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Ediciones Jurisprudencia del Trabajo, C.A. Jurisprudencia
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PRESTACIONES SOCIALES. PLAZOS Y FORMAS DE PAGO
a) Según el Artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, las prestaciones sociales son créditos de exigibilidad inmediata, en consecuencia su falta de pago genera intereses de mora desde la fecha de la terminación de la relación de trabajo.
b) La indexación resulta de obligatoria aplicación a la cancelación de
prestaciones sociales, tanto en el caso de los funcionarios públicos como el caso de los trabajadores al servicio del sector privado.
Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital (20-01-2016)
En fecha 08 de diciembre de 2014, la ciudadana …, titular de la cédula de identidad Nº
V-…, debidamente asistida por la abogada…, inscrita en el Instituto de Previsión
Social del Abogado bajo el Nº …, consignó ante el Juzgado Superior Décimo de lo
Contencioso Administrativo de la Región Capital (en funciones de Distribuidor),
escrito contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial contra la …,
mediante el cual solicitó, las prestaciones sociales y otros conceptos derivados de la
relación funcionarial, intereses de mora e indexación judicial.
(Omissis)
II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Esta Juzgadora para decidir observa, que el objeto principal de la presente querella se
fundamenta en la solicitud del pago de prestaciones sociales, intereses sobre la
prestación de antigüedad (fideicomiso), vacaciones no disfrutadas del periodo 2013-
2014, vacaciones fraccionadas del periodo 2014-2015, bono vacacional fraccionado del
periodo 2014-2015, aguinaldos fraccionados, intereses de mora del sobre prestaciones
sociales de la ciudadana … Asimismo solicitó, la indexación sobre las cantidades
señaladas y la experticia complementaria del fallo.
De la prestación de antigüedad
En principio, la parte accionante alegó que se le adeuda la antigüedad acumulada desde
el 16 de abril de 2013 hasta el 16 de septiembre de 2014, arguyendo la parte querellada
que la Dirección General de Recursos Humano… está gestionando todo lo conducente
para dar cumplimiento al pago de las prestaciones sociales…
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En tal sentido esta Juzgadora debe señalar que las prestaciones sociales constituyen un
beneficio legal de la administración frente a los funcionarios públicos, el cual consiste
en una recompensa por la antigüedad de la prestación de servicio y a su vez constituye
un amparo en caso de cesantía, atender necesidades o cubrir riesgos originados durante
el desarrollo de su actividad laboral (…).
(…)
Ahora bien, el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo los Trabadores y las
Trabajadoras, prevé el modo de calcular la antigüedad. Específicamente el literal “a”,
dispone que se le debe depositar al trabajador lo correspondiente a 15 días por cada
trimestre como garantía de las prestaciones sociales, calculados con base al último
salario devengado; además el literal “b” ibídem establece que una vez alcanzado un
año de servicio, se deberán pagar 02 días de salario adicionales por cada año,
acumulativos hasta 30 días de salario; asimismo, el literal “c” de la referida Ley ordena
efectuar el cálculo de las prestaciones sociales, independientemente de la causa de
finalización de la relación de trabajo, con base a 30 días de salario por cada año de
servicio o fracción superior a los 06 meses tomando como referencia el último salario
percibido y la cantidad que resulte mayor de los cálculos establecidos en los literales
“a” y “b”, será el monto que efectivamente deberá pagársele al actor por concepto de
prestaciones sociales, tal y como lo establece el literal “d” ibídem.
(…)
Realizado el estudio de las actas que conforman el presente expediente no se observó
que reposara constancia alguna que evidenciara el pago de la prestación de antigüedad
por parte de … a la querellante, siendo el pago de las prestaciones sociales un derecho
constitucionalmente protegido y exigible de manera inmediata, tal como lo establece el
artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se tiene que
dicha obligación al momento en que el trabajador se separe de las funciones que
realiza, por tanto se ordena a la …, cumplir con el pago de las prestaciones sociales de
la accionante calculadas desde 16 de abril de 2013 hasta el 16 de septiembre de 2014,
ambas fechas “inclusive”, de conformidad con lo regulado en los literales “a”, “b”, “c”
y “d” del artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
Trabajadoras, Concepto éste que deberá ser calculado mediante experticia
complementaria del fallo. Así se decide.
(…)
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De las documentales señaladas ut supra, se desprende que la Administración hasta la
presente fecha no ha realizado el pago correspondiente a las prestaciones de antigüedad
de la accionante, por consiguiente tampoco no ha materializado el pago de los intereses
sobre prestación de antigüedad (fideicomiso), razón por la cual, siendo que … no ha
cumplido con el pago de la referida obligación que por derecho le corresponde a la hoy
querellante conforme al artículo 143 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores
y las Trabajadoras, este Tribunal ordena el pago de los Intereses devengados de las
prestaciones sociales (fideicomiso) correspondiente al periodo desde el 16 de abril de
2013 hasta el 16 de septiembre de 2014. Así se decide.
De las vacaciones vencidas no disfrutadas del periodo 2013 - 2014; vacaciones
fraccionadas del periodo 2014 – 2015 y bono vacacional fraccionado del periodo 2014
– 2015...
Así como por vacaciones fraccionadas del periodo 2014-2015, las cuales deberán ser
calculadas tomando en consideración los cinco (05) meses que transcurrieron desde el
16 de abril de 2014, hasta el 16 de septiembre de 2014, y por bono vacacional
fraccionado correspondiente al periodo 2014-2015, las cuales deberán ser calculadas
tomando en consideración los cinco (05) meses que transcurrieron desde el 16 de abril
de 2014, hasta el 16 de septiembre de 2014.
(…)
Siendo el pago de las prestaciones sociales una obligación de exigibilidad inmediata,
resulta oportuno traer a colación lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, cuyo texto es del tenor siguiente:
“(…) Artículo 92. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a
prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los
amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos
laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los
cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías
de la deuda principal. (…)”
(Negrillas de este Tribunal).
(…)
…se colige que las prestaciones sociales constituyen un derecho de Rango
Constitucional, que garantiza al trabajador una recompensa por los años de servicio
prestados y se les brinde protección en caso de cesantía, los cuales se hacen exigible de
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forma inmediata, y en caso de mora en su pago generan intereses, los cuales gozan de
los mismos privilegios de la garantía principal.
Aunado a ello, la jurisprudencia patria ha sido conteste en que los intereses moratorios
constituyen la consecuencia por la falta de pago oportuno, generada por el retardo en la
cancelación de las prestaciones sociales, derecho éste que se hace exigible al momento
de culminar la relación laboral, al ser ello así se puede concluir que, para el cálculo de
los intereses moratorios, necesariamente deben computarse desde el momento en que
se extingue la relación laboral, hasta la fecha en que se efectúe el pago de las
prestaciones sociales.
En conexión con lo anteriormente expuesto, riela al folio treinta y ocho (38) de la pieza
principal, copia simple de Planilla de Liquidación Estimada de Prestaciones Sociales
donde se observa los renglones de fecha de ingreso al Organismo y Antigüedad el día
16 de abril de 2013, fecha de egreso 16 de septiembre de 2014, así como monto neto a
liquidar …, aunado a ello se tiene que el querellante el día 16 de septiembre de 2014,
egresó de la …, y que hasta la presente fecha no ha recibido el pago de sus prestaciones
sociales, siendo evidente que dicho Organismo, no realizó el pago inmediato una vez
culminada la relación funcionarial, esto es, el 16 de septiembre de 2014, incurriendo en
mora de conformidad a lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. Así se establece.
Determinado lo anterior, debe señalar esta Juzgadora que en virtud de haberse
comprobado que el querellante culminó su relación funcionarial el día 16 de
septiembre de 2014, y que hasta la fecha no se ha realizado el pago por concepto de
prestaciones sociales, siendo éstas de exigibilidad inmediata, ello trae como
consecuencia que se generen intereses moratorios por el lapso que transcurre desde la
fecha en que culminó la relación de empleo público, es decir, desde el 16 de
septiembre de 2014 “exclusive”, hasta la fecha del efectivo pago de las prestaciones
sociales, en consecuencia se declara procedente el pago de los intereses moratorios de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, los cuales deberán calcularse de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 142 ordinal “f” de la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras. Así se declara.
De la indexación o corrección monetaria
Considera este Juzgado necesario traer a colación el criterio sentado por la Corte
Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia del expediente Nº Exp.
AP42-Y-2015-000040 en fecha 29 de abril de 2015, …, señala:
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“(…)En cuanto a la solicitud de indexación o corrección monetaria sobre las
prestaciones sociales, considera esta Corte necesario traer a colación el criterio
establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia
Nº 391 de fecha 14 de mayo de 2014, …, en los términos siguientes:
“(…)esta Sala considera que la negativa a aplicar la indexación monetaria en el
ámbito de la Función Pública, en virtud que los conceptos que se ordenan cancelar
derivan de una relación estatutaria, no siendo éstos susceptibles de ser indexados por
ser una deuda de valor, en el cual, además, no existe un dispositivo legal que ordene la
corrección monetaria, no puede ser justificación para no ser aplicada a los
funcionarios, por cuanto dicha indexación es la consecuencia de un hecho: pérdida del
valor adquisitivo de la moneda en el tiempo y el objetivo de ésta es alcanzar el mayor
grado de justicia social posible, garantizar un nivel de vida digna para todos por
igual, promover el trabajo como el medio más idóneo para el desarrollo de los
individuos y de sus familiares(…)”
“(…) esta Sala estima que la indexación resulta de obligatoria aplicación a la
cancelación de prestaciones de (sic) sociales, tanto en el caso de los funcionarios
públicos como el caso de los trabajadores al servicio del sector privado, más aún
cuando existe en los actuales momentos un crecimiento de trabajadores que se
encuentran a la orden de la Administración Pública, convirtiéndose el Estado en el
mayor empleador y el primer encargado de garantizar el derecho a la no
discriminación y a la igualdad en la Constitución…
(…)
Siendo ello así, esta Corte declara procedente la corrección monetaria en el pago de
las prestaciones sociales de la recurrente, la cual deberá ser calculada desde la fecha
de admisión del presente recurso contencioso administrativo funcionarial, esto es, 22
de enero de 2014, hasta la fecha del efectivo pago, excluyendo únicamente el lapso en
que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes o paralizado por
motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, tal y como lo
indicó el Juzgado a quo. Dicho cálculo será realizado por el Tribunal de la causa,
para lo cual deberá en la oportunidad de la ejecución, solicitar al Banco Central de
Venezuela un informe sobre el índice inflacionario acaecido en el país entre dicho
lapso, a fin de que este índice se aplique sobre el monto que en definitiva corresponda
pagar al ciudadano …. Así se declara. (…)”
De acuerdo al criterio jurisprudencial trascrito, acogido por este Tribunal, en la
búsqueda de lograr el mayor grado de justicia para cada unos de los ciudadanos, estima
este procedente acordar el pago de la indexación... Así se decide.
La Jueza Provisoria, MIGBERTH R. CELLA HERRERA.
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