Algunas conclusiones de los estudios sobre las causas económicas

sociales y culturales de la violencia social en cuatro ciudades.

Incide Social, A.C.

Agosto 2012

La investigación promovidas y apoyadas por INCIDE Social A.C. en varias

ciudades y municipios se fundamenta en las siguientes hipótesis

a. Que los procesos de modernización e individuación afectan y son

afectados por transformaciones que están ocurriendo en los agentes

de socialización de los seres humanos, fundamentalmente las

familias, las escuelas, los grupos de pares, (incluyendo los

ámbitos del trabajo) y los medios de comunicación. Es decir, hay

cambios en la forma de construcción y desarrollo de los seres

humanos.

b. Que esos procesos también afectan y se ven afectados por las

transformaciones en los procesos de construcción de identidades

colectivas y solidaridades sociales. Es decir, hay cambios en la

forma de construir comunidad.

c. Que en el caso mexicano esas transformaciones en las formas y

procesos de construir seres humanos y comunidad han destruidos

los mecanismos de contención individual y social que permitieron

un cierto orden social.

d. Que la desigualdad, la impunidad generalizada, el estancamiento

económico y el desmantelamiento del Estado han impedido la

construcción de un nuevo orden social que teniendo en cuenta la

creciente complejidad y diferenciación social establezca normas de

convivencia en donde las reglas del juego sean iguales para todos y

todas.

e. Que por lo anterior las violencias son construcciones económicas,

sociales, culturales e inclusive, políticas

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f. Que existen factores precursores, de riesgo y detonadores que al

ser reconocidos es posible actuar sobre ellos mediante intervenciones

sociales y políticas públicas de prevención social oportunas,

relevantes, pertinentes y articuladas.

g. Que asimismo existen en la sociedad factores de contención que

operan para evitar que el conflicto devenga en violencia y daño y que

impulsando, apoyando y extendiendo esos factores es posible

prevenir, mitigar o revertir situaciones de violencia.

El propósito de los ejercicios diagnósticos que promueve INCIDE Social es

prevenir, evitar, reducir, mitigar y revertir mediante herramientas sociales,

económicas y culturales, los daños en vidas, integridad y bienestar humano

que derivan de las violencias social y de género.

El estudio realiza una revisión de la relación que guardan las violencias

con los procesos y situaciones que se observan en el territorio estudiado en

los campos del desarrollo urbano, demográfico y de la vivienda; la

evolución del capital social y las transformaciones de las familias; las

oportunidades del empleo y los ingresos de las personas y las familias; la

disponibilidad y acceso a diversos servicios sociales como educación,

salud, recreación, cultura y deporte; los patrones y prácticas de

discriminación, el papel que juegan los medios de comunicación, la cultura

de la legalidad que prevalece y la disponibilidad y eficacia de las

instituciones de seguridad y acceso a la justicia. Asimismo se alienta a

investigar la forma como las violencias están afectando y se manifiestan en

la evolución de los ámbitos estudiados. Por ejemplo: la violencia

doméstica, el bullyng, los ataques a los medios de comunicación, entre

otros.

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INICIDE Social ha procurado y postulado que las investigaciones deben

ser realizadas por equipos locales de investigadores, vinculados a centros

académicos de investigación y docencia con miras a ir introduciendo la

perspectiva de violencias en los trabajos de las distintas disciplinas.

Por la naturaleza de los fondos públicos que se han dispuesto para realizar

estos ejercicios diagnósticos se ha contado con plazos muy cortos para su

realización. Los equipos de investigación verifican en un periodo menor a

un año, las hipótesis sobre la relación entre las violencias y los factores

económicos, sociales y culturales subyacentes, mediante la revisión

bibliográfica y hemerográfica y la realización de entrevistas a informantes

clave y de grupos focales.

Algunos de los principales hallazgos se sintetizan a continuación.

1.- Por cuanto al crecimiento urbano y la desigualdad

1.1.- En los últimos 30 años, las ciudades mexicanas han crecido en

forma anárquica, expansiva, segmentada y dispersa en el territorio lo

que determina crecientes presiones y tensiones en la vida de sus

habitantes. Bajo la presión de migraciones campo-ciudad e interurbanas

que se acentuaron a partir de 1980 en la búsqueda de oportunidades de

ingreso y empleo de la población y frente a la liberación del mercado de

tierras con las modificaciones al artículo 27 constitucional de 1992, las

ciudades se han extendido en forma horizontal siguiendo un modelo

extensivo y disperso ampliándose muy rápidamente el territorio urbano con

poca densidad de construcciones. La mayor presión demográfica la han

experimentado las ciudades de frontera y las de desarrollo turístico.

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1.2.- La falta de planeación y regulación del desarrollo urbano, la

práctica de especulación con terrenos urbanos y la corrupción en la

gestión urbana han provocado

Desarrollos suburbanos aislados (formales e informales) y carentes de

calidad urbanística;

Insuficiencia y rezagos sostenidos en materia de redes de agua, de

energía, drenaje, alumbrado, , servicios comerciales y sociales y de

seguridad, pavimentación y vialidades de acceso

La instalación de viviendas precarias en terrenos de alto riesgo o de

reserva ecológica y recarga de acuíferos;

Lotes baldíos salpicados por diversas zonas del área urbana que

obedecen a estrategias de especulación de sus dueños y generan serios

riesgos para los pobladores

Alianzas entre empresas inmobiliarias y funcionarios públicos en donde

la inversión del estado contribuye al desorden y a la especulación

urbana.

La separación en las ciudades entre zonas de trabajo, zonas de servicios

y zonas de vivienda que complican los traslados y afectan la seguridad

La ausencia e insuficiencia de servicios sociales y la creciente

deslocalización de los existentes respecto de los nuevos desarrollos de

vivienda.

Modelo de movilidad urbana que privilegia el uso del automóvil y

genera aumento de accidentes y muerte de personas.

La insuficiencia y saturación de vialidades y el desorden en el tráfico

urbano

La insuficiencia, mala calidad, alto costo y concentración en la

propiedad del transporte público urbano. Modelo de gestión que

promueve la irresponsabilidad de los operadores de los vehículos.

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Un abuso de los recursos hídricos disponibles en el territorio

circundante

Serios problemas en la calidad del agua, el aire y la energía eléctrica

provocados por la distribución espacial de las empresas e industrias.

El aumento de fenómenos naturales como sismos, ciclones y tormentas

tropicales que se convierten en desastres naturales de gran impacto por

la aglomeración urbana y que afectan de manera desigual a los

pobladores de bajos ingresos.

Las consecuencias son la inseguridad en la tenencia y respecto de los

riesgos físicos de las viviendas; incertidumbre y falta de acceso a servicios

fundamentales para la vida que generan enojo y conflicto;

congestionamiento vial; riesgosos, costosos y prolongados traslados de la

población con aumento del estrés, del cansancio, la conflictividad, la

violencia y la reducción del tiempo disponible para la vida personal y

familiar; la destrucción del medio ambiente, el aumento en la insuficiencia

y desigual distribución del abasto de agua y la distribución desigual de los

costos en vidas y bienes de los desastres naturales. Aumento en el número

y daño de los accidentes viales.

1.3.- Numerosos desarrollos inmobiliarios en los últimos quince años

con viviendas muy pequeñas, ausencia de espacios y servicios públicos

y comerciales y alejados de la ciudad, que aumentan la conflictividad

doméstica y comunitaria. El retiro del Estado como promotor y

constructor de viviendas; la disminución de una política de construcción

social de viviendas y la privatización de los desarrollos inmobiliarios con

apoyos públicos, han determinado el sacrificio de la calidad y el tamaño de

las viviendas y de los desarrollos mismos, por la cantidad de unidades

construidas. Los recientes desarrollos inmobiliarios se han convertido en

terrenos propicios para el cultivo de la violencia en todo el país. No es

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posible llevar una vida en familia armónica en viviendas tan pequeñas y sin

espacios públicos suficientes. Los jóvenes tienden a buscar espacios para

encontrarse y algunos toman las calles, los parques, los camellones, etc.

Además al estar muchos de los nuevos desarrollos inmobiliarios alejados

de la ciudad y de los centros de trabajo, el transporte hacia ellos resulta

costoso y riesgoso pues en varios casos las personas tienen que caminar por

parajes deshabitados, con mayores riesgos para las mujeres. Esa lejanía

provoca asimismo, que muchos compradores nunca ocupen sus casas, o

que en su momento las abandonen, lo que conlleva a la creciente presencia

de viviendas abandonadas y “canibalizadas” que con frecuencia sirven

como guarida de delincuentes y de actividades ilícitas.

1.4.- La concentración de la desigualdad del ingreso y de la riqueza en

territorios urbanos contiguos. Los pobladores de altos ingresos con los de

bajos ingresos conviven y se encuentran cotidianamente en la ciudad, aún

cuando sea sólo en las calles o como consumidores y trabajadores de

diversos servicios. Lo mismo ocurre con los grupos proveniente de etnias

distintas que viven en zonas específicas de las ciudades.

Las ciudades se han segregado o “ghettizado” ampliándose cada día

nuevas modalidades de encerramiento y protección amurallada de las

viviendas de los habitantes de altos ingresos que en ocasiones están

rodeadas de zonas de bajos ingresos.

A esta segregación “activa” de las poblaciones de altos ingresos se suma

una segregación “pasiva” que deja a las poblaciones pobres y a los grupos

étnicos confinados en amplias zonas, generalmente en las orillas de la

mancha urbana, sin mezcla social y étnica y alejadas de los servicios y

equipamientos urbanos. Las mujeres pobres, migrantes, indígenas son las

mayores víctimas de estos confinamientos.

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La conducta violenta, prepotente y desconsiderada de muchas personas de

altos ingresos y de sus trabajadores al circular por las calles o al acudir a

servicios y comercios públicos que muestran patrones y prácticas

discriminatorias, agudizan el conflicto.

Estas conductas y la segregación espacial generan resentimiento y malestar,

debilitan la posibilidad de diálogo entre grupos diversos, impiden la

convivencia y la creación de tejido y cohesión social. Se constituyen en un

factor de riesgo de enfrentamiento social ante eventos detonadores como

catástrofes naturales, actos delincuenciales o crisis de abasto.

1.5.- La segregación y desigualdad en el acceso a servicios urbanos

(alumbrado, recolección de basura, agua potable, vialidades, etc.),

educación, salud, cultura, deporte, recreación, seguridad pública y

acceso a la justicia. A la segregación espacial se suma una segregación en

el acceso, disponibilidad, calidad y pertinencia de diversos servicios

públicos entre estratos sociales y zonas de las ciudades que podría

sintetizarse como servicios públicos ausentes, insuficientes y de mala

calidad para las poblaciones y colonias de bajos ingreso frente a servicios

urbanos y públicos suficientes y de mejor calidad para las zonas de

ingresos medios y altos. Los estratos populares obreros y de clase media

baja, acuden a servicios proporcionados por el sector público como

educación y salud, saturados y crecientemente deteriorados, en tanto que

los estratos medios y altos utilizan servicios ofrecidos por el mercado, no

necesariamente de mejor calidad, pero menos saturados. Incluso se constata

la existencia de políticas que dan preferencia a las zonas de ingresos

medios y altos en el despliegue de servicios públicos de protección y

seguridad, abandonando la atención de las colonias marginadas, populares

y de clases medias bajas.

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2.- De la calidad y disponibilidad de servicios públicos

2.1.- La falta de actualización y pertinencia de los servicios públicos

sociales, de seguridad y de acceso a la justicia, respecto de las

necesidades y realidades de la diversidad de la población que se

concentra en las ciudades. Hay un grave déficit en la disponibilidad de

servicios públicos para la atención de la salud. En general, hay problemas

de suficiencia de servicios y de calidad en la atención. En particular, el

crecimiento de la infraestructura no es proporcional al aumento progresivo

de la población no derechohabiente y la derechohabiente enfrenta servicios

precarizados e ineficientes.

Son crecientes los requerimientos no atendidos de hombres y mujeres, de

personas pertenecientes a diversos grupos sociales, de edad, de condición

de discapacidad, de orientación sexual, de origen cultural y de condiciones

de exclusión y discriminación lo que determina que aspectos fundamentales

para la convivencia y el desarrollo armónico de las personas, las familias y

las comunidades no se atiendan o recaigan fuertemente en las familias. Se

trata a manera de ejemplos, de ausencia de suficientes espacios,

infraestructura y servicios para la juventud, los adultos mayores y las

personas con discapacidad; de servicios para la atención de problemáticas

de salud mental comunitaria, de atención a la violencia familiar; de

programas para la inserción de migrantes y poblaciones indígenas a la vida

urbana, de orientación para el empleo y la capacitación, entre otros.

La reducida capacidad de las familias para enfrentar las nuevas

problemáticas psico-afectivas y los nuevos riesgos derivados de la

modernidad, las transformaciones demográficas y de la vida urbana,

acrecientan las tensiones y hacen que se detonen conflictos que escalan en

conductas violentas y destructivas. Pese a que parece reconocerse la

creciente aparición de trastornos mentales en la población de las ciudades,

los esfuerzos para dar servicios psiquiátricos y psicológicos son aislados y

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de difícil acceso para las poblaciones de ingresos medios y bajos. Ya no

basta por ejemplo, contar con servicios de salud en general sino que se

requiere de servicios de salud física y mental específicos para los jóvenes,

para las mujeres, para los adultos mayores o para las personas con

discapacidad. Existe una escaza capacidad, estratégica y de infraestructura,

para atender las necesidades de salud mental de la población, acrecentadas

por el mayor temor y miedo de los habitantes frente a la violencia y por

aumento de víctimas directas e indirectas de la violencia. Este es un tema

que afecta a las mujeres y a los niños que sufren traumas diversos ante la

pérdida por desaparición o muerte de sus campañeros, padres y hermanos.

Ya no es suficiente el desarrollo de estancias infantiles sino que es

necesario crear también facilidades para la atención de adultos mayores y

de personas con discapacidad, o para atender al número creciente de

indigentes en las ciudades.

Los servicios de seguridad pública y de acceso a la justicia tienen que

reconocer la existencia y desarrollar capacidades para la atención de

nuevos delitos que no sólo afectan la propiedad de las personas sino su

vida, su libertad y su salud como son la trata y el tráfico de personas, la

extorsión , el secuestro, el lenocinio, la pornografía, la explotación y abuso

infantil, etc.

2.2.- Desconfianza de los ciudadanos por ineficiencia y corrupción en

los aparatos de seguridad en las ciudades. La ciudadanía no confía en

los cuerpos policíacos. El porcentaje de delitos que no se castiga es muy

alto. La mayoría de los delitos no llega al conocimiento de las autoridades

porque no se denuncia y, no se denuncia, porque los cuerpos policíacos y

los ministerios públicos no inspiran confianza. La otra parte de los delitos,

los que sí se denuncian o se persiguen por oficio, tampoco se castigan

porque la policía y los Ministerios Públicos son ineficientes y corruptos. El

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círculo de la impunidad refleja una situación de hecho provocada por la

ineficiencia de las corporaciones policíacas que no captura a los

delincuentes, el Ministerio Público no integra adecuadamente las

averiguaciones previas pues su personal es insuficiente para atender la

demanda social y deja libre a los delincuentes, en tanto que el sistema

carcelario no readapta a los delincuentes y se encuentra saturado y

ampliamente rebasado, principalmente con jóvenes de los sectores pobres,

primodelincuentes y por delitos menores.

Los aparatos encargados de la seguridad fallan en su responsabilidad por

ineficiencia atribuida a la corrupción, mala coordinación interinstitucional,

problemas en su organización interna e incluso mal diseño constitucional

que provoca confusión conceptual de sus funciones. A ello se suma, la falta

de recursos materiales y personal poco calificado, desequilibrio en la tasa

de cobertura, deficientes ingresos y prestaciones sociales, procesos de

reclutamiento y selección inadecuados así como bajos niveles de

profesionalización y formación. En síntesis, hay una ausencia de carrera

policial real.

3. La crisis económica y el acceso a empleo e ingresos

3.1.- La crisis económica y de empleo y la violencia están

determinando que en algunas ciudades en la frontera norte como

Ciudad Juárez se esté experimentando una reducción de la población

total y el abandono de viviendas. A raíz de la crisis económica en curso y

de la violencia hacia las empresas de todo tamaño como la extorsión, el

cobro de piso y el secuestro, ocurre una pérdida importante de empleos y

de fuentes de ingreso legales lo que impulsa a las familias y a las personas

a emigrar, a retornar a sus lugares de origen o a involucrarse en actividades

ilegales para sobrevivir. En Ciudad Juárez se detecta empobrecimiento e

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incluso hambre entre las familias. Las familias de ingresos medios y altos

que pueden hacerlo cambian su residencia a las ciudades colindantes de

Estados Unidos (El Paso, Chulavista) La mayor parte de población que ha

llegado a las ciudades de la frontera norte en los últimos años en busca de

empleo o que esperan migrar hacia los Estados Unidos de América, se

encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad, porque sus posibilidades

de éxito se han reducido sustantivamente y son ahora sujetos de extorsiones

y abuso para el cruce de la frontera.

3.2.- La violencia en las relaciones de trabajo. En las industrias

maquiladoras y de exportación los criterios de competencia y reducción de

costos rigen las relaciones entre los agentes que intervienen en la

producción. Los trabajadores se convierten así en insumos para la

producción y pierden su calidad de seres humanos que tienen vidas

personales y familiares. Su régimen de contratación, horarios,

remuneraciones, incentivos e intensidad del trabajo se rigen por las

necesidades del mercado y poco consideran las regulaciones laborales.

Los trabajadores acaban siendo tratados como una mercancía que es

buscada por los compradores de acuerdo a las necesidades de la

producción: si son mejores las mujeres para cierto tipo de industrias, los

enganchadores salen a la búsqueda de mujeres para su contratación; si son

hombres jóvenes sólo contratan a este tipo de trabajadores y desechan a los

hombres mayores de 40 años. Si hay una fuerte demanda de productos por

el mercado, los enganchadores salen a diversas regiones en búsqueda de

trabajadores que llevan a las ciudades a ser expuestos como mercancías

para los posibles compradores. Si hay una reducción de la demanda de

productos se procede a despedir trabajadores, se hacen paros técnicos, se

modifican las jornadas y horarios de trabajo, etc. Se aprovecha para

despedir a trabajadores con mayor antigüedad y derechos.

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Las relaciones son sumamente flexibles de acuerdo a los requerimientos del

mercado. Así, la vida de las personas y la organización de las familias pasa

a tener una dependencia total de lo que ocurre en el mercado de productos;

las personas pierden el control sobre sus tiempos y la posibilidad de decidir

sobre su vida personal y familiar. Las bajas remuneraciones conllevan a la

inserción de un mayor número de miembros de los grupos familiares en el

trabajo y en actividades generadores de ingreso en detrimento de los

tiempos destinados al cuidado y a la educación.

En algunas ramas de actividad económica, particularmente las de mayor

capacidad exportadora, se facilita aún más el ejercicio de la violencia

contra los trabajadores. En estas ramas se agudizan fenómenos como

restricciones para impide una auténtica sindicalización, generación

recurrente de contratos de 28 días de trabajo por dos de descanso con

trabajadores de hasta nueve años de antigüedad, se concentran las

contrataciones bajo esquemas de outsourcing y se generan procesos de

discriminación laboral diversos, especialmente por motivos de edad y sexo.

Prevalecen las pruebas de embarazo, no solo en la industria maquiladora,

sino también en la administración pública municipal.

La flexibilidad, la inseguridad, la pérdida de libertad, la ausencia de

conciliación entre trabajo y familia y condiciones precarias de trabajo en

actividades formales de exportación, subyacen como un importante factor

precursor de la violencia social en las ciudades maquiladoras.

3.3.- Desaparición del modelo familia-escuela-trabajo-seguridad social-

familia que acompañó el desarrollo del país hasta los años ochenta. La

evolución económica y social del país ha aumentado las dificultades para

las poblaciones juveniles de seguir una trayectoria de vida que les asegure

un nivel de bienestar y una vida decente por largos años, por lo que muchos

optan por vivir bien, poco tiempo, aun cuando tengan que realizar

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actividades de alto riesgo. Los jóvenes optan por migrar, insertarse en

actividades informales, muchas veces ilegales o a aceptar actividades

dentro del crimen organizado. Para las nuevas generaciones ya no se

concreta la trayectoria social de obtener un certificado educativo, para

ingresar a trabajar en actividades formales, obtener con ello la protección

de la seguridad social y formar una familia.

Desde hace varias décadas excepto en las ciudades fronterizas y turísticas

antes de la crisis actual, la oferta de empleo en actividades formales no ha

crecido en consonancia con la presión de los jóvenes que entran al mercado

de trabajo. Incluso la precarización de las ocupaciones en el sector formal

constituyen un elemento de desaliento para ocuparse en ellas.

En las ciudades de frontera la existencia de mercados de trabajos abiertos e

inclusivos para el sector de baja calificación pero bastante limitados para el

sector calificado, tienen repercusiones en las actividades de los jóvenes:

proporcionalmente los jóvenes trabajan más y estudian menos que en las

otras ciudades mexicanas. En este sentido, no existen incentivos fuertes

para seguir estudiando, porque no se dan muchas oportunidades para los

trabajadores más calificados y aún las retribuciones en ese mercado son

insuficientes.

Paulatinamente la cultura del trabajo y de la educación en el imaginario

juvenil se ha venido sustituyendo por la cultura del pasarla bien y de la

obtención de dinero e identidad incorporándose a actividades

delincuenciales. No se piensa en el futuro, la flexibilidad, la incertidumbre

y la volatilidad rigen sus vidas. La cultura de consumo “narco” se vuelve

una forma de pertenencia al colectivo: objetos de marca, relojes lujosos,

cirugías plásticas, formas de tratar a las mujeres, etc.

4.- Las familias y los grupos de población

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4.1.-La estructura y organización de las familias también como

construcciones que derivan de la realidad social, económica y cultural

de los entornos, se están modificando de manera notable.

Se está reduciendo la presencia de familias nucleares –padre, madre e

hijos- están creciendo los hogares en los cuales está ausente alguno de los

padres; o aquéllos conformados por la unión de parejas cada uno con su

correspondiente prole. Así mismo, se observa la mayor presencia de

hogares de corresidentes –que no tiene parentesco- y de personas que viven

solas. También se verifica la presencia de varias generaciones conviviendo

en un mismo hogar. Se verifica un aumento de las uniones libres. Lo

anterior impacta las relaciones genéricas e intergeneracionales, los

mecanismos de comunicación y de toma de decisiones, la transmisión de

saberes para la vida y los hábitos y los tiempos destinados a la crianza y

cuidado. Todo ello, sin el acompañamiento de políticas públicas de familias

que entiendan y apoyen las transformaciones que se están dando en los

roles de género y en las relaciones intergeneracionales.

La dinámica y estructura del mercado laboral y las diversas estrategias de

obtención de ingresos han provocado cambios importantes en las relaciones

familiares. Estas alteraciones del tiempo y la energía de la población

trabajadora de las familias han dejado en un segundo plano las funciones de

protección y atención a los menores, y la transmisión de saberes, valores y

conductas. Se registra una precarización de la economía del cuidado con

consecuencias negativas para la formación de los seres humanos

4.2.- Las mujeres urbanas de sectores medios y pobres asumen

mayores cargas de trabajo y aparecen cada vez más, como el pilar de

las familias. En un contexto de familias en transformación y de crecientes

dificultades para acceder al empleo y al ingreso, las mujeres toman cada día

más responsabilidades aún las de tipo económico y de sostenimiento de los

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grupos familiares, en comparación con los varones,. Esta situación las

coloca con tal nivel de demanda y presión que viven estresadas, cansadas y

con frecuencia, deprimidas, enojadas y frustradas.

4.3.- Vulnerabilidad, exclusión y criminalización de los jóvenes. Buena

parte de la población joven que reside en las ciudades está viviendo una

situación de desinterés por la vida y por la superación, como producto del

abandono del que han sido objeto por parte de la población adulta: sus

padres, que han tenido que laborar en condiciones poco ventajosas para las

familias, otros adultos con funciones educadoras como son los maestros,

los sacerdotes y pastores y los gobiernos, que han privilegiado el

desarrollo económico y desatendido el social. Los jóvenes en general, y

varios grupos de éstos en particular son discriminados, abusados,

malttartados y criminalizados por las fuerzas de seguridad y sufren una

persecución constante por sus propuestas diversas (skatos, cholos, emos,

grafiteros, etc.). Enfrentan además la ausencia de políticas urbanas

juveniles que los consideren y los escuchen y que les resulten relevantes

ante sus realidades concretas..

4.4.- La pérdida de valor e interés por la educación formal

Existen mayores dificultades para que los jóvenes permanezcan en la

escuela, pues la deserción crece conforme se desarrolla la trayectoria

educativa. Hay un problema manifiesto de falta de pertinencia y relevancia

de la educación en secundaria y el bachillerato respecto de la vida actual y

futura de la juventud urbana. Los jóvenes parecen mostrar un desencanto

con la escuela y han dejado de verla como un camino a seguir para

encontrar oportunidades de trabajo e ingreso estables.

La creación de nueva infraestructura educativa no responde a procesos de

presión como la transición demográfica y al aumento de los años promedio

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de escolaridad. La insuficiencia de disponibilidad de escuelas aumenta en

las ciudades conforme crece el nivel educativo. Situación que se agudiza en

el bachillerato.

Muchos maestros son poco considerados y tienen miedo, evaden una

posible función de asesoría en asuntos en los que están involucradas

actitudes y emociones de los estudiantes. Tampoco son asumidos como un

ejemplo de moralidad, pues los jóvenes no consideran que su discurso, por

ejemplo en la cuestión de la formación en valores, sea congruente con

actitudes de presión, amenaza, chantaje o doble moral que ven y sufren de

parte de ellos. Lo que pretenden enseñar no es congruente con sus

conductas personales.

5.- La cultura en las relaciones sociales

5.1.- Existe un desarrollo precario y desigual en el territorio de capital

social y de participación ciudadana y una presencia de capital social

negativo vinculado al crimen organizado. Las autoridades federales,

estatales y municipales no se han preocupado por incentivar la formación

de organizaciones ciudadanas y por promover y convocar a la participación

social. Se registra un número reducido relativamente de organizaciones

civiles en las ciudades estudiadas, con excepción de algunas ciudades como

Juárez y Tijuana. Sin embargo, la mayor parte de las organizaciones

sociales que trabajan a favor de la comunidad limitan sus tareas a

propósitos específicos –religiosos, asistenciales, deportivos, etc.- y no

hacen por coordinarse con otras en la construcción de un tejido social que

pueda tener peso en la toma de decisiones. Es decir, las ciudades no

cuentan con capital social suficiente como para revertir el deterioro de las

relaciones sociales que se observa. Y en el caso de las que si lo tienen, no

existe suficiente coordinación entre las organizaciones que permita

acciones de mayor impacto.

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Las redes del crimen organizado generan un capital social negativo

ofreciendo protección, empleo e ingresos a las personas, familias y

comunidades que colaboran con ellos en las colonias de las urbes.

5.2.- Imposición de visiones y valores conservadores, de cultura de la

ilegalidad y de modelos aspiracionales de consumo por las élites

económicas, religiosas y políticas. En varias de las ciudades estudiadas

predomina la imposición de normas, valores y conductas conservadoras

(macho, mocho y criollo en Guadalajara; la casta divina y blanca en

Mérida) que determinan situaciones y prácticas de intolerancia,

discriminación, exclusión e incluso criminalización, de todas aquellas

personas y grupos de población que no se ajustan al modelo que pretenden

imponer. Las instituciones y los cuerpos de seguridad asumen esos modelos

y criminalizan a aquellas personas que no se apegan a los mismos. Es la

utilización de la fuerza del Estado acorde a preconcepciones de tipo

cultural y de moral privada impuestas por las élites urbanas.

Los grupos que sufren el autoritarismo, la rigidez y la violencia que

conllevan las visiones culturales conservadoras son las mujeres, los

jóvenes en sus diversas expresiones, los indígenas, las poblaciones

LGBTTTI y los migrantes. La discriminación socioeconómica se

manifiesta fuertemente en algunas zonas y teritorios. Con ello se genera

una fuerte tensión e incluso, confrontación y conflicto, entre la

preservación de valores tradicionales y conservadores y las

transformaciones que se experimentan en las sociedades urbanas abiertas y

expuestas a los mercados mundiales de consumo de productos culturales.

Así mismo, la cultura de la legalidad en algunas ciudades estudiadas se ha

venido construyendo a través de las trasgresiones históricas a la legalidad

que se han ido aceptando y que no han mostrado consecuencias para quien

las realizan por la ausencia del Estado de Derecho y el precario desarrollo

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de instituciones del Estado. Así, las ciudades de frontera fueron creciendo a

través de la instalación de actividades y la oferta de servicios que estaban

prohibidos o eran ilegales en Estados Unidos; en otros casos, ciertas

actividades ilegales se contemplan y justifican como opciones de atracción

turística y de generación de ingresos para los gobiernos municipales, como

los juegos de azar y los casinos por ejemplo, en torno a la feria de San

Marcos, en Aguascalientes. La riqueza de algunas familias de las élites

urbanas provienen de ese tipo de actividades, o bien de la especulación con

la tierra que es otra forma de trasgresión, de negocios donde se soslayan los

marcos legales como el contrabando y la venta de mercancías y productos

pirata o que se obtienen mediante la corrupción y el control de servidores

públicos o de posiciones del sector gobierno como son las aduanas o las

notarías. La práctica de la ilegalidad de integrantes de los sectores de altos

ingresos y de la clase política, sin consecuencias y con evidente éxito y

prosperidad personal y familiar, genera también un modelo de patrón de

conducta para la población.

En el mismo sentido, los patrones de consumo de productos y servicios son

impuestos por las élites urbanas vinculadas a los mercados internacionales,

convirtiéndolos fundamentalmente mediante su exhibición en los medios

de comunicación, en modelos aspiracionales para las poblaciones de

ingresos medios y bajos y principalmente, para las poblaciones jóvenes.

Lograr una cierta apariencia y poseer bienes lujosos o emblemáticos del

poder, se convierten de este modo en factores precursores de conductas

violentas.

La naturalización de la cultura de los narcotraficantes que encuentran

semejanzas con la de las élites urbanas, contribuye también a la

reproducción de este modelo cultural materialista y subordinador.

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5.3.-Creciente utilización de la nota roja en los medios de

comunicación para ampliar sus audiencias y sus ganancias. Los medios

de comunicación han encontrado en la nota policíaca una forma de

incrementar su audiencia, destinándole cada vez mayor espacio y

haciéndola cada vez más sensacionalista y amarillista. El manejo de los

medios de estas noticias si bien se corresponden con un aumento de la

violencia criminal, trivializa otros tipos violencias como la de género.

Además contribuye a naturalizar la violencia al asumirse ésta como parte

de la vida cotidiana y a aumentar el miedo e inseguridad en la población.

La concentración de los medios de comunicación en pocas manos, aún al

nivel de los estados y las ciudades frente a una institucionalidad del Estado

debilitada, dificultad cualquier tipo de control sobre extensión, contenido y

forma de presentación de la nota roja.

También es cierto que la comunidad de periodistas y comunicadores es una

de las que más ha visto afectada su libertad de expresión por la vía de las

amenazas, las desapariciones forzadas, el secuestro y los asesinatos,

situación que también ha incidido en la forma y profundidad de la

información sobre actos violentos y de corrupción..

Algunas propuestas de orden general

Se requiere de una urgente reforma urbana que inicie reordenamiento

territorial de las ciudades, bajo un esquema de planeación coordinada

mediante consejos de planeación urbana participativa. Es urgente una

reforma municipal que aumente las capacidades institucionales de los

gobiernos locales y el desarrollo de mecanismos de auditoría,

transparencia, rendición de cuentas y contraloría social.

La debilidad y la desarticulación de los gobiernos locales en ciudades

densamente pobladas y con dinámicas aceleradas de crecimiento y

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expansión, obligan a una reforma de la gestión e institucionalidad de los

gobiernos de las ciudades. Exige una revisión profunda de los gobiernos

municipales desde su duración, sus responsabilidades, sus atribuciones, su

estructura y organización, sus presupuestos y la calidad de sus servidores

públicos. Pasa necesariamente por revisar las formas de articulación y

colaboración entre gobiernos municipales y estatales de zonas conurbadas y

áreas metropolitanas. Resulta inviable continuar presuponiendo que

gobiernos municipales débiles y desarticulados van a ser capaces de

conducir la vida de urbes crecientemente complejas y diversificadas que

superan el millón de personas.

En tanto se logran los cambios institucionales de fondo, es urgente definir e

imponer una normatividad con perspectiva humana a los nuevos

desarrollos inmobiliarios de vivienda y aplicar una política y

programas de desarrollo y regulación del transporte público urbano.

La movilidad urbana no puede estar centrada en el uso del automóvil. La

redensificación en cuanto a infraestructura, la ocupación de los

terrenos baldíos mediante sanciones a sus dueños, la recuperación de

espacios públicos y la creación de reservas territoriales para el

desarrollo de servicios sociales y ambientales es otro aspecto urgente para

el futuro de las ciudades, en términos de reducción del estrés, el conflicto y

la violencia y en una perspectiva de reconstrucción del sentido de identidad

y del tejido social urbano.

La reforma urbana necesitaría ser acompañada del desarrollo de una

política social urbana con participación comunitaria que establezca,

desarrolle y sostenga en el largo plazo programas y servicios en materia

psicoafectiva, cultural, alimentaria, de salud y educación. Es necesario

lograr una mejor distribución de los servicios sociales en los territorios de

las ciudades de acuerdo con las características y problemáticas

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específicas de las poblaciones circundantes. Todo ello con miras a formar

ciudadanía y generar cohesión social.

Para ello es necesario desarrollar y recuperar la infraestructura social,

revisar y actualizar los modelos de atención en salud, educación, cultura,

recreación y deporte; formar profesionistas y promotores capacitados

en la gestión de nuevos y pertinentes servicios y fortalecer la

institucionalidad que garantice la operación de los nuevos servicios con

eficiencia, sustentabilidad y permanentemente actualización respecto de las

transformaciones demográficas, familiares y comunitarias. Hay muy

diversas y creativas opciones para la recuperación de espacios públicos y

para la utilización de herramientas culturales, de recreación y deportivas

con el propósito de recuperar tejido social, generar solidaridad y cohesión

social y promover una cultura de paz, sobre todo entre los jóvenes y la

infancia.

Dada la situación de crisis y de catástrofe humana en que se han convertido

algunas ciudades, como es el caso emblemático de Ciudad Juárez, es

necesario que se contemplen un fondo para programas de emergencia

social que incluyan acciones de atención y mitigación de daños de carácter

inmediato para enfrentar situaciones de empobrecimiento, hambre,

desplazamientos, enfermedades, orfandad, discapacidades por armas de

fuego y ausencia de empleo e ingresos. Son acciones como el

establecimiento de comedores comunitarios, de cocinas populares,

dispensarios y consultorios médicos, asignaciones familiares a las familias

de víctimas de la violencia, atención psicológica a mujeres, infancia y

juventud y de creación de empleos temporales.

Para algunas ciudades sería necesario hacer un replanteamiento de sus

opciones de desarrollo económico, dada la volatilidad, inseguridad y

comportamiento cíclico de la industria maquiladora, por ejemplo. Estas

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opciones deberían poner como un criterio central la posibilidad de

conciliar la vida económica y de trabajo de las personas con su vida

personal y familiar y revalorar el aporte que hace la economía del cuidado

en la construcción de seres humanos.

La creciente carga de las mujeres en la vida de las familias debe ser

apoyada con programas que ayuden a la economía del cuidado y

redistribuyan las cargas entre géneros, generaciones e instituciones públicas

y privadas. El desarrollo de empresas de proximidad destinadas a

proporcionar servicios a seres humanos en condiciones de vulnerabilidad o

discriminación como es el cuidado y atención de adultos mayores, de

personas con discapacidad, a población migrante y a grupos indígenas;

servicios de vigilancia y seguridad comunitaria o promoción de actividades

culturales y recreativas, pueden constituirse en una opción de empleo y

desarrollo para muchos jóvenes.

El desarrollo de una política de familias que parta de reconocer la

diversidad de estas, las constantes transformaciones que viven y la

existencia de relaciones genéricas e intergeneracionales que deben

fundamentarse en los derechos de cada uno de los integrantes del grupo,

conduciría al desarrollo de servicios y productos que faciliten la vida en

familia en relaciones democráticas y de respeto, y apoyen el papel

fundamental que estas tienen en la socialización de los seres humanos.

Parecería impostergable desarrollar una estrategia y programas para y

con las poblaciones juveniles urbanas. No es posible aceptar y continuar

con programas de limpieza social que criminalizan y destruyen a los

jóvenes, ni con estructuras culturales, sociales y económicas que los

empujan a la exclusión, a la marginación y a la delincuencia o al suicidio y

la autodestrucción. La construcción de referentes positivos, de un sentido

de futuro y de vida que se constituyan en opciones para los modelos

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aspiracionales actuales de muchos jóvenes basados en la inmediatez y la

cultura delincuencial, es una tarea urgente para la viabilidad del país.

La reestructuración y depuración de los cuerpos de seguridad y de

justicia es un requisito para recuperar la confianza de la ciudadanía en la

institucionalidad pública y para abatir los índices de criminalidad y

delincuencia que agobian a las ciudades.

Finalmente, es tarea de todos los habitantes de las ciudades participar y

desarrollar las organizaciones civiles y sociales y sus articulaciones que

contribuyan a una participación más comprometida con el desarrollo

saludable y democrático de los espacios urbanos. Las autoridades y los

partidos políticos tienen la obligación de desarrollar políticas públicas para

generar un ambiente más propicio para el desarrollo de la

participación y organización ciudadana y la formación de redes.

Desde la mirada de las intervenciones de tipo social, cultural y económico

para enfrentar las situaciones de violencia o la expansión de éstas se

requieren tres tipos de programas: El desarrollo de programas de

prevención social para las ciudades y municipios que aún no son afectadas

gravemente por las violencias; programas de mitigación en territorios

donde el surgimiento de las violencias es incipiente y programas de

recuperación donde las violencias son extremas y las intervenciones

sociales deben ser protegidas con la presencia de los cuerpos de seguridad.

Sin embargo, el problema más estructural que encuentra sus

manifestaciones más conflictivas en las ciudades es la desigualdad

económica y social que caracteriza a la sociedad mexicana. En el origen de

muchos de los factores que son precursores y detonadores de violencia

social urbana, la desigualdad juega un rol central y requiere ser enfrentada

si se quiere tener una sociedad viable. Los países que han sido más exitosos

para reducir las desigualdades son aquellos que han fundamentado su

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desarrollo en el reconocimiento de los derechos políticos, civiles,

económicos, sociales y culturales de sus poblaciones. Logran generar

identidades colectivas y solidaridades sociales y desarrollan relaciones de

confianza y compromiso cívico. Los Estados organizados bajo regïmenes

que privilegia el respeto a los derechos humanos construyen ciudadanía

social, política y económica y consolidan la cohesión social y la

democracia y se encuentran en los niveles más altos de desarrollo humano.

Mientras las élites económicas, sociales y culturales no asuman que sus

conductas displicentes, discriminadoras y excluyentes, así como la

prevalencia de la desigualdad social que sustenta sus niveles de riqueza y

la impunidad de la que gozan son causa eficiente de las violencias que vive

la sociedad mexicana será muy difícil revertir la situación y evitar que es

violencia se convierta en una situación crónica.

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