Embed Size (px)
Citation preview
1
PRESENTACIÓN DE AMICUS CURIAE
EXCMA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE TUCUMÁN.
CAUSA: “SÁNCHEZ SOFÍA SOLEDAD S/HOMICIDIO DOBLEMENTE
AGRAVADO POR EL VÍNCULO Y ALEVOSÍA (PRESA: UPT N° 4)- MEP N°
14941/2014”
Celia Isabel Debono, DNI N° 16.410.480,
Coordinadora de CLADEM Tucumán, Laura Julieta Casas, DNI N°
22.264.128, Lucía Argañaraz, DNI N° 16.859.533, Margarita Espeche,
DNI N° 10.792.603, Soledad Aráoz, DNI N° 5.151.970, Adriana Guerrero,
DNI N° 17,458,269 y Fátima Raquel Castillo, DNI Nº 18.524.617,
argentinas, integrantes del Comité de América Latina y el Caribe para la
Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM Argentina), enlace
Tucumán, con domicilio legal en casillero de notificaciones 1135 de la
Ciudad de San Miguel de Tucumán, nos presentamos y
respetuosamente decimos:
I – PERSONERÍA
Conforme se acredita con copia certificada que
acompañamos del estatuto de la organización, CLADEM es una
organización creada en el año 1989 dedicada a la promoción y defensa
de los Derechos Humanos de la Mujer, que agrupa organizaciones no
gubernamentales en catorce países de la región y Argentina. CLADEM
cuenta con status consultivo categoría II ante el Consejo Económico y
Social desde 1995 y está facultada para participar en la Organización de
2
los Estados Americanos (OEA) desde el año 2002. Asimismo fue
galardonada internacionalmente en el año 2009 con el Premio Rey de
España de los Derechos Humanos, y en el 2010 con el Premio Derechos
de las Mujeres por la Fundación Gruber y su sede regional está en Jirón
Estados Unidos 1295, piso 7mo, depto 702, Jesús María, Lima, Perú. En
el aludido carácter venimos ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de
Tucumán a presentarnos en los autos del rubro, donde se condenó a
Sánchez a la pena de 8 años de prisión por ser autora de homicidio
doblemente agravado por el vínculo y por alevosía. Pedimos se tenga
presente.
II – OBJETO
En el carácter invocado, y conforme lo autoriza
la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 7/2013,
venimos a presentar este Amicus Curiae (“Amigos del Tribunal”) con
el fin de aportar elementos de derecho, normativos y
jurisprudenciales, tanto nacionales como internacionales en materia
de Derechos Humanos que pueden ilustrar y completar el elevado
criterio de V.E al momento de resolver en autos.
III – LEGITIMACIÓN
El Comité de América Latina y el Caribe para la
Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM Argentina), viene
desarrollando en alianza con otras organizaciones como (INSGENAR),
Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, cuya directora es la Dra.
Susana Chiarotti, integrante del Comité de Expertas de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), para evaluar a los
países del continente en el cumplimiento de la Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer, suscripto en Belem do Para y los demás Convenios
Internacionales vigentes en el país, diversas acciones, entre ellas
3
presentaciones de amicus curiae y litigios internacionales en
cuestiones relativas a los derechos de las mujeres.
Interés de CLADEM en la resolución del caso:
Justificamos la presentación en los autos del
rubro, porque nuestra organización promueve la equidad de género
a través del desarrollo y la implementación estratégica de los
Derechos Humanos alrededor del mundo.
Nuestro trabajo se organiza en torno a
determinados ejes donde se puedan ver afectados los Derechos
Humanos de las Mujeres, como serían por ejemplo los casos de
discriminación por Género en lo relativo a la igualdad de
oportunidades, Violencia de toda índole contra la mujer, Derechos
Sexuales y Reproductivos, Educación no Sexista y
Antidiscriminatoria. También contribuye a que los/as operadores/as
jurídicos/as incorporen la perspectiva de género a los fines de
transversalizarla en la administración de justicia
Asimismo, a través de un monitoreo sobre los diversos fallos en las
distintas provincias y regiones del país diagnostica el acceso a la
Justicia de Mujeres de escasos recursos económicos, entre otros
temas.
Por las consideraciones expuestas, es claro que
la resolución a la que se arribe en el presente caso es de suma
trascendencia para el Estado Argentino y la plena vigencia de los
Derechos Humanos, por lo que se encuentra justificada la
intervención de la organización firmante a través del presente
Amicus Curiae.
En virtud de lo expuesto, desde CLADEM
consideramos que, por ser una institución constituida para la
promoción y protección de los Derechos Humanos, así como para el
fortalecimiento del Estado democrático y el mejoramiento de la
4
administración de justicia, tenemos la obligación institucional de
intervenir apoyando como “amigos del tribunal” la grave afrenta a
los Derechos Humanos de las mujeres que implica la sentencia
objeto de casación, pudiendo comprometer, además, la
responsabilidad internacional del Estado argentino.
IV – LA FIGURA DEL AMICUS CURIAE
CLADEM satisface los requisitos para ser
considerada como amicus curiae (“Amigos del Tribunal”), ya que por la
índole de la cuestión ventilada —amplia trascendencia institucional—
justifica su interés en la mejor resolución del litigio, y puede brindar
conocimientos técnicos específicos de Derechos Humanos de las
mujeres, abordando puntos relevantes para ser considerados por V.E.
en el dictado de la sentencia
Este memorial resulta una presentación de terceros
ajenos al presente litigio, que ostentan un interés justificado en la
resolución final del proceso judicial. En tal carácter estamos en
condiciones de ofrecer “opiniones consideradas de trascendencia para
la sustanciación del proceso en torno a la materia controvertida”1.
Debe destacarse la gran importancia que la
institución del “amicus curiae” reviste a nivel internacional, en donde
las presentaciones de este tipo son muy habituales.
Por ejemplo, prácticamente en el 100% de las
causas presentadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CorteIDH), diferentes y reconocidas organizaciones de Derechos
Humanos realizan este tipo de presentación a fin de colaborar en la
resolución de los casos.
A nivel interno, existe hoy una marcada tendencia a
la aceptación del “amicus curiae”, tanto en la Corte Suprema de Justicia 1 Martín Abregú y Christian Courtis, “Perspectivas y posibilidades del amicus curiae en el derecho argentino”, en
La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Abregú, M., Courtis, Christian (Compiladores) CELS, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1997, págs. 387 y ss.
5
de la Nación (CSJN) como también en los tribunales de inferior
jerarquía. Tal importancia tiene este instituto para el máximo Tribunal
de la Nación que a través de las Acordada Nº 28 del 14 de julio de 2004,
14/2006 modificadas por Acordada 7/13 del 23 de abril de 2013,
autorizó y reglamentó la intervención de los “Amigos del Tribunal”.
En los fundamentos de la Acordada, 7/13 que
fortalece los vertidos en las anteriores, la CSJN reconoce que:
Están facultados a participar en el carácter
aludido tanto las personas físicas como las jurídicas que, no siendo
parte en el pleito, ostenten reconocida competencia sobre la cuestión
debatida en el mismo.
El “Amigo del Tribunal” no reviste carácter de
parte ni puede asumir ninguno de los derechos procesales que
corresponden a éstas, y su participación —que no devengará costas ni
honorarios judiciales— quedará circunscripta a expresar una opinión o
una sugerencia fundadas sobre el objeto del litigio (en defensa de un
interés público o de una cuestión institucional relevante) para ilustrar al
Tribunal, el que si bien puede tomarlas en cuenta en la sentencia, no
queda vinculado por las mismas.
A su vez, a nivel legislativo nacional, la Cámara de
Diputados de la Nación aprobó un Proyecto de Ley2 (Expediente Nº
4524-D-2006) conforme a los principios reconocidos por la CSJN.
No debe prescindirse, por último que la actuación
de los Amigos del Tribunal encuentra sustento en el Sistema
Interamericano al cual se le ha asignado Jerarquía Constitucional en
nuestro país (Art. 75, inc. 22). Esta figura fue objeto de regulación en el
Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos en el artículo 443.
2http://www.hcdn.gov.ar/comisiones/permanentes/cjusticia/proyectos/proyecto.jsp?id=77618, consultada el
20/06/2016 3 Artículo 44.- Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en
uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte.
6
Resulta importante destacar que, en nuestra
provincia, la Corte Suprema ya aceptó de manera positiva la
participación de organizaciones de la sociedad civil en calidad de amicus
curiae, en la causa: “GUZMAN SEBASTIÁN DARÍO S/ INFRACCIÓN AL
ART. 19 INC. LEY Nº 5140 CONSOLIDADA LEY 8220” y la causa
“DUMONT JESSICA S/Muerte dudosa (Sumario 151, folio 90) Expediente
2096/09.
En igual sentido, la Excma. Cámara en lo
Contencioso Administrativo de Tucumán consideró los argumentos
acercados en calidad de Amicus Curiae, en autos “COLEGIO DE
ABOGADOS DE TUCUMÁN vs HONORABLE CONVENCIÓN
CONSTITUYENTE s/ ACCIÓN DE NULIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD”.
Expte. Nº 379/06.
También, el Juzgado Penal de la Primera
Nominación de la Provincia fue igualmente receptivo con este tipo de
memoriales, en la causa “DUMONT JESSICA S/MUERTE DUDOSA”
(Sumario 151, Folio 90) Expte. Nº 20.696/09.
Asimismo, en la Cámara Penal Sala I del Centro
Judicial Capital, como Cladem, nos presentamos con un Memorial en la
Causa “Martín Armando Antonio S/ Homicidio-Lesiones de María
Medina. Expte. N° 10133/2012”, que fue receptiva con los argumentos
aportados y se condenó al femicida.
Finalmente, en el caso que nos ocupa, la Sala III de la
Cámara Penal aceptó el amicus curiae presentado por la Comisión
Nacional de la Mujer.
V- LA CAUSA
El día 21/03/2014 Sofía Sánchez ingresó a la guardia
mayor del Hospital Avellaneda aduciendo tener cólicos renales y
diarrea. Uno de los médicos que la atendió le dijo que estaba teniendo
7
un aborto espontáneo, circunstancia que se asentó en su historia
clínica.
Una de las veces que volvió del baño, fue atendida
por hemorragias. Posteriormente se encontró en un baño un feto que
se le adjudicó como “hijo”.
La imputada fue condenada por el Tribunal a ocho
años de prisión por el delito de homicidio agravado por el vínculo
mediando circunstancias extraordinarias de atenuación y se prorrogó la
prisión preventiva que venía sufriendo.
VI- NORMATIVA INTERNACIONAL Y NACIONAL
APLICABLE AL CASO. PERSPECTIVA DE GÉNERO
En este caso resulta crucial aplicar la normativa
nacional e internacional de Derechos Humanos y decidir con una
perspectiva de género.
La aplicación de la perspectiva de género como una
herramienta fundamental para decidir en causas donde están en juego
los derechos de las mujeres, fue reconocida por esta Corte en la causa
“Seco, Teresa Malvina s/homicidio agravado por el vínculo”, del 28 de
abril de 2014 en donde el Tribunal dijo que “debe incorporarse la
perspectiva de género como una pauta hermenéutica constitucional,
“sensibilidad especial” y principio rector para la solución de los derechos
en pugna”, citando la Convención de Belem do Pará (punto VI.2 de la
mencionada sentencia).
El derecho penal y el derecho procesal penal deben
aplicarse también con una perspectiva de género, lo que implica un
cambio en quienes utilizan y aplican el derecho. En refuerzo de esta
idea de un sistema de derecho penal que recepte los cambios, Atienza
al referirse a las discusiones sobre constitucionalismo,
neoconstitucionalismo o cambio de paradigma sostiene que “…lo que
8
me parece indudable es que en los últimos tiempos han tenido lugar una
serie de cambios en lo que cabría llamar la “cultura jurídica” de nuestros
países (aquellos en donde existe un Estado constitucional) y, que esos
cambios no pueden dejar de afectar a la manera de construir la teoría
del Derecho, pero también las diversas dogmáticas jurídicas. Como
ejemplo que muestra (si es que se necesitara poner alguno) que esos
cambios han llegado también a la dogmática penal, bastará con citar
una de las obras más importantes de las últimas décadas en este
campo. Me refiero al tratado de Santiago Mir, Derecho Penal. Parte
General, que, en sus primeras ediciones, definía el Derecho Penal como
“un conjunto de normas‟, mientras que en ediciones posteriores esa
definición aparece significativamente modificada: un conjunto de
normas, principios y de valoraciones”4.
Teniendo en cuenta estos parámetros, la inclusión
de la perspectiva de género será una variable, una herramienta que
impactará en todo el sistema del derecho penal. En algunos casos su
utilización se convertirá en una exigencia derivada de los instrumentos
de Derechos Humanos que forman parte del Bloque de
Constitucionalidad Federal5.
Juzgar con perspectiva de género significa hacer
efectivo el derecho a la igualdad y no discriminación, y es una
obligación constitucional y convencional para garantizar el acceso a la
justicia.
4 Atienza, Manuel, “Constitucionalismo y derecho penal”, en Mir Puig, Santiago, Bidasolo, Mirentxu
Corcoy (Dirs.), Hortal Ibarra, Juan Carlos (Coord.) en Constitución y Sistema Penal, Ed. Marcial
Pons, Madrid, 2012, p. 26-27. 5Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
(CEDAW) y Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la
Mujer (Convención de Belem do Pará). A nivel legislativo la ley 26.485 de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollen
sus Relaciones Interpersonales establece que se garantizan todos los derechos reconocidos por
CEDAW y la Convención de Belén do Para y en especial los referidos a una vida sin violencia y sin
discriminaciones.
9
Este enfoque recepta el impacto diferenciado que
una norma o un instrumento jurídico puede tener en varones y
mujeres, e impide que, con una aplicación automática y mecánica del
derecho se generen situaciones asimétricas de poder o desigualdades
basadas en el género o en el sexo.
En nuestro ordenamiento existen instrumentos
internacionales específicos referidos a los derechos de las mujeres
como la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer (en adelante CEDAW), y la Convención
para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la
Mujer o Convención de Belén Do Pará. CEDAW se refiere a la obligación
del Estado de eliminar la discriminación contra la mujer. La violencia
contra las mujeres se entiende como discriminación de acuerdo a la
Recomendación 19 del Comité de CEDAW.
Específicamente en la Convención de Belén do Pará
se trata la violencia contra las mujeres y las obligaciones que le
competen al Estado para prevenirla, sancionarla y erradicarla.
La violencia de género es una violación de los
derechos humanos y se asienta en las relaciones históricas de asimetría
entre varones y mujeres, esto último es reconocido expresamente por
la Convención de Belén do Pará. Y en la Recomendación General 196 el
Comité de CEDAW al hablar de la violencia contra las mujeres como una
forma de discriminación dice que es aquella basada en el sexo y que es
la dirigida contra la mujer “por ser mujer” o que la afecta en una forma
desproporcionada.
El patriarcado, como sistema de dominio que
subordina a las mujeres, nutre la violencia de género y la replica en
prácticas cotidianas a las que no escapan los organismos del estado y la
6 http://www.ipu.org/splz-e/cuenca10/cedaw_19.pdf
10
justicia7. Asimismo, Rita Segato refiere al patriarcado como “(…) una
institución que se sustenta en el control del cuerpo y la capacidad
punitiva sobre las mujeres”8.
Argentina dictó la Ley 26.485 de Protección Integral
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres en
los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, que
específica los tipos de violencia y los ámbitos en los que puede
acontecer. Tucumán adhirió a esta ley a través de la Ley 8.336.
La ley 26.485 contempla la violencia física,
psicológica, sexual, simbólica y económica o patrimonial. También
señala los ámbitos en los cuales puede perpetrarse esta violencia:
violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad
reproductiva, obstétrica y mediática (art 6 ley 26485).
En nuestra ley nacional 26485 se define en el
artículo 5 inc 3 a la violencia sexual como: “Cualquier acción que
implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital,
del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida
sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o
intimidación (…)” El decreto reglamentario de la Ley, 1011/2010
dispone que “(…) A los efectos de la aplicación del presente inciso
deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 2° de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, conforme la cual la violencia contra las mujeres incluye, junto
con la física y la psicológica, a la violencia sexual y se refiere tanto a las
acciones o conductas que tengan lugar dentro de la familia, como a las
7 Rosa Cobo Bedía sostiene que: “El patriarcado no es una unidad ontológica ni una invariante ajena
a la historia sino una antigua y longeva construcción social, cuyo rasgo más significativo es su
universalidad. También hay que destacar su carácter adaptativo, al extremo de constituirse en
estructura central de todo tipo de sociedades, sean tradicionales o modernas, del norte o del sur,
ricas o pobres”, Cobo Bedía, Rosa, Aproximaciones a la Teoría Crítica Feminista, CLADEM, Perú,
2014, p. 11. Ver en http://www.cladem.org/campanas-y-publicaciones/publicaciones/publicaciones-
regionales/30-feminismo/777-aproximaciones-a-la-teoria-critica-del-feminismo 8 Segato, Rita, “Que es un feminicidio. Notas para un debate emergente”, Serie Antropología 401,
Brasilia, Universidad de Brasil, 2006, p.
11
que se produzcan en lugares de trabajo, instituciones educativas,
establecimientos de salud o en otros espacios, tanto del ámbito público
como del privado (…)”.
Asimismo la ley 26485 en su artículo 6 inc b define
la violencia institucional contra las mujeres como “(…) aquella realizada
por las/los funcionarios/as, profesionales, personal y agentes
pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga
como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso
a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos por esta ley (…)”
La violencia contra la libertad reproductiva la define en el inc d) como
“(…) aquella que vulnere el derecho de las mujeres de decidir libre y
responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los
nacimientos, de conformidad con la ley 25673 de creación del Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable”. El decreto
reglamentario establece que “(…) Configura violencia contra la libertad
reproductiva toda acción u omisión proveniente del personal de
instituciones públicas o privadas de atención de la salud (…) que vulnere
el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente si desea o
no tener hijos, el número de embarazos o el intervalo entre los
nacimientos. Específicamente incurren en violencia contra la libertad
reproductiva los/as profesionales de la salud que no brindan el
asesoramiento necesario (…) como así también los/as que se niegan a
realizar prácticas lícitas atinentes a la salud reproductiva”. El inc e) de la
ley define a la violencia obstétrica como “(…) aquella que ejerce el
personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de la
mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de
medicalización y patologización de los procesos naturales, de
conformidad con la ley 25.929. El decreto reglamentario establece que
“Se considera trato deshumanizado el trato cruel, deshonroso,
descalificador, humillante o amenazante ejercido por el personal de
salud en el contexto de la atención del embarazo, parto y posparto, ya
12
sea a la mujer o al/la recién nacido/a, así como en el atención de
complicaciones de abortos naturales o provocados, sean punibles o no.
Se considera personal de la salud a los efectos de la ley que se
reglamenta, a todo aquel/lla que trabaja en un servicio se trate de
los/as profesionales (médicos/as, enfermeros/as, trabajadores/as
sociales, psicólogos/as, obstéricas/os, etc) o de quienes se ocupan del
servicio hospitalario, administrativo o de maestranza. Las mujeres que
se atienden en las referidas instituciones tienen el derecho a negarse a
la realización de las prácticas propuestas por el personal de salud. Las
instituciones del ámbito de la salud pública, privada y de la seguridad
social deben exponer gráficamente, en forma visible y en lenguaje claro
y accesible para todas las usuarias, los derechos consagrados en la ley
que se reglamenta”.
En relación a la mujer y a la salud, la
Recomendación General N° 24 del Comité de CEDAW establece que el
acceso a la atención de la salud, incluida la salud reproductiva, es un
derecho básico previsto en la Convención Sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Contra la Mujer. En su considerando 1
establece que “(…) los Estados eliminarán la discriminación contra la
mujer en lo que respecta a su acceso a los servicios de atención médica
durante todo su ciclo vital, en particular en relación la planificación de
la familia, el embarazo, el parto y el período posterior al parto … En la
presente Recomendación General, destinada tanto a los Estados Partes
como a todos los que tienen un especial interés en las cuestiones
relativas a la salud de la mujer, se ha procurado detallar la
interpretación dada por el Comité al artículo 12 y se contemplan
medidas encaminadas a eliminar la discriminación a fin de que la mujer
pueda ejercer su derecho al más alto nivel posible de salud”.
La Recomendación General N° 33 del Comité de
CEDAW sobre acceso de las mujeres a la Justicia se refiere a la
discriminación de las mujeres en la justicia penal en los siguientes
13
términos: “Las mujeres también resultan desproporcionadamente
penalizadas debido a su situación o condición, por ejemplo las mujeres
que practican la prostitución, las mujeres migrantes acusadas de
adulterio, las lesbianas, las bisexuales, las personas intersexuales y las
mujeres que se someten a abortos o las mujeres que pertenecen a
otros grupos que hacen frente a la discriminación”.
Ahora bien, en el ámbito de la salud las mujeres
también pueden ser víctimas de tortura y tratos crueles, inhumanos y
degradantes. Constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes,
además de afectar garantías constitucionales, obtener confesiones de
mujeres que requieren atención obstétrica urgente y se encuentran en
esta situación extrema en donde está en juego su vida y su salud.
El Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas
expresó su preocupación por el hecho de que se condicione la atención
médica a las mujeres cuya vida está en peligro por las complicaciones
derivadas de abortos clandestinos, a que las mismas proporcionen
información sobre quienes practicaron dichos abortos. Esas confesiones
se utilizarían posteriormente en causas instruidas contra ellas y terceras
partes, contraviniendo así lo preceptuado por la Convención.9 Respecto
a la tortura infringida por los equipos y/o en los servicios de salud, el
Decreto 1011/2010 que reglamenta la ley 26485 define al trato
inhumano como aquel “trato cruel, deshonroso, descalificador,
humillante o amenazante ejercido por el personal de salud en el
contexto de la atención del embarazo, parto y postparto, ya sea a la
mujer o al/la recién nacido/a, así como en la atención de
complicaciones de abortos naturales o provocados, sean punibles o no”.
En noviembre de 2009 se dictó en nuestro país la
ley 26.529 de los Derechos del Paciente en su relación con los
profesionales e instituciones de salud, que fue modificada por la ley
26.742 del año 2012. La ley de los Derechos del Paciente consagra los 9 CAT/C/5, párr. 6 j.
14
derechos a la autonomía de la voluntad, a la información, a la intimidad,
a la confidencialidad y a la documentación clínica.
Esta ley refuerza los principios y los estándares
básicos de la relación entre el/la médico/a y el/la paciente,
lineamientos que ya estaban en el juramento hipocrático y en los
códigos de ética médicos, pero que se especifican a la luz de los
derechos humanos.
Conforme el art. 2º, las/los pacientes tienen
derecho a la asistencia, al trato digno y respetuoso, a la intimidad, a la
confidencialidad, a que se respete la autonomía de la voluntad, a la
información sanitaria y a la interconsulta médica. Estos derechos
adquieren un matiz especial cuando se los interpreta a la luz de los
derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres. Porque
existen situaciones, vinculadas a la salud que sólo las experimentan los
cuerpos de las mujeres. Son las mujeres las que pasan por la
experiencia de un embarazo, un parto, una ligadura tubaria, abortos o
complicaciones post aborto.
La confidencialidad es medular en la relación
médico/a paciente y repercute en el derecho a la privacidad, a la
intimidad, a la vida y a la integridad física.
En este sentido la Organización Mundial de la Salud
define el deber de confidencialidad como el deber de los proveedores
de salud de proteger la información del paciente y no divulgarla sin
autorización.
Este deber de confidencialidad y de respetar la
intimidad, se encuentra indefectiblemente ligado a la obligación de
secreto profesional, y tiene un impacto diferenciado en relación a las
mujeres.
Como ya se dijo anteriormente, la Ley 26.485
contempla como una de las formas de violencia contra la mujer, la
violencia obstétrica. Este tipo de violencia es palmaria en los casos de
15
mujeres que llegan a los centros asistenciales con un aborto en curso y
son denunciadas penalmente por el personal de la salud que les brinda
asistencia. Esta amenaza de denuncia que pesa sobre las mujeres las
somete al temor entre morir o ir a la cárcel, lo que constituye un factor
disuasivo para que requieran atención médica en estos casos, con
consecuencias lamentables que pueden terminar en muerte.
La mujer que llega en estas condiciones a un centro
asistencial de salud también es una paciente y tiene todos los derechos
que le acuerda esta ley.
Respecto a la tensión entre el deber de denunciar y
el secreto profesional en estos casos, ya en el año 1966, en el plenario
"Natividad Frías" la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de Capital Federal, ante la denuncia penal efectuada por
personal de la salud a una mujer que llegó a un hospital en una
situación post aborto, y que fue denunciada penalmente dijo que: "el
interés público no podía justificar este inhumano dilema: o la muerte o
la cárcel"10. En sentido similar en lo que refiere al derecho de toda
persona a excluir interferencias o invasiones de terceros en su cuerpo
como componente necesario de la vida privada, se pronunció la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Baldivieso"11.
En igual dirección la Recomendación General N° 24
del Comité de CEDAW12 pone especial énfasis en la necesidad de
confidencialidad en situaciones post aborto y cómo la vulneración de
este derecho afecta la salud: "La falta de respeto del carácter
confidencial de la información (...) puede disuadir a la mujer de obtener
asesoramiento y tratamiento y, por consiguiente, afectar
negativamente su salud y bienestar. Por esa razón, la mujer estará
10
La Ley, 123-842. 11
CSJN 20/04/2010 12
Disponible en http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm
(consultada el 10/06/2016).
16
menos dispuesta a obtener atención médica para tratar enfermedades
de los órganos genitales, utilizar medios anticonceptivos o atender
casos de abortos incompletos".
En estos casos el profesional de la salud se
encuentra con una mujer en una situación de angustia y desesperación
porque está en riesgo su integridad física, su salud y su vida. A esta
situación solo la pueden experimentar las mujeres. Sólo las mujeres
pueden llegar a una institución de salud por complicaciones post aborto
o con un aborto en curso y, generalmente, sólo mujeres pobres que
llegan a centros de salud públicos son las que están sometidas a
denuncia penal, con lo cual la vulnerabilidad se intensifica y se hace más
manifiesta afectándose la igualdad de trato.
Cuando se viola el secreto profesional en estos
supuestos se vulnera la garantía de no declarar contra sí mismo/a que
está prevista en el art. 18 de la Constitución Nacional. Esta garantía, que
se aplica claramente y sin mayores discusiones en otros supuestos, en
el caso de mujeres que llegan en una circunstancia de aborto en curso a
una institución de salud, la máxima constitucional del art. 18 pareciera
ceder para perjudicarlas.
Desde el punto de vista del proceso penal y las
garantías constitucionales que deben respetarse, no corresponde
denunciar a una mujer en estas circunstancias. El Estado no puede
valerse de un acto prohibido por la ley para poner en funcionamiento su
función represiva. Denunciar penalmente a una mujer que se encuentra
en esta situación, implica obtener la prueba de un supuesto ilícito
valiéndose de la vulneración a una garantía constitucional y esta
conducta repele las bases de nuestro estado de derecho. Ya lo tiene
dicho la Corte de Nación en numerosos pronunciamientos, entre ellos
en la causa "Fiorentino"13.
13
Fiorentino, Diego E., Fallos 306:1752, 27/11/84
17
Respecto del deber de confidencialidad que tiene el
personal de la salud, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se
pronunció en el caso "De La Cruz Flores"14. Dijo la Corte en este caso en
el apartado 97: "(...) la Corte considera que la información que el
médico obtiene en ejercicio de su profesión se encuentra privilegiada
por el secreto profesional. Por ejemplo, el Código Internacional de Ética
Médica de la Asociación Médica Mundial dispone que "el médico debe
guardar absoluto secreto de todo lo que se le haya confiado, incluso
después de la muerte del paciente".
A la luz de la normativa enunciada
precedentemente se puede afirmar que en este caso se violaron las
garantías constitucionales de Sánchez, existió violación de secreto
profesional, un procedimiento plagado de irregularidades y la
valoración de una prueba que, además de ser obtenida en forma
ilegítima, no alcanza para fundar una sentencia de condena.
A continuación se establecerá la relación entre la
prueba producida en la audiencia de debate y la afirmación de que en
esta causa se violó el secreto profesional y las garantías constitucionales
de la acusada.
VII- PROHIBICIÓN DE VIOLAR EL SECRETO PROFESIONAL.
TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES. VIOLACIÓN DEL
DEBIDO PROCESO.
En esta causa advertimos la existencia de
numerosas irregularidades en el proceso que violan garantías
constitucionales. Sánchez ingresa por complicaciones obstétricas a la
institución de salud y a partir de ahí es aprehendida y privada de su 14
"De la Cruz Flores c. Perú", Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 18 de
noviembre de 2004.
18
libertad.
La violación del secreto profesional surge clara en
las primeras fojas del expediente que fueron incorporadas por lectura
en la audiencia.
Cuando la acusada llega al Hospital Avellaneda, se
asienta en su Historia Clínica, incorporada al debate oral: “aborto
espontáneo incompleto sin complicaciones” según la primera hoja de
su HC a fs. 65. Ese es el primer diagnóstico. A partir de este momento,
todos los actos posteriores se desarrollaron violando el debido proceso
legal, colocando de manera caprichosa a la acusada en el lugar de
homicida.
En la audiencia de debate se incorporó por lectura
la declaración indagatoria de Sánchez, de fs. 23/24. En esta declaración
indagatoria, la acusada relata que le preguntaban si estaba embarazada
y ella contestaba que no. Dijo también que “…nunca me dijeron que
había un bebé. Me hicieron el legrado, después de ahí estuve hasta las
06:20 en la sala de parto y ahí vino un enfermero y me hizo ver, y me di
cuenta lo que había pasado…Me hizo ver en una cajita el feto…”
El Dr. Molina que revisó a la acusada y diagnosticó
abdomen blando con tumoración y sangrado, y dispuso el traslado a
ginecología, interrogó a la paciente acerca de si estaba embarazada, y la
paciente contestó que no. (conforme declaración testimonial vertida en
la audiencia y reconocimiento de firma de testimonial en el expediente
judicial).
La declaración indagatoria de Sánchez, así como las
testimoniales de los médicos y las parteras dan cuenta de un
procedimiento viciado en el que se violó el secreto profesional y se
sometió a la acusada a un trato cruel, inhumano y degradante.
El doctor Molina la interroga acerca de si estaba
embarazada y la revisa, constatando abdomen blando con tumoración y
19
sangrado, es decir que la paciente se encontraba en una situación de
vulnerabilidad.
La acusada es trasladada a ginecología en donde le
realizan un legrado, al despertarse un enfermero le muestra una caja
con un feto. ¿Cuál es el objeto de mostrarle el feto cuando la paciente
despierta de un legrado, si no es angustiarla y someterla a una situación
de dolor y temor?. Este dolor y temor se afirma por la declaración
testimonial de la psicóloga Bravo que relató, que cuando fue a
entrevistarla a Sánchez un día lunes, después de que se le practicara el
legrado, “… lloraba angustiada; decía que le habían mostrado un bebé y
que le habían dicho que ese bebé era suyo. Estas son situaciones que a
veces uno pueden contextualizar, pero como fueron cortas las
entrevistas y en medio de situaciones tan violentas en todo sentido, no
pude hacerlo”.
Asimismo la licenciada en enfermería obstétrica,
Monje, relató en el debate que “…yo no la veo nunca a la señora,
porque yo no fui adonde ella estaba siendo asistida; yo pedí a un
familiar de la señora que me acompañe al baño, era una persona de
sexo femenino, no me acuerdo quien era, pero era una señora, el baño
era saliendo del edificio, yo me dirijo a ese baño, llevo guantes, un
equipo de parto por las dudas, y llego al baño y se veía la parte de arriba
de la cabeza del bebé… y lo llevo a la sala de neonatología”. Monges
requiere la presencia de la madre de la acusada para que la acompañe
al baño. El accionar de Monges también causó sufrimiento a quien es
familiar de la acusada, concretamente su madre.
También el doctor Molina preguntó a la paciente
antes de atenderla, en la situación de emergencia en que se
encontraba, si es que estaba embarazada. En este mismo sentido el
doctor José Daniel Martín, que es quien revisa a la paciente después de
ser derivada por el doctor Molina, también admitió que averiguó sobre
el embarazo mientras atendía a la paciente. Sánchez, en ese momento
20
se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad. Da cuenta
de esto último el propio relato del Dr Martín que dijo: “… lo que nos
urgía a nosotros era averiguar qué había pasado con el feto y atender a
la paciente, yo me dediqué a hacer el trabajo que tenía que hacer,
compensarla a la paciente, se le colocó una vía, le realicé una higiene
perineal, se procedió a dormirla a la paciente porque era necesario
hacerle un raspado, una limpieza, luego se le realizó el alumbramiento
de la placenta, porque cuando son partos pre-términos la placenta no
sale completa, por eso se completó con un legrado”. En los momentos
en que la paciente estaba en una situación de urgencia, previo a que se
le practique un legrado y con hemorragia, se la interrogaba; en su
declaración el Dr. Martín confirma esto último cuando dice:
“….específicamente recuerdo haberle preguntado a la paciente qué
había pasado con el bebé, y ella lo negó en todo momento, negó que
había un bebé, por eso pegunté si había un familiar, y andaba la madre
por ahí, creo, pero ella dijo sólo que tenía una hemorragia nomás”. El
interrogatorio del médico a la paciente en estas condiciones era
absolutamente innecesario a los fines de proteger la vida de un “bebé”,
puesto que él mismo declara que “ya habían intervenido otras personas
para ir a buscar el bebé”, mientras él la interrogaba a Sánchez.
Ya se encontraba personal policial cuando se le
estaba haciendo el legrado a la imputada, lo que demuestra también la
coacción que sufrió. La declaración testimonial de la psicóloga Patricia
Daniela Bravo, ilustra sobre esta situación: “…subo al piso a ver, y había
policías, mucha gente, un momento de fuerte impacto…yo la veo en la
sala de parto, ya le habían hecho un legrado para terminar de sacar la
placenta; yo me encuentro con una paciente angustiada, desbordada
que no podía empezar a hablar, no podía relatar los hechos, no sabía
que había pasado, un estado confusional muy marcado, decía que había
ido a la guardia por malestares digestivos, que había ido varias veces al
baño; dijo que una de las veces que fue al baño, salió ensangrentada,
21
motivo por el cual su mamá se alarma y la trasladan al servicio de
perinatología; yo ya sabía que se había encontrado un feto en el inodoro
en el baño”.
La presencia de la policía, incluso en el quirófano,
surge también de la historia clínica. En este documento, el Dr. Martín
hace constar que la policía se hizo presente en el quirófano para
informar la presencia de un feto. En el mismo sentido la Psiquiatra
Gladys Hansen dijo que no pudo concluir con la entrevista a Sánchez
porque “ya se la llevaba la policía”.
Es decir, la acusada fue interrogada varias veces, se
trató de obtener su confesión bajo coacción, cuando estaba en una
situación de extrema vulnerabilidad despertando de un legrado, se le
exhibió un feto como su “hijo” y la policía estuvo presente, tan presente
que no pudieron concluirse las entrevistas con la psicóloga y la
psiquiatra porque se “la llevaba la policía”.
En este caso una mujer ingresa con un aborto en
curso a una institución de salud, sale directamente a una institución
penitenciaria donde queda alojada, sin solución de continuidad,
mediando sobre ella todo tipo de violencias.
La doctrina entiende en forma unánime que la
confesión no solo es la declaración del imputado/a sino también la
información que se revela a través de los vestigios en su cuerpo.
Respecto a la prohibición de autoincriminarse, el
artículo 262 del Código de Procedimiento Penal de Tucumán establece
que “El imputado podrá abstenerse de declarar. En ningún caso se le
requerirá juramento o promesa de decir verdad, ni se ejercerá contra él
coacción o amenaza, ni se usará medio alguno para obligarlo, inducirlo
o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le harán cargos o
reconvenciones tendientes a obtener su confesión. La inobservancia de
este precepto hará nulo el acto, sin perjuicio de la responsabilidad
22
disciplinaria o penal que corresponda”.
Sánchez fue sometida a un trato inhumano,
definido por el decreto 1011/2010 que reglamenta la ley 26485, como
aquel “trato cruel, deshonroso, descalificador, humillante o
amenazante ejercido por personal de la salud en el contexto de la
atención del embarazo, parto y postparto, ya sea a la mujer o al/la
recién nacido/a, así como en la atención de complicaciones de abortos
naturales o provocados, sean punibles o no”.
En esta causa existió un interrogatorio a una
paciente que llega a una institución pública con una emergencia
obstétrica (tal como se reconoce en la historia clínica donde se consigna
que estaba sufriendo un aborto espontáneo) y se trata de obtener
información para luego denunciarla, se la somete a un trato cruel e
inhumano, violando así garantías constitucionales.
Estamos ante un caso testigo del trato que tienen
muchas mujeres en los servicios de salud y de los estereotipos de
género que todavía tiene la justicia. Se encontró un feto y había que
vincularlo con una mujer que llegó a un hospital con una emergencia
obstétrica.
VIII- PRUEBA INSUFICIENTE PARA FUNDAR UNA SENTENCIA DE
CONDENA
No obstante que el procedimiento es nulo por la
violación del secreto profesional y las garantías del debido proceso
(derecho a no autoincriminarse, prohibición de ser sometida a tratos
crueles, inhumanos y degradantes, coacción al declarar la acusada), en
el caso que, quisiera mantenerse de alguna manera el procedimiento,
tampoco la prueba obtenida es contundente para sostener, con el
grado de certeza que nuestro derecho requiere, una sentencia de
23
condena.
Este último argumento sólo se desarrollará a los
fines de demostrar que no existe posibilidad, desde la lógica de nuestro
derecho penal y procesal penal, de convalidar una sentencia de
condena como la dictada en este caso y proseguir con la prisión de
Sánchez.
En materia penal, para dictar una sentencia de
condena es necesaria la existencia de prueba objetiva y contundente
que vincule a una persona con el resultado ilícito producido y se la
pueda responsabilizar de ese resultado. La culpabilidad requiere ser
demostrada con certeza.
Luigi Ferrajoli establece modelos de derecho penal
en su obra Derecho y Razón15. Uno de los modelos, al que adscribe
nuestro país, es el modelo garantista de derecho penal, que se
construye en base a diez axiomas fundamentales. Para que exista
responsabilidad penal, es necesario que existan estos diez axiomas.
Cada uno es una condición necesaria para la atribución de la pena. La
existencia de prueba contundente y concluyente es fundamental para
sostener la existencia de delito y sostener una pena.
Nieva Fenoll sostiene que “por mucha sospecha que
se haya generado sobre esa persona, sino existe ningún dato objetivo
que permita deducir la responsabilidad, no quedará otro remedio que
absolver (…) la realidad contraria parece mucho más inconveniente.
Imagínese qué habría de suceder en caso de que, generalizadamente,
los sospechosos pudieran ser condenados sin pruebas materiales de su
participación en los hechos. La situación devendría simplemente
insoportable”16.
En este caso la pena se basó en pruebas obtenidas
ilegítimamente, pero no obstante obtenidas de esta manera, tampoco, 15
Ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón, Trotta, Madrid, 2009. 16
Nieva Fenoll, Jordi, La duda en el proceso penal, Marcial Pons, Madrid, 2013.
24
en el caso de sostener el procedimiento como válido, son suficientes
para fundar una sentencia de condena.
Y si bien nuestro sistema no reconoce la prueba
tasada, sino que existe el sistema de la sana crítica, es necesario que la
prueba producida en la audiencia de debate no deje ningún rastro de
duda acerca de la culpabilidad de la persona imputada. ¿Cómo pudieron
tener esta certeza los juzgadores si, además de no contar con un ADN
del feto, existe contradicción de horarios e imprecisiones en todo el
proceso?
Los hechos que se le atribuyeron a la imputada sólo
responden a la necesidad, caprichosa, de culpabilizar a una mujer por
un feto encontrado en un baño.
Conforme a la teoría de la imputación objetiva,
utilizada ampliamente en la actualidad, la verificación de la causalidad
natural será un límite mínimo, pero no suficiente para la atribución del
resultado. Conforme lo dice Bacigalupo: “comprobada ya la causalidad
natural, la imputación del resultado requiere además verificar: 1) Si la
acción del autor ha creado un peligro jurídicamente desaprobado para
la producción del resultado; 2) Si el resultado producido por dicha acción
es la realización del mismo peligro –jurídicamente desaprobado- creado
por la acción”17
El resultado: muerte de un feto no puede serle
imputado a la acción de Sánchez de ir al baño ¿Cómo vinculan el feto
encontrado en un baño, con la acusada?, ¿De dónde deducen este nexo
causal?
El resultado muerte de un feto encontrado en un
baño, no puede serle imputado a la acción de Sánchez de ir al baño
porque no existe un nexo causal, y no existe un nexo causal porque no
se puede probar que la acción de Sánchez haya creado un peligro
17
Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte General, Hammurabi, Bs. As, 1999, p. 271.
25
jurídicamente desaprobado para la producción del resultado y que el
resultado producido por dicha acción, es la realización del peligro
creado por esa acción. No existen elementos contundentes que
indiquen que el feto encontrado en el baño se lo pueda vincular
jurídicamente con la imputada.
No es un dato menor en absoluto que no haya
constancia de a qué baño iba a la imputada, pero, sobre todo, llama la
atención que el “feto encontrado” fue hallado por la Partera Monje a
las 3 am de la mañana (fs. 12) según el Informe N° 990 obrante en el
expediente Policial N 3012-334 que suscribe Marcela Sueldo a las 8.43
a.m del 21/03/2014 y fue incorporado al debate. ¿Cómo se vincula un
feto que se encuentra a las 3 am, con una paciente que ingresa a las
3:45 con dolores abdominales y cólicos? Además de este absurdo,
aparece en la sentencia otro elemento fundamental, la vinculación de
una mujer con un “hijo” (feto) sin que exista un ADN, cuando el ADN es
la forma de determinar la filiación.
No se practicó ADN. Sin embargo en la sentencia, en
el voto del vocal preopinante, como una forma de convencer a través
de la palabra y no de la ciencia, aparece permanentemente la palabra
“hijo” para significar la vinculación filial de la acusada con el feto
encontrado en un baño.
Es inadmisible que en un caso como este no exista
prueba de ADN. Y esta impericia o falta, no puede adjudicársele a la
acusada. Es el Estado, a través del Ministerio Público Fiscal, el que debe
reunir la prueba de cargo, y no es la imputada la que tiene que
demostrar que un feto encontrado en un baño no le pertenece.
Si bien en la sentencia hacen referencia a que el
ADN no puede ser la única prueba para acreditar el vínculo en este
caso, justamente en este caso existen un sinnúmero de pruebas que
impiden demostrar que ese feto pueda vinculárselo con la acusada,
como por ejemplo la diferencia notable de horario en el que la paciente
26
ingresa a la institución pública (3:45 am) (fs. 65 de la Historia Clínica) y
la hora en que se encuentra un feto en un baño (3 am) conforme surge
de fs 12 incorporada por lectura en la audiencia de debate. Asimismo
existen contradicciones en el examen de autopsia que hizo el médico,
Dr. Armando a fs. 35 (agregada por lectura en la audiencia)
En este informe el médico del Cuerpo Médico
forense del Poder Judicial, Doctor Armando, consigna en un principio la
autopsia de un cadáver de feto de sexo masculino, producto de la
gestación de la causante de 35 años y que falleció el día 21/03/2014 en
el hospital Avellaneda. Posteriormente se refiere al “EXAMEN EXTERNO:
Cadáver en buen estado de conservación, perteneciente a un FETO SEXO
FEMENINO, de aproximadamente 32 semanas de gestación (…) 950
grs. Y 36 cm (…) Pulmones (…) la prueba hidrostática positiva en sus
tiempos (…) CONSIDERACIONES MÉDICO LEGALES: la signología
encontrada durante la autopsia médico-legal practicada nos indica que
se trata de un menor, de aproximadamente treinta y dos semanas de
vida que sufrió en vida un importante traumatismo en región fronto-
parieto temporal occipital que por su magnitud e importancia aún
cuando no injurió tablas óseas constituyó un traumatismo encéfalo
craneano (…) siendo ésta la causa que en definitiva llevó al óbito a la
causante (feto mujer). (…) CONCLUSIONES: 1ª) NN SEXO MASCULINO
HIJO DE ..., falleció por traumatismo encéfalo craneano. 2ª) Se adjunta
certificado de defunción de LA CAUSANTE”.
Según el informe médico forense, el feto en un
principio es femenino y después, de sexo masculino y de una mujer de
35 años, cuando la acusada tiene 25 años. Con lo cual estamos en
presencia de un documento que se contradice en los datos que informa
y constata.
Como se dijo anteriormente, una de las
características que tiene el derecho penal en nuestro sistema es el
requisito de la existencia de certeza absoluta de la comisión de un
27
delito para que un tribunal pueda condenar. La prueba rendida en el
debate es la que va a determinar si una persona cometió o no el delito
que se le imputa. En el análisis del acerbo probatorio, el Tribunal debe
ser riguroso, puesto que de ello depende la libertad de las personas.
Ahora bien de la lectura de la sentencia, no surge en forma indubitable
la culpabilidad de Sofía, ello por cuanto no existe prueba que la coloque
en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el delito por la que
viene imputada.
Esta valoración de las pruebas de manera
caprichosa o valorando pruebas que fueron obtenidas violando
garantías constitucionales, conduce a una sentencia de las
denominadas por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación como
“arbitraria” porque no son una “derivación razonada del derecho
vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa,
siendo descalificables los fallos que en forma inequívoca se apartan de
la solución normativa prevista para el caso o que carezcan
absolutamente de fundamentación, así como los que se fundan en
afirmaciones meramente dogmáticas u omiten pronunciarse sobre
cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución
del pleito”. (CS - 30/11/76 - "Fernández del Río, José A. c/ Gobierno
Nacional" - ED 71-305).
La sentencia es arbitraria porque valoró en forma
errada la prueba (que por otro lado, fue obtenida, reiteramos, en
violación a las garantías constitucionales). Sobre esta cuestión nuestra
Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en varios fallos a
los fines de admitir el recurso extraordinario en los siguientes términos:
“Si bien las cuestiones que se suscitan en torno a los hechos, pruebas y
derecho procesal son ajenas, como regla, a la vía del art. 14 de la ley 48,
ello no es óbice para que la Corte pueda conocer en los casos cuyas
particularidades hacen excepción al principio, con base en la doctrina
de la arbitrariedad, toda vez que con ésta se tiende a resguardar la
28
garantía de la defensa en juicio y el debido proceso, exigiendo que las
sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan una derivación
razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias
comprobadas de la causa. (CS - 7/4/1992 - "Abad, Manuel E. y otros"
(Del voto de los Dres. Levene y Moliné O'Connor) - L.L. 1992-D, 180)”.
IX- RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
En caso de confirmarse la sentencia de
condena a Sofía Sánchez, el Estado argentino podría ser responsable
internacionalmente, porque se violaron garantías constitucionales
previstas en instrumentos internacionales. La acusada fue sometida a
tratos crueles, inhumanos y degradantes en ocasión de encontrarse con
una emergencia obstétrica.
La jurisdicción de estos organismos internacionales
ha sido aceptada por el Estado Argentino a través de la suscripción a los
tratados, pactos y convenciones que desde el año 1994, integran el
ordenamiento jurídico constitucional como ley suprema de la Nación.
La firma de los instrumentos internacionales de
derechos humanos, conlleva responsabilidades para los Estados, atento
a que deben ajustar sus políticas locales a los términos de estos
instrumentos que han suscripto, así como a las directivas concretas que
emanan de los respectivos órganos que monitorean el cumplimiento de
los tratados por los países signatarios. Nuestro país ya fue condenado
internacionalmente en los Casos LNP vs. Argentina18 y LMR vs.
Argentina19.
Todos los instrumentos ratificados por Argentina y
las leyes nacionales que se adecuan a ellos obligan a incorporar la
18 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Comunicación Nº 1610/2007. 18 de julio de
2011. (CCPR/C/102/D/1610/2007).
19 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Comunicación No 1608/2007. 29 de marzo de
2011.(CCPR/C/101/D/1608/2007).
29
perspectiva de género, a visibilizar las diversas formas de violencia que
diariamente viven las mujeres, entre ellas la criminalización de mujeres
que sufren abortos espontáneos.
X- COROLARIO:
Se han aportado innumerables elementos de índole
teórica, normativa y jurisprudencial que sustentan las obligaciones del
Estado, en este caso del Poder Judicial. Estamos frente a un proceso con
innumerables irregularidades, que derivó en el dictado de una
sentencia condenatoria sin bases fácticas ni jurídicas. A raíz de esta
sentencia Sofía Sánchez se encuentra privada de la libertad por el solo
hecho de haber sufrido un aborto espontáneo.
No existe ningún nexo causal entre el aborto
espontáneo que sufrió Sánchez y el feto encontrado en un baño, cuyo
hallazgo se produjo 45 minutos antes (ver fs. 65 Historia Clínica) del
ingreso de la imputada al nosocomio. Nunca se hizo una prueba de ADN
y el informe del médico forense es contradictorio.
En consecuencia y a modo de recapitulación
debemos manifestar que:
Al conculcarse las garantías y derechos de Sofía
Sánchez, se transgredieron los siguientes Instrumentos Internacionales
y normas del Derecho Interno que fueron punto por punto expuestos
en el presente memorial:
La Convención de Belém do Pará
La Convención para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer
La Recomendación Nº 19 del Comité de la CEDAW.
La Recomendación General Nº 24 del Comité de CEDAW que
pone especial énfasis al deber de confidencialidad en situaciones
de aborto.
30
La Recomendación General Nº 33, que se refiere al acceso de las
mujeres a la justicia.
La Convención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles,
Inhumanos o Degradantes, respecto de la tortura o tratos
crueles, infringidos por equipos y/o servicios de salud a las
mujeres en el contexto del embarazo, parto y posparto, así como
la atención de abortos naturales o provocados, sean punible o no.
Respecto del Derecho Interno se infringió
La Ley 26485 Art. 5 Inc. 3) Violencia en la Salud Sexual y
Reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de fuerza o
intimidación, Art. 6 Inc. b) Violencia Institucional, ejercida por el
personal de la salud; Art. 6 Inc. e) Violencia obstétrica.
La Ley 26529, modificada por Ley 26.742/12, de los derechos
del/la paciente, que consagra los derechos a la autonomía de la
voluntad, a la información, a la intimidad, a la confidencialidad a
y la documentación clínica.
Respeto de la tensión entre el deber de denunciar y
el secreto profesional, en fallo plenario la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Capital Federal, en el caso
Natividad Frías, dijo “el interés público no puede justificar este
inhumano dilema: o muerte o la cárcel” año 1966.
Teniendo en cuenta todo lo desarrollado en este
Amicus Curiae, CLADEM considera que resulta necesario incorporar en
el análisis de las actuaciones de referencia, una perspectiva de género
con los estándares internacionales.
Surge palmariamente que en la investigación del
hecho se incurrió en violaciones a las garantías constitucionales.
Pero, además, la prueba (ilícita) también es
insuficiente para sostener una condena. La prueba no alcanza el grado
de certeza y coherencia suficiente para adjudicarle a Sánchez el
homicidio de su “hijo”.
31
Entendemos que estas breves consideraciones que
hemos desarrollado en los puntos anteriores sirven para absolver a
Sofía Sánchez del delito que le fuera imputado y disponer su inmediata
libertad.
Petitorio:
Por todo lo expuesto, a V.E, solicitamos:
a) Se tenga por presentado este memorial de
Amicus Curiae.
b) Se declare la admisibilidad de esta presentación.
c)Se consideren los argumentos precedentemente
expuestos al resolver el presente caso.
JUSTICIA
