Las instituciones y organismos supranacionales y los gobiernos no aplicaron las

medidas adecuadas de regulación y supervisión financiera, limitación del capitalismo

especulativo, progresividad fiscal y control del fraude. En nuestro caso, se ha defendido

y realizado una contracción del gasto público, aunque es claro que eso profundiza la

depresión de toda la economía. Incluso se acepta una infrautilización de la capacidad

productiva que afecta de manera desastrosa la productividad y competitividad de la

economía en su conjunto, y eso probablemente de forma duradera. Todo ello no es otra

cosa que el desarrollo del modelo capitalista de organización de la producción y la

sociedad. Esta nueva crisis adquiere dimensiones globales y, en definitiva, resulta

sistémica. Necesitamos un nuevo modelo que no deprede los recursos del Planeta ni se

sustente en la sistemática explotación de las personas.

Cuando la crisis empezó a emerger, hubo voces que expresaron el fracaso del

modelo, incluso desde las filas neoliberales. Sin embargo, una vez que poderosos

38

intereses minoritarios consiguieron que las quiebras de grandes conglomerados

financieros privados fueran “asumidas” por el Estado y “transferidas” al erario público.

el liberalismo económico se dispone a seguir en su camino de dominio intenso de la

sociedad en sus dos grandes vertientes: la “estructura social” y la cultura.

En estos momentos, utilizamos el segundo de esos términos en el sentido de esa

conciencia colectiva que tiende a ser asumida por los individuos. En cuanto a la

“estructura social”, suele entenderse como el conjunto de normas y relaciones,

asimismo instituciones, que conforman una sociedad en términos objetivos, de modo

que constituyen lo que podría denominarse su organización.

2.2. DESIGUALDAD, EXCLUSION Y “ASIMETRIZACION”

DE EUROPA.

Una de las claves más importantes de la Crisis económica reside en ese aumento

de la desigualdad. Por ejemplo, en España hay empresas cuyo abanico salarial es de 1 a

1.000. Ahora bien, hay desequilibrios aún más injustos. Por ejemplo, los que tienen su

base en la pura propiedad de medios de producción, sin que el beneficiario contribuya a

la producción, o en la posesión de un patrimonio que da lugar a unas rentas

desproporcionadas, como ha ocurrido con muchos inmuebles.

El FMI reconocía en un reciente informe sobre España que este era uno de los

países en los que se estaba registrando una de las mayores ampliaciones de la

desigualdad en la distribución de la renta y en el aumento de la pobreza. La década

expansiva que concluyó con el inicio de la crisis, ya había ensanchado

significativamente esa desigualdad, como muestra EUROSTAT. Probablemente estamos

ante la clave más importante de la crisis actual. Nos referimos a una desigualdad tan

extraordinaria que hace imposible una economía sostenible y competitiva.

Por un lado, expulsa de manera continua de la actividad económica y la

posibilidad de subsistencia, a una proporción cada vez más amplia de la población. Por

el otro, genera unas rentas que unas veces tienen una contrapartida productiva, pero son

tan desproporcionadas que resultan inhumanas. Otras veces carecen de justificación en

la producción, pues son fruto de la especulación, o de la acumulación por parte de

generaciones precedentes. La política que se ha venido aplicando a lo largo de la crisis,

está logrando que la recesión se eternice, y la destrucción de empleo continúe.

Se ha seguido afirmando que no existe otra salida que reducir los salarios,

abordar “reformas estructurales” que restringen derechos, y mantener una irracional

austeridad, cuya concreción se ceba en la progresiva destrucción de servicios públicos

esenciales (educación, sanidad, dependencia). El empobrecimiento colectivo y la

desigualdad social, se acentúan de forma insoportable. Esas políticas, lejos de potenciar

la cohesión social e integración europea, llegan a poner en riesgo la supervivencia del

euro, y consolidan una Europa de “dos velocidades”.

Y también de tratos diferenciados en los países de la UE. Por ejemplo, Alemania

tras su reunificación, llegó a un déficit del 6 %. Sin embargo, a Grecia se le ha exigido

que llegara al 1,8 %; entre otras cosas, en beneficio de los bancos prestatarios en países

desarrollados. La política de los países dominantes en la UE ha incrementado el

39

descrédito de los países del Sur.

Paradójicamente, el Banco Central Europeo presta por debajo del 1% de interés a

los bancos privados que aprovechan las cantidades obtenidas para adquirir deuda

pública de los países con mayores dificultades percibiendo intereses entre el 4% y el

6%. Eso ha provocado una elevada prima de riesgo de los países europeos “periféricos”

frente a un aprecio correlativo de la deuda de los países dominantes, que ha culminado

en intereses negativos. Sin embargo, Alemania ha conseguido un mercado amplio y

cómodo a través de la unificación europea. A lo largo de la crisis está acentuando su

hegemonía económica y política, pero al mismo tiempo necesita que sus clientes en el

mercado europeo mantengan un cierto nivel de poder adquisitivo.

En definitiva, se sigue favoreciendo la Europa de las elites y el capital frente a la

Europa democrática de los ciudadanos, a riesgo de poner en cuestión el propio proyecto

europeo. Por eso insistimos en que no debería aplazarse por más tiempo una

Conferencia Europea de los partidos socialistas, socialdemócratas, progresistas y de

izquierdas, para "salvar" la otra Europa.

2.3. EL GOBIERNO DEL PP O LA DESTRUCCION DEL

ESTADO SOCIAL.

A escala interna, es necesario oponerse al Partido Popular en su recorte de

derechos y libertades, de la seguridad social, del empleo, la educación, la cultura, de la

política laboral y la fiscalidad, Hay que oponerse a las privatizaciones, a la intrusión

partidista en las Instituciones fundamentales del estado y al retroceso autonómico. El

PP, bajo el pretexto de solventar la crisis, adopta medidas que benefician

descaradamente a intereses privados y refuerzan las pretensiones oligárquicas de los

sectores más reaccionarios.

El PSOE tiene la responsabilidad de frenar estas contrarreformas a las que nos

está conduciendo el Gobierno de la derecha, trabajando junto con sindicatos, partidos

de izquierdas y de progreso y organizaciones de la sociedad civil, organizando

plataformas y foros de debate, movilizaciones populares y sobre todo una oposición

responsable y eficaz.

2.4. LA ESPECULACION INMOBILIARIA

Durante mucho tiempo, el suelo y la vivienda han constituido uno de los cauces

más importantes de actividad especulativa. Su tenencia no se ha dirigido sólo a la

satisfacción de una necesidad fundamental, sino que ha “sacralizado” un depósito de

valor estimado como seguro, y destinado a un crecimiento indefinido de su valor.

En nuestra experiencia reciente, ello ha provocado que en bastantes ciudades los

precios de la vivienda hayan llegado a ser hasta siete veces superiores al valor de la

construcción. La especulación sobre el suelo ha canalizado aproximadamente la cuarta

parte de la renta nacional hacia personas que, al menos por ese concepto, no realizan

ninguna actividad productiva estimable. En cambio, muchas familias con dos salarios

han tenido que aplicar hasta la mitad de sus ingresos en satisfacer esas rentas.

40

La facilidad y economía de los créditos, sin una supervisión bancaria

responsable, ha operado como un estímulo para seguir elevando el valor de los

inmuebles.

La especulación inmobiliaria ha sido un cáncer para la economía española

durante mucho tiempo, Mientras tanto, una parte muy importante de las rentas salariales

tiene que seguir destinándose a generar rentas sin contrapartida productiva.

Pero, para los socialistas se trata de una cuestión de gran importancia. El

mercado de suelo y vivienda ha venido siendo un cauce de obtención injusta de

plusvalías, semejante en importancia a la explotación a través de medios de producción,

con la diferencia de que los propietarios de empresas realizan un esfuerzo productivo y

los tenedores de suelo no necesitan realizarlo y, en muchos casos, simplemente

especulan para obtener rentas impropias.

El suelo es un bien natural, cuya propiedad corresponde primariamente a la

comunidad y debe primar su valor público y social. De hecho, hay países incluso

desarrollados en los que la propiedad del suelo corresponde en forma eminente al

Estado. Puede ser oportuno respetar la propiedad privada del suelo; ahora bien, con un

régimen de cargas fiscales y condicionamientos públicos ajustados al destino, extensión,

ocupación y situación de los inmuebles, y apostando por una política pública del

alquiler.

2.5. IDEOLOGIA Y CIENCIA ECONOMICA.

Desde hace dos décadas aproximadamente, el Liberalismo económico ha ido

tomando ventaja en la sociedad. Al afirmarse como algo absoluto en la naturaleza

humana y el fundamento de la racionalidad económica, el Liberalismo ha favorecido

que se tome a si mismo como un postulado práctico, sin alternativas: “pensamiento

único”. Con ello, se ha provocado la emergencia de una realidad que al mismo tiempo,

viene a decirse, corrobora la teoría.

Ahora bien, esa expansión en la búsqueda del beneficio, parece haber sido uno

de los factores de la Crisis económica. Los diversos agentes económicos han aprendido

en una presunta ciencia cómo maximizar la codicia y optimizar sus logros. Uno de

los efectos de esa multiplicación de codiciosos ilustrados, ha consistido en que

gradualmente ha ido perdiendo peso la producción de bienes y servicios en beneficio de

la actividad financiera más rentable, muchas veces especulativa. Se trata del ilimitado e

incontrolado poder financiero o “financiarización” de la economía.

Respecto a los inversionistas, han dejado de pensar en términos de empresa para

hacerlo en términos de negocio especulativo. En cuanto a los ejecutivos, tienden a

aplicar el imperativo de maximizar beneficios no en la empresa para la cual trabajan,

sino en su provecho personal, orientando su gestión a reducir costes “a cualquier

precio”, con el fin de elevar los resultados a corto plazo. Con ello comprometen la

supervivencia de las empresas que gestionan. Cuando han añadido “un mérito más” a su

curriculum, pasan a una nueva empresa a la cual descapitalizar.

41

Mientras tanto, los trabajadores que no tienen recursos para especular, pero

sostienen con su trabajo la producción de bienes y servicios, suelen ser valorados como

agentes de menor importancia para la economía y, a menudo como un coste, más que un

recurso decisivo para la producción. Por el contrario, la producción de bienes y

servicios se convierte en un medio para obtener recursos financieros, con una

virtualidad intrínseca para multiplicarse por sí mismos.

Según diversos autores, la aceleración del ritmo para acumular desmedidas

ganancias por parte de elites poderosas, ha multiplicado los sobrecostes del capital

frente a la devaluación del coste del trabajo; y las desigualdades sociales se han

incrementado extraordinariamente con la creciente explotación de los trabajadores y el

despilfarro de riqueza que no se invierte en la economía productiva. (Puede verse:

Laurent Cordonnier: El Coste del capital, la cuestión que cambia todo. Le Monde

Diplomatique (en español). Julio 2012, p. 3). Por las razones enunciadas, parece

conveniente gravar con mayor progresividad no sólo las rentas altas y operaciones

especulativas, sino también patrimonios y herencias superiores a cierto mínimo.

Frente al pensamiento único que conviene al capitalismo, hay que crear nuevas

escuelas en las ciencias sociales y articular grupos de reflexión que propugnen otras

bases económicas con fines de beneficio social y no individual y especulativo, que

hagan la revisión crítica del crecimiento indiscriminado y de la falsedad que entraña la

aplicación de los conceptos de competitividad y productividad. Hemos de ser capaces

de salir del corsé que el sistema nos ha puesto para que siguiendo su razonamiento,

métodos y parámetros, renunciemos a otro tipo de modelos de producción y de

relaciones socioeconómicas alternativas, absolutamente necesarios para superar el

colapso generado por la quiebra capitalista.

2.6. EXTENSION DE OPORTUNIDADES Y COBERTURA

DE NECESIDADES.

Uno de los planteamientos que defendemos con más insistencia es la extensión

de oportunidades, sobre todo a través de la Educación, y también del acceso a la

iniciativa empresarial, la investigación y el empleo de calidad.

Una sociedad que aprovecha el talento y lo desarrolla, es más productiva, y con

ello genera economías externas en beneficio de las empresas a escala singular, y en

determinadas condiciones en beneficio de los propios ciudadanos y la colectividad. En

la Socialdemocracia, el criterio de generación de oportunidades se integra en uno más

amplio, que trata de canalizar la productividad de todos hacia la cobertura de las

necesidades sociales básicas de todos los ciudadanos. Podría expresarse en el viejo

principio de “de cada uno según su productividad, y a cada uno según sus necesidades”.

Esto segundo remite, entre otras prestaciones y transferencias, a la asistencia

sanitaria, las pensiones y la renta de inserción. Respecto a las dos primeras, damos por

conocidos y aceptados los criterios fundamentales. Respecto a la renta de inserción, no

sólo forma parte de la cobertura de necesidades, sino también de la integración de la

persona en la sociedad, aceptando su singularidad y capacidad productiva.

El progreso técnico permite cubrir las necesidades fundamentales del hombre

42

siempre que su producto se destine a ello y no para la acumulación de capital

especulativo, y se puede reducir el tiempo de trabajo económicamente productivo de

bienes y servicios, combinándolo con el desarrollo de otro tipo de actividades, no

necesariamente monetarizables, que crean tejido social, estabilidad, integración y

convivencia.

2.7. LA ACCION PÚBLICA EN LOS MERCADOS DE

FACTORES PRODUCTIVOS.

La Crisis económica es tan acuciante que parece poner en cuestión la posibilidad

de dar cumplimiento a algunos criterios de raíz ética. Sobre todo, cuando corresponden

a derechos cuya cobertura exige un aumento del gasto público. Por ello, parece

conveniente atender simultáneamente a su consideración política y a la económica.

Concretamente, la Socialdemocracia da gran importancia a ciertos derechos materiales,

como son el derecho al trabajo, la extensión de oportunidades y el derecho a la

educación, la sanidad, la vivienda…. Ahora bien, antes de abordar cada uno de ellos,

veamos su incidencia en el gasto público y sus posibilidades de realización en el actual

marco económico que establece sus propias prioridades y reglas de funcionamiento.

Empecemos por reconocer que España tiene un grave problema de productividad

y competitividad. También es cierto que nuestro país tiene importantes rigideces. Gran

parte de todas esas insuficiencias parecen residir en los mercados de factores

productivos, que adolecen de ineficiencias muy graves. La mayor parte de ellas son

achacables a la falta de cultura empresarial acostumbrada al beneficio inmediato y en

ocasiones especulativo, falta de visión a medio y largo plazo, mercados cautivos y/o

privilegiados, falta de inversión en investigación e innovación, falta de tradición

negociadora entre capital y trabajo, a la vez que una cierta debilidad de perspectiva y a

la debilidad de la acción pública.

Por ejemplo, el mercado de trabajo adolece de opacidad, ineficacia en los

servicios de empleo, inadecuación de la oferta de cualificaciones para ajustarse a la

demanda, y movilidad así como falta de tradición negociadora y sentido de consenso

entre empresas y sindicatos, que prefieren delegar en los poderes públicos la solución de

sus diferencias. En cuanto al mercado del suelo ha sido tradicionalmente un elemento de

especulación y de creación de beneficios fáciles a corto plazo sin necesidad de invertir

en formación, innovación, ni asumir desafíos o riesgos mayores, contando además con

niveles salariales fácilmente controlables por el empleo de mano de obra abundante y

poco cualificada

Vayamos ahora brevemente al mercado de lo que puede entenderse como otro

factor productivo: el capital, pero en su vertiente financiera. Como sabemos, una de las

dificultades para remontar la crisis económica reside en que los mercados de capital

para la inversión productiva, registran una gran penuria de crédito, debido a que éste se

ha dirigido en gran parte los años anteriores a la especulación inmobiliaria y al

consumo, en una proporción importante con endeudamiento hacia el exterior. El crédito

público se eliminó, y la Banca privada ha empleado la mayor de la liquidez

suministrada por el BCE en recapitalizarse, comprar deuda pública, y refinanciar el

crédito inmobiliario y al consumo.

43

Antes se dijo que el diagnóstico de la crisis y la propuesta de medidas para

superarla, adolecen a menudo de un sesgo ideológico. Uno de los tratamientos que

parecen desenfocados, es el tratamiento de la Banca. Dejemos a un lado su

protagonismo en el desencadenamiento de la crisis, a través del diseño y venta de

derivados y otros “productos financieros” en un volumen tan superior a los activos

reales de base, que en realidad ha consistido en un fraude gigantesco.

Sorprendentemente, la solución está consistiendo en refinanciar a las entidades

fraudulentas.

Ahora bien, en el contexto actual de recesión económica, la necesidad de

financiación para las empresas y las personas tienen una especial trascendencia para el

crecimiento y el desarrollo. Se entiende que una de las contribuciones más importantes

de la Banca, es que canalizan el ahorro que procede en su mayor parte de las familias,

así como otra financiación proveniente de la UE hacia la inversión productiva. Sin

embargo, algunas entidades españolas, en ocasiones en situación fraudulenta, han sido

refinanciadas sin condiciones, y han encontrado más rentable y cómodo orientar

principalmente su actividad crediticia hacia los particulares, y financiarla en buena

parte, recurriendo a entidades de otros países. Así, la proporción muy notable de la

deuda privada, es muy superior a la pública.

Dado que los grandes bancos son pilares fundamentales del sistema, una parte

importante de la política económica de la Unión Europea ha consistido en aportar

liquidez a las entidades privadas de crédito, de un modo que les ha permitido obtener un

diferencial de interés elevado con poco esfuerzo por su parte. Cuando se detectó ese

problema, se trató de utilizar la escasa banca estatal que subsiste: el ICO.

Ahora bien, el respeto de la clase política española hacia la Banca (y posiblemente

la dependencia de los partidos respecto de la misma a través del crédito), había llevado a

que el ICO carece de red de distribución, y la Banca privada no tiene interés en operar

de intermediario en el crédito público al por menor. Por tanto, desde hace tres años se

padece una necesidad social y económica grave. Sin embargo, el principio de que el

crédito debe ser sólo privado se ha hecho tan sacrosanto e intocable, que los partidos e

instituciones no hacen nada eficaz para resolver esta gran laguna.

Pues bien: es tan evidente la necesidad económica y social existente, que parece

urgente no solo desarrollar el ICO, sino también crear una potente y eficaz Banca

Pública o bien dar una naturaleza plenamente pública a alguna de las entidades de

crédito que efectivamente se están haciendo públicas en sus recursos. Todo lo dicho a

propósito de los mercados de factores, debe considerarse desde una perspectiva más

amplia de política económica.

El Liberalismo tiende a reiterar como un mantra insistente que la actividad del

Estado es esencialmente antagónica con la actividad privada. Eso no es cierto: las

catástrofes más graves que han azotado España y al mundo en las últimas décadas se

han debido esencialmente a la debilidad de instrumentos públicos. La destrucción actual

de recursos de esa índole conducirá a costes muy superiores al ahorro que se está

consiguiendo. Por el contrario, la política puede cambiar estas situaciones y someter a

los mercados. En este contexto, lo que está en juego no es sólo nuestro modelo

económico-social, sino la democracia misma.

44

2.8. LA PARTICIPACION EN LA PRODUCCION Y LA

FISCALIDAD.

La propiedad y la producción no pueden ser reducirse a los ámbitos puramente

privados, ya que están enmarcados en un contexto social y deben contribuir al bien

común. Debemos favorecer la participación en la gestión de los medios de producción

profundizando dar contenido a la función prioritariamente social de la economía

mediante la mejora del derecho al trabajo (incluyendo la protección a la parte más débil

en la contratación laboral, a través del Derecho del Trabajo), la extensión de

oportunidades, la creación de servicios públicos, incluyendo la Sanidad, la Seguridad

Social y el control por parte de los entes públicos de ciertos medios de producción

(sobre todo, ciertos monopolios naturales y servicios públicos).

Continuando con los medios adecuados para distribuir oportunidades y rentas,

hemos de volver a tocar la fiscalidad. Junto al objetivo de dar más equidad a la

distribución y generar oportunidades, parece conveniente priorizar la producción de

bienes y servicios orientados a satisfacer verdaderas necesidades, con antelación al

consumo innecesario o negativo para la sostenibilidad de la economía. También es

necesario compensar economías y deseconomías externas, sobre todo en Medio

Ambiente y suelo, edificación y urbanismo.

En nuestro país es urgente reforzar la progresividad en el Impuesto sobre la

Renta. Asimismo se impone la creación de un tramo nuevo en el IVA y en el Impuesto

de Sociedades, para gravar la producción y consumo de lujo totalmente innecesarios,

alto coste y ociosidad social. En cuanto a los criterios concretos de imposición, creemos

que es conveniente fijarlos en el programa o programas ajustados a la situación. En lo

que respecta a la imposición sobre la renta, parece adecuado el tipo máximo que ha

impulsado el Partido Socialista Francés, del 75 % para las rentas superiores a un millón

de euros anuales, además de neutralizar y controlar refugios y paraísos fiscales a escala

internacional. Al respecto, hay que superar privilegios como los que han beneficiado a

las SICAV y aportar una transparencia homogénea con otros activos económicos.

Respecto a los paraísos fiscales, es necesario llevar a cabo una actividad a escala

internacional y supranacional para eliminarlos, sin perjuicio de medidas bilaterales.

Sobre todo, no se puede aceptar que países miembros de la Unión Europea hagan

competencia desleal en el Impuesto de Sociedades u otros resortes. También es

necesario trabajar a escala internacional y supranacional para gravar las transacciones

financieras de carácter especulativo o con posibilidades de serlo.

Una pieza última en la política fiscal en su vertiente de ingresos, todavía 7

puntos por debajo de la media de la UE, ha de ser la lucha contra el fraude, en especial

en los impuestos más proclives al mismo y que generan rentas mayores, como es el caso

de la imposición sobre el Capital. Respecto a algunos de esos impuestos, valdría la pena

elevar las multas, tipificar agravantes y dar publicidad a los fraudes. Por cierto, sería

conveniente orientar la opinión pública hacia una valoración de los comportamientos

ciudadanos: sobre todo los positivos, pero también los más negativos. En la vertiente de

gasto los servicios públicos se gestionarán por principio de manera asimismo pública.

Sólo se privatizará la gestión cuando sea clara su conveniencia, y se garantice la calidad

de las prestaciones, la homogeneidad de dicha calidad entre los destinatarios, y la

45

privacidad de la información que se maneje o pueda llegar a conocerse con ocasión del

servicio.

Propugnamos la utilización de todos los cauces citados para favorecer la

inclusión y una distribución equitativa de rentas. Esos medios son de justicia, pero al

mismo tiempo contribuyen a conseguir una economía más productiva, sólida y

expansiva. Por ello, no benefician sólo a los ahora excluidos o perjudicados. Incluso los

ahora privilegiados podrían disfrutar de unas perspectivas más seguras, y verían

retribuida de forma correcta su productividad.

En el fondo, existen más recursos que en otros momentos del pasado para poseer

un Estado de Bienestar y eliminar la desigualdad creciente. A pesar de los retrocesos

recientes en el Producto Social, puede decirse que España nunca ha sido tan rica como

hasta ahora. En términos globales, existe la renta suficiente como para que todos los

ciudadanos puedan participar en la producción, y para beneficiarse de ella de modo que

todos tengan lo suficiente, y muchos bastante más de lo suficiente. No hay progreso

social sin redistribución de la riqueza

2.9. EL DERECHO AL TRABAJO DIGNO.

Uno de los mitos que más han calado en la sociedad actual es el mito del trabajo

considerádo como trabajo productivo, cuyo objetivo no es la realización de la persona

sino la producción en sí misma. En efecto el trabajo puede dignificar a la persona, si es

un trabajo digno, pero también la puede destruir, degradar y esclavizar en caso

contrario. En nuestra concepción abogamos por el derecho a un trabajo digno, que

permita no solamente cubrir las necesidades vitales de las personas, sino que sirva a su

vez para su realización personal y social y su integración en la sociedad. En especial,

se debe fortalecer la posición de los trabajadores en el proceso productivo.

Con el doble compromiso de favorecer el empleo de calidad y la productividad,

parecen necesarios los desarrollos siguientes:

Cuando un ciudadano quede en desempleo, han de hacerse efectivos varios

derechos subsidiarios al trabajo: el derecho a percibir una prestación sustitutiva al

salario; el relativo a una información, orientación y formación profesional eficaces y

adecuadas a las capacidades y voluntad del trabajador, y a las oportunidades de empleo;

y el derecho a unos servicios de empleo eficaces.

Los derechos subsidiarios comentados serán efectivos también cuando se trate de

trabajadores que todavía no han tenido ocasión de encontrar su primer empleo, si

transcurre un tiempo notable desde que iniciaron la búsqueda del mismo. En este caso,

la percepción de medios de subsistencia se llevará a cabo en forma vinculada a una

tutorización especial, y en su caso un programa de empleo-formación.

Para dar calidad y efectividad a la información, orientación y formación

profesionales, y a los servicios de colocación, se llevará a cabo una gestión previsional

de mercado de trabajo orientada al óptimo, sin perjuicio de que se acepten servicios de

colocación paralelos, de titularidad pública, semipública o privada.

46

La concesión de recursos públicos a instituciones semipúblicas y privadas, se ha

llevado a cabo de tal modo que se han comprometido su eficacia y eficiencia. Es

necesario reorganizar la aplicación de fondos públicos para la formación profesional, de

modo que se apliquen según las necesidades de la demanda, reforzando la educación

inicial o básica (eliminando el fracaso escalar) y potenciando la oferta de FP pública y

de calidad.

2.10. LA RELEVANCIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.

Respecto a los servicios públicos, en España está sucediendo algo sorprendente,

que es ceder la gestión de servicios a instituciones privadas en tal forma que de hecho se

privatiza esencialmente, pero además en régimen de monopolio (o al menos, de

mercado asegurado) y sufragando los entes públicos costes y beneficios (a menudo,

incluso abriendo la posibilidad de que el beneficio se haga aún mayor a través de la

venta de bienes o servicios). Lo más curioso es que, además, los adelantados en esa

política han sido conspicuos liberales. La socialdemocracia es más respetuosa con la

competencia, y es enemiga de crear conglomerados público-privados. Estima que los

servicios públicos deben ser verdaderamente públicos

En una compenetración estrecha con lo anterior, hay datos que muestran la

importancia de los servicios públicos para el desarrollo de la economía y su necesidad

para el bienestar colectivo. Observemos la distribución de la ocupación en las

economías desarrolladas, y en concreto en España: la Agricultura absorbe el 4,2 % de la

población ocupada; la Industria, el 14 %; y la Construcción, el 6,8 %. El resto, que es un

74,9 %, trabaja en los servicios.

La productividad en la obtención de bienes materiales, se ha multiplicado de tal

modo que ha permitido el desarrollo de unos servicios gigantescos, que en una parte son

privados, y en otra parte son públicos. El Liberalismo está avanzando mucho en su

propósito de privatizar una parte importante de los servicios públicos, y de recortar el

resto.

Pues bien: eso es suicida. Por una parte limita gravemente el bienestar colectivo;

por otra, elimina economías externas para muchas actividades privadas, de tal modo que

en realidad yugula el desarrollo productivo incluso privado. En tercer lugar, arroja al

paro a una parte muy importante de la población ocupada en los servicios, y elimina uno

de los motores más importantes del desarrollo económico, el empleo y la distribución

del producto social.

Esto último dejaría de ser ilegítimo, pues el “establishment” y sus agentes en la

actividad política, han sido los primeros que han roto el pacto contractual fundamental.

Por tanto, la senda en la cual se inscribe la política económica actual puede llevar a

consecuencias catastróficas. La alternativa es mantener los servicios públicos,

especialmente una educación y sanidad públicos, de calidad, universales y gratuitos,

reforzando su productividad.

En este sentido, es conveniente analizar dos postulados que el liberalismo

afirma como evidentes, pero no lo son en modo alguno. Uno de ellos es que la actividad

privada es eficiente, y la pública no. El otro es que la actividad productiva privada

47

encierra más libertad que la pública. Veamos: las actividades de educación, sanidad y

muchos servicios sociales, no suelen conducirse de manera más productiva por agentes

privados que por públicos, porque en ellas no suele existir la misma posibilidad de

innovación en productos, procesos y organización que en la producción de bienes

materiales.

Por otra parte, la libertad de iniciativa en ellos, no suele llevar a una expansión

de servicios a escala global, sino que a menudo sucede a la inversa, pues se trata de

servicios donde es muy importante la profesionalidad. Cuando se privatizan, es

frecuente que los profesionales afectados pierdan libertad en beneficio de

emprendedores que en muchos casos sólo aspiran a disminuir prestaciones para los

destinatarios y compensaciones para los trabajadores, en pro de un beneficio rápido,

poco justificado en base a la innovación, la eficiencia o la eficacia organizativa a largo

plazo.

2.11. EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES.

El socialismo comparte la convicción de que el ser humano tiene una dimensión

individual, y de forma integrada, una social. Una parte muy importante de esa estructura

social está constituida por la organización política y jurídica. En nuestro país, esa

organización parte de una concepción contractualista, que se plasma en la Constitución.

Se entiende que para la sociedad española este pacto se hace tácito a partir de 1978.

Es la base de todo muestro ordenamiento jurídico, y también de la organización

política y sistema de valores y derechos compartidos. Ese pacto incluye el

reconocimiento de una dignidad en los ciudadanos que abre paso a una enunciación de

derechos, que proceden de necesidades o aspiraciones humanas. Una parte de ellas son

de libertad y protección frente a posibles imposiciones; son las que dan origen a los

derechos llamados “formales”. Otras necesidades se refieren a medios necesarios para la

subsistencia, y dan lugar a los derechos llamados “materiales”. La

Socialdemocracia respalda la Constitución, pacto fundamental de la convivencia

política. En especial, asume su enunciación de derechos como la fuente esencial de

criterios en materia ético-social para la conducción de los asuntos colectivos.

Si fuera posible organizar la producción de tal modo que los individuos,

individualmente o en agrupaciones voluntarias, pudieran producir de manera autónoma

lo que desearan, y luego cambiarlo por otros bienes y servicios en el mercado, bastaría

en gran parte con las libertades formales. Ahora bien, la tecnología y la organización

productiva han evolucionado de forma tan compleja e interdependiente, que es

necesario conseguir una distribución justa de los frutos de la producción, y antes de ello

asegurar la oportunidad de participar en la producción.

El Liberalismo está aprovechando la crisis económica para ir quitando

efectividad a los derechos materiales. España estaba afirmándose como Estado Social de

Derecho. Ahora bien, la disolución progresiva de derechos está siendo tan rápida,

profunda y discrecional, que nuestro país está dejando de ser incluso un Estado de

Derecho. La globalización y la gestión de la crisis están llevando a una destrucción de la

dimensión jurídica y política de la convivencia, para que el mercado, que ya ocupaba un

lugar muy central en la estructura social, se desprenda de toda limitación. Sin embargo,

48

esa trayectoria es suicida.

El mismo Liberalismo se funda en una sacralización del derecho de propiedad y

del respeto al mercado. Si prosigue en subordinarlo todo al mercado, la vitalidad de éste

será como un fuego sin control, que puede terminar destruyendo las bases mismas no ya

de la convivencia social, sino de la misma coexistencia, desatando una guerra de todos

contra todos. La civilización y la cultura occidental se basan en una gran proporción en

la ley y en la organización política. Por eso dijo ya Heráclito: “Un pueblo debe luchar

por su Ley como por sus murallas”.

2.12. LA INSTANCIA EUROPEA Y LA ACCION POLITICA.

Vistas las actuaciones de marcado contenido neoliberal impulsadas por las

instancias europeas como forma de salir de la crisis, con la complacencia y complicidad

de los partidos de la derecha europea, y considerando el renacimiento de los

nacionalismos excluyentes y xenófobos, es absolutamente necesario cohesionar con

contenido al partido socialista europeo (PSE), para que sea verdaderamente una fuerza

de unión y cambio.

La unidad de acción del PSE, identificándolo con los objetivos de igualdad,

servicio al ciudadano y predominio de la política ante los intereses económicos

minoritarios de la derecha, es la mejor forma de defender los derechos políticos,

económicos y sociales de los ciudadanos. Estamos ante un gran desafío: el de la

concertación de los partidos de la izquierda europea. Solo esa unión evitará que

perdamos el tren de la historia. .

2.13. SECULARIDAD Y SOLIDARIDAD. CONCIENCIACION

Y MOVILIZACION

La sociedad se basa en la solidaridad de unos individuos que tienen distintas

concepciones acerca de la realidad y de su propia existencia. Cuando la sociedad se

organiza en términos políticos y jurídicos, debe respetar las concepciones y fines

personales que no atenten contra otros individuos, o contra la colectividad en su

conjunto.

Esta es la parte más clara de eso que suele denominarse “secularidad” o

“autonomía política” en su sentido más general de organización de la sociedad.

Tampoco debe suplantar esas concepciones, con una especie de religión o ideología

propia. Eso que suele llamarse “espíritu republicano”, debe incluir los fundamentos de

la ética cívica y los valores de solidaridad, pero también de respeto hacia las

concepciones particulares, desde un Estado laico conforme a los principios de pluralidad

y de libertad igualitaria. El punto más problemático es si la sociedad debe cooperar en

que los individuos y los grupos puedan llevar a cabo sus fines propios, y en especial los

que estiman como de mayor relevancia.

En España, se ha dado durante muchas décadas un apoyo excesivo y

desequilibrado a la Religión Católica. Ese apoyo fue desmedido y vergonzoso en

tiempos de la Dictadura de Franco, pero incluso tras ella, y no obstante los criterios

oficiales de la misma Iglesia Católica, algunos jerarcas han actuado de una manera que

49

ha prolongado muchos de esos privilegios. Ya es hora de ponerles fin.

El Liberalismo ha ido ganando dominio en la conciencia colectiva, por una parte

haciendo a los ciudadanos más pasivos ante los asuntos colectivos, y por otra a través de

ciertas pautas de actividad privada. En esta segunda vertiente, el Liberalismo ha

presentado el egoísmo como algo tan propio de la naturaleza humana, que ha provocado

una insensibilización moral muy difundida. Incluso personas que se estimaban de

Izquierda, tienden a veces a aceptar la insolidaridad como algo natural.

Sin embargo, muchos seres humanos valoran la solidaridad y la practican. Incluso

perciben que es más natural que la prosecución cerrada del egoísmo propio, pues nos

permite desarrollarnos en cuanta sociedad e incluso como individuos, y obtener más

satisfacción. La conciencia colectiva tiende a modelar las conductas cuando el sujeto lo

acepta de una manera pasiva. Y, a la inversa, los individuos cambian la cultura a través

de actos que nacen de la convicción y se proponen acompañados de razones.

La mayor parte de nuestros comportamientos tienen una dimensión social, e

incluso política, si bien debemos tener en cuenta lo extendido de la pasividad en muchos

conciudadanos.

Necesitamos un “liderazgo colectivo”. El más auténtico es el que provoca una

movilización que parte de la conciencia y culmina en la acción. La potencialidad de ese

liderazgo parece residir en que propone opciones morales que suscitan adhesión, y no

sólo por un sentido de la obligación, sino de manera gustosa, y a menudo apasionada.

Una modalidad de esas propuestas son las que se concretan en solicitar actitudes y

conductas de colaboración.

Este “liderazgo” para un proyecto colectivo basado en valores, ilusión y

compromiso, si cabe, es más necesario y urgente que nunca. Si el Partido es capaz de

impulsar una participación social y política de esa altura, es probable que consiga una

ventaja decisiva respecto a la derecha. Una dimensión importante del liderazgo

democrático, es la orientación estratégica. La política se extiende a muchas áreas y suele

dispersarse en muchas medidas. El ciudadano necesita una orientación esencial e

inteligible: un rumbo político. Es posible que, por este camino, Izquierda Socialista

promueva un desarrollo del Partido, y una movilización en la sociedad, superiores a lo

que pueda imaginarse en estos momentos.

2.14. ALTERNATIVA PARA LA TRANSICION DEMOCRATICA

AL SOCIALISMO.

Durante las últimas décadas, los valores que inspiraron los movimientos de

progreso y el avance de los derechos civiles, laborales, sociales y políticos han ido

retrocediendo por la creciente ofensiva del neoliberalismo y hoy están siendo

conculcados y anulados para afianzar el capitalismo insolidario y los intereses de

poderosas minorías de la plutocracia, responsables de esta crisis sistémica y de enormes

perjuicios a toda la sociedad. La izquierda tiene que rehacer su capacidad histórica de

encabezar la lucha de la mayoría por el progreso, el bienestar colectivo y la justicia

social, recuperando el sentido de los partidos de masas y de los sindicatos de clase y

fortaleciendo las organizaciones y asociaciones que pugnan por “otro Mundo es

50

posible”.

Para la izquierda, la única forma de recuperar y fijar viejos y nuevos apoyos en

las clases trabajadoras, clases medias, profesionales y pequeños y medianos empresarios

consiste en demostrar capacidad para construir un proyecto que preserve y acreciente

las conquistas históricas de los trabajadores y movimientos populares, con alternativas

bien diferenciadas. Aunque el PSOE sea el principal partido de la oposición, no es

percibido como la alternativa. No estamos en un simple ciclo de alternancia, y esperar a

que culmine el desgaste del PP no servirá para recuperarnos y tener opciones de

gobernar, como muestran las encuestas y se percibe en la calle.

El análisis dominante sobre la situación económica y social está contaminado

por el debate sobre la vuelta al crecimiento; para los socialistas el tema central debe

girar sobre el reparto de la riqueza, el control de los medios de producción y el

desarrollo a la medida humana y del Planeta. Ello no quiere decir que la transición al

socialismo se pueda abordar de inmediato, pero debemos establecer las bases de una

sociedad socialista y explicar a los ciudadanos que en su gran mayoría son trabajadores,

que en ellos radica la fuerza para cambiar la realidad. Sí que tenemos alternativa, y es la

alternativa socialista.

También hay rechazo a la práctica de los partidos y de los políticos, lo que ha

causado también la desafección de la ciudadanía. Los socialistas hemos reaccionar

desde los valores del socialismo democrático, planteando –y recogiendo- las alternativas

e iniciativas que sintonicen nuevamente con la mayoría ciudadana que rechaza

privilegios, pide transparencia y control frente a la imposición de los poderes opacos y

de los intereses de los poderosos; reclama honestidad, ejemplaridad y compromiso a

gobernantes y cargos públicos.

Los socialistas no seremos alternativa creíble sin recuperar el sentido de la

política democrática como compromiso ético y cívico con la voluntad general y el bien

común. Tenemos que demostrar a los ciudadanos que la transparencia y la rendición de

cuentas son la bases de la regeneración de la política, y que estamos dispuestos a

cambiar el funcionamiento del Partido y acentuar la democracia interna en el debate y la

toma de decisiones; con más autocrítica, y contraste auténtico de alternativas, para que

desde la pluralidad de sensibilidades y propuestas, se decanten convergencias sobre

proyecto, estrategias y equipos.

Ahora no podemos asentar nuestra oposición sólo en respuestas “tácticas” o

contrapropuestas al desbarajuste reactivo “contra reformador” del Gobierno Rajoy, y

fiar el resto al acelerado desgaste del PP. Aunque coyunturalmente pudiéramos volver a

recuperar una mayoría electoral, es necesario construir un proyecto con alternativas de

gran calado, que consigan el apoyo social de una mayoría transformadora de la

ciudadanía. Se trata de abrir un ciclo prolongado de predominio ideológico y político de

la izquierda para profundizar en la democracia, impulsar un desarrollo económico más

sostenible, abrir nuevas perspectivas al Estado de bienestar para combatir las

desigualdades, controlar el capitalismo especulativo y reorientar el proceso globalizador

en beneficio de las personas.

51

2.15. LA PARTICIPACION COMO UNA FORMA SUERIOR

DE DEMOCRACIA.

Desde hace un tiempo, el Liberalismo económico parece estar dominando en la

estructura social y en la conciencia colectiva. En esta segunda vertiente, el Liberalismo

ha difundido ciertos criterios de tipo pasivo, y otros de índole activa. Los primeros se

aplican a los comportamientos orientados a lo público, y los segundos hacia la actividad

privada.

Respecto a lo primero, se ha extendido la visión de que la política es algo cada

vez más complejo, que exige conocimientos científicos y técnicos. Esto es. La política

es cosa de “verdaderos expertos”…!.

En cuanto a los ciudadanos, son esencialmente los destinatarios de esa gestión

pública. La participación en su sentido más propio, está fuera de lugar. Puede decirse

que se gobierna para los ciudadanos, pero sin una participación activa por parte de ellos.

Los ciudadanos son convocados cada varios años para elegir entre varios programas y

equipos de gestores. Esos programas son presentados a los ciudadanos como una

especie de oferta de servicios; los ciudadanos comparan qué partido les ofrece más y

con un coste menor.

El liberalismo y su concepción económica capitalista de “venta” ha introducido

conceptos mercantilistas en el panorama político y la izquierda ha entrado plenamente

en este juego. Las campañas políticas se han desideologizado, líderes y programas se

han transformado en productos de marketing, donde la agresividad de los slogans

creados por la publicidad mediatiza la comunicación con los ciudadanos y ciudadanas.

Una cuestión reside en hacer pasar y difundir un mensaje en el que se cree y otra es

crear y emitir mensajes falsos pero eficaces y “rentables” electoralmente. Esta temática

debería merecer una especial atención sobre todo en un partido de izquierdas que ha de

priorizar la honestidad, sinceridad, claridad, transparencia y respeto a la ciudadanía.

Esa concepción restrictiva de la representación ha venido conformando nuestra

realidad política, convirtiendo nuestra democracia en una “mera formalidad” de voto

cada 4 años, obviando la participación efectiva de los ciudadanos a todos los niveles y

en diferentes situaciones. En este sentido, la Socialdemocracia afirma que es posible

otra manera de orientar la sociedad en su organización política. Los ciudadanos deben

sentirse reconocidos como sujetos la vida política, e invitados a protagonizar una

solidaridad activa. Es necesario sobreponerse a la somnolencia que ha degradado la

democracia. Para ello ha de comenzarse por una activación de la conciencia, y de tal

tipo que conduzca a una movilización en los comportamientos. También debe actuarse

sobre los cauces de la participación, pues sería inútil llamar a la participación si no

existen los medios para darle efectividad.

Aquí parece conveniente empezar a construir en nuestro propio Partido, sin

perjuicio de trabajar simultáneamente en la organización del Estado y otros entes

públicos. Es previsible que se tropiece con una gran resistencia en todos esos órganos,

pues la reinstauración de la democracia en España se hizo de tal modo que, para evitar

vacíos, se abrió paso a una oligarquización en todas las instancias políticas. Para ello, es

necesario dar eficacia a los cauces democráticos, y no sólo en términos formales, sino

52

también a través de las convicciones y comportamientos personales. Por ejemplo, las

elecciones primarias no tienen por qué verse como algo que debilita a los partidos y las

instituciones. En nuestro Partido y en todas las organizaciones, debe emplearse la crítica

y practicar la competencia de proyectos, pero en términos desvinculados de la

valoración y relaciones personales. Por tanto, las elecciones primarias no deben ser una

ocasión para el enfrentamiento, sino para contrastar y valorar programas, y asimismo

para desarrollar líderes.

Si el Partido asume una conciencia profundamente democrática y participativa,

saldrá fortalecido y vitalizado. La democracia puede ser incómoda para quienes tienen

el mayor poder en el PSOE, pero para la Derecha puede ser aniquiladora. Posiblemente,

las grandes claves para democratizar tanto el Partido como el Estado, sean sobre todo

cuatro: las elecciones primarias, la apertura en las listas electorales, la limitación de

mandatos y el respeto al mandato representativo en vez de mandato imperativo en los

diputados y senadores.

Es decir, aunque el Partido determine en casi todas las votaciones la opción

preferible, debe respetar la conciencia de quienes han sido elegidos como representantes

por los ciudadanos, y no deben ser estimados como peones reemplazables por los

partidos. Por ello, este principio como los anteriores, deben ser exigidos para todos los

partidos. Además, no hemos de descartar otro tipo de participación ciudadana en un

momento de cambio estructural de la sociedad.

3.- SALIR DE LA CRISIS GLOBAL POR LA IZQUIERDA.

Los poderes opacos del mundo financiero, valiéndose de la desregulación de los

mercados –consentida por los gobiernos y organismos internacionales- han conducido

al Mundo a la mayor crisis económico-financiera desde la Gran Depresión, con

devastadoras consecuencias en cadena: cierre de empresas, paro juvenil y enorme

crecimiento del desempleo, grandes desigualdades sociales y extensión de la pobreza.

El capitalismo, en su forma más agresiva y depredadora, enmascarándose y actuando a

través de las políticas del neoliberalismo, ha sido el causante del tremendo desastre.

Sabemos que las crisis forman parte de su naturaleza, pero lo nuevo es que no

estamos ante una fase más del ciclo económico. Estamos ante una crisis sistémica que

no ha escrito todavía las formas políticas y sociales de su final, pero los está

anticipando: más desigualdad, más violencia, menos democracia, más injusticia. En su

enorme alcance y dimensión, esta crisis incide en todos los ámbitos económicos,

sociales, políticos, medioambientales e ideológicos. En consecuencia, la respuesta debe

ser múltiple: plantear un nuevo modelo socio-económico, reformular totalmente las

relaciones entre política y economía, repensar el papel de las instituciones, fortalecer la

representación y participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y priorizar

efectivamente los valores y derechos que han impulsado los grandes avances del

humanismo y de las civilizaciones.

En Europa los socialistas y socialdemócratas no han sabido reaccionar. Han sido

53

las fuerzas políticas derechistas, expresión de los poderes reales económicos,

ideológicos y mediáticos del sistema capitalista, las que han impuesto su narración,

reinventándose en su propia crisis para atacar con más agresividad las conquistas

sociales que los sectores populares alcanzaron tras decenios de lucha. Se están

aplicando duras políticas neoliberales de ajuste.

La falta de análisis y de previsión de lo que realmente estaba pasando en el

sistema económico y de poder nacional, europeo y mundial nos han dejado inermes ante

las políticas derechistas, los mercados financieros y los poderes de los grupos de capital

transnacional. Poderes estos que, más allá de los sistemas democráticos que conocemos,

están por encima de los Estados y de las organizaciones internacionales. De alguna

manera, la claudicación en principios y valores de los partidos socialistas y

socialdemócratas europeos, incluido el PSOE, ante el neoliberalismo económico y sus

dogmas, ha abierto el camino a que estos últimos sean hoy día hegemónicos y que el

conservadurismo político se imponga. La sociedad y, sobre todo, las clases populares y

clases medias han sufrido enormes perjuicios por fiar el devenir de la economía a la

“mano invisible” del mercado “eficiente”; el origen, causas y desencadenamiento de

esta crisis han invalidado totalmente el doctrinarismo y el pragmatismo de la etapa

neoliberal del capitalismo dominante, que ha quedado descartado como modelo de

crecimiento económico compatible con progreso social.

El nuevo escenario en la UE vendrá por la izquierda pero la perspectiva

fundamental no ha de limitarse solo a propiciar el cambio de ciclo económico dentro del

sistema. La socialdemocracia ahora no puede quedarse en desempeñar el papel de

“taller de reparaciones” para recomponer el estropicio del capitalismo; desde la

recuperación del papel de Estado –interventor, regulador, planificador y redistribuidor-

y de las políticas públicas al servicio de la colectividad, es fundamental construir otra

economía hacia el desarrollo eco-sostenible, democratizar el control de los medios de

producción y del capital, garantizar y ampliar el Estado del Bienestar con los

parámetros transformadores de nuestra época, romper las formas de “actuar en política

sin hacer política de alternativas” que ha conducido a la inercia institucional y a la

consiguiente desafección ciudadana y propiciar un cambio sociocultural global en

beneficio de toda la humanidad y del respeto a nuestro planeta Tierra con sus criaturas.

La política democrática y socialista dispone del acervo histórico, los principios y

valores, las experiencias y las perspectivas para plantear alternativas capaces de superar

la imposición de los mercados e impulsar la justa distribución de la riqueza y la

equidad en la sociedad con un horizonte de superación del capitalismo y de transición

progresiva al socialismo.

Izquierda Socialista, como corriente de opinión del PSOE, pone todo el acento

en la imprescindible recuperación del discurso socialista para sostener nuestro proyecto

político y presentar con credibilidad nuestro programa ante la opinión pública,

desarrollando a través de todo ello una estrategia consistente de acción política.

Debemos acometer una recuperación ideológica del Partido. Es necesario retomar

tanto algunas de nuestras tradicionales herramientas de análisis de la sociedad como

nuestros esenciales valores y principios, para poder implementar políticas socialistas

desde una posición real de transformación de la realidad, de superación del capitalismo

54

y de construcción del socialismo.

Con el actual sistema capitalista no hay futuro. Desde el proyecto socialista es

necesario ofrecer un programa alternativo de transición al socialismo, un conjunto de

iniciativas que pese a los condicionantes electorales, miren más allá, y puedan servir de

base para la puesta en marcha de procesos largos de avance, que permitan

reencontrarnos con nuestra propia identidad y con la posibilidad real de cambio y de

superación de las injusticias del capitalismo para alcanzar la emancipación de las

personas y el progreso armónico en bienestar.

En esa perspectiva, en el actual contexto de partido único de la derecha y a la

ofensiva, conviene impulsar el diálogo y colaboración con todas las fuerzas progresistas

de izquierda para encontrar espacios de apoyo y colaboración. Este impulso se debe

extender también al ámbito europeo y mundial para hacer posible la regeneración del

socialismo democrático y que este pueda impregnar con su acción las políticas de las

instituciones europeas e internacionales.

Nuestras propuestas van precisamente encaminadas a actuar en los grandes

ámbitos en los que se gesta y refleja la actual crisis sistémica y en la perspectiva de

superar sus consecuencias para construir el nuevo modelo de sociedad postcapitalista.

3.1. URGE UN NUEVO ORDEN INTERNACIONAL

La globalización neoliberal aumenta la interdependencia y complejidad de los

problemas mundiales y está produciendo que la brecha entre ricos y pobres se agrande.

Por otro lado, mientras que los mercados son cada vez más globales y concentrados,

disminuye la influencia de las instituciones políticas públicas necesarias para asegurar

su funcionamiento democrático, equitativo y eficaz. En este contexto, los socialistas

reclamamos unas instituciones públicas internacionales que posibiliten una

gobernabilidad democrática de la globalización.

PROPUESTAS:

Reformas en las instituciones económicas internacionales

Garantizar la representación y mayor peso de los países emergentes y los

que estén en vías de desarrollo en los Órganos Rectores del Fondo

Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio y Banco

Mundial. Establecer en dichas Instituciones nuevas normas de

funcionamiento para que sus orientaciones estén al servicio del desarrollo

de los pueblos, democratizando sus decisiones y facilitando la

fiscalización de la ejecución de sus políticas.

Incluir en el llamado G-20 la presencia y representación en igualdad de

condiciones de Organismos Regionales ya constituidos tales como la

Unión Africana (UA), la Asociación de Naciones del Sureste Asiático

(ASEAN), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión de

Naciones Sudamericanas (UNASUR), y la Alternativa Bolivariana de las

Américas (ALBA), tal y como esta representada la UE.

Crear un nuevo Foro Social para tratar de armonizar políticas económicas

55

y sociales a nivel global que combine efectividad, legitimidad y rendición

de cuentas, formado por representantes de la OCDE, OIT, OMC, FMI, BM

y con la representación de organizaciones regionales sindicales (CES,

etc.).

Fijar criterios de competitividad entre los diferentes países de forma que

los salarios, los derechos sociales y las condiciones medioambientales se

igualen paulatinamente.

Eliminar la pobreza y promover un desarrollo solidario más equitativo y

plenamente respetuoso con la diversidad cultural, natural y de género.

Buscar la paz y la seguridad mundial, incluyendo la seguridad humana y

medioambiental, basada en la justicia y la libertad.

Fomentar mecanismos de representación directa y participación de los

ciudadanos del mundo y las organizaciones de la sociedad civil en los

procesos de decisión global.

Reforma del sistema financiero internacional

Establecer normas que frenen la economía especulativa que al drenar gran

parte de los recursos financieros disponibles impide que la economía real

siga produciendo bienes y servicios y generando empleo.

Implantar una fuerte Banca Pública que defienda los intereses generales y

en su caso nacionalizar los “bancos débiles” en lugar de intentar reflotarlos

con recursos públicos sin cambiar su titularidad privada.

Impulsar empresas públicas rentables, principalmente en los sectores

estratégicos, dotándolas de condiciones específicas a su función

diferenciada de la de las empresas privadas.

Crear potentes mecanismos fiscales internacionales para combatir las

actividades fraudulentas e ilegales en los paraísos fiscales que tendrán que

ser eliminados.

Reformar el modelo actual de la banca privada mediante regulaciones

específicas orientadas a prevenir la aparición de burbujas de activos y

reducir los riesgos de apalancamiento crediticio.

Instaurar un riguroso control de las remuneraciones de los directivos de las

entidades financieras.

Regular y vigilar la movilidad de los directivos de entidades financieras y

grandes empresas, así como responsables administrativos y políticos, para

evitar el juego de sillas entre lo privado y lo público en detrimento del

interés general.

Reformar el derecho penal para exigir responsabilidades a los dirigentes

financieros en casos de corrupción, evasión de impuestos, falsedad y

delitos que atenten contra el interés general.

Por una fiscalidad global

Establecer impuestos especiales sobre los beneficios de las

grandes empresas transnacionales para poder abordar con

celeridad y seriedad políticas de desarrollo en el mundo.

Implantar una Tasa sobre las Transacciones Financieras

Internacionales, cuyo fondo, además de facilitar la estabilidad

del sistema financiero, permita canalizar importantes recursos

para combatir la pobreza, el hambre y la marginación social en

56

los países en vías de desarrollo.

Avanzar en la armonización a nivel mundial de las condiciones de

inversión y trabajo, hasta alcanzar una igualdad en su regulación

y el tratamiento de los mismos.

Establecer prohibiciones, impuestos o tasas especiales sobre la

importación de enseres producidos en condiciones laborales,

ambientales o salariales degradantes.

3.2. CAMBIAR EL ACTUAL RUMBO DE LA UE

La deriva neoliberal que los gobiernos conservadores de Europa están

imprimiendo al proceso de integración europea, no solo pone en peligro a éste, sino que

está hundiendo en la recesión a sus estados periféricos, haciendo pagar a los sectores

populares, clases medias y trabajadores los durísimos ajustes en términos de empleo,

pérdida del poder adquisitivo y severas restricciones en el estado del bienestar. Si

después de la segunda guerra mundial la integración europea ha garantizado una cierta

forma de paz, hoy necesitamos cada vez más una Europa política que permita construir

una Europa social.

No queremos una Europa que se limite a ser un área de libre comercio sin reglas

ni protección social. No queremos el dumping social y la ruptura de los servicios

públicos impuestos por los gobiernos de derecha a la Comisión Europea. En la Europa

que queremos, el principio de libre competencia ha de subordinarse a los derechos

fundamentales y preservar los servicios públicos. Los socialistas somos

internacionalistas. Desde esa perspectiva proponemos la dinamización de la

Internacional Socialista y del Partido Socialista Europeo. Las injusticias no tienen

nacionalidad y la desigualdad no tiene fronteras. En un mundo globalizado como el de

hoy la acción política a nivel internacional es esencial para hacer frente a los poderes

conservadores y ultraliberales. Los socialistas hemos de ser los primeros defensores de

los derechos humanos en España y en el mundo. En esa medida son exigibles también

nuevos Tratados del FMI, del BM, de la OMC y de la ONU.

La actual crisis del modelo capitalista ha mostrado claramente la debilidad

política de la UE y la impronta neoliberal del acervo comunitario. Las instituciones

comunitarias y los gobiernos europeos no han sido capaces de articular medidas para

salir de ella de una manera justa y solidaria. Se cuenta con una moneda común que ha

favorecido la estabilidad de los mercados y evitado la inflación, pero se carece de una

política económica, fiscal y presupuestaria comunitaria, que el propio capital rechaza

por su incidencia reguladora. Además hay ausencia de diseño de una política social y de

equidad para los ciudadanos y un notable desinterés por la democratización y la

representatividad de las Instituciones comunitarias.

Durante decenios, la socialdemocracia europea ha asumido buena parte de las

tesis económicas del neoliberalismo, de tal suerte, que en materia económica, la

frontera entre izquierda y derecha ha quedado muy diluida. De hecho la

socialdemocracia europea, al renunciar a construir una sociedad socialista, se ha

deslizado hacia la periferia del capitalismo. Al renunciar a construir una alternativa de

sociedad ha pasado a ser satélite del planeta capitalista ya existente. Todo ello ha tenido

un efecto demoledor para las posiciones progresistas en la sociedad con sus evidentes

57

efectos electorales y riesgos de futuro no tan lejano.

En este marco se están perfilando propuestas tendentes a una mayor integración

económica europea, pero todas ellas dentro de una lógica puramente capitalista.

Podemos encontrarnos con un nuevo edificio europeo más cohesionado y solido pero

cada vez mas lejos de los intereses de la mayoría de la sociedad y de los valores

democráticos y de izquierdas. El momento actual puede ser una ocasión histórica para

construir una alternativa socialista en Europa.

PROPUESTAS

Propuestas políticas

Establecer un programa común del PSE desde los principios y valores que

forman parte de nuestro ideario y patrimonio: igualdad, libertad, ética,

democracia, justicia, solidaridad, reparto equitativo de la riqueza,

regulación de los medios de producción.

Iniciar una política de dialogo, entendimiento, colaboración y acción con

todos los partidos, organizaciones y movimientos progresistas y de

izquierda.

Colaborar estrechamente con los sindicatos de clase, tratando de

recomponer el sentido político del movimiento obrero organizado.

Avanzar hacia la construcción de una Europa Federal y más social.

Propuestas institucionales estructurales

Elección democrática del Presidente de la Comisión Europea y de los

Comisarios por parte del Parlamento Europeo y revisión de las

competencias que el Tratado de Lisboa les atribuye.

Establecimiento paulatino de listas plurinacionales de eurodiputados en las

elecciones europeas

Ampliación de las competencias actuales del Parlamento Europeo hasta

convertirlo en un legítimo poder legislativo democrático europeo.

Establecer un mecanismo de moción de censura a los presidentes del

Consejo Europeo y de la Comisión Europea por parte del Parlamento

Europeo.

Establecer un sistema de comunicación, colaboración y coordinación

entre los Parlamentos Nacionales y el Parlamento Europeo.

Reforma y revisión de los Tratados Europeos.

Eliminación de aquellas directivas que restringen los derechos laborales

adquiridos por los trabajadores de la Unión.

Revisión profunda de las directivas que en nombre de la competitividad y

la libre competencia, destruyen los servicios públicos, impiden la creación

de bancos, empresas públicas y cooperativas y limitan la participación de

los trabajadores en los procesos de decisión.

Estimular la democracia participativa creando Consejos Informativos en

los Parlamentos nacionales, con representación de la sociedad civil

organizada, para informar a la ciudadanía de cuestiones relevantes

58

relacionadas con el proceso de construcción europea (directivas, acuerdos,

presupuesto comunitario, etc.)

Impulsar la capacidad de convocar referéndums con carácter vinculante

para cuestiones de importancia estratégica.

Propuestas de política económica

Modificación del Estatuto del Banco Central Europeo para atribuirle

competencias para el crecimiento económico y el pleno empleo, además de

las que ya tiene para fijar tipos de interés y el control de la inflación.

Creación del Tesoro de la Unión Europea Monetaria con todas las

atribuciones propias de su alta función (emisión y adquisición de bonos

soberanos).

Creación de un Banco Público Europeo.

Creación de un Fondo Monetario Europeo y de una Agencia Europea

Pública de evaluación de riesgos crediticios.

Incremento del presupuesto de la Unión para situarlo en el entorno del

2,5% del PIB comunitario.

Diseño y ejecución de un Plan Integral de Política Industrial Europea.

Implantación de empresas públicas europeas en sectores estratégicos,

manteniendo la titularidad del Estado, en particular cuando son rentables.

Dar los medios funcionales y normativa específica para su eficacia en

función de sus objetivos de interés general

Separar las actividades en bancos de depósito, banco de negocios y

seguros.

Reformar el modelo actual de la banca privada mediante regulaciones

específicas orientadas a prevenir la aparición de burbujas de activos y

reducir los riesgos de apalancamiento crediticio.

Instaurar un riguroso control de las remuneraciones de los directivos de las

entidades financieras.

Reformar el derecho penal para exigir responsabilidades a los dirigentes

financieros en casos de corrupción, evasión de impuestos, falsedad y

delitos que atenten contra el interés general.

Armonización fiscal que elimine competitividad tributaria.

Estudiar la dotación de un instrumento fiscal y/o fondo financiero

comunitario que actúe como estabilizador ante problemas relacionados con

el Euro y en situaciones de crisis que afecten al conjunto de la UE, y

también a uno o varios Estados miembros.

Revisar los acuerdos de Maastricht respecto al nivel de déficit público de

cada país, dotándolo de mayor flexibilidad en función del ciclo económico

y del estado general de sus economías.

Puesta en marcha, eficaz y rápidamente, de la Tasa de Transacciones

Financieras.

Políticas de estímulo de las economías europeas para el fomento de

actividades de I+D+I y para el desarrollo de energías renovables.

Política de ayudas comunitarias orientadas al mantenimiento y desarrollo

de los servicios públicos que los estados prestan a la ciudadanía y

eliminación de la legislación que propicia la privatización de estos

servicios.

59

Políticas de rentas tendentes a mejorar el poder adquisitivo de los salarios

mediante una amplia negociación con los sindicatos europeos.

Medidas de democracia económica para la participación de los

trabajadores en la toma de decisiones.

Reforzamiento de los derechos laborales y sociales. Potenciación del

diálogo social, con apoyo a la actividad sindical y defensa de la

representatividad y legitimidad de los sindicatos de trabajadores.

Defensa de la libre circulación de personas en el seno de la UE.

Propuestas de política social

Adaptación del salario mínimo, las pensiones y las prestaciones sociales al

nivel de vida digno en todos los países de la Unión Europea

Indexación automática de salarios en función de la inflación

Instauración de una Renta Básica de Ciudadana, asegurando que cualquier

persona tenga los ingresos mínimos que le permitan vivir con dignidad.

Acceso gratuito a la asistencia sanitaria, educación y servicios sociales.

Establecer Leyes de inmigración y extranjería desde el más escrupuloso

respeto a los derechos humanos universales.

Propuesta de integración y convivencia ciudadana

3.3. UN PROGRAMA DE IZQUIERDAS PARA SACAR A

ESPAÑA DE LA CRISIS

La actual crisis del sistema neoliberal ha puesto de manifiesto cosas ya sabidas y

demasiadas veces olvidadas:

En el actual capitalismo financiero sólo dos grupos toman las decisiones: los

inversionistas y la élite de los intermediarios financieros.

Los gobiernos democráticos, olvidando su legitimidad popular y a quien se deben,

aceptan las desregulaciones impuestas por los mercados.

El incremento de la demanda durante las tres décadas pasadas ha venido

estimulada por la facilidad en la obtención de créditos baratos y con escaso control,

dando así lugar al incremento del poder adquisitivo de los consumidores sin que este

respondiera a un aumento real de su riqueza.

La soberanía del consumidor queda fuertemente mediatizada, cuando no

condicionada, por el marketing y la publicidad.

Los servicios públicos fundamentales, cuya calidad y extensión dependen de los

ingresos del Estado, se ven amenazados, por la tendencia creciente de los gobiernos a

reducir tanto los gastos como los impuestos.

Los trabajadores están totalmente alejados de los centros de decisión de las

propias empresas.

60

Muchas decisiones de inversión y gasto que realizan ciertas Administraciones

Públicas se adoptan al margen de las preferencias y necesidades reales de la mayoría de

la población.

Con todo ello quedan desvirtuados los fines esenciales de los sistemas

democráticos. Se excluye a la mayoría de la población del proceso de intervención y

fiscalización de las principales decisiones que determinaran los niveles de bienestar y,

especialmente, en aquellas que afectan a la justa distribución de la riqueza y su

utilización.

Por otro lado, las relaciones entre el binomio capital-trabajo se han visto

profundamente modificadas por la aceleración técnico-científica producida en la

segunda mitad del siglo XX. Los nuevos instrumentos puestos al servicio de la

producción, en la mayoría de los casos, han servido básicamente para beneficiar al

capital y no al trabajo.

Ello se ha visto reflejado en la disminución del porcentaje de la renta salarial en

la distribución del PIB, en la brecha creciente entre la evolución del sueldo de los

trabajadores y la evolución de los beneficios de las empresas, en la casi inexistente

reducción de los horarios laborales, en el incremento de la vida laboral y en el efecto

negativo de todo ello sobre las tasas de desempleo. Es necesaria una nueva política

económica y social formulada desde la izquierda.

3.4. OTRA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL

El incremento de la demanda durante las tres décadas pasadas ha venido

estimulada por la facilidad en la obtención de créditos baratos, para compensar la

disminución de ingresos de los trabajadores, debido a la escandalosa apropiación de los

beneficios por el capital, con escaso control, dando así lugar al incremento del poder

adquisitivo de los consumidores sin que este respondiera a un aumento real de su

riqueza. Parte de la clase política ha permitido y colaborado en la creación de las

anomalías que forman el contexto de los abusos e irresponsabilidades existentes. Hay

que legislar a favor de una mayor participación de los trabajadores en los centro de

decisión de las empresas a través del fortalecimiento de sindicatos. Actualmente los

trabajadores está muy alejados de dichos centros de decisión.

PROPUESTAS:

Planteamiento riguroso de criterios de sostenibilidad y responsabilidad

social de las empresas, con apoyo público condicionado siempre a la

creación y el mantenimiento de empleo.

Erradicación de la economía sumergida y cambio de modelo productivo,

recuperación de la industria y nueva política industrial con potenciación de

nuevos sectores: TICs, turismo sostenible, producción biotecnológica,

agroindustria, energías renovables, industrias culturales, etc.

Refuerzo de la incorporación de las TIC en el tejido empresarial,

priorizando el sector social de la economía.

Coordinación federal de políticas de urbanismo y vivienda, avanzando

hacia la dación de vivienda para la cancelación de hipotecas.

61

Atención intensiva a emprendedores, cooperativas y PYMES. Lucha

activa contra la deslocalización empresarial y potenciación de la

internacionalización de empresas españolas, con criterios de “comercio

justo”.

Las PYMES deberían contar con incentivos para mantener su plantilla,

mediante una reducción progresiva en el tiempo de los costes a afrontar en

las cuotas de la seguridad social a cargo de la administración, sin que

suponga merma alguna para el salario y las cotizaciones del empleado.

Medidas de democracia económica para la participación de los

trabajadores en la toma de decisiones. Potenciación del diálogo social, con

apoyo a la actividad sindical y defensa de la representatividad y

legitimidad de los sindicatos de trabajadores.

Protección de los derechos laborales y apoyo a la negociación de

convenios colectivos. Medidas de reducción de la jornada laboral.

Refuerzo de la formación profesional (especialmente de jóvenes) y la

formación continúa de los trabajadores.

Integración de población inmigrante en el mercado laboral.

Defensa del sistema público de pensiones.

Defensa de los servicios públicos, limitando las externalizaciones,

subcontratas y demás pseudo-privatizaciones, recuperando lo público para

una gestión directa efectiva y real.

Implantación de empresas públicas sobre todo en los sectores estratégicos,

manteniendo la titularidad del Estado, en particular cuando son rentables.

Dar los medios funcionales y normativa específica para su eficacia en

función de sus objetivos de interés general.

Fomento en todos los ámbitos de la igualdad de oportunidades, de la

igualdad de género y de la igualdad de trato. Incorporación y presencia

igualitaria de la mujer en el mercado de trabajo.1

Vigilancia de los abusivos sueldos de los directivos del sistema financiero,

así como de las medidas antisociales representadas por la falta de crédito y

los desahucios generalizados ante los impagos, mientras se mantienen las

grandes deudas inmobiliarias sin cobrar.

Reducción progresiva del abanico salarial mediante políticas fiscales y de

negociación en el seno de las empresas para lograr que la diferencia entre

los extremos de las personas que trabajan en la misma empresa no supere

la relación de 4 a 1.

Fomento de una participación activa y organizada de los clientes en los

Consejos de Administración.

Avanzar en la ayuda al desarrollo, poniendo al día las medidas acordadas

por las Naciones Unidas.

Incremento del número de empleados públicos, especialmente en los

servicios del Estado de Bienestar, hasta alcanzar el promedio de la Unión

Europea de los 15.

Desarrollo del cuarto pilar del bienestar (que debería incluir tanto los

servicios de atención domiciliaria a las personas con dependencia como el

1 Por cada puesto de trabajo creado para las mujeres se crean 0,4 puestos en las áreas de cuidados a la infancia, a la dependencia, limpieza y restauración.

62

derecho de acceso a las escuelas de infancia de 0 a 3 años) hasta alcanzar

los niveles de cobertura promedios de los países de la UE-15 en 5 años con

el objetivo de lograr los indicadores actuales de los países nórdicos en 10

años.

Democratización de las empresas, introduciendo modelos de cogestión

donde sindicatos y trabajadores estén en los consejos de dirección de las

empresas. Nuevo horario laboral que permita mejorar las condiciones

laborales y humanas de los trabajadores, incrementando la productividad

en las empresas.

En el ámbito de la agenda digital para Europa y para España, cada vez más

existen competencias transversales que afectan a muchos sectores de

actividad, a muchos lugares de trabajo y, lo que es más relevante, están en

sintonía con las nuevas necesidades y las nuevas situaciones laborales,

todas ligadas a las Tecnologías de la Información y Comunicación. Estas

competencias deben incorporarse en el currículo de la formación

profesional como elementos identificadores de una actitud profesional

adecuada a la nueva realidad ligada a la Tercera Revolución Industrial, que

gira en torno a Internet y a las energías renovables.

Ligado con el punto anterior, hay que desarrollar y actualizar los títulos de

formación profesional vinculados a nuevos perfiles tecnológicos y

digitales, sabiendo que cada sector requiere sus propias demandas

formativas, como marketing y ventas y seguridad en el sector del

videojuego o como publicidad en redes sociales.

Igualmente, ligados a los puntos anteriores, potenciar el mercado de los

contenidos digitales en español, contando con el castellano como baluarte

cultural.

Potenciar que los planes de estudios de los Institutos y las Universidades,

estén cada vez más centrados en la tecnologías avanzadas de la

información, las nanotecnologías y las biotecnologías, así como la en la

geología, la ecología, y en fin en habilidades profesionales técnicas y

laborales que necesitarán para vivir y trabajar en la economía sostenible de

la Tercera Revolución Industrial.

3. 5. FORTALECER EL PAPEL DEL ESTADO

EN LA ECONOMÍA

La progresiva liberalización de los sectores económicos estratégicos del país así

como la privatización y desregularización del sistema financiero han propiciado una

situación de debilidad del Estado frente a los poderes empresariales y financieros

(nacionales e internacionales). Se ha limitado seriamente la capacidad estatal de

intervención en la economía para poder garantizar su función social. Al ser gestionados

los sectores estratégicos de la economía por empresas privadas, regidas por el derecho

privado, disminuye la capacidad del Estado para hacer valer los principios

constitucionales que establecen que toda la riqueza del país está subordinada al interés

general.

Para contrarrestar esta situación, planteamos desarrollar el artículo 128 de la

Constitución Española de 1978 que dice: "Toda la riqueza del país en sus distintas

formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce

63

la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar el

sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y

así mismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiera el interés

general.”

Hemos de vencer el estereotipo que afirma que el sector público de la economía

es ineficiente y deficitario por naturaleza, y que solo debe estar presente donde no lo

está el sector privado. Las empresas y los servicios públicos abordan temas esenciales,

estratégicos, para la vida de la sociedad. El falso dilema de la competencia desleal entre

lo público y lo privado, fomentado por la ideología integrista del capitalismo neoliberal,

no nos debe hacer renunciar a nuestro objetivo de una sociedad más justa y equitativa.

Objetivo que requiere para poder ser alcanzado de la fuerza reguladora y transformadora

de un potente sector publico de la economía.

PROPUESTAS:

Intervenir desde el Estado en ámbitos empresariales o financieros para

corregir las perversiones del sistema económico actual.

Legislar sobre la necesaria adquisición por parte del Estado de acciones y

participaciones de las empresas que reciban ayudas públicas, en la justa

proporcionalidad que la ley establezca, y garantizar mediante de

mecanismos de supervisión y control que el destino de las ayudas se aplica

correctamente y cumplen su cometido.

Crear de empresas públicas o mixtas en sectores de futuro y reforzar los

servicios públicos esenciales.

Completa transparencia en actividades y posicionamientos de los

representantes públicos que forman parte de los consejos de

administración y de gestión de las empresas públicas y privadas.

Recuperar la iniciativa en el desarrollo de la industria de las energías

renovables. Frente a lo que el Partido Popular ha hecho frenando su

implantación, hay que realizar una campaña de difusión clara y

transparente que deje constancia de que en materia de energía, la salida a

medio y largo plazo está con las renovables mas allá de los intereses que

las empresas ligadas a las energía fósiles están “vendiendo”.2

Socializar los beneficios que producen la implantación de energías

renovables, más allá de posibilitar que la ganancia obtenida por una gran

inversión, sea rentable sensiblemente solo para un núcleo urbano o para

una gran empresa multinacional, y no para una comarca, la economía local

o el tejido social.

El déficit público debe servir, prioritariamente, para financiar las

inversiones públicas y los servicios públicos; de tal forma que el Estado

genere empleo, riqueza y bienestar a la totalidad de la ciudadanía.

3.6. BANCA PÚBLICA

2 Hay que potenciar el autoconsumo. En Alemania el 50% está en manos de particulares.

64

En las Jornadas Federales de IS de 2009 ya propusimos: “Avanzar hacia una

regulación efectiva del sistema financiero internacional y hacia un sistema financiero

nacional mejor articulado y más eficaz en cuanto al crédito a PYMES, familias e

individuos, erradicar los paraísos fiscales en todas sus variantes y poner en práctica un

impuesto sobre las transacciones financieras, recuperando formas nuevas de banca

pública, operativas y eficaces, más allá del ICO".

PROPUESTAS:

Recuperación y puesta en marcha de una banca pública articulada a través

de mecanismos de gestión y participación democrática.

Incorporación al sector publico de la economía de las Cajas de Ahorro que

hayan sido (o sean) refinanciadas por el Estado.

En los casos en que sea necesaria la intervención estatal en ayuda de la

banca privada, esta comportará la adquisición de participaciones de la

misma, en pro de su nacionalización.

Creación de una banca pública europea.

Aplicación de sistemas de trazabilidad, disponibles para el público, sobre

las inversiones de la banca. Y hacer del Banco Europeo de Inversiones un

instrumento más transparente.

3.7. COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

Como socialistas es fundamental aplicar nuestros principios y los de la

Constitución Española de 1978 que establecen la función social de la economía y las

vías para el acceso de los trabajadores al control de los medios de producción. En marzo

del 2011 el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la Ley de Economía

Social. Para su desarrollo reclamamos tener en cuenta el Art. 129.2 de la Constitución

que dice: "Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de

participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las

sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los

trabajadores a la propiedad de los medios de producción.”

El movimiento cooperativo debe ser uno de los instrumentos que sean parte de

las fuerzas transformadoras de la sociedad capitalista por su naturaleza de organización

de trabajadores libres asociados. Sin embargo, esta característica no podrá desarrollarse

nunca en su máxima expresión hasta que se plantee desde unas líneas de izquierdas,

fundamentadas en la conciencia de clase y el empoderamiento de la ciudadanía, que

puedan generar dinámicas de construcción de lo nuevo, del socialismo, y no sólo de

gestión o como unidades aisladas y no alternativas dentro del capitalismo. Así se podrá

avanzar en la eliminación de los antagonismos entre el capital y el trabajo. Debe

también considerarse como un elemento y agente fundamental dentro de una

concepción participativa y democrática de la planificación de la economía.

Además, debemos apoyar que la Tercera Revolución Industrial en la que nos

encontramos, en torno a la tecnología de la comunicación de internet y las energías

renovables, prescinda del poder jerárquico y se aproxime al poder lateral, aprovechando

la potencialidad del Tercer Sector. Es el que gira en torno a la sociedad civil,

complementario al sector público y al sector privado. En este ámbito, rentabilizar el

65

recorrido que hay en la generación de empleo en las organizaciones sin ánimo de lucro,

que es rentable, a diferencia de lo que piensa la derecha, y que representa en países

como Holanda, un 15,9% del empleo remunerado, muy por encima de los incluidos en

la construcción, el transporte o en la mayoría de los sectores industriales. Para el PP, el

tercer sector es contrario a su ideología económica liberal. En el tercer sector, el

denominador común es la primacía de los intereses de las personas trabajadoras y de

los/las consumidores/as, y con un fin social comprometido con el desarrollo local, la

cohesión y la sostenibilidad. Desde el PSOE se apoyará el mantenimiento del tercer

sector.

PROPUESTAS:

Fomentar desde las administraciones y la banca públicas cooperativas para

el autoempleo de los trabajadores que lo planteen y los parados.

Regular el cierre patronal de empresas en pro del acceso a la propiedad de

los medios de producción por parte de sus trabajadores bajo la forma de

empresa cooperativa.

Apoyar los proyectos de banca ética, banca ciudadana o cooperativas de

crédito claramente vinculadas al territorio y a la ciudadanía, en una clara

línea de reforzar y empoderar a los trabajadores y ciudadanos frente a los

poderes financieros privados.

Establecer recursos financieros, técnicos, administrativos y jurídicos para

apoyar a las cooperativas, entre los que se deberían contemplar los

microcréditos3, así como medidas de apoyo fiscal y creación del Fondo de

los asalariados.

3.8. FISCALIDAD.

Planteamos un sistema tributario más equitativo y solidario que cumpla con el

principio de justicia fiscal contemplado en la Constitución española.

PROPUESTAS PARA UNA FISCALIDAD GLOBAL

Establecer impuestos especiales sobre los beneficios de las grandes

empresas transnacionales para poder abordar con celeridad y seriedad

políticas de desarrollo en el mundo.

Implantar una Tasa sobre las Transacciones Financieras Internacionales,

cuyo fondo, además de facilitar la estabilidad del sistema financiero,

permita canalizar importantes recursos para combatir la pobreza, el

3 Estudiar y apoyar algunas herramientas para el desarrollo del instrumento de los “MICROCRÉDITOS”.

Los microcréditos nacieron como pequeños préstamos realizados a personas sin recursos, a las que los

bancos tradicionales no conceden préstamos. Los microcréditos han posibilitado, especialmente en

países en vías de desarrollo, que muchas personas sin recursos puedan llevar a cabo proyectos laborales

por su cuenta que les reviertan ingresos. En la situación actual, este modelo es exportable a las

sociedades occidentales, en un momento en el que los bancos tradicionales no están concediendo

créditos a la ciudadanía para emprender pequeños negocios, o para solventar pequeñas deudas.

66

hambre y la marginación social.

Suprimir todos los paraísos fiscales.

Avanzar en la armonización a nivel mundial de las condiciones de

inversión y trabajo, hasta alcanzar una igualdad en su regulación y el

tratamiento de los mismos.

Reforzar el principio de progresividad fiscal.

Mejorar el tratamiento fiscal de las familias y de las rentas del trabajo.

Restablecer el Impuesto de Patrimonio, elevando sustancialmente el

mínimo exento e incrementando más progresivamente el tipo impositivo.

Recuperar el impuesto sobre sucesiones.

Introducir modificaciones fiscales adecuadas para que los diversos

instrumentos de inversión, (Fondos, SICAV, etc.), tributen de forma

significativa y en proporción a sus beneficios. Restablecer la competencia

del control fiscal de las SICAV a la Inspección de Hacienda del Estado.

Reforma de la Agencia Tributaria para dotarla de los medios humanos y

recursos suficientes para poder fiscalizar a cualquier empresa

independientemente de su tamaño, localización o entidad. Introducir

mecanismos de control e incompatibilidades para las relaciones del

funcionariado de la Agencia Tributaria con las entidades fiscalizadas.

Control y regulación de los entes financieros y sus beneficios. Fijar una

nueva imposición sobre los beneficios bancarios.

Reglar por ley los topes máximos de los sueldos, bonos y primas de altos

cargos, ejecutivos, miembros de Consejos de Administración y otros

colectivos donde la opacidad fiscal resulta no sólo evidente sino, en

demasiados casos, flagrante y absolutamente insolidaria con el conjunto de

la sociedad española.

Instaurar una figura tributaria que grave las grandes fortunas y

desincentive la especulación sobre capital o solares sin edificar.

Establecer un tipo impositivo por tramos para las rentas de capital que por

lo menos sea igual a las rentas del trabajo.

Tratamiento fiscal diferenciado de bancos públicos, empresas públicas,

sociedades laborales y cooperativas, dada su contribución especifica al

bienestar general.

Control fiscal sobre las Unit Linked y los Hedge Funds (fondos de

cobertura), pues ambos son inversiones especulativas.

Suprimir la asignación tributaria del 0,7 % a la Iglesia Católica, así como

la exención del IBI, unido a la denuncia y petición de abolición del

Concordato.

Impulsar toda clase de iniciativas parlamentarias y sociales para frenar el

aumento del IVA en todo lo referido a la Cultura, Educación y Deporte.

CONTRA EL FRAUDE FISCAL

El fraude Fiscal es una práctica muy común entre las grandes

familias, las grandes empresas y la gran banca. Curiosamente la gran mayoría de

investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra en los autónomos y

profesionales liberales, cuyo fraude fiscal representa -según los técnicos de la Agencia

Tributaria del Estado español- sólo el 8% del fraude fiscal total.

67

El Gobierno del PP el 30 de marzo de 2012, utilizando expresiones como

"excepcional y extraordinaria", puso en marcha lo que eufemísticamente llamó

"Programa especial de regularización de activos ocultos". No quería utilizar la

definición 'amnistía fiscal', que era de lo que se trataba. Cristóbal Montoro, el gran

impulsor de la idea, anunció que se aflorarían así 25.000 millones del dinero oculto. Y

puesto que la ley sólo gravaba con el 10% ese blanqueo (muy por debajo de los que

pagan quienes no son defraudadores), esperaba recaudar 2.500 millones... La medida ha

sido un gran fracaso: de todo el dinero anunciado han llegado tan solo 50 millones. O

sea, un 2% de lo previsto.

La Ley era de tan dudosa legalidad, que el PSOE la recurrió ante el Tribunal

Constitucional, tribunal que aceptó la demanda. En el recurso se razonaba que esa Ley

favorecía a los defraudadores, ya que los contribuyentes que cumplen con sus

obligaciones deben pagar un 43%, mientras que a los defraudadores se les permitía

‘blanquear’ los fondos ocultos o evadidos con tan sólo el pago de un 10%. En la ley, el

Gobierno se comprometía a no investigar ni tomar represalia alguna contra los

defraudadores, ni siquiera sobre el origen del capital. Es decir, que el dinero ‘limpiado’

podría lo mismo venir de cuentas de evasores en paraísos fiscales, como proceder de la

comisión de delitos, incluidos por supuesto, prostitución o narcotráfico.

Reclamamos derogar esa Ley por disminuir la eficiencia de la lucha contra el

fraude y la evasión de capitales así como permitir el blanqueo de capitales de cualquier

procedencia delictiva. Pedimos que se investigue el capital acogido a la Ley, su

tipificación correspondiente y multar adecuadamente.

3.9. RENTA BÁSICA DE CIUDADANÍA (RB)

La RB es “derecho de todo ciudadano a recibir una renta universal e

incondicionada de forma remunerada e independientemente de cuáles sean las otras

posibles fuentes de renta y sin importar con quien viva”. La RB se debe convertir en el

eje de un programa de implementación de lo público con carácter emancipador. Esto a

su vez supone “no desvincular” este nuevo derecho de una política sobre el empleo y

profundización de lo público.

Este nuevo derecho [que no hay que confundir ni con un Impuesto negativo, ni

con una Renta Mínima de Inserción] tiene su propia historia que va unida a la crisis del

Estado de Bienestar. Y al mismo tiempo pretende la transformación y profundización

del Estado Social. Este derecho se propugna a partir de la crisis de 1973, y en principio,

de forma liberal y desvinculada del trabajo. Hay que tener en cuenta que el triunfo de la

política e ideología del neoliberalismo [triunfo que incluso penetra en la ideología

socialista danto lugar a lo que se conoce como la Tercera vía (social-liberalismo]

conlleva a la desaparición de las conquistas sociales y económicas del movimiento

obrero y la desaparición del salario diferido ante la privatización de todos los ámbitos de

la vida social.

El triunfo del Individualismo con la “individualización” de las relaciones

sociales ha llevado a la flexibilización y a la penalización del parado, al mismo tiempo

que a una demonización del sindicalismo. La RB es “derecho de todo ciudadano a

recibir una renta universal e incondicionada de forma remunerada e independientemente

68

de cuáles sean las otras posibles fuentes de renta y sin importar con quien viva”. Desde

el Socialismo, la RB se debe convertir en el eje de un programa de implementación de

lo público con carácter emancipador. Esto a su vez supone “no desvincular” este nuevo

derecho de un política sobre el empleo y profundización de lo público.

PROPUESTAS:

Una RB de cuantía igual o superior al umbral de pobreza o al SMI (Salario

Mínimo Interprofesional) que puede permitir que los individuos rompan

sus lazos de dependencia.

Concebir la RB como una palanca para el acceso efectivo al trabajo. El

acceso al trabajo es un derecho y nunca debe ser concebido como una

obligación tal como hace el workfare.

La política de la RB debe ir unida a:

Defensa de lo público. Lo que supone unos servicios básicos que sean

gratuitos. Es decir, los servicios indispensables que cualquier familia

necesita para mantenerse deben ser gratuitos, por consiguiente,

aprovisionados unos por Ayuntamientos, o por gobiernos de comunidad, al

menos mientras dure el desempleo de los trabajadores.

Regulación del mercado de trabajo. El socialismo debe recuperar

determinadas medidas que protegen al trabajo, fundamentalmente:

reducción de la jornada laboral a 35 horas sin rebaja de salario,

la eliminación de las horas extraordinarias; incentivar los

contratos indefinidos y penalizar los precarios;

no discriminación por género lo que supone igualar los niveles de

salarios entre hombres y mujeres

Como medida transitoria hacia la RB defender y propugnar la Renta

Básica por desempleo. Consiste que a todos los parados, y a familias que

se encuentren en extrema precariedad, la Administración les debería

conceder una Renta básica por desempleo al menos mientras duren tales

situaciones.

3.10. POLÍTICA INTERNACIONAL

Desde Izquierda Socialista, tanto para España como para las líneas que debe

seguir nuestro partido, defendemos una política exterior para España de no

subordinación, autónoma y multilateral. Con los ejes europeo, mediterráneo y

latinoamericano como prioridades. Una política de paz, a favor de los desheredados de

la tierra, de cooperación seria y rigurosa. Una política de compromisos reales,

verificables. De tolerancia cero a la explotación, al genocidio, a la tortura, a la

impunidad, al racismo y a la violación de los DD.HH.

Propugnamos una Europa social y de derechos. Con una economía socialista de

mercado que desarrolle el alma progresista y de izquierdas de Europa. Preconizamos

una política exterior y de defensa europea inteligente, autónoma, tendente a evitar las

derivas imperiales. Que ayude a resolver graves problemas como el de Oriente Medio.

En este sentido, la OTAN, como instrumento de la política imperialista de EEUU y de

69

las burguesías capitalistas, no sirve a ningún propósito de defensa de la democracia ni

de los DD.HH. Reclamamos su superación y abandono por parte de los países que

quieran defender posiciones de progreso y paz. Esto es condición fundamental para

poder construir una fuerza de paz neutral al servicio de las Naciones Unidas y de sus

principios.

El PSOE debe situarse a la cabeza de un amplio movimiento de la izquierda

europea para construir la Europa Social, la Europa de los derechos y las

responsabilidades, la Europa de la cultura y del respeto a la diversidad. Hay que

dinamizar, democratizar y llenar de contenido tanto la Internacional Socialista como el

Partido de los Socialistas Europeos. El internacionalismo obrero es una de nuestras

señas de identidad, que debe potenciarse más que nunca.

PROPUESTAS:

Respeto de los Tratados Internacionales suscritos por España

Apoyo a las fuerzas democráticas, progresistas, laicas, de izquierdas,

que impulsan transiciones democráticas en el mundo árabe y países

musulmanes.

Clarificación del calendario y misión de FFAA españolas en

Afganistán.

Reivindicación del abandono de la OTAN y de la clausura de las

bases militares estadounidenses en España, y exportación de la

propuesta al resto de países europeos.

Proponer en la UE el bloqueo de las relaciones comerciales con

Israel en tanto en cuanto no se aborde definitivamente un proceso de

paz.

Apoyo al reconocimiento del Estado palestino y a la reparación a las

víctimas de la Nakba.

Apuesta por el diálogo multilateral para alcanzar la

autodeterminación del pueblo saharaui. En tanto no se logre, apoyo

al reconocimiento de la RADS como legítimo estado del Sahara

Occidental.

Apoyo a los procesos de integración en América Latina y

reforzamiento de las relaciones bilaterales con todos los países de la

región. En especial, como socialistas, defenderemos la interacción

con los países del ALBA y UNASUR.

Reforzamiento de la AECID y de las políticas de cooperación

internacional al desarrollo, especialmente en el Mediterráneo, África

subsahariana y América Latina.

Defensa de la abolición del antidemocrático derecho de veto de los

países del Consejo de Seguridad de la ONU.

4.- HACIA EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

El Estado de Bienestar es el modelo de estado social y de derecho conseguido en

la segunda mitad del siglo XX en la Europa Occidental, y ha supuesto para sus pueblos

70

uno de los mayores niveles de progreso, igualdad, ampliación de derechos y cotas de

prosperidad y justicia social nunca conseguidos. Este modelo considera que todos los

ciudadanos tienen los mismos derechos a lograr unas determinadas cotas de bienestar.

Cuando existen colectivos que no pueden acceder a esas cotas, se intenta ponen en

marcha por parte de las administraciones públicas mecanismos correctores para

solucionar esta situación.

Así, es comúnmente aceptado que se intervenga para modificar el medio social y

mejorar las condiciones de vida si son negativas o perjudiciales para determinados

grupos humanos. Se actúa sobre las necesidades y sobre todos aquellos aspectos que las

generan. Se asume que son problemas sociales y por tanto afectan a grupos y

comunidades. También se considera que es fundamental la participación activa de los

ciudadanos, de tal manera que las instituciones públicas diseñan actuaciones generales

tendentes a mejorar la situación colectiva en aspectos como el empleo, la distribución de

los recursos, etc. Igualmente son las administraciones públicas las que mediante

actuaciones específicas tratan de resolver determinados problemas concretos (pobreza,

exclusión social o marginalidad) y organizar la satisfacción de necesidades básicas

como la educación, la sanidad, la vivienda, etc.

España es el país de la UE-15 (el grupo de países más ricos de la UE) que tiene

el gasto público social por habitante más bajo. Debemos saber, sin embargo, que pese a

los grandes avances realizados por los gobiernos socialistas a partir de 1982 en la

construcción del Estado del Bienestar, en nuestro país siempre ha sido deficitario, y

llegó cuando en Europa se iniciaba la ofensiva neocon para su desmantelamiento.

Ahora bien, sabemos que el llamado “Estado de Bienestar” es también el concepto que

nos ha ofrecido el sistema capitalista para justificarse y hacernos creer que en ese

sistema el Estado de Bienestar es posible, y que incluso es el objetivo del sistema. Sin

embargo, a la vez nos hace saber que hay otros elementos más importantes que hemos

de respetar en el sistema y que son prioritarios, como el máximo beneficio, la

desigualdad intrínseca al ser humano, la necesidad de sacrificio de los desfavorecidos y

sobre todo que el poder lo detenta el capital y no el ciudadano.

El “Estado de Bienestar” solo puede conseguirse de una forma general y

permanente cuando el poder está en manos de los ciudadanos. Esto solo se consigue en

una sociedad socialista porque es su objetivo y su fin. No podemos seguir hablando de

un “Estado de Bienestar” muy limitado que no depende de nosotros, y que en puridad y

a nivel mundial se ha basado en la explotación de otros hombres, otros países y otras

sociedades.

Debemos tener en cuenta también que el Estado del Bienestar fue resultado de

un gran pacto social en Occidente tras la II Guerra Mundial entre las clases burguesas,

la derecha, y la socialdemocracia, el movimiento obrero, ante la presión soviética y la

fuerza revolucionaria de la izquierda en Europa tras la derrota del fascismo.

Una vez desaparecido el bloque soviético tras la caída del muro de Berlín y el

hundimiento de la URSS, la desaparición de esa presión, del contrapoder, y la entrada

en los circuitos del mercado occidental de grandes reservas de mano de obra

procedentes del Este, la necesidad del pacto, para la derecha, para la burguesía

capitalista occidental, deja de existir. Un pacto, y su producto, sólo se pueden

71

materializar cuando ambas partes lo necesitan. Por lo tanto, la derecha procede al ataque

y desmantelamiento de ese Estado del Bienestar. Podemos verlo claramente en nuestro

país con el gigantesco ataque a los servicios públicos, el gran recorte en gasto social

que lleva a cabo la derecha y mayores niveles de recesión a los que nos llevarán, dado el

gran nivel de endeudamiento de la población y por tanto la previsible reducción de

demanda de bienes y servicios, que ya se está viendo. Así se están agravando tanto el

estancamiento de la economía como los niveles de pobreza, malestar social e

incertidumbre.

Ante este panorama, desde la izquierda, y desde los partidos socialistas y

organizaciones obreras, debemos ser conscientes de que nos adentramos en un nuevo

periodo histórico, en el que las condiciones políticas que hicieron posible el pacto del

Estado del Bienestar se han difuminado. En este nuevo periodo no podemos renunciar

ni uno sólo de los derechos y avances conseguidos, y debemos luchar sin cuartel por la

reconquista de los derechos sociales y laborales que la derecha recorta en su afán por

destruir los logros del Estado del Bienestar. Pero no debemos plantearnos el retorno a

una foto fija de un modelo que sea considerado fin en sí mismo, sino que debemos

avanzar, desde la conciencia de los progresos y conquistas del movimiento obrero, y con

la referencia del Estado del Bienestar como punto partida de mínimos, hacia un nuevo

modelo.

El capitalismo se muestra en los mecanismos de su propia crisis en toda su

crudeza, dispuesto al sacrificio tanto de los progresos y bienestar del esfuerzo de más de

un siglo en Europa como de la misma democracia, por lo que debemos plantarnos su

superación como modelo nocivo y gravemente dañino para el bienestar de la sociedad y

de su ciudadanía. Hoy más que nunca, la consigna "socialismo o barbarie" resulta

especialmente clara. El combate por los derechos sociales y laborales debe plantearse

por parte de las fuerzas de izquierdas y ciudadanía de progreso desde la puesta en

marcha de la transición democrática hacia el socialismo, hacia el socialismo del siglo

XXI.

4.1. EDUCACIÓN

Recientemente se han cumplido 80 años de la proclamación de la Segunda

República y 75 años del Golpe de Estado del 18 de julio 1936. Se sabía que la

educación era el único modo de sacar a España del atraso secular en la que estaba

sumida. La sublevación militar acabó con los logros educativos alcanzados en poco

tiempo por la Republica: una Escuela Pública, obligatoria, laica, mixta, inspirada en el

ideal de la solidaridad humana; el mejor Plan Profesional de Formación de maestros que

haya existido nunca; un respeto profundo a la diversidad de las lenguas y de las culturas

de España; la creación de más de 27.000 escuelas en lo que era un coto privado de unos

cuantos; una escuela auténticamente laica sin privilegios ni imposiciones para nadie;

una escuela democrática; una enseñanza pensada en el quehacer protagonista del

alumno.

España es hoy una democracia. Desde la muerte del Dictador el país ha

cambiado profundamente. Pero quienes creemos en el auténtico valor de la democracia

republicana y queremos salvaguardarla, pensamos que aún hay un largo camino por

recorrer. La actual sociedad capitalista, desaforadamente consumista y

generadora de amplias bolsas de pobreza y exclusión, no hace sino aumentar las

72

desigualdades sociales y fragmentar cada vez más la sociedad entre los que pueden y no

pueden económicamente.

La educación ha de aportar una profunda carga de valores que encamine a las

personas a transformarse ellas mismas y a transformar a la sociedad en la que viven. La

importancia de la educación se ve acentuada en medio de la crisis.

PROPUESTAS:

Educación pública, democrática, laica y de calidad como garante del

derecho a la educación de todas y todos en condiciones de igualdad,

desde las escuelas infantiles a las Universidades o a la educación de

las personas adultas, estableciendo por ley unos mínimos de calidad

para la educación pública, que impida que se tengan derechos

diferentes en función de la Comunidad en la que vivan.

Recuperación en los Centros Educativos de la asignatura de

"Educación para la ciudadanía".

Fomento de planes de enseñanza donde la solidaridad, el civismo,

respeto, interculturalidad y pluralidad prevalezcan frente a la

rivalidad, competencia e individualismo.

Creación de escuelas públicas infantiles de 0 a 3 años.

Las Administraciones educativas deben, ante todo, reforzar el papel

de los centros públicos como red vertebradora de la oferta educativa

y sólo deben mantener conciertos con los centros privados que estén

dispuestos a atender a todo el alumnado, sin ningún tipo de

discriminación, a hacer efectivo el principio de gratuidad y a llevar a

cabo una gestión transparente y controlable socialmente. Se debe

tender hacia la eliminación progresiva de los concertados. Además,

con centros suficientes para que sobre todo los alumnos y alumnas

de Primaria no tengan que hacer desplazamientos fuera de su barrio.

Construcción de centros educativos públicos, a todos los niveles,

suficientes para la población actual y planificación de la estructura

de centros y número de plazas de alumnos para albergar todas las

necesidades y previsión futura del alumnado, participando en la

elaboración los agentes sociales, con el fin de reducir la ratio por

clase tanto en los C.E.I.P como en los I. E. S. y acabar con los

“barracones”.

Garantizar que en suelo público sólo se construyan centros

educativos públicos, con gestión pública, incurriendo en grave

gestión la utilización de dicho suelo por centros privados bien sean

cooperativas o religiosos no pudiendo tampoco permutar este suelo

por otro alejado de las necesidades de plazas.

Dotar a los C.E.I.P. del profesorado necesario: profesores de apoyo

para educación infantil, profesores de pedagogía terapéutica,

logopedia, inglés, educación física, música y educadores que

refuercen a los tutores de alumnos con necesidades educativas

especiales.

Adoptar las medidas necesarias, en las comunidades con lengua

73

propia, para que cuando el alumnado termine la educación primaria

tenga las competencias básicas para poder expresarse correctamente

en las dos lenguas oficiales y poder comunicarse en una lengua

extranjera. Dotar a los colegios que adopten el trilingüismo de

profesorado especializado fijo.

Defensa de escuela inclusiva, igualitaria e intercultural

Con respecto a los I.E.S. en el 1º y 2º ciclo de la E.S.O. se adjudicará

el profesorado teniendo en cuenta su especialidad.

Garantizar que en todas las autonomías se tenga un ordenador por

alumno, junto con las pizarras digitales necesarias para el centro.

Toda dotación informática debe funcionar con Software Libre, que

será promovido y potenciado.

Diseño, ejecución y evaluación de la eficacia de todos los programas

que sean necesarios para compensar las deficiencias del alumnado,

con la finalidad de que no abandonen el sistema educativo durante

las etapas obligatorias y obtengan el título de Graduado.

Los estudiantes que más lo necesitan se beneficiarán de la ayuda

individual para que al en cinco años, el número de jóvenes que

abandonan la escuela sin calificaciones se reduzca a la mitad.

Actuar para que el alumnado con titulación de graduado en ESO

continúe realizando estudios post-obligatorios, sobretodo, los de

formación profesional de Grado Medio y Superior, necesarios para el

desarrollo económico y social de nuestra sociedad.

Desarrollo de métodos para luchar contra la precariedad de la

juventud. dando a los jóvenes escolarizados, una solución de

formación, aprendizaje o servicio cívico.

Impulso de iniciativas parlamentarias y sociales para frenar el

aumento del IVA en el material escolar.

Potenciación de la formación profesional, con, entre otras medidas,

la creación los puestos de trabajo adicionales en la educación que

cubran todos los oficios.

Postgrados de especialización para tarea docente y formación

continúa del profesorado. Obligatoriedad de mantener los Centros de

Formación de Profesores en las diferentes comunidades.

Defensa del principio de autonomía universitaria, compatible con la

existencia de una política estatal de Universidades y de

Investigación.

Total oposición a la separación de niños y niñas en cualquier tipo de

centro educativo.

Promover la colaboración del Consejo Escolar Municipal y, por

ende, de la Administración municipal con las Asociaciones de Padres

y Madres de Alumnos para desarrollar actividades dirigidas a

combatir el abandono escolar temprano y el absentismo escolar.

Promover y potenciar centros de apoyo familiar, que formen a los

padres y a las madres en los procesos de aprendizaje y que les

permitan una mayor implicación y seguimiento en la educación de

sus hijos.

Promover medidas que permitan la asistencia de los padres a las

74

reuniones con los profesores de sus hijos.

Incorporar una tercera hora, no sólo en primaria, sino en ESO y

Bachillerato en Educación Física, para la creación de hábitos

saludables entre la juventud la corrección de posturas erróneos cada

vez más generalizadas, la necesidad de movimiento y los valores

necesarios para el desarrollo integral y la prevención de

enfermedades ligadas al sedentarismo, son motivos más que

suficientes, entre muchos otros, para la consolidación de la cultura

física entre nuestros jóvenes.

4.2. I+D+i

El actual modelo de desarrollo conduce a la tercerización de la economía en

detrimento de los otros sectores productivos, del medio ambiente, del empleo y de la

calidad de vida. Hoy, para avanzar hacia un crecimiento más sostenible y equilibrado,

ha de producirse una redimensión de los componentes sectoriales del PIB y del VAB en

favor de incrementar el peso de la economía industrial, de la economía del conocimiento

(I+D+i), del sector de las energías alternativas (3ª revolución energética), de

determinados subsectores emergentes con potencial y de distintos servicios avanzados.

Todo ello para fomentar la economía productiva, las nuevas tecnologías, la

economía digital como clave para un nuevo crecimiento, el capital humano y social, el

desarrollo endógeno (territorios inteligentes) y la “economía de proximidad”.

Será necesaria la activa intervención del Estado en la orientación y desarrollo

de las políticas económica e industrial, frente al actual predominio del capitalismo

especulativo y depredador o de intereses de grandes megacorporaciones.

PROPUESTAS:

Desarrollo y aplicación de la Ley de la Ciencia.

Medidas para el retorno de la diáspora profesional joven y la

inserción de becarios de investigación.

Apoyo a proyectos y grupos transdisciplinares e internacionales de

investigación.

Defensa de las instituciones públicas en la producción y

transferencia de conocimientos.

Propiciar que los logros y beneficios en I+D+i beneficien a todos los

ciudadanos y ciudadanas y no solamente a las empresas.

Como elemento fundamental para estas medidas, innovación y

desarrollo potenciados a través de una red de institutos tecnológicos

públicos, apostando por la excelencia y la calidad.

4.3. SANIDAD

La Sanidad Pública, universal, de calidad y gratuita, ha sido la base fundamental

para el desarrollo del Estado del Bienestar y es uno de los pilares para asegurar la

solidaridad y la equidad dentro de la sociedad.

En los últimos años se observa una campaña generalizada y sistemática para

75

desprestigiar y desmantelar los sistemas públicos de salud, coincidiendo con el auge del

capitalismo neoliberal, que quiere privatizar los sistemas sanitarios públicos y que busca

en ellos una oportunidad de negocio. Los grandes perdedores de estas políticas de

desmantelamiento de los servicios públicos de salud y sanitarios son los ciudadanos. La

calidad de los servicios empeorará, además de tener los modelos privatizados unos

costes muy superiores. Los ciudadanos se verán obligados a pagar para poder utilizar

los centros asistenciales y una parte de la población, la más pobre y la más enferma, se

verá excluida de los sistemas sanitarios.

Nos oponemos a la implantación de sistemas de copago, o más bien repago,

tasas o tickets moderadores, cualquier fórmula de privatización, por medio de

fundaciones o tipos de gestión privada, denunciamos el llamado "modelo Alzira",

fórmula de privatización radical de la atención médica, que externaliza a una empresa

privada con ánimo de lucro todo el servicio sanitario público de la población de un

territorio, en régimen de monopolio, a través de una concesión administrativa.

Ahora, el gobierno del PP, se ha lanzado ya abiertamente a la privatización de la

sanidad y a la degradación deliberada del sistema sanitario público. La asistencia

sanitaria es un bien de primera necesidad. Es por tanto un derecho mínimo para el ser

humano una asistencia sanitaria de calidad. No se trata de un servicio que se pueda regir

meramente por el coste-beneficio.

El Estado debe garantizar este derecho tal y como afirma la Constitución en el

artículo 43, donde se reconoce el derecho a la protección de la salud, y se afirma que

"compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de

medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los

derechos y deberes de todos al respecto.”

Dicen que “el sistema actual se encuentra obsoleto”, afirmación que es falsa. El

sistema sanitario español, hasta ahora, era, reconocido por la OMS, el séptimo mejor del

mundo, siendo además el que más cobertura y de mejor calidad ofrecía a menor coste

para el Estado. La salud es un derecho fundamental reconocido por la Constitución, no

una mercancía, y nos oponemos firmemente a las políticas privatizadoras del PP.

PROPUESTAS:

Impulsar una política sanitaria al servicio de la cultura democrática

de servicio público, con rendición de cuentas y participación

profesional y ciudadana en los aspectos que les afectan.

Aumentar la financiación y el control del gasto sanitario, con

criterios de suficiencia y eficiencia: gestión honrada y eficaz; control

del elevado absentismo; prohibición de conductas abusivas, como

que en horario pagado por la sanidad pública se trabaje en la sanidad

privada; crear dispensarios de medicamentos en los Centros de

Atención Primaria.

Poner al día la red hospitalaria y potenciar los centros de atención

primaria, dotándolos de los equipos y personal especializado

necesario.

Reforzar la aplicación de la Ley 39/2006 para la Autonomía

76

Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia,

sobre todo en lo que afecta a los pagos de las prestaciones

económicas y de servicios, así como al procedimiento:

retroactividad, compatibilidades, resoluciones, desarrollo del

catálogo de servicios y fomento del empleo.

Desarrollo y aplicación de la Ley del aborto. Total oposición a

cualquier contrarreforma que limite los derechos de las mujeres y de

la ciudadanía en este sentido.

Desarrollo y aplicación de la Ley de muerte digna. Cada adulto en

fase avanzada o terminal de una enfermedad incurable, que causa un

sufrimiento insoportable físico o psicológico, y no puede ser

apaciguado, podrá solicitar, bajo condiciones específicas y estrictas,

recibir asistencia medicalizado para poner fin a su vida con dignidad.

Mantener la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva con

el fin de disminuir los embarazos no deseados y las enfermedades de

transmisión sexual.

4. 4. VIVIENDA

Uno de los factores más importantes para la gestación de la actual crisis, con su

especial virulencia en España, ha sido la especulación urbanística ilimitada. La burbuja

inmobiliaria ha arrastrado en su estallido al resto de la economía y, además, durante su

avance ha conculcado el derecho constitucional a una vivienda digna, convirtiendo un

bien necesario para la vida de las personas en un recurso para la especulación extrema.

Nos encontramos ante la hiriente paradoja de disponer en todo el territorio de

millones de viviendas vacías y que, debido a su exorbitante precio, no son accesibles

para la mayoría de la población. Es exigible a los poderes públicos el cumplimiento del

artículo 47 de la Constitución Española, que dice: “Artículo 47: Todos los españoles

tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos

promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer

efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés

general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que

genere la acción urbanística de los entes públicos.”

Además, si bien es un problema ya gestado con anterioridad y que no supo

encararse desde una óptica socialista para haberlo atajado (si bien ahora se han

presentado interesantes iniciativas parlamentarias al respecto, en un cambio positivo),

durante el último año del gobierno de la derecha ha estallado como un auténtico drama

social la cuestión de los desahucios, en una de las caras más inhumanas del capitalismo

y de la banca, que, ayudada con millones de euros públicos, no tiene el mayor reparo en

arrojar a la calle a miles de familias trabajadoras por deudas sobrevenidas. La sociedad

está dando una fuerte respuesta, con la movilización de la Plataforma de Afectados por

las Hipotecas, y otros colectivos, con quienes debemos entablar relaciones, para tender

tanto puentes de comunicación como para colaborar en iniciativas de apoyo a quienes

sufren las consecuencias de estos abusos, como para apoyar iniciativas de más amplio

calado como la ILP de dación en pago.

PROPUESTAS:

77

Impuestos progresivos sobre los especuladores que poseen gran

cantidad de viviendas vacías.

Intervención directa del Estado en el sector de la vivienda para

garantizar el derecho constitucional a la vivienda. Se necesita una

gran reserva de vivienda pública destinada al alquiler social, a un

precio tasado en función de las necesidades y posibilidades del

destinatario. Las ayudas públicas al sector inmobiliario empresarial

o bancario ha de ser condicionado a permitir y garantizar el acceso

de las personas a su parque de viviendas.

Creación un inventario de los pisos sin ocupar en el que conste de

quien es la propiedad y ofertándolos para su venta a costo o

gravando con un impuesto especial los que a los cinco años de su

construcción figuren sin venderse o alquilarse. En caso de

incumplimiento de las normas anteriores estos pisos pasarán a

considerarse viviendas sociales, recibiendo el propietario el valor,

quitando los gastos, del precio vendido o alquilado.

Las empresas de la construcción, como herramienta de gran

importancia para la consecución de un bien básico como la vivienda,

podrán ser intervenidas por el Estado según la necesidad en pro del

bien común.

Impulso y apoyo, desde las Administraciones Públicas, a las

cooperativas de viviendas, primando modelos de cesión de uso como

nueva forma de propiedad social de la vivienda.

Avanzar hacia la dación de vivienda en pago para cancelación de

hipoteca en casos justificados.

4.5. POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES

Los elementos necesarios para la vida de las personas, aire, agua, tierra y fuego

(energía) son bienes comunes. No pueden ser objeto de apropiación o negocio, de ahí la

necesidad de que los poderes públicos regulen el uso de estos elementos, limitados, que

deben ser accesibles a todos los ciudadanos como un derecho inherente a la persona.

La conjunción del trabajo, el capital y los recursos naturales, son los medios para

la creación de riqueza y obtener los bienes y servicios necesarios para la vida. Si bien en

la teoría clásica solo el capital y el trabajo se contemplaban como elementos de

desarrollo, presuponiendo que los recursos naturales eran inagotables, actualmente

sabemos que estos son limitados y que merecen una atención especial, para que su

capacidad de renovación permita la continuidad de la vida del planeta y asegurar el

bienestar de las actuales y futuras generaciones.

El desarrollo sostenible, capaz de satisfacer las necesidades actuales sin

comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones, es uno de los

objetivos que emana de los valores del socialismo: distribución de la riqueza y los

recursos, desarrollo humano, progreso social y profundización de la democracia. Es

urgente el cambio del modelo de desarrollo actual a otro más sobrio, más eficaz y justo.

Ello implica una revolución en los métodos de producción y también en el

comportamiento del consumidor, y en la educación medioambiental tanto en el sistema

educativo como a adultos, vía que hay que desarrollar todavía mucho en nuestro país.

78

PROPUESTAS:

Gestión racional de los recursos existentes, como patrimonio

público. Nacionalización de los recursos naturales y sectores

energéticos estratégicos.

Ordenación racional del territorio y las actividades que se

desarrollan en el mismo.

Gestión integral del ciclo del agua como recurso publico estatal.

Lucha contra el cambio climático.

Continuada apuesta por las energías renovables y compromiso firme

de abandono de la energía nuclear.

Cambiar el sistema de subasta energético y eliminar el déficit

tarifario.

Criterios de sostenibilidad para actividades económicas, urbanismo y

núcleos de población, construcción de viviendas, explotaciones

agropecuarias y actividad pesquera.

Reforzar las políticas de mantenimiento y creación de espacios

naturales y de reforestación.

Medidas contra las diferentes formas de contaminación atmosférica,

terrestre, de las aguas, lumínica y acústica.

Transportes eficientes, suficientes y medioambientalmente limpios.

Optimización de los servicios de transportes públicos. Apoyo al

coche eléctrico

Decidida protección de las costas, denunciando el retroceso en su

defensa que representa la actual Ley de Costas aprobada por el

partido popular.

4.6. POLÍTICAS DE DESARROLLO RURAL

El desarrollo económico de España exige también el desarrollo de los sectores

rurales y agrícolas. En el marco de la creación de una economía sistémica y sostenible el

sector agrario es estratégico. El apoyo al pequeño campesino debe ser un eje clave del

nuevo proyecto socialista ya que esto posibilitará un crecimiento de tipo multipolar y la

consolidación de áreas agrarias productivas. La productividad no sólo se consigue con

tecnología, también con la dignificación del agricultor. La soberanía alimentaria del

país, en el marco europeo, es un objetivo irrenunciable.

PROPUESTAS:

Desarrollo de una agricultura sostenible y respetuosa con el medio

ambiente.

Consolidación de una Red de Escuelas Agrarias

Revisión y modulación de los pagos de la PAC, favoreciendo al

pequeño propietario y a las cooperativas.

Ayudas extraordinarias a las cooperativas que demuestren solvencia

y respeto a los derechos de los trabajadores.

Flexibilización en destino de los fondos FEDER.

79

Apoyo extraordinario a las PYMES en las zonas rurales.

Apoyo a la creación de empresas públicas de titularidad municipal

para la explotación de montes comunales y baldíos.

4.7. CULTURA LIBRE, CULTURA POPULAR

La cultura es una de las más poderosas herramientas que puede ser empleada en

pro de la emancipación humana, colectiva e individual, y como socialistas, debemos

saber usarla y defenderla como pieza clave en la transformación de la sociedad: si

avanzamos hacia cambios estructurales que pretendan construir el socialismo.

En este sentido, vemos cómo el gobierno derechista del PP pretende recortar el

acceso de las clases populares a la cultura, con nuevos impuestos sobre un bien tan

necesario, y cómo las lógicas de mercantilización del capitalismo invaden y mueven los

resortes del mundo y creación culturales. Sin embargo, por un lado las nuevas

tecnologías están ampliando la difusión de la cultura y, por otro las poderosas

industrias vinculadas al mundo de la cultura reaccionan de manera virulenta ante el

cuestionamiento social de lo que consideran su propiedad privada sobre los bienes

culturales. Así ha sucedido en todas las polémicas relacionadas con la SGAE y sus

habituales excesos. En este sentido, la reacción social contra los excesos en materia de

propiedad intelectual ha sido clara, así como el rechazo a las posiciones caracterizadas

por la falta de adecuación ante la realidad social y el quizá excesivo seguidismo de las

industrias comerciales vinculadas a la cultura.

Ahora bien, desde sectores comprometidos y concienciados de la sociedad, hace

tiempo que se ha producido, fomentado y desarrollado una respuesta creativa y en

positivo a las estrecheces del capitalismo en cuanto a propiedad intelectual. Se ha puesto

en marcha lo que se conoce como licencias libres, licencias copyleft, licencias creative

commons, inspiradas en los principios cooperativos, colaborativos, horizontales,

democráticos, del software libre y sus licencias GPL.

En este sentido valoramos las licencias libres como una nueva forma de

socializar la propiedad y la cultura, así como de poner en tela de juicio las concepciones

liberales de la propiedad.

PROPUESTAS:

Redefinición de los derechos de autor clásicos, bajo nuevos

parámetros que primen la digna retribución y bienestar de los

creadores culturales y el valor social de la creación cultural por

encima del afán lucrativo de las industrias capitalistas.

Potenciación del uso de las licencias libres (en sus diversas

concepciones) para la producción cultural e intelectual mediante

medidas de apoyo fiscal y económico a los creadores y creadoras

culturales o autores/as que se decanten por su uso. También

mediante el uso de cuotas en los medios públicos (radio, tv) y en

programaciones culturales de las Administraciones Públicas,

destinadas a su promoción y representación (con los debidos

controles de calidad y profesionalidad).

80

Impulso de la promoción e información sobre estas nuevas formas

de propiedad en los centros de formación cultural de titularidad

pública, reforzando la asistencia técnica para los creadores culturales

que opten por las licencias libres.

Apoyo de la autogestión popular de la cultura, mediante el impulso

por parte de las Administraciones Públicas de redes de centros

cívico-sociales que alberguen iniciativas culturales de base, fuera de

las lógicas de mercantilización de la cultura.

Inclusión de la sociedad civil organizada, a través de mecanismos

efectivos de participación democrática, en la gestión de la cultura y

programación cultural de las Administraciones Pública, así como del

Patrimonio Cultural. Reforma de la Ley de Patrimonio para

consolidar y ampliar la protección del patrimonio inmaterial,

industrial y etnológico, estableciendo medidas de protección

adecuada para los paisajes culturales o históricos y para el

patrimonio popular.

Fomentar las artes escénicas, según modelos descentralizados y en

interacción con las comunidades locales y la sociedad civil

organizada, buscando una difusión social capilar de sus beneficios

sociales, culturales y económicos.

Desarrollar un Plan de Coordinación de políticas culturales para la

puesta en valor y gestión de elementos o conjuntos patrimoniales

compartidos por varias autonomías, para la prevención y combate

del expolio, para la difusión de la producción cultural local, y para la

difusión de todas las lenguas oficiales del Estado.

Impulsar desde los ámbitos partidarios, sindicales, asociativos e

institucionales que sea posible, la puesta en valor de la cultura e

historia del movimiento obrero, como parte de la identidad de la

mayoría de la población y fuente de los derechos y niveles de

bienestar conquistados para toda la sociedad, de modo que sea

herramienta para aumentar la autoestima de las clases populares y

para el desarrollo de la conciencia de clase.

Refuerzo de las sedes del Instituto Cervantes, en lugares con

posibilidades de mayor proyección y abriendo líneas de difusión en

el extranjero de la riqueza lingüística de España, difundiendo

adecuadamente y junto al castellano las demás lenguas oficiales.

4.8. POLÍTICAS DE IGUALDAD

Las politicas de igualdad de género constituyen un eje transversal de nuestro

progama. Durante los gobiernos de la última etapa socialista, hemos construido un

nuevo pilar del estado de bienestar, este ha sido la atención por ley a personas

dependientes.

Lamentablemente los recortes del gobierno de la derecha anacrónica y ultra

conservadora del Partido Popular, que visualiza la clara voluntad de adelgazar el

estado hasta mínimos incapaces de asegurar equilibrios sociales, y asistencia pública a

los ciudadanos, están deshaciendo todos los avances que los socialistas hemos realizado.

81

PROPUESTAS:

Incrementar al 50% la paridad en órganos y velar porque esta sea

real, excepto para aquellos cargos o puestos de trabajo donde el

merito y la capacidad sean condición para su obtención.

Reforma de los permisos de maternidad y paternidad para que ambos

sean iguales, intransferibles y con la misma parte obligatoria,

fomentando la corresponsabilidad.

Lucha contra la violencia machista de manera integral, implicando

también a los hombres en las campañas y políticas concretas.

Promover actuaciones específicas para las mujeres en situaciones de

dificultad o vulnerabilidad, en las que se implique tanto a

instituciones, como a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, como a

sociedad civil.

Integrar la perspectiva de género en el desarrollo de las políticas de

bienestar social.

Fomento de un sistema público universal de atención a la

dependencia para que no se siga cargando sobre las mujeres el

cuidado de las personas adultas dependientes.

Medidas para una racionalización de los horarios que ayuden a

conciliar realmente la vida personal, laboral y familiar.

Exigencia de planes de igualdad para las empresas como condición

para la adjudicación de proyectos subvencionados públicamente.

Aumentar las inspecciones laborales para seguir el cumplimiento de

los planes.

4.9. LA REFORMA DE LA JUSTICIA

PROPUESTAS:

Reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1982. El Ministerio

Fiscal, con los necesarios controles judiciales y parlamentarios que

garanticen la imparcialidad, debe asumir la instrucción penal. El

Juez de Instrucción debe ser sustituido por el Juez de Garantías, y

atribuir la instrucción penal a los Fiscales.

Suprimir la figura del imputado para no vulnerar el principio de

presunción de inocencia.

Actualizar la figura del procesamiento en el procedimiento ordinario

por delitos graves, y rescatar la de la inculpación en el

procedimiento de urgencia por delitos menos graves.

Reformar el Consejo General del Poder Judicial, mediante reforma

constitucional, para que sea realmente el órgano de gobierno de los

jueces, siendo su Presidente elegido por el Parlamento.

Dotar a la administración de justicia de medios materiales y

personales suficientes.

Restablecer la redacción del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, 6/1985 de 1 de julio, en garantía de la jurisdicción

82

universal sobre delitos de genocidio, terrorismo y otros.

5.- HACIA LA III REPÚBLICA FEDERAL, LAICA

Y PARTICIPATIVA

Los y las socialistas debemos propugnar la revisión crítica del modelo político

legado por la transición democrática, formular propuestas para una reforma profunda de

la Constitución Española y encabezar la reivindicación por recuperar la forma

republicana de Estado. Hemos de considerar que los conceptos, Estado Federal y

República, forman parte del genoma político del socialismo en España.

5.1. HACIA LA REPUBLICA ESPAÑOLA

Hoy, tras 35 años de la aprobación de la actual Constitución española, ha llegado

el momento de revisarla en profundidad para liberarla de las limitaciones y tutelas que

en aquel contexto de la transición se impusieron por parte de los poderes fácticos

existentes, en un marco de cesión obligada de legitimidades. Ha llegado el momento de

que el mando supremo de las fuerzas armadas españolas deje de estar en manos del Rey

para pasar al Presidente de la República democráticamente elegido.

La configuración de un Estado Español republicano, federal y laico vuelve a

estar en la vanguardia de las reivindicaciones de la ciudadanía. El Partido Socialista

debe recuperar su naturaleza de partido republicano, pues sin la premisa de la elección

libre y democrática de todos y cada uno de los cargos representativos del Estado,

además de contradecir nuestro ideal de igualdad, nunca podrá desarrollarse plenamente

el sistema democrático, y por tanto, quedará incompleta la soberanía popular.

Por ello, el Partido Socialista Obrero Español debe colaborar con los partidos

políticos de izquierdas y con las asociaciones y plataformas que buscan dichos

objetivos, en especial con la Plataforma 14 de abril que agrupa a la inmensa mayoría de

este tipo de organizaciones a nivel estatal, para unificar los esfuerzos en pro de la

consecución de la III República.

PROPUESTAS:

Recuperar los principios republicanos en los Estatutos del PSOE. El

Partido debe restablecer en sus Estatutos la defensa de la República

como forma de Estado, y como horizonte histórico hacia el que

avanzar, desde la evolución y reformas democráticas necesarias del

Estado actual.

Impulsar la recuperación del significado de la II Republica, su

memoria y conmemoración, tanto con la colaboración con partidos

de izquierda y asociaciones y plataformas como la Plataforma 14 de

abril, así como con iniciativas propias.

Integración de los municipios gobernados por el PSOE en la red de

municipios por la III República.

Aplicar la Ley de Memoria Histórica en todos los ámbitos, incluido

83

el de su reforma si procede. La memoria y la dignidad de las

víctimas del franquismo han de ser plenamente salvaguardada por la

democracia española. La apología del franquismo ha de ser

considerada un delito homologable al de terrorismo.

Apoyar la convocatoria de un referéndum para decidir entre

monarquía y republica. La plena ciudadanía española exige aplicar el

derecho a decidir la forma de Estado bajo el que queremos vivir. El

déficit democrático que se arrastra desde los años setenta en los que

no se convocó ese necesario referéndum ha de ser superado en la

actualidad.

5.2. HACIA EL ESTADO FEDERAL

Tras el proceso de recentralización que está realizando actualmente el gobierno

conservador que nos está devolviendo poco a poco al modelo centralista de la etapa

franquista, hay que mostrar en los hechos que la Nación de Naciones que es España

puede aunar la diversidad y la cohesión, la unidad y la pluralidad, la especificidad y la

solidaridad. Hay que recuperar y actualizar la tradición federal del socialismo para

aunar el respeto a la diversidad cultural y al autogobierno con la solidaridad

interterritorial.

En la España federal a la que aspiramos el modelo territorial se articulará en

tres niveles de gobierno. A saber:

nivel estatal: formado por el Gobierno de España y todas las entidades e

instituciones que abarcan el conjunto del Estado. La Administración Periférica del

estado debe ir desapareciendo paulatinamente y con plazos preestablecidos, dejando

como única institución estatal con representación nacional/regional a la Delegación del

Gobierno.

nivel autonómico: integrado por los Estados Federales. Este nivel debe ser

reformado para facilitar su encaje en una España Federal que reconozca y respete la

realidad plurinacional y pluriregional de España.

nivel local: formado por los municipios y todas las entidades e instituciones de

articulación de los municipios. La futura reforma de la Ley de Bases de Régimen Local

deberá contemplar el reforzamiento de la autonomía municipal.

La mejora de la estructura del estado en España y de la calidad democrática debe

asentarse en los principios de simplicidad, sencillez, claridad, economía, eficiencia y

compromiso. Defendemos un federalismo cooperativo y pluralista totalmente

consonante con los principios y valores democráticos, capaz de dar cabida al

reconocimiento de las diversas realidades nacionales, a la vez que asegura la cohesión

del Estado y la solidaridad interterritorial para garantizar la igualdad de derechos de

todos los ciudadanos de España.

Un Estado federal de este tipo permite mantener su unidad sin necesidad de

imposiciones uniformizadoras, de la misma manera que garantiza el respeto a la

diferencia sin riesgos de rupturas traumáticas. Esta España federal conformará una

84

buena inserción del Estado y de sus Estados Federales en la Unión Europea, a la vez que

dispondrá de recursos políticos idóneos para profundizar en el municipalismo.

PROPUESTAS:

Todas las entidades e instituciones públicas han de sustentarse en

cuatro principios democráticos básicos: (1) flexibilidad organizativa:

pudiendo adoptar la forma y el tamaño que mejor se ajuste al

cumplimiento de sus fines; (2) transparencia informativa:

publicación periódica de toda la información producida (balances,

evaluaciones, salarios…); (3) democracia institucional: con la

apertura de espacios para la participación de los actores relevantes

del sector o área en el que esté incardinados; y (4) control

permanente: con la acción decidida de los organismos contables y de

evaluación para que puedan realizar controles de gestión o

evaluaciones.

La consolidación del modelo federal reclama la reforma inmediata

del Senado para ser la cámara parlamentaria de representación

territorial. Para ello en las elecciones generales habría una única

circunscripción electoral en la representación al Congreso de los

Diputados, mientras que al Senado la circunscripción serían los

Estados Federales.

Supresión de las Diputaciones provinciales mediante transferencia

de sus competencias, recursos económicos y recursos humanos hacia

los Estados Federales, los Ayuntamientos y las entidades

intermunicipales donde las hubiere.

Incentivar la disminución del número de Ayuntamientos, mediante la

agregación o concentración de varios, constituyendo nuevas

entidades sostenibles capaces de proporcionar a los ciudadanos,

servicios básicos de calidad, sin que ello merme la representación y

pluralismo político esencial de los municipios.

Desarrollo de la autonomía municipal y mejora de su capacidad

financiera. Incentivar en el ámbito municipal, los procesos de

cooperación, agregación o concentración de diversos ayuntamientos

o comunidades locales, constituyendo nuevas entidades sostenibles

capaces de proporcionar a su ciudadanía servicios básicos de

calidad, sin que por ello se vea mermada la representación y

pluralismo político esencial de los municipios.

Defensa de la dignidad y trabajo de los funcionarios y empleados

públicos. Impulso de medidas para la mayor presencia y eficacia de

las administraciones publicas por vía electrónica.

5.3. HACIA EL ESTADO LAICO

Las instituciones democráticas de una sociedad moderna no deben estar al

servicio de ninguna confesión religiosa. El mundo de las creencias religiosas tiene sus

propios ámbitos de expresión y articulación que no deben confundirse con los de la

sociedad política democráticamente constituida. Las normas de una confesión religiosa

85

sólo pueden obligar a sus miembros. Las normas del Estado democrático y de derecho

obligan a todos. Por todo ello, el PSOE, debe abolir el concordato entre el Estado y la

Iglesia como medio efectivo y real de la división entre Iglesia y Estado, cumpliendo así

con el carácter laico que nos caracteriza.

PROPUESTAS:

Abolición de los Acuerdos firmados por el Estado español con el

Estado Vaticano el año 1978.

Aprobación y desarrollo de una Ley de Libertad de Conciencia que

garantice el derecho fundamental a tener las creencias que se

consideren oportunas, sean o no de orden religioso, sin

discriminación alguna por ello y sin privilegios para ninguna persona

o colectivo.

Reformar el Artículo 16 de la Constitución Española para evitar

cualquier referencia expresa a una confesión determinada,

recogiendo expresamente el derecho inalienable de todo ser humano

a tener las creencias y convicciones que estime convenientes.

5.4. HACIA UN ESTADO PARTICIPATIVO

Hoy el concepto pleno de ciudadanía democrática integra un amplio conjunto de

derechos universales, una dimensión ético-moral y humanitaria de responsabilidades

individuales y compromisos colectivos y la identificación de las personas con los

valores, derechos y libertades que fundamentan la igualdad real de los seres humanos,

mejores formas de vida y más dignas, el auténtico bienestar y el progreso de la

humanidad. Tal concepto y principios irrenunciables no pueden subordinarse a

poderosos intereses particulares que, frente a la necesidad de reasignación de recursos

para las políticas sociales, desde el individualismo posesivo más egoísta pretenden, a

través de los mercados de capitales, imponer el darwinismo social más acentuado y

ahogan los márgenes de maniobra de las políticas monetarias, presupuestarias y fiscales

de los gobiernos.

Las crudas realidades de la crisis han puesto de manifiesto disfunciones en el

sistema político e institucional y desde la radicalización de los principios democráticos

se reclaman nuevos canales de deliberación/participación, nuevas ideas y renovados

protagonismos de los partidos políticos, agentes sociales y organizaciones de la

sociedad civil en interacción con la ciudadanía.

Los gobiernos democráticos en sus respectivos ámbitos no deben precipitar

decisiones que afectan a la mayoría de la población sin haber estudiado previamente

todas las posibles opciones, informado con transparencia y facilitado que la ciudadanía

debidamente informada participe (mediante referéndum inequívocamente planteado y

debidamente informado, en parlamentos, en plenos municipales, etc.) en la decisión del

plan de acción que estime más pertinente. Los gobiernos en su caso deben incentivar y

acoger con el máximo interés y apoyo institucional las leyes y/o propuestas surgidas por

iniciativa popular.

86

La segundad mitad del siglo XX y el siglo XXI han aportado algo fundamental

al ciudadano, la posibilidad no solo de acceso directo e instantáneo a la información,

sino la posibilidad de crearla, comentarla e intercambiarla. La información durante

siglos ha sido una fuente reservada de poder, guardada, manipulada y empleada por

unas capas privilegiadas para mantener su dominio. Actualmente somos capaces de

informarnos, analizar, comparar puntos de vista y criterios, opinar y exigir. Hoy resulta

más difícil manipular y engañar. Esto nos permite ser más libres, más exigentes, más

responsables y más solidarios.

Siendo uno de los valores de la izquierda el respeto a la persona hemos de ser

pioneros en transparencia, en comunicación veraz y sólida, en crear núcleos de

exigencia, de participación y decisión que respeten la dignidad y las aspiraciones de las

personas. Se ha acabado la era de las medias palabras, del disimulo, del ocultismo, el

ciudadano pide claridad, sinceridad, transparencia y honestidad.

PROPUESTAS:

Reforma de la Ley electoral para una representación más

proporcional de la ciudadanía. Entre otras consideraciones, habría

que interpretar el artículo 6 de la Constitución para introducir la

obligatoriedad de aumentar la democracia interna de todos los

partidos políticos mediante la celebración de elecciones primarias.

También por Ley establecer los derechos y obligaciones de los

electores y de los representantes elegidos.

Realizar elecciones municipales mediante listas abiertas por distritos

(un concejal por distrito) y elección directa del Alcalde por los

ciudadanos.

Defensa y ampliación de los derechos civiles recogidos en nuestra

Constitución, facilitando la cercanía de los ciudadanos a la acción

política institucional, creando nuevos cauces de participación

democrática y control del ejercicio del poder político.

Mejora de las regulaciones y sistemas de controles públicos con el

necesario reforzamiento y ampliación de las políticas estatales de

evaluación, control y modernización administrativa.

Revisar el actual sistema de acceso, permanencia y control en la

Función Pública, para hacerla más eficaz, participativa y

democrática.

Participación en la ejecución de decisiones tomando como referencia

el principio de subsidiariedad y mediante la desconcentración y

descentralización de la gestión política y administrativa, facilitando

la accesibilidad y en consecuencia la participación activa de la

ciudadanía a la vez que se fomentan las capacidades de organización

de la sociedad civil.

Tolerancia cero con la corrupción política, reforzando las medidas

administrativas y penales contra este grave problema. Esto implica

adoptar nuevas medidas legales contra el transfuguismo político,

ampliando los supuestos que integran ese concepto político y sus

87

medidas coercitivas.

Transparencia y adecuación de las retribuciones de los

representantes públicos y cargos de la administración, de forma que

su regulación no sea diferente de la del resto de los ciudadanos.

Potenciación de mecanismos de transparencia de las instituciones y

de rendición de cuentas de los representantes públicos. Las personas

que ostenten una representación pública han de hacer conocer su

situación patrimonial a la ciudadanía.

Los políticos judicialmente condenados no deben poder representar

nunca más a la ciudadanía, al igual que los políticos judicialmente

imputados deben retirarse de su función pública hasta que se

resuelva el procedimiento.

Referéndum Revocatorio- Moción de Censura Popular de todos los

cargos institucionales a partir de mitad mandato como instrumento

de participación y poder popular, reafirmando así el principio

fundamental de soberanía popular.

6.- UN PARTIDO DEMOCRATICO, ABIERTO,

PARTICIPATIVO Y PLURAL

Los socialistas hemos de recuperar la credibilidad perdida, reencontrarnos con

los sectores sociales de los que nacen y a los que se dirigen las políticas pensadas desde

la izquierda. Somos parte de la ciudadanía que expresa a gritos o en silencio su

desconfianza y su decepción por la ausencia de alternativas al abismo al que nos aboca

el neoliberalismo económico y el neoconservadurismo político. Nos oponemos a la

consideración instrumental que los llamados mercados tienen de la democracia, la

libertad e incluso los derechos humanos. Para ellos estos valores sirven mientras les son

útiles. Para nosotros son los fundamentos de la civilidad en progreso colectivo.

Cuando se reclama una segunda Transición con una reforma profunda de la

Constitución, se acusa a los partidos políticos de haberse debilitado como receptores de

propuestas cívicas y de adoptar, en ocasiones, comportamientos burocratizados,

oligárquicos y clientelares; los socialistas hemos de abordar nuestras insuficiencias y

resolver los problemas planteados con más democracia, no reduciéndola o

desvirtuándola. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen el derecho, que nadie ha de

usurpar, a elegir a sus representantes en las organizaciones políticas y en la sociedad.

Tienen derecho a participar en la elaboración de las políticas que estos han de practicar

y los dirigentes tienen la obligación de respetar los programas electorales y responder de

sus actuaciones.

La dignidad de las personas, el progreso colectivo y la justicia social son

irrenunciables; y si una Ley o norma no resultan ya adecuada a las personas y a la

sociedad hay que cambiarla. Ahora hemos de superar las restricciones impuestas al

sistema democrático establecidas hace más de treinta años en las circunstancias de la

transición española. Cambiar la legislación electoral y de toma de decisiones

haciéndola más democrática y participativa, con limitación de mandatos, segundas

vueltas y referéndums vinculantes, contribuiría a una mayor transparencia institucional,

a mejorar la democracia interna en los partidos políticos y a recuperar los vínculos entre

88

representantes y representados.

La crisis se agrava en ausencia de política participativa. Los militantes

socialistas con su trabajo y sacrificio, son los depositarios de una tradición histórica de

lucha tenaz por la paz, la democracia, la libertad, la solidaridad y la igualdad. Hoy los

militantes hemos de tomar la palabra, y con ella romper las barreras internas que

restringen la participación. Estamos comprometidos en la defensa de nuestros valores y

queremos elegir a dirigentes con convicciones de izquierda, más capaces y más audaces

en el diseño de un mundo mejor. Hemos de elegir directamente y a todos los niveles a

nuestros dirigentes, de manera ampliamente participativa. Hemos de rechazar cualquier

indicio de dirigismo, erradicando las prácticas de la imposición y el oscurantismo.

Los trabajadores, los intelectuales, los más desfavorecidos, el pueblo, necesitan

más PSOE y solo los militantes y simpatizantes, el pueblo de izquierdas, es el dueño

de sus destinos. Hay motivos para la lucha y para la esperanza, recuperando el

potencial movilizador del socialismo democrático para vertebrar la gran mayoría social

de izquierdas.

Para construir esa política y esa sociedad, existe una condición previa:

transformar nuestra organización y activar todas sus potencialidades. El PSOE, nuestro

partido, no puede convertirse en un partido solo de cuadros. Nació y se fortaleció con

base en el movimiento obrero y la lucha de las clases populares por la igualdad, la

justicia social, la libertad con equidad y la solidaridad. Somos un partido de clase y de

masas, comprometido con la mayoría social plural por la emancipación, la

transformación y el progreso social.

En consecuencia, la democracia interna y el funcionamiento orgánico tienen que

corresponderse con nuestra trayectoria histórica de partido abierto, participativo, donde

las distintas propuestas se debaten, integran y se transforman en decisiones adoptadas

democráticamente, sin que la opinión de la mayoría excluya la integración y

aportaciones de las minorías internas, pues el bloque social de progreso que nos apoya,

se compone de grupos diversos con propuestas e intereses plurales.

“Profesionalizar“ el funcionamiento del Partido, y mantener desde un liderazgo

“presidencialista” y su entorno la centralidad de las decisiones, la acción y los mensajes,

esclerotiza la actividad orgánica, e impide la iniciativa y capacidad de propuesta del

colectivo de militantes y simpatizantes. Cuando la unidireccionalidad desde arriba hacia

abajo reduce la pluralidad interna del Partido como generador de políticas y receptor de

iniciativas ciudadanas, ese empequeñecimiento del campo de juego nos desconecta de

los motores de cambio de la mayoría progresista. Si nuestras bases sociales dejan de ser

los referentes de la aplicación del proyecto socialista, si se adulteran nuestros valores, se

ignoran las resoluciones de los Congresos y se difuminan nuestras estrategias y

objetivos, se prolongará el desconcierto y frustración en nuestros votantes. Eso acarrea

su retracción, y conduce a la derrota electoral.

Estamos en una etapa de práctica “refundación” de la socialdemocracia y la

izquierda, y de recuperación de nuestra identidad y valores. Para ello parece necesario

renovar equipos, proceder al relevo de dirigentes y cambiar profundamente el

funcionamiento interno de nuestro Partido. Pero volveríamos a alejarnos de la realidad

89

social si –con el pretexto de mirar al futuro- se impone una visión de “excepcionalidad”

sobre los últimos años, se encierran entre paréntesis erráticas derivas en nuestras

políticas y actuaciones poco congruentes con el compromiso socialista.

La democracia interna y el funcionamiento orgánico tienen que corresponderse

con nuestra trayectoria histórica de partido abierto, participativo, donde las distintas

propuestas se debaten, integran y se transforman en decisiones adoptadas

democráticamente, sin que la opinión de la mayoría excluya la integración y

aportaciones de las minorías internas, pues el bloque social de progreso que nos apoya,

se compone de grupos diversos con propuestas e intereses plurales. El articulo 6

de la Constitución Española, refiriéndose a los partidos políticos, declara que "su

estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Ello obliga a que ningún

partido debería aceptar, en ningún caso, caudillismos que suplanten a los principios

ideológicos y a los principios democráticos. Las “adhesiones inquebrantables” y las

fidelidades personales basadas en intereses diversos deberían desaparecer

definitivamente de la escena política española.

Preocupa especialmente que nuestras carencias internas se hagan extensivas al

desinterés y a la desconfianza que muchos ciudadanos sienten hacia las estructuras de

los partidos políticos. La mala imagen de los partidos y de la política en general no deja

de crecer, suponiendo un déficit democrático insostenible y un peligroso alejamiento

entre los ciudadanos y los militantes. Una Agrupación que renuncie a incidir en su

entorno más inmediato o que sea percibida con desconfianza por los ciudadanos, no

sólo es inoperativa para conseguir nuestros objetivos políticos sino que no tiene sentido

estatutariamente en nuestro partido. Se trata de devolver la ilusión en un verdadero

proyecto de izquierdas a nuestros militantes, para que éstos vuelvan a sentirse

motivados para transmitir nuestras ideas de progreso hacia su entorno más inmediato.

Se necesita una ampliación de la democrática interna, y que todos y cada uno de

los órganos de dirección del partido recupere y ejercite plenamente, con todo rigor y

ética, la función que tiene encomendada. El Comité Federal, los Comités Regionales o

de Nacionalidad y las Asambleas Locales han de ejercer como máximos órganos de

dirección del Partido. La función de las Comisiones Ejecutivas no incluye la

suplantación de los otros órganos superiores de participación y decisión del partido. La

totalidad de los poderes del partido no deben acumularse en la figura de los secretarios

generales y sus ejecutivas, al coste de caer en distintas formas de abuso de poder,

ausencia de participación y perversión de los mecanismos democráticos de toma de

decisiones. Y menos aun concentrarse en la figura de uno o varios candidatos electorales

o personas ya electas, los que de arriba hacia abajo impartirían la "verdad revelada". Las

Comisiones Ejecutivas, en sus distintos ámbitos, deben expresar la realidad del

verdadero pluralismo interno de la organización, al igual que los otros órganos

deliberantes y ejecutivos del partido.

Hay que aplicar los principios federalistas propios de la organización del partido

a todos lo niveles, incluido el de subsidiaridad, garantizando que las decisiones y

opiniones de los de arriba se vayan conformando con las que surgen libremente desde

abajo. La democracia representativa no debe anular a la democracia participativa. Las

dos son un todo indivisible. Hay que acabar con la vieja cultura autoritaria tan

practicada de que “el que se mueve no sale en la foto”. Hay que regular de forma

racional el sistema de elección por primarias, abriendo las puertas a las aportaciones de

90

aquellos que forman nuestro entorno ideológico, social y electoral más próximo.

Hemos de situarnos en un nuevo paradigma del siglo XXI, con los valores

propios del socialismo: el internacionalismo humanista y el respeto de toda la

ciudadanía. La articulación de una potente ala izquierda en el PSOE podría reequilibrar

esos déficits y motivar a un electorado muy amplio hoy alejado de las posiciones

hegemónicas en la dirección del partido.

PROPUESTAS:

Favorecer que los órganos de dirección del partido, a todos los

niveles, estimulen el debate democrático abierto a la participación,

así como a la necesaria renovación de ideas y de personas.

Garantizar el pluralismo interno y el respeto a las minorías en todos

los órganos ejecutivos, deliberantes y de control del Partido. Para

ello se aplicarán formulas de mayoría corregida que permitan

integrar la diversidad, teniendo en cuenta criterios de

proporcionalidad, para evitar monopolios y exclusiones.

Correcta actualización de los censos de militantes y transparencia en

el uso de los mismos.

Elección mediante el método de elecciones PRIMARIAS de los

candidatos a cargos públicos u orgánicos representativos. Las

elecciones primarias internas se deben utilizar para elegir los

candidatos a Secretario General del Partido. Para Presidente de

Gobierno, Presidentes de Comunidades Autónomas y Alcaldes de

poblaciones de más de 10.000 habitantes, las primarias han de ser

abiertas. El procedimiento será en todo caso a dos vueltas cuando se

presenten dos o más candidatos.

Exigencia de presentar un número de avales entre el 5% y el 10% de

la militancia del censo real de cada ámbito que corresponda en cada

proceso de primarias.

Elección de los cargos de representación orgánica e institucional por

el sistema de listas abiertas con factor de corrección.

Aplicar el principio de incompatibilidad de cargos orgánicos e

institucionales en los mismos ámbitos evitando la acumulación y

concentración de poder en pocas manos.

Limitación de mandatos, tanto institucionales como orgánicos, a un

máximo de 2 mandatos y 8 años.

Obligatoriedad de que todos los cargos públicos y orgánicos del

Partido rindan cuentas de su gestión ante los órganos que los han

elegido.

Establecer y regular la capacidad de la propia militancia para revocar

los cargos electos aún dentro del período para el que fueron elegidos.

Modificar el Reglamento de Asambleas para garantizar la pluralidad,

la participación, la información y el control de los militantes.

Realización de asambleas abiertas y periódicas, para afiliados y no

afiliados, sobre temas de actualidad y de interés social general.

Crear en cada Agrupación Local una asociación cultural que lleve el

91

nombre común de “Casa del Pueblo”, abiertas en miembros a la

ciudadanía progresista, para organizar actividades culturales, de

formación, con los jóvenes y con la colaboración de movimientos

ciudadanos, ONG’s, asociaciones vecinales, culturales o formativas.

Favorecer la participación de la ciudadanía en la vida del partido

mediante un censo de simpatizantes actualizable anualmente. Los

simpatizantes tendrían derecho a voto en las elecciones primarias a

cargos institucionales y, también derecho a voz para expresar sus

ideas, propuestas e inquietudes en el seno del Partido.

Aplicar una amnistía general para todas y todos aquellos compañeros

que han sido represaliados por motivos exclusivamente ideológicos,

incluyendo el sobreseimiento y archivo de todos los expedientes que

por esos motivos estén en curso actualmente.

Dotarse de un Estatuto de las Corrientes de Opinión del PSOE, en

desarrollo del Art 4 de los actuales Estatutos Federales del partido.

7.- HACIA UN CONGRESO EXTRAORDINARIO

En el PSOE necesitamos un profundo cambio democrático interno que, con un

reformulado proyecto político, debe plasmar un Congreso Extraordinario:

Un partido más abierto, donde la democracia interna funcione intensamente, con

mayor capacidad de decisión de su amplia base militante haciendo partícipes a

simpatizantes y ciudadanía progresista; un partido identificable que desde nuestros

principios, trayectoria, proyecto y programas se dirija y responda a la mayoría social

“de izquierdas” que conforman los trabajadores, clase obrera, clase media,

profesionales, funcionarios, autónomos y pequeños y medianos empresarios…;

Un partido transparente donde el ejercicio de la responsabilidad política se

considera permanente, que rinda cuentas del cumplimiento de sus programas y

compromisos, y de la labor de los cargos públicos socialistas ante los ciudadanos.

Un partido donde, fruto de la transparencia, las actuaciones de los cargos

orgánicos y públicos resultan coherentes con el proyecto y programas y se articule la

complementariedad más equilibrada entre la labor de militantes y órganos internos y la

acción de Gobierno y cargos públicos, y en el que los cargos públicos rindan cuentas

periódicamente de sus iniciativas, gestión, actuaciones y aportaciones ante los militantes

y simpatizantes.

Un partido más dinámico donde la regeneración de ideas emane del debate

(abierto y transversal) y posicionamiento de las distintas corrientes y sensibilidades,

que articule los planteamientos plurales para enriquecer la adopción democrática de

decisiones; y formule alternativas políticas claras a los problemas económicos y sociales

Un partido dotado de fórmulas integradoras para que la diversidad interna se

exprese también mediante la representación de las corrientes de opinión

(estatutariamente constituidas) en los órganos, ejecutivos, deliberantes y de control; y

provisto de mejores mecanismos de aplicación de los principios federalistas a todos los

92

niveles territoriales, partiendo de la revitalización de las Agrupaciones Locales.

Un Partido en el que sus dirigentes sean elegidos directamente por las bases y

accedan a los cargos en función del esfuerzo, la capacidad, con un compromiso social y

político constatado en la fidelidad a los ideales de izquierdas.

Un Partido que hace política coherente con un comportamiento consecuente entre

los que se piensa, se promete y lo que se hace. Y que acentúa la efectividad de los

mecanismos de exigencia de responsabilidades políticas y de posible revocabilidad de

los cargos.

Un partido más de izquierdas, donde se abandone el individualismo que el

neoliberalismo ha inculcado los últimos veinticinco años y se dé paso de nuevo a la

colectividad, al sentimiento de grupo a través de las distintas sedes- Casas del Pueblo,

abiertas y receptivas a la militancia, donde se acentúe de nuevo la solidaridad, se

impulse el voluntariado, se promueva la participación en el consumo razonable y

sostenible…

Un Partido rejuvenecido donde los procedimientos de democracia directa

(primarias, listas abiertas) para las elecciones internas de nuestros dirigentes y/o cargos

orgánicos y en la selección de candidatos del PSOE a cargos públicos, la limitación de

mandatos, las incompatibilidades para no acumular cargos y la representación plural en

sus órganos, abran realmente nuevas fronteras al ejercicio de la política y la acción

pública en el s. XXI que la ciudadanía reclama y las instituciones democráticas

necesitan.

Y un Partido que, respondiendo a su Programa Máximo y a los valores del

socialismo democrático, incida en las políticas económicas y sociales redistributivas que

favorezcan a las clases populares, trabajadores y, en especial, a sectores sociales y

personas más desprotegidas; que fortalezca al Estado y las políticas públicas, que

impulse decididamente el avance hacia un modelo federal (más cooperativo, integrador,

equilibrado y solidario) del Estado de las Autonomías.

Que subraye las aportaciones del laicismo y el republicanismo cívico al progreso

social; que articule un fuerte compromiso intergeneracional con el modelo social

europeo, con la paz y la solidaridad internacional; que dignifique la acción política

mediante el reforzamiento del compromiso cívico y la democracia participativa.

Que asume varias propuestas del movimiento “altermundista” para “gobernar la

globalización” y regular los mega poderes no democráticos e insiste sobre un desarrollo

más sostenible y ecológico que preserve a nuestro planeta Tierra.

Un Congreso Extraordinario que permita el profundo cambio democrático

interno y la reformulación de un proyecto político de izquierdas con la perspectiva de

superación del modelo capitalista.

8.- A MODO DE RECORDATORIO.

93

Animamos a los compañeros y compañeras del PSOE, a sus simpatizantes y

votantes, a conocer la historia del socialismo en España: sus luchas, sus fracasos, sus

victorias, sus errores y sus aciertos. Ello nos hará más fuertes en nuestras convicciones.

Transcribimos aquí dos textos significativos. Uno de 1879 año en que se fundo

el PSOE. Otro del 2012, año en que se celebró nuestro ultimo Congreso Federal. Se

puede constatar la enorme distancia existente entre lo dicho y lo hecho, entre la teoría y

la práctica.

8.1.- PROGRAMA MÁXIMO DEL PSOE, 1879

Presentado por Pablo Iglesias el 20 de julio de 1879:

"Considerando:

Que esta sociedad es injusta, porque divide a sus miembros en dos clases

desiguales y antagónicas: una la burguesía, que, poseyendo los instrumentos de

trabajo, es la clase dominante; otra, el proletariado, que, no poseyendo más que su

fuerza vital, es la clase dominada;

Que la sujeción económica del proletariado es la causa primera de la esclavitud

en todas sus formas: la miseria social, el envilecimiento intelectual y la dependencia

política;

Que los privilegios de la burguesía están garantizados por el poder político, del

cual se vale para dominar al proletariado.

Por otra parte:

Considerando que la necesidad, la razón y la justicia exigen que la desigualdad y

el antagonismo entre una y otra clase desaparezcan, reformando o destruyendo el

estado social que los produce;

Que esto no puede conseguirse sino transformando la propiedad individual o

corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad común de la sociedad entera;

Que la más poderosa arma con que el proletariado ha de destruir los obstáculos

que a la transformación de la propiedad se oponen ha de ser el poder político, del cual

se vale la burguesía para impedir la reivindicación de nuestros derechos;

El Partido Socialista declara que tiene por aspiración:

La posesión del poder político por la clase trabajadora.

La transformación de la propiedad individual o corporativa de los instrumentos

de trabajo en propiedad común de la nación.

La organización de la sociedad sobre la base de la federación económica, de la

organización científica del trabajo y de la enseñanza integral para todos los individuos

de ambos sexos.

En suma: el ideal del Partido Socialista Obrero es la completa emancipación de

la clase trabajadora; es decir, la abolición de todas las clases sociales y su conversión

en una sola de trabajadores, dueños del fruto de su trabajo, libres, iguales, honrados e

inteligentes."

8.2.- ALGUNOS PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS DEL PSOE (Estatutos del PSOE aprobados en el 38 Congreso Federal celebrado el año 2012)

CAPÍTULO I. PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS COMUNES

94

Artículo 2. El Partido Socialista Obrero Español es una organización política de

la clase trabajadora y de los hombres y mujeres que luchan contra todo tipo de

explotación, aspirando a transformar la sociedad para convertirla en una sociedad

libre, igualitaria, solidaria y en paz que lucha por el progreso de los pueblos. Sus

objetivos y programas son los fijados en su Declaración de Principios y en las

resoluciones de sus congresos.

Artículo 3. La organización del Partido se inspira en los siguientes principios:

La democracia como forma de participación y corresponsabilidad de los y las

militantes en la vida del Partido.

El respeto a la libertad de conciencia y a la libertad de expresión en el seno del

Partido de cada militante. Se garantiza la total libertad de discusión interna, tanto a

cada afiliado/a individualmente como a través de las diferentes corrientes de opinión,

formadas por el conjunto de afiliados/as que mantengan los mismos criterios y

opiniones, que podrán expresarse a través de los distintos ámbitos de la Organización y

por los cauces establecidos en estos Estatutos. No se permitirá la formación de

tendencias organizadas.

El cumplimiento de las decisiones adoptadas por los órganos competentes del

Partido.

La concepción federal de la Organización, entendida como integración de las

colectividades que la componen y basada en la autonomía de sus órganos dentro de las

competencias que estatutariamente les corresponden.

La unidad del Partido descansa esencialmente en la unidad de pensamiento

fundamental que se contiene en su Programa Máximo, en las resoluciones de los

congresos y en la unidad de acción de sus militantes cara a la sociedad.

Entre el Programa Máximo y la acción media el ancho campo de los programas

transitorios y sectoriales, así como la definición de estrategias y tácticas para llevarlos

a cabo. Sobre todo ello puede y debe recaer el permanente examen y debate en el seno

de la Organización a través de los cauces estatutarios establecidos.

Corresponde a los órganos que representan a toda la Organización, en cada

nivel, decidir, dentro de la órbita de sus respectivas competencias, las resoluciones que

fijan la posición del PSOE, así como marcar las directrices que llevarán a cabo, y

concretar los órganos ejecutivos, poniéndolos en práctica con el apoyo y cooperación

de toda la militancia.

Artículo 4. Las corrientes de opinión se constituirán exclusivamente en el ámbito

Federal.

Se considera corriente de opinión al conjunto de afiliados y afiliadas que

participa de los mismos criterios políticos, dentro del respeto a los Estatutos, Programa

y decisiones de los órganos de gobierno del PSOE, desarrollando su actividad en el

seno del Partido. El Comité Federal autorizará la constitución de nuevas corrientes de

opinión a propuesta de la CEF.

La solicitud a la Comisión Ejecutiva Federal deberá ser motivada y estar

avalada, al menos, por un 5% de militantes pertenecientes, al menos, a 5 Federaciones

95

Regionales o de Nacionalidad. Las corrientes de opinión han de poner en conocimiento

de los órganos ejecutivos de su respectivo ámbito sus actuaciones, y en particular la

documentación fruto de su reflexión y trabajo para su conocimiento por la

Organización.

Las reuniones deberán realizarse en los locales del Partido. Los afiliados y

afiliadas que participan en los trabajos de una corriente de opinión cuidarán que no

trascienda al exterior de la Organización expresiones contrarias a las resoluciones de

los congresos y a las de los demás órganos de dirección.

Noviembre 2013