HACIA UN INSTITUTO CIUDADANO DE EVALUACIÓN: MODELO DE EVALUACIÓN CIUDADANA A AGENCIAS DEL MINISTERIO

PÚBLICO

PROGRAMA DE GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO TREJO RAMÍREZ LUCÍA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO MÉXICO, DISTRITO FEDERAL CIUDAD DE MÉXICO 4 DE MARZO DEL 2002 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL USUARIO Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS

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2. Descripción de las funciones de cada integrante: 2.1 Puesto que ocupa: Jefa del Departamento de Evaluación del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, en la Subdirección de Promoción de la Evaluación Ciudadana de la Dirección de Participación Ciudadana en la Promoción y la Evaluación adscrita a la Dirección General de Servicios a la Comunidad y Participación Ciudadana. 2.2 Dependencia u organización a la que pertenece: Secretaría de Seguridad Pública (Federal) 2.3 Antigüedad en el puesto: 6 meses. 2.4 Funciones principales que desempeña: Diseña sistemas de evaluación ciudadana a instituciones de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia. Elabora cuestionarios a usuarios de los servicios de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia. Diseña instrumentos de coordinación con organismos empresariales, asociaciones, organismos no gubernamentales, instituciones públicas y privadas coadyuvantes en el compromiso de impulsar la evaluación ciudadana a instituciones de seguridad pública en todo el país. Promociona los sistemas de evaluación diseñados y promueve el establecimiento de compromisos entre autoridades y organizaciones evaluadores para dar cumplimiento a las necesidades sociales. Promueve que autoridades en materia de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia acepten ser evaluados como un mecanismo para buscar legitimidad social. Promueve que los resultados que se obtengan de los sistemas de evaluación se publiquen con el propósito de dar seguimiento a las acciones de mejora institucional, así como de los índices de delincuencia y los mecanismos entre sociedad y gobierno para combatirlos. 3. Designar un jefe de equipo e incluir datos 3.1 Teléfono: Oficina: 56-77-22-27 Ext. 2385 3.2 Fax: 56-12-43-77 3.3 Correo electrónico: lgrtrejo@prodigy.net.mx

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4. Datos generales de la Institución 4.1 Principal actividad: Desarrollar las políticas de seguridad pública y proponer la política criminal en el ámbito federal que comprenda las normas, instrumentos y acciones, para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos, así como fomentar la participación ciudadana en la formulación de planes y programas propios del ramo. 4.2 Antecedentes relevantes de la Institución El 30 de noviembre del 2000, se publicaron las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mediante las cuales se crea a través del artículo 30 bis la Secretaría de Seguridad Pública Federal 4.3 Estructura y organigrama de la Institución 1. Secretario

1.0.1 Dirección General de Comunicación Social 1.0.2 Unidad de Contraloría Interna 1.0.3 Coordinación General de Asuntos Internos 1.0.4 Coordinación General de Asuntos Jurídicos

1.1 Subsecretaría de Seguridad Pública 1.1.1 Dirección General de Planeación y Estadística 1.1.2 Dirección General de Vinculación con Instituciones Policiales

1.2 Subsecretaría de Servicios a la Ciudadanía 1.2.1 Dirección General de Servicios a la Comunidad y Participación

Ciudadana 1.2.2 Dirección General de Protección de los Derechos Humanos 1.2.3 Dirección General de Registro de Supervisión a Empresas y Servicios

de Seguridad Privada 1.3 Oficialía Mayor

1.3.1 Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 1.3.2 Dirección General de Administración y Formación de Recursos

Humanos 1.3.3 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 1.3.4 Dirección General de Desarrollo Tecnológico

1.4 Prevención y Readaptación Social 1.5 Consejo de Menores 1.6 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 1.7 Policía Federal Preventiva

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4.4 Breve descripción de la estrategia anticorrupción dentro de la institución: Lo que se está trabajando en materia de lucha contra la corrupción se ve reflejado en los instrumentos de evaluación ciudadana (aquí presentados) que está coordinando la Dirección General de Servicios a la Comunidad y Participación Ciudadana a través de la Dirección de Participación Ciudadana en la Promoción y la Evaluación. 4.5 Página de Internet de la institución: dgscypc@snsp.gob.mx dpcpe_ssp@hotmail.com

SECRETARIO

SUBSECRETARÍA DE

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

OFICIALÍA MAYOR

DIR. GRAL. DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTOP

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

DIR. GENERAL DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECCIÓN GENERAL DE

PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA

DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CON

INSTITUCIONES POLICIALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

FORMACIÓN DE RECURSOS HUIMANOS

UNIDAD DE CONTRALORÍA

INTERNA

DIR. GRAL. DE REGISTRO Y SUPERVISIÓN A EMPRESAS Y

SERVS. DE SEG. PRIVADA

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y

SERVICIOS

COORDINACIÓN GENERAL DE

ASUNTOS INTERNOS

DIRECCÓN GENERAL DE

DESARROLLO TECNOLÓGICO

COORDINACIÓN GENERAL DE

ASUNTOS JURÍDICOS

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE

SEGURIDAD PÚBLICA

CONSEJO DE MENORES

POLICÍA FEDERAL

PREVENTIVA

PREVENCIÓN Y

READAPTACIÓN SOCIAL

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5. Identificar un problema o una vulnerabilidad de su institución federal a corrupción En los últimos años, la seguridad pública se ha convertido en uno de los principales problemas de la agenda de los gobiernos en sus diferentes niveles. Nuestro país no sólo ha sufrido un incremento desmedido en la delincuencia y el crimen organizado, sino que también éstos tienden a crecer continuamente, a la vez que parece disminuir la capacidad de las instituciones para enfrentarlos que además se ve reflejado en índices graves de corrupción por parte de las instancias encargadas de brindar seguridad pública, procuración e impartición de justicia; ello ha generado una creciente indignación en la sociedad mexicana, propiciando críticas y la exigencia de acciones inmediatas por parte de los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales. La crisis de la seguridad pública pone en evidencia la crisis institucional que atraviesa nuestro país. La obligación del Estado y sus instituciones es garantizar la aplicación de la ley, el cumplimiento de los derechos individuales y la protección de la vida y la propiedad de los ciudadanos. Cuando este compromiso no se cumple, deriva en mucho porque servidores públicos de diversos niveles son cómplices del crimen organizado en sus diferentes facetas, quedan en evidencia tanto la disfuncionalidad de un diseño institucional en relación a las necesidades de la población, como la inmoralidad de un régimen que ha hecho del Estado una patente de deshonestidad y del servicio público un acto de rapiña generalizado. Por supuesto, quienes siempre pagan la factura son los ciudadanos, que no sólo pagan en mayores impuestos por servicios públicos mediocres, sino que terminan por financiar los desfalcos del erario público, a la vez que observan impotentes cómo es amenazado constantemente su patrimonio (de por sí golpeado por decisiones políticas) por delincuentes y por aquellos que deberían defenderlos. Alrededor de la inseguridad y la corrupción convergen diferentes factores que funcionan como un círculo vicioso que se retroalimenta, entre los que se encuentra: la obsolescencia de la legislación vigente ante las nuevas necesidades de la sociedad; el alto costo de acceso a la justicia y la falta de programas preventivos; los altos niveles de corrupción en los que está sumergido el sistema de justicia; la complicidad de diversas autoridades con el crimen organizado y la penetración del narcotráfico en múltiples estructuras de autoridad, especialmente en aquellas encargadas de prevenir el delito y perseguir a los criminales; así como la falta de capacitación y profesionalización de los cuerpos de seguridad. La corrupción deriva de una serie de condiciones y prácticas indebidas en la gestión de las instituciones; en el ámbito nacional es una de las principales preocupaciones de la sociedad. Un factor que pondera es la existencia de un marco normativo excesivamente regulatorio que, paradójicamente, permite e incluso fomenta la discrecionalidad en la toma de decisiones del servidor público; otro factor a destacar es la inexistencia de un servicio civil de carrera que permita el ingreso y permanencia de funcionarios públicos de todos los niveles de la administración pública; adicionalmente se presenta la falta de honestidad en la prestación de servicios públicos.

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Esto ha creado en la ciudadanía una percepción negativa, de falta de credibilidad por lo que no son denunciados muchos delitos ante las instancias encargadas de dar seguimiento y sancionar; la repercusión de manera sustantiva en la imagen y en el desempeño de las instituciones públicas en su conjunto. Diversos factores han contribuido a este estado de cosas: una gran corrupción en todos los niveles de la administración pública; corporaciones penetradas por la delincuencia; inobservancia de la ley; leyes obsoletas; falta de equidad en la administración de la justicia; evasión de la justicia e impunidad, un número de policías por debajo del estándar internacional, con escasa y hasta nula capacitación. Es pertinente señalar que lo que hoy vivimos son las consecuencias de una falta de atención por parte del gobierno hacia el tema de la seguridad pública y la procuración de justicia. Desde hace 20 años a la fecha, esto se ha reflejado en una falta de supervisión y evaluación del trabajo en esas áreas, una falta de asignación de recursos suficientes para el desempeño adecuado de este servicio público, y el permitir que en éstas áreas del gobierno existieran personas corruptas que aprovecharon la estructura policial, de procuración e impartición de justicia para generar toda una mafia de control para beneficio personal y de los suyos, pero sobretodo en contra de la ciudadanía. Elevar la calidad del servicio público, de acuerdo con las necesidades y exigencias de la ciudadanía, será un elemento fundamental para evitar las conductas indebidas en la función pública al eliminar espacios de corrupción, establecer condiciones que garanticen la eficacia del quehacer gubernamental y crear una cultura en la función pública basada en valores éticos. Así, el propósito de este trabajo es contribuir a la lucha contra la corrupción y el abuso de poder que han proliferado en diversas instancias de seguridad pública y de procuración y administración de justicia; todo ello, bajo el amparo de un rezago legal para sancionar de manera ejemplar a aquellos servidores públicos infractores o negligentes; de la ausencia de organismos que promuevan la participación ciudadana en las labores de prevención del delito, de las adicciones, de denuncia de faltas administrativas, así como de la inadecuada atención a quejas, denuncias y recomendaciones expresadas por la sociedad. En este contexto y en relación con las atribuciones asignadas a esta Dirección General de Servicios a la Comunidad y Participación Ciudadana a través del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, así como la vinculación con los temas impartidos en el Diplomado Gobierno Abierto y Participativo, este trabajo destaca la importancia de que los ciudadanos supervisen y evalúen la estructura, las acciones, los ordenamientos, los procedimientos y las causas que originan la falta de brindar seguridad a la población, así como la deficiente procuración e impartición de justicia, debido además a los altos índices de corrupción de estas instancias.

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Asimismo, el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo tiene entre otras atribuciones el organizar, coordinar y realizar el sistema de control y evaluación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el propósito de promover la eficiencia y la eficiencia; así como sancionar a los servidores públicos que cometan faltas administrativas. En ese sentido, la Dirección General de Servicios a la Comunidad y Participación Ciudadana está trabajando y formulando propuestas para en coordinación con las instancias encargadas de la supervisión y evaluación, implementar en coordinación con organizaciones sociales, mecanismos de evaluación específicos, todo ello orientado a la creación de un Instituto de Evaluación Ciudadano independiente del poder ejecutivo. Así el propósito de este trabajo está enfocado a vigilar y supervisar las instancias públicas, ya que son cuantiosas las pérdidas que genera la corrupción en todos los países que han sido víctimas de este mal. Derivado de lo anterior, se requiere que las instituciones públicas se enfoquen a trabajar en la credibilidad institucional con acciones que reflejen su actuar apegado a derecho, la sana administración de los recursos humanos, financieros y materiales que tienen asignados; toda vez que permitan que organizaciones sociales y ciudadanos responsables, honestos y objetivos, supervisen y evalúen sus actividades. Por ello, la Secretaría de Seguridad Pública encargada de contribuir a la lucha contra la delincuencia y la impunidad de la que México es hoy preso, está preocupada y ocupada a través de la Dirección General de Servicios a la Comunidad y Participación Ciudadana en establecer compromisos factibles y claros en cuanto a la evaluación y supervisión de instancias encargadas de la seguridad pública, de procurar e impartir justicia en todo el país, esto a través de los mecanismos de evaluación aquí presentados. Todo ello a saber de que es una tarea constante e interminable, pero inminentemente prescindible por los tiempos del mundo actual que se caracteriza por ser vertiginoso, contrastante, dinámico, volátil, frágil, por mencionar sólo algunas características. Salvaguardar la seguridad pública es una de las responsabilidades primarias y esenciales del Estado. Proteger y garantizar la libertad, la igualdad, la integridad física y el patrimonio de la población son las bases para un desarrollo sólido en lo económico, político y social para tener certidumbre, confianza, orden y estabilidad.

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6. Desarrollar un análisis breve del problema Utilizando la fórmula que define a la corrupción, tenemos que: I+D+R+S=AC I = Sistemas de Información En el sector público, pero sobretodo en las áreas de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia se carece de sistemas de información, ya que esta dependencia es la encargada de procurar el Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública. Este sistema debe contener todos los registros del personal de seguridad pública de todo el país, mismo que deberá contener: nombre completo, domicilio particular y del trabajo, teléfono particular y de su centro de trabajo, historial, CUIP o CURP, huellas dactilares, por ejemplo; también deberá contener esa misma información de presuntos delincuentes y sentenciados, de policías judiciales. Todo ello, con la salvedad de que esa información deberá ser confidencial pero efectiva, y debe ser actualizada permanentemente para facilitar el trabajo de seguridad pública, de procuración y administración de justicia. Lo anterior, implica que todas las instancias encargadas de la seguridad pública, de procurar y administrar justicia deberán estar interconectadas para agilizar el flujo de información. En ese sentido, esas instancias se han visto rebasadas por la delincuencia, y no han implementado tal sistema a nivel nacional de manera eficiente. Amén de los cuantiosos recursos que se han asignado a sistemas como los C-4, Centros de Cómputo, Comando y Control. Todo ello se ve reflejado en la nula capacidad de flujo de información, y si los problemas se presentan al interior de las instancias gubernamentales, se agrandan cuando se trata de informar a la ciudadanía sobre el funcionamiento organizacional, servicios y trámites, procesos, registros, avances, gastos, y demás acciones que llevan a cabo estas instancias. La credibilidad y transparencia de la gestión pública exige el acceso a la información gubernamental, con el propósito de mostrar el desempeño institucional, el cumplimiento de los objetivos y programas de trabajo establecidos, el uso de recursos asignados, el otorgamiento de servicios y los resultados alcanzados. D = Control de la discrecionalidad arbitraria Ésta se manifiesta como ejemplo en los múltiples y engorrosos trámites en los que se ven involucradas la áreas de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia (sobretodo estas últimas), en la discrecionalidad de licitaciones y compras por parte de instancias gubernamentales; de deficientes sistemas de selección y

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promoción de personal por desempeño, basado en un servicio civil de carrera; de la anuencia de oficinas de atención a quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía. R = Rendición de cuentas Nuestro país requiere de la implementación de sistemas y normatividad en esta materia, ya que la rendición de cuentas sobre la gestión gubernamental es casi nula, y cuando se da regularmente la ciudadanía duda de la información porque es casi imposible constatarla. Otro aspecto a destacar es la declaración de bienes del funcionario que se le da poco seguimiento a la investigación sobre esta obligación. A pesar de que se han hecho esfuerzos para informar a la ciudadanía sobre el desempeño de las instituciones gubernamentales, la información no ha sido del todo clara, oportuna, o confiable. Aunque la rendición de cuentas de los funcionarios públicos ante el público es importante, los medios también tienen que ser responsables ante la sociedad y el Estado. S = Fortalecimiento de la sociedad civil Este rubro, es el más importante ya que es la misma sociedad que no concibe un México preso por la corrupción, la delincuencia y la impunidad. Y es hoy, la ciudadanía la que nos obliga a preocuparnos y ocuparnos por darle espacios para supervisar y evaluar la acción gubernamental y a los servidores que en ella se desempeñan. Es prescindible proponer, procurar e implementar mecanismos que incorporen asociaciones y ciudadanos en general en estas acciones de supervisión y evaluación, también con el propósito de que con sus experiencias enriquezcan los programas gubernamentales que finalmente están dirigidos a ellos; y que además estén comprometidos en la construcción de un México sólido, próspero y honesto. Derivado de esta fórmula, la Dirección General de Servicios a la Comunidad y Participación Ciudadana está trabajando con diversas organizaciones sociales en acciones diversas para un rubro que también es de suma importancia: la prevención del delito, para contrarrestarlo de raíz y combatir las causas que lo originan. Pero sobretodo y profundizando en el presente trabajo, se presenta un sistema de evaluación y supervisión integral de la acción gubernamental, ya que se han diseñado cuestionarios a los ciudadanos de servicios en materia de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia, así como cuestionarios a los funcionarios de esas mismas instancias, y finalmente sistemas diversos de difusión sobre el tema, todo ello con la participación de diversas organizaciones sociales y

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ciudadanos interesados en el tema y dispuestos en combatir el delito, la delincuencia y la impunidad en nuestro país. Así, deberán considerarse como elemento estratégico los diversos mecanismos sobre la captación de quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía, ya que esto nos permitirá identificar directamente a personas y áreas que se conducen en el cáncer que está atacando nuestras instituciones: la corrupción. Actualmente dos de los principales problemas que aquejan a nuestro país son la inseguridad pública y la corrupción, ya que no hay día que al escuchar radio, ver televisión o revisemos el encabezado de algún diario de circulación nacional o local no contengan noticias que atenten contra la seguridad y la integridad de las personas; por su parte la corrupción es un círculo vicioso que involucra a la sociedad en su conjunto y que trae consigo una realidad lacerante ya que cuando existe un corrupto existe un corruptor. En ese entorno, las áreas responsables de la seguridad, procuración y administración de justicia, la corrupción se hace más patente. La corrupción se da lo mismo entre agentes de tránsito o elementos de seguridad pública que, pretextando infracciones por delitos menores como pararse en alto o viajar en sentido contrario; que en el caso de judiciales, expertos en la fabricación de delitos graves como la venta de drogas, ya que ante el temor de perder la libertad y pagar una multa onerosa el delincuente es presa fácil de tal acto. Lo mismo sucede en los ministerios públicos puesto que obligan a víctimas y familiares a ejercer la corrupción para agilizar la denuncia y obtener justicia; en múltiples y sabidos casos, los delincuentes pueden comprar impunidad aprovechando las lagunas legales y la discrecionalidad en la aplicación de las leyes, con ello, propician que el Juez libere al delincuente por falta de elementos o porque la acusación ministerial estuvo mal fundamentada. Los casos que trascienden a la opinión pública no son hechos aislados, sino expresión de que las corporaciones policiales siguen la misma lógica de organizaciones criminales, en donde todos los integrantes delinquen y participan de las ganancias criminales a sus superiores jerárquicos, mismas que llegan hasta los niveles más altos del gobierno. Para combatir el crimen, la delincuencia y la impunidad en nuestro país, se requiere una depuración exhaustiva de los cuerpos de seguridad, considerando su estrecha relación y vinculación con muchas de las bandas dedicadas a la industria del secuestro, el robo y el narcotráfico. Asimismo, se requiere la implementación de un servicio civil de carrera policial, que considere la capacitación y actualización constante, que permitan crear un perfil de reconocimiento y respeto a la sociedad, mejorar sus salarios y prestaciones, promover sistemas de reconocimientos institucionales y ciudadanos a los elementos que se distingan en el cumplimiento de su deber, además de contar con equipo e instalaciones acorde a las exigencias actuales, que les permitan enfrentar a la delincuencia.

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Por ello, es necesario incorporar a la sociedad en sistemas que exhorten la denuncia, que garanticen la integridad física del denunciante y sus familiares sobre las posibles represalias de los delincuentes; así como incorporarla en sistemas de supervisión y evaluación de las instituciones de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia. Es preciso desarrollar una campaña masiva con el apoyo de medios electrónicos e impresos para generar un sistema de inteligencia contra la delincuencia, la impunidad y la corrupción, que permitan, luego de varias denuncias anónimas, montar operativos y dispositivos de vigilancia para atacarles en su origen. Diversos estudios reflejan que existen múltiples causas de inseguridad en México, tales como la falta de empleo, los bajos salarios, la deficiente política hacendaria, la sobrepoblación, la falta de valores, entre otras; ya que éstos se convierten en una opción para alcanzar las expectativas de ascenso y prestigio, por lo cual es imperante considerar en el ataque a la inseguridad un replanteamiento de las políticas de desarrollo que promuevan el mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores marginados. Transparencia Internacional en un estudio realizado entre 90 países sobre corrupción en el año 2000, México se ubica en una calificación de 3.3 en una escala de 10, que lo ubica en el lugar 59. El costo de la corrupción es muy alto, tanto en términos económicos como en el daño que causan a los valores y principios éticos de las personas y de las instituciones. No obstante, la apreciación de la ciudadanía respecto de la corrupción, en el seno de las instituciones gubernamentales se cuenta con información limitada sobre las áreas proclives a la corrupción y se observa una clara resistencia a reconocer y documentar conductas irregulares, ello limita tomar medidas de acción inmediata para contrarrestarle. Lo que origina ausencia de un entorno de confianza que facilite la participación de los servidores públicos y de la propia ciudadanía para advertir y denunciar conductas irregulares. Por otra parte, los mecanismos e instancias de control existentes no han sido del todo orientados a detectar específicamente prácticas de corrupción, sino simplemente a verificar el cumplimiento de la normatividad, carece de control y mejora de procesos, de sistemas de trabajo y organizacionales para transparentar y hacer eficiente la prestación de los servicios públicos y se ha puesto especial énfasis en la vigilancia formal y el enfoque correctivo, lo que ha ocasionado cuantiosas pérdidas. Aunque la participación ciudadana se ha incrementado en los últimos años por medio de sistemas de quejas y denuncias y de una contraloría social aún poco efectiva, estos han sido limitados e insuficientes para atender los intereses de la sociedad. Lo anterior implica revisar y ampliar sustancialmente los espacios para que la ciudadanía participe de una manera activa, permanente y propositiva en el diseño, la ejecución y la evaluación de la actividad pública.

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Un aspecto relevante es el limitado aprovechamiento de la organización de la sociedad, en distintos organismos privados y sociales, para establecer actividades de colaboración dirigidas a la solución de problemas de corrupción en aspectos específicos y en el logro de una mejora permanente de los servicios públicos. Un aspecto a destacar es la limitada atención que se ha dado a la formación y capacitación de los servidores públicos para dotarlos y actualizarlos en el desempeño de su quehacer y facilitar sus responsabilidades y actividades cotidianas. Un aspecto que les afecta, es la falta de seguridad de los servidores públicos con respecto a su empleo debido a los cambios continuos y discrecionales de sus funcionarios. Por lo anterior, se requiere un sistema que propicie el desarrollo del servicio civil de carrera basado en el desempeño. La reforma integral sobre seguridad pública, procuración e impartición de justicia se podrá llevar a cabo mediante un conjunto de cambios estructurales, entre los que se encuentran: la adecuación del marco jurídico; la implementación del servicio civil de carrera, la mejora de salarios y prestaciones; el combate de la corrupción y la impunidad; la dotación de un mejor equipo, armamento, vehículos e infraestructura; la incorporación de tecnología de punta; el desarrollo de sistemas de información de calidad; la renovación de los sistemas operativos; el establecimiento de mecanismos de control, evaluación y medición de resultados; el impulso a la participación ciudadana; el respeto de los derechos humanos; el total apego a derecho. Se precisa contrarrestar la ineficacia en la procuración de justicia que se manifiesta en impunidad, corrupción, inconsistencia jurídica ante las instancias judiciales nacionales y tribunales internacionales (en casos destacados), inestabilidad laboral del personal, parcial incumplimiento de leyes y funciones, así como múltiples conductas ilegales atentatorias de los derechos humanos. Se debe construir la cultura de la denuncia, la protección del denunciante ya que deberá vérsele como un ciudadano comprometido en la construcción de un México libre de delincuencia e impunidad. La demanda ciudadana de justicia y de seguridad, es una tarea que debe ser compartida por los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía. Para vencer la corrupción se requiere conocer y reconocer a las redes de la deshonestidad, a los grupos de poder con sus tentáculos dentro y fuera de la administración y a los sindicatos que han pervertido sus legítimas funciones. Un aspecto a considerar deberá centrarse también en combatir de raíz los problemas de corrupción, delincuencia e impunidad, a través de replantear y fortalecer los sistemas de educación en el país, para fomentar la cultura del respeto a todas las personas, a las leyes y a los bienes ajenos. El Gobierno Federal se ha propuesto la búsqueda de consensos, la convergencia entre las instituciones y actores políticos y sociales, así como la participación

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ciudadana plural en los procesos de decisión gubernamental y en la exigencia de rendición de cuentas. Al definir un servicio, es necesario recurrir al usuario ya que el éxito de una institución se mide con base al grado de satisfacción que ésta proporcione. Para que una institución ofrezca calidad en sus servicios es necesario el esfuerzo humano. Es necesario que los ciudadanos asuman la convicción de que la seguridad pública no tiene partido político y de que todos debemos sumarnos al combate contra la inseguridad. Lograr la participación más activa de la sociedad en la definición, ejecución y evaluación de las acciones institucionales, es un mecanismo para contribuir a que reciba una atención eficiente, eficaz, oportuna y satisfactoria por parte de las instituciones públicas. La sociedad exige que se abatan los actos ilícitos, tanto los que se denuncian como los que no; lo más importante es que los habitantes sientan tranquilidad dentro y fuera de su casa, lo mismo en su ámbito laboral que en su vida social. El propósito de este trabajo, es contribuir a la lucha contra la corrupción y el abuso de poder que han proliferado dentro de las instancias gubernamentales, específicamente en las encargadas de brindar seguridad pública, procurar e impartir justicia y que han sido víctimas de débiles programas de inspección y supervisión, de un rezago legal para sancionar de manera ejemplar a aquellos servidores públicos infractores o negligentes; de la ausencia de organismos que promuevan la organización y participación ciudadana en las labores de prevención del delito y de faltas administrativas, así como de la falta de atención adecuada a quejas, denuncias y recomendaciones expresadas por la ciudadanía. La Dirección General de Servicios a la Comunidad y Participación Ciudadana preocupada por combatir la corrupción y la impunidad en nuestro país, trabaja en proporcionar a las organizaciones sociales, a los ciudadanos en general y a las instancias gubernamentales, la orientación necesaria para instrumentar un sistema de evaluación homogéneo a las instituciones de seguridad pública, de procuración y administración de justicia, que a su vez les permita contar con los elementos fehacientes para coadyuvar en la implementación de programas institucionales que respondan a las necesidades que reclama la población ante la acción gubernamental, por lo que se requiere además de establecer formalmente compromisos para darle seguimiento a tales acciones y contribuir a la construcción de un México libre, seguro y honesto.

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7. Definir una estrategia de cómo diseñaría y ejecutaría un programa para resolver un problema identificado. a) Preguntas para diagnóstico

PREGUNTAS PARA APLICAR A LOS USUARIOS QUE SE PRESENTAN A UNA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO

1.- ¿Cuál fue el motivo por el cual tuvo que presentarse a la Agencia del Ministerio Público? (Describir brevemente) 2.- ¿Sabía usted cómo proceder para denunciar algún acto ilícito? (Marque con una X la opción que corresponda) Sí No 3.- En la Agencia del Ministerio Público ¿existe un módulo de información? (Marque con una X la opción que corresponda) Sí No 4.- ¿Hay personal en ese módulo de información? (Marque con una X la opción que corresponda) Sí No 5.- La persona que le atendió en el módulo ¿fue atenta ante su problema? (Marque con una X la opción que corresponda) Sí No ¿Por qué? 6.- La persona que le atendió en el módulo ¿Le explicó detalladamente cómo debía proceder para solucionar su problema? (Marque con una X la opción que corresponda) Sí No 7.- ¿Esa misma persona le proporcionó alternativas para solucionar su problema? (Marque con una X la opción que corresponda) Sí No 8.- En el módulo de información ¿le explicaron como hacer una denuncia? (Marque con una X la opción que corresponda) Sí No

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9.- ¿Cuánto tiempo le dedicó el personal del módulo de información para atender sus dudas? (Escribir con números el tiempo aproximado)

10.- ¿Fue suficiente la información que le proporcionaron? (Marque con una X la opción que corresponda) Sí No ¿Por qué? 11.- ¿Logró hacer la denuncia? (Marque con una X la opción que corresponda) Sí No ¿Por qué? 12.- ¿El Agente del Ministerio Público le explicó cuáles eran sus derechos y obligaciones al presentar la denuncia? (Marque con una X la opción que corresponda) Sí No 13.- El Agente del Ministerio Público que le atendió ¿cómo se comportó ante su problema? (Marque con una X la opción que corresponda) Atento Indiferente Otro (Especifique) 14.- El Agente del Ministerio Público que le atendió ¿entendió cuál era su problema? (Marque con una X la opción que corresponda) Sí No 15.- ¿Cómo lo trató el Agente del Ministerio Público? (Marque con una X la opción que corresponda) Muy mal Mal Regular Bien Muy Bien 16.- ¿El Agente del Ministerio Público le explicó detalladamente el procedimiento de su denuncia? (Marque con una X la opción que corresponda) Sí No

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17.- ¿El trámite para hacer la denuncia fue ágil o engorroso? (Marque con una X la opción que corresponda) Ágil Complejo 18.- ¿Cuánto tiempo esperó para que lo atendiera un Agente del Ministerio Público? (Escribir con números tiempo aproximado) 19.- ¿Cuánto tiempo le dedicó el Agente del Ministerio Público para tomar su declaración? (Escribir con números tiempo aproximado) 20.- ¿Requirió de servicio médico para atender su problema? (Marque con una X la opción que corresponda) Sí No 21.- ¿Le proporcionaron algún servicio adicional para atender su problema? (Marque con una X la opción que corresponda) Sí No 22.- ¿Cómo considera que le proporcionaron ese servicio? (Marque con una X la opción que corresponda) Muy Mal Mal Regular Bien Muy Bien 23.- ¿Había denunciado antes? (Marque con una X la opción que corresponda) Sí No 24.- ¿Cuánto tiempo permaneció en esta Agencia? (Escribir con números tiempo aproximado) 25.- ¿Considera usted que fue demasiado tiempo? (Marque con una X la opción que corresponda) Sí No 26.- ¿Qué deficiencias encontró en el personal de esta Agencia? (Describir brevemente)

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27.- ¿Volvería a denunciar? (Marque con una X la opción que corresponda) Sí No ¿Por qué? 28.- ¿Cuál es la percepción que usted tiene de las Agencias del Ministerio Público? (Marque con una X la opción que corresponda) Cumplen cabalmente con lo señalado en su normatividad Cumplen medianamente con lo señalado en su normatividad No cumplen con lo señalado en su normatividad Incumplen deliberadamente con lo señalado en su normatividad Otra (Especifique)

29.- ¿Qué haría usted para mejorar la atención y servicios que proporcionan las Agencias del Ministerio Público? (Marque con una X la opción que corresponda) • Mayor capacitación y actualización del personal • Establecer mecanismos estrictos de selección del personal • Aumentar salarios • Proporcionar Códigos de ética y servicio público • Contratar más personal • Rotar al personal • Otra (Especifique)

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ENCUESTA A SERVIDORES PÚBLICOS DE UNA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO Instructivo del llenado de formatos y cuestionario de evaluación El presente instrumento está diseñado bajo un esquema de flexibilidad para obtener respuestas respecto a la actuación y condiciones de trabajo, en las Agencias del Ministerio Público. De esta forma se establece lo siguiente: Los conceptos sombreados nos indican los temas a tratar por lo que no requieren espacio para respuesta. Los formatos se dividen en dos columnas: a) CONCEPTO y b) CANTIDAD, la primera nos indica qué es lo que queremos saber para reflejarlo en la columna de cantidad, o bien, dependiendo de la pregunta ese espacio es para responder un SÍ o un NO. Cada tema está dividido por letras del alfabeto según los rubros a tratar, éstas a su vez se dividen en números arábigos considerando la secuencia lógica de cada procedimiento. Se sugiere leer cuidadosamente lo que se solicita para anotar fielmente las respuestas que correspondan. La información que se requiere deberá reflejar la actuación del último año en las Agencias del Ministerio Público. Es muy importante ocupar un formato para cada Agencia del Ministerio Público. Ello, nos permitirá detectar las áreas de desarrollo, de cumplimiento, de oportunidad y de debilidades para obtener un diagnóstico más preciso, para hacer comparativos entre agencias, propuestas, sugerencias, etc.

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Formatos de evaluación:

A. Actuación del Ministerio Público.

CONCEPTO CANTIDAD

I. Número de averiguaciones Previas Iniciadas.

1.- Denuncias presentadas.

2.- Querellas presentadas.

II. Número de Averiguaciones Previas Iniciadas con Detenido.

1.- Averiguaciones Previas en Trámite.

2.- Averiguaciones Previas consignadas.

2.1.- Averiguaciones previas remitidas a la autoridad judicial por considerar que existe responsabilidad penal.

2.1.1.- Fijación de fianza, en delitos que no merezcan pena privativa de libertad.

2.1.2.- Órdenes de detención, en delito flagrante y caso urgente.

2.1.3.- Solicitud de órdenes de cateo y visitas domiciliarias.

2.1.4.- Solicitudes de órdenes de arraigo.

2.2. - Acuerdos con el Procurador General de Justicia (del Distrito Federal o entidad federativa que corresponda), para poner en libertad al inculpado por considerar que no existe responsabilidad penal.

2.2.1.- Órdenes de libertad, en caso de delito flagrante.

2.3.- Reservas.

2.3.1.- Por falta de elementos constitutivos de delito.

2.3.1.1.- En espera de aportación de más pruebas.

2.4.- No ejercicio de la acción penal.

2.4.1.- Cuando la conducta o hecho no es constitutivo de delito

2.4.2.- Cuando se acredita que el indiciado no tuvo participación en la conducta de los hechos punibles

2.4.3.- Cuando la responsabilidad penal se ha extinguido

2.4.3.1.- Muerte del indiciado

2.4.3.2.- Amnistía

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CONCEPTO CANTIDAD

2.4.3.3.- Perdón del ofendido o legitimado para otorgarlo

2.4.3.4.- Reconocimiento de inocencia e indulto

2.4.3.5..- Prescripción

2.4.3.6.- Por vigencia y aplicación de una nueva ley más favorable

2.4.4.- Cuando de las diligencias practicadas se desprenda plenamente que el indiciado actuó en circunstancias que excluyen la responsabilidad penal.

2.5.- Canalización de las víctimas.

2.5.1.- (Centros de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar) CAVI

2.5.2.- ADEVI

2.5.3.- Atención a víctimas de Delitos Violentos.

2.5.4.- A otros organismos.

III. Número de Averiguaciones Previas iniciadas sin detenido.

1.- Averiguaciones Previas en trámite.

2.- Averiguaciones Previas que se envían a otras mesas o Agencias Investigadoras por (Relacionadas, Acumuladas).

3.- Averiguaciones Previas concluidas.

3.1.- Remitidas a la autoridad judicial por considerar que existe responsabilidad penal.

3.1.1.- Órdenes de detención, en delito flagrante y caso urgente.

3.1.2.- Solicitud de órdenes de cateo y visitas domiciliarias.

3.1.3.- Solicitudes de órdenes de aprehensión.

3.1.4.- Solicitudes de órdenes de comparecencia.

3.1.5.- Solicitudes de órdenes de reaprehensión.

3.1.6.- Solicitud de arraigo.

3.2.- Reserva.

3.2.1.- Por falta de elementos constitutivos de delito.

3.2.1.1.- En espera de aportación de mas pruebas.

21

CONCEPTO CANTIDAD

3.3.- No ejercicio de la acción penal.

3.3.1.- Cuando la conducta o hecho no es constitutivo de delito

3.3.2.- Cuando se acredita que el indiciado no tuvo participación en la conducta de los hechos punibles

3.3.3.- La responsabilidad penal se ha extinguido

3.3.3.1.- Muerte del indiciado

3.3.3.2.- Amnistía

3.3.3.3.- Perdón del ofendido o legitimado para otorgarlo

3.3.3.4.- Reconocimiento de inocencia e indulto

3.3.3.5..- Prescripción

3.3.3.6.- Por vigencia y aplicación de una nueva ley más favorable

3.3.4.- Cuando de las diligencias practicadas se desprenda plenamente que el indiciado actuó en circunstancias que excluyen la responsabilidad penal.

B. Actuación de los órganos auxiliares del Ministerio Público.

CONCEPTO CANTIDAD

I. Órdenes de aprehensión solicitadas por el Agente del Ministerio Público al Juez Competente.

1.- Órdenes de aprehensión libradas por el Órgano Jurisdiccional para ser cumplimentadas por la Policía Judicial.

1.1.- Órdenes de aprehensión cumplimentadas por la Policía Judicial.

1.2.- Órdenes de aprehensión canceladas.

1.2.- Órdenes de aprehensión prescritas.

1.3.- Órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar por la Policía Judicial.

22

CONCEPTO CANTIDAD

II. Órdenes de comparecencia solicitadas por el Agente del Ministerio Público al Juez competente.

1.- Órdenes de comparecencia dictadas por el Órgano Jurisdiccional para cumplimentar por la Policía Judicial.

1.1.- Órdenes de comparecencia pendientes de cumplimentar por la Policía Judicial.

1.2.- Órdenes de comparecencia canceladas.

1.3.- Órdenes de comparecencia prescritas.

III. Órdenes de reaprehensión.

1.- Órdenes de reaprehensión libradas por el Órgano Jurisdiccional para cumplimentar por la Policía Judicial.

2.- Órdenes de reaprehensión cumplidas por la Policía Judicial.

3.- Órdenes de reaprehensión pendientes de cumplimentar.

IV. Órdenes de arraigo solicitadas por el Agente del Ministerio Público al Órgano Jurisdiccional.

1.- Órdenes de arraigo dictadas por el Juez.

1.1.- Órdenes de arraigo ejecutadas por el Ministerio Público y sus auxiliares.

V. Órdenes de cateo y visitas domiciliarias solicitadas por el Agente del Ministerio Público al Órgano Jurisdiccional.

1.- Órdenes de cateo y visitas domiciliarias dictadas por el Juez.

1.1.- Órdenes de cateo y visitas domiciliarias ejecutadas por el Ministerio Público.

1.2.- Órdenes de cateo y visitas domiciliarias en las que participa el personal adscrito al Juzgado Competente.

VI. Órdenes de detención, decretadas por el Agente del Ministerio Público, en delito flagrante y caso urgente.

1.- Ratificación del Juez.

2.- Órdenes de libertad, con las reservas de ley.

VII. Número de dictámenes periciales solicitados.

1.- Número de dictámenes periciales solicitados por el Agente del Ministerio Público durante la integración de la averiguación previa.

1.1.- Número de dictámenes emitidos por servicios periciales.

23

C. Servicios

CONCEPTO CANTIDAD

I. Cumplimiento del horario de atención al público.

1.- Tiempo promedio de espera del ciudadano para atenderle.

2.- Tiempo promedio que dura el levantamiento de un acta?

2.1.- Comentarios

II. Recepción de Quejas y Sugerencias.

1.- Los teléfonos de Contraloría y Visitaduría están a la vista, a efecto de que las personas puedan realizar las quejas y sugerencias necesarias.

1.1.- Quejas más frecuentes.

1.2.- Sugerencias más frecuentes.

D. Estructura de una Agencia del Ministerio Público.

CONCEPTO CANTIDAD

I. Número de Mesas por Agencia.

1.- ¿Hay un Agente del Ministerio Público Titular por Mesa?

2.- ¿Cuántos Secretarios Oficiales por Mesa?

3.- ¿Cuántos Médicos Legistas por Mesa?

4.- ¿Cuántos Jueces Cívicos por Mesa?

4.1. Comentarios

24

E. Condiciones de los Recursos Humanos de una Agencia del Ministerio Público. I. Requisitos para los auxiliares del Ministerio Público.

1.- ¿Cuáles son los requisitos para ser Agente del Ministerio Público?

2.- ¿Si existe proceso de selección para los aspirantes a Agentes del Ministerio Público en qué consiste?

II. Requisitos para los auxiliares del Ministerio Público.

1.- ¿En qué consiste el proceso de selección para los aspirantes a Policía Judicial?

2.- ¿En qué consiste el proceso de selección para los aspirantes a Peritos?

3.- ¿En qué consiste el proceso de selección para los Oficiales Secretarios?

CONCEPTO CANTIDAD

III. Impartición de cursos.

1.- ¿Cuántos cursos se imparten durante el año?

1.1.- ¿Qué tipo de cursos se imparten?

1.1.1.- ¿A qué personal van dirigidos los cursos? 1.1.2.- Número de personas que acreditan satisfactoriamente los cursos.

IV. Impartición de cursos.

1.1.3.- ¿Con qué periodicidad se imparten cursos de actualización?

1.2.- ¿A cuánto asciende el número de cursos de especialización durante el último año?

25

CONCEPTO CANTIDAD

1.2.1.- ¿Cuál es el tipo de especializaciones que se imparten? 1.2.2.- ¿A qué personal van dirigidas las especializaciones? 1.2.3.- Número de personas que acreditan satisfactoriamente las especializaciones.

V. Condiciones económicas de los Agentes del Ministerio Público.

1.- ¿A cuánto asciende el salario promedio mensual de los Agentes del Ministerio Público?

$

2.- ¿Con qué prestaciones cuentan los Agentes del Ministerio Público?

VI. Condiciones económicas de los Auxiliares del Ministerio Público.

1.- Policía Judicial.

1.1.- ¿A cuánto asciende el salario promedio mensual del personal de la Policía Judicial?

$

1.2.- ¿Con qué prestaciones cuenta el personal de la Policía Judicial?

2.- Peritos.

2.1.- ¿A cuánto asciende el salario promedio mensual de los peritos?

$

2.2.- ¿Con qué prestaciones cuenta el personal del área de peritos?

3.- Oficiales Secretarios.

3.1.- ¿A cuánto asciende el salario promedio mensual de un Oficial Secretario?

$

3.2.- ¿Con qué prestaciones cuenta el personal como Oficial Secretario?

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F. Consultas y atención del Ministerio Público.

CONCEPTO CANTIDAD

I. Actuación del Ministerio Público como parte del procedimiento.

1.- Número de Averiguaciones Previas consignadas.

1.1.- Pruebas aceptadas por el Órgano Jurisdiccional Competente.

1.2.- Número de asuntos en los que intervino el Ministerio Público formulando conclusiones acusatorias.

1.3.- Número de asuntos en los que intervino el Ministerio Público formulando conclusiones no acusatorias.

1.4.- Número de sentencias condenatorias.

1.5.- Número de sentencias absolutorias.

II. Orientación a ciudadanos, cuando el caso no requiera denuncia o querella.

1.- ¿Cuentan con servicio de aviso telefónico a diversas instancias u organismos para la canalización de los asuntos?

1.2.- ¿Con cuántas instancias u organismos tienen vinculación para la atención de asuntos?

1.1.- ¿Con qué tipo de instancias u organismos tienen vinculación para la canalización y mejor atención de los asuntos?

G. Instalaciones.

CONCEPTO CANTIDAD

I. Ubicación del edificio

1.- ¿Cuenta con vías principales de acceso?

1.2.- ¿Cuáles son las vías principales de acceso?

1.2.1.- Comentarios

2.- ¿Cuenta con instalaciones eléctricas suficientes para su equipo?

2.1.- Comentarios

27

CONCEPTO CANTIDAD

3.- ¿Cuenta con luz suficiente para realizar las labores cotidianas?

3.1.- Comentarios

4.- ¿Cuentan con servicio sanitario para el personal?

4.1.- Comentarios

5.- ¿Cuentan con servicio sanitario para los usuarios?

5.1.- Comentarios

6.- ¿Cuentan con salidas y/o escaleras de emergencia?

6.1.- Comentarios

H. Recursos Materiales

CONCEPTO CANTIDAD

II. Material y equipo para el desarrollo de las actividades cotidianas de una Agencia del Ministerio Público

1.- ¿Cuántas computadoras tienen?

1.1.- Comentarios

2.- ¿Cuántas máquinas de escribir eléctricas tienen?

2.1.- Comentarios

3.- ¿Cuántas máquinas de escribir tienen?

3.1.- Comentarios

4.- ¿Cuántas fotocopiadoras tienen?

4.1.- Comentarios

28

CONCEPTO CANTIDAD

5.- ¿Cuántos números de fax para su uso tienen?

5.1.- Comentarios

6.- ¿Cuántas líneas telefónicas tienen?

6.1.- Comentarios 7.- ¿Cuentan con servicio de Internet?

7.1.- Comentarios

ACCIONES ADICIONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

I. Campañas de prevención del delito

1.- Nombre (s) de las Campaña (s):

2.- Fechas en que se Realizaron:

3.- Duración:

4.- Instituciones Participantes:

II. Atención en Agencias del Ministerio Público

1.- ¿Se realizo algún tipo de Programa para atención Especial a las Víctimas del Delito? (Ej. Grupos Indígenas, Turistas, etc.)

1.1.- ¿Cuáles?

2.- ¿Se realizo la Construcción o Adaptación de Infraestructura para atender algún tipo de delito en especial? (Ej. Delitos Sexuales)

2.1.- ¿En qué consistió la obra?

3.- ¿Cuál fue el Monto de la Inversión? $

29

III. Cobertura para la prevención del delito

1.- ¿Se utilizó algún tipo de modelo exitoso para mejorar la cobertura de las Instituciones en materia de Prevención del Delito?

1.1.- ¿Qué tipo de modelo se utilizó?

2.- ¿Tuvo resultados positivos? (Describir brevemente)

IV. Grupos especiales contra la delincuencia

3.- ¿Se ha creado algún tipo de Grupos Especiales para atacar la delincuencia? (Ej. Corporaciones Preventivas, de Precaución de Justicia etc.)

4.- ¿Qué tipo de Grupos Especiales se formaron?

V. Reestructuración de procuradurías y corporaciones de seguridad pública

5.- ¿Cuáles fueron las Corporaciones que se reestructuraron?

6.- ¿En que consistió la reestructuración? 7.- ¿A quién benefició?

VI. Sistema de Servicio Civil en Seguridad Pública

1.- ¿Cuánto se invirtió? $

2.- ¿En que consiste el Sistema de Servicio Civil implementado?

3.- ¿En qué fecha se implantó?

4.- ¿Tipo y cantidad de población beneficiada?

5.- ¿Qué resultados se han obtenido a la fecha?

30

VII. Mejoras en las prestaciones de los servidores públicos

1.- ¿Cuáles son las prestaciones para el personal de seguridad pública?

2.- Mencione el tipo de servidor público que se beneficia con la prestación.

VIII. Oficinas de justicia alternativas

1.- ¿Qué tipo de oficinas se establecieron?

2.- ¿Qué instancias fueron utilizadas?

IX. Participación Ciudadana

1.- ¿Qué mecanismos se utilizan para la participación de la comunidad?

2.- ¿Qué instancias son utilizadas para el funcionamiento de dichos mecanismos?

X. Coordinación con los Municipios

1.- ¿Cuáles fueron las acciones que realizaron?

XI. Reformas a la Legislación Vigente

1.- ¿Cuáles fueron las reformas que se hicieron a las Constituciones Estatales en los últimos dos años, con base en la Constitución Federal?

2.- ¿Cuándo fueron aprobadas?

3.- ¿Cuáles fueron las nuevas leyes que se publicaron en materia de violencia familiar en los últimos dos años?

4.- Se modificaron las leyes de auxilio a víctimas en los últimos dos años, ¿cuáles?

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5.- ¿Cuáles fueron los nuevos Códigos o reformas al Código Penal y Procesal Penal en los últimos dos años?

6.- ¿Tuvieron reformas las leyes de seguridad pública en los últimos dos años?

6.1.- ¿Cuáles fueron?

7.- ¿Tuvieron reformas las leyes de seguridad privada en los últimos dos años?

7.1.- ¿Cuáles fueron?

8.- ¿Cuál fue la fecha de aprobación y modificaciones a las leyes correspondientes a la Policía Auxiliar en los últimos dos años?

9.- ¿Cuáles fueron los cambios o creación de Leyes en materia de Justicia a Menores en los últimos dos años?

10.- ¿Cuáles son los nuevos reglamentos o reformas relevantes en materia de contribuir a la seguridad pública, en los últimos dos años?

En lo posible, entregar copia del documento estatal donde se publicaron las diferentes disposiciones

XII. Poder Judicial

1.- Describir cuál ha sido la adecuación que se ha realizado en las instalaciones

2.- ¿Se ha incrementado el número de Juzgados y Salas Penales?

3.- ¿Cuáles son las medidas implementadas para lograr la impartición expedita de la justicia?

4.- ¿Cuáles son las acciones que se han implementado para mejorar la cooperación y coordinación en la materia en el ámbito internacional?

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b) Acciones y herramientas Se sugiere que una organización social de representación y cobertura nacional comprometida con llevar a cabo el sistema de evaluación se pueda ajustar a la siguiente estructura denominada Comité de Evaluación, esto con la visión a futuro de consolidar un Instituto de Evaluación Ciudadana que supervise la acción gubernamental de manera objetiva y propositiva. Ello, contribuirá a recobrar la credibilidad hacia las instancias gubernamentales, lo anterior, en la medida de su mejora.

Se propone que por encima del Presidente se sesione mediante un Pleno del Comité de Evaluación Ciudadana, ahí se informará y se establecerán las medidas y compromisos que se determinen. A continuación se describen las funciones: FUNCIONES DEL PLENO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Establecer mecanismos de coordinación con la Dirección General de Servicios a la Comunidad y Participación Ciudadana para dar seguimiento a los sistemas de evaluación en materia de seguridad pública.

PROSPECTIVA

PROGRAMAS Y

PROYECTOS DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES

ORGANIZACIÓN DE LA

EVALUACIÓN

CAPACITACIÓN Y

SEGUIMIENTO

DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE CAPTACIÓN DE LA

INFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE PLANEACIÓN Y DISEÑO DE

EVALUACIONES

SUBCOMITÉ DE APOYO A

LAS INSTITUCIONES

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

DE LA INFORMACIÓN

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LAS EVALUACIONES

VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y RECOPILACIÓN DE LA

INFORMACIÓN

SUBCOMITÉ DE ESTUDIO

ASESORÍA JURÍDICA

PRESIDENTE

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Elaborar e integrar los reportes derivados de las evaluaciones realizadas para su entrega formal a la Dirección General de Servicios a la Comunidad y Participación Ciudadana. Recibir, analizar y discutir propuestas, proyectos y sugerencias en materia de seguridad pública, previa explicación detallada del contenido, y en su caso impacto presupuestal y posibles beneficios derivados de la ejecución de los mismos. Establecer mecanismos para promover una cultura de prevención del delito y denuncia. Promover la participación ciudadana, mediante la difusión de los respectivos programas de seguridad pública que expidan las autoridades competentes. Proponer normas y procedimientos de atención ciudadana que permitan mejorar y atender las quejas que formulen los habitantes, en procuración de justicia y seguridad pública contra abusos y actuaciones de servidores públicos. Estudiar y proponer a las instancias de procuración de justicia y de seguridad pública mecanismos de coordinación interinstitucional y de desconcentración, tendientes a incrementar la cobertura y calidad de los servicios que tienen encomendados. Estudiar y proponer las adecuaciones jurídicas y administrativas que se estimen pertinentes, a las autoridades competentes en materia de seguridad pública. Coordinar los Consejos Estatales y Municipales de Evaluación. Analizar los resultados y los informes que deriven de la información proporcionada por los Consejos Estatales y Municipales de Evaluación. Proporcionar resultados de las evaluaciones realizadas a las instituciones de seguridad pública, para su difusión en la revista Ojo Ciudadano de la Dirección General de Servicios a la Comunidad y Participación Ciudadana; así como promover la difusión en diversos medios de información. Detectar las zonas de conflicto con mayor índice de delincuencia. Coadyuvar en la definición de lineamientos de transparencia, honestidad y ética de los funcionarios de seguridad pública. Participar en la elaboración de programas institucionales de seguridad pública y procuración de justicia.

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FUNCIONES GENÉRICAS DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN EL COMITÉ DE EVALUACIÓN PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Establecer líneas de acción que coadyuven a promover la participación ciudadana en los programas de prevención del delito, denuncias, faltas administrativas, y sistemas de evaluación que llevan a cabo las instituciones de seguridad pública, así como en la elaboración de programas en este ámbito. SUBCOMITÉ DE PLANEACIÓN Y DISEÑO Definir líneas especificas para el diseño de cuestionarios, encuestas y sondeos de opinión que contribuyan a realizar las evaluaciones que se definan, así como los mecanismos necesarios para coordinar los grupos de evaluadores previamente capacitados para la aplicación de instrumentos de captación de la información sobre seguridad pública y procuración e impartición de justicia; asimismo, promover la asistencia en eventos relacionados con las materias citadas, y coordinar la realización de los mismos cuando se estime necesario. DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN Determinar líneas específicas para instrumentar el diseño de cuestionarios y encuestas para las evaluaciones, así como mecanismos de coordinación con diversos actores directos en materia de seguridad pública para promover mesas redondas, conferencias, etc. donde se discutan temas de interés general en este rubro. Asimismo, establecer lineamientos en la integración de grupos evaluadores, promover su capacitación y dar seguimiento. ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN Conformar y coordinar los grupos de evaluadores para la aplicación de instrumentos de captación de información en materia de seguridad pública, así como distribuir los lugares de aplicación de las evaluaciones. Establecer y coordinar los mecanismos en cuanto a logística se requiera para la aplicación de evaluaciones. CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO Diseñar y organizar los cursos de capacitación a evaluadores, así como coadyuvar en el establecimiento de seguimiento. SUBCOMITÉ DE ESTUDIO Definir políticas que coadyuven a establecer vínculos institucionales en materia de evaluaciones sobre seguridad pública, así como establecer mecanismos que contribuyan a analizar la información recabada de las instituciones y de las evaluaciones, así como determinar lineamientos para realizar diagnósticos derivados de la información recabada.

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VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN Contribuir a establecer vínculos con las instancias que llevan a cabo procesos de evaluación en la prestación de servicios sobre seguridad pública; así como recopilar información de las instituciones a evaluar para contribuir al proceso de análisis y construcción de diagnósticos. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA INFORMACIÓN Determinar mecanismos de análisis y diagnóstico de la información recibida de las instancias a evaluar. Realizar estudios comparativos y analíticos derivados de información nacional e internacional en materia de seguridad pública y procuración de justicia, así como en la construcción de estadísticas y estándares que permitan establecer diagnósticos fehacientes. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LAS EVALUACIONES Determinar mecanismos de análisis y diagnóstico de la información recibida sobre aspectos derivados de las evaluaciones en instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. Realizar estudios comparativos y analíticos con el propósito de coadyuvar en la instauración fehaciente de programas y proyectos institucionales en los ámbitos de seguridad pública y procuración de justicia. SUBCOMITÉ DE APOYO A LAS INSTITUCIONES Definir lineamientos de interrelación con las instancias de seguridad pública que operan en el país, con el objetivo de incluir los programas y proyectos derivados de los análisis y propuestas que le formule el Subcomité de estudio. PROGRAMAS Y PROYECTOS DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES Definir líneas de operación para trabajar en la construcción de programas y proyectos en materia de seguridad pública, que concentren opiniones derivadas de las evaluaciones y sugerencias surgidas en todos los eventos que lleven a cabo los otros Subcomités. PROSPECTIVA Determinar líneas que permitan la construcción de escenarios en materia de seguridad pública derivado de los procesos de evaluación, vinculación interinstitucional, pero sobre todo de las necesidades que reclama la ciudadanía; ello contribuirá a definir líneas en materia de acción específica sobre seguridad pública. ASESORÍA JURÍDICA Contribuir en la definición de acuerdos, compromisos, convenios de colaboración y toda clase de instrumentos de cooperación entre instancias diversas en materia de seguridad pública. Colaborar con todas las áreas que integran el Comité para proporcionar orientación jurídica en el establecimiento de líneas específicas de acción que contribuyan a construir la seguridad pública que reclama la sociedad mexicana.

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NORMAS Y POLÍTICAS El Pleno del Comité estará integrado los titulares que conforman la estructura del mismo. El Pleno del Comité sesionará una vez cada cuatro meses, bajo un programa establecido que reporte los temas que se discutirán así como sus ponentes. El Presidente del Pleno será designado por los integrantes del Comité y durará en su encargo 3 años, con posibilidad de reelección de por lo menos dos terceras partes de los miembros del Comité. El Presidente y los miembros del Comité deberán ser personas que gocen de buena reputación y no hayan sido condenados por delito doloso. Para aprobación de programas o proyectos se deberá contar con el voto a favor de por lo menos dos terceras partes de los miembros que integran el Comité. El Comité deberá, además de las funciones encomendadas coordinar el desarrollo de programas en materia de participación ciudadana, con el propósito de integrar el mayor número de demandas y propuestas para trabajar con hechos fehacientes. Se deberá fomentar una cultura de valores como parte del comportamiento ético ciudadano, el civismo, el respeto, la disciplina y la solidaridad, basados en la sana convivencia familiar. Se deberá contribuir a la transformación de las instituciones e instancias de seguridad pública para lograr autoridades encargadas de brindar seguridad e impartir justicia cumplan con sus obligaciones de servir, orientar y atender a la comunidad, y fomentar que la ciudadanía conozca las obligaciones de las autoridades para exigir su cumplimiento. Se deberá considerar para integrar el Comité de evaluación personas que aunque no pertenezcan directamente a una organización, puedan acceder a él si fueron víctimas directas o indirectas de un acto ilícito, o en su caso, personas que deseen colaborar en la lucha contra la delincuencia y la impunidad. Se implementarán y coordinarán Consejos Estatales y Municipales que coadyuven a la recopilación de la información, así como a la aplicación de los instrumentos de evaluación y sondeos de opinión que se estimen pertinentes. Para el desarrollo de sus actividades podrán establecer contacto y estrecha comunicación con Consejos, Comités e Institutos Ciudadanos que lo requieran. Se elaborará el acta correspondiente de cada sesión que comprenda avances y compromisos.

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Se deberán diseñar y establecer mecanismos precisos de identificación a los evaluadores, con el propósito de acreditarlos para que se les proporcionen las facilidades que se requieran. Las evaluaciones se realizarán previo acuerdo con las autoridades que accedan a tal evento. Los evaluadores deberán contar con la capacitación previa, la cual les permitirá conocer la normatividad, estructura y funcionamiento de las instancias a evaluar; así como aplicar y conducir la evaluación. Los evaluadores deberán entregar el resultado de la evaluación a las autoridades haciendo el reconocimiento del buen funcionamiento de las instituciones, así como el señalamiento de las faltas, anexando las recomendaciones para su atención y solución. Los métodos de intervención ciudadana serán también a través de: Observación directa; Supervisión: Acompañando al servidor público en el desarrollo de sus actividades; Mesas de trabajo con las autoridades: Para establecer compromisos a los que se dará seguimiento; Acuerdos con la autoridad para que se brinde toda la información disponible que sea requerida para su análisis y estudio.

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c) Método para medir el impacto del Programa. Este se ve reflejado por la cantidad de organizaciones y ciudadanos interesados en el mismo y que están trabajando y entregando resultados de las instancias evaluadas. La evaluación tiene por objeto proporcionar en términos de medición, información oportuna y directa sobre la eficacia de los programas en la obtención de sus fines y la eficiencia en la asignación de recursos para la consecución de los mismos. De esta manera, se tendrán indicadores sobre cuáles deben ser los aspectos a fortalecer en la organización y programas institucionales sobre seguridad pública. d) diseño para que las reformas sean sostenibles El mecanismo más sólido será mediante el establecimiento de acuerdos donde se especifiquen tanto el trabajo como la difusión de resultados y el seguimiento de los resultados de la evaluación. En ese sentido, se describen los siguientes proyectos, el primero que representa una carta de auto-compromiso para realizar lo hasta aquí descrito: CARTA COMPROMISO QUE CELEBRAN LOS DISTRITOS DE ROTARY INTERNATIONAL EN LA REPUBLICA MEXICANA, EN ADELANTE “DISTRITOS ROTARIOS”, REPRESENTADOS POR SUS RESPECTIVOS GOBERNADORES DE DISTRITO EN LA REPÚBLICA MEXICANA, CON EL OBJETO DE INTEGRAR COMITÉS CIUDADANOS PARA EVALUAR A LAS CORPORACIONES POLICIALES Y DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPALES Y DELEGACIONALES EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Los elevados índices de criminalidad en nuestro país durante los últimos años han generado indignación en la sociedad mexicana, la cual cada vez es más participativa, crítica y que sobretodo reclama la mejora permanente de las instituciones y servicios de seguridad pública y atención ciudadana. Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 21 que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias. Así, el 11 de diciembre de 1995 se publica en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública –reglamentaria de las disposiciones constitucionales aludidas-, que señala en sus artículos 8, 49, 50 y 51, se exhorte a la participación ciudadana con el propósito de

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involucrarla en las acciones de supervisión, previsión y mejora que deban llevar a cabo las instituciones de seguridad pública. Por lo que a partir de 1995, y sobretodo desde el 2001, es una política de Estado promover la participación de la sociedad civil, que se ha expresado en la conformación de comités, consejos, institutos y programas ciudadanos de seguridad pública en diversas ciudades del país, coadyuvantes de las autoridades en sus tres niveles de Gobierno. En ese sentido y para cumplir con la demanda ciudadana de darle a la seguridad pública la máxima prioridad, el 30 de noviembre de 2000 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, adicionando el artículo 30 bis que da sustento legal a la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y que de conformidad con la fracción VIII del citado ordenamiento, señala, entre otros, que deberá: “…promover y facilitar la participación social para el desarrollo de actividades de vigilancia sobre el ejercicio de sus atribuciones…” La “Alianza Social Contra la Delincuencia” convocada por el Presidente Vicente Fox Quesada el pasado 31 de enero de 2001, gira en torno al “Programa Ojo Ciudadano” como una política de Estado orientada a la participación de la ciudadanía, a la atención de sus demandas y propuestas, así como a la convergencia entre Gobierno y Sociedad Civil para combatir la delincuencia y sus causas, especialmente la impunidad, y contribuir al mejoramiento de las instituciones de seguridad pública. El propósito de esta Carta Compromiso es contribuir a la evaluación y modernización de los instrumentos y mecanismos de prevención, al combate a la corrupción y el abuso de poder que puedan darse en diversas corporaciones policiales. El “Programa Ojo Ciudadano” promueve la participación de la comunidad en la denuncia y queja de víctimas y testigos; la evaluación ciudadana de las instituciones de seguridad pública y la participación en la prevención del delito.

I. Los “DISTRITOS ROTARIOS”, desde hace varios años han venido impulsando el

Programa “Vecino Vigilante” y a través de su Grupo de Acción para la Reducción del Crimen y Prevención de la Violencia se proponen:

a) Promover proyectos conjuntos entre autoridades de seguridad pública y

clubes rotarios, así como patrocinar programas relacionados con el tema.

b) Otorgar reconocimientos a personas u organizaciones de su comunidad que hayan hecho alguna contribución significativa para reducir el crimen y la violencia.

c) Fomentar la interacción con los departamentos de policía locales y con las

dependencias que tienen también interés en reducir el crimen y la violencia en la comunidad.

II. Los Distritos Rotarios han decidido participar en la evaluación ciudadana de las

instituciones de seguridad pública con los objetivos, estrategias y políticas del “Programa Ojo Ciudadano”.

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CLÁUSULAS PRIMERA.- El presente Instrumento tiene por objeto conformar e impulsar un Programa Nacional de Evaluación Ciudadana, como seguimiento y profundización del Programa “Vecino Vigilante”, para encauzar la participación de los clubes rotarios y sus integrantes “rotarios” en la evaluación de las corporaciones policiales y Direcciones de Seguridad Pública municipales y delegacionales. SEGUNDA.- Cada uno de los Distritos Rotarios integrará un comité de evaluación, congruente con el “PROGRAMA OJO CIUDADANO”, con las adecuaciones que estimen pertinentes. TERCERA.- El Comité de Evaluación de cada Distrito Rotario, realizará las siguientes actividades:

a) Seleccionar los municipios en los que conviene realizar la evaluación ciudadana de la policía o Dirección de Seguridad Pública; para ello tomará en cuenta las preguntas de los Clubes Rotarios del Distrito.

b) Promover que los presidentes de los Clubes Rotarios se entrevisten con los

alcaldes y autoridades de seguridad pública de los municipios seleccionados para proponerles la evaluación y llegar al acuerdo respectivo.

c) Integrar un Grupo de Evaluación Municipal para cada uno de esos municipios

y dar seguimiento al plan de trabajo y capacitación de cada uno de los grupos conforme a la “Guía Básica de Evaluación de Corporaciones Policiales”.

d) Planear y diseñar evaluaciones y diversos instrumentos de captación de

información.

e) Supervisar la realización de la evaluación en cada uno de los municipios en los que se llegue al acuerdo mencionado.

f) Revisar los resultados de la evaluación, las conclusiones, las

recomendaciones y definir la forma de presentarlos a las autoridades y a la opinión pública.

CUARTA.- Cada Grupo de Evaluación Municipal, se integrará con “rotarios” de uno o varios clubes para realizar las siguientes actividades:

a) Evaluar al personal policial en su desempeño; b) Definir si existe un nivel aceptable de atención y eficiencia;

c) Determinar si el trabajo de las corporaciones policiales reflejado en su actuar

cotidiano es efectivo;

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d) Analizar si la asignación y distribución de recursos es con base en necesidades identificadas del trabajo de las corporaciones policiales;

e) Diseñar mecanismos para que la ciudadanía otorgue estímulos y

recompensas a policías de su comunidad;

f) Vincularse con las autoridades de las corporaciones policiales y/o Direcciones de Seguridad Pública Municipales y establecer acuerdos para llevar a cabo la evaluación;

g) Realizar la evaluación conforme a la “Guía Básica de Evaluación de

Corporaciones Policiales”;

h) Hacer un análisis de la evaluación realizada y formular las recomendaciones procedentes;

i) Desarrollar estudios de prospectiva de las instituciones evaluadas para

contribuir a una mejor atención a la ciudadanía; así como

j) Proponer normas y procedimientos de atención ciudadana que permitan mejorar la atención a las denuncias y quejas que formulen los habitantes.

QUINTA.- El Comité de Evaluación de cada Distrito y el Grupo de Evaluación Municipal deberán promover:

a) La cooperación de los miembros entre sí y éstos con las instituciones de seguridad pública;

b) El cumplimiento, objetividad y autonomía en la evaluación de las instituciones y

actividades policiales;

c) La participación en los programas y actividades de prevención y denuncia que decidan conjuntamente con las autoridades de seguridad pública;

d) La participación en coordinación con las autoridades en programas de

recompensas y estímulos a policías por parte de la sociedad civil;

e) El respeto a los derechos humanos;

f) El espíritu de servicio y atención a las víctimas;

g) La difusión sobre las ventajas que ofrecen los centros de atención ciudadana;

h) Las que estimen pertinentes según lo demanden las localidades. SEXTA.- Los Comités de Evaluación de los Distritos y los Grupos de Evaluación Municipales establecerán mecanismos para solicitar acciones propositivas por parte de la ciudadanía, y procurarán estar en contacto con la población y dar a conocer a la opinión pública, de una manera ordenada y propositiva la información que surja de las acciones que lleven a cabo.

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SÉPTIMA.-Los resultados de la evaluación ciudadana de las instituciones policiales municipales se concentrarán y difundirán también a nivel nacional. OCTAVA.- La Dirección General de Servicios a la Comunidad y Participación Ciudadana de la Secretaria de Seguridad Pública Federal se ha comprometido a ser portavoz de este compromiso ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública para promover el apoyo de los gobiernos estatales y municipales. Se firma la presente Carta Compromiso en la Ciudad de México el día 17 de febrero de 2002, durante la celebración del evento MULTIPETS México 2002 “Sembremos la Semilla del Amor”.

TESTIGOS DE HONOR

DR. GUILLERMO VELASCO ARZAC COORDINADOR DEL PROGRAMA “OJO CIUDADANO” Y DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL.

FRANK DEVLYN MORTENSE PRESIDENTE MUNDIAL DE ROTARY

INTERNATIONAL 2000-2001

Así como los espacios para las firmas correspondientes. El segundo proyecto representa un Convenio de Colaboración para realizar lo hasta aquí descrito:

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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN ADELANTE “SSP”, REPRESENTADA POR SU TITULAR DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO, CON _LA CONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA, EN ADELANTE “COPARMEX” REPRESENTADA POR ________________; CON EL OBJETO DE EVALUAR A LAS PROCURADURÍAS GENERALES DE JUSTICIA DE TODO EL PAÍS, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES Los elevados índices de criminalidad imperantes en nuestro país durante los últimos años, han generado una creciente indignación en la sociedad mexicana, propiciando críticas y la exigencia de acciones inmediatas por parte de los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales. Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 21 que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias. Así, el 11 de diciembre de 1995 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que señala en sus artículos 8, 49, 50 y 51, se exhorte a la participación ciudadana con el propósito de involucrarla en las acciones de supervisión, previsión y mejora que deben llevar a cabo las instituciones de seguridad pública. Por lo que a partir de 1995, es una política de Estado promover la participación de la sociedad civil, que se ha expresado en la conformación de Comités, Consejos e Institutos Ciudadanos de Seguridad Pública en diversas ciudades del país, coadyuvantes de las autoridades en sus tres niveles de Gobierno. En ese sentido, y para cumplir con la demanda ciudadana de darle a la seguridad pública la máxima prioridad, el 30 de noviembre de 2000 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, adicionando el artículo 30 bis que da sustento a la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, y que de conformidad con la fracción VIII, le señala que deberá: “promover y facilitar la participación social para el desarrollo de actividades de vigilancia sobre el ejercicio de sus atribuciones”. El propósito de este Convenio es contribuir a la lucha contra la corrupción y el abuso de poder que han proliferado en instancias de procuración e impartición de justicia, todo ello, bajo el amparo de débiles programas de inspección y supervisión, de un rezago legal para sancionar de manera ejemplar a aquellos servidores públicos infractores o negligentes; de la ausencia de organismos que promuevan la participación ciudadana en las labores de prevención del delito, de las adicciones, de denuncia de faltas administrativas, así como de la inadecuada atención a quejas, denuncias y recomendaciones expresadas por la ciudadanía. Derivado de lo anterior, y dentro del marco que establece el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública en su artículo 18 fracciones IV, V y VII, que en conjunto promueven, y exhortan a organizar la participación de la sociedad civil para que se involucren en programas de prevención, supervisión, evaluación y denuncia en materia de

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seguridad pública, la “SSP” y “COPARMEX” acuerdan celebrar el presente convenio bajo las declaraciones y cláusulas siguientes.

DECLARACIONES

III. Que la Secretaría de Seguridad Pública es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, que para atender los asuntos de participación ciudadana se le atribuye el artículo 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección General de Servicios a la Comunidad y Participación Ciudadana.

IV. Que para efectos de este Convenio la “SSP” tiene sus oficinas en la calle de:

Londres No. 102, 4º. Piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06600 en México, D. F.

V. Que dentro de los estatutos de “COPARMEX”, se encuentran acciones

encaminadas a:

a) __________________________________________

b) __________________________________________

VI. Que para efectos de este Convenio, “COPARMEX” tiene ubicadas sus oficinas

en ______ No. __, Col. _____, Delegación _______, C. P. _____ en México, D. F.

CLÁUSULAS PRIMERA.- El presente Convenio tiene por objeto conformar un Comité de Evaluación Ciudadana para que evalúe a las Procuradurías Generales de Justicia de todo el territorio nacional. SEGUNDA.- El Comité de Evaluación que se conforme deberá apegarse en la medida de lo posible a los formatos de evaluación diseñados por la “SSP”, con las salvedades que estimen pertinentes. TERCERA.- El Comité de Evaluación se integrará a nivel nacional y deberá dirigir el desarrollo y aplicación del sistema de evaluación y supervisión que permita:

g) evaluar al personal en su desempeño; h) definir si existe un nivel aceptable de atención y eficiencia;

i) determinar si el trabajo de las Procuradurías Generales de Justicia se refleja

en su actuar cotidiano es efectivo;

j) analizar si la asignación y distribución de recursos es en base a necesidades perfectamente identificadas que incidan sobre el desarrollo del trabajo de las Procuradurías Generales de Justicia.

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CUARTA.- El Comité de Evaluación deberá encargarse de conformar grupos de evaluación en las distintas entidades de la República Mexicana para que sean los responsables de aplicarla. QUINTA.- Entre las funciones del Comité de Evaluación se encuentran las siguientes:

a) Planear y diseñar las evaluaciones, y diversos instrumentos de captación de información;

b) integrar y organizar los grupos de evaluadores en todo el territorio nacional;

c) proporcionar capacitación a los evaluadores y darles el seguimiento respectivo;

d) promover y establecer la vinculación que se requiera con las Procuradurías

Generales de Justicia de todo el territorio nacional, con el propósito de recopilar la información y establecer acuerdos para llevar a cabo la evaluación;

e) analizar las evaluaciones y establecer diagnósticos de la situación para desarrollar

programas y proyectos;

f) desarrollar estudios de prospectiva de las Procuradurías Generales de Justicia para una adecuada atención a la ciudadanía;

g) vigilar y proponer normas y procedimientos de atención ciudadana que permitan

mejorar y atender las quejas que formulen los habitantes en materia de seguridad pública contra abusos y actuaciones de servidores públicos.

SEXTA.- El Comité de Evaluación a Procuradurías Generales de Justicia deberá:

a) Integrar a miembros respetables y representativos de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales, de colegios de profesionistas, de cámaras empresariales, de instituciones de educación: públicas y privadas, así como autoridades municipales y de seguridad pública, y representantes de los diversos medios de comunicación que existan en cada municipio;

b) tener autonomía en la toma de decisiones;

c) contar con una estructura a nivel nacional que le permita llevar a cabo las

funciones contenidas en la cláusula anterior;

d) conformar y coordinar grupos de evaluadores según las necesidades que presente cada localidad.

SÉPTIMA.- El Comité de Evaluación como grupo de participación ciudadana en materia de seguridad pública deberá promover:

a) la cooperación de los miembros entre sí y éstos con las instituciones de seguridad pública;

b) la colaboración de los miembros en los programas de denuncia, prevención y

evaluación de las instituciones de seguridad pública;

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c) la participación en todos los programas y actividades que determinen conjuntamente con las autoridades de seguridad pública;

d) la cooperación en programas de impulso y promoción de la denuncia ciudadana

anónima y directa;

e) la participación en coordinación con las autoridades que estimen pertinentes en programas de recompensas y estímulos a policías por parte de la sociedad civil en premio a sus acciones;

f) el apego institucional de respeto a los derechos humanos;

g) las que estimen pertinentes según lo demanden las localidades.

OCTAVA.- El Comité de Evaluación deberá colaborar con otros Comités de Evaluación a instituciones de seguridad pública que lo requieran. NOVENA.- El Comité de Evaluación deberá establecer mecanismos para solicitar acciones propositivas por parte de la ciudadanía, y procurar estar en estrecho contacto con la población. DÉCIMA.- El Comité de Evaluación tendrá la obligación de dar a conocer a la población en general, de una manera ordenada y propositiva la información que surja de las acciones que lleven a cabo. DÉCIMA PRIMERA.- El Comité de Evaluación deberá integrar y entregar a la “SSP” un informe de seguimiento de las actividades realizadas y de los avances que se reporten dos veces al año, el primero comprenderá la información que se genere de enero a junio y se entregará en julio, el segundo deberá incluir reportes de julio a diciembre y se rendirá en enero del año inmediato siguiente. DÉCIMA SEGUNDA.- El presente documento será de aplicación permanente, y podrá modificarse o extinguirse a petición de las partes involucradas con 30 días naturales de anticipación. La “SSP” y “COPARMEX” celebran el presente Convenio y se comprometen a cumplir con el contenido y alcances del mismo, en la Ciudad de México el día ___ de _______ de 2002.

POR LA “SSP”

POR LA “COPARMEX”

DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO SECRETARIO DE SEGURIDAD

PÚBLICA

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e) Calendario de trabajo

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EVALUACIÓN A LAS PROCURADURÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ACTIVIDADES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5CONTACTO CON ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y DE LA SOCIEDAD CIVIL PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA "OJO CIUDADANO" COMPROMISOS Y ACUERDOS CON ORGANIZACIONES COMPROMISOS Y ACUERDOS CON AUTORIDADES INSTALACIÓN DE COMITÉS CIUDADANOS DE EVALUACIÓN ESTUDIO Y ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ APLICACIÓN DE LA EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS COMITÉS

RESULTADOS

SEGUIMIENTO

El seguimiento reflejado en este cronograma deberá continuarse hasta diciembre, y según lo determine el Pleno el Pleno del Comité determinará la periodicidad de la evaluación a cada institución.

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f) 3 aspectos que ayudan y 3 que dificultan la puesta en marcha del Proyecto QUE AYUDAN: 1. La voluntad y la disposición de la sociedad para llevar a cabo la evaluación,

sobretodo a las agencias del Ministerio Público. 2. El período de elecciones, de cambio de gobierno, para determinar cómo se recibe

la administración integral de las instancias de seguridad pública, de procuración e impartición de justicia; sobretodo cuando se cambia de partido político.

3. La apertura y disposición de diversos medios de comunicación para difundir

acciones y resultados de evaluación. 4. El diseño de mecanismos claros de recopilación de la información. QUE DIFICULTAN: 1. La posible indisposición de las autoridades, ya que formalmente no hay nada

que los obligue a ser evaluados por ciudadanos, a menos que se firme una carta compromiso donde certifiquen que permitirán ser evaluados.

2. El miedo a mostrar las debilidades institucionales y personales, a ser exhibidos

como ineficientes para la administración pública, a no cumplir con las metas y Programas.

3. La posible falsa información recabada, dependiendo del servidor público que

atienda la aplicación de la evaluación.

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g) Indicadores

INDICADORES DE IMPUNIDAD 1. Número de denuncias y querellas presentadas ante el Ministerio Público respecto a las consignadas. 2. Averiguaciones previas consignadas sobre el total de averiguaciones previas a inicio de año y las recibidas durante el año. 3. Órdenes de aprehensión cumplidas sobre el total de órdenes recibidas y giradas en el año más las rezagadas. 4. Indagatorias consignadas sin detenido en relación con autos de formal prisión y órdenes de aprehensión libradas por el Órganos Jurisdiccional Competente. 5. Indagatorias consignadas con detenido en relación con autos de formal prisión y órdenes de aprehensión libradas por el Órganos Jurisdiccional Competente. 6. Indagatorias consignadas en relación a sentencias condenatorias 7. Indagatorias consignadas en relación a sentencias absolutorias

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8. CONCLUSIONES Este sistema de evaluación pretende contribuir a fortalecer los cimientos en la instauración de una verdadera contraloría social a través de la creación del Instituto de Evaluación Ciudadana. Asimismo, se pretende reformar el sistema de seguridad pública mediante un conjunto de cambios estructurales, entre los que se encuentran: la adecuación al marco jurídico; la puesta en marcha del servicio civil de carrera que permita contar con una policía honesta, con vocación de servicio, eficiente y respetuosa de los derechos humanos, dotándola de equipo, tecnología, armamento e instalaciones que permitan actuar de manera anticipada a la comisión de delitos y mejorar el servicio de seguridad pública. Los principios fundamentales de un estado de derecho como el nuestro, están basados en la libertad, igualdad, seguridad y propiedad, y por falta de compromiso hacia nuestro país, hemos olvidado que el bienestar común debe prevalecer sobre el interés personal que atenta contra nuestros propios intereses que también son intereses comunes, porque en lo público se encuentra lo privado Hemos atentado contra la libertad que tenemos todos los mexicanos inventando mecanismos que coartan y limitan nuestra libertad para elegir, para expresarnos libremente en contra de lo que nos aqueja como ciudadanos y que tenemos derecho a reclamar como parte fundamental de un estado de derecho; la igualdad cada vez menor, ya que existe una gran división entre grupos de quienes tienen poder y quienes no lo tienen, de la incapacidad para comprender nuestras diferencias como mexicanos al tener una cultura diferente a la sajona, a la europea y que no se adaptan a nuestra realidad porque nuestras raíces se dieron en otras circunstancias. De la propiedad que no hemos sabido procurar por falta de conocimiento a implementar políticas enfocadas a procurarla, hemos desviado tanto el propósito del estado de derecho que se ha malinterpretado ya que la propiedad se debe a toda la sociedad y no sólo a grupos o personajes oportunistas. Por su parte la inseguridad que atenta contra valores públicos y privados y que ha impedido dar seguridad a todos los mexicanos. La vida del Estado como obra humana está sujeta a supervisón y evaluación constante, ya que es susceptible de mejorarse y transformarse. El Estado tiene a su cargo la responsabilidad de cumplir con objetivos relacionados con el orden, el desarrollo y la justicia. En ese sentido, se dota de capacidades que tiene por objeto de cumplir con sus responsabilidades políticas y públicas. Por eso debe evaluarse constantemente para evitar que sus poderes y atribuciones no se enreden en tendencias que lo debiliten estructuralmente y lo deslegitimen. En la administración pública debemos asumir que lo público es el ámbito de identidades, asociaciones, y participación de los ciudadanos con base en las libertades civiles, políticas y públicas. Donde lo público alude a una sociedad

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organizada que, a través de las instituciones ciudadanas genera sus espacios de autonomía. De acuerdo con lo anterior, es de central importancia que la cooperación y corresponsabilidad entre los ciudadanos y el gobierno para la atención de los asuntos de carácter común sea la constante en los procesos de la actividad pública. En esa medida, el proceso de gobierno se hace más público, ello implica el derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones de interés general que se adopten. El mundo actual, presenta continuos cambios que moldean a la sociedad y, a su vez exigen al Estado replantear su acción, es decir, que las instancias estatales tienen que evolucionar a la par de la sociedad para adaptarse y enfrentar los nuevos retos. La acción de la administración pública, como procuradora del bien común, debe hacer proyecciones; es decir, visualizar y concebir futuros posibles a fin de combatir no sólo los retos presentes, sino tener alternativas para enfrentarse a retos futuros. Retos que deben basarse en el análisis del presente, para saber con qué se cuenta y enfrentar contingencias. Sólo haciendo un estudio minucioso de lo que hoy se tiene, se podrá visualizar y construir el futuro que se quiere. El presente trabajo muestra un ejemplo para realizar evaluaciones ciudadanas, concretamente se centra en la evaluación a Agencias del Ministerio Público. Y la Dirección General de Servicios a la Comunidad y Participación Ciudadana preocupada por contribuir a la construcción de un México mejor, anexa esquema de evaluación como Guía de observación para evaluar corporaciones policiales, ésta contiene un anexo que es una propuesta para otorgar estímulos y recompensas a servidores públicos que se distingan en el cumplimiento de su deber; no obstante que trabaja arduamente en esquemas de evaluación a áreas específicas, encargadas de la seguridad pública, la procuración y administración de justicia. Finalmente lo que importan son los hechos, las ganancias tangibles en integridad del servicio público. Pero esos hechos no se producen únicamente mediante desregulaciones, simplificaciones administrativas, mayor uso de Internet o mejor capacitación de los burócratas. Las personas deben cambiar y se deben transformar sus percepciones, valores y actitudes. Siempre hablamos de la sociedad civil como un ente ajeno al ámbito gubernamental, pero no debemos olvidar que nosotros somos funcionarios públicos sí gran parte de las horas diarias, pero también somos sociedad las horas restantes, también necesitamos de servicios públicos, incluso de los que debemos proporcionar cuando nos encontramos fuera de nuestro ámbito laboral; por ello, debemos reflexionar en cómo nos gustaría ser tratados cuando requerimos de un servicio público, y en la medida de nuestra respuesta debemos vernos obligados a proporcionarlo como nos gustaría a nosotros recibirlo. Tratar como nos gustaría ser tratados. Si todos lográramos ese grado de conciencia, este trabajo no tendría razón de ser, puesto que la corrupción si existiera lograríamos identificarla y extinguirla inmediatamente.

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9. Bibliografía LIBROS Guerrero Orozco Omar, Principios de Administración Pública, ESAP (Escuela Superior de Administración Pública), Colombia, 1997. Miklos Tomás y Tello Ma. Elena, Planeación prospectiva: Una estrategia para el diseño del futuro, Edit. Limusa y Fundación Barrios Sierra A. C., México, 1994. Osborne David y Gaebler Ted, Un nuevo modelo de gobierno, Edit. Gernika, México 1997. Uvalle Berrones Ricardo, Los nuevos derroteros de la vida estatal, Edit. IAPEM (Instituto de Administración Pública del Estado de México), México, 1994. LEGISLACIÓN Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Edit. Porrúa, México, 1995. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Edit. Porrúa, México, 1995. Decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, D.O.F. 30 de noviembre de 2000, México. Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, D.O.F. 6 de febrero de 2001, México. Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, D.O.F. 16 de julio de 2001, México. PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, D.O.F. 30 de mayo de 2001, México. Programa de Modernización de la Administración Pública 1995-2000. Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, México 1995. REVISTAS Bien Común y Gobierno, Sociedad y Política en el D. F., Año 2, No. 25, México, 1996.

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Bien Común y Gobierno, Seguridad Pública e impartición de justicia, Año 3, No. 36, México, 1997. Análisis de Seguridad Pública, Contra la corrupción: ¿si otros han podido, nosotros también podremos?, Año 1, No. 5, México 2001. Análisis de Seguridad Pública, Seguridad Nacional y Seguridad Pública: La Hora de las Definiciones, Año 1, No. 8, México 2001. ADEMÁS Carpeta del Diplomado Gobierno Abierto y Participativo, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Instituto del Banco Mundial, Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), México 2002. Stapenhurst Rick, El rol de los medios de comunicación para frenar la corrupción, Instituto del Banco Mundial, 2002.