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PRESENTACIÓN 2
NUESTROS JUZGADOS
JUZGADO MIXTO DE RUIZ, NAY. 3
SECCIÓN INFORMATIVA
REUNIÓN DEL PRESIDENTE DEL T S J CON
EL PRESIDENTE DE LA S C J N. 6
TERCERA REUNIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN
Y ACTUALIZACIÓN JUDICIAL. 7
PRESENTACIÓN DEL GRUPO JUVENIL DE CUERDAS
“JOSÉ PABLO MONCAYO” 8
SECCIÓN CIENTÍFICA
TEORÍA DEL ERROR. 9
L ic. Rodrigo Benítez Pérez
Secretar io de Acuerdos del Juzgado Segundo C iv i l .
LA PRUEBA EN MATERIA PENAL. 20
Lic. Luis Roberto Aranda Varela
Ju ez Pena l de l Par t i do Ju d i c i a l de Bah ía de Banderas , Nay .
LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. 34
Dra. Mara Pérez Gómez
Secretar ia de Estudio y Cuenta de la S C J N.
1
Nuestros Juzgados
Los insumos para una mejor impart ic ión de just ic ia hemos dicho, rec laman
acc iones conjuntas en: mejoramiento de la infraestructura , fomento de una cultura
de serv ic io a los just ic iables e impulso a la capacitac ión y actua l izac ión judic ia l .
Un propósito que e l P leno del Tr ibunal Super ior de Just ic ia de Nayar it ha
buscado de manera permanente es lograr la capacitac ión y actua l izac ión de los
serv idores públ icos jusdic ia les , esto es producto del convencimiento de que una
just ic ia de mayor ca l idad sólo se a lcanza s i ex iste personal motivado por la superac ión
académica y actual izado. En la búsqueda de este propósito se han impart ido cursos y
dip lomados a los jueces , secretar ios de acuerdos, secretar ios de estudio y cuenta,
magistrados y abogados del foro nayar ita .
Cont inuando con este esfuerzo, durante los días 12 a l 15 de marzo del
presente año, Nayar it será sede de la 3ª . Reunión Nac ional de Capac itac ión y
Actual izac ión Judic ia l ; se ha convocado a los Magistrados Pres identes de los
Tr ibunales Super iores de Just ic ia del país y a los d irectores de los Inst itutos y
Escuelas de Capacitac ión y Actual izac ión Judic ia l ; además se espera la presencia de
importantes inst ituc iones de carácter nac ional e internac ional interesadas en estos
procesos como la Fundación Konrad Adenauer , e l Nat ional Center For States Courts , la
Agencia Española de Cooperación Internacional , e l Inst i tuto de Invest igac iones
Jur íd icas de la UNAM, e l Inst i tuto Nac ional de C ienc ias Penales por c itar a lgunos.
Seguramente se a lcanzarán importantes acuerdos en este rubro, que una vez
l levados a la práct ica se traducirán en mejoras sustancia les en la ca l idad de just ic ia
que se imparte. La Comis ión Nac ional de Tr ibunales Super iores de Just ic ia de los
Estados Unidos Mexicanos y e l Tr ibunal Super ior de Just ic ia del Estado de Nayar it
organizan este evento convencidos de los benef ic ios que se a lcanzarán.
Como es nuestra costumbre, los abogados del foro nayar ita están invitados a
las interesantes conferencias y actos formales que se rea l izarán.
Lic. José Ramón González Pineda Magis t rado Pres idente de l T r ibuna l Super io r de Jus t i c ia
y de l Conse jo de la Jud i catura de l Es tado de Nayar i t .
2
Nuestros Juzgados
JUZGADO MIXTO DE RUIZ, NAYARIT
E l XI I Partido Judicial cuenta
con el Juzgado Mixto de Ruiz,
ubicado en la cabecera municipal .
E l Municipio de Ruiz, Nayarit
aparece con una población de
21,722 habitantes (censo INEGI 2000)
de los cuales 12,457 viven en la
local idad del mismo nombre.
Ruiz es un
importante
centro comer
cial debido a
que es la
puerta de en
trada a la
región Cora
del Estado y
punto de
inicio para la
carretera
Ruiz-Zacatecas; además es la más
importante estación del ferrocarri l
de la región norte del Estado de
Nayarit .
En este juzgado se
encuentran en trámite (hasta el día
12 de febrero) 27 asuntos civi les, 57
mercanti les, 63 asuntos famil iares y
61 asuntos penales; en suspensas
también existen 61 expedientes. En
materia penal los del itos que se
presentan con mayor incidencia
son robo y lesiones.
E l juzgado lo integran seis
jóvenes y eficientes mujeres que
con la sensibi l idad y amabil idad
que las caracteriza se han ganado el
reconocimiento de los justiciables y
postulantes de esa región.
La Señora Teodora Carri l lo
Gueta justicia
ble de El Pozo
l i l lo del Munici
pio de Ruiz
nos comentó
que: “ la jueza
es una muy
buena persona
que junto con
su personal
t rabaja b ien,
estoy contenta
con e l las” .
Edificio del Juzgado Mixto de Ruiz, Nayarit
La t itular del juzgado es la
L icenciada María Luisa Soto Ceja,
quien ha s ido servidora judicial por
veinticuatro años. De carácter
jovial , a legre y buena compañera
de trabajo, sabe apl icar el Derecho
a los casos específ icos con
responsabi l idad y seriedad. Egresó
de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Nayarit ;
la L icenciada Soto Ceja s igue
preparándose; recientemente con
3
Nuestros Juzgados
cluyó la Maestría en Derecho Penal
y culminó exitosamente un
Diplomado en Derecho Penal que
impartió el Instituto Ibero
americano de Derecho Penal .
En
entrevista
para la Revis
ta Jurídica la
L icenciada
María Luisa
Soto comentó
que su
carrera
judicial la
inició en el
juzgado primero civi l y en el año
2000 fue designada jueza de
Rosamorada, luego estuvo en
Huaj icori y actualmente en Ruiz.
Sus metas profesionales es
seguir preparándose en todos los
aspectos, particularmente en el
aspecto jurisdiccional .
Se considera una persona que
es producto de la cultura del
esfuerzo, recuerda que inició como
secretaria mecanógrafa de un
juzgado; tuvo que combinar
adecuadamente sus actividades de
mujer, madre, esposa y servidora
judicial para efectuar sus estudios
de Derecho y lograr t itularse como
abogada egresada de la Facultad de
Derecho de la U A N por lo cual se
s iente muy orgul losa.
Recuerda con alegría muchas
s ituaciones anecdóticas pero
particularmente comenta, que una
señora sol icitó
la l ibertad
bajo caución
de un hi jo
suyo que había
s ido detenido
por haberse
robado un
gal lo; la
af l igida madre
deseaba pasar
la navidad en compañía de su hi jo,
por lo que se real izó todo el
trámite legal para concedérsela. E l
día 23 de diciembre fue puesto en
l ibertad y asist ió a la cena navideña
con la madre. Se atravesó el
período vacacional y el día ocho de
enero de regreso de vacaciones; la
Señora madre del responsable del
robo del gal lo se presentó al
juzgado agradeciendo que se le
haya concedido su deseo; pero
Lic.María Luisa Soto Ceja.Titular del Juzgado.
Lic. Mayra Vanesa Peña V. Secretaria de Acuerdos.
4
Nuestros Juzgados
lamentablemente me informó que
su hi jo había s ido asesinado en los
días posteriores a la navidad. La
madre del presunto ladrón estaba
muy agradecida con todo el Poder
Judicial por haberle permitido
pasar la navidad -que sería la
últ ima- en compañía de su hi jo.
F inalmente, a l referirse al
personal a su cargo, la L icenciada
María Luisa Soto quién más que jefa
se considera compañera de trabajo,
las concibe como mujeres
maravi l losas, ya que todas trabajan
con gran responsabi l idad para sacar
adelante la dif íci l misión de
impartir justicia.
La L icenciada Mayra Vanesa
Peña Vidriales funge como
Secretaria de Acuerdos, jovencita
que continúa la tradición famil iar
de ser abogado pues su padre es un
dist inguido abogado del Foro
Nayarita.
E l la continúa preparándose
para servir con mayor cal idad a la
Sociedad Nayarita.
Wendy Selene Sánchez
Herrera t iene la dif íci l misión de
real izar oportunamente las
notif icaciones a las partes.
E l Municipio de Ruiz es muy
extenso, pero la notif icadora Sán
chez Herrera real iza su trabajo
respetando los t iempos y las forma
l idades para este acto procesal .
E l personal administrativo lo
integran María Heréndira Agui lar
Si lva, María de los Ángeles Medina
Urenda; la Señora Reyes Angél ica
Oros Franco mantiene las
instalaciones del juzgado en
condiciones de l impieza.
ambi
integ
traba
fund
para
radic
un o
funciWendy Selene Sánchez H.
Notificadora.
5
Personal del Juzgado y visitante
En ese juzgado se percibe el
ente de armonía y sus
rantes real izan con alegría su
jo, s ituaciones que son
amentales en toda institución
lograr el éxito.
La carencia del juzgado
a actualmente en la falta de
f icia l de partes, ya que esta
ón la real izan entre todas.
Sección Informativa
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REUNIÓN DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CON EL
PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
El pasado doce de febrero el
residente de la Suprema Corte de
sticia de la Nación, Ministro
ariano Azuela Güitrón recibió en
despacho al Magistrado
residente del Tribunal Superior de
st icia del Estado de Nayarit ,
cenciado José Ramón González
ineda.
El objeto de la
is ita fue para hacerle
l Ministro Azuela
üitrón formal invita
ón al acto de inau
uración de la Tercera
eunión Nacional de
apacitación y Actual i
c ión Judicial a cele
rarse en Tepic y
uevo Val larta,
ayarit , durante los
ías 12 al 15 de marzo
el presente año.
El Magistrado Presidente Lic.
sé Ramón González Pineda sal ió
uy satisfecho de la reunión,
ebido a que el Presidente de la
prema Corte de Justicia de la
ación aceptó la invitación y se
spera que arribe a la ciudad de
epic, Nayarit el día miércoles doce
e marzo por la tarde.
Los participantes a esta
Tercera Reunión Nacional tendrán
la oportunidad de escuchar el
mensaje del Ministro Mariano
Azuela Güitrón, quien
recientemente fue elegido para el
importante cargo que desempeñará
durante el período 2003-2006.
E l Ministro
Azuela es heredero de
una gran tradición
jurista y l iteraria; su
abuelo el Doctor
Mariano Azuela, es el
autor más
representativo del
nacional ismo cultural
en la l iteratura; la
Novela de la
Revolución Mexicana
alcanzó su cenit con
obras como “Los de
abajo” , “Mala Yerba” ,
“Esa sangre” de su autoría; su padre
Mariano Azuela Rivera fue un jurista
destacado, también tuvo el cargo
de Ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. El Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
Nayarit y los abogados del Foro
Nayarita esperan con entusiasmo la
l legada del dist inguido jurista.
6
Sección Informativa
TT N C ÓTEEERRRCCCEEERRRAAA RRREEEUUUNNNIIIÓÓÓNN NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLL DDDEEE CCCAAAPPPAAACCCIIITTTAAACCIIIÓÓNNN
YYY AAACCCTTTUUUAAALLLIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN JJJUUUDDDIIICCCIIIAAALLL...
E l Tr ibunal Superior de
Justicia de Nayarit y la Comisión
Nacional de Tribunales Superiores
de Justicia de los Estados Unidos
Mexicanos, organizan la 3ª. Reunión
Nacional de Capacitación y
Actual ización Judicial a celebrarse
durante los días 12 al 15 de marzo
de 2003.
El acto de inauguración se
t iene programado para el día
jueves 13 de marzo a las 9:00 horas.
Posteriormente se presentarán las
conferencias del Magistrado Jul io
César Vázquez Mel lado García,
Director del Instituto de la
Judicatura Federal ; enseguida el
Diputado Federal José El ías Romero
Apís, Presidente de la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos de la
Cámara de Diputados, dictará otra
conferencia a los asistentes.
Por la tarde los Directores de
Institutos de Capacitación y Especia
l ización Judicial de los Tribunales
Superiores de Justicia, tendrán una
sesión de trabajo con organismos
nacionales e internacionales que
asisten al evento.
El viernes se reunirán los
Presidentes de Tribunales Superio
res de Justicia del País para anal izar
los acuerdos a los que se haya
l legado.
E l sábado 15 de marzo
después de las sesiones de trabajo
con los Directores de Institutos de
Especial ización y Capacitación
Judicial , a las 13:30 horas, se t iene
previsto real izar la c lausura oficial
de los trabajos.
Los Directores de los Institu
tos de Capacitación y Especial iza
ción Judicial , tendrán cinco impor
tantes sesiones de trabajo.
Primero se anal izará el tema:
“El papel y las característ icas del
Instituto de Capacitación del Poder
Judicial” . En la segunda sesión, las
necesidades prioritarias de los Insti
tutos de Capacitación. Se continua
rá con el tema, el rol y el perfi l de
los profesionales de los Institutos
de Capacitación; en la cuarta etapa
se discutirá acerca de: Acciones a
desarrol larse por los Institutos de
Capacitación, para en la sesión
formal trabajar con el tema:
Mecanismos para la Coordinación y
Colaboración entre los Institutos de
Capacitación.
7
Sección Informativa
PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN DDEELL GGRRUUPPOO JJUUVVEENNII LL DDEE CCUUEERRDDAASS ““JJOOSSÉÉ PPAABBLLOO MMOONNCCAAYYOO”” EENN EELL AAUUDDIITTOORRIIOO RREEYY NNAAYYAARR DDEELL TT ..SS..JJ ..
El martes 4 de febrero a las
6:00 de la tarde en el Auditorio "Rey
Nayar" del Tribunal Superior de
Justicia, se presentó el grupo de
cuerdas juveni l "José Pablo Moncayo"
de la Fundación Ál ica de Nayarit .
Durante la primera parte
interpretaron
la Primavera
de Vivaldi , en
la segunda
parte fue
creciendo el entusiasmo del
público cuando nos deleitaron con
Reloj S incopado de Anderson;
Alejandra de Emil io Mora; cuando
tocaron Novi l lero y Danzón
Angélica, los asistentes
verdaderamente emocionados
aplaudían con
entusiasmo.
El grupo está
compuesto por Rafael
Orlando González Rentería, -Concer
t ino- , Leonardo Márquez
Mondragón, -Viol ín primero-,
Héctor Daniel Juárez –Viol ín
primero-; Viol ines Segundos: José
María García Navarro, Juan Carlos
Romero Monteagudo y Andrómeda
Mejía Morán, Violas: Leticia Reyes
Morales, Berenice Maldonado
Fregoso y Oscar Guardado Rosales;
Chel los: Nancy Uzl García L lamas y
Mónica
Nolasco
Ramírez,
todos bajo
la dirección
del maestro Rolando Porrúa
Campos.
Cabe mencionar que "José
Pablo Moncayo" fue un importante
representante del Nacional ismo
Musical , nació en Guadalajara,
Jal isco en 1912 y fal leció en la
Ciudad de México en 1958. Su obra
incluye temas r ítmicos y melodías
derivadas de la música popular y
folklórica.
Conocido
mundialmente por
Huapango (1941) ,
también es creador de
la ópera "La mulata de
Córdoba" (1948) ; un bal let Zapata ; tres
p iezas para p iano, una s infonía (1945) y
homenaje a Cervantes .
La señora Elsa Zamora de
González Pineda, entregó un
reconocimiento al grupo musical
que dir ige el Maestro Rolando
Porrúa Campos.
8
Sección Científica
L ic. Rodr igo Ben í tez Pérez. S e c r e t a r i o d e A c u e r d o s d e l J u z g a d o S e g u n d o C i v i l .
1.1 . DOGMÁTICA JURÍDICO PENAL.
Compartimos el Criterio del
Jurista Claus Roxin de definir a la
Dogmática Jurídico Penal , como la
discipl ina que se ocupa de la
interpretación, s istematización, ela
boración y desarrol lo de las
disposiciones legales (Derecho
Posit ivo) , y opiniones de la Doctrina
Científ ica en el campo del Derecho
Penal ; en el lo radica su impor
tancia, toda vez que la proble
mática que plantea la vida jurídica
del país , a l contar cada Entidad
Federativa con sus propios Códigos
Sustantivos y de Procedimientos en
Materia Penal , para el ámbito de
apl icación del Fuero Común, así
como los respectivos en Materia
Federal , ante la global ización de los
del itos, los del incuentes y en
general de las conductas relevantes
para el Derecho Penal , es menester
el apoyarnos en las discipl inas
científ icas que nos permitan
normar criterios, tendientes a
proporcionar Seguridad Jurídica a
los gobernados y a la Sociedad en
general .
La función de la dogmática
jurídico penal es establecer un
marco conceptual que permita
interpretar de manera uniforme la
norma penal en un sistema,
averiguando su contenido, sus
presupuestos y sus consecuencias, y
cuya máxima expresión es la teoría
del del ito; a partir de la cual se
enfoca este artículo, partiendo de
la doctrina y de la legis lación
federal , para aterrizar en el Código
Penal Vigente en el Estado.
1.2 . ASPECTO PRÁCTICO Y ENTORNO
SOCIAL.
Conociendo la función de la
dogmática jurídico penal , de gran
importancia para establecer una
pol ít ica criminal que permita la
creación y adecuación de nuestro
Derecho Posit ivo, es menester
considerar, que en nuestro Estado,
como en muchas regiones del país ,
existe una amplia gama de culturas,
creencias, rel igiones, formas de
organización polít ica y social , con
característ icas y dinámicas propias
y pecul iares, que para efectos de
establecer estrategias y tácticas
sociales para lograr un control
óptimo del del ito, así como el
garantizar que en los procesos se
respeten al máximo los principios
garantistas del Derecho en auge en
todo el Mundo, es necesario hacer
TTTEEEOOORRRÍÍÍAAA DDDEEELLL EEERRRRRROOORRR
9
Sección Científica
un estudio referente a lo que la
doctrina y la Legis lación Federal
establecen como la teoría del error.
1.3. ¿QUE ES EL ERROR?.
Según la etimología latina,
error proviene de la locución erro-
arre , que s ignif ica “errar o
equivocarse”, es tener un concepto
equivocado o juicio falso, de un
hecho o de un derecho; en el
primer caso se trata de una
equivocación que sufre el sujeto
sobre la naturaleza del objeto, que
versa sobre cualquiera de los
elementos de la conducta descrita
en la ley, sobre una característ ica
del sujeto pasivo o sobre el objeto;
asimismo, el error de hecho es el
que versa sobre una s ituación real ,
que proviene de un conocimiento
imperfecto sobre las personas o las
cosas, o acerca de s i se ha
producido, o no, su
acontecimiento; mientras que el
error de derecho en sentido amplio
es la ignorancia de las leyes, es la
equivocación que versa sobre la
existencia de la norma penal que
describe una conducta como i l íc ita
o sobre la interpretación, es el
conocimiento del hecho que se
ejecuta, pero desconocimiento de
respetar la norma penal .
1.4. ERROR DE HECHO Y ERROR DE
DERECHO.
El Código Penal Federal de
1931 previó los conceptos de error
de hecho y de Derecho, el primero,
también conocido como error fact i ,
conceptual izado juntamente con el
concepto de dolo de consecuencia
necesaria, relacionado con el dolo
indeterminado o indefinido al
expresar “…no se propuso causar e l
daño que resultó, s i éste fue
consecuencia necesar ia y notor ia de l
hecho u omis ión en que cons ist ió e l
de l i to…” , disposición estrechamente
relacionada con el concepto de
dolo previsto en el mismo artículo
9 fracción I I , que reconocía el
principio de presunción de la
intencional idad del ictuosa, cuyo
contenido de carácter
eminentemente procesal se
contrapone al pr inc ip io de inocencia ,
pilar fundamental de todo derecho
vigente en un país democrático, a l
disponer de manera expresa: “ la
intención del ictuosa se presume sa lvo
prueba en contrar io” , lo que se
traduce en que dicha presunción
no se destruirá aunque se pruebe
que el acusado previó o pudo
prever esa consecuencia; así
también, el artículo 9 fracción I I I
incorporó el concepto de error de
derecho o error iur is , pero
estableciendo que se presume el
dolo aunque se pruebe que el
acusado “…cre ía que la ley era in justa
o mora lmente l íc i to v io lar la” ; por lo
que en síntesis el cr iterio adoptado
10
Sección Científica
fue el principio “ ignoratia legis non
excusat” , consagrado en los
Códigos Civi les tanto Federal como
Estatal en el artículo 21, precepto
que contiene además una causal de
eximente de la sanc ión cuando se
trate de individuos con notorio
atraso intelectual , apartamiento de
las vías de comunicación o
miserable s ituación económica,
s iempre que no se trate de leyes
que afecten el interés público, por
lo que dicha regla no es apl icable
en asuntos del orden penal ,
quedando intacto el principio
general de derecho aludido.
1.5. ERROR Y DOLO.
Como se ha estudiado en las
teorías del del ito, la s ignif icación
esencial del f inal ismo fue el
traslado del elemento dolo dentro
de la culpabi l idad como se concibe
a la luz del causal ismo, ubicándolo
como elemento subjetivo del t ipo,
en consecuencia, cualquier
concepto de error dentro de las
teorías c lásicas, causal istas y las
Leyes Vigentes que se r igen de
acuerdo a las mismas, deberá ser
estudiado dentro de la
culpabi l idad, como aspecto
contrapuesto al dolo, mientras que
de acuerdo a la corriente f inal ista,
el error se prevé como uno de los
elementos a valorarse en la
t ipicidad y anti juridicidad.
1.6. REFORMAS DE 13 DE ENERO DE
1984 Y 10 DE ENERO DE 1994.
En el Código Penal Federal , a
partir de la reforma operada en
diciembre de 1983, se modificó la
fracción XI del artículo 15 relativo a
las circunstancias excluyentes de
responsabi l idad, y ya conceptual izó
el error de forma innovadora,
haciendo alusión al error que recae
sobre algunos elementos esenciales
(error de t ipo) y al que recae sobre
la l ic itud de la conducta o
conocimiento de la anti juridicidad
de esa conducta (error de
prohibición) , lo que aunado a la
adición del artículo 59 bis en la
misma fecha, haciendo referencia a
una forma específ ica del error
derivada del extremo atraso
cultural y ais lamiento social de la
persona, vinculándolo al
reconocimiento de la presencia de
grupos étnicos existentes en el
país , observando la ley en el lo una
causa de responsabi l idad
disminuida, lo que resultó
cuestionable, porque a la luz de la
s ituación generadora de error
podría implicar en s í , una eximente
de responsabi l idad en los términos
del artículo 15.
Por lo anterior, el c itado
artículo 15 del Código Penal Federal
fue modificado mediante reforma
operada en el mes de diciembre del
año de 1983 y publicada en el Diario
11
Sección Científica
Oficial de la Federación el 13 de
enero del año de 1994,
estableciendo nuevamente las
bases de la regulación del error en
su fracción IX, misma que
actualmente se encuentra en la
fracción VI I I , y que a la letra dice lo
s iguiente: Art ícu lo 15. - E l de l i to se
exc luye cuando: “…VI I I . - Se rea l ice la
acc ión o la omis ión bajo un error
invencib le : A ) Sobre a lgunos de los
e lementos esencia les que integran e l
t ipo penal ; o B ) Respecto de la l ic i tud
de la conducta, ya sea porque e l su jeto
desconozca la ex istencia de la ley o e l
a lcance de la misma, o porque crea que
está just i f icada su conducta. S i los
errores a los que se ref ieren los
art ícu los anter iores son vencib les , se
estará a lo d ispuesto por e l art ícu lo 66
de este Código. - Para el mejor
estudio de la nueva conceptual iza
ción, se transcribe el numeral
anteriormente citado, el cual a la
letra estipula: “En caso de que e l
error a l que se ref iere e l inc iso a ) de la
f racc ión V I I I de l art ícu lo 15 sea
vencib le , se impondrá la punib i l idad
del de l i to cu lposo s i e l hecho de que se
trata admite d icha forma de
rea l izac ión. S i e l error vencib le es e l
prev isto en e l inc iso b ) de d icha
fracc ión, la pena será de hasta una
tercera parte del de l i to de que se
trate” . De la redacción de los
preceptos anteriormente citados,
se desprende la conceptual ización
de las f iguras tanto del error de t ipo
( inciso a) como el error de prohib ic ión
( inciso b) , s iguiendo la misma
orientación polít ico criminal en
ambas reformas al Código Penal
Federal .
2.1. ERROR DE TIPO.
Como ya se definió, el error
es el falso conocimiento de la
verdad, acerca de la real idad de
algo, mientras que la ignorancia es
la ausencia de conocimiento acerca
de ese algo, ambos conceptos
intrínsecamente dist intos, pero a la
luz del Derecho Penal , presentan
consecuencias s imilares respecto
de los planteamientos de la teoría
del error. El dolo t iene dos
elementos: Conocimiento intelec
tual y vol it ivo o voluntad; habrá
conocimiento siempre y cuando no
se haya obrado con error o
ignorancia respecto de algunos
elementos del t ipo objetivo. El
error sobre el t ipo se actual iza
sobre los elementos integrantes de
la infracción penal , y por
consiguiente excluye el dolo s i el
error es invencible, en caso de ser
vencible, deja subsistente el t ipo
del injusto de un del ito culposo.
Es vencib le e l error que es
superable, esto es, aquel que
hubiera podido evitarse en caso de
haber actuado el Agente con mayor
cuidado y di l igencia al desplegar la
conducta t ípica; es inevitable o
invencib le e l error de quien aún
habiendo actuado con el mayor
12
Sección Científica
cuidado y di l igencia, no habría
podido evitar caer en el error en el
que se encontraba; el primero es
una causa de atipicidad plena por
el iminar el dolo y la culpa; el
segundo en cambio el imina
únicamente la dolosa, s iempre y
cuando el t ipo permita dicha
f igura.
E l error sobre e l objeto de la
acc ión (sujeto pasivo) , es irrelevante
en cuanto al ejercicio de
actual ización de dicha causal
excluyente de incriminación total o
parcial , a l igual que el que recae
sobre la re lac ión de causa l idad,
entendida como las desviaciones
inesenciales o que no afectan la
producción del resultado querido
por el autor, ya que en todo caso
podrá imputarse el hecho como una
tentativa; misma apreciación en
cuanto al error en e l golpe (aberratio
ictus) que se produce en los del itos
contra la vida y la integridad f ís ica.
Los anteriores, se definen como
error acc identa l y podrán tener
consecuencias en relación con la
determinación de la pena, y por lo
mismo, resulta ser irrelevante para
determinar la existencia del del ito;
a diferencia de lo que se clasif ica
como error esencia l y que recae
sobre un elemento fundante o
col indante del injusto del ictivo
(elemento cognoscit ivo) , s iendo
éste necesario para que el error
excluya el dolo.
2.2 ERROR DE PROHIBICION.
La anti juridicidad es definida
por Hans Welzel como la
contradicción de la conducta t ípica
con la total idad del ordenamiento
jurídico, ya que aunque el primero
quebranta una norma prohibit iva,
puede suceder que otra norma
permita la real ización de la
conducta en determinadas
circunstancias. E l conocimiento de
la anti juridicidad no pertenece al
dolo, s ino que es precisamente el
motivo por el cual se reprocha el
dolo al Agente. El error de
prohibición, puede ser directo o
indirecto , en el primer caso recae
sobre la l ic itud de la conducta a
consecuencia del desconocimiento
de la prohibición del t ipo de la ley
penal , su vigencia o apl icabi l idad;
mientras que en el segundo caso se
presenta porque erróneamente
estime su autor que está su
conducta justif icada, o sobre la
falsa creencia de estar actuando
dentro de los extremos de una
regla permisiva que origina la
l ic itud o justif icación jurídica de la
conducta, o sobre sus l ímites
jurídicos.
Definit ivamente, existe una
relación estrecha entre el error de
tipo y el de prohibición, porque el
13
Sección Científica
de tipo incide en cualquiera de los
elementos objetivos o normativos
del t ipo, salvo el elemento
normativo que involucra el error de
prohibición en su modalidad de la
prohibición típica; y el de
prohibición tiene una segunda
forma de manifestación ahora en el
campo de la anti juridicidad, que se
presenta cuando una persona cree
estar actuando en presencia de una
regla permisiva, luego entonces,
existe una forma de error de t ipo
que se plantea en la t ipicidad, otra
de t ipo permisivo que se plantea en
la anti juridicidad, y dos formas de
error de prohibición que también
se presentan respectivamente, una
en la t ipicidad y otra en la
anti juridicidad.
3.1. CRITERIOS DE JURISPRUDENCIA
Y TESIS.
A partir de las Reformas
enunciadas de 1983, como toda
f igura incipiente, requirió para su
armónica interpretación el estudio
de los más altos Tribunales de
nuestro país , así como de los
Tribunales Colegiados de Circuito,
criterios que fueron reflejados en
tesis que por reiteración algunas de
el las integraron jurisprudencia.
Para efectos de diferenciar la
naturaleza de las reformas del
artículo 15 del Código Penal
Federal , con lo estipulado en el
adicionado artículo 59 bis del
citado Cuerpo de Leyes, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
definió el l lamado error de
prohib ic ión d i recto como excluyente
de responsabi l idad, mientras que el
c itado artículo 59 bis únicamente
facultó al Legis lador para
concederle al del incuente una
disminución de la pena, cuando el
hecho se real iza por error o
ignorancia invencible, en virtud del
extremo atraso cultural y
ais lamiento social del sujeto;
citándose el criterio de referencia
que a la letra estipula lo s iguiente:
Sépt ima Época. No. de Registro
390,015. - Instancia : Pr imera Sa la . -
Jur i sprudencia . - Fuente: Apéndice de
1995. - Mater ia Penal . - Vo lumen: Tomo I I .
Parte SCJN. - Tes is : 146. - Página: 82 . -
Genealogía : Apéndice 95: Tes is 146P9.
82 . ERROR DE PROHIB IC IÓN DIRECTO. No
obstante que en la Reforma Penal de l
30 de d ic iembre de mi l novecientos
ochenta y tres , se d io cabida en forma
legal a l l lamado “error de prohib ic ión
d i recto” , lo que hace a l art ícu lo 59 b is
de l Código Penal Federa l es conceder a l
de l incuente un trato punit ivo
pr iv i leg iado, a l facultar a l Juzgador
para imponer hasta la cuarta parte de
la pena correspondiente a l de l i to de
que se trata , o tratamiento en l ibertad
según la natura leza de l caso, y ta l
c i rcunstancia so lo opera en e l caso
muy especia l de “cuando e l hecho se
rea l ice por error o ignorancia
invencib le sobre la ex istencia de la ley
penal y de l a lcance de esta , en v i rtud
14
Sección Científica
del extremo atraso cultura l y
a is lamiento soc ia l de l su jeto” ,
s i tuac iones que deben quedar
p lenamente probadas . El anterior
criterio, en la actual idad se
encuentra rebasado a virtud de
posteriores reformas, ya que si
bien el artículo 59 bis es el
antecedente inmediato directo del
actual artículo 66, los supuestos
contemplados eran semejantes con
los de la excluyente total de
incriminación prevista en la actual
fracción VI I I del artículo 15, por lo
que al establecer consecuencias
jurídicas dist intas, fue necesaria su
adecuación, toda vez que el
Juzgador se incl inó por considerar
al error invencible únicamente
como atenuante de la pena,
contraviniendo la f igura jurídica
creada por el Legis lador.
La Suprema Corte de Justicia
de la Nación a través de la tesis de
jurisprudencia que a continuación
se transcribe, definió tanto el error
de t ipo, como el de prohibición
indirecto o error de permisión, el
cual ya fue ubicado en el plano de
la doctrina en este artículo y se
presenta en la anti juridicidad, en
tanto se refieren a la permisión en
sí ; cr iterio que a la letra dice lo
s iguiente: Sépt ima Época. - No. de
Registro: 390,017. - Instancia : Pr imera
Sa la . - Jur isprudencia . - Fuente:
Apéndice de 1995. - Mater ia : Penal . -
Vo lúmen: Tomo I I , parte SCJN. - Tes is :
148. - Página: 84 . - Genealogía : ERROR DE
T IPO Y ERROR DE PROHIB IC IÓN INDIRECTO
O ERROR DE PERMIS IÓN. E l art ícu lo 15
fracc ión X I de l Código Penal Federa l ,
recoge como c i rcunstancia exc luyente
de responsabi l idad, tanto e l error de
t ipo como e l l lamado “error de
prohib ic ión indirecto” o “error de
permis ión” , h ipótes is que requieren en
e l error , e l carácter de invencib le o
insuperable , pues de lo contrar io
dejar ían subs istente la cu lpabi l idad. En
ambos errores e l Agente carece del
conocimiento de que e l hecho
e jecutado guarda re lac ión con e l
recogido abstractamente en e l t ipo
penal , b ien porque d icho error reca iga
sobre uno o más de los e lementos
ex ig idos por la ley para integrar e l t ipo
del ict ivo, o porque e l mismo verse
sobre e l carácter i l íc i to del propio
hecho, pues en e l error de prohib ic ión
d i recto o error de permis ión, e l su jeto
cree no quedar comprendido en la
infracc ión punib le , a l ca l i f icar
subjet ivamente como l íc i to su propio
actuar , no obstante que su proceder es
objet ivamente contrar io a la ley ,
generando e l vencib le error , e l
reproche a l autor por su conducta
t íp ica y ant i jur íd ica . En e l caso
part icu lar cons iderado, no opera a
favor de l quejoso la exc luyente de
responsabi l idad mencionada, por no
haber ignorado que los tres envoltor ios
que le fueron recogidos a l momento de
su detención, contenían mar ihuana,
tan as í que antes de efectuarse ésta le
había proporc ionado a su coacusado
parte del estupefac iente que
in ic ia lmente pose ía , lo cual demuestra
15
Sección Científica
la inex istenc ia de ambas c lases de
error . La citada fracción XI del
artículo 15, es la actual fracción
VI I I , y de acuerdo al contenido
actual del artículo 66 del Código
Penal Federal , en los supuestos de
hecho en los cuales doctrinaria
mente se pudiera ubicar que el
sujeto activo obró bajo un error
vencible, en la apl icación de
estricto derecho no opera la
atenuación de la pena y mucho
menos la excluyente de
responsabi l idad, ya que en el
primer caso el c itado artículo 66
condiciona su apl icación si el hecho
de que se trata admite la forma de
real ización del del ito culposo, lo
que excluye a los t ipos penales
clasif icados como de dolo
específ ico.
4.1. LEGISLACION LOCAL.
Para efectos de aterrizar la
teoría del error en cuanto a la
Legis lación Estatal , previamente es
factible establecer s i en la parte
general del Código Penal vigente en
el Estado su redacción permite la
actual ización de la f igura del error
como causa excluyente de
incriminación total , en cuanto al
dolo, o en su defecto atenuante en
la apl icación de sanciones.
De acuerdo a la evolución de
la teoría del del ito se desprende,
que la Legis lación local
conceptualmente es s imilar a la
contenida en el Código Penal
Federal anterior a las reformas de
1983, y cuyos artículos relativos ya
fueron anal izados en l íneas
precedentes; lo anterior se
concluye con el anál is is de los
s iguientes preceptos: E l artículo 15
del Código Penal vigente en el
Estado, que establece las
circunstancias excluyentes de
incriminación, no contempla de
forma específ ica el error
invencible, únicamente hace una
pequeña referencia en cuanto al
sentido de dicha f igura; en su
fracción VI I I estipula lo s iguiente:
“Omit ir un hecho debido por un
impedimento legít imo o
insuperable”, precepto que en
ejercicio de una interpretación
amplia a la luz de la teoría del error
o de la dogmática jurídico penal ,
pudiera considerarse que contiene
algunos elementos para la configu
ración de un error invencible, a l
equiparar al “ impedimento legít imo
o insuperable” con el desconoci
miento de algún elemento esencial
que integra el t ipo penal , o la falsa
creencia de que su conducta es
justif icada o que actúa bajo la
justif icación jurídica de una regla
permisiva, originado el error por la
ignorancia, notoria incultura por
ais lamiento de los núcleos de
población o por motivos rel igiosos
o culturales; equiparación que “per
16
Sección Científica
se” resulta bastante complicada
para el Juzgador, por revestir la
necesidad de apl icar criterios por
analogía, aunado a que el restante
marco conceptual es aún más
l imitante.
S iguiendo con el mismo
parámetro anal ít ico comparativo,
en lo que concierne a las reglas de
apl icación de las sanciones que
prevén beneficios en razón a
circunstancias que pudieran consi
derarse como error vencible, la
Legis lación local no lo contempla
como tal , únicamente establecien
do en su artículo 65 como aspectos
a tomarse en cuenta en la
apl icación de las sanciones: “…I I . - La
edad, la educac ión, la i lustrac ión, las
costumbres y la conducta precedente
del su jeto, los mot ivos que lo
impulsaron o determinaron a de l inquir
y sus condic iones económicas…”; “ IV . -
E l Juzgador en e l momento de d ictar
sentencia podrá reducir hasta la mitad
de la pena que corresponda, cuando se
trate de un del incuente pr imar io , de
mín ima pel igros idad y que además se
encuentre en a lgunas de las s iguientes
condic iones : a ) Escaso desarro l lo
inte lectual y precar ia s i tuac ión
económica; c ) Que pertenezca a a lgún
grupo étnico o indígena…”. Es de
observarse, en cuanto a la f igura
del error vencible que prevé como
resultado la el iminación del dolo y
la apl icación de la pena por el
del ito culposo, la Legis lación Penal
del Estado tampoco la contempla.
Es determinante para
concluir , que nuestro Código Penal
vigente no permite la apl icación de
las hipótesis anal izadas a la luz de
la teoría del error, el estudio del
artículo 8 que a la letra precisa lo
s iguiente: “Los de l i tos se presumen
intencionales sa lvo prueba en
contrar io” , precepto que en sentido
general , a l ser violatorio del
principio de inocencia contenido
tanto en la Doctrina, como en
diversos tratados internacionales
f irmados por nuestro país , y que
por mandato Constitucional t ienen
preponderancia aún sobre las
legis laciones locales, y en sentido
estricto en cuanto al presente
trabajo, rompe con un esquema de
apl icación analógico de acuerdo a
la dogmática jurídico penal y a la
teoría del error, la apl icación de
dichos criterios sustentados por los
más altos Tribunales de este País y
que son Derecho Posit ivo vigente
en el Fuero Federal , lo que reviste
una necesidad inmediata de la
apl icación uniforme de una pol ít ica
criminal en el Estado.
4.2 ¿ES JUSTIFICABLE UNA REFORMA
LEGAL?
S in soslayar la dif icultad que
reviste la apl icación de la
17
Sección Científica
excluyente de responsabi l idad
materia del presente trabajo, y
para efectos de puntual izar el
esquema que permita su mejor
adecuación, es menester considerar
que pudiera tomarse en cuenta que
la teoría del error contraviene el
principio de Derecho de que “ la
ignorancia de la ley no ex ime a l
ind iv iduo de su cumpl imiento” ; en
países como Argentina, la
tendencia únicamente es excusar el
l lamado error de hecho, por
afi l iarse a la máxima de que la
ignorancia de la ley no es
excusable; por otra parte, en
cuanto a la experiencia profesional
del autor de este trabajo, me
permite aseverar que el principal
problema actual a l que se
enfrentaría dicha f igura jurídica en
los Juzgados locales, es común a lo
sucedido en el ámbito Federal
cuando se implementaron las
reformas de corte doctrinario
f inal ista en 1993, giradas alrededor
del concepto de elementos del t ipo
penal en el Código Penal Federal y
que l levaron al traste con las
mismas en el año de 1999, s iendo
éstas las dif icultades del Juzgador y
Ministerio Público en la apl icación
al caso concreto, debido al
desconocimiento de los esquemas
dogmáticos y teóricos, la carga de
trabajo, el rezago de expedientes
por la incidencia de ciertos del itos
menores, que deberían ser materia
únicamente de un proceso
administrativo (materia de diversos
anál is is ) , la falta de cultura jurídica,
y sobre todo, la naturaleza
eminentemente subjetiva de la
excluyente de incriminación en
estudio, reflejada dicha condición
en cuanto a las pruebas tendientes
a su demostración, mismas que
pudieran ser manipulables, todo lo
cual sería un obstáculo dif íci l , pero
no insuperable; en el lo radica la
importancia de la teoría del del ito,
para efectos de normar criterios y
definir los parámetros a seguir que
nos permitan estar preparados para
impulsar las reformas legales
necesarias, y en su momento,
apl icarlas al caso concreto, lo cual
s in lugar a dudas sería redundante
en una impartición de justicia con
cal idad y eficiencia.
5.1 ANÁLISIS FINAL.
Atendiendo a c ircunstancias
ta les como la conformación
plur icultura l , d ivers idad étnica ,
geograf ía acc identada y a l aspecto
soc ia l de nuestro Estado, y cuest iones
de t ipo jur íd ico como adecuar nuestra
Legis lac ión a los cr i ter ios de los
Jur istas más connotados y de los
máximos Tr ibunales de nuestro país ,
que inc lus ive ya son Derecho Pos it ivo
v igente en e l ámbito Federa l ,
cons idero necesar ia la introducción a
nuestro Código de los e lementos que
conforman la teor ía del error , como
c ircunstancia exc luyente de
18
Sección Científica
incr iminac ión tratándose de error
invencible , y como atenuante de la
pena cuando se acredita e l error de
t ipo vencible , en términos s imi lares a
los previstos en la parte genera l del
Código Penal Federa l , derogando e l
art ículo 8 , con modif icac ión de la
fracc ión V I I I de l art ícu lo 15, y
añadiendo un art ícu lo a l capítu lo I de l
t í tu lo tercero re lat ivo a la apl icac ión
de sanc iones en términos s imi lares a l
66 del Código Sustant ivo Federa l ;
incent ivando e l desarrol lo de una
pol í t ica cr iminal estata l , acorde a las
neces idades de la Soc iedad Nayar ita en
lo part icular , s iguiendo los
l ineamientos establec idos en e l
contexto Nacional y Mundia l , a través
del uso de las herramientas que nos
proporciona e l Derecho y las C iencias
Interdisc ip l inar ias que le son af ines ,
entre las que destaca la Dogmática
Jur íd ico Penal y la Teor ía del Del i to ,
que nos permitan cumpl ir con los
objet ivos de la Norma Penal ,
respetando los l ímites del Poder
Punit ivo del Estado, def in idos a través
de los pr inc ipios genera les de Derecho,
las Normas Const ituc ionales y los
Tratados Internacionales , que todo país
democrát ico en su sent ido ampl io debe
respetar y ve lar por su cumpl imiento,
que garant ice y promueva e l Derecho
que t iene todo indiv iduo a un proceso
justo, legal y garant ista .
CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN
EN EL PODER JUDICIAL
EE ll CCoonnssee jjoo ddee ll aa JJuuddii ccaattuurraa ddee ll PPooddeerr JJuuddii cc iiaa ll ddee ll EEssttaaddoo ddeess iiggnnóó ppoorr
ccaammbbiiooss ddee aaddssccrr iippcc iióónn aa nnuueevvooss tt ii ttuu llaarreess eenn llooss ss iigguuiieenntteess jjuuzzggaaddooss ::
1º. Civi l : María de los Ángeles Juárez Flores.
1º. Mercantil : María Luisa de León Mejía.
1º. Familiar: José Luis Montes.
1º. Penal: Is idro Estrada Gutiérrez.
2º. Penal: Esperanza Mariscal Verdugo.
Mixto de Tecuala: Oswaldo Candelario Delgado Nájar.
Mixto de Huajicori: María del Carmen Lizárraga Medina.
Mixto de Amatlán de Cañas: E l izabeth Hernández Suárez.
Mixto de Jala: Pablo Preciado Torres.
Mixto de Vil la Hidalgo: Baldomero Zamora Rodríguez.
Mixto de Ahuacatlán: María de Socorro Marín Reyes.
Mixto de Santa María del Oro: Alba Xóchit l Guzmán Olague.
19
Sección Científica
Lic. Lu is Roberto Aranda Varela. J u e z P e n a l d e l P a r t i d o J u d i c i a l d e B a h í a d e B a n d e r a s , N a y a r i t .
I . - INTRODUCCIÓN
Solamente a manera de
introducción, me permito señalar
que sin exageraciones indebidas, el
Código de Procedimientos Penales
vigente en el Estado de Nayarit ,
requiere de un anál is is sujeto a
discusión con estricta apl icación
jurídica.
En efecto, de la lectura
íntegra se advierte que algunas de
sus disposiciones se encuentran
caducas, como por ejemplo: el
artículo 9º habla de un Supremo
Tribunal de Justicia cuando en
real idad su denominación correcta
es Tribunal Superior de Justicia del
Estado.
De igual manera, no contiene
disposiciones como las que hoy se
debaten en este trabajo
documental , donde se propone que
se establezcan reglas precisas sobre
medios de prueba no previstos
actualmente por el Código de
Procedimientos Penales; asimismo,
se propone que desaparezca un
medio de convicción que, al
parecer del suscrito, no ofrece
suficiente eficacia jurídica para el
proceso penal .
Por tanto, como se podrá
observar, el presente trabajo se
centrará en algunas disposiciones
del Código de Procedimientos
Penales en vigor en el Estado de
Nayarit (y no todas como se
quisiera) .
I I . - LA PRUEBA EN EL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS PENALES EN
NAYARIT.
La palabra “prueba” proviene
del latín probandum que s ignif ica
probar, patentizar, hacer fe;
asimismo, se refiere a el la en el
adverbio probe , que s ignif ica
honradamente.
Por lo que ve al concepto,
cuando se habla de prueba en el
procedimiento penal , se refiere
tanto al medio como al resultado
obtenido por ese medio; me
expl ico: a la prueba se le conceptúa
como medio de prueba, porque el
instrumento o técnica probatoria
que se uti l iza s irve para l legar a un
resultado que es de importancia en
el procedimiento o proceso penal ,
LA PRUEBA EN MATERIA PENAL. NN UU EE VV OO MM AA RR CC OO JJ UU RR ÍÍ DD II CC OO DD EE LL AA PP RR UU EE BB AA EE NN EE LL CC ÓÓ DD II GG OO DD EE PP RR OO CC EE DD II MM II EE NN TT OO SS PP EE NN AA LL EE SS DD EE LLEE SS TT AA DD OO DD EE NN AA YY AA RR II TT (CRÍTICA Y PROPUESTAS) .
20
Sección Científica
ya que con él se obtendrá
jurídicamente la verdad histórica
de los hechos materia de dicho
procedimiento penal ; verbigracia,
la junta de peritos, los cuales no se
han puesto de acuerdo sobre el
peritaje que ambos emitieron, es
una técnica, un medio para l legar al
resultado de ese debate, y con este
resultado se obtendrá la verdad
jurídica que con la prueba pericial
se quiso probar.
También se conceptúa a la
“prueba” como el resultado o el
objeto; por ejemplo: en un proceso
que se s igue por el del ito de
homicidio, donde en el domici l io
en que se perpetró aquél , es
encontrada una arma blanca, dicho
objeto es, por s í mismo, una
prueba; empero, un medio de
prueba será la fe ministerial o
judicial que se practique de dicho
objeto.
Una vez establecidos algunos
principios doctrinales, me permito
establecer crít ica y propuestas a
algunas de las disposiciones del
Código de Procedimientos Penales
en vigor en el Estado de Nayarit en
materia de prueba, que si bien no
son de todas sus disposiciones, s í
son de las que me parecen de
relevancia.
E l artículo 190 establece: “Se
admit i rá como prueba en los términos
del art ícu lo 20 fracc ión V de la
Const i tuc ión Pol í t ica de los Estados
Unidos Mexicanos, todo aquel lo que se
ofrezca como ta l , s iempre que pueda
ser conducente, y no vaya contra e l
derecho, a ju ic io de l juez o tr ibunal .
Cuando la autor idad judic ia l lo est ime
necesar io , podrá por a lgún otro medio
de prueba establecer su autent ic idad” .
E l numeral en cita permite,
de acuerdo a lo que dispone la
Constitución Pol ít ica de los Estados
Unidos Mexicanos en su fracción V,
que se ofrezca en el procedimiento
penal todo aquel lo que se anuncie
como tal . Esta parte se refiere a lo
s iguiente: No obstante que en los
artículos subsecuentes se encuen
tran descritos y reglamentados
varios medios de convicción como
la confesión, la testimonial , la
pericial , etcétera, cualquiera de las
partes pueden ofrecer una prueba
o un medio de prueba no previsto
en este capítulo, pero siempre,
primero: sea conducente, y
segundo: que no vaya contra el
derecho.
Como ejemplo de una prueba
no prevista en este Código, pero
que es factible de ofrecer ya que
de hecho en la práctica forense se
ha ofertado en los procesos
penales, es la prueba del contenido
en la cinta de un videocasete, que
21
Sección Científica
en mi concepto preferir ía l lamarla
más técnicamente “prueba
audiov isua l” .
Este medio de convicción,
como más adelante lo propondré,
requiere de ciertas reglas para
establecer los requisitos de
procedencia para su ofrecimiento,
un método propio de desahogo y
un sistema propio también de
valoración, lo cual permitirá que el
personal de actuaciones de los
dist intos Juzgados o la Sala Penal ,
tengan un criterio uniforme al
admitir , preparar, desahogar y
valorar dicho medio de convicción;
también le ofrecerá a las partes
más intervención en su desahogo,
por ejemplo, ampliar la o proponer
puntos sobre los cuales versará la
misma, lo que, por consecuencia,
perfeccionará la prueba de mérito
en bien de la verdad que se busca
encontrar.
Los requisitos que se
requieren para que el personal de
los Juzgados o de la Sala Penal ,
puedan admitir una prueba son los
s iguientes:
1.- Que sea conducente: Este
concepto se refiere más que nada a
la pertinencia de la prueba; es
decir , una prueba es pertinente,
cuando es un medio apropiado para
la real ización de los f ines
específ icos del proceso; también se
dice que debe ser idónea, pues de
lo contrario, se perderá t iempo en
su desahogo y no ofrecerá ningún
beneficio para la parte procesal
que la haya ofrecido, l lámese
procesado o su defensor, o el
Ministerio Público.
Este aspecto me parece muy
importante; me refiero al objetivo
de la parte procesal para ofrecer
determinada prueba. En otro
ámbito del Derecho, en el
Mercanti l , e l Código de Comercio
ordena que siempre que se ofrezca
una prueba, se precisen los hechos
que se pretenden acreditar, que
relacionen la prueba con el hecho
que quieren probar, s in lo cual no
se admite dicha prueba. Creo, s in
l legar a tal extremo, que las partes
que ofrezcan un medio de
convicción deben precisar cual es
el hecho que pretenden acreditar,
lo anterior, para i lustrar mejor al
Juzgador, es decir , dir igir lo hacia el
aspecto donde las partes quieren
que el Juez centre su atención. Lo
cual permitirá, que los defensores
sean claros y precisos en los hechos
que quieren acreditar al ofrecer un
cúmulo de pruebas, y evitar la
práctica insana de hacer creer al
procesado que se ofrecen muchas
pruebas para acreditar su
inocencia, cuando en real idad solo
se quiere vis lumbrar la atención de
22
Sección Científica
dicho procesado con pruebas que
no le ofrecen ningún beneficio, en
s íntesis , pruebas ineficaces.
2. - Que las pruebas no sean
contrarias al Derecho. Este segundo
requisito legal consiste en que la
prueba que se ofrezca no debe
estar en franca oposición con un
determinado precepto legal .
Verbigracia, la confesión de un
procesado arrancada por medio de
la violencia, l lámese f ís ica, l lámese
moral .
La últ ima parte del artículo
190, otorga la facultad al Juzgador
de que cuando lo estime pertinente
( lo cual s ignif ica que deberá
motivar debidamente su resolución
que así lo ordene), podrá uti l izar
cualquier medio para cerciorarse
de la autenticidad de la prueba;
esto es: cuando considere que una
prueba no ha s ido desahogada
correctamente o considere
necesario perfeccionarla, podrá
ordenar la práctica de cualquier
di l igencia para cumplir con tal f in.
S i bien este Código describe
expresamente determinadas
pruebas y reglamenta su
ofrecimiento, admisión, desahogo y
valoración, creo que existen otro
t ipo de pruebas que merecen, dada
su uti l ización más reiterada en la
práctica forense, una descripción y
reglamentación propias y
específ icas.
Me refiero a las pruebas de
video y de audio, así como, en
parte, a la declaración y ampliación
de ésta de la persona sujeta a
procedimiento penal . Las razones y
propuestas se expondrán en
seguida.
Se propone que dentro del
catálogo de pruebas que señala
el Código Procesal Penal se
incluyan las siguientes:
1.- Primeramente, s i bien
existe la prueba de confesión,
pregunto: ¿Qué acaso, la
declaración del procesado sólo
s irve cuando es una confesión?; ¿La
declaración del procesado o la
ampliación que haga de el la, no es
valorada como los demás medios de
prueba?. Al real izar estas preguntas
debo decir s implemente, que
existe, aunque si bien
imperceptible, la tendencia a
catalogar a la prueba confesional
como la reina de las pruebas, ya
que si no es confesión no merecerá
valor como prueba por no estar
previsto en el Código Procesal . S i
bien dice el artículo 190 que podrá
servir como prueba todo lo que se
ofrezca como tal , dicha declaración
o ampliación merece una atención
especial por ser la de la persona a
23
Sección Científica
la que se le está imputando un
hecho previsto como del ito.
Creo que dentro de la prueba
testimonial se debe reglamentar lo
s iguiente en artículo o párrafo
determinado: “Se cata loga dentro de
este t ipo de prueba, la dec larac ión o
ampl iac ión de e l la rea l izada por la
persona sujeta a proceso penal o
aver iguac ión prev ia ; en tratándose
dentro del proceso penal , la ampl iac ión
de la dec larac ión deberá efectuarse
antes de agotar la aver iguac ión” . Esta
propuesta se funda en que la
prueba confesional , r ige solo para
la declaración de la persona sujeta
a procedimiento penal cuando
acepta su participación en los
hechos del ictuosos que se
investigan, pero no se habla nada
respecto de la declaración de dicho
procesado sin que haya confesado
los hechos o alguna parte de el los,
ni tampoco habla del valor que
merecerá dicho testimonio.
Entonces, en cuanto a ese últ imo
aspecto, la valoración deberá
atenderse según lo que dispone el
artículo 269 donde señala que, “ los
test imonios quedarán a l prudente
arb itr io de l Juez” , para lo cual
también se requiere modificar
dicho numeral en cierta parte de su
composición.
2.- Prueba de audio,
consistente en el audio contenido
en las cintas magnéticas o discos
auditivos.
3.- Prueba de video,
consistente en las imágenes
contenidas en las cintas o discos
magnéticos.
Su desahogo se l levará a cabo de
las siguientes formas:
1. - En una sola audiencia. Lo
anterior, habida cuenta de que lo
que se apreciará en el video o
audio, según sea el caso, son
hechos o sonidos con una
continuidad de el los, por lo que se
requiere que se capten sin
suspensión de su atención de un
día para otro, y así el personal del
Juzgado que practique tal
di l igencia, centre su atención en lo
que perciba de dicho video o
audio.
2.- Se deberá ofrecer
proporcionando la cinta magnética
o disco de que se trate y con la
obl igación de proveer los aparatos
o s istemas necesarios para su
desahogo; en este aspecto, se habla
de la carga de la prueba, y en el la
se incluye además, la obl igación de
proporcionar al Juzgado todos los
elementos necesarios para el buen
desahogo de la prueba de mérito;
asimismo, el que ofrece la prueba,
está en el supuesto de que tiene un
interés preponderante en que se
desahogue ampliamente la misma,
ya que le dará al oferente un
24
Sección Científica
determinado beneficio en el
proceso penal , y por tal razón,
también le resulta la obl igación de
acercar al Juez lo necesario para
que éste tenga conocimiento
exacto de la prueba que se ofrece.
3.- E l Juez en unión del
secretario deberá tener
conocimiento de dicha cinta o
disco, previo a la admisión de dicha
prueba, a efecto de determinar s i
se encuentra ajustada al Derecho;
como se di jo en otra parte del
comentario al artículo 190, entre
los requisitos que existen para la
admisión de una determinada
prueba, se encuentra la de que no
sea contraria al Derecho; así , para
la admisión de un cassette o disco,
es necesario que el personal del
Juzgado tenga conocimiento previo
del contenido de la cinta o disco
magnético que contiene el
instrumento que se ofrece, por
el lo, el Juez, como en toda
di l igencia, deberá estar
acompañado del respectivo
secretario.
4.- En la fecha de desahogo,
se correrá la cinta o disco por una
vez, en la que el Secretario hará
constar el audio o las imágenes
perceptibles levantando acta de la
descripción. Durante ésta, ninguna
de las partes ni persona alguna
presente podrá hacer uso de la voz.
5.- Una vez hecha la
descripción por el Secretario, se
concederá el uso de la voz primero
al oferente de la prueba, a efecto
de que manifieste lo que a su
interés legal convenga o para que
sol ic ite se agregue determinada
descripción conducente (el Juez
cal if icará dicha petición) ;
enseguida se concederá el mismo
derecho a la otra parte.
6.- Contra la denegación de
la petición de alguna de las partes
para proponer se agregue
determinada descripción en el acta
respectiva, procederá el recurso de
apelación en efecto devolutivo;
La valoración de las dos
últ imas pruebas será al prudente
arbitrio del Juez, quien obligada
mente deberá exponer las razones
por las cuales les otorga valor
probatorio pleno o les resta el
mismo.
Respecto de la prueba
testimonial , solamente procede
real izar ciertos comentarios a
algunas de las disposiciones del
Código de Procedimientos Penales
en vigor; cuestiones prácticas que
revelan la necesidad de implemen
tar una reglamentación más r igu
rosa y precisa de los aspectos rela
t ivos al ofrecimiento, admisión,
preparación y desahogo de esta
prueba.
25
Sección Científica
Me l lama la atención lo
dispuesto por el artículo 238 del
Código de Procedimientos Penales
en vigor que dispone:
ART ÍCULO 238. - S iempre que se examine
a una persona cuya dec larac ión sea
sospechosa de fa lta de verdad, se hará
constar esto en e l acta.
Creo f irmemente que dicho
numeral insita al prejuicio del
testimonio de una persona; esto es,
dicho artículo puede l legar a
permitir que en plena audiencia el
Agente del Ministerio Público o el
defensor particular del procesado,
interrumpan el testimonio de una
persona haciendo notar al Juez
sobre las sospechas de que el
testigo está faltando a la verdad; y
s in que dichos sujetos procesales lo
l legaran a hacer valer, creo que si
el Juez en un momento dado
estimara que dicha declaración
“puede” ser falsa, dicha opinión
debería de ser estimada al
momento de dictar sentencia que
es el momento preciso del Juez
para valorar todas las pruebas
entre las que se encuentra la
testimonial ; creo que menos aún
debe proceder asentar en el acta
un prejuicio legal como el que
establece el artículo 238.
En consecuencia, mi
propuesta para este numeral es su
total derogación.
ART ÍCULO 239. - Conclu ida la d i l igencia
se leerá a l test igo su dec larac ión o la
leerá é l mismo s i quis iere , para que la
rat i f ique o modif ique, y después de
esto será f i rmada por e l test igo y su
acompañante s i lo hubiere.
E l artículo 239, de acuerdo a
la forma en que está redactado,
permite una diversidad de
interpretaciones y de hecho en
casos prácticos así ha acontecido.
Dicho numeral establece que,
concluida la di l igencia el testigo
podrá leer su declaración o se le
leerá para que, en su caso, la
ratif ique o la modifique, s in
embargo, ¿el lo conl leva la
oportunidad de ampliar la?, además,
es susceptible ¿de que una vez
leída el acta y al ser aconsejado por
terceras personas pueda modificar
la narración de hechos?.
Creo que se debe precisar
que el testigo podrá ampliar su
declaración debiendo establecer las
razones que tenga para el lo, y que
de igual manera, no podrá tener
contacto con el público hasta
concluida la di l igencia.
26
Sección Científica
El artículo 240 establece:
ARTÍCULO 240. - S i de lo actuado
aparec iere que a lgún test igo se ha
producido con fa lsedad, se mandarán
compulsar las constancias conducentes
para la invest igac ión de ese del i to y se
hará la cons ignac ión respect iva a l
min ister io públ ico, s in que esto sea
mot ivo para que se suspenda e l
procedimiento; s i en e l momento de
rendir su dec larac ión e l test igo,
aparec iere que es manif iesta la
comis ión del de l i to de fa lsedad, será
detenido desde luego y cons ignado a l
Min ister io Públ ico.
Vuelvo a insist ir en lo
propuesto al cr it icar el artículo
238. No se puede en el preciso
momento del deshogo de una
audiencia, establecer prejuicios
sobre el testimonio de una
persona, pues para el lo es
necesario tener diversos elementos
que permitan l legar a la
certidumbre de que el testigo se ha
conducido con falsedad y no de lo
que se pueda inferir en el corto
momento de una audiencia.
Ahora bien, respecto de los
careos conviene precisar el artículo
que establece la prueba del careo
así como algunos aspectos de éste,
tanto en la doctrina como en la
práctica.
E l artículo 249 del Código de
Procedimientos Penales en vigor
establece: “Los careos de los test igos
entre s í y con e l procesado, o de
aquel los y de éste con e l ofendido,
deberán pract icarse durante e l ju ic io
hasta antes de dec larar cerrada la
instrucc ión, y a la mayor brevedad
pos ib le , s in per ju ic io de repet i r los
cuando e l juez lo est ime necesar io , o
cuando sur jan nuevos puntos de
contradicc ión” .
Doctrinalmente se ha
cuestionado sobre términos que
comúnmente se uti l izan en todo
estudio de investigación, tal es el
caso de los términos “concepto” y
“def in ic ión” que hacen referencia a
determinado objeto o cosa, más
por el momento
conceptual izaremos al careo como
un acto de estar cara a cara con
otra persona. Esto sería únicamente
lo que se describir ía en cuanto a la
f igura jurídica citada, ya que dicho
término únicamente menciona una
palabra derivada de otra, que en
este caso, es “cara” , y ya derivado
sería, como ya lo mencioné,
colocarse cara a cara con otra
persona; a l respecto, Marco
Antonio Díaz de León señala que
careo viene de la acción y efecto
de carear, y ésta, a su vez de cara,
de poner cara a cara, a dos sujetos
o más para discutir . Dicho concepto
permite dar una primera impresión
de lo que es careo, para así estar en
condiciones de poder definir
27
Sección Científica
jurídicamente la f igura ya
mencionada.
No obstante de que el careo
es un medio probatorio y no una
prueba en s í , ya que las
declaraciones vertidas en el careo
son las que realmente prueban
determinado hecho, el careo
propiamente dicho l lamado “careo
procesa l” es e l acto procesa l
cons istente en confrontar a dos o más
personas que hayan emit ido su
dec larac ión respecto a los hechos que
se invest igan, a f in de que entre las
contradicc iones de ambos su jetos
procesa les , se produzca una convicc ión
rea l de la verdad h istór ica en e l Juez
para fa l lar en conjunto con las demás
pruebas ex istentes .
De la anterior definición
personal acerca de lo que
constituye el careo, obtenemos que
para proceder al desahogo del
careo se requieren ciertos
requisitos de procedibi l idad, s in los
cuales hace imposible, material y
jurídicamente, desahogar dicho
medio de prueba. Hablamos de los
s iguientes:
1.- La declaración de,
mínimo, dos sujetos procesales;
2.- La existencia de una
contradicción entre ambas
declaraciones;
3.- La presencia material de
los sujetos procesales a f in de
colocarlos frente a frente.
1.- Primeramente se requiere
que exista la declaración de la o las
personas sujetas a proceso
( inculpado o procesado según sea
el caso) , los testigos, y el o los
ofendidos, pues no puede exist ir
careo con una sola declaración. Al
exist ir dos o más declaraciones
puede suceder, bien que exista
conformidad en la versión de los
hechos emitida ya sea por los
sujetos procesales a que hemos
hecho referencia, en este caso,
exist irá una corroboración de los
hechos ante la adminiculación de
ambas probanzas. Asimismo, puede
suceder que las versiones emitidas
se refieran a hechos totalmente
diferentes unos entre otros, lo que
requerirá por consiguiente, buscar
otros elementos probatorios que
corroboren o desvirtúen los hechos
narrados en aquel las versiones.
También puede suceder que entre
las versiones emitidas por los
declarantes no exista uniformidad
de los hechos, para lo cual será
necesario atender al s iguiente
requisito.
2.- Se requiere que las
declaraciones emitidas tengan un
mínimo de contradicción. Es decir ,
s i no exist ieran contradicciones no
tendría razón de ser el careo. La
contradicción es la oposición que
existe entre algo; en el caso
concreto, es una oposición
28
Sección Científica
respecto de la versión de hechos
emitida por diversas personas.
3.- La presencia material de
los sujetos procesales, a f in de
colocarlos frente a frente, es
requisito indispensable, pues es
precisamente cara a cara cuando
ambos sujetos procesales real izarán
las manifestaciones que crean
pertinentes señalar, respecto de la
oposición que existe entre su
declaración y la de su careado; en
el mismo momento en que se
encuentran presentes los careados
es cuando uno de el los puede
sol ic itar que su careado aclare un
punto de hechos, ya que,
lógicamente, en ausencia de su
careado no podrá aclararse dicho
punto; también puede interrogarlo.
Expuestos así los requisitos
de procedibi l idad, podemos
advertir que para l levar a cabo el
careo primeramente debe exist ir en
autos del proceso penal más de una
declaración (dos o más) , dichas
declaraciones podrán ser del
procesado, del ofendido o de
testigos; asimismo, entre ambas
declaraciones debe exist ir un
mínimo de contradicción entre
ambas versiones que hagan, por
consiguiente, necesario aclarar
tales puntos de contradicción
apersonando a los sujetos que
deben ser careados, esto para que
exista la posibi l idad de que en una
misma di l igencia se pueda repl icar
y contrarrepl icar lo narrado por
cada uno de los sujetos procesales.
Este últ imo aspecto, es lo
importante. Creemos que el objeto
esencial de esta f igura jurídica del
careo es la pos ib i l idad que t iene un
sujeto procesa l de poder ac larar y
ex ig i r la ac larac ión de un punto de
contradicc ión con su careado. Esta
posibi l idad se traduce en un
derecho subjetivo de un sujeto
para poder exigir que, verbigracia,
una imputación real izada en su
contra pueda ser esclarecida o en
su caso sostenida, lo que puede en
su caso traer otras consecuencias,
tal sería el caso de que dicha
imputación fuera una falsedad, el lo
le otorga al imputado el derecho
de denunciar tal suceso por el
del ito de falsedad en declaraciones
judiciales o en informes dados a
una autoridad dist inta de aquel las.
A propósito del anál is is a que
se ha hecho referencia, conviene
real izar algunos comentarios
respecto del careo supletorio
previsto por el artículo 253 del
Código de Procedimientos Penales
en vigor que dispone:
“ART ÍCULO 253. - Cuando a lguno de los
que deban ser careados no fuere
encontrado, o res id iere en otra
jur i sd icc ión, de pract icará e l careo
29
Sección Científica
supletor io , leyéndose a l presente la
dec larac ión del ausente y hac iéndole
notar las contradicc iones que hubiere
entre aquél la y lo dec larado por é l .
S i los que deben carearse estuvieren
fuera de la jur i sd icc ión del t r ibunal , se
l ibrará e l exhorto correspondiente” .
¿Será pos ib le que ex ista tan
s iquiera un mín imo de ef icac ia en e l
careo supletor io que provea a la
garant ía de la pronta y expedita
impart ic ión de just ic ia? ; Nuestra
respuesta es no.
Al no encontrarse presente el
testigo con el cual el procesado
requiere ser careado a efecto de
aclarar un punto de contradicción,
donde el primero afirma haber
visto al segundo de los
mencionados momentos previos en
el lugar en que sucedieron los
hechos del ictivos objeto de
esclarecimiento, dentro de
determinado proceso penal ,
motivará, de conformidad con
nuestra legis lación vigente, que se
provea por el personal del Juzgado
a señalar fecha a f in de desahogar
el l lamado careo supletorio; ante
el lo debemos tener presente que la
carga de trabajo (que no es excusa
ni motivo de justif icación) traerá
como consecuencia, que exista un
t iempo de espera para poder
desahogar dicha prueba y continuar
con la s iguiente etapa procesal y
que, a l dictar sentencia, no tendrá
la eficacia probatoria para
correlacionar el careo de que
hablamos con otros medios de
prueba o pruebas en s í mismas; lo
anterior debido a que si el
procesado quisiera hacer
aclaraciones o imputaciones en
contra de hechos narrados por un
testigo ausente, lo más
técnicamente adecuado sería
sol ic itar una ampliación de
declaración del propio procesado
donde pueda real izar alegatos en
contra de lo expuesto por ese
testigo ausente y que no entorpece
el proceso, más aún le puede
aprovechar al procesado para
acreditar su inocencia, o al
Ministerio Público para acreditar su
acción penal .
Ante los argumentos
consistentes en que, desconocer el
careo supletorio traerá como
consecuencia una l imitación a la
garantía del procesado contenida
en el artículo 20 fracción IV
constitucional , consistente en
privarlo de la posibi l idad de
conocer tan s iquiera
personalmente a la persona que le
imputa hechos del ictuosos, o de
conocer lo declarado por ésta,
debemos decir que, en cuanto a lo
primero, por la misma naturaleza
del careo supletorio le impide
conocer personalmente al que le
imputa los hechos de mérito, y en
30
Sección Científica
el segundo caso argumentamos,
que la declaración donde se real iza
la imputación es conocida por el
procesado en el momento mismo
de la declaración preparatoria o al
sol ic itar copias del expediente
respectivo a lo que, mínimo, t iene
derecho.
ARTÍCULO 264. - La confes ión ante e l
min ister io públ ico y ante e l juez deberá
reunir los s iguientes requis i tos :
I . Que sea hecha por persona mayor de
d iec isé is años , en su contra , con p leno
conocimiento, y s in coacc ión n i
v io lenc ia f í s ica o mora l ;
I I . Que sea hecha ante e l min ister io
públ ico o e l t r ibunal de la causa y en
presencia de l defensor o persona de su
conf ianza, y que e l inculpado esté
debidamente enterado del
procedimiento y de l proceso;
I I I . Que sea hecho propio y esté
comprobada la ex istencia de l de l i to ; y ,
IV . Que no ex istan datos que a ju ic io
de l juez o tr ibunal , la hagan
inveros ími l .
No podrá cons ignarse a n inguna
persona s i ex iste como única prueba la
confes ión. La pol ic ía judic ia l podrá
rendir informes pero no obtener
confes iones ; s i lo hace, estos carecerán
de todo va lor probator io .
E l momento procesal en que
sea emitida la confesión parece ser
un óbice para la debida valoración
del testimonio de la persona sujeta
a proceso, en el que acepta los
hechos imputados por el ofendido
o el denunciante; lo anterior
debido a las consideraciones que
en seguida me permito real izar.
Es innegable que al
dictar una sentencia definit iva, el
Juzgador, o en su caso los
Magistrados de la Sala Penal a l
dictar una sentencia en segunda
instancia, deberán en el caso de
que exista, tomar en cuenta la
declaración de la persona sujeta a
procedimiento penal con el
carácter de confesión, y por
consiguiente para l legar a una
conclusión sobre su valor, apl icar lo
dispuesto por el artículo 264 del
Código de Procedimientos Penales
en vigor; se apl icará la valoración
de la confesión y se le otorgará
eficacia plena, s iempre que se
cumplan los requisitos de
procedibi l idad para el lo. Es factible
que la confesión de la persona
sujeta a procedimiento penal sea
real izada cuando ésta ha cumplido
los dieciséis años, dado que no se
podría consignar hechos
del ictuosos en los que se señale
como probable responsable a una
persona menor de dicha edad,
habida cuenta de que de acuerdo a
lo dispuesto por el artículo 20 del
Código Penal en vigor, se
consideraría a dicha persona como
inimputable; en el mismo orden de
ideas, es factible que la declaración
donde confiesa su participación en
31
Sección Científica
los hechos sea real izada en su
contra, que sea con el pleno
conocimiento de los mismos y s in
coacción ni violencia f ís ica o moral ;
en conclusión se podrán reunir
todos los requisitos, pero sobre
todo, podrá satisfacerse el
requisito de procedibi l idad
señalado en la segunda parte de la
fracción I I I del artículo 264 del
Código Procesal , es decir : que esté
acreditada la ex istencia de l de l i to .
Se asevera lo anterior,
porque de acuerdo a la técnica
procesal jurídica, a l dictar una
sentencia definit iva, en primer
término debe acreditarse la
existencia del del ito para, en
seguida, acreditar s i la persona
sujeta a procedimiento penal es
responsable de los hechos
del ictuosos; el lo incluso se
establece por lógica jurídica, pues
s i existe del ito existe una persona
responsable del mismo, y s i no
existe del ito obvio es que no
exist irá persona responsable.
Ahora bien, como lo he
señalado insistentemente en otro
trabajo documental intitulado: ¿El
cuerpo del del ito al dictar
sentencia definit iva?, solamente en
sentencia definit iva o en resolución
de segunda instancia que resuelva
sobre el recurso de apelación en
contra de la primera, se debe
estudiar la ex istencia del de l i to y no e l
cuerpo del de l i to , en consecuencia,
en este t ipo de resoluciones se
podrá satisfacer el requisito de que
se encuentre acreditada la
existencia del del ito para poder
valorar la declaración de la persona
sujeta a procedimiento penal con el
carácter de confesión, y otorgarle
valor probatorio pleno.
Este aspecto de que se
habla, no es posible apl icarlo al
momento de resolver sobre el
dictado de una orden de
aprehensión o de comparecencia, o
en su caso al dictar una resolución
de término constitucional , ya sea
auto de formal pris ión o de
sujeción a proceso, puesto que
como lo he repetido
insistentemente en este trabajo, el
artículo 264 del Código Procesal
Penal , obl iga al Juzgador o a la Sala
Penal , a que para valorar una
declaración de la persona sujeta a
procedimiento penal con el
carácter de confesión, sea
satisfecho el requisito de la
existencia del del ito, lo que
evidentemente, al resolver sobre
una orden de captura o
presentación o de una resolución
de término constitucional no es
posible; la respuesta: porque en este
t ipo de reso luc iones no se anal iza la
ex istencia de l de l i to , s ino la ex istencia
32
Sección Científica
del cuerpo del de l i to , que no es lo
mismo.
E l lo es c ierto, e l art ículo 264 ya
mencionado expresa terminantemente,
que esté acreditada la ex istencia del
del i to , no del cuerpo del del i to ; y s i a l
d ictar una orden de aprehensión o de
comparecencia , o en su caso a l d ictar
una resoluc ión de término
const ituc ional , ya sea auto de formal
pr is ión o de sujec ión a proceso, se
acredita so lo una parte del del i to ,
como lo es e l cuerpo del del i to , es
innegable que no es pos ib le otorgar le
va lor probator io jur íd ico de confes ión
a la dec larac ión del indic iado o del
inculpado, a l resolverse su s i tuac ión
jur íd ica en la etapa de aver iguación
judic ia l o de término const ituc ional .
En consecuencia , s i no es
pos ib le va lorar la dec larac ión del
indic iado o del inculpado como
confes ión y as í otorgar le va lor
probator io p leno, ¿cuál es la so luc ión
para va lorar su dec larac ión
otorgándole o no va lor probator io de
confes ión? la respuesta estr iba en que
su dec larac ión podrá ser va lorada a la
luz del art ículo 269 del Código de
Procedimientos Penales en v igor , es
dec ir , como un test imonio que es , y a l
prudente arbitr io del Juzgador, pero
no podrá adquir i r va lor probator io
p leno con los requis i tos del art ícu lo
264, s ino, se ins iste , a l prudente
arbitr io de dicho Juez.
Respecto de la va lorac ión de la
prueba de inspección ocular so lamente
me permito proponer, que en la
redacc ión del art ículo 268 del Código
de Procedimientos Penales en v igor , se
empleé e l término inspecc ión ocular en
vez de inspección judic ia l , ya que
dicho art ículo d ice: “La inspecc ión
judic ia l , as í como e l resu ltado de los
v is i tas domic i l iar ias o cateos , harán
prueba p lena, s iempre que se
pract iquen con los requis i tos que
señala esta ley” ; de esta ú lt ima
descr ipc ión se aprec ia c laramente, que
habla de la inspección judic ia l , dejando
de lado a la inspecc ión minister ia l que
es una de las pruebas de gran
re levancia dentro de un proceso para
la acreditac ión de var ios del i tos .
I I I . - CONCLUSIONES.
A manera de conclus iones me permito
establecer con prec is ión cuales son los
puntos que conl leva e l presente
trabajo.
PRIMERO. - La descr ipc ión de las reglas
re lat ivas a l ofrec imiento, admis ión,
preparación y desahogo de las pruebas ,
cuya denominación se propone sean
“prueba de audio” y “prueba de v ideo” .
SEGUNDO.- Que no ex ista en e l Código
de Procedimientos Penales en e l Estado
de Nayar it la prueba denominada
“careo supletor io” .
TERCERO. - Que ex ista como requis i to
de la confes ión no so lo que esté
acreditada la ex istencia del del i to , s ino
también en su caso, e l cuerpo del
del i to .
33
Sección Científica
Dra. Mara Pérez Gómez. S e c r e t a r i a d e E s t u d i o y C u e n t a d e l a S C J N .
ANTECEDENTES
La acc ión de inconst ituc ional idad,
como la conocemos hoy, es una
inst ituc ión re lat ivamente rec iente en
nuestro ordenamiento jur íd ico.
A lgunos tratadistas encuentran su
pr imer antecedente en dos
procedimientos que regulaba e l Acta
de Reforma de 1847, a través de los
cua les , en un caso, e l Congreso de la
Unión podía dec larar la nul idad o
inva l idez de una ley por contravenir e l
texto const ituc ional y , en e l otro, la
Suprema Corte de Just ic ia , a pet ic ión
del Pres idente de la Repúbl ica , se is
D iputados o tres Senadores , le daba
v ista a todas las Legis laturas de los
Estados a f in de que éstas se
pronunciaran sobre la const ituc ional i
dad o inconst ituc ional idad de la ley en
cuest ión, y s i la mayoría cons ideraban
que la ley era inconst ituc ional ,
entonces la Corte emit ía una
cert i f icac ión dec larat iva de inconst itu
c ional idad, pero s in hacer mayores
disquis ic iones sobre e l part icular .
S in embargo, la acc ión de
inconst ituc ional idad, ta l y como la
conocemos hoy, fue introducida a
nuestro Derecho en 1994,
concretamente en la fracc ión I I de l
art ículo 105 de la Const ituc ión Federa l ,
por v irtud de la reforma aprobada a
f ines de ese año, cuya in ic iat iva fue
presentada por e l entonces Pres idente
de la Repúbl ica , Ernesto Zedi l lo Ponce
de León. Ta l reforma const ituyó una de
las más importantes promesas
e lectora les , aunque va le dec ir que e l
proceso de reforma se caracter izó por
su esmerada discrec ión y suma reserva,
a ta l punto que en e l foro mexicano
fueron muy escasamente conocidos , o
de p lano desconocidos , los aspectos
más interesantes de ese proceso.
Justo es reconocer , s in embargo,
que pese a que e l part ido mayoritar io
en esa época podría haber aprobado
una reforma const ituc ional s in e l
apoyo de ningún otro part ido, no fue
éste e l camino seguido, s ino que la
reforma se aprobó con e l consenso de
la entonces segunda fuerza pol í t ica por
su representac ión, es dec ir , e l Part ido
Acc ión Nacional , aunque con la
opos ic ión fronta l del Part ido de la
Revolución Democrát ica y del Part ido
del Trabajo.
La reforma const ituc ional de 1994,
que como es sabido tuvo un marcado
carácter judic ia l , abarcó muchos
puntos , de los cuales quis iera destacar
los s iguientes :
1) Por pr inc ipio, se dotó a la Suprema
Corte de Just ic ia de una nueva
estructura y composic ión, pasando
a integrarse por só lo 11 Ministros ,
LLAA AACCCCIIÓÓNN DDEE IINNCCOONNSSTT IITTUUCCIIOONNAALL IIDDAADD
34
Sección Científica
de los 26 que ant iguamente la
conformaban. Cabe decir que éste
era prec isamente e l número de
Ministros que tenía la Corte en
1917.
2) Se modif icó as imismo e l
procedimiento para e l
nombramiento de los Ministros ,
que en la actual idad son
propuestos a l Senado por e l
Pres idente de la Repúbl ica , en una
terna para cada vacante a cubr ir .
3) Otro punto importante lo fue la
l iberac ión a la Suprema Corte de las
cargas administrat ivas y , con e l lo ,
la consecuente creación del
Consejo de la Judicatura Federa l .
4) Además de eso, se modif icó la
regulac ión de las Controvers ias
Const ituc ionales que como saben,
son un instrumento procesa l por
medio del cua l se tratan de
resolver conf l ictos entre órganos
const ituc ionales o entre dist intos
n iveles de gobierno. Lo c ierto es
que este t ipo de conf l ictos no se
producían con frecuencia porque
nuestro s i stema se caracter izaba
por ser autor itar io , cerrado y ,
sobre todo, por estar dominado
por una so la fuerza pol í t ica ;
empero, afortunadamente esta
s i tuac ión ha ido cambiando
progres ivamente, lo que a su vez ,
ha generado la neces idad de
establecer nuevos medios de
so luc ión para los problemas que
conl levan la democrac ia y e l
p lura l i smo pol í t ico.
5) Y, f ina lmente, se crearon las
Acc iones de Inconst ituc ional idad,
que const ituyen prec isamente e l
motivo de nuestra char la de hoy.
No está por demás dec ir que tras la
trascendenta l reforma const ituc ional
de 1994, quedó confer ida a la Suprema
Corte de Just ic ia la facultad de
declarar la inconst ituc ional idad de una
ley o de un tratado internac ional con
efectos erga omnes , aunque con una
importante l imitante: Se dispuso
expresamente que en ningún caso se
podría incoar una acc ión de
inconst ituc ional idad en contra de leyes
que se ref ir iesen a la mater ia e lectora l .
S in embargo, só lo dos años
después, es dec ir , en 1996, se reformó
nuevamente la fracc ión I I de l art ícu lo
105 const ituc ional , con tres
important ís imas consecuencias :
Primero: Se supr imió la prohibic ión de
que se pudiesen combatir leyes
e lectora les a través de las acc iones de
inconst ituc ional idad y , por ende, se
facultó a la Suprema Corte de Just ic ia
para conocer de e l lo .
Segundo: Se adic ionó un inc iso f ) a
esta fracc ión para e l efecto de facultar
a los part idos pol í t icos para promover
este t ipo de procedimientos ; y
Tercero: Se estableció que ésta sería la única y
exclusiva vía para plantear la no conformidad de
las leyes electorales con la Constitución Federal.
II. El Artículo 105 Fracción II Constitucional y
su Ley Reglamentaria.
A l d ía de hoy, la regulac ión
const ituc ional de las acc iones de
35
Sección Científica
inconst ituc ional se encuentra
redactada en los s iguientes términos:
“ A r t . 1 0 5 . - L a S u p r e m a C o r te d e J u s t i c i a d e l a
N a c i ó n c o n o c e r á , e n l o s té r m i n o s q u e s e ñ a l e l a
l e y r e g l a m e n ta r i a , d e l o s a s u n to s s i g u i e n te s :
( . . . )
I I . - D e l a s a c c i o n e s d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d q u e
ten g a n p o r o b j e to p l a n tea r l a p o s i b l e
c o n t r a d i c c i ó n e n t r e u n a n o r m a d e c a r á c ter
g e n e r a l y e s ta C o n s t i tu c i ó n .
L a s a c c i o n e s d e i n c o n s t i tu c i o n a l i d a d p o d r á n
e j e r c i ta r s e , d e n tr o d e l o s t r e i n ta d í a s
n a tu r a l e s s i g u i e n te s a l a f e c h a d e p u b l i c a c i ó n
d e l a n o r m a , p o r :
a ) E l e q u i v a l e n t e a l t r e i n t a y t r e s p o r c i e n t o
d e l o s i n teg r a n tes d e l a C á m a r a d e D i p u ta d o s
d e l C o n g r e s o d e l a U n i ó n , e n c o n t r a d e l e y e s
f ed er a l es o d e l D i s t r i to F ed er a l exp ed i d a s p o r
e l C o n g r e s o d e l a U n i ó n ;
b ) E l e q u i v a l e n t e a l t r e i n t a y t r e s p o r c i e n t o
d e l o s i n teg r a n tes d e l S e n a d o , e n c o n tr a d e
l e y e s f ed e r a l e s o d e l D i s t r i t o F ed e r a l
e x p e d i d a s p o r e l C o n g r e s o d e l a U n i ó n o d e
t r a ta d o s i n ter n a c i o n a l es c e l eb r a d o s p o r e l
E s ta d o M e x i c a n o ;
c ) E l P r o c u r a d o r G e n e r a l d e l a R e p ú b l i c a , e n
c o n t r a d e l e y e s d e c a r á c t e r f ed e r a l , e s t a t a l y
d e l D i s t r i to F e d e r a l , a s í c o m o d e t r a ta d o s
i n t e r n a c i o n a l e s c e l e b r a d o s p o r e l E s ta d o
M e x i c a n o ;
d ) E l e q u i v a l e n t e a l t r e i n t a y t r e s p o r c i e n t o
d e l o s i n teg r a n tes d e a l g u n o d e l o s ó r g a n o s
l e g i s l a t i v o s e s t a t a l e s , e n c o n t r a d e l e y e s
e x p e d i d a s p o r e l p r o p i o ó r g a n o ;
e ) E l e q u i v a l e n t e a l t r e i n t a y t r e s p o r c i e n t o
d e l o s i n teg r a n tes d e l a A s a m b l e a d e
R e p r e s e n t a n t e s d e l D i s t r i to F e d e r a l , e n c o n tr a
d e l e y e s e x p e d i d a s p o r l a p r o p i a A s a m b l e a , y
f ) L o s p a r t i d o s p o l í t i c o s c o n r e g i s t r o a n te e l
I n s t i tu to F e d e r a l E l e c to r a l , p o r c o n d u c to d e
s u s d i r i g e n c i a s n a c i o n a l e s , e n c o n t r a d e l e y e s
e l e c t o r a l e s f ed e r a l e s o l o c a l e s ; y l o s p a r t i d o s
p o l í t i c o s c o n r eg i s t r o e s t a t a l , a t r a v é s d e s u s
d i r i g e n c i a s , e x c l u s i v a m e n t e e n c o n t r a d e l e y e s
e l e c t o r a l e s e x p e d i d a s p o r e l ó r g a n o
l e g i s l a t i v o d e l E s ta d o q u e l e s o to r g ó e l
r eg i s t r o .
L a ú n i c a v í a p a r a p l a n tea r l a n o c o n f o r m i d a d
d e l a s l e y e s e l e c t o r a l e s a l a C o n s t i t u c i ó n e s l a
p r e v i s t a e n e s t e a r t í c u l o .
L a s l e y e s e l e c t o r a l e s f ed e r a l y l o c a l e s d e b e r á n
p r o m u l g a r s e y p u b l i c a r s e p o r l o m e n o s
n o v e n ta d í a s a n tes d e q u e i n i c i e e l p r o c e s o
e l e c t o r a l e n q u e v a y a n a a p l i c a r s e , y d u r a n t e
e l m i s m o n o p o d r á h a b e r m o d i f i c a c i o n e s
l e g a l e s f u n d a m e n ta l e s .
L a s r es o l u c i o n e s d e l a S u p r e m a C o r te d e
J u s t i c i a s ó l o p o d r á n d e c l a r a r l a i n va l i d ez d e
l a s n o r m a s i m p u g n a d a s , s i e m p r e q u e f u e r e n
a p r o b a d a s p o r u n a m a y o r í a d e c u a n d o m e n o s
o c h o v o t o s ” .
La Ley Reglamentar ia de este
precepto fue publ icada en e l D iar io
Of ic ia l de la Federación del jueves 11
de mayo de 1995, y se denomina L e y
R e g l a m e n t a r i a d e l a s F r a c c i o n e s I y I I d e l
A r t í c u l o 1 0 5 d e l a C o n s t i t u c i ó n P o l í t i c a d e l o s
E s ta d o s U n i d o s M e x i c a n o s ( e n l o s u c e s i v o
L R 1 0 5 ) . Consta de só lo 73 art ículos ,
d iv ididos en 3 T ítu los , a saber :
D ispos ic iones Genera les , De las
Controvers ias Const ituc ionales y De las
Acc iones de Inconst ituc ional idad.
I I I . CONCEPTO
Podemos def in ir a la acc ión de
inconst ituc ional idad, de la s iguiente
manera:
E s u n m e d i o d e c o n tr o l d e c o n s t i tu c i o n a l i d a d ,
j u d i c i a l , u n i n s t a n c i a l , y d e c a r á c t e r a b s t r a c to ,
q u e s e p l a n tea a t r a v é s d e u n p r o c e d i m i e n to
i n c o a d o a n te l a S u p r em a C o r te d e J u s t i c i a d e
l a N a c i ó n , ( 1 ) p o r m i n o r í a s p a r l a m en ta r i a s , ( 2 )
p o r p a r t i d o s p o l í t i c o s c o n r eg i s t r o f ed er a l o
e s t a t a l o ( 3 ) p o r e l P r o c u r a d o r G e n e r a l d e l a
R e p ú b l i c a , e n e l c u a l s e c o n tr o v i e r te l a p o s i b l e
c o n t r a d i c c i ó n e n t r e u n a n o r m a d e c a r á c ter
g e n e r a l o u n t r a ta d o i n ter n a c i o n a l , p o r u n a
p a r te , y l a C o n s t i tu c i ó n , p o r l a o t r a ,
s o l i c i t á n d o s e l a i n v a l i d a c i ó n d e l a n o r m a o d e l
t r a ta d o i m p u g n a d o s c o n e f e c to s g e n e r a l e s , a
f i n d e h a c e r p r e v a l e c er l o s m a n d a to s d e l a
C o n s t i t u c i ó n .
A lo largo de esta char la i remos
desmenuzando todos los e lementos de
36
Sección Científica
l a def in ic ión, s in embargo, es
necesar io que pr imero hagamos
referencia a l género a l cua l pertenece
la acc ión de inconst ituc ional idad; esto
es , a los medios de control
const ituc ional .
IV . LOS MED IOS DE CONTROL
CONST ITUC IONAL
Di j imos ya que la acc ión de
inconst ituc ional idad, es un medio de
control constitucional .
Esto quiere dec ir , que se ubica
dentro de los s i stemas o
procedimientos mediante los cuales , se
pretende conseguir e l cumpl imiento de
la norma const ituc ional ; es decir que
los medios de control const ituc ional ,
son mecanismos a través de los cuales
se confrontan los actos de autor idad,
de la natura leza que sea ( leyes ,
tratados internac ionales , reglamentos ,
sentencias , actos administrat ivos , etc . )
con la norma const ituc ional .
A muy grandes rasgos podemos
decir que los medios de control
const ituc ional se d iv iden en aquél los
que se e jercen por organismos
pol ít icos (como lo fue e l que e jerc ió e l
Supremo Poder Conservador
contemplado en las Leyes
Const ituc ionales de 1936) y aquél los
otros cuya resoluc ión se conf ía a un
órgano judicia l .
Desde luego que las acc iones de
inconst ituc ional idad son un medio de
control de const ituc ional idad conf iado
a un órgano de natura leza judic ia l ,
junto con e l ju ic io de amparo y las
controvers ias const ituc ionales que, por
supuesto, también const ituyen medios
de control const ituc ional e jerc idos por
órganos de carácter judic ia l .
Ahora, los medios de control
const ituc ional e jerc idos por órganos
judic ia les , a su vez , suelen subdiv idirse
en los que se e jercen por vía de
acción ( S i stema Europeo) y los que se
e jercen por vía de excepción ( S i stema
Americano) .
La d ist inc ión que ex iste entre
estas dos formas de control , estr iba en
la manera en que se p lantea e l
problema const ituc ional y en e l órgano
que conoce de e l las .
Sistema Europeo: En este medio
de control de const ituc ional idad, se
promueve un verdadero proceso o
procedimiento de carácter judic ia l en
re lac ión con la ley impugnada de
inconst ituc ional . En otras pa labras ,
ex iste una acc ión cuyo e jerc ic io puede
ser intentado por los part iculares o
por a lgunas ent idades públ icas , y que
normalmente se p lantea ante un
Tr ibunal ad hoc denominado Tribunal
Constitucional , quien es e l encargado
de ver if icar s i la norma combatida
atenta o no contra e l texto
const ituc ional y que por lo genera l ,
está facultado para declarar la
inconst ituc ional idad de leyes con
efectos erga omnes .
Sistema Americano: Por e l
contrar io , la segunda forma de
plantear e l proceso const ituc ional , es
decir , por v ía de excepción, supone la
37
Sección Científica
existencia previa de un proceso
entablado ante un tr ibunal ordinar io ,
en e l curso del cua l , una de las partes
interesadas aduce que se le pretende
apl icar una ley inconst ituc ional . En
esta s i tuac ión, la parte que t iene ta l
pretens ión inserta en e l proceso
ordinar io la excepción de
inconst i tuc ional idad para e l efecto de
que la ley no le sea apl icada por ser
contrar ia a la Const ituc ión, en cuyo
caso, cua lquier juez está habi l i tado
para rea l izar e l correspondiente ju ic io
de const ituc ional idad, con
independencia de que se prevea la
ex istencia de recursos extraordinar ios
para e levar la l i t i s const ituc ional a l
conocimiento de tr ibunales de
jerarquía super ior .
Cur iosamente nuestra
Const ituc ión fue concebida en 1917
para operar a la manera del s i stema
americano, ta l y como lo evidencia la
redacc ión del art ículo 133
(v is ib lemente inf luenciado por la
Const ituc ión norteamericana) . No
obstante, en la actual idad todos los
medios de control const ituc ional
judic ia les en nuestro país , se e jercen
por v ía de acc ión y de manera
concentrada, esto es , a la usanza
europea y , por supuesto, la acc ión de
inconst ituc ional idad no es la
excepción.
Pero e l s i stema europeo supone
también, como decíamos, la ex istencia
de un órgano judic ia l especia lmente
encargado de ver if icar que todas las
normas se apeguen a l texto de la
Const ituc ión, y a l que se le suele
denominar Tr ibunal Const ituc ional .
En ese sent ido, la act iv idad del
Tribunal Constitucional se ocupa
únicamente de resolver las cuest iones
re lat ivas a l cumpl imiento de la
Const ituc ión; es dec ir que sus
dec is iones t ienen que estar refer idas
invar iablemente a la Const ituc ión. E l
ámbito jur isdicc ional del Tr ibunal
Const ituc ional es , pues , la ver i f icac ión
de la const ituc ional idad o
inconst ituc ional idad de las normas
secundar ias , cuyo punto de part ida y
f in ú lt imo lo const ituye la propia
Const ituc ión.
Por e l contrar io , los Tribunales
de Legal idad ( como lo son todos
nuestros juzgados y tr ibunales del
orden común) , se ocupan de examinar
la exacta apl icac ión de la ley , pero s in
pronunciarse jamás respecto de su
adecuación o disconformidad con la
Const ituc ión.
Aquí cabe preguntarse s i nuestra
Suprema Corte de Just ic ia es o no un
verdadero Tr ibunal Const ituc ional ,
porque s i b ien es verdad que a part ir
de la reforma de 1994 se le pretendió
dar ese carácter y concentrar en e l la e l
control de la const ituc ional idad de las
leyes , lo c ierto es que a más de que
está inserta dentro del Poder Judic ia l
( lo cua l no suele ser común en los
países que s iguen e l s i stema europeo
en pur idad) , aún conserva a lgunas de
sus competencias en mater ia de
lega l idad, como lo son las
contradicc iones de tes is , a lgunos
38
Sección Científica
conf l ictos competencia les susc itados
entre Tr ibunales Colegiados y a lgunos
inc identes re lat ivos a la e jecuc ión de
las sentencias de amparo.
Por ú lt imo, resulta importante
refer irnos aquí a la razón por la cua l
d i j imos que la acc ión de
inconst ituc ional idad es un medio de
control abstracto de la
const ituc ional idad.
La d ist inc ión entre control
abstracto y control concreto de
const ituc ional idad, surge en la
doctr ina germana, para contraponer
las dos modal idades de control
e jerc idos por e l Tr ibunal Const ituc ional
A lemán.
E l sistema abstracto , es un
control de la const ituc ional idad de una
ley l levado a cabo a instancias de
c iertos órganos públ icos y
completamente a l margen de todo caso
concreto y de la apl icac ión que haya
podido tener esa ley ; la que aveces no
se ha apl icado s iquiera . Esto es , se
trata de un control que se e jerce en
defensa misma de la Const ituc ión,
independientemente de que la ley
impugnada haya generado ya un
agravio o no.
Por e l contrar io , e l sistema
concreto es un control de la
const ituc ional idad de las leyes que
normalmente se e jerce con motivo de
un caso concreto dentro del cua l surge
la duda respecto a s i la ley que se le
pretende apl icar o que ya se le apl icó a
una persona pr ivada u órgano públ ico,
es const ituc ional o no, por lo que
necesar iamente requiere de un agravio
o de una intromis ión competencia l ,
previa a su interposic ión.
En s íntes is , mientras que en e l
control concreto la apl icac ión a l caso
part icular de la ley impugnada juega
un papel importante, en e l control
abstracto e l lo no reviste n inguna
importancia ; de ahí que, por regla
genera l , en e l control concreto se
requiera de un agravio personal y
d irecto o, por lo menos, de una
invas ión de t ipo competencia l , en
tanto que en e l control abstracto e l lo
t iene sólo un interés secundar io.
As í pues , como di j imos desde un
in ic io , la acc ión de
inconst ituc ional idad es un control
judic ia l de const ituc ional idad, de
carácter abstracto, porque se p lantea
única y exc lus ivamente en defensa de
la Const ituc ión.
V. D IFERENC IAS ENTRE LA ACC IÓN DE
INCONST ITUC IONAL IDAD Y OTROS MED IOS DE
CONTROL CONST ITUC IONAL
A. Entre la Acción de
Inconstitucional idad y el Amparo
Contra Leyes
1) El amparo puede ser promovido por
cualquier part icular , esto es , por
cualquier persona f í s ica o moral ,
nac ional o extranjera , que dentro
del terr i tor io nac ional res ienta
a lgún agravio causado con motivo
de un acto de autor idad; en tanto
que la acc ión de
inconst ituc ional idad sólo puede ser
39
Sección Científica
promovida por los entes públ icos a
que se ref iere e l art ículo 105,
fracc ión I I , de la Const ituc ión.
2) El amparo contra leyes requiere de
un agravio personal y d irecto, en
tanto que la acc ión de
inconst ituc ional idad no requiere de
e l lo toda vez que, como lo
señalábamos con anter ior idad, se
trata de un medio de control
abstracto de la const ituc ional idad.
3) Están facultados para conocer del
amparo: los Jueces de Distr i to, los
Tr ibunales Colegiados, la Suprema
Corte y en a lgunos casos muy
especia les , los juzgados y tr ibunales
del orden común, cada uno en sus
respect ivas competencias ; en tanto
que de la acc ión de
inconst ituc ional idad só lo puede
conocer la Suprema Corte de
Just ic ia de la Nac ión.
4) Por lo que hace a los efectos de la
sentencia , en e l ju ic io de garant ías
opera e l pr inc ipio de re lat iv idad o
la l lamada “C láusula Otero” , por lo
que la sentencia concesor ia del
amparo só lo tendrá e l efecto de
proteger a l promovente del ju ic io .
Por e l contrar io , en las acc iones de
inconst ituc ional idad la Suprema
Corte está facultada para dec larar
la inconst ituc ional idad de la ley
impugnada con efectos erga omnes .
B. Entre la Acción de
Inconstitucional idad y las
Controversias Constitucionales
S i b ien es c ierto que la controvers ia
const ituc ional y la acc ión de
inconst ituc ional idad son medios de
control const ituc ional que se p lantean
en un ju ic io uninstancia l , d irectamente
ante la Suprema Corte de Just ic ia , y
que pueden ser promovidas só lo por
los entes públ icos que señala e l
art ículo 105 const ituc ional :
1) En la controvers ia const ituc ional ,
instaurada para garant izar e l
pr inc ipio de div is ión de poderes , se
p lantea una invas ión de las esferas
competencia les establec idas en la
Const ituc ión, en tanto que en la
acc ión de inconst ituc ional idad se
a lega una contradicc ión entre la
norma impugnada y la Ley
Fundamental .
2) La controvers ia const ituc ional
puede ser p lanteada por la
Federac ión, los Estados, los
Munic ipios y e l D istr i to Federa l , a
d iferencia de la acc ión de
inconst ituc ional idad que puede ser
promovida por e l Procurador
Genera l de la Repúbl ica , los
part idos pol í t icos y e l 33%, cuando
menos, de los integrantes del
órgano legis lat ivo que haya
expedido la norma.
3) Tratándose de la controvers ia
const ituc ional , e l promovente
plantea la ex istencia de un agravio
en su per ju ic io , en tanto que en la
acc ión de inconst ituc ional idad se
e leva una so l ic i tud para que la
Suprema Corte rea l ice un anál i s i s
abstracto de la const ituc ional idad
de la norma.
4) Respecto de la controvers ia
const ituc ional , se rea l iza todo un
proceso (demanda, contestac ión de
demanda, pruebas , a legatos y
sentencia ) , mientras que en la
40
Sección Científica
acción de inconst ituc ional idad se
vent i la un mero procedimiento.
5) En la controvers ia const ituc ional no
pueden impugnarse leyes que
versen sobre mater ia e lectora l , en
tanto que la acc ión de
const ituc ional idad const ituye la
única v ía para p lantear la
inconst ituc ional idad de las leyes
e lectora les .
6) Por lo que hace a los actos cuya
inconst ituc ional idad puede
plantearse, en la controvers ia
const ituc ional pueden impugnarse
normas genera les y actos , mientras
que la acc ión de
inconst ituc ional idad só lo procede
por lo que respecta a normas
genera les .
7) Los efectos de la sentencia dictada
en la controvers ia const ituc ional ,
tratándose de normas genera les ,
cons ist i rán en dec larar la inva l idez
de la norma con efectos genera les
s iempre que se trate de
dispos ic iones de los Estados o de
los Munic ip ios impugnados por la
Federación, de los Munic ip ios
impugnados por los Estados, o bien,
en conf l ictos con órganos de
atr ibución (del mismo nivel ) y
s iempre que la sentencia haya s ido
aprobada cuando menos por una
mayoría de ocho Ministros ;
mientras que en la acc ión de
inconst ituc ional idad para que la
sentencia tenga efectos genera les ,
só lo se requiere que ésta sea
aprobada por ocho Ministros .
VI . Ámbito de Tutela
Hasta aquí hemos señalado
re iteradamente que las acc iones de
inconst ituc ional idad proceden en
contra de normas genera les ; s in
embargo, va le la pena anal izar con más
deta l le e l ámbito de tutela de este
medio de control const ituc ional .
a) Leyes Federales, Estatales o del
Distr ito Federal
Por pr inc ipio de cuentas , es
menester dec ir que la acc ión de
inconst ituc ional idad procede en contra
de leyes tanto loca les como federa les ,
y también del D istr i to Federa l .
Cabe señalar que la
interpos ic ión de la acc ión puede darse
(y de hecho sucede con frecuencia ) aún
cuando todavía no haya entrado en
v igor la norma, pero s iempre y cuando
ya haya conclu ido e l proceso
legis lat ivo y , por ende, ya se haya
publ icado la norma en e l medio of ic ia l
correspondiente.
Lo que no puede susc itar dudas
es que sólo las leyes formalmente
ta les , están sujetas a l control de la
acc ión de inconst ituc ional idad.
E l lo , desde luego, exc luye a los
reglamentos administrat ivos tanto
loca les como federa les ; a los
reglamentos , bandos, c i rculares y
demás normas genera les expedidas por
los Munic ipios y , pos ib lemente,
también a las normas con fuerza de ley
que, por delegación extraordinar ia y
excepcional del Congreso de la Unión,
puede aprobar e l E jecut ivo en las dos
hipótes is previstas en e l art ículo 49
41
Sección Científica
const ituc ional , es dec ir , la s i tuac ión de
emergencia a que se ref iere e l art ículo
29, y las normas emit idas en mater ia de
comercio exter ior , de conformidad con
e l art ículo 131, ambos de la misma
Const ituc ión Federa l .
Lo que s í podría ser objeto de
este control de const ituc ional idad, son
las “prevenciones genera les” del
decreto de suspensión de garant ías a
que se ref iere e l mismo art ículo 29
const ituc ional , cuando éstas sean
aprobadas por e l Congreso de la Unión.
b) Constituciones Locales
No dejó de ex ist i r quien pensara
que la acc ión de inconst ituc ional idad
no procedía en contra de estas normas
en v irtud de ser expedidas por e l
Const ituyente Permanente Loca l y no
por la Legis latura , caso que no está
contemplado expresamente dentro de
los supuestos previstos en la fracc ión I I
del art ículo 105 const ituc ional , y
además, por cons iderar que con e l lo se
podría vulnerar e l pr inc ipio de
soberanía estata l .
A l respecto, la Suprema Corte
señaló que la Const ituc ión Federa l no
exc luyó de este medio de control
const ituc ional a las normas que
conforman una Const ituc ión loca l , y
que tampoco se desprende que ex ista
razón a lguna para hacer lo as í .
Además, expresó que de
est imarse que las Const ituc iones de los
Estados de la Repúbl ica no pueden ser
anal izadas por esta v ía , impl icar ía que
estos ordenamientos loca les pudieran
escapar del control abstracto de
const ituc ional idad, y desde luego, se
trata de normas subordinadas a la
Const ituc ión Federa l , pues conforme a
los art ículos 40, 41 y 133
const ituc ionales , este Ordenamiento es
la Ley Suprema de toda la Unión, y s i
b ien los Estados son l ibres y soberanos
en todo lo concerniente a su régimen
inter ior , sus Const ituc iones en ningún
caso podrán contravenir las
est ipulac iones del Pacto Federa l .
Por ú lt imo, en lo que respecta a
la legit imación en tratándose de la
impugnación de este t ipo de normas, la
Corte establec ió tres reglas de suma
importancia :
1. Que t ienen legit imación para
promover la e l 33% de los
integrantes de la Legis latura
correspondiente, s in tomarse en
cons iderac ión a los
Ayuntamientos Munic ipa les ,
cuando de conformidad con la
Const ituc ión loca l éstos deban
intervenir en e l proceso de
reforma const ituc ional ;
2. Que los D iputados loca les que
conformen dicho 33% t ienen
legit imación para promover esta
acc ión, aun cuando no hubieren
votado en contra de la adic ión o
reforma a la Const ituc ión loca l ,
y
3. Que igualmente t ienen
legit imación para promover la ,
dentro del p lazo legal , los
D iputados integrantes de una
nueva Legis latura loca l , cuando
la que expidió la norma genera l
42
Sección Científica
impugnada ya concluyó su
encargo.
c) Tratados Internacionales
Las acc iones de inconst ituc ional i
dad también proceden en contra de
tratados internac ionales que atenten o
vayan en contra del texto
const ituc ional .
Dado que e l art ículo 105
const ituc ional só lo hace referencia a
los tratados internac ionales , cabe
ref lex ionar s i a través de esta v ía
también se pueden impugnar las actas ,
acuerdos e jecut ivos , arreglos , conven
c iones , convenios , dec larac iones ,
estatutos , pactos , protocolos , regla
mentos y demás instrumentos de
carácter internac ional que suscr iba
nuestro país .
Aún cuando la Suprema Corte de
Just ic ia no se ha pronunciado todavía
sobre e l part icular , est imamos que s i
d ichos instrumentos han s ido
incorporados a l ordenamiento nacional
a través del procedimiento señalado
por e l art ículo 133 const ituc ional , es
decir , que hayan s ido ce lebrados por e l
Pres idente de la Repúbl ica con la
aprobación del Senado, s í podrán ser
objeto de una acc ión de inconst i
tuc ional idad, independientemente de
la denominación que se les dé.
No está por demás señalar que
s i b ien e l control a poster ior i de estos
instrumentos internac ionales a través
de la acc ión de inconst ituc ional idad
puede resultar út i l en e l ámbito
interno, lo c ierto es que la
correspondiente declarac ión de
inconst ituc ional idad l levada a cabo por
la Suprema Corte en esta v ía , no le
resta va lor jur íd ico a l tratado
internac ional frente a la comunidad
internac ional , pues una vez rat i f icado
e l tratado internac ional , no hay forma
de destruir n i la v inculac ión
internac ional del propio Estado, n i
tampoco la cons iguiente responsabi l i
dad por su incumpl imiento, pese a que
atente f lagrantemente en contra de
nuestro texto const ituc ional .
Por e l lo , pensamos que debería
inc lu irse en nuestro derecho, como ya
se hace en muchos otros países
(España, A lemania , Francia , Portugal ,
Colombia , Costa R ica , Bol iv ia , Es lovenia
y Andorra ) , un s i stema o
procedimiento de c o n tr o l p r e v i o d e l a
c o n s t i tu c i o n a l i d a d d e l o s t r a ta d o s
i n t e r n a c i o n a l e s mediante e l cua l , la
máxima autor idad judic ia l de nuestro
país , juzgue sobre la adecuación del
instrumento internac ional a las normas
internas antes de que éste sea suscr ito
y rat i f icado, determinando as í de
antemano s i contraviene o no a lguna
norma const ituc ional .
d) Leyes Electorales
Mención especia l merece la
impugnación de leyes e lectora les a
través de la acc ión de
inconst ituc ional idad.
Como dejamos asentado desde
un in ic io , la reforma const ituc ional de
1994 que introdujo a nuestro derecho
las acc iones de inconst ituc ional idad,
exc luyó de este medio de control
const ituc ional a las leyes de carácter
43
Sección Científica
electora l ; s in embargo, como también
di j imos, la reforma de 1996 v ino a abr ir
la v ía de las acc iones de
inconst ituc ional idad en contra de estas
normas, establec iéndose expresamente
que éste es e l único medio para
impugnar su const ituc ional idad.
A este respecto, lo pr imero que
hay que preguntarse es qué debe
entenderse por “ l e y e l e c t o r a l ” .
A l lá por e l año de 1995, cuando
todavía estaba v igente la prohibic ión
de que la Suprema Corte de Just ic ia
conociese de la const ituc ional idad de
las leyes e lectora les , se presentó ante
ese A lto Tr ibunal una acc ión de
inconst ituc ional idad, la 1/95 , en la que
los promoventes argumentaban la
contravención de a lgunos preceptos de
la Ley de Part ic ipación C iudadana del
D istr i to Federa l con la Norma
Fundamental y , para cuya procedencia ,
se tuvo que determinar e l sent ido y
a lcances del término “ m a te r i a e l e c t o r a l ” .
La votac ión estuvo muy
div idida, s in embargo, f ina lmente e l
P leno de la Suprema Corte de Just ic ia
l legó a la conclus ión de que por “ l e y e s
e l e c t o r a l e s ” , debían entenderse aquél las
normas de carácter genera l que
establecen e l régimen conforme a l cua l
se logra la e lecc ión o nombramiento, a
través del voto de los c iudadanos y
dentro de un proceso democrát ico, de
las personas que han de fungir como
t itu lares de órganos de poder
representat ivos del pueblo, a n ive l
federa l , estata l , munic ipa l o del
D istr i to Federa l .
Pero aún hay más problemas por
resolver . Por pr inc ipio de cuentas , es
menester di luc idar s i todos los
preceptos contenidos en una ley
denominada por e l legis lador como “ ley
e lectora l ” , por e l s imple hecho de estar
contenidos en e l la , deben est imarse de
natura leza e lectora l y , por ende,
impugnables únicamente a través de
una acc ión de inconst ituc ional idad o s i ,
por e l contrar io , es pos ib le encontrar
d ispos ic iones o preceptos que no sean
e lectora les , dentro de una “ l e y
e l e c t o r a l ” .
Igualmente, hay que determinar
s i pueden ex ist i r preceptos de
natura leza e lectora l en otro t ipo de
ordenamientos genera les , esto es , en
leyes que no sean propiamente
e lectora les o que no hayan s ido
denominadas as í por e l legis lador , ya
que también de este hecho dependerá
la pos ibi l idad de impugnar los mediante
e l amparo, o bien, restr ingir su
impugnación únicamente a través de
una acc ión de inconst ituc ional idad.
Como se puede notar , n inguna
de estas cuest iones resulta senci l la .
En e l mes de febrero de 1999, la
Corte resolv ió la acc ión de
inconst ituc ional idad 10/98 promovida
por dos Diputados integrantes de la
LXVI I I Legis latura del Congreso del
Estado de Nuevo León.
En este asunto, se p lanteaba la
inconst ituc ional idad de c iertos
preceptos de la Ley del Serv ic io
Profes ional E lectora l de dicho Estado
y , en este caso, a l igual que en la
44
Sección Científica
acción de inconst ituc ional idad 1/95 ,
también resultaba importante
determinar s i las d ispos ic iones
combatidas eran o no de natura leza
e lectora l dado que, a pesar de que de
e l lo no dependía la procedencia de la
acc ión pues , para esas fechas , ya no
subs ist ía la prohibic ión de que la Corte
se avocase a l conocimiento de la
const ituc ional idad de leyes e lectora les ,
había que def in ir esta cuest ión en
v irtud de que la Ley Reglamentar ia de
las Fracc iones I y I I del Art ículo 105 de
la Const ituc ión Pol í t ica de los Estados
Unidos Mexicanos, establece un trámite
especia l y sens ib lemente dist into a l
ordinar io en tratándose de la
impugnación de leyes e lectora les .
Pero lo importante aquí es que,
a l resolver esta acc ión, se di jo que para
efectos de las acc iones de
inconst ituc ional idad, las normas
genera les e lectora les no ser ían só lo las
que establecen e l régimen normativo
de los procesos e lectora les y que e l
legis lador ha denominado as í , s ino que,
además, debían cons iderarse como
ta les aquel las otras que, aunque no
estuviesen directamente re lac ionadas
con e l proceso e lectora l , se
encontraran insertas en este t ipo de
ordenamientos y , as imismo, las que
encontrándose en ordenamientos no
e lectora les , tuviesen re lac ión con e l
proceso e lectora l . Ba jo esta premisa ,
la e jecutor ia conc luyó dic iendo que:
“ c u a l q u i e r d i s p o s i c i ó n d e c a r á c t e r e l e c t o r a l ,
c o n i n d e p e n d e n c i a d e l a m a ter i a e s p ec í f i c a
q u e r eg u l e , s e r á c o n s i d e r a d a c o m o e l e c t o r a l
p a r a l o s e f e c t o s d e l a a c c i ó n d e
i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d ” .
Nótese la forma en que se
ampl ió aquí e l concepto de “ ley
electoral” pero, a l mismo t iempo,
c ircunscr ib iéndolo só lo a las acc iones
de inconst ituc ional idad, pues de otro
modo, es dec ir , de ut i l i zarse este
nuevo concepto para efectos del ju ic io
de amparo, se restr ingir ía
enormemente la procedencia del
mismo, con e l cons iguiente per ju ic io
para los part iculares , habida cuenta
que e l amparo no procede en contra de
las leyes e lectora les .
Por ú lt imo, dada la ex istencia de
c iertas d ispos ic iones que, aun cuando
son de natura leza netamente e lectora l ,
pueden inc idir en la esfera jur íd ica de
los gobernados y afectar sus derechos
pol í t icos o , inc luso, sus garant ías
indiv iduales ; no está por demás
refer irnos aquí a la problemática que
plantea e l d i luc idar s i en su contra es o
no procedente e l ju ic io de amparo,
porque, como lo dice la propia
Const ituc ión, a la acc ión de
inconst ituc ional idad só lo pueden
acceder los su jetos y órganos públ icos
específ icamente determinados en la
fracc ión I I de l art ícu lo 105
const ituc ional y , en cambio, a l ju ic io
de garant ías puede ocurr ir cualquier
indiv iduo que, en e l terr itor io
nac ional , vea afectados sus derechos
fundamentales .
Sobre este part icular , hay que
hacer referencia a l amparo en revis ión
promovido por una empresa te levis iva
de Baja Ca l i fornia en contra de los
art ículos 5º , párrafo cuarto, de la
Const ituc ión Pol í t ica del Estado y 73 ,
fracc ión I I , de la Ley de Inst i tuc iones y
45
Sección Científica
Procesos E lectora les de esta Ent idad
que, substancia lmente señalan, que los
part idos pol í t icos deberán disponer de
t iempos “ en f o r m a i g u a l i ta r i a ” en los
medios de comunicac ión para
part ic ipar en los debates públ icos .
No ex iste duda a lguna respecto
de la natura leza e lectora l de las
d ispos ic iones combatidas . Empero,
como decíamos, se p lanteó aquí la
cuest ión re lat iva a s i un part icular
podía impugnar a través del amparo
una norma genera l de carácter
e lectora l , cuando con e l lo se podrían
ver afectadas sus garant ías indiv iduales
pues , ev identemente, la empresa
te levis iva consideraba que estas
normas “ i n j u s ta m e n te ” la obl igaban a
tomar medidas pert inentes , a efecto
de que todos los candidatos en una
e lecc ión loca l contasen con e l mismo
“ t i e m p o a i r e ” , o sea , iguales per íodos
durante las proyecciones de dicho
medio masivo de comunicac ión, s in que
necesar iamente se le debiese entregar
la retr ibución que e l lo importaba, con
e l consecuente per ju ic io en sus
act iv idades propias y , sobre todo, en
sus intereses económicos .
Cur ioso en verdad resultó este
asunto pues c iertamente, h izo pensar
a l Tr ibunal P leno en la pos ibi l idad de
que, con e l argumento de que se trata
de una dispos ic ión e lectora l , se h ic iese
nugator ia la defensa de los derechos
fundamentales del gobernado.
En la ses ión en que se discut ió
por pr imera vez ese asunto, e l Ministro
Mar iano Azuela Güitrón puso a lgunos
e jemplos . E l Ministro pidió que se
imaginase e l precepto de una ley
e lectora l que di jese, que en t iempos de
campaña e lectora l no se contestar ían
las pet ic iones que formulasen los
gobernados; o bien, otro que di jese
que, durante los tres meses anter iores
a una e lecc ión, no se podrían difundir
programas ideológicos sobre la forma
de gobernar la nac ión. No hay duda de
que, en estos casos , se estar ía
atentando f lagrantemente contra e l
derecho de pet ic ión y e l derecho a la
l ibre expres ión de las ideas , pese a
que, efect ivamente, se trata de normas
que def in it ivamente son de natura leza
eminentemente e lectora l .
Los i lustradores e jemplos del
Ministro Azuela y los argumentos de los
demás Ministros , f ina lmente hic ieron
l legar a l P leno a la conclus ión de que,
efect ivamente, en c iertos casos muy
especia les debería aceptarse la
procedencia del amparo en contra de
una ley e lectora l , pues se cons ideró
que, de no ser as í , los part iculares
quedar ían indefensos frente a leyes
que, pese a ser de natura leza e lectora l ,
f lagrantemente afectan sus derechos
indiv iduales .
Hay otro punto que hasta ahora
he sos layado, pero que también reviste
una importancia trascendenta l , y es e l
re lat ivo a s i e l Tr ibunal E lectora l t iene
facultades para declarar impl íc i ta
mente que una ley e lectora l atenta
contra e l texto const ituc ional y , por
ende, se debe dejar de apl icar en un
determinado caso concreto o s i , por e l
contrar io , d icha facultad le está
46
Sección Científica
atr ibuida de manera exc lus iva a la
Suprema Corte de Just ic ia de la Nac ión.
Esta cuest ión se p lanteó a través
de una contradicc ión de tes is que
promovió e l propio Tr ibunal E lectora l
ante la Corte en términos del art ículo
99 const ituc ional , prec isamente entre
los cr i ter ios que hasta esa fecha habían
venido sustentando estos Tr ibunales y
que resultaban antagónicos , pues
mientras que e l Tr ibunal E lectora l
sostenía que s í estaba facultado para
anal izar la const ituc ional idad de una
ley e lectora l con motivo de la
apl icac ión que se h ic iera de la misma
en un caso concreto que le fuera
sometido, la Corte desde t iempo atrás ,
había señalado que la Const ituc ión
Federa l no autor izaba e l control d ifuso
de la const ituc ional idad y que, por
tanto, los únicos facultados para
dec larar la inconst ituc ional idad de una
ley eran los Juzgados de Distr i to, los
Tr ibunales Colegiados y la propia
Suprema Corte de Just ic ia .
Sobre este part icular y después
de un largo debate por la repercus ión
que e l cr i ter io podía tener respecto de
las atr ibuc iones y facultades del
Tr ibunal E lectora l , la Suprema Corte
resolv ió lo s iguiente:
Señaló que en e l art ículo 105
fracc ión I I const i tuc ional y su Ley
Reglamentar ia , se dispone que las leyes
e lectora les federa l y loca les deben
promulgarse y publ icarse cuando
menos 90 días antes de que in ic ie e l
proceso e lectora l en que vayan a
apl icarse y que durante éste no pueden
someterse a modif icac iones fundamen
ta les ; y as í mismo, se establece e l
s i stema de su impugnación, conforme
a l cua l la única v ía para p lantear la no
conformidad de dichas leyes con la
Const ituc ión es la acc ión de
inconst ituc ional idad, que puede
promoverse dentro de los 30 días
natura les s iguientes a la fecha de la
respect iva publ icac ión, y que la única
autor idad competente para conocer y
resolver dichas acc iones es la Suprema
Corte de Just ic ia de la Nac ión, las que
deben tramitarse y resolverse en
plazos breves , a f in de que e l
legis lador esté en pos ibi l idad de l levar
a cabo las modif icac iones pert inentes ,
en caso de que la norma impugnada
sea declarada inconst ituc ional .
Por tanto, se di jo que e l
Tr ibunal E lectora l del Poder Judic ia l no
puede, en ningún caso, pronunciarse
acerca de la const ituc ional idad de
leyes e lectora les , por no ser
impugnables ante é l con motivo de los
actos y resoluc iones en los que se
hubieran apl icado, porque por un lado,
en atención a su natura leza , en cuanto
a que están dest inadas a regir un
proceso e lectora l , es impresc indible
part ir de su f i rmeza, ya que de otra
forma se vulnerar ía e l equi l ibr io del
proceso e lectora l , pues no ser ía lógico
que conforme a un s i stema de
cont ienda e lectora l entre part idos
pol í t icos , se cuest ionara la
const ituc ional idad de una norma
re lat iva a ese proceso con motivo de
actos y resoluc iones producidos en é l ;
y por e l otro, que está fuera de las
facultades de ese tr ibunal cotejar la
47
Sección Científica
norma e lectora l frente a la
Const ituc ión, aún a pretexto de
determinar su pos ib le inapl icac ión.
e) Omisiones Legis lativas
S i como hasta aquí se ha
señalado, la acc ión de
inconst ituc ional idad procede, además
de en los tratados internac ionales , en
contra de actos legis lat ivos , cabe
preguntarse s i también puede
proceder en contra de la omis ión de un
órgano legis lat ivo, federa l o loca l , para
emit ir una determinada norma o
conclu ir con e l proceso legis lat ivo
respect ivo.
A este respecto lo único que ha
dicho la Suprema Corte, es que a través
de este medio de control no pueden
impugnarse actos de carácter negat ivo
de los Congresos de los Estados, como
lo puede ser la omis ión de aprobar la
in ic iat iva de reformas a la Const ituc ión
loca l , ya que e l lo no const ituye una
“norma genera l ” que se haya
promulgado ni publ icado y , de acuerdo
con e l art ículo 61 de la LR105, es
indispensable que a l presentar la
demanda respect iva se señale e l medio
of ic ia l de publ icac ión de la norma
genera l impugnada, de donde se s igue
que e l acto impugnado necesar iamente
debe ser una norma genera l que ya
haya s ido publ icada en e l medio of ic ia l
correspondiente.
f ) Reformas a la Constitución Federal
Problema de s ingular
envergadura lo const ituye e l
determinar s i es pos ib le impugnar a
través de esta v ía o de a lgún otro
medio de control const ituc ional , una
reforma a la propia Const ituc ión.
En pr inc ipio, es c laro que no
procede ni la acc ión de
inconst ituc ional idad, n i n ingún otro
medio de control const ituc ional , en
contra del texto mismo de una reforma
a la Const ituc ión, puesto que se trata ,
de igual manera, de una norma
const ituc ional .
S in embargo, la Suprema Corte ha
determinado que cuando se impugna e l
proceso de reforma const ituc ional , no
es la Carta Magna, s ino los actos que
integran e l procedimiento legis lat ivo
que culmina con su reforma, lo que se
pone en te la de ju ic io . En
consecuencia , s i b ien es c ierto que e l
contenido del d ispos it ivo
const ituc ional reformado resulta
in impugnable , s í es atacable e l proceso
de reforma correspondiente.
Empero, este cr iter io fue emit ido a l
resolverse un ju ic io de amparo en e l
que precisamente se atacaba de
inconst ituc ional d icho proceso (e l
famoso amparo promovido por e l
exregente capita l ino, Manuel Camacho
Sol í s ) , por lo que cabe preguntarse s i
se adoptará la mismo regla para las
acc iones de inconst ituc ional idad o no.
En rea l idad es dif íc i l que se adopte
e l mismo cr iter io dado que la h ipótes is
en la cua l se atacan los actos del Poder
Reformador de la Const ituc ión Federa l ,
no está prevista dentro de los
supuestos contemplados por e l art ículo
105, fracc ión I I , const ituc ional , por lo
48
Sección Científica
que a pesar de lo que se di jo en
tratándose de las Const ituc iones
loca les , es previs ib le que en este caso
part icular no se s iga la misma pauta.
VI I . SUJETOS LEG IT IMADOS
De acuerdo con la fracc ión I I de l
art ículo 105 const ituc ional , están
legit imados para e jerc itar una acc ión
de inconst ituc ional idad:
i. El equiva lente a l 33% de los
integrantes de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión,
en contra de leyes federa les o del
D istr i to Federa l expedidas por e l
Congreso de la Unión;
ii. El equiva lente a l 33% de los
integrantes del Senado, en contra
de leyes federa les o del D istr i to
Federa l expedidas por e l Congreso
de la Unión o de tratados
internac ionales ce lebrados por e l
Estado Mexicano;
iii. El Procurador Genera l de la
Repúbl ica , en contra de leyes de
carácter federa l , estata l y del
D istr i to Federa l , as í como de
tratados internac ionales ce lebrados
por e l Estado Mexicano;
iv. El equiva lente a l 33% de los
integrantes de a lguno de los
órganos legis lat ivos estata les , en
contra de leyes expedidas por e l
propio órgano;
v. El equiva lente a l 33% de los
integrantes de la Asamblea
Legis lat iva del D istr i to Federa l , en
contra de leyes expedidas por la
propia Asamblea, y
vi. Los part idos pol í t icos con registro
ante e l Inst i tuto Federa l E lectora l ,
por conducto de sus dir igencias
nac ionales , en contra de leyes
e lectora les federa les o loca les ; y los
part idos pol í t icos con registro
estata l , a través de sus dir igencias ,
exc lus ivamente en contra de leyes
e lectora les expedidas por e l órgano
legis lat ivo del Estado que les otorgó
e l registro.
Avoquémonos ahora a desmenuzar e l
texto const ituc ional .
Por pr inc ipio podemos decir que
están facultados para promover este
medio de control const ituc ional ,
bás icamente:
a) Las minor ías par lamentar ias ;
b) Los part idos pol í t icos con
registro federa l o estata l , y
c) El Procurador Genera l de la
Repúbl ica .
S in embargo, no todos los
su jetos legit imados para promover una
acc ión de inconst ituc ional idad pueden
plantear la en contra de cualquier ley ,
s ino que su legit imación var ía en
función de la natura leza de la norma
que se pretende impugnar . As í ,
tenemos que:
a) La impugnación de leyes federa les
puede ser promovida:
i . Por e l 33% de los D iputados;
i i . Por e l 33% de los Senadores ;
i i i . Por e l Procurador Genera l de la
Repúbl ica , y
49
Sección Científica
iv . Por los part idos pol í t icos con
registro federa l , s i se trata de
leyes de natura leza e lectora l .
b) Las leyes loca les pueden ser
impugnadas :
i . Por e l 33% de los D iputados de
la Legis latura loca l que
corresponda;
i i . Por e l Procurador Genera l de la
Repúbl ica , y
i i i . Por los part idos pol í t icos con
registro federa l o por aquél los
que sólo tengan registro en e l
Estado de que se trate, s iempre
y cuando se impugne una ley
e lectora l .
c) De igual manera, las leyes
expedidas por la Asamblea
Legis lat iva del D istr i to Federa l
pueden ser impugnadas :
i . Por e l 33% de los Integrantes de
la propia Asamblea;
i i . Por e l Procurador Genera l de la
Repúbl ica , y
i i i . Por los part idos pol í t icos con
registro federa l o por aquel los
que sólo tengan registro ante e l
Inst i tuto E lectora l del D istr i to
Federa l , s iempre que se trate de
la impugnación de una ley
e lectora l .
d) Y f ina lmente, los tratados
internac ionales pueden ser
impugnados:
i . Por e l 33% de los Senadores ,
y
i i . Por e l Procurador Genera l de
la Repúbl ica .
Como bien se puede advert ir , la
acc ión de inconst ituc ional idad está
diseñada para proteger sobre todo a
las minor ías par lamentar ias y , en
segundo término, a los part idos
pol í t icos por lo que hace a la
impugnación de leyes de natura leza
e lectora l , s in per ju ic io de la
important ís ima intervención que le
corresponde a l Procurador Genera l de
la Repúbl ica , quien es e l único
facultado para impugnar cualquier
norma genera l a través de esta v ía .
No ha fa ltado quien est ime que
pol í t icamente e l Procurador Genera l de
la Repúbl ica está imposibi l i tado para
impugnar leyes federa les cuya
in ic iat iva haya s ido presentada por e l
E jecut ivo Federa l , o tratados
internac ionales suscr itos por este
ú lt imo, pues como bien es sabido, e l
Pres idente puede remover l ibremente
a l Procurador.
S in embargo, a l margen de e l lo
resulta c laro que dentro de la acc ión
de inconst ituc ional idad, e l Procurador
Genera l de la Repúbl ica encarna a l
órgano que representa e l interés
genera l de preservar de modo directo
y único la supremacía const ituc ional ,
equiparándose a un v ig i lante de lo
const ituc ionalmente reglamentado,
f i sca l de l pacto federa l y cr í t ico socia l
del ordenamiento jur íd ico nacional .
Cabe decir , as imismo, que por
regla genera l las minor ías
par lamentar ias legit imadas para in ic iar
este medio de control const ituc ional ,
están const itu idas por e l grupo
par lamentar io que votó en contra de la
norma y que prec isamente por ser una
50
Sección Científica
minoría , no pudieron evitar su
nacimiento.
S in embargo, como lo habíamos
señalado con anter ior idad, también
pueden integrar ese 33% los
legis ladores que votaron a favor de la
norma o, inc luso, aquel los que no
estuvieron en pos ibi l idad de votar por
haberse renovado e l órgano legis lat ivo
correspondiente y haber tomado
poses ión de su cargo de manera
poster ior a la aprobación de la norma;
y esto por dos razones : Porque por un
lado, la fracc ión I I del art ículo 105
const ituc ional no hace ninguna
dist inc ión a l respecto; y en segundo
término, porque la acc ión de
inconst ituc ional idad es un medio de
control const ituc ional de carácter
abstracto que se instaura con e l único
interés genérico de preservar la
supremacía const ituc ional .
VI I I . SECUELA PROCESAL
A) Plazo para su interposición
A este respecto, los art ículos
105, fracc ión I I , pr imer párrafo, y 60 de
su Ley Reglamentar ia , d isponen que e l
p lazo para e jerc itar la acc ión de
inconst ituc ional idad es de 30 días
natura les (es dec ir , inc luyendo tanto
hábi les como inhábi les ) contados a
part ir del d ía s iguiente a la fecha en
que la ley o tratado internac ional
impugnado sean publ icados en e l
medio of ic ia l que corresponda; en e l
entendido de que s i e l ú lt imo día del
p lazo fuese inhábi l , la demanda podrá
presentarse e l pr imer día hábi l
s iguiente.
No está por demás señalar que
en tratándose de acc iones de
inconst ituc ional idad en mater ia
e lectora l , la Suprema Corte ha señalado
que e l p lazo para promover la demanda
respect iva fenece a los tre inta días
natura les contados a part ir del
s iguiente a la fecha en que la norma
genera l controvert ida sea publ icada,
aun cuando e l ú lt imo día de ese
per íodo sea inhábi l , toda vez que por
dispos ic ión del propio art ícu lo 60 de la
LR105, en mater ia e lectora l todos los
d ías son hábi les .
B) Requisitos que debe contener el
escrito inic ia l
D ispone e l art ículo 61 de la
LR105 que e l escr ito a v irtud del cual se
e jerc ita una acc ión de
inconst ituc ional idad debe contener :
i. Los nombres y f i rmas de los
promoventes ;
ii. Los órganos legis lat ivos y e jecut ivo
que hubieran emit ido y promulgado
la norma genera l impugnada;
iii. La norma cuya inval idez se
rec lame y e l medio of ic ia l en que se
hubiere publ icado;
iv. Los preceptos const ituc ionales
que se est imen vio lados, y
v. Los conceptos de inva l idez .
En ese sent ido, e l art ículo 62 de
la LR105 prec isa que, cuando la acc ión
de inconst ituc ional idad sea promovida
por una minor ía par lamentar ia , e l
escr ito in ic ia l deberá estar f i rmado
por , cuando menos, e l 33% de los
integrantes de los correspondientes
51
Sección Científica
órganos legis lat ivos . Esto, s in per ju ic io
de que en é l se des ignen como
representantes comunes a cuando
menos dos de sus integrantes . S i no se
des ignaren en dicho escr ito
representantes comunes, la Suprema
Corte procederá a hacer lo de of ic io .
Por ú lt imo, de conformidad con
e l art ícu lo 64 del ordenamiento legal
en c ita , s i e l escr ito en que se e jerc ita
la acc ión fuere obscuro o i rregular , e l
Ministro Instructor prevendrá a l
promovente para que haga las
ac larac iones que correspondan, dentro
del p lazo de 5 días .
C) Trámite
E l procedimiento de las acc iones
de inconst ituc ional idad se r ige por lo
dispuesto en los art ículos 64 a 70 de la
LR105 y , en todo lo que no se les
oponga, por lo señalado en los
art ículos 24 a 38 del mismo
ordenamiento re lat ivos a las
controvers ias const ituc ionales . Cabe
dec ir que también resulta apl icable de
manera supletor ia , e l Código Federa l
de Procedimientos C iv i les .
En términos muy genera les , e l
trámite que se s igue en un ju ic io de
acc ión de inconst ituc ional idad es e l
s iguiente:
In ic iado e l procedimiento, se
des igna un Ministro Instructor , quien
dará v ista a l órgano legis lat ivo que
hubiere emit ido la norma y a l órgano
ejecut ivo que la hubiere promulgado
para que, en e l p lazo de 15 días , r indan
un informe que contenga las razones y
fundamentos tendientes a sostener la
va l idez de la norma genera l impugnada
o la improcedencia de la acc ión.
Tratándose del Congreso de la
Unión, cada una de las cámaras rendirá
por separado e l informe refer ido.
Hecho lo anter ior , e l Ministro
Instructor procederá a dar le v ista con
e l escr ito in ic ia l y con los informes que
se presenten, a l Procurador Genera l de
la Repúbl ica , a f in de que éste formule
e l pedimento que corresponda hasta
antes de que se dicte la sentencia
def in it iva . Ev identemente esto no
apl ica en e l caso en que e l propio
Procurador promueva la acc ión de
inconst ituc ional idad.
De igual manera, en tratándose
de acc iones de inconst ituc ional idad
interpuestas en contra de una ley
e lectora l , e l Ministro Instructor podrá
so l ic i tar opinión a la Sa la Super ior del
Tr ibunal E lectora l del Poder Judic ia l de
la Federac ión, con e l objeto de
a l legarse de e lementos para esc larecer
e l a lcance y comprens ión de los
conceptos o inst i tuc iones que
pertenecen a l ámbito part icular del
derecho e lectora l . S in embargo, no
ex iste obl igac ión legal para que, en e l
fa l lo respect ivo, la Suprema Corte se
pronuncie sobre la refer ida opinión,
pues en dichos procedimientos se
rea l iza un control abstracto de la
const ituc ional idad en interés de la
Const ituc ión, con independencia de los
argumentos expuestos por dicha Sa la
Super ior del Tr ibunal E lectora l .
52
Sección Científica
A l mismo t iempo, se pondrá e l
expediente a la v ista de las partes a f in
de que expresen por escr ito sus
a legatos , dentro del p lazo de 5 días .
Hasta antes de dictarse
sentencia , e l Ministro Instructor podrá
so l ic i tar a las partes o a quien juzgue
conveniente, todos aquél los e lementos
que a su ju ic io resulten necesar ios para
la mejor so luc ión del asunto.
Agotado e l procedimiento, e l
Ministro Instructor propondrá a l P leno
de la Suprema Corte de Just ic ia un
proyecto de sentencia , e l cua l será
discut ido y votado a f in de resolver de
manera def in it iva la cuest ión, con lo
que se da por conclu ido e l ju ic io .
En re lac ión con e l d ictado de la
sentencia , la Corte ha señalado que e l
estudio de los conceptos de inva l idez
debe efectuarse a la luz de las
d ispos ic iones de la Const ituc ión
Federa l v igentes a l momento de
resolver , aún cuando la presentac ión
de la demanda sea anter ior a la
publ icac ión de reformas o
modif icac iones a la Norma
Fundamental , ya que a nada práct ico
conducir ía examinar la
const ituc ional idad de la ley impugnada
frente a d ispos ic iones que ya dejaron
de tener v igencia .
No está por demás recordar aquí
que de conformidad con e l ú lt imo
párrafo de la fracc ión I I de l art ícu lo
105 const ituc ional , las reso luc iones de
la Suprema Corte de Just ic ia d ictadas
dentro de una Acción de
Inconst ituc ional idad só lo podrán
declarar la inva l idez de las normas
impugnadas , cuando fueren aprobadas
por una mayoría de cuando menos
ocho votos , dec larac ión que, desde
luego, tendrá efectos erga omnes .
En ese sent ido, e l A lto Tr ibunal
ha señalado que cuando la mayoría de
los Ministros opte por la
inconst ituc ional idad de la norma
genera l impugnada, pero que dicha
votac ión mayoritar ia no a lcance la
mayoría ca l i f icada de cuando menos
ocho votos ex ig ida por e l art ículo 105,
fracc ión I I , ú l t imo párrafo, de la
Const ituc ión, la dec larator ia de que se
desest ima la acc ión y se ordena e l
archivo del asunto debe hacerse en un
punto resolut ivo. Esto quiere dec ir que
cuando se esté ante una resoluc ión que
declara por mayoría la
inconst ituc ional idad de una norma
genera l , pero que no ha s ido aprobada
por lo menos por ocho votos (mayor ía
ex ig ida por la Const ituc ión para
inva l idar la norma) , s i b ien la sentencia
puede contener todos los argumentos
de la mayoría para declarar
inconst ituc ional la norma impugnada,
a l f ina l de dicha sentencia , en un
punto resolut ivo, se hará la dec larac ión
plenar ia de la desest imación de la
acc ión y se ordenará e l archivo del
asunto.
Por ú lt imo, en re lac ión con la
secuela procesa l de las Acc iones de
Inconst ituc ional idad es pert inente
hacer notar que, en mater ia e lectora l ,
se reducen notablemente los p lazos
para rea l izar las d i l igencias señaladas .
53
Sección Científica
Esta reducc ión se debe a la
natura leza propia de los actos
regulados por las leyes e lectora les , los
que, dada la enorme trascendencia que
pueden tener en los intereses públ icos ,
conl levan la neces idad de que la Corte
resuelva rápidamente a f in de evitar
que la d i latac ión del trámite procesa l
haga nugator ios los efectos de una
sentencia que est ime inconst ituc ional
la ley e lectora l impugnada.
Es por esta misma razón que e l
propio art ículo 105 const ituc ional ,
d ispone que las leyes e lectora les , tanto
loca les como federa les , deben
promulgarse y publ icarse por lo menos
90 días antes de que in ic ie e l proceso
e lectora l en que vayan a apl icarse y ,
as imismo, que durante dicho plazo, no
podrán rea l izarse modif icac iones de
importancia a la ley .
No obstante, en una
jur isprudencia rec iente la Corte
expresó que los p lazos breves previstos
para la substanciac ión del
procedimiento de acc iones de
inconst ituc ional idad en mater ia
e lectora l , r igen só lo en aquel los
asuntos que necesar iamente deban
resolverse dentro de los 90 días
anter iores a l in ic io del proceso
e lectora l en que vayan a apl icarse las
normas impugnadas . Y esto porque,
como se señaló, e l objet ivo del
establec imiento de un procedimiento
breve cuando se trata de acc iones de
inconst ituc ional idad en mater ia
e lectora l , cons iste en que quede
establec ido cuáles serán las normas
apl icables a un determinado proceso
e lectora l antes de que dé in ic io e l
mismo, de manera que la d isminución
de plazos que la Ley Reglamentar ia de
la mater ia prevé para las acc iones de
inconst ituc ional idad e lectora les , t iene
que observarse só lo en aquel los
asuntos en que la ley impugnada tenga
que apl icarse pronto.
D) Suplencia de la queja
Sobre e l part icular , e l art ículo
71 de la LR105 dispone que, a l d ictarse
la sentencia , la Suprema Corte deberá
corregir de of ic io los errores que
advierta en la c ita de los preceptos
invocados y , además, supl i r la
def ic ienc ia de los conceptos de
inva l idez p lanteados en e l escr ito
in ic ia l , por lo que la sentencia de
inconst ituc ional idad se podrá fundar
en la v io lac ión de cualquier precepto
const ituc ional , haya s ido o no invocado
en e l escr ito in ic ia l .
Lo anter ior permite advert ir la
ampl itud que t iene aquí la suplencia de
la queja , lo cua l se expl ica por e l
interés públ ico que conl leva la
incoación de este t ipo de procedimien
tos de control const ituc ional .
S in embargo, no sucede lo
mismo por lo que hace a la
impugnación de leyes e lectora les .
En esta mater ia , e l mismo
art ícu lo 71 cont iene una dispos ic ión
restr ict iva que obl iga a la Suprema
Corte de Just ic ia a refer irse única y
exc lus ivamente a la v io lac ión de los
preceptos const ituc ionales expresamen
te señalados en e l escr ito in ic ia l .
54
Sección Científica
E l lo se just i f ica en razón de que,
s i se admit iese la suplencia en mater ia
e lectora l , podría pensarse que la Corte
asume una pos ic ión parc ia l en favor de
a lgún part ido pol í t ico, pues no hay
duda de que son éstos los más
interesados en e l control
const ituc ional de dichas normas; y
entre los dos va lores en juego, esto es ,
e l de preservar la v igencia de las
normas const ituc ionales aún en e l caso
de que no se hubiere rec lamado
específ icamente una inconst ituc iona
l idad que pueda ser perc ibida por la
Corte, y e l va lor de no hacer aparecer a
ese A lto Tr ibunal como un órgano que
asume a lguna pos ic ión part id ista , e l
legis lador escogió este ú lt imo como
pr ior itar io .
E) Improcedencia
De lo dispuesto en los art ículos 19 y
65 de la LR105, se desprende que las
acc iones de inconst ituc ional idad son
improcedentes :
i. Contra leyes o tratados Inter .
nac ionales que sean mater ia de una
acc ión de inconst ituc ional idad pen
diente de resolver , s iempre que
ex ista ident idad de partes , normas
genera les y conceptos de inva l idez ;
ii. Contra leyes o tratados internac io
na les que hubieren s ido mater ia de
una e jecutor ia d ictada en otra
acc ión de inconst ituc ional idad,
s iempre que ex ista identidad de
partes , normas genera les y con
ceptos de inva l idez ;
iii. Cuando hayan cesado los efectos
de la ley o tratado internac ional
mater ia de la acc ión de
inconst ituc ional idad;
iv. Cuando la demanda se presentare
fuera del p lazo previsto en e l
art ículo 60 de la LR105, y
v. En los demás casos en que la
improcedencia resulte de a lguna
dispos ic ión de dicha ley .
F) Suspensión
Por dispos ic ión expresa del
ú lt imo párrafo del art ículo 64 de la
LR105, la incoac ión de una acc ión de
inconst ituc ional idad en ningún caso
dará lugar a que se suspenda la
apl icac ión de la norma genera l
impugnada.
IX .JUR ISPRUDENC IA
Para conc lu ir esta char la , resulta
interesante refer irnos muy
brevemente a la forma en que se s ienta
jur isprudencia dentro de este medio
de control const ituc ional
Sobre e l part icular , e l art ículo 43 de
la LR105, que aún cuando se encuentra
contenido en e l T í tu lo re lat ivo a las
controvers ias const ituc ionales , apl ica
también para las acc iones de
inconst ituc ional idad, señala que los
razonamientos jur íd icos de la Suprema
Corte de Just ic ia contenidos en las
sentencias aprobadas por cuando
menos ocho Ministros , serán
obl igator ios para los órganos
jur isdicc ionales de infer ior jerarquía ,
tanto del Poder Judic ia l Federa l , como
del orden común. Esto quiere decir
que no se requiere, como en los ju ic ios
de amparo, de la re iterac ión
in interrumpida del cr i ter io en 5
e jecutor ias , s ino que resolv iéndose una
55
Sección Científica
vez con un determinado cr iter io
aprobado por 8 votos , éste
automáticamente pasa a convert irse en
obl igator io .
NARRAC IÓN DE ALGUNOS CASOS INTERESANTES
EL CASO TABASCO
Este caso se susc itó con motivo
de la dec larac ión de nul idad de las
e lecc iones a Gobernador rea l izadas en
dicha ent idad y de la reforma que se
rea l izó a la Const ituc ión loca l , en poco
menos de 24 horas .
Pero permítanme re latar les e l
caso con más deta l le .
E l domingo 15 de octubre del año
2000 se l levaron a cabo e lecc iones a
Gobernador en e l Estado de Tabasco, a l
cabo de las cua les se dec laró vencedor
a l aspirante del entonces part ido
mayoritar io en la ent idad.
No obstante, d icha e lecc ión fue
impugnada por otro part ido pol í t ico ,
pr imero, ante e l Tr ibunal E lectora l del
Estado de Tabasco –quien conf irmó e l
resultado del proceso e lectora l - , y
poster iormente, ante e l Tr ibunal
E lectora l del Poder Judic ia l de la
Federac ión, esto es , ante la máxima
autor idad jur isdicc ional en mater ia
e lectora l . Este ú lt imo tr ibunal ,
contrar io a lo resuelto por e l pr imero,
dec laró nulo todo e l proceso e lectora l ,
por lo que en términos de ta l
dec larac ión y de las d ispos ic iones
apl icables , se hac ía necesar io des ignar
a un Gobernador Inter ino y convocar a
otra jornada e lectora l para e legir a un
nuevo Gobernador Const ituc ional .
E l Tr ibunal E lectora l del Poder
Judic ia l de la Federac ión not if icó su
resoluc ión a las autor idades del Estado
de Tabasco e l d ía 29 de dic iembre del
2000, y a l d ía s iguiente, es dec ir , e l
sábado 30 de dic iembre, d ichas
autor idades procedieron a reformar la
Const ituc ión del Estado en só lo 24
horas y , as imismo, a des ignar un
Gobernador Inter ino.
La refer ida reforma
const ituc ional , en lo substancia l , tuvo
por objeto e l iminar e l p lazo de 5 días
con que contaba la Legis latura loca l ,
(es dec ir , e l Poder Legis lat ivo del
Estado) para convocar a e lecc iones
extraordinar ias de Gobernador y ,
as imismo, extender e l p lazo máximo
para la ce lebrac ión de dichas
e lecc iones extraordinar ias de 6 hasta
18 meses , además de establecer un
procedimiento dist into para la
des ignación de Gobernador Inter ino.
Frente a esto, e l mismo part ido
que impugnó la e lecc ión a Gobernador,
promovió acc ión de
inconst ituc ional idad ante la Suprema
Corte de Just ic ia de la Nac ión en
contra de la c itada reforma a la
Const ituc ión del Estado de Tabasco.
Previos los trámites legales
conducentes , la Corte dictó su
sentencia e l d ía 8 de marzo del
presente año, y en e l la , esencia lmente
resolv ió lo s iguiente:
a) Que la reforma const ituc ional
refer ida, en cuanto aumentó e l
p lazo para la ce lebrac ión de
56
Sección Científica
elecc iones extraordinar ias a
Gobernador de 6 a 18 meses , no
v io laba la Const ituc ión Federa l en
v irtud de que dicha norma
fundamenta l no contempla un p lazo
específ ico para la ce lebrac ión de
ta les e lecc iones .
b) Que por e l contrar io , la supres ión
del p lazo de 5 días para emit ir la
convocator ia a d ichas e lecc iones s í
atentaba contra e l texto
const ituc ional , en v irtud de que
v io laba las normas que regulan e l
derecho a l sufragio universa l , l ibre,
secreto y directo.
c) Que e l nuevo procedimiento para
des ignar Gobernador Inter ino
también transgredía la Const ituc ión
Federa l toda vez que impl icaba
reunir un poder loca l -e l legis lat ivo-
en una so la persona, lo cua l está
expresamente prohibido por
nuestra norma fundamental .
d) Y f ina lmente, toda la reforma
const ituc ional impugnada se
dec laró inapl icable para la e lecc ión
extraordinar ia de Gobernador
próx ima a rea l izarse en v irtud de
que, conforme a nuestra Carta
Magna, no pueden rea l izarse
modif icac iones importantes a las
normas e lectora les dentro del p lazo
de 90 días anter iores a un proceso
e lectora l .
E l fa l lo de la Corte fue de gran
trascendencia para toda la Nac ión
pues , por un lado, ev itó que esta l lara
un conf l icto socia l en la ent idad, pero
sobre todo, porque consol idó e l papel
de este Tr ibunal como garante de la
democracia y de la const ituc ional idad.
EL CASO YUCATÁN
El segundo asunto a l que aquí
haremos referencia es e l “Caso
Yucatán” , e l cua l der ivó de la re iterada
contumacia de las autor idades de dicho
Estado para cumpl ir con diversas
resoluc iones del Tr ibunal E lectora l del
Poder Judic ia l de la Federación.
Hac ia e l mes de agosto del año
2000, e l Congreso del Estado de
Yucatán emit ió e l Decreto 278 por
v irtud del cua l rat i f icó para un per íodo
e lectora l más a los 7 Consejeros y a l
Secretar io Técnico del Consejo
E lectora l del Estado de Yucatán. Cabe
decir que dicho Consejo es un órgano
por demás importante, toda vez que
t iene a su cargo la organizac ión y
ce lebrac ión de todas las e lecc iones de
carácter loca l en e l Estado de Yucatán.
En contra de este decreto, se
h izo va ler un Juic io de Revis ión
Const ituc ional ante e l Tr ibunal
E lectora l del Poder Judic ia l de la
Federación, quien emit ió su sentencia
e l d ía 12 de octubre del mismo año. En
dicho fa l lo , se revocó e l Decreto 278 y ,
as imismo, se ordenó a la Legis latura
del Estado que, de nueva cuenta,
e l ig iera a los 7 Consejeros para
integrar e l Consejo E lectora l Estata l .
S i b ien la Legis latura se dio a la
tarea de e legir nuevamente a los
miembros del Consejo E lectora l
mediante la emis ión del Decreto 286, lo
h izo de manera incorrecta , razón por la
cua l los part idos pol í t icos interesados
volv ieron a interponer un Juic io de
Revis ión Const ituc ional ante e l propio
57
Sección Científica
Tr ibunal E lectora l federa l , en e l que se
resolv ió que efect ivamente, d icha
des ignac ión contravenía diversas
dispos ic iones legales y que, por ende,
lo que procedía era revocar e l
mencionado Decreto 286.
S in embargo, en esta ocas ión la
Legis latura omit ió rea l izar acto a lguno
para dar cumpl imiento a esta
resoluc ión, por lo que, a l cabo de
múlt ip les acc iones y requer imientos
infructuosos , e l propio Tr ibunal
E lectora l se avocó a l cumpl imiento de
su e jecutor ia y des ignó mediante
insaculac ión, a 7 nuevos Consejeros .
As í fue que, para f ina les del año
2000, e l Estado de Yucatán contaba con
dos Consejos E lectora les : uno
des ignado por la Legis latura del Estado
y que funcionaba ordinar iamente en
las of ic inas que a l efecto t iene
dispuestas ese organismo, y otro más
des ignado por e l Tr ibunal E lectora l del
Poder Judic ia l de la Federación con
apoyo en su propia e jecutor ia , pero
que no podía tomar poses ión de su
cargo y menos aún de sus of ic inas ,
toda vez que diversos grupos pol í t icos
de choque se lo impedían.
E l problema pol í t ico en la ent idad
comenzó a cobrar d imensiones
rea lmente pel igrosas e inc luso a
generar actos de v io lencia y no fueron
pocos los que so l ic i taron la
intervención del Poder E jecut ivo
Federa l .
Ante esta s i tuac ión, en marzo de
este año la Legis latura del Estado de
Yucatán emit ió e l Decreto 412 por e l
cua l reformó e l Código E lectora l del
Estado de Yucatán y en e l que, entre
otras cosas , se dispuso que, en
adelante, e l Consejo E lectora l se
conformaría por 14 Consejeros , y
además que, por única ocas ión, esos 14
Consejeros ser ían tanto los 7
nombrados por la Legis latura a través
del Decreto 286, como los 7 des ignados
por e l Tr ibunal E lectora l en
cumpl imiento a su propia e jecutor ia .
Nuevamente los part idos pol í t icos
de oposic ión se inconformaron con
este Decreto, pero esta vez mediante
la interpos ic ión de una acc ión de
inconst ituc ional idad promovida ante la
Suprema Corte de Just ic ia de la Nac ión.
La resoluc ión de la Suprema Corte
se dictó hac ia e l mes de abr i l de l
mismo 2001 y , en lo fundamental ,
señaló que e l Decreto 412 por e l que se
reformó e l Código E lectora l del Estado
de Yucatán era v io lator io de la
Const ituc ión Federa l en v irtud de que:
a) Por pr inc ipio, transgredía e l
pr inc ipio de certeza e lectora l a l
establecer que e l Consejo E lectora l
de dicha ent idad se integrar ía por
14 miembros, toda vez que s i en
términos de lo previsto en la ley
ese Consejo debía tomar sus
resoluc iones por mayoría de votos ,
a l integrarse con un número par se
podían propic iar empates en la
toma de dec is iones y , ante la fa l ta
de regulac ión para so luc ionar
dichos supuestos , se generar ía una
incert idumbre jur íd ica para los
58
Sección Científica
part ic ipantes en un proceso
e lectora l .
b) Que aún cuando las Legis laturas
Estata les pueden ejercer
l ibremente las facultades que
t ienen confer idas , cua lquier
actuación de estos órganos en
contra de una e jecutor ia del
Tr ibunal E lectora l del Poder
Judic ia l de la Federac ión resulta
v io lator ia de la Const ituc ión, pues
de lo contrar io , cua lquier
Congreso Estata l , con la s imple
modif icac ión de sus leyes ,
nul i f icar ía la autor idad de cosa
juzgada de dichas sentencias .
c) Y f ina lmente, que de acuerdo con
las d ispos ic iones legales apl icables ,
la e lecc ión de Consejeros en e l
Estado de Yucatán debía hacerse
por mayoría ca l i f icada de las
cuatro quintas partes de los
miembros de la Legis latura loca l ,
por lo que s i a través del Decreto
412 se había determinado quiénes
debían integrar e l Consejo
E lectora l del Estado s in respetar
d icha votac ión ca l i f icada, se había
vulnerado la Const ituc ión Federa l .
d) En consecuencia , se resolv ió que
debería cesar en sus funciones e l
Consejo des ignado por la
Legis latura loca l , y que ser ía e l
Consejo insaculado por e l Tr ibunal
E lectora l e l que e jercer ía en
adelante las funciones que dicho
organismo tenía a su cargo.
EL CASO DEL ABORTO
E l 25 de septiembre de 1999,
D iputados de la Asamblea Legis lat iva
del D istr i to Federa l pertenecientes a
los Part idos Acc ión Nac ional y Verde
Ecologista , promovieron una acc ión de
inconst ituc ional idad ante la Suprema
Corte de Just ic ia , en contra de la
reforma a los art ículos 334, fracc ión I I I ,
de l Código Penal y 131 B IS del Código
de Procedimientos Penales , ambos para
e l D istr i to Federa l .
Por v irtud de la reforma a l
pr imero de estos preceptos , esto es , e l
art ículo 334, fracc ión I I I , de l Código
Penal para e l D istr i to Federa l , se
d ispuso que no se apl icar ía sanción
a lguna por e l del i to de aborto, cuando
éste obedeciese a a l terac iones
genét icas o congénitas que puedan dar
como resultado daños f í s icos o
mentales , a l l ímite de poner en r iesgo
la sobrevivencia del producto.
E l segundo de los preceptos
mencionados, es dec ir , e l art ículo 131
B IS del Código de Procedimientos
Penales para dicha ent idad, introdujo a
este ordenamiento un procedimiento
especia l , por demás ági l y senci l lo , que
faculta a l Minister io Públ ico para
autor izar la interrupción de embarazos
producto de una v io lac ión.
A l respecto, e l más A lto Tr ibunal
señaló lo s iguiente:
a) Que aún cuando no hay una
mención expresa , la Const ituc ión
Pol í t ica de los Estados Unidos
Mexicanos s í protege e l derecho a
la v ida y , de igual forma, protege
a l producto de la concepción, en
tanto que éste es una
manifestac ión de la v ida humana.
59
Sección Científica
Esta resoluc ión fue adoptada de
común acuerdo por los 11 Ministros
integrantes del P leno.
b) Que la reforma a l art ículo 334,
fracc ión I I I , de l Código Penal para
e l D istr i to Federa l , no transgrede
la garant ía de igualdad prevista en
e l art ículo 4º const ituc ional , pues
no autor iza que se pr ive de la v ida
a l producto de la concepción, s ino
que única y exc lus ivamente
establece una excusa absolutor ia ,
es dec ir , que se trata de una causa
que s i b ien deja subs istente e l
carácter del ict ivo de la conducta o
hecho t ip if icado como del i to en la
ley , impide la apl icac ión de la
pena, o d icho con otras pa labras ,
aun cuando se conf igura e l del i to
de aborto, no es pos ib le apl icar la
sanción.
Esta resoluc ión fue aprobada por
una mayoría de 7 Ministros , por lo que
s i b ien se dec laró la const ituc ional idad
del precepto en cuest ión, e l cr i ter io
adoptado no const ituye jur isprudencia .
c) Y por ú lt imo, e l P leno de la
Suprema Corte desest imó la
impugnación de la adic ión del
art ículo 131 B IS del Código de
Procedimientos Penales para e l
D istr i to Federa l , en v irtud de no
haberse a lcanzado la votac ión
ca l i f icada y necesar ia de 8 votos ,
para dec larar la inconst ituc ional i
dad del art ícu lo .
Es decir que, s i b ien una mayoría
de 7 Ministros cons ideró que dicho
precepto era inconst ituc ional , en
v irtud de no haberse a lcanzado los 8
votos necesar ios para dec larar d icha
inconst ituc ional idad, la acc ión de
inconst ituc ional idad, en esta parte, fue
desest imada, con lo cua l quedó
incólume dicho precepto legal .
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