PRINCIPIO DE LEGALIDAD
PRINCIPIO DE LEGALIDAD
- El principio de legalidad o reserva de la ley sustenta que no
puede haber tributo sin ley, es decir, sin una norma jurdica
formalmente sancionada por el rgano constitucional que tenga la
facultad de dictar normas que, en nuestro pas, es el Congreso de la
Nacin y los Congresos Provinciales segn la distribucin que de dicho
poder realiz la Constitucin en su artculo 75 inciso 1 y 2. Aunque
hay que destacar que los municipios tambin lo tienen conforme a las
pautas fijadas en las Constituciones Provinciales. El principio de
legalidad se puede expresar en forma metafrica, como lo haca una
querida profesora de la facultad llamada Teresa Gmez, diciendo que
el tributo es parido por ley.Este principio tiene jerarqua
constitucional ya que el constituyente de 1853 lo dej plasmado en
dos artculos de la Constitucin Nacional: el artculo 4 que, al
determinar los recursos con los cuales se conformar el Tesoro de la
Nacin, establece que se integrar"de las dems contribuciones que
equitativa y proporcionalmente a la poblacin imponga el Congreso
General"; y el artculo 17 que lo vuelve a repetir"Slo el Congreso
impone las contribuciones que se expresan en el art. 4".
- El artculo 19 de la Constitucin Nacional refuerza an ms el
principio de legalidad o reserva de la ley al establecer que"Ningn
habitante de la Nacin ser obligado a hacer lo que no manda la ley,
ni privado de lo que ella no prohbe".Por otra parte y como se
defini en la primera parte de este trabajo, un tributo es una
obligacin ex lege que consiste en dar sumas ciertas de dinero
cuando se verifica la realizacin del hecho imponible establecido en
la norma legal respectiva y que constituye una destraccin econmica
de una parte de la riqueza de los particulares (aspecto econmico)
que es exigida por el Estado mediante el dictado de leyes (aspecto
jurdico) en ejercicio de su poder tributario o de gravabilidad con
el fin de promover el bien comn o bienestar general satisfaciendo
las necesidades pblicas (aspecto poltico). De lo dicho se desprende
que el tributo tiene un aspecto jurdico, ya que es una obligacin
que surge de la ley. En consecuencia, ningn sujeto puede ser
obligado a pagar ninguna especie de tributo si no es en virtud de
ley, dado que como lo dice nuestra Constitucin, nadie puede ser
obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella
no prohbe.
El objeto del principio de legalidad, junto a los dems
principios constitucionales, es limitar el poder tributario que
tiene el Estado en materia de recursos derivados del patrimonio de
los particulares que se hallan en su respectiva jurisdiccin. O sea,
limitan o restringen las decisiones estatales en cuanto a la
adopcin de tributos y su configuracin. Por lo tanto, son normas
consagradas por nuestra ley fundamental que es la Constitucin
Nacional cuyos destinatarios son los poderes polticos del
Estado.
En ninguna circunstancia se puede concebir la vulneracin de tal
principio ya que ira en perjuicio de los habitantes de la Nacin
dado que el tributo siempre representa una restriccin al derecho de
propiedad de los particulares porque, el mismo detrae en forma
obligatoria una parte de su riqueza. De ah surge la necesidad de
limitar el poder tributario del Estado, ya sea nacional, provincial
o municipal, requiriendo que el tributo tenga el consentimiento del
pueblo, a travs de sus representanes:"Artculo 22- El pueblo no
delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y
autoridades creadas por esta Constitucin".
- El principio de legalidad es en definitiva una norma sobre
normacin porque se refiere claramente a cmo se deben crear los
tributos para que sean vlidos.
El poder tributario es indelegable y esto surge de la misma
Constitucin Nacional que no contempla excepciones a l por va
reglamentaria de delegacin, el artculo 17 es contundente al decir
SOLO el congreso impone las contribuciones del artculo 4.
El Congreso puede delegar en el ejecutivo los aspectos
secundarios, siempre y cuando, no altere el espritu de la ley. Pero
en ningn caso puede delegar la creacin del tributo. Esto implica
que la ley debe definir todas las normas que determinan el hecho
imponible en sus diferentes aspectos: objetivo, subjetivo,
espacial, temporal y cuantitativo (base imponible y alcuotas).
En decir, mientras la ley debe establecer el contenido esencial
del tributo, los decretos reglamentarios y las resoluciones
generales del rgano recaudador pueden complementar la ley en
aspectos secundarios, siempre que se mantenga obviamente , como ya
se dijo, el espritu de la ley sancionada por el Congreso.
- Si bien es cierto que la Constitucin Nacional en su artculo 75
establece que, en principio, esta prohibida la delegacin
legislativa en el Poder Ejecutivo, establece seguidamente la
excepcin
"... salvo en materias determinadas de administracin o de
emergencia pblica, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de
las bases de la delegacin que el Congreso establezca".
Por ende, en cuestiones relacionadas con la administracin y en
casos emergencia pblica se puede alterar la prohibicin. Eso fue lo
que hizo el Congreso con la ley 25.414. Pero sin embargo, ello no
implica que por razones de emergencia pblica pueda vulnerarse los
principios constitucionales como lo es el de legalidad, porque que
admitir la posibilidad de delegar el poder tributario sera permitir
vulnerar el principio de legalidad. Con la delegacin el mismo
quedara desvirtuado como lmite a la imposicin ya que los
responsables de crear el tributo ya no seran los representantes
directos del pueblo, sino el ejecutivo y los ministros. Por ende,
la finalidad que tiene el principio de legalidad que es limitar el
ejercicio de la potestad tributaria para impedir el abuso del mismo
en perjuicio de los particulares no se lograra. Por lo tanto y como
a sostenido la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia:
"Que los principios y preceptos constitucionales de la Nacin y
de la Provincia son categricos en cuanto prohben a otro poder que
el legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y
tasas y as el art. 17 de la Carta Fundamental de la Repblica dice
que: 'Slo el Congreso Nacional impone las contribuciones que se
expresan en el art. 4'; y el art. 67 en sus Inc. 1 y 2 ratifica esa
norma...".
- Si la Constitucin Nacional prohbe en una situacin que podramos
denominar extrema como lo son los casos de necesidad y urgencia que
el ejecutivo legisle en materia tributaria, mucho ms esa prohibicin
debe aplicarse a una situacin menos rigurosa como lo son las
situaciones de emergencia pblica declaradas por el Congreso. O sea,
la prohibicin debe extenderse a todo decreto del ejecutivo sin
admitir excepciones ya que esto implicara que el lmite
constitucional de legalidad cumpla con su finalidad.
Jurisprudeciaa) CSJN - 06/06/95 "Video Club Dreams c/ Instituto
Nacional de Cinematografa s/ Amparo" ("Fallos": 318:1154)Si bien se
relaciona con el tratamiento de los decretos de necesidad y
urgencia, es igualmente vlida su consideracin para subrayar la
importancia del principio de legalidad donde se expres:
"11. Que de las normas transcriptas surge con claridad que el
Poder Ejecutivo, mediante un decreto, ha extendido el hecho
imponible creado por una ley a otro hecho imponible que es distinto
y nuevo, aun cuando guarda relacin con el primero, pues ambos se
vinculan con la actividad cinematogrfica, bien que de modo
diverso.12. Que, en fecha reciente, confirmando una tradicional
lnea de jurisprudencia esta Corte resolvi frente a un caso que
guarda cierta similitud con el presente (E.35.XXIV. "Eves Argentina
S.A. s/ recurso de apelacinIVA", sentencia del 14 de octubre de
1993 La Ley, 1993E, 427) que era ajustada a derecho la sentencia
apelada que haba declarado inconstitucional el decreto all
impugnado, en cuanto ste importaba extender un impuesto a un
supuesto distinto del contemplado por el legislador. Consider, a
mayor abundamiento, que cualquier extensin analgica, aun por va
reglamentaria, de los supuestos taxativamente previstos en la ley
se exhiba en pugna con el principio constitucional de legalidad del
tributo y que ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la
preexistencia de una disposicin legal encuadrada dentro de los
preceptos y recaudos constitucionales, esto es vlidamente creada
por el nico poder del Estado investido de tales atribuciones, de
conformidad con los arts. 4, 17, 44 y 67 texto 1853-1860 de la
Constitucin Nacional (consids. 9 y 10, con cita de Fallos 312:912 y
sus referencias y 248:482 La Ley, 105279; en la misma lnea se
ubican los pronunciamientos de Fallos 303:245 y 305:134 La Ley,
1984A, 350, entre muchos otros relativos al principio de legalidad
en materia tributaria).Que con arreglo a lo resuelto en la
mencionada causa "Eves" y a los fallos que la antecedieron, no es
compatible con nuestro rgimen constitucional el dec. 2736/91, con
las modificaciones introducidas por el dec. 949/92, en cuanto crea
un hecho imponible distinto del previsto por ley 17.741, sin que la
circunstancia de su recproca vinculacin o parecido permita obviar
los alcances del referido principio de legalidad. Ello acarrea
tambin la consiguiente invalidez del acto impugnado en esta causa,
mediante el cual se intim a la actora a ingresar el
tributo"xxxviii.
"Que esta Corte Suprema, en su constante jurisprudencia, precis
en forma inconfundible ese concepto de la letra y el espritu de las
instituciones argentinas y en el fallo del t. 155, p. 290 resumi
esa jurisprudencia diciendo: 'Que entre los principios generales
que predominan en el rgimen representativo republicano de gobierno,
ninguno existe ms esencial a su naturaleza y objeto, que la
facultad atribuida a los representantes del pueblo para crear las
contribuciones necesarias para la existencia del Estado. Nada
exterioriza ms la posesin de la plena soberania que el ejercicio de
aquella facultad ya que la libre disposicin de lo propio, tanto en
lo particular como en lo pblico, es el rasgo ms saliente de la
libertad civil'. Todas las constituciones se ajustan a este rgimen
entregando a los Congresos o Legislaturas este privilegio
exclusivo, pues, como lo ensea Cooley: 'en todo Estado soberano el
Poder Legislativo es el depositario de la mayor suma de poder y es,
a la vez, el representante ms inmediato de la soberana'" (Fallos
182:411 La Ley, 13 102).11. Que en el mismo orden de ideas, el
tribunal resolvi que "de acuerdo a bien sentados principios de
derecho pblico, ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la
preexistencia de una disposicin legal encuadrada dentro de los
preceptos y recaudos constitucionales. esto es, vlidamente creada
por el nico poder del Estado investido de tales atribuciones arts.
4, 17, 44 y 67, Constitucin Nacional" (Fallos 248:482).Tambin esta
Corte ha dicho, con relacin al principio de reserva de la ley
tributaria, que ste es de rango constitucional y propio del estado
de derecho y que nicamente admite que una norma jurdica con la
naturaleza de ley formal tipifique el hecho que se considera
imponible y que constituir la posterior causa de la obligacin
tributaria. No puede ser soslayado aunque se invoquen "pautas de
poltica fijadas por las autoridades econmicas" y la existencia "de
un estado de calamidad econmica interna", debido a que nuestro
sistema constitucional supone un Estado cuyas potestades son
limitadas y se hallan sujetas al deslinde de competencias fijado
por la Ley Fundamental, predispuesto para garantizar una
estabilidad calculable entre gobernantes y gobernados (Fallos
294:152, consid. 18 La Ley, 1976B, 176).Por fin, en fecha reciente,
el tribunal ha reconocido una vez ms el origen constitucional del
principio de reserva o legalidad que rige en el mbito tributario al
reiterar, con cita expresa, la doctrina de Fallos 248:482 ya
transcripta (sentencia del 14 de octubre de 1993, dictada en los
autos E.35.XXIV "Eves Argentina S.A. s/ recurso de apelacinIVA",
consids. 9, 10 y 11).12. Que a la luz de la jurisprudencia reseada
y las ideas rectoras que la informan, resulta palmaria la
inconstitucionalidad de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional
impugnados en el "sub lite", por cuanto la creacin de todo tributo
requiere que l emane del Poder Legislativo.A ello no obsta el hecho
de que en los considerandos del dec. 2736/91 se invoquen razones de
"necesidad y urgencia". Aun cuando se admitiera que la Constitucin
Nacional en su redaccin anterior a la reforma de 1994 otorg
implcitamente legitimidad a reglamentos de tal naturaleza, lo
cierto es que ni en tal hiptesis los decretos de necesidad y
urgencia seran idneos para crear tributos, ante el modo categrico
con que ha sido plasmado en la Carta Magna el principio de
legalidad tributaria, cuyos rasgos surgen de la jurisprudencia
citada.La sealada reserva de facultades al Poder Legislativo en
materia tributaria fue ratificada en la reciente reforma de la
Constitucin Nacional, ya que si bien se incorpor al nuevo texto del
art. 99 la potestad del Poder Ejecutivo para emitir "decretos de
necesidad y urgencia", se estableci la prohibicin del ejercicio de
tal facultad extraordinaria cuando se trate de normas que regulen
materia tributaria. (del voto de los doctores Petracchi y
Bossert)"xxxix.
Sintticamente en el fallo se confirma la inconstitucionalidad de
los decretos de "necesidad y urgencia" 2736/91 y 949/92 que
extendieron el tributo previsto en la ley 17.741 para el ente
cinematogrfico, a los videos club.
b)CSJN - 21/10/03 "Selcro S.A. contra Jefatura de Gabinete de
Ministros s/ Amparo"
Este caso es de suma importancia para el presente trabajo ya que
en el fallo la Corte:
1)Rechaz la posibilidad de delegar la potestad tributaria por
parte del Poder Legislativo en el Ejecutivo tomando como sustento
el 76 de la CN.
2)Dej bien en claro qu es una tasa y su diferencia con el
impuesto.
El fallo deca:"1) Que la Sala IV de la Cmara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirm la
sentencia de la anterior instancia que hizo lugar a la accin de
amparo y, en consecuencia declar la inconstitucionalidad del
segundo prrafo del art. 59 de la ley 25.237, en cuanto delega la
facultad de fijar los valores o, en su caso, las escalas aplicables
para determinar el importe de las tasas a percibir por la Inspeccin
General de Justicia, y la nulidad del art. 4 de la decisin
administrativa 55/00 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en
cuanto modifica las escalas previstas en el art. 4 del decreto
67/96.2) Que para decidir en el sentido indicado -tras rechazar las
objeciones de la demandada respecto de la procedencia formal del
amparo-el a quo se fund en el principio de reserva de la ley, que
impera en la materia sobre la que tratan las normas impugnadas, y
en que no puede admitirse, en virtud de lo prescripto por el art.
76 de la Constitucin Nacional, una delegacin legislativa como la
efectuada por el segundo prrafo del art. 59 de la ley 25.237 puesto
que, al carecer de lmites precisos, tal autorizacin importa una
"deslegalizacin tributaria o penal" (fs. 141 vta.), en evidente
contradiccin con principios enfticamente reconocidos por el texto
constitucional".
Luego el fallo segua:"4) Que los decretos 360/95, 67/96, la
decisin administrativa 55/00 y la ley 25.237 utilizan la expresin
tasa al referirse a las prestaciones impuestas a favor de la
Inspeccin General de Justicia, con relacin a servicios prestados
por dicho organismo. Tal denominacin ha sido correctamente empleada
por tales normas, pues ella se ajusta plenamente a la naturaleza de
dichas cargas, como resulta de la caracterizacin del concepto de
tasa efectuada por la Corte al decidir, mediante remisin al
dictamen del seor Procurador General, la causa "Berkley" (Fallos:
323:3770). Basta recordar aqu que en ese precedente, con cita de
Giuliani Fonrouge,el Tribunal expres que la tasa es una "categora
tributaria tambin derivada del poder de imperio del Estado, con
estructura jurdica anloga al impuesto y del cual se diferencia
nicamente por el presupuesto de hecho adoptado por la ley, que en
este caso consiste en eldesarrollode una actividad estatal que atae
al obligado".
5) Que asimismo, en el mencionado precedente el Tribunal dej
claramente establecido que respecto de esa clase de tributos rige
el principio -de raigambre constitucional- de reserva de la ley o
legalidad. En tal sentido, la jurisprudencia de esta Corte resulta
categrica en cuanto a que"los principios y preceptos
constitucionales prohben a otro Poder que el legislativo el
establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas" (Fallos:
321:366 y sus citas), y concordemente con ello ha afirmado que
ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de
una disposicin legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos
constitucionales, esto es, vlidamente creada por el nico poder del
Estado investido de tales atribuciones(Fallos: 316:2329; 318:1154;
319:3400 y sus citas, entre otros).
6)Que de la reiterada doctrina precedentemente reseada surge con
nitidez que ni un decreto del Poder Ejecutivo ni una decisin del
Jefe de Gabinete de Ministros pueden crear vlidamente una carga
tributaria ni definir o modificar, sin sustento legal, los
elementos esenciales de un tributo(conf. sobre esto ltimo la
doctrina del citado precedente de Fallos: 319:3400, en especial, su
considerando 9).
7) Que, en esta misma lnea de razonamiento,al tratarse de una
facultad exclusiva y excluyente del Congreso, resulta invlida la
delegacin legislativa efectuada por el segundo prrafo del art. 59
de la ley 25.237, en tanto autoriza a la Jefatura de Gabinete de
Ministros a fijar valores o escalas para determinar el importe de
las tasas sin fijar al respecto lmite o pauta alguna ni una clara
poltica legislativa para el ejercicio de tal atribucin(confr.
doctrina de Fallos: 148:430; 270:42; 310:2193, entre otros).
8)Que, por lo dems, no pueden caber dudas en cuanto a que los
aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en
las materias respecto de las cuales la Constitucin Nacional (art.
76), autoriza, como excepcin y bajo determinadas condiciones, la
delegacin legislativa en el Poder Ejecutivo.Por ello, y lo
concordemente dictaminado por el seor Procurador General, se
declara formalmente procedente el recurso extraordinario en los
trminos precisados -en considerando 3- y se confirma la sentencia
apelada. Con costas"xl.
FALLO PERALTA:
Sobre accin de amparo, y decretos de necesidad y urgencia
Partes: Peralta, Luis A. y otro c/ Estado nacional (Ministerio
de Economa -Banco Central).
Hechos: el poder ejecutivo dict un decreto, para enfrentar una
situacin de emergencia econmica. El mismo ordenaba la devolucin de
los depsitos a plazo fijo que excediesen de determinada cantidad,
fuesen abonados con ttulos de la deuda pblica.
Peralta quien tena un plazo fijo, vi afectado su derecho de
propiedad por el decreto dictado por tal motivo interpuso una accin
de amparo contra el Estado Nacional, y Banco Central (pidi la
declaracin de la inconstitucionalidad del decreto, y el pago de su
plazo fijo.
El juez de 1 instancia rechaz la accin de amparo, peralta apel y
la Cmara hizo lugar al amparo .Se interpuso recurso extraordinario
federal.
NORMAS:
Artculo 17 CN
Decreto 36/90
Ley 16.986.
Valoracin: La Corte, haciendo una interpretacin de la
Constitucin Nacional, resolvi que esos decretos eran vlidos,
siempre y cuando:
Exista una situacin de emergencia que afecte al orden econmico y
social, y a la situacin jurdica poltica.
Las soluciones no sean rpidas y eficaces adoptadas por el
Congreso.
La medida sea razonable y su duracin sea temporal.
El Congreso no adopte decisiones que indique rechazo del
decreto.
FALLO VERROCHI:
Sobre decretos, de necesidad y urgencia.
Partes: Verrocchi, Ezio Daniel c/ Poder Ejecutivo Nacional.
Hechos: el Poder Ejecutivo dict 2 decretos de necesidad y
urgencia (DNU), los cuales supriman las asignaciones familiares a
los trabajadores que ganaban ms de $ 1000.
Verrochi, afectado por la medida present una accin de amparo
considerando a tales decretos como inconstitucionales, porque
violaban la garanta de proteccin integral de la familia (Arts.14
bis de la Ley Fundamenta).
En 1, y 2 instancia se le dio lugar a la accin de amparo, por
motivo de esto el Fisco interpuso recurso extraordinario
federal.
Normas:
Decretos de necesidad y urgencia
Art. 99 inc. 3
Ley 18.017
Art. 14 bis CN
Valoracin: La Corte declar la inconstitucionalidad de los
decretos impugnados ya que:
El poder Ejecutivo slo puede dictar decretos de necesidad y
urgencia en circunstancias excepcionales cuando el Congreso no
pueda reunirse por razones de fuerza mayor, o si la situacin es
urgente y no pueda esperar el dictado de una ley del congreso.
El poder Judicial revisa que existan estas circunstancias
excepcionales, en este caso, la Corte cree que existen
circunstancias y que el Congreso puede solucionar el tema de las
asignaciones dictando una ley.
FALLO COCCHIA:
Sobre la delegacin impropia
Partes: Cocchia Jorge c/ Estado Nacional y otros
Hechos: El poder ejecutivo dict un decreto modificando el rgimen
laboral portuario, el cual suspendiendo el rgimen colectivo.
El gremio interpuso una accin de amparo la cual fue aceptada en
1, y 2.
El Poder Ejecutivo, afirm que el Congreso por medio de una ley
de emergencia econmica le deleg la facultad de resolver las pautas
all fijadas en cuanto a reduccin de costos que causaba el rgimen
laboral portuario en vigencia derivado de un convenio
colectivo.
Valoracin: La Corte resolvi que se cumplen con las condiciones
para ser una delegacin constitucional: se ejerce con el poder de
polica.
PRINCIPIOS DEL DERECHO CONSTITUCIONAL
PRINCIPIO DE LEGALIDADEn qu consiste?Fuente legalEs el principio
que con mayor insistencia seala nuestra Constitucin Nacional as
como la doctrina. Para su imposicin un tributo debe estar:creado
por leyseguir los requisitos formales de una leyemanar del rgano
competentePara leyes impositivas la cmara de origen o iniciadora es
la de Diputados (representantes directos del pueblo). La ley debe
definir el hecho imponible y sus elementos: sujeto, objeto, base
imponible, alcuota, etc.Artculo 19 de la Constitucin Nacional:Las
acciones privadas de los hombres que de ningn modo ofendan al orden
y a la moral pblica, ni perjudiquen a un tercero, estn slo
reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados.
Ningn habitante de la Nacin ser obligado a hacer lo que no manda la
ley, ni privado de lo que ella no prohbe.Artculo 52 de la
Constitucin Nacional:A la Cmara de Diputados corresponde
exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y
reclutamiento de tropas.Tambin este principio se encuentra en los
artculos 4, 14, 17, 67, 75 inciso 2 de la Constitucin
Nacional.Teora y tcnica tributaria - Prof. Mara Laura Ros
4.PRINCIPIO DE IGUALDADEn qu consiste?Fuente legalLa igualdad es
la base del impuesto. No es una igualdad numrica sino igualdad para
los semejantes. Se trata de asegurar el mismo tratamiento para
quienes se encuentran en anlogas situaciones.Es igualdad por rangos
de igual capacidad contributiva (que se exterioriza por el
patrimonio, la renta o el gasto).Permite la formacin de distingos o
categoras, siempre que stas sean razonables, no arbitrarias, ni
injustas, ni hostiles contra determinadas personas.Artculo 16 de la
Constitucin Nacional:La Nacin Argentina no admite prerrogativas de
sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni
ttulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y
admisibles en los empleos sin otra condicin que la idoneidad. La
igualdad es la base del impuesto y de las cargas pblicas.Teora y
tcnica tributaria - Prof. Mara Laura Ros
5.Principio de GeneralidadEn qu consiste?Fuente legalEste
principio est vinculado con el de igualdad. Los tributos deben
abarcar ntegramente a las distintas categoras de personas o bienes
y no a una parte de ellas.Un sistema tributario debe abarcar
ntegramente las distintas exteriorizaciones de la capacidad
contributiva.Artculo 16 de la Constitucin Nacional:... Todos sus
habitantes son iguales ante la ley ... La igualdad es la base del
impuesto y de las cargas pblicas.Teora y tcnica tributaria - Prof.
Mara Laura Ros
6.Principio de proporcionalidadEn qu consiste?Fuente legalEste
principio establece que el tributo debe ser proporcional al
capital, a la renta y al consumo; siendo razonable exigir que
paguen ms los que tienen ms renta o mayor patrimonio, respetando
los principios de capacidad contributiva.Artculo 4 de la
Constitucin Nacional:El Gobierno federal provee a los gastos de la
Nacin con los fondos del Tesoro nacional formado del producto de
derechos de importacin y exportacin, de la venta o locacin de
tierras de propiedad nacional, del de la renta de Correos, de las
dems contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la
poblacin imponga el Congreso General...Artculo 75 inciso 2 de la
Constitucin Nacional:Corresponde al Congreso: Imponer
contribuciones indirectas como facultad concurrente con las
provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo
determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la
Nacin, siempre que la defensa, seguridad comn y bien general del
Estado lo exijan...Teora y tcnica tributaria - Prof. Mara Laura
Ros
7.Principio de no confiscatoriedadEn qu consiste?Fuente legalLa
Constitucin Nacional menciona en forma indirecta este principio, al
referirse a la propiedad privada.Los tributos no pueden absorber
una parte sustancial de la propiedad o de su renta.Artculo 17 de la
Constitucin Nacional:La propiedad es inviolable, y ningn habitante
de la Nacin puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia
fundada en ley. La expropiacin por causa de utilidad pblica, debe
ser calificada por ley y previamente indemnizada. Slo el Congreso
impone las contribuciones que se expresan en el artculo 4. Ningn
servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia
fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de
su obra, invento o descubrimiento, por el trmino que le acuerde la
ley. La confiscacin de bienes queda borrada para siempre del Cdigo
Penal Argentino...Artculo 14 de la Constitucin Nacional:Todos los
habitantes de la Nacin gozan de los siguientes derechos conforme a
las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: de trabajar y
ejercer toda industria lcita; de navegar y comerciar; de peticionar
a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del
territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin
censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse
con fines tiles; de profesar libremente su culto; de ensear y
aprender.Teora y tcnica tributaria - Prof. Mara Laura Ros
8.Principio de retroactividadEn qu consiste?Fuente legalEste
principio tiene sus bases en el Cdigo Civil. El Congreso puede
sancionar leyes tributarias retroactivas, siempre que no se afecte
la garanta constitucional sobre propiedad privada.La retroactividad
es un principio criticable en cualquier materia. Existe consenso
doctrinario respecto de que hay que respetar las reglas de juego y
precisamente para ello es necesario que se conozcan con
anterioridad.La ley siempre debera ser preexistente a los hechos
sobre los cuales se va a aplicar.Artculo 3 del Cdigo Civil:A partir
de su entrada en vigencia las leyes se aplicarn an a las
consecuencias de las relaciones y situaciones jurdicas existentes.
No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden pblico, salvo
disposicin en contrario...Artculo 17 de la Constitucin Nacional:La
propiedad es inviolable, y ningn habitante de la Nacin puede ser
privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en
ley...Artculo 18 de la Constitucin Nacional:Ningn habitante de la
Nacin puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al
hecho del proceso...Teora y tcnica tributaria - Prof. Mara Laura
Ros
9.Principiode equidadEn qu consiste?Fuente legalPrembulo de la
Constitucin Nacional:Nos, los representantes del pueblo de la Nacin
Argentina (...) con el objeto de constituir la unin nacional,
afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la
defensa comn, promover el bienestar general, y asegurar los
beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad
(...)Artculo 4 de la Constitucin Nacional:El Gobierno federal
provee a los gastos de la Nacin con los fondos del Tesoro nacional
formado del producto de derechos de importacin y exportacin, del de
la venta o locacin de tierras de propiedad nacional, de la renta de
Correos, de las dems contribuciones que equitativa y
proporcionalmente a la poblacin imponga el Congreso General, y de
los emprstitos y operaciones de crdito que decrete el mismo
Congreso para urgencias de la Nacin, o para empresas de utilidad
nacional.Artculo 75 (varios incisos) de la Constitucin
Nacional:Corresponde al Congreso:1. Legislar en materia aduanera.
Establecer los derechos de importacin y exportacin.2. Imponer
contribuciones indirectas como facultad concurrente con las
provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo
determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la
Nacin, siempre que la defensa, seguridad comn y bien general del
Estado lo exijanLa distribucin entre la Nacin, las provincias y la
ciudad de Buenos Aires y entre stas, se efectuar en relacin directa
a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas
contemplando criterios objetivos de reparto; ser equitativa,
solidaria y dar prioridad al logro de un grado equivalente de
desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el
territorio nacional. (...)8. Fijar anualmente, conforme a las
pautas establecidas en el tercer prrafo del inciso 2 de este
artculo, el presupuesto general de gastos y clculo de recursos de
la administracin nacional, en base al programa general de gobierno
y al plan de inversiones pblicas y aprobar o desechar la cuenta de
inversin.9. Acordar subsidios del Tesoro nacional a las provincias,
cuyas rentas no alcancen, segn sus presupuestos, a cubrir sus
gastos ordinarios...Este principio se encuentra tambin en los
artculos 14, 16, 23 y 28 de la Constitucin Nacional.El principio de
la equidad se refiere a que debe ser equitativo el monto del
impuesto en s y la oportunidad en que se lo aplique. Articula y
sintetiza a todos los dems principios constitucionales. Un tributo
es justo cuando considera las garantas de: legalidad, igualdad,
generalidad, proporcionalidad, no confiscatoriedad e
irretroactividad.
INTERPRETACION DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS
PRINCIPIO DE LA REALIDAD ECONMICA. El principio de la realidad
econmica est enmarcado en los artculos 1 y 2 de la Ley 11683 (t.o.
1998 y modif.). El Dr. Giuliani Founrouge y Navarrine ha sostenido
que este principio reconoce la autonoma del derecho tributario y
adoptan el principio de la realidad econmica o apreciacin de los
hechos, como base de interpretacin de las normas fiscales, con
prescindencia de las apariencias o exterioridades jurdicas
(GIULIANI FOUNROUGE, C.M. y NAVARRINE, C.S., Procedimiento
Tributario y de la Seguridad Social, 9na. Edicin, Ed. Astrea, Bs.
As., 1999, pg. 74). La autonoma del derecho tributario fue
establecida, en el mbito latinoamericano, en las Primeras Jornadas
del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (Montevideo,
1956), donde se ha sostenido: 1) El derecho tributario tiene
autonoma dentro de la unidad general del derecho por cuanto se rige
por principios propios y posee institutos, conceptos y objetos
tambin propios; 2) Por consiguiente, la norma tributaria debe
precisar sus conceptos propios, sealando los elementos de hecho
contenidos en ellos y, cuando utilice los de otras disciplinas,
precisar el alcance que asigne a los mismos. Insercin en la ley de
procedimiento tributario. ARTICULO 1 En la interpretacin de las
disposiciones de esta ley o de las leyes impositivas sujetas a su
rgimen, se atender al fin de las mismas y a su significacin
econmica. Slo cuando no sea posible fijar por la letra o por su
espritu, el sentido o alcance de las normas, conceptos o trminos de
las disposiciones antedichas, podr recurrirse a las normas,
conceptos y trminos del derecho privado. Como se advierte, se
refiere al criterio de interpretacin de esta ley y de las leyes
impositivas. A estos efectos se atender al fin de ellas y a su
significacin econmica. Slo en subsidio podr recurrirse al derecho
privado. ARTICULO 2 Para determinar la verdadera naturaleza del
hecho imponible se atender a los actos, situaciones y relaciones
econmicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los
contribuyentes. Cuando stos sometan esos actos, situaciones o
relaciones a formas o estructuras jurdicas que no sean
manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para
configurar adecuadamente la cabal intencin econmica y efectiva de
los contribuyentes se prescindir en la consideracin del hecho
imponible real, de las formas y estructuras jurdicas inadecuadas, y
se considerar la situacin econmica real como encuadrada en las
formas o estructuras que el derecho privado les aplicara con
independencia de las escogidas por los contribuyentes o les
permitira aplicar como las ms adecuadas a la intencin real de los
mismos. 2 En sntesis, a efectos de la interpretacin genrica, la
significacin econmica prevalece sobre el derecho privado; y, a fin
de determinar el hecho imponible, el derecho privado prevalece
sobre las dems figuras posibles, con la condicin de que las
estructuras jurdicas sean adecuadas y no se produzca abuso del
derecho. De lo expuesto podemos precisar que el art. 1 L. 11683
recepta el criterio de la interpretacin econmica de las leyes
impositivas con fundamento en la autonoma del derecho tributario,
mientras que el art. 2, desde el punto de vista no de las normas
sino de los hechos, introduce tambin un criterio interpretativo que
no es exclusivo del derecho tributario sino abarcativo de cualquier
rama del derecho. Giuliani Founrouge y Navarrine expresan que el
mtodo de interpretacin llamado de la realidad econmica no es el
nico utilizable sino que debe ser considerado como uno entre
varios, tal como fuera recogido por el Modelo de Cdigo Tributario
para Amrica Latina OEA/BID, cuyo artculo 5 expresa: las normas
tributarias se interpretarn con arreglo a todos los mtodos
admitidos en derecho, pudindose llegar a resultados restrictivos o
extensivos de los trminos contenidos en aqullas. La disposicin
precedente es tambin aplicable a las exenciones. SU APLICACIN POR
LA ADMINISTRACIN FISCAL Y LA JURISPRUDENCIA Desde su incorporacin a
la Ley 11683, la Administracin fiscal ha recurrido al principio de
la realidad econmica a efectos de corregir conductas anmalas por
parte de los contribuyentes, mas ello no debe llevar a la indebida
extensin de los hechos imponibles con un afn netamente
recaudatorio, pretendiendo gravarlos sin tener en cuenta que muchas
veces pueden tratarse de economas de opcin perfectamente
aceptables.
Jurispudencia
Fallo park Davis
1. La existencia de dos sociedades diferenciadas desde el punto
de vista del derecho privado, pero unificadas econmicamente, lleva
por aplicacin de los arts. 11 y 12 de la ley 11.683, t.o. 1962 a
reconocer preeminencia a la situacin econmica real, con
prescindencia de las estructuras jurdicas utilizadas, que pueden
ser inadecuadas o no responder a dicha realidad. 2. Si la sociedad
extranjera que percibe regalas es titular del 99,95% del capital de
la sociedad local que las abona, debe pagarse el impuesto a los
rditos sobre tales regalas como retribucin por uso de marcas y
patentes, pues si se admitiera como gasto esos pagos se obtendra
una exencin impositiva que no otorga la ley. 3. Si una sociedad
local, pese a su aparente autonoma jurdica, est en relacin orgnica
de dependencia con otra sociedad extranjera por su incorporacin
financiera a sta, si bien no queda suprimida la personalidad
jurdica de aqulla, tampoco anula su capacidad jurdica tributaria.
4. Los convenios para evitar la doble imposicin celebrados con
pases extranjeros como Suecia (decreto-ley 12.821/72) y la Repblica
Federal Alemana (Alemania) por la llamada ley 17249) slo pueden ser
aplicados a los sbditos o sociedades involucrados en sus
disposiciones y ello no importa afectar la garanta de igualdad para
quienes no estn comprendidos en el tratamiento impositivo especial
que se base en el principio de reciprocidad. 5. Sea por aplicacin
de la teora de la penetracin como por los principios de la realidad
econmica o teora del rgano, debe tenerse en cuenta el fondo real de
la persona jurdica para resolver el caso referente al tratamiento
impositivo del pago de regalas de una sociedad financieramente
dependiente de otra dominante que las percibe. 6. No puede
concebirse, en estricto derecho, la existencia de contrato cuando
no existen dos sujetos en el negocio jurdico, en sus roles de
acreedor y deudor. Si los intereses que concurren al acto no son
opuestos, sino paralelos, no existe contrato, sino un acto
complejo. 7. No existe libertad de eleccin, que informa el
principio de la autonoma de la voluntad, si no hay independencia
real de las empresas vinculadas mediante lo que se denomina
contrato pero que en realidad traduce un aporte de capital.
FALLO MELLOR GOODWING
La C.S.J.N en la causa Mellor Goodwin S.A.C.I.F, declar que el
derecho de repeticin constituye un supuesto particular de
enriquecimiento sin causa (Fallos 190:397) que el ltimo anlisis
encierra la idea del dao experimentado en un acervo y el
correlativo aumento en otro patrimonio, desplazamiento de un
derecho que genera la pretensin de restablecer la equivalencia
perdida o el equilibrio alterado. En esta sentencia se sostuvo
asimismo que para la procedencia de la accin se requiere no slo la
prueba del aumento o enriquecimiento del patrimonio del obligado a
la restitucin, sino tambin la del correspondiente y proporcional
empobrecimiento, lo cual no se infiere del slo hecho de los pagos
como en el caso de un particular y por su nica virtud. Ambos
extremos, no slo el enriquecimiento y la falta de causa son
condiciones indispensables para la existencia del derecho de
repetir, por lo cual la ausencia del empobrecimiento en el
accionante o su falta de acreditacin y cuanta implican descartar el
inters legtimo para accionar en justicia reclamando la devolucin
integra de las sumas ingresadas por pago de tributos que se
impugnan. Tratndose de repetir un impuesto que por su naturaleza es
trasladable, se torna viable el razonamiento que informa soluciones
de otros ordenamientos en los cuales slo se autoriza la repeticin
cuando la empresa reclamante demuestra que no hubo traslacin de la
carga impositiva, en tanto si quien demanda por repeticin obtiene
sentencia favorable y antes traslad el impuesto al precio de la
mercadera vendida, habra cobrado dos veces, por distintas vas, lo
cual es contrario a la buena fe. La repeticin de un impuesto no
puede sino depender de la indispensable prueba del real perjuicio
sufrido , toda vez que su traslacin hacia terceros no depende en
definitiva sino de las condiciones del mercado. No corresponde
sostener que medie un enriquecimiento indebido del fisco por el
simple hecho de acreditar el desembolso del tributo, ya que lo que
debe demostrarse es que ese pago ha representado para quien lo
invoca un detrimento patrimonial concreto
Derecho penal tributario falta las leyes1) Que contra la
sentencia del juez federal subrogante de Neuqun que declar
inconstitucional el art. 44, punto 1, de la ley 11.683, segn la
redaccin dada por las leyes 23.314 y 23.658, la representacin de la
D. G. I. interpuso recurso extraordinario, que fue concedido a fs.
47/48.2) Que el remedio federal resulta formalmente admisible toda
vez que en el pleito se ha puesto en cuestin la validez de una ley
del Congreso bajo la pretensin de ser repugnante a la Constitucin
Nacional y el fallo definitivo del superior tribunal de la causa
confr. art. 26 de la ley 23.314 ha sido contrario a dicha validez
(art. 14, inc. 1, ley 48).3) Que para arribar a aquella decisin, el
a quo consider comprobada la infraccin que el art. 44, punto 1, de
la ley 11.683 sanciona con la clausura del establecimiento pues, en
su juicio, las facturas de venta se haban emitido sin los datos que
exige el art. 7, punto 1, 1.1, de la res. 3118/90.Sin perjuicio de
ello, hizo saber a la Direccin General Impositiva que deba
abstenerse de proceder al cierre del comercio de la actora, pues
con sustento en que no existe proporcin entre la pena y la ofensa
atribuida ni media correlacin entre la sancin y la finalidad que
tuvo en mira el legislador al instaurarla, lo que equivale a emitir
un juicio adverso a la razonabilidad del precepto, declar que el
mencionado art. 44 vulnera los derechos reconocidos en los arts. 14
y 17 de la Constitucin Nacional.En consecuencia, al ser resuelta la
cuestin de modo favorable a la actora y, an as, al no haber
contestado sta el traslado del recurso extraordinario, lo cierto es
que ante esta instancia no ha merecido objecin alguna el
razonamiento efectuado en la sentencia acerca de que, sobre la base
de aquellas constancias que fueron analizadas, cabra tener por
configurado el incumplimiento que se le endilga. De tal
peculiaridad, se sigue que el nico tpico sobre el cual le incumbe a
esta Corte expedirse consiste en el examen de la razonabilidd de la
ley en los trminos antes referidos.4) Que la norma citada en el
consid. 1 en cuanto aqu interesa dispone "Sin perjuicio de la multa
prevista en el art. 43, se clausurarn por tres (3) das los
establecimientos comerciales, industriales, agropecuarios o de
servicios, que incurran en alguno de los hechos u omisiones
siguientes: 1. No emitan facturas o comprobantes de sus ventas,
locaciones o prestaciones de servicios en la forma y condiciones
que establezca la Direccin General; o no conserven sus duplicados o
constancias de emisin".Asimismo, la redaccin incorporada a
continuacin del art. 44 establece que: "Los hechos u omisiones que
den lugar a la clausura de un establecimiento, debern ser objeto de
un acta de comprobacin en la cual los funcionarios fiscales dejarn
constancia de todas las circunstancias relativas a los mismos, a su
prueba y a su encuadramiento legal, conteniendo, adems, una citacin
para que el responsable, munido de las pruebas de que intente
valerse, comparezca a una audiencia para su defensa..."."El acta
deber ser firmada por los actuantes y notificada al responsable o
representante legal del mismo. En caso de no hallarse presente este
ltimo en el acto de escrito, se notificar el acta labrada en el
domicilio fiscal por los medios establecidos en el art. 100"."El
juez administrativo se pronunciar una vez terminada la audiencia o
en un plazo no mayor de diez (10) das".Por ltimo, el texto de la
ley 23.314 adicion al art. 78 de la ley 11.683 el siguiente prrafo:
"La sancin de clausura ser recurrible por el recurso de apelacin
con efecto suspensivo, ante los Juzgados en lo Penal Econmico de la
Capital Federal y los Juzgados Federales en el resto del territorio
de la Repblica... La decisin del juez ser inapelable".5) Que, segn
resulta del mensaje del Poder Ejecutivo que acompa al proyecto de
la nor ma referida, el espritu de ste ha sido el comn al de todas
las iniciativas del P. E. N. se ha propuesto someter al Congreso de
la Nacin en matera tributaria, esto es, recomponer el sistema
impositivo como fuente principal de recursos para el funcionamiento
del gasto pblico y el logro de su equidad. Empero, en especial,
procur asignar prioridad a la "fiscalizacin y determinacin de los
impuestos, introduciendo modificaciones cuyo propsito consiste en
crear un sistema equilibrado de apercibimientos y estmulos legales
tendientes a inducir un cambio en los hbitos de conducta de un gran
nmero de contribuyentes evasores o simplemente remisos en el
cumplimiento de sus obligaciones". Es en este orden de ideas que se
inscriben algunas medidas entre ellas la clausura cuyo objeto es
sancionar el incumplimiento de deberes formales a cargo de los
responsables. A su vez, segn se desprende de la lectura de los
antecedentes parlamentarios, dado que es inconveniente mantener
penas corporales para infracciones de tipo formal pues se las
reserva para casos graves de defraudacin que expresan
comportamientos marginales se ha reemplazado la sancin de arresto
establecida con "atribuciones constitucionales discutibles" por la
clausura del establecimiento en "un moderno concepto que tiende a
repercutir el incumplimiento en la economa y no en la persona del
contribuyente". Se destaca, finalmente, que "el factor ms relevante
de la actividad fiscalizadora respecto a la evasin fiscal, que se
manifiesta en el circuito marginal o negro, tiene su correlato en
el control de las ventas, en el control de la compras y en la falta
de anotacin de las mismas" (confr. Diario de Sesiones Diputados, ao
1985, ps. 6276 y 6277 y Diario de Sesiones Senadores, ao 1985, ps.
3198 y 3199).De lo hasta aqu expuesto y de lo expresamente
declarado por el informe producido por las Comisiones de
Presupuesto y Hacienda y de Legislacin Penal se colige con claridad
que el bien jurdico de cuya proteccin se trata excede al de
integridad de la renta fiscal. En efecto, se considera de vital
importancia como instrumento que coadyuvar a erradicar la evasin,
al logro de la equidad tributaria y, por ende, al correcto
funcionamiento del sistema impositivo, el hecho de dotar a la
administracin de mecanismos eficaces de contralor y de
apercibimientos con la finalidad de que los contribuyentes, en lo
mediato, modifiquen sus conductas tributarias voluntariamente y
que, en lo inmediato, lo hagan porque existe una estructura de
riesgo ante la sola posibilidad de no cumplir (confr. Diario de
Sesiones Diputados, ao 1985, p. 6274).6) Que, ello, sentado, y
limitada la jurisdiccin del Tribunal al respecto referido en el
consid. 3, cabe recordar que esta Corte ha sostenido que no basta
con sostener la irrazonabilidad de una ley sino que es preciso
vincularla con los fundamentos del dictado de sta (Fallos 310:495,
consid. 4 La Ley, 1987C, 151), pues la constitucionalidad est
condicionada, por una parte, a la circunstancia de que los derechos
afectados sean respetados en su sustancia y, por la otra, la
adecuacin de las restricciones que se les impone, a las necesidades
y fines pblicos que los justifican, de manera que no aparezcan
infundadas o arbitrarias, sino razonables, esto es, proporcionadas
a las circunstancias que las originan y a los fines que se procura
alcanzar con ellas (Fallos 250:450),siendo a cargo de quien invoca
dicha razonabilidad, la alegacin y prueba respectiva (Fallos
247:121, consid. 14 La Ley, 10047).7) Que efectuada en el caso la
vinculacin sealada precedentemente, no aparece exorbitante que
frente a la finalidad reseada en el consid. 5, el legislador
castigue con la sancin cuestionada la no emisin de facturas o
comprobantes en legal forma, pues aunque se trate de un
incumplimiento a deberes formales, es sobre la base al menos de la
sujecin a tales deberes que se aspira alcanzar el correcto
funcionamiento del sistema econmico, la erradicacin de circuitos
marginales de circulacin de los bienes y el ejercicio de una
adecuada actividad fiscalizadora, finalidad que, en s, se ve
comprometida por tales comportamientos. Ello no implica la
indefectible aplicacin de una sancin por el slo hecho de
comprobarse un incumplimiento objetivo, pues cada caso deber
decidirse segn las peculiaridades que ofrezca, las defensas y las
pruebas que a su respecto pueda producir el inculpado, y en
consideracin a las causales de exencin de la sancin si stas
cupieren.8) Que, asimismo, y en tanto a esta Corte slo le est
permitido analizar el grado de adecuacin existente entre las
obligaciones que la ley impone y los fines cuya realizacin procura
(doctr. de Fallos 199483), no corresponde juzgar el acierto o
conveniencia del medio arbitrado por el legislador en el mbito
propio de sus atribuciones para alcanzar el fin propuesto (Fallos
240:223; 247:121; 250:410; 251:21; 253:352; y 257:127 La Ley,
91.499; 10047; 108724), pues el control de constitucionalidad que
incumbe a los jueces excluye tal examen.9) Que ello es as, en tanto
la reglamentacin no adolezca de una iniquidad manifiesta (Fallos
300:642, consid. 6 y su cita La Ley, 1978D, 435 ni se trate de
penas desmedidas, crueles o desusadas (confr. "Martnez, Jos A.",
consid. 11 y su cita, del 6/6/89), supuestos stos que no se
configuran en la especie.10) Que, efectuadas las precisiones que
anteceden, cabe concluir que la norma impugnada, al establecer la
sancin de clausura por tres das para aquellos establecimientos
comerciales que no emitan facturas o comprobantes en la forma y
condiciones que establezca la Direccin General Impositiva
garantizando, por lo dems, un adecuado resguardo del derecho de
defensa con el procedimiento reseado en el consid. 3, constituye
una razonable manifestacin del poder de reglamentacin (arts. 14 y
28, Constitucin Nacional) sin mengua de los derechos de trabajar y
ejercer toda industria lcita y de propiedad, reconocidos por la
Carta Magna. Ms an, si se tiene en cuenta que la atribucin de
declarar inconstitucional una ley slo debe ser ejercida cuando la
repugnancia con la clusula constitucional que se invoca es
manifiesta y la incompatibilidad inconciliable, debiendo resolverse
cualquier duda a favor de la constitucionalidad, en especial, si
ello es posible sin violencia de los textos (Fallos 209:337;
234:229; 235:548; 242:73; y 244:309 La Ley, 4979; 83338; 85603;
93358; 98421).Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el
Procurador General, se declara procedente el recurso extraordinario
y se revoca la sentencia apelada en cuanto fue materia de apelacin.
Sin costas, atento a que las peculiaridades del caso y lo novedoso
de la cuestin jurdica planteada pudieron hacer creer al demandante
que se encontraba asistido de derecho para sostener su posicin
(art. 68, segunda parte, Cd. Procesal). Augusto C. Belluscio.
Enrique S. Petracchi.-
Proyeccion de la forma federal
Las leyes impositivas locales deben ser juzgadas por sus
tribunales salvo que existan cuestiones federalesSolo se admitira
la resolucion de un caso siempre que este en contra de la ley de
cooparticipacion.SENTENCIAS CONTRA EL ESTADO
1. Una consecuencia necesaria del Estado de Derecho es que la
Administracin est obligada al cumplimiento de los mandatos
judiciales condenatorios. Ante su reticencia, los rganos
jurisdiccionales deben efectivizar, actuar, concretar sus
decisorios a travs de la ejecucin de sus sentencias.
2. Si la ejecucin de un mandato judicial supusiere un serio
compromiso al inters pblico, la Administracin deber hacerlo saber
al rgano jurisdiccional mediante una presentacin circunstanciada
que objetivice tal afectacin, proponiendo alternativas suspensivas
o sustitutivas. Previa sustanciacin, el juez, tras una cuidadosa
evaluacin, resolver si corresponde hacer lugar o no al
pedimento.
3. El procedimiento establecido en el mbito federal para la
ejecucin de sentencias condenatorias a dar sumas de dinero para
pocas de normalidad y sosiego es susceptible de crticas por las
demoras que conlleva la efectivizacin del mandato judicial.
De una parte, no se advierten las razones por las cuales no se
habilita al Poder Ejecutivo a autorizar las erogaciones en el
Presupuesto en curso, dando cuenta al Congreso, como estuvo
previsto durante el rgimen del Decreto Ley 23.354, cuanto ms ante
los superavits de los ltimos ejercicios fiscales.
De la otra, la habilitacin legal a diferir el cumplimiento de
las sentencias a ulteriores ejercicios, ante el agotamiento de los
fondos asignados a ese fin en el presupuesto en ejecucin, en las
actuales condiciones, es una medida pasible de cuestionamiento
constitucional, por irrazonable (art. 28).
Por fin, la omisin, demora o negligencia en la inclusin del
crdito en el proyecto de presupuesto correspondiente, debidamente
acreditada, debera traer aparejada la posibilidad de iniciar el
procedimiento de ejecucin de sentencias previsto en el C.P.C.C.
4. La lucidez y anticipacin de los constituyentes de 1889 en
esta temtica super todo obstculo a la ejecucin de sentencias en
materia contencioso-administrativa en la Provincia de Buenos
Aires.
5. La regulacin procesal proyectada por el Dr. Luis Varela,
consagrada en el C.P.C.A. ley 2961, guard sintona fina con el
mandato constitucional, contemplando minuciosamente los diversos
aspectos de la problemtica, enderezndolos a asegurar la concrecin
de las mandas judiciales.
6. El nuevo Cdigo Procesal Contencioso Administrativo, ley
12.008 y modificatorias, aunque ms parco, regula con suficiencia el
instituto bajo anlisis. Indudablemente la experiencia de la
anterior codificacin resultar gua segura y provechosa para los
operadores del novel ordenamiento.
7. En cuanto a la doctrina de la emergencia en general, la
crtica no puede formularse respecto de su existencia, sino en su
utilizacin abusiva. Un control jurisdiccional estricto respecto de
cada uno de sus requisitos de configuracin, pondra las cosas en su
punto justo. En tal sentido pareciera orientarse la jurisprudencia
de la C.S.J.N. y de la S.C.J.B.A.
8. En cuanto a las normas de consolidacin de pasivos estatales
en particular, si bien su constitucionalidad ha sido validada
reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, tambin
el Alto Tribunal ha sabido elaborar pautas para inaplicarlas en
consideracin a las excepcionales circunstancias del caso
(longevidad, grave estado de salud, discapacidad, etc.). Tal
criterio tambin ha sido seguido por la Suprema Corte
Provincial.
Por otra parte, cabe no perder de vista los lmites impuestos a
las regulaciones provinciales por la normativa federal que le sirve
de base; la incorporacin de clusulas que importen condiciones ms
gravosas para los acreedores estn condenadas a su
descalificacin.
DERECHO ADMINISTRATIVO Y DERECHO FINANCIERO
Carlos Giuliani Fonrouge seala que el Derecho Financiero
corresponde al Derecho Pblico, que persigue fines colectivos, y
como lo precisa la doctrina se refiere exclusivamente a la
actividad delEstado, y lasfinanzaspblicas.
El Derecho Financiero, para estudiar las manifestaciones de la
actividad financiera del Estado, se divide metodolgicamente. Las
ramas del Derecho Financiero, consideradas por la doctrina son:
Derecho Tributario, Derecho Patrimonial Pblico (serviciospblicos
yempresasestatales), Derecho delCrditoPblico (llamado tambin
derecho monetario) y Derecho Presupuestario.
a)Derecho Tributario:es aquella parte del derecho financiero que
regula ydisciplinalostributos. Es aquella rama del derecho que
expone losprincipiosy lasnormasrelativas al establecimiento y
recaudacin de los tributos, y tambin analiza las relaciones
jurdicas que de ello resultan.
b)Derecho Financiero Patrimonial o Derecho Patrimonial Pblico:el
objeto propio del derecho patrimonial pblico es el recurso
patrimonial, o sea laestructuray lagestindelpatrimoniopblico
dirigidas a la obtencin deingresos. En base a ello el derecho
patrimonial pblico se configura entornoa tres ncleos temticos:
1. Gestin de losbienesde titularidad pblica.
2. Gestin de empresas de titularidad pblica.
3. Participacin de los entes pblicos en empresas de titularidad
privada.
Dentro del mbito de la titularidad pblica se incluyen dos
grandes categoras de bienes:
-. Los llamados bienes demaniales o dedominiopblico.
-. Los llamados bienes patrimoniales.
Junto a ellos existen regmenes especficos depropiedadpblica,
como son la propiedad pblica, la propiedad minera, el patrimonio
forestal, y el patrimonio nacional.
c)Derecho del Crdito Pblico oDeuda Pblica:El endeudamiento
pblico ofrece a nuestro juicio las tres siguientes
peculiaridades:
-. Los emprstitos pblicos, es decir lasoperacionesfinancieras en
la queel estadoo cualquier otro ente territorial recibedineroa
prstamo en las condiciones y con loslmitesfijados en laley.
-. Las operaciones similares de prstamo o de apertura de
crdito.
-. Los anticipos y loscrditosque elbancoemisor puede conceder al
tesoro pblico.
d)Derecho Presupuestario:el derecho presupuestario lo podemos
definir como la expresin jurdica delplanfinanciero del estado para
un periodo detiempodeterminado. El contenido del derecho
presupuestario podemos concretarlo en dos aspectos:
1. Aspecto jurdico-poltico.
2. Aspecto jurdico-financiero.
El aspecto jurdico-poltico hace referencia al conjunto de normas
dirigidas a regular las relaciones entre dos poderes del
estado:poderlegislativo y ejecutivo que son protagonistas del ciclo
presupuestario, as corresponde al derecho presupuestario la
regulacin de ladistribucindecompetenciasenmateriade preparacin,
aprobacin, ejecucin ycontroldelprogramade ingresos ygastosdel
estado.
El aspecto jurdico-financiero de terminar los efectos que
elpresupuestoen cuanto a la ley tiene con respecto a los ingresos y
gastos pblicos, o sea con respecto a losderechossubjetivos de los
particulares y con respecto al ordenamiento jurdico y a
lasleyesfinancieras preexistentes.
Autonoma del Derecho financiero
A.CORRIENTE ADMINISTRATIVA
Sustentada por Prez de Ayala, Mayer y Giorgio del Vecchio.
Segn estos autores, agrupados en la
llamadaescuelaadministrativista clsica, el derecho financiero es
una parte, un captulo especializado del derecho administrativo y
por consiguiente no tiene autonoma.
Pues stos afirman que el Derecho Financiero forma parte
delDerecho Administrativoporque su objeto es una
merafuncinadministrativa que se sintetiza en la actividad que
despliega el estado para conseguir recurso.
B.CORRIENTE AUTONOMISTA
Sustentada por Myrbach, Rheinfeld y Mario Pugliese.
Para estos autores losproblemasjurdicos que surgen de la
actividad financiera del Estado se resuelven mediante principios
propios decarcterunitario, adems, sealan que el derecho financiero
tiene importantes ramas jurdicas como el derecho tributario.
Diferencia del Derecho financiero con el Derecho
administrativo
En primer lugar, el derecho financiero se ocupa de la actividad
financiera del Estado, que tal como dijimos lneas arriba, es
distinta de una actividad administrativa. Lo primero supone
principalmente el obtener ingresos y efectuar gastos. Pero, para
qu?, para satisfacer necesidades pblicas. En otras palabras, para
que funcione laAdministracin, para atender los servicios
desaludoeducacin,construccinde carreteras, el pago
deobligacionesdel Estado, laseguridadnacional, el pago de misiones
diplomticas, etc. Es entonces, el medio no el fin. El derecho
financiero tiene, fundamentalmente, un carcter instrumental.
En segundo lugar, se diferencia del derecho administrativo por
losmediosutilizados: bienes de intercambio, dinero. Finalmente, un
tercer elemento que diferencia la actividad financiera de la
administrativa, el fin que la primera persigue: procurarrecursosal
Estado y emplearlos eficientemente.Lo dicho, no debe ni puede
llevarnos a pensar en una total separacin. El derecho
administrativo y el derecho financiero tienen una relacin muy
estrecha y el derecho es una unidad, dentro de la cual no podemos
hablar deindependenciaabsoluta.
Relacin del Derecho financiero
a)Derecho Constitucional:El Derecho Financiero tiene vinculacin,
primero con el derecho constitucional antes que con otras ramas, ya
que ella define, cules son los lineamientos o principios generales
que desarrollan las leyes de carcter financiero. Ver los artculos
74 87, de laConstitucinPolticadel Per.
b)Derecho Internacional:Eldesarrollode lascomunicacionesy la
intensificacin de las relaciones comerciales han determinado la
internacionalizacin de las finanzas, tanto pblicas como
privadas.
c)Derecho Tributario:Tiene por finalidad el estudio de las
normas legales, reglas y principios que regulan las imposiciones
tributarias.
d)Derecho Administrativo:Poridentidaddel sujeto de ambas
disciplinas,la administracinpblica y lacomunidadde algunos
conceptos.
e)Derecho Penal:En lo que respecta a la violacin de las leyes
financieras y de las normas sobre el control estatal de la
actividad privada
f)Economa Poltica:El factor econmico adquiere importancia
preponderante en la materia y el acto jurdico en que se concreta la
actividad financiera reposa enpresupuestoscuyoanlisispertenece a la
rama mencionada en ltimo trmino
Conclusin
Podemos concluir que el Derecho Financiero tiene como objeto de
estudio la actividad financiera del Estado, y que, no se ocupa de
la actividad burstil, losbancoso losnegociosprivados en general. A
mayor abundamiento, el Derecho Financiero tiene normas y principios
propios, como hemos visto.
Pues tambin podemos afirmar que estamos frente a una rama
autnoma delDerecho Pblicoy que, por tanto, no est contenido por el
Derecho Administrativo, aunque guarda estrecha relacin con ste y
con el Derecho Constitucional; adems con otras ramas del
derecho.
Y, finalmente, que el Derecho Financiero contiene el Derecho
Tributario, el Derecho Patrimonial Pblico, el Derecho del Crdito
Pblico y el Derecho Presupuestal.
