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PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE BAJA CALIFORNIA
OFICINA EN TJJUANA Paseo Centenario 10310
Edificio Cazzar Zona río, Tijuana
C.P. 22310 Recomendación 12 /2012
Violación a los derechos de los menores a que se proteja su integridad.
Tijuana, Baja California, a 28 de septiembre de 2012
“2012: Año del deporte y la cultura física en Baja California”
LIC. HUGO CASTILLO FELIX DIRECTOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. P R E S E N T E.-
La Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California,
con fundamento en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Baja California; 1, 2, 3, 5, 12 fracciones IX, X, XI y XIV, 15, 24, 25, 28, 32, 35, fracción III y
36, 37, 38, 39, 40 de la Ley sobre la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección
Ciudadana de Baja California, así como 1, 2, 3 fracciones I, IX y X del Reglamento
Interno, ha examinado los elementos contenidos en el expediente de queja 469/09,
siendo que a dicho expediente se le acumularon las quejas 19/10 y 63/10, en razón de
guardar similitud de circunstancias de tiempo, modo y lugar; en vista de los siguientes
antecedentes, evidencias, situación jurídica y observaciones, se emite la presente
recomendación.
I. AN
TECEDENTES
Los hechos que generaron la presentación de las quejas, y que originan la emisión de la
presente recomendación, acontecieron durante los años dos mil nueve y dos mil diez;
fechas en que se registró y documentó por parte de la Procuraduría de los Derechos
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Humanos, la fuga de cuatro menores de edad de albergues temporales dependientes
del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de la ciudad de Tijuana
y Mexicali, Baja California.
En fecha tres de noviembre de dos mil nueve, la Procuraduría de los Derechos Humanos
y Protección Ciudadana de Baja California, recibió la comparecencia de la señora
Azucena Puente Meza en representación de sus dos menores hijos Juan José y Brandon
Ezequiel, ambos de apellido Soto Puente, de 13 y 14 años de edad, respectivamente;
manifestando que el día veinte de octubre de dos mil nueve, mientras ella se
encontraba trabajando, vecinos le informaron que elementos de la Policía Municipal de
Tijuana ingresaron a su domicilio, llevándose a sus hijos quienes se encontraban
desayunando para acudir a la escuela; quedando estos bajo resguardo de la
Subprocuraduría para la defensa de los Menores y la familia en Mexicali Baja California,
siendo canalizados al albergue temporal para menores del DIF, ubicado en zona Río,
Tijuana.
El primero de noviembre de dos mil nueve, aproximadamente a las 21:30 horas, sus
hijos Juan José y Brandon Ezequiel llegaron a su casa, manifestándole que se habían
escapado del albergue desde las 18:00 horas del mismo día; motivo por el cual, la
quejosa acudió a la Delegación Municipal por el temor que dicha situación le afectara
en el proceso de reintegración de sus hijos, siendo que el personal de la Delegación le
manifestó que si los niños se habían escapado era porque seguramente no los trataban
bien en el albergue y que los menores se habían ido a donde ellos se sentían seguros, es
decir, a su casa. Al día siguiente, dos de noviembre de dos mil nueve, acudió a las 7:00
horas a las oficinas de DIF Estatal en compañía del padre de sus hijos a fin de informar lo
sucedido, siendo atendidos hasta las 10:00 horas por el Lic. Jizvan Barahona, Agente
Procurador de dicho organismo, quien era el abogado a cargo del asunto de sus hijos y
quien le informó que le tenía una mala noticia, que sus hijos se habían escapado el día
anterior y que se habían dado cuenta de la ausencia de los menores hasta las 19:00
horas, a lo cual la quejosa le informó que los menores habían llegado a su casa,
refiriéndole dicho servidor público que, “si estaban allá, que se quedara con ellos”.
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Ante la actitud de indiferencia por parte del Lic. Jizvan Barahona, la quejosa le hizo
saber que ellas como madres si son juzgadas y no se pueden equivocar, en cambio ellos
como institución, no cuidan a los niños bajo su resguardo, quienes se escapan y no
hacen nada. Asimismo, le informó al Lic. Jizvan Barahona que sus hijos se habían
escapado del albergue debido a que su hija se encontraba muy enferma, a lo cual el Lic.
Barahona se comunicó al albergue para conocer el estado de salud de la menor,
informándole a la quejosa que su hija sólo tenía una simple gripa y ya se encontraba en
tratamiento. Ante tales hechos, la quejosa y madre de los menores, solicitó a este
Organismo se iniciara queja en contra de la Procuraduría para la defensa de los
Menores y la Familia en el Estado de Baja California, y del Albergue Temporal para
Menores, dependiente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en
Baja California.
De igual forma, en fecha dieciocho de enero de dos mil diez, esta Procuraduría de
Derechos Humanos y Protección Ciudadana, Zona Mexicali, recibió la queja de la señora
Victoria Ruiz Ibarra en representación de sus menores hijos, quien manifestó que el día
seis de enero de dos mil diez, aproximadamente a las diez de la mañana le recogieron a
sus cuatro hijos de nombres Gustavo Jonathan Mendoza Ruiz de 14 años, Evelin Regina
Ruiz Ibarra de 12 años, Guadalupe Estefanía Ruiz Ibarra de 6 años y Eduardo Ruiz Ibarra
de 1 año con 7 meses de edad; por lo que acudió en cinco ocasiones a las oficinas de
DIF Estatal a fin de obtener información respecto a sus hijos, sin recibir la atención
adecuada por parte del personal de dicha institución, ni se le informó el proceso para
recuperarlos, desconociendo el motivo por el cual se llevaron a sus hijos.
Posteriormente en fecha doce de febrero de dos mil diez, su hijo Gustavo Jonathan
Mendoza Ruiz, se escapó del Albergue Temporal DIF, llegando a su domicilio hasta el
día ocho de marzo de dos mil diez, por la noche, manifestándole que anduvo por la
colonia “El Polvorín”, en donde una persona le regaló una cobija y dormía junto a la
cerca de un domicilio.
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Aunado a las dos anteriores quejas, en fecha veinte de marzo de dos mil diez, se recibió
la comparecencia del señor Genaro Urías Ontiveros, padre de los menores Alejandro
Isaías, Genaro, Guadalupe Anahí y Pablo Andrés, de apellidos Urías Vázquez, de 15, 13,
9, 7 años edad, respectivamente. Manifestando que en día doce de enero de dos mil
diez, agentes de la Policía Municipal de Mexicali, Baja California, detuvieron a sus hijos
supuestamente porque estos se encontraban pidiendo dinero en la vía pública, siendo
puestos a disposición de la Procuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia en
el Estado de Baja California. Personal de dicha Institución le informó que, para reintegrar
a sus hijos al núcleo familiar tendría que internarse en un Centro de Rehabilitación; sin
embargo, el quejoso no considera esta una solución viable, ya que su pareja y sus hijos
no tendrían apoyo económico para subsistir. De igual forma, se le habían estando
otorgando permisos para visitar a sus hijos en el albergue, pero el lunes ocho de febrero
de dos mil diez, la licenciada que atiende su caso, estaba ocupada y no le dieron su
permiso, temiendo que ya no pudiera ver a sus hijos.
Agregando que el día doce de febrero de dos mil diez, su hijo mayor Alejandro Isaías
Urias Vázquez, se escapó del Albergue Temporal DIF, siendo informado de dicho
acontecimiento hasta el día quince de febrero de dos mil diez, por la Lic. Selene Cano,
Agente para la Defensa de los Menores y la Familia, por lo que él le reclamo diciéndole
que ellos eran responsables de su hijo, ya que ellos lo tenían bajo su cuidado,
contestándole la licenciada Cano que ellos no eran responsables de nada; siendo hasta
los quince días posteriores cuando apareció su hijo en su domicilio.
II.- EVIDENCIAS
A) Queja 469/09
1.- Certificación de comparecencia a nombre de Azucena Puente Meza, en
representación de sus dos menores hijos, Juan José y Brandon Ezequiel, de apellido
Soto Puente, ante la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de
Baja California, en fecha el tres de noviembre de dos mil nueve.
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2.- Informe justificado sin número de oficio, de fecha doce de noviembre de dos mil
nueve, suscrito por el C. Francisco Javier Navarro Guajardo, Administrador del Albergue
Temporal para menores dependientes del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de
la Familia de Baja California. Anexando la siguiente documental:
2.1.- Copia simple de formato atención urgente, de fecha primero de noviembre de dos
mil nueve, suscrito por el C. Gustavo Marmolejo López, supervisor del Albergue
Temporal DIF Tijuana, por medio del cual da conocimiento a la Lic. María del Carmen
Sánchez Arias, Subprocuradora para la Defensa de las Personas Menores de Dieciocho
años de Edad y la Familia en Tijuana, Baja California, de la desaparición de los menores
de nombre Juan José y Brandon Ezequiel, ambos de apellido Soto Puente.
3.- Oficio PDH/VGV/TIJ/211/09 con sello de recibido en el Albergue Temporal, Río
Tijuana, el tres de diciembre de dos mil nueve, por medio del cual se solicitó al
administrador del Albergue Temporal para menores, dependiente del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia Baja California, especificara las acciones llevadas a cabo
por el personal adscrito al Albergue en la búsqueda de los menores.
4.- Escrito sin número de oficio, suscrito por el C. Francisco Javier Navarro Guajardo,
administrador del albergue temporal para menores dependientes del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia Baja California, de fecha diez de diciembre de dos mil
nueve, por medio del cual informa las acciones realizadas por el personal del albergue
en la búsqueda de los menores, adjuntando la siguiente documental:
4.1.- Copia simple del reporte de escapatoria de niñas, niños o adolescentes del
albergue temporal Tijuana (sic), a nombre de los menores Brandon Ezequiel y Juan
José, ambos de apellido Soto Puente, a las 7:10 p.m. horas del día primero de noviembre
de dos mil nueve, con sello de despacho del albergue temporal Río Tijuana, a las 10:35
p.m. del primero de noviembre de dos mil nueve.
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5.- Escrito sin número de oficio de fecha cuatro de octubre de dos mil diez, signado por
la Lic. María del Carmen Sánchez Arias, Subprocuradora para la Defensa de los Menores
y la Familia en Tijuana Baja California, mediante el cual remite copia certificada del
expediente 453/2008IM, relacionado con los menores Juan José y Brandon Ezequiel, de
apellido Soto Puente.
6.- Oficio de fecha veintisiete de septiembre de dos mil once, signado por la C. María
Guadalupe Ríos Fraijo, Coordinadora de Protección a la Infancia y Albergues
Temporales de la Procuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia de Baja
California.
Queja 19/10
7.- Certificación de comparecencia a nombre de la C. Victoria Ruiz Ibarra, rendida ante la
Subprocuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana, zona Mexicali, en
fecha dieciocho de enero de dos mil diez.
8.- Solicitud de información a la Lic. Lourdes Margarita Cruz Casanova, Subprocuradora
para la Defensa de los Menores de Dieciocho años de Edad y la familia en Mexicali, Baja
California, con número de oficio PDH/VGV/MXLI/007/10, en fecha veintinueve de
enero de dos mil diez.
9.- Comparecencia de la quejosa Victoria Ruiz Ibarra, rendida ante este organismo de
Derechos Humanos, en fecha dos de marzo de dos mil diez, y en la cual manifiesta que
su hijo Gustavo Jonathan Mendoza Ruiz, se escapo del albergue temporal del Dif.
10.- Escrito sin número de oficio, suscrito por la Lic. Lourdes Margarita Cruz Casanova,
Subprocuradora para la Defensa de los Menores y la Familia en Mexicali, Baja California,
recibido ante la Subprocuraduría de los Derechos Humanos, zona Mexicali, el cinco de
marzo de dos mil diez, adjuntando la siguiente documentación:
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10.1.- Copia simple de oficio 54/10 del Juzgado Calificador, sección Guadalupe Victoria,
signado por el Lic. Benito Cortez Arce, Juez Calificador del XIX Ayuntamiento de
Mexicali, de fecha seis de enero de dos mil diez, por conducto del cual se pone a
disposición de la Subprocuraduría para la Defensa del Menor y la Familia en Mexicali,
Baja California para su protección a los niños Gustavo, Regina, Eduardo y Guadalupe de
apellidos Ruiz Ibarra.
10.2.- Copia simple de oficio MXL/1821/2010 de fecha quince de febrero de dos mil
diez, por medio del cual la Lic. Lourdes Margarita Cruz Casanova, Subprocuradora para
la Defensa del Menor y la Familia en Mexicali, Baja California, solicita al Agente del
Ministerio Público del Orden Común, la localización del menor Gustavo Ruiz Ibarra (sic)
de 13 años de edad.
11.- Certificación de llamada de fecha nueve de marzo de dos mil diez, de la
conversación sostenida por personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos con
la C. Victoria Ruiz Ibarra, en la cual informó que su hijo Gustavo Jonathan Mendoza
Ruiz, llegó a su domicilio la noche del ocho de marzo de dos mil diez.
12.- Oficio PIAT/ALBMXL/094/09, de fecha diecinueve de marzo de dos mil diez, suscrito
por el Psic. Hugo Ponce y Ponce de León, Director del Albergue Temporal DIF Mexicali,
por conducto del cual rindió informe justificado, anexando la siguiente documental:
12.1.- Formato de atención urgente de fecha doce de febrero de dos mil diez, suscrito
por la Lic. Rosa María Torres Razo, Coordinador de atención a menores, Albergue
Temporal en Mexicali Baja California, por medio del cual se comunicó a la Lic. Lourdes
Margarita Cruz Casanova, Subprocuradora para la Defensa del Menor y la Familia en
Mexicali, Baja California, la desaparición del menor Gustavo Ruiz Ibarra del Albergue
Temporal.
13.- Escrito sin número de oficio de fecha veintiuno de enero de dos mil once, signado
por la Lic. Lourdes Margarita Cruz Casanova, Subprocuradora para Defensa de los
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Menores y la Familia en Mexicali Baja California, remitiendo copia certificada del
expediente IM/MXL/001/6/2010 a nombre de los menores Gustavo Jonathan Mendoza
Ruiz, Eduardo Ruiz Ibarra, Evelin Regina Ruiz Ibarra y Guadalupe Estefania Ruiz Ibarra.
14.- Oficio de fecha veintisiete de septiembre de dos mil once, signado por la C. María
Guadalupe Ríos Fraijo, Coordinadora de Protección a la Infancia y Albergues
Temporales de la Procuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia en el Estado
de Baja California.
B) Queja 63/10
15.- Certificación de comparecencia en fecha veinte de marzo de dos mil diez, a nombre
del C. Genaro Urías Ontiveros, presentando queja en contra de personal de la
Procuraduría para Defensa de las Personas Menores de Dieciocho años de Edad y la
Familia en el Estado de Baja California, por la retención de sus menores hijos Alejandro
Isaías, Genaro, Guadalupe Anahí y Pablo Andrés, de apellido Urías Vázquez.
16.- Oficio MXL/3570/2010 de fecha veinticinco de marzo de dos mil diez, signado por
la Lic. Lourdes Margarita Cruz Casanova, Subprocuradora para la Defensa de los
Menores y la Familia en Mexicali Baja California, informando este Organismo la situación
jurídica de los menores Urías Vázquez.
17.- Certificación de llamada telefónica en fecha veintinueve de marzo de dos mil diez,
del personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de
Baja California al C. Genaro Urías Ontiveros, informando que su hijo Alejandro Isaías
Urías Vázquez, escapó del Albergue Temporal del Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia.
18.- Oficio PIAT/ALBMXL/129/09, de fecha diecinueve de abril de dos mil diez, suscrito
por el Psic. Hugo Ponce y Ponce de León, Director de Albergue Temporal DIF Mexicali
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Baja California, por medio del cual rinde informe justificado en relación al escape del
menor Alejandro Isaías Urías Vázquez.
19.- Oficio MXL/6271/2010 recibido en fecha once de junio de dos mil diez, signado por
la Lic. Lourdes Margarita Cruz Casanova, remitiendo a este Organismo copia certificada
del expediente IM/MXL/01/2010 a nombre de los menores Alejandro Isaías, Genaro,
Guadalupe Anahí y Pablo Andrés, todos de apellido Urías Vázquez.
III.- SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente los menores se encuentran con sus respectivos padres tras un proceso
inadecuado de reintegración al medio familiar, sin que hasta la fecha exista
procedimiento administrativo interno para efectos de deslindar responsabilidades, en
relación a la escapatoria de los cuatro niños de Albergues Temporales dependientes del
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; quienes se encontraban bajo el
resguardo y protección de la Procuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia
en el Estado de Baja California. Así como la falta de adecuaciones en las instalaciones y
capacitación del personal de los Albergues Temporales. Agrava dicha situación, que la
Procuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia en el Estado de Baja California,
no haya realizado acciones tendientes a buscar un adecuado y eficaz proceso
administrativo para hacer del conocimiento en forma inmediata, tanto a los de padres
de familia, como al Agente del Ministerio Público, de la desaparición de menores a fin de
garantizar la debida protección e integridad de los mismos, y prevenir que dichas
circunstancias no sigan aconteciendo, pese que las escapatorias de niños de albergues
es una conducta recurrente.
IV.- OBSERVACIONES
Del estudio y análisis en conjunto de los hechos y las evidencias recabas en los
expedientes de quejas 469/09, 19/10 y 63/10 sustanciados ante este Organismo Estatal,
se advierte la violación a los Derechos de los Infantes, en la modalidad de violación a los
derechos de los infantes a que se proteja su integridad, atribuibles a personal adscrito a
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la Procuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia de Baja California en el
Estado de Baja California, y de Albergues Temporales dependientes del Sistema Estatal
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en perjuicio de los menores agraviados, en
relación a las siguientes consideraciones:
El origen de la radicación de los expedientes de queja, fue la inconformidad de los
padres de familia sobre el procedimiento implementado por parte de la Procuraduría
para la Defensa de los Menores y la Familia en el Estado de Baja California, para la
reintegración de los menores al núcleo familiar; sin embargo, la omisión de cuidados y la
falta de supervisión por parte del personal de los Albergues Temporales dependiente
del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California, evidenció
un inadecuado actuar por parte de la Institución a fin de preservar en todo momento la
integridad de los menores que se encuentran bajo su disposición.
En lo que respecta a la queja presentada ante la Procuraduría de los Derechos Humanos
y Protección Ciudadana de Baja California por la C. Victoria Ruiz Ibarra, de una
valoración inicial realizada al expediente IM/MXL/001/6/2010, integrado ante la
Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia en Mexicali, Baja California,
se advierten inconsistencias en la denuncia recibida ante la propia Subprocuraduría, la
cual originó la presentación de los menores Gustavo Jonathan Mendoza Ruiz, Eduardo
Ruiz Ibarra, Evelin Regina Ruiz Ibarra y Guadalupe Estefanía Ruiz Ibarra, ante el Juzgado
Calificador del XIX Ayuntamiento de Mexicali. Ya que de las constancias del referido
expediente, no se advierte en que consistió dicha denuncia, que si bien de la
información proporcionada por la Lic. Lourdes Margarita Cruz Casanova,
Subprocuradora para la Defensa de los Menores y la Familia en Mexicali Baja California,
en su oficio dirigido a este Organismo recibido en fecha cinco de febrero de dos mil
diez, informó que los menores fueron puestos a su disposición por conducto del Juez
Calificador, Lic. Benito Cortez Arce, información que es inexacta, ya que del análisis del
oficio número 54/10 del Juzgado Calificador de Guadalupe Victoria, de fecha seis de
enero del dos mil diez, firmado por el C. Lic. Benito Cortez Arce, se hace constar que los
menores fueron presentados por la trabajadora social de la Subprocuraduría para la
Defensa de los Menores y la Familia en Mexicali Baja California, y no como la
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Subprocuradora lo manifestó en su escrito. Irregularidad que nos permiten establecer
cómo fue y en qué situación de vulnerabilidad se encontraban los menores, lo cual
ameritó la separación de los mismos del núcleo familiar.
En cuanto hace a la queja presentada por el C. Genaro Urías Ontiveros, también se
derivan inconsistencias en la integración e información del expediente radicado ante la
Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia en Mexicali Baja California,
ya que tal y como se advierte del parte informativo sin número de oficio, de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal de la Jefatura de Guadalupe Victoria, Mexicali, Baja
California, los menores Alejandro Isaías, Genaro, Guadalupe Anahí y Pablo Andrés,
todos de apellidos Urias Vázquez, fueron puestos a disposición del Juez Calificador en
turno, Lic. Ovelia García Juárez, quien a su vez mediante oficio número 136169, turna a
los menores al Albergue Temporal del DIF, mientras que a los padres de los menores, los
turna a la Agencia del Ministerio Público por la probable comisión del delito de omisión
de cuidados. Destacando que, pese a la existencia de una averiguación previa de tal
delito, el Agente para la Defensa de los menores, Lic. Selene Cano Cabrera, autorizó la
visita del padre de los menores al Albergue Temporal donde se encontraban los mismos,
ello sin tener las evaluaciones psicológicas de los menores, con lo cual se determinara el
estado emocional que se encontraban los infantes y establecer así, la viabilidad de
dichas visitas; tal y como se encuentra previsto en el artículo 21 fracción XI de la Ley de
Protección y Defensa de los Derechos de los Menores y la Familia en el Estado de Baja
California1.
Conforme al capítulo VI de la Ley de Protección y Defensa de los Derechos de los
Menores y la Familia en el Estado de Baja California, el cual prevé el procedimiento a
seguir en las denuncias presentadas ante la propia Procuraduría, se contempla que las
medidas adoptadas por la Institución deberán hacerse del conocimiento del Ministerio
Público al día siguiente hábil, quien tendrá la encomienda de calificarlas.
1 El citado artículo contempla lo siguiente: “ordenar que se realicen todas las diligencias que sean
necesarias por el área de Psicología, con la finalidad de dictaminar el estado psicológico del menor y de quienes lo tienen o tenían bajo su cuidado, a efecto de determinar el plan social a seguir para la viabilidad de su reintegración al ambiente del cual provisionalmente fueron separados”.
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En observancia a lo anterior, de las tres quejas radicadas ante este Organismo, se
advierten diversas omisiones por parte del personal de la Procuraduría para la Defensa
de los Menores y la Familia en el Estado de Baja California, deduciéndose las siguientes
irregularidades:
En el caso de los menores Soto Puente, el día veinte de octubre de dos mil nueve, la
Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia en Mexicali, Baja California,
ordenó el reingreso de los mismos al Albergue Temporal dependiente del Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; lo anterior, sin dar vista al día siguiente
hábil al Ministerio Público de tal determinación, con el fin de que la medida adoptada
por la Subprocuraduría fuera calificada de legal, como lo estipula la Ley de Protección y
Defensa de los Derechos de los Menores de y la Familia en el Estado de Baja California,
ya que nuevamente los menores estaban ingresando al Albergue Temporal por omisión
de cuidados.
De igual forma, en lo que respecta al expediente de los hermanos Urías Vázquez, existe
la incertidumbre de cuál fue la medida calificada de legal por el Ministerio Público, y la
omisión por parte de la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia de
Mexicali, Baja California, en no requerir a la representación social, que especificara cuál
de las medidas sugeridas por dicha Subprocuraduría, era la viable a implementar en
base al interés superior de los niños. Esto se advierte de las propias constancias obrantes
en el expediente IM/MXL/001/2010, se especifica que el día doce de enero de dos mil
diez, los menores Urías Vázquez quedaron bajo el resguardo del Albergue Temporal del
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. En fecha diecinueve de enero de
dos mil diez, la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia de Mexicali,
Baja California, solicitó por oficio al Agente del Ministerio Público investigadora en
Delitos Sexuales y Violencia Familiar, calificara una de las siete medidas sugeridas por la
propia Subprocuraduría, entre las cuales destacaban, la adopción, la guardia y
protección, el ingreso a casa hogar, entrega a hogar voluntario, o en caso de no ser
admitida una de estas medidas, la propia representación social determinara el
procedimiento a seguir.
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De lo anterior se constata que, la medida adoptada por la Subprocuraduría para la
Defensa de los Menores y la Familia de Mexicali, Baja California, no fue dentro del
término del día siguiente hábil, sin embargo la respuesta por parte del Agente del
Ministerio Público Investigadora en Delitos Sexuales y Violencia Familia, fue hasta el
veintisiete de enero del dos mil diez, sin que la propia Subprocuraduría exhortara al
Agente del Ministerio Público en calificar de manera inmediata la medida; aunado que
la representación social únicamente se limitó a calificar, sin especificar cuál y en base a
qué elementos se determinó su calificación de legal, lo cual en sí, constituye una
violación a los derechos de los niños al ser separados del núcleo familiar, sin una
determinación debidamente fundada y motivada, como así se encuentra previsto en el
artículo 9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional
promulgado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil
novecientos noventa y uno, y el cual de manera textual contempla lo siguiente: “los
Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad
de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes
determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal
separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser
necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de
maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe
adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño”.
En relación al caso de los menores Ibarra y Mendoza Ruiz, el siete de enero de dos mil
diez, la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia de Mexicali, Baja
California, radicó el expediente IM/MXL/001/6/2010 a nombres de los menores;
destacando que hasta en fecha once de febrero de dos mil diez, es decir, a más de un
mes que los infantes habían sido separados del medio familiar y encontrarse bajo
disposición de la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia de
Mexicali, Baja California, se solicitó al Agente del Ministerio Público calificara la medida a
adoptar. Suscitándose la misma incertidumbre que en el caso de los menores Urías
Vázquez, ya que el Agente del Ministerio Público no especificó en su escrito, cuál
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medida debía ser adoptada por la Subprocuraduría; siguiéndose así un proceso de
reintegración, sin conocer en qué estado legal se encontraban los menores.
Asimismo, de la comparecencia del C. Genaro Urías Ontiveros ante la Subprocuraduría
para la Defensa de los Menores y la Familia en Mexicali Baja California, en fecha quince
de enero de dos mil diez, el mismo manifestó que su hijo Pablo Andrés Urías Vázquez,
no contaba con acta de nacimiento, ni tampoco dentro del expediente
IM/MXL/1049/2010, se acredita acción tendiente por parte del personal de la Institución
a fin gestionar ante el Oficial del Registro Civil, la elaboración de tal acta, ya que dicha
cuestión es una de las atribuciones con las que cuenta la Procuraduría para la Defensa
de los Menores y la Familia en el Estado de Baja California, la cual se encuentra
plenamente prevista en el artículo 21, fracción XIX del ordenamiento aplicable a la
materia. 2
A todas estas irregularidades se agrava el hecho que, durante la substanciación de los
expedientes de queja por violación a los Derechos Humanos de los niños, cuatro
menores de edad escaparan de Albergues Temporales del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia, en la ciudad de Tijuana y Mexicali, sin que se realizaran
las debidas acciones por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Menores y la
Familia en el Estado de Baja California, para lograr la localización de los infantes y bien,
evitar la reincidencia de tal acto.
Lo anterior se deduce que en relación a los menores Juan José y Brandon Ezequiel,
ambos de apellidos Soto Puente, escaparon del Albergue Temporal aproximadamente a
las 19:10 horas del día primero de noviembre de dos mil nueve. Hecho que se hizo del
conocimiento en la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia, hasta
las 22:36 horas del mismo día, siendo que en ningún momento personal de dicha
Institución dio vista al Agente del Ministerio Público de tales hechos, a fin de lograr la
localización de los menores; lo anterior obedece a que, en fecha dos de noviembre de
2 El referido ordenamiento, cita: “gestionar en su caso, ante el Oficial del Registro Civil de los distintos
ayuntamientos del estado, la elaboración del acta de nacimiento de los menores expósitos o abandonados”.
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dos mil diez, la madre de los menores, la señora Azucena Puente Meza, acudió
personalmente a la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia de
Mexicali, Baja California, a fin de hacer del conocimiento que sus hijos habían llegado a
su domicilio por la noche del día primero de noviembre de dos mil nueve, y el Agente
Procurador, Lic. Jisvan Barahona León, no determinó acciones tendientes para que el
proceso de reintegración de los menores fuera conforme a la Ley de la materia,
autorizando que estos se quedaran con la madre de familia, sin que dicha decisión
estuviera debidamente fundada ni motivada, tal y como se aprecia en la constancia de
fecha dos de noviembre de dos mil nueve, dentro del expediente IM/TIJ/001/453/2008,
en la cual el citado Agente Procurador únicamente se limitó a instruir recomendaciones
como que, “la madre mantenga el bienestar y buen ejemplos hacia sus hijos”.
Determinación que resulta contraria a lo que el propio Lic. Jisvan Barahona, Agente
Procurador, en la misma constancia asentó que en relación al proceso de reintegración
del resto de los hijos de la señora Azucena Puente Meza, seguiría el mismo, haciéndole
saber que no podía faltar a ninguna de las citas. Sin embargo, extraña que ha veintiséis
días de acontecidos los hechos, es decir, el veintisiete de noviembre de dos mil nueve, la
Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia de Tijuana, Baja California,
determinara la reintegración al núcleo familiar de los menores Odalis Itzel Jiménez
Puente de 11 años de edad, Yareli Osiris Jiménez Puente de 7 años y Darian Josely
Ornelas Puente de 5 años.
En lo que concierne a la escapatoria de fecha doce de febrero de dos mil diez, de los
menores Gustavo Jonathan Mendoza Ruiz y Alejandro Isaías Urías Vázquez, de las
instalaciones del Albergue Temporal del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia, de Mexicali, Baja California; de las constancias obrantes en ambos expedientes a
nombre de los menores, se advierte que dicho incidente pudo haber sido prevenido, si
las autoridades encargadas precisamente de velar por el bienestar de las personas
menores de edad, hubieran tomado acciones de manera inmediata a fin de garantizar
la debida protección e integridad de infantes bajo su resguardo. Ello obedece que en
fechas diecinueve, veinte y treinta de enero del año dos mil diez, se tuvieron reportes de
intento de escapatoria del niño Gustavo Jonathan Mendoza Ruiz, circunstancias que
16
fueron hechas del conocimiento de la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores
y la Familia de Tijuana, Baja California, hasta el veintinueve de enero de dos mil diez, por
parte del Psicólogo Hugo Ponce y Ponce de León, coordinador del Albergue Temporal
de Mexicali, sin que se realizara ninguna acción más allá de un trámite administrativo,
con la única finalidad, que dicha situación obrara en una constancia que se integrara en
el expediente radicado ante la Subprocuraduría.
Finalmente, la escapatoria de los menores Gustavo Jonathan Mendoza Ruiz y Alejandro
Isaías Urías Vázquez, de 13 y 15 años de edad, respectivamente, se concretó el doce de
febrero de dos mil diez; circunstancia que fue hecha del conocimiento del Agente del
Ministerio Público hasta el quince de febrero de dos mil diez, es decir, tres días hábiles
posteriores a la escapatoria.
A partir de tal hecho, el menor Gustavo Jonathan Mendoza Ruiz, después de haberse
escapado del Albergue Temporal llegó a su domicilio hasta el día ocho de marzo de dos
mil diez, veinticuatro días posteriores a su desaparición, quien se resguardo en la
Colonia conocida como El Polvorín, donde una persona le regaló una cobija y dormía
en la vía pública.3 En lo que concierne al niño Alejandro Isaías Urías Vázquez, la
Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia de Tijuana, Baja California,
hizo del conocimiento del Agente del Ministerio Público la escapatoria del menor, hasta
el quince de febrero de dos mil diez; omisión que agravó aún más el paradero del
menor Alejandro Isaías Urías Vázquez, quien estuvo desparecido durante quince días,
hasta llegar de manera propia a su hogar.
La separación de los menores del núcleo familiar, se originó bajo el argumento que los
mismos se encontraban desprotegidos y debido a ello, los menores fueron ingresados a
Albergues Temporales dependientes del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia, quedando a disposición de la Procuraduría para la Defensa de los Menores y la
Familia de Baja California; sin embargo, fue propiamente en Albergues dependientes
3 Información obtenida de la certificación de llamada en fecha nueve marzo de dos mil diez, realizada por
personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos a la señora Victoria Ruiz, madre del menor, Gustavo Jonathan Mendoza Ruiz.
17
del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, donde la falta de supervisión,
originó la escapatoria de cuatro menores de edad de dichas instalaciones, quienes
estuvieron un grado de vulnerabilidad mayor al encontrarse desaparecidos por días, sin
que la propia Institución encargada de velar por la debida protección de los infantes,
llevará acciones de manera inmediata a fin de lograr la localización de los menores y dar
aviso de manera oportuna a los padres de familia de la escapatoria de sus hijos.
Es de observarse que, al seguirse las formalidades del procedimiento administrativo para
la recuperación de los menores, este es dilatorio; pero al suscitarse este tipo de
acontecimientos, como es la fuga del Albergues Temporales del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia y al lograr los menores llegar a sus domicilios, el
procedimiento se vea secundario y no prioritario, en el cual no prevalece el interés
superior de los infantes, sino el interés propio de la Procuraduría para la Defensa de los
Menores y la Familia en el Estado de Baja California, quienes lejos de asumir la
responsabilidad por una omisión, evaden una responsabilidad y reintegra a los menores
al medio familiar, quienes precisamente habían sido separados de sus familias, por
omisión de cuidados, incluso, estarse integrando averiguaciones previas ante el Agente
del Ministerio Público por diversos delitos, entre ellos, corrupción de menores.
Asimismo, no se advierten acciones tendientes a mejorar las condiciones de cuidado y
vigilancia en dicha Institución de carácter familiar, permitiendo de esta forma, se siga
poniendo en riesgo la seguridad personal de cada unos de los menores que se
encuentran bajo disposición en esta Institución; propiciando otras posibles salidas
abruptas, por lo que se advierte una latente condición de vulnerabilidad con los
menores y con los propios padres, en sí, ya que la familia está contemplada como un
derecho Constitucional. En base a ello, resulta oportuno citar el criterio jurisprudencial
emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. DERECHO DE FAMILIA. SU
CONCEPTO. En el sistema jurídico mexicano, basado en un sistema constitucional y
democrático, el derecho familiar es un conjunto de principios y valores procedentes de
la Constitución, de los tratados internacionales, así como de las leyes e interpretaciones
jurisprudenciales, dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y a regular la conducta
18
de sus integrantes entre sí, y también a delimitar las relaciones conyugales, de
concubinato y de parentesco, conformadas por un sistema especial de protección de
derechos y obligaciones respecto de menores, persona que vive con discapacidad,
mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades y
deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia alcanza el rango
de orden público e interés social.4
Esta Organismo Público Autónomo encuentra sustento legal en la Recomendación que
se emite en diversos instrumentos tanto nacionales como internacionales, siendo
necesario referirnos a los artículos; 4, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos vigente;5 8, fracción VI de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Baja California;6 17.1 y 19 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica);7 5, 7.1, 8.1, 8.2, 9.1, 14.2,
18.2, 18.3 y 20.1. de la Convención sobre los Derechos de los Niños8; 4, 6, y 8 de la
4 Registro No. 162604. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIII, Marzo de 2011, página: 2133. Tesis: I.5o.C. J/11 Jurisprudencia. 5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4.- (…) Los niños y las niñas tienen
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para
su desarrollo integral. (…) Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. 6 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. Articulo 8.- (…) VI.‐ Si son personas
menores de dieciocho años de edad, tendrán los siguientes derechos: a) Vivir y crecer en forma saludable y normal en un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental afectivo, moral y social, en el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, así como a ser protegidos contra cualquier forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o explotación, en condiciones de libertad, integridad y dignidad. 7 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Articulo 17.1.- La familia es el elemento natural y
fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. Artículo 19.- Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
8 Convención sobre los Derechos de los Niños. Artículo 5.- Los Estados Partes respetarán las
responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas
encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención. Artículo 7. 1.-El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Artículo 8.1.- Los Estados Partes se comprometen a
19
Declaración de los Derechos de los Niños;9 2, 5, 6 ,10, 13, 14, 15 de la Ley de Protección
y Defensa de los Derechos de los Menores y la Familia en el Estado de Baja California;10
respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. Artículo 8.2.- Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. Articulo 9.1.- Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados
y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. Articulo 14.2.- Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades. Artículo 18.2.- A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. Artículo 18.3.- Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas. Articulo 20.1.- Los niños temporal permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.
9 Declaración de los Derechos de los Niños. Principio 4.- El niño debe gozar de los beneficios de la
seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. Principio
6.- El niño, para el pleno desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole. Principio 8.- El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro.
10
Ley de Protección y Defensa de los Derechos de los Menores y la Familia en el Estado de Baja California.
Articulo 2.- “La Procuraduría, dependiente del Sistema, será la autoridad administrativa responsable de promover y proteger los derechos del menor consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la presente Ley y las demás disposiciones legales aplicables, vigilando que en las actuaciones, acuerdos o resoluciones que emitan las autoridades en el Estado prevalezca siempre el interés superior del menor y su reintegración familiar”. Artículo 5.- “Todo menor tiene derecho a una vida digna y decorosa que comprenderá: I.- Una identidad, que se compone de nacionalidad, nombre y filiación de conformidad con lo establecido por las leyes correspondientes; II.- Ser tratado sin discriminación alguna en razón a su raza, lengua, costumbres, capacidades diferentes, condiciones físicas o mentales y de salud; III.- Una educación que desarrolle íntegramente su personalidad, en los términos que establecen las leyes relativas; IV.- La salud. Para salvaguardar este derecho, el Estado y los municipios deberán brindar el servicio y la atención médica, hospitalaria y de
medicación en las instituciones de asistencia social que tengan para tal efecto. El servicio será gratuito cuando el menor sea derechohabiente de alguna institución de seguridad social o la situación socioeconómica de quienes lo tengan bajo su cuidado, no les permita solventarlo; V.- Protección contra cualquier forma de explotación, agresión o maltrato, actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental y su normal desarrollo. Las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas.
20
y 46, fracción I, II, VI, IX y XIII de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Baja California.11
Enunciativamente, se les protegerá cuando se vean afectados por el descuido, la negligencia, el abandono, el abuso emocional, físico y sexual. Para efectos de lo anterior, el Estado y los municipios en el ámbito de su competencia, deberán establecer programas tendientes a la prevención, detección y denuncia de abusos en contra de menores, así como de apoyo a favor de las víctimas y sus familiares; VI.-
Recibir cuidados, educación y asistencia especiales y adecuados en los casos de discapacidad física o mental, o con algún tipo de trastorno del desarrollo, de acuerdo a los recursos de sus padres o demás personas que los tengan a su cargo y, en su caso, del Estado o municipio correspondiente que le permitan un desarrollo integral; VII.- La libre expresión de sus ideas y opinión en todos los asuntos que lo afecten o beneficien, cuyo ejercicio se efectuará conforme a la evolución de sus facultades edad y madurez; VIII.- El descanso y acceso a actividades recreativas y culturales propias de su edad; IX.- Recibir alimentos de quienes tienen el deber de otorgárselos; X.- Su integración a un núcleo familiar; XI.- Recibir particularmente de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o custodia un trato digno y humano, para desarrollarse en un ambiente de afecto, seguridad moral y material y en general gozar de las condiciones necesarias para su estabilidad emocional y adecuado desarrollo físico y mental, que lo preparen para una vida independiente en sociedad; XII.- Contar con la protección legal y cuidados especiales que requiera,
tanto antes como después de su nacimiento, que lo coloquen en igualdad de oportunidades, con el objeto de lograr su pleno desarrollo; XIII.- Recibir del Estado la protección y tutela en los casos en que peligren, se vean afectados sus derechos o se encuentre en estado de vulnerabilidad; y, XIV.- Gozar de todos los derechos y garantías consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las demás leyes estatales y federales”. Artículo 6.- “La Procuraduría, así como todas las autoridades administrativas o judiciales del Estado, velarán por el respeto a los derechos del menor, y especialmente, que no sea separado de quien ejerza su legal custodia, excepto en los supuestos siguientes: I.- Cuando dicha separación sea por mandamiento de autoridad competente; y II.- En los casos de separación preventiva determinada por la Procuraduría, en los términos de la presente Ley”. Artículo 10.- “La Procuraduría es la institución facultada para realizar las indagatorias tendientes a dar seguimiento a las denuncias recibidas respecto de todo tipo de situaciones que pongan en estado de
vulnerabilidad a los menores, y en su caso, podrá emitir la resolución provisional de entregarlos a un familiar o de manera precautoria ponerlos bajo resguardo en los términos y con las condiciones de la presente Ley, en tanto se resuelve su situación en definitiva por la autoridad jurisdiccional; así como para imponer las sanciones establecidas en la presente Ley. Lo anterior sin perjuicio de las funciones indagatorias del Ministerio Público, con motivo de la presunta comisión de un delito cometido en contra de los menores, en cuyo caso la Procuraduría aportará los elementos de prueba que recabe de su indagatoria en su calidad de coadyuvante del menor dentro de la averiguación previa o juicio respectivo”. Artículo 13.- “La Procuraduría protegerá y promoverá los derechos de los menores y procurará su equidad y seguridad jurídica en las relaciones en que por cualquier motivo participen, emitiendo los acuerdos necesarios para garantizar dicha protección; en los que deberá solicitar la calificación de la medida a la
Autoridad Jurisdiccional, Ministerio Público o autoridad política del lugar que corresponda, cuando así lo prevea la presente Ley”. Artículo 14.- “La Procuraduría, en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverá la implementación de programas, mecanismos y protocolos de seguridad que tengan por objeto la búsqueda inmediata de menores de edad desaparecidos, para lo cual podrán solicitar la participación de la sociedad y de los medios masivos de comunicación para atender este tipo de casos y darles la difusión necesaria, a fin de facilitar su localización”. Artículo 15.- “Cuando por cualquier motivo la Procuraduría tenga conocimiento de que un menor se encuentre en estado de vulnerabilidad, deberá protegerlo y en su caso, custodiarlo o ubicarlo en un albergue temporal, casa hogar u hogar substituto, siguiendo los procedimientos previstos en la presente Ley”.
11
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California. Articulo 46.- Todo servidor público debe desempeñar su función, empleo, cargo o comisión observando siempre los principios de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia, actuando dentro del orden jurídico, respetando en todo momento la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
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En consecuencia, esta Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana
de Baja California, se permite formular respetuosamente a Usted Lic. Hugo Castillo Félix,
Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Baja
California, las siguientes:
V.- RECOMENDACIONES
PRIMERA.- Se lleven a cabo evaluaciones tanto en las instalaciones como en el personal
que labora en los albergues temporales dependiente del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia, a fin de conocer los niveles de capacitación y seguridad
con los cuales operan los mismos; determinando la necesidad que se deban adoptar con
el propósito de brindar un mejor servicio y garantizar la debida protección e integridad
de los menores que se encuentre temporal en dichos albergues.
SEGUNDA.- Se gire una circular a las Subprocuradurías de la Defensa de las personas
menores de dieciocho años de edad y la familia, para que los menores que sean
ubicados en albergues temporales dependientes del Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia, se informe al día siguiente hábil al Ministerio Público, Juez
competente o autoridad política que corresponda, califique la medida adoptada por
dicha Institución; tal y como se encuentra previsto en el articulo19 de la Ley de
Protección de los Derechos de las Personas Menores de Dieciocho años de Edad y la
Familia en el Estado de Baja California. Asimismo, en lo que respecta a las escapatorias
de niños de los albergues temporales, se informe de manera inmediata al agente del
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y las Leyes, Decretos y Acuerdos que de una y otra emanen. En tal virtud, los servidores públicos tienen las siguientes obligaciones: fracción I.- Cumplir con la diligencia requerida el servicio que le sea encomendado; fracción II.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; fracción VI.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o omisión, dirigiéndose con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste; fracción IX.- Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que presten sus servicios, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo o las dudas fundadas que
le suscite la procedencia de las órdenes que reciba; fracción XIII.- Denunciar por escrito ante las autoridades a las que se refiere el artículo 5 de la presente ley, en los ámbitos de sus respectivas competencias, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que preste sus servicios en su área de adscripción y que pueda constituir responsabilidad administrativa en los términos de la ley.
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Ministerio Público, sin que el acontecimiento de tales hechos en días o fuera del horario
laboral de las Subprocuradurías, sea un impedimento para ello.
TERCERA.- Se implemente de manera periódica, revisiones en los expedientes radicados
en la Procuraduría para la Defensa de las personas menores de dieciocho años de edad
y la familia, a fin que las actuaciones y términos sean conforme a los previstos en la Ley
de Protección de los Derechos de las Personas Menores de Dieciocho años de Edad y la
Familia en el Estado de Baja California y se ajuste al debido procedimiento legal.
CUARTA.- Se dé cabal cumplimiento a lo previsto en el artículo 22, fracción XI de la Ley
de Protección de los Derechos de las Personas Menores de Dieciocho años de Edad y la
Familia en el Estado de Baja California, en cual prevé la difusión en los medios más
eficaces, el conocimiento de la Ley de la materia, a efecto de lograr su plena observancia.
QUINTA.- Ordene a quien corresponda, el reforzamiento del programa de capacitación
permanente dirigido preponderantemente al personal de las áreas sustantivas de la
Procuraduría y Subprocuradurías para la Defensa de las personas menores de
dieciochos años de edad y a la familia, para que incluya cursos de actualización,
Derechos Humanos.
La presente Recomendación tiene el carácter de pública, de conformidad a lo
dispuesto por el apartado “B” del Articulo 102 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una
declaración respecto de una conducta irregular cometida por un servidor público en el
ejercicio de las facultades que expresamente le confiere la Ley, y de solicitar la
investigación que proceda por parte de la dependencia administrativa competente, a fin
de que dentro de sus atribuciones se aplique la sanción conducente.
Con fundamento en lo que dispone el artículo 15 segundo párrafo relacionado con el
artículo 38 de la Ley sobre la Procuraduría de los Derechos Humanos en el caso de
aceptar o rechazar total o parcialmente la presente recomendación, le solicito enviar
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respuesta en un plazo no mayor de cinco días, contados a partir de la fecha en que sea
notificado y al mismo tiempo se le hace saber al servidor público responsable que tiene
el derecho, por una sola vez, a solicitar la reconsideración de esta resolución dentro del
término de tres días hábiles contados a partir de la fecha de haber sido notificado.
Asimismo, con fundamento en el artículo 39 de la Ley sobre la Procuraduría de los
Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, le solicito que las
constancias correspondientes al cumplimiento de esta Recomendación, en caso de ser
aceptada, sean remitidas a esta Procuraduría dentro de un término de diez días hábiles
contados a partir de su aceptación.
ATENTAMENTE
EL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
LIC. ARNULFO DE LEON LAVENANT
C. c. p. Lic. José Guadalupe Osuna Millán.- Gobernador Constitucional del Estado de Baja California. C. c. p. Lic. Cuauhtémoc Cardona Benavides.- Secretario General de Gobierno. C. c. p. Dip. Alfonso Garzón Zatarain. - Presidente del Congreso del Estado, XX Legislatura de Baja California. C. c. p. Dip. Gustavo Magallanes Cortés.- Presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables, Asistencia Social y Protección. C. c. p. Dip. Francisco Javier Sánchez Corona.- Presidente de la Comisión de Derechos Humanos. C. c. p. Hugo Ponce y Ponce de León.- Servidor público responsable, para su notificación. C. c. p. Francisco Javier Navarro Guajardo.- Servidor público responsable, para su notificación. C. c. p. Azucena Puente Meza.-En representación de los agraviados, para su notificación. C. c. p. Victoria Ruiz Ibarra.- En representación del agraviado, para su notificación. C. c. p. Genaro Urías Ontiveros.- En representación del agraviado, para su notificación. C. c. p. Expediente. C. c. p. Minutario.
![Teoria 5 - PdH [Modo de Compatibilidad]](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/577c77d91a28abe0548dbf18/teoria-5-pdh-modo-de-compatibilidad.jpg)
