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Privatizando la represin1

Francisco Durand

El conflicto social en el proyecto Ta Mara anda de mal en peor, principalmente por la terca

medida del gobierno de enviar ms contingentes policiales contra los manifestantes, todo ello a pesar

que hace poco abalearon sin autorizacin a un campesino que muri, caso que intentaron encubrir y

porque al mismo tiempo tambin intentaron sembrar falsa evidencia en otro. Detrs de esta escalada

represiva, no lo olvidemos, est el nuevo premier Cateriano, quien antes de asumir el cargo habl con la

CONFIEP y las mineras, en particular la Southern, que denunci la supuesta existencia de terroristas

antimineros. En lo que va de esta semana, por la equivocada escalada represiva, y la respuesta violenta

de los manifestantes, el nmero de heridos se ha incrementado en varias decenas ms; el martes

ocurri otra muerte en Mollendo.

El problema de fondo es viejo y se est agravando. De un tiempo a esta parte, la polica parece

ms la guardia de las grandes empresas privadas que una institucin nacional neutral que acta en

defensa del inters pblico. El problema, en realidad, no es la polica sino quienes mueven los hilos del

poder al haber creado una dependencia creciente de los uniformados a los bancos, diversas empresas

privadas y las grandes minas. Es parte de un proceso de privatizacin de la represin que genera

distorsiones de diverso tipo.

LOS BANCOS PRIMERO Son varias las medidas que, gradualmente, desde hace varias dcadas, van convirtiendo a la

polica en una institucin al servicio de las grandes empresas. Destacan particularmente tres: las guilas

Negras, a cargo de la seguridad de los bancos, el sistema 24x24 y los convenios de cooperacin minas-

polica.

El Departamento de Seguridad de Bancos guilas Negras es una subunidad de la Polica Nacional

dedicada, segn su propia declaracin al: patrullaje preventivo por las inmediaciones de las sedes

bancarias realizando intervenciones de seguridad ciudadana a vehculos y personas sospechosas a fin de

contrarrestar el accionar delictivo en sus diversas modalidades contra el sistema bancario nacional. Fue

creado en los 80s, luego de que una ola de robos afectara la seguridad de los bancos. Los empresarios

que lideraron la creacin de esta subunidad y mantuvieron hasta el da de hoy una relacin especial con

las guilas Negras fueron Dionisio Romero Seminario y su amigo Arturo Woodman, del Banco de Crdito

del Per y, por su intermedio, la Asociacin de Bancos (ASBANC). El 2012, por ejemplo, Oscar Rivera

Rivera, Presidente del Directorio de ASBANC, hizo entrega de una donacin de 35 vehculos y 102

motocicletas adems de equipamiento valorizados en $ 1526,178. Esta donacin es parte de un

1 Artculo publicado en el semanario Hildebrandt en sus Trece el viernes 8 de mayo del 2015. Reproducido con autorizacin del autor.

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Convenio de Cooperacin Interinstitucional firmado en junio de 2012 entre el Ministerio del Interior y la

ASBANC que refuerza esta relacin iniciada hace tantos aos. De acuerdo a fuentes oficiales El objetivo

de dicho acuerdo es garantizar la proteccin del personal, clientes, usuarios, empresas o entidades

integrantes de ASBANC y colaborar en la modernizacin de la Polica Nacional. Pues bien, el problema

es que crea una situacin de privilegio entre este cuerpo policial, que lo diferencia del resto, y que

genera (empezando por el Ministerio de Interior, siguiendo abajo en la jerarqua hasta los oficiales), una

relacin especial que deja de lado otras formas de seguridad ciudadana. Para muestra, vase esta nota

reciente de El Comercio: Solo 192 agencias son vigiladas por policas y en otras 90 el servicio es

compartido entre vigilantes privados y policas. En el primer grupo, estn las nicas cuatro agencias

principales del Banco de Crdito, de un total de 208, que son cuidadas por policas uniformados (mayo

5, 2015). El problema es que la seguridad de los bancos, que tienen recursos como para organizar su

propia seguridad, compromete demasiados efectivos en actividades que no son de prioridad ciudadana.

Al caso particular de las guilas Negras se aade el sistema 24x24 que autoriza a policas

uniformados y armados servir en sus das de franco a entidades privadas (constructoras,

supermercados). Aunque es una forma de ayuda para compensar sus bajos ingresos, el problema es

que no resuelve el sistema de pagos bajos al cuerpo policial y, otra vez, los pone al lado de las grandes

empresas a las cuales sirven.

MINERAS El caso ms cuestionable y grave, sin embargo, concierne a las grandes mineras formales. Todo

empez con la firma en el ao 2009 de la llamada eufemsticamente Ley de Servicios Extraordinarios

Complementarios a la Funcin Policial. La norma se emiti, valga la pena remarcarlo, bajo el gobierno

pro minero de Alan Garca. De acuerdo a esta ley las mineras pueden firmar convenio con Ministerio de

Interior, los que les permiten contar con una dotacin policial que recibe ingresos extra, alimentacin,

transporte, plizas de seguro y, en caso de necesidad, atencin mdica. Su misin es proteger todo el

territorio minero. Pero estos pagos no terminan ah porque, aparte de lo mencionado, la mina le

entrega discrecionalmente una cantidad no especificada para ayuda institucional a la PNP.

Un total de 13 minas se acogieron a ese dispositivo, entre las que destacan, aparte de Antamina,

dos donde han ocurrido graves enfrentamientos entre la polica y los manifestantes que han provocado

los casos ms dramticos de violencia por los muertos y heridos: Yanacocha y Tintaya. Esta extraa

medida, muy propia de un Per Minero, refuerza la prdida de neutralidad del cuerpo policial en los

casos donde ms lo necesita: los conflictos socio ambientales. El carcter de los convenios queda

revelado en la Clusula Tercera, que justifica la presencia de este cuerpo policial pagado por la mina en

casos de (lase con cuidado): delincuentes terroristas, comunes o grupos organizados dentro del AREA

DE INFLUENCIA. Una empresa, Minera Afrodita, ha firmado un convenio semejante con el Ejrcito.

Cualquiera hubiera podido esperar que el gobierno que sigui a Garca, el de Ollanta Humala,

debiera haber puesto fin a estos convenios, pero en realidad no ha sido as sino que se ha profundizado

la relacin polica-grandes empresas, sea con los bancos (como hemos visto) o con las mineras (como

argumentamos a continuacin). Con Humala se han renovado y extendido este tipo de convenios en el

mayor secreto y ya ha trado consecuencias graves. Me refiero a los conflictos socioambientales de

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Tintaya del 2012, en los que murieron dos pobladores y 50 quedaron heridos, y donde una de las causas

de la hostilidad social hacia la polica la provoc el hecho que el destacamento estaba dentro del

campamento de la minera Xtrata.

Al momento de escribir este artculo, mis intentos de bsqueda de la lista de convenios y los

textos no han producido ningn resultado. Lo nico que se ha podido conocer es que ahora el

destacamento no est dentro del campamento minero sino fuera. En realidad, es un pequeo cambio,

que no modifica en lo esencial esta relacin privilegiada y especial que hace que la polica pierde una

necesaria neutralidad en los casos de conflicto.

Hoy, dadas las urgencias de mejorar la seguridad ciudadana para detener una ola de crmenes

callejeros y de sicariato, necesitamos evaluar todos estos casos: las guilas Negras, el 24x24 y los

convenios con las mineras. La razn de fondo es que no solo se pierde la neutralidad que debera tener

en principio todo aparato del Estado sino que distraemos recursos de por s escasos en un momento

crtico de espiral de violencia criminal.

Francisco DurandLOS BANCOS PRIMEROMINERAS